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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4339-2022

Fecha
23 de noviembre de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4339-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferido por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en su lugar, se dispone: SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la convocada dirigidas a controvertir el derecho al incremento pensional. TERCERO: DECLARAR que al señor ISIDRO DE JESÚS GALLEGO AGUDELO, le asiste el derecho al incremento pensional consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone el artículo décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, a partir del año 2005, cuyo pago se ordena a partir del 1º de octubre de 2015 en virtud de la prescripción. CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las diferencias pensionales solicitadas, por lo que los incrementos exigibles con anterioridad al 1º de octubre de 2015, se encuentran afectados por este fenómeno extintivo. QUINTO: CONDENAR a la convocada a juicio a pagar por concepto de retroactivo pensional a favor del demandante, la suma de $113.025.576,33, calculado a 31 de octubre de 2022, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago como se explicó en la parte motiva. SEXTO: La demandada DESCONTARÁ los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. SÉPTIMO: Costas como se indicó en la parte motiva. OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, vuelvan las diligencias al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4339-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

23 de noviembre de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4339-2022

Radicación n.° 91558

Acta 40

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Procede la Corte a emitir la decisión de instancia dentro del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto por ISIDRO DE JESÚS GALLEGO AGUDELO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de octubre de 2020, en el proceso ordinario que promovió contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES

Esta Corporación, mediante sentencia CSJ SL2201-2022 (22 de junio), casó el fallo impugnado, por cuanto consideró que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín incurrió en yerro jurídico al negar la reliquidación de la pensión de jubilación convencional so pretexto de no existir en el acuerdo colectivo correspondiente, una previsión que ordenara su reajuste conforme lo disponía la Ley 4ª de 1976.

Se recuerda que el demandante reclama el reajuste de su pensión de jubilación «en forma anual, a partir del año 2005, y en los años subsiguientes, con un porcentaje mínimo del quince por ciento (15%) de la respectiva mesada pensional»; a las diferencias pensionales; indexación, y al pago de costas incluidas las agencias en derecho.

La entidad llamada a juicio se opuso a la prosperidad de las súplicas y propuso las excepciones de adecuada interpretación de la convención por parte de la Universidad, falta de causa para pedir por inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de la demandada, buena fe y prescripción.

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 5 de diciembre de 2018, absolvió a la Universidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por el actor e impuso costas a su cargo.

Como se dijo, la Corte quebró la decisión de segunda instancia y, para mejor proveer, ordenó que por Secretaría de la Sala se oficiara a la Universidad de Antioquia para que, en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certificara con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 20 de diciembre de 2004 y, en relación con el demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.

Asimismo, se ordenó oficiar a Colpensiones para que, en igual lapso, certificara a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez al actor e indicara los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.

Una vez se recibieron las respuestas se dio traslado a las partes por el término legal sin que se hubiera recibido objeción alguna, de manera que se procederá a resolver las diligencias en franco apego a su tenor literal.

II. CONSIDERACIONES

Son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) el señor Isidro de Jesús Gallego Agudelo prestó sus servicios a la Universidad de Antioquia entre el 29 de octubre de 1984 y el 19 de diciembre de 2004, y (ii) mediante Resolución n.° 003 del 20 de enero de 2005, la institución universitaria le reconoció pensión de jubilación, a partir del 20 de diciembre de 2004, con fundamento en el Acuerdo Colectivo 1976-1977, en un monto de $1.437.090, conforme se dice en el aludido acto administrativo:

Que teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario se obtiene como valor total de la pensión $1.437.090 y al proyectar la liquidación que se considera realizarla el Seguro Social, ésta asciende a QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($586.984), es decir, que a la Universidad le corresponde asumir un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SEIS PESOS ($850.106), que equivale a la diferencia a pagar por concepto de pensión compartida.

Concepto

Valor

Valor Pensión Temporal U de A

1.437.090

Valor Pensión Provisional ISS

586.984

DIFERENCIA (Pensión Compartida)

850.106

Que este valor será reconocido hasta que el Seguro Social emita Acto Administrativo mediante el cual concede pensión de vejez, momento en el cual se verificará mediante Resolución Administrativa el valor real a asumir por parte de la Universidad y se fijará el reajuste a favor del jubilado o el valor y la forma de pago a reconocer por el señor ISIDRO DE J. GALLEGO AGUDELO en caso de que reciba sumas que no le correspondan.

En ese horizonte, tenemos que los artículos 14 y 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, indican lo siguiente:

Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.

Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.

PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).

Pues bien, en torno a su interpretación, esta Corporación, recientemente, en un caso similar al hoy sometido a estudio, mediante sentencia CSJ SL1149-2022, reiterada en la CSJ SL1945-2022, razonó:

[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.

Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.

De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.

Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.

De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:

El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.

Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.

Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.

Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.

Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.

(…)

Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.

Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).

De esta manera, recapitulando lo dicho en la mentada providencia CSJ SL1149-2022:

[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.

Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.

En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».

Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por el recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquél se encuentra pensionado desde el año 2004, a través de la Resolución n.° 003 del 20 de enero de 2005 (folios 28 y 29), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo instituido en el mencionado instrumento colectivo.

Claros en lo anterior, y sin más miramientos, lo cierto es que, en el presente asunto, dado el correcto entendimiento que debía extenderse a la cláusula consignada en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, al demandante deberán serle reconocidos los incrementos consignados en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, a lo que se procederá, a la luz de lo establecido por esta Sala, en casos de similares contornos, donde:

[E]l tope de los cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para efectos del reajuste pensional del 15%, pactado convencionalmente, debe revisarse en relación con el monto total de la mesada pensional y no con el mayor valor cancelado por la empresa, una vez ha operado la compartibilidad de la pensión de jubilación con la prestación de vejez, asumida por Colpensiones, pues efectivamente se trata de un solo beneficio y no de dos diferentes. (CSJ SL4285-2021)

Determinado el derecho reclamado, como quiera que el señor ISIDRO DE JESÚS GALLEGO AGUDELO, mediante escrito radicado el 25 de abril de 2012 (fls. 27 y 28 del cuaderno digitalizado por la Corte), formuló reclamación administrativa a la Universidad de Antioquia, en procura de que se efectuara la reliquidación y pago de los reajustes pensionales causados y debidos a partir del año 2000, petición que se resolvió en forma adversa mediante Resolución número 152 del 8 de mayo de 2012 (fls. 29 a 32 cuaderno digital de la Corte), y dado que la demanda se presentó el 10 de octubre de 2018 (fl. 2), es esta la fecha hito, a partir de la cual se contabiliza el término de prescripción trienal, que recae sobre las mesadas anteriores al 1º de octubre de 2015, habida cuenta que esta última se hizo exigible los primeros cinco días del mes siguiente (noviembre), luego no prescribe en su totalidad (CSJ SL1011-2021).

Por otra parte, y en la búsqueda de atemperar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, se dispondrá el reconocimiento de la indexación de las diferencias pensionales conforme a la fórmula que ha sido ampliamente abordada por la línea de pensamiento de esta Corporación, a manera de ejemplo en la CSJ SL593-2021, y la cual se integra con los siguientes componentes:

VA = VH x IPC Final / IPC Inicial

De donde:

VA = Valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar.

IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la mesada pensional a indexar.

Resulta oportuno anotar que la liquidación del valor a pagar por concepto de diferencias pensionales se realiza a partir de la mesada inicial que pagó la Universidad de Antioquia en la suma de $850.106 para el año 2004, a la cual se le aplicó el reajuste del 15% para la siguiente anualidad, esto es, 2005, ello por cuanto al sumar ese valor al monto a cargo de Colpensiones, no supera los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, y así se hizo ulteriormente a fin de comprobar si excede dicho límite para determinar si hay lugar a seguir aplicando el aludido incremento, se insiste, únicamente sobre el valor a cargo de la Institución Universitaria.

Como se observa en el cuadro siguiente , en atención a que para el año 2010 la mesada única, esto es, la pagada por la Universidad de Antioquia más la pagada por Colpensiones, superó los cinco salarios mínimos, porque arribó al equivalente a 5.34 salarios mínimos mensuales vigentes, es por lo que a partir del año 2011 se aplicó solamente el incremento legal (IPC), se reitera, únicamente sobre los mayores valores encontrados por la Corte y así en adelante hasta la fecha para determinar el valor a pagar a cargo de la demandada. En igual sentido se puede consultar la sentencia CSJ SL4113-2022.

Efectuadas, entonces, las operaciones aritméticas del caso, las sumas a reconocer al demandante se discriminan así:

Teniendo en cuenta que la pensión era compartible con el otrora I.S.S., las diferencias se establecen en virtud del mayor valor que venía pagando la demandada y la que le correspondía según los reajustes conforme a las operaciones mencionadas.

Cumple acotar que del retroactivo pensional la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, los cuales operan por ministerio de la ley conforme lo previsto en el inciso 3 del artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y, por tal razón, no es necesario que medie una autorización judicial para el efecto (SL4698-2020).

Puestas de este modo las cosas, y como se indica en líneas superiores, son suficientes las anteriores consideraciones para atender las súplicas de la apelación, por lo que se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar que al demandante le asiste el derecho a obtener el incremento pensional que aparece consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone el canon décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, a partir del 1º de enero de 2005.

Ahora bien, lo aquí dicho, es el vehículo para afirmar que, sin dubitación, no se encuentran llamadas a prosperar las excepciones propuestas por la convocada, salvo la de prescripción.

Costas en ambas instancias a cargo de la demandada.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferido por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en su lugar, se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la convocada dirigidas a controvertir el derecho al incremento pensional.

TERCERO: DECLARAR que al señor ISIDRO DE JESÚS GALLEGO AGUDELO, le asiste el derecho al incremento pensional consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone el artículo décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, a partir del año 2005, cuyo pago se ordena a partir del 1º de octubre de 2015 en virtud de la prescripción.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las diferencias pensionales solicitadas, por lo que los incrementos exigibles con anterioridad al 1º de octubre de 2015, se encuentran afectados por este fenómeno extintivo.

QUINTO: CONDENAR a la convocada a juicio a pagar por concepto de retroactivo pensional a favor del demandante, la suma de $113.025.576,33, calculado a 31 de octubre de 2022, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago como se explicó en la parte motiva.

SEXTO: La demandada DESCONTARÁ los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

SÉPTIMO: Costas como se indicó en la parte motiva.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, vuelvan las diligencias al Tribunal de origen.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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