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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4113-2022

Fecha
27 de septiembre de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4113-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, RESUELVE: REVOCAR la sentencia del 12 de junio de 2018, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en su lugar, se dispone: PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la convocada dirigidas a controvertir el derecho al incremento pensional. SEGUNDO: Declarar que al señor OMAR DE JESÚS GRAJALES, le asiste el derecho al incremento pensional consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone el artículo décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, a partir del 1º de octubre de 2002. TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de las diferencias pensionales solicitadas, por lo que los incrementos exigibles con anterioridad al 1º de julio de 2014, esto es, desde junio de 2014 hacía atrás, se encuentran afectados por este fenómeno extintivo. CUARTO: Condenar a la convocada a juicio a pagar por concepto de retroactivo pensional a favor del demandante, la suma de $189.352.602, calculado a 30 de abril de 2022, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. QUINTO: La demandada descontará los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. SEXTO: Costas como se indicó en la parte motiva. SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, vuelvan las diligencias al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4113-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

27 de septiembre de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4113-2022

Radicación n.° 90468

Acta 33

Pasto (Nariño), veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Procede la Corte a proferir la sentencia de instancia, conforme a lo ordenado en el fallo CSJ SL1945-2022, del 24 de mayo de 2022, rad. 90468, dentro del proceso ordinario laboral que OMAR DE JESÚS GRAJALES promovió contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES

En este primer momento y por metodología, se impone recordar que esta Corporación quebró la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Omar de Jesús Grajales promovió contra la Universidad de Antioquia, al haber sido negada la reliquidación de su pensión de jubilación convencional so pretexto de no existir en el acuerdo colectivo correspondiente, una previsión que ordenara su reajuste conforme lo disponía la Ley 4ª de 1976.

Para mejor proveer, se ordenó oficiar tanto a la Universidad de Antioquia como a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para efectos de que allegaran, de forma discriminada, la siguiente información:

(i) la entidad educativa, debía informar en qué porcentaje había incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 1º de octubre de 2002 y, específicamente con relación al demandante, en qué proporción le había aumentado su mensualidad, a partir de la mencionada anualidad. Se le requirió igualmente, para que indicara, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la precitada calenda hasta la fecha.

(ii) Colpensiones certificaría a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez al demandante, además, expondría los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de tal prestación económica.

Allegada la información respectiva, y puesta a consideración de las partes, no efectuaron pronunciamiento sobre lo en ellas consignado, de manera que, se procederá a resolver las diligencias en franco apego su tenor literal.

II. CONSIDERACIONES

Importa precisar que, la casación de la sentencia de segunda instancia nada dice sobre la legalidad de la de primera. Ese juicio sólo lo puede hacer la Corte, justamente, cuando, en sede de instancia, reemplaza al tribunal, cuyo fallo desapareció de la escena jurídica.

De esta manera, se impone para esta Sala, analizar los argumentos expuestos en la apelación promovida por el demandante, en la búsqueda de establecer o no, la precisión del juzgador de primer grado, y al contraerse esta última acusación, al entendimiento que se le otorga a la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, lo que fue ampliamente abordado por esta Sala en la sentencia de casación adoptada en el caso bajo estudio, basta remitirse a las consideraciones allí plasmadas para anunciar la revocatoria de la decisión adoptada.

En efecto, sobre el derecho al incremento pensional deprecado en el documento introductor, en la decisión CSJ SL1945-2022, con amplitud se razonó que «era un derecho adquirido a favor del accionante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación-2002-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente»; luego de tener por acreditado que «i) el señor Omar Grajales prestó sus servicios a la Universidad de Antioquia entre el 6 de septiembre 1982 y el 30 de septiembre de 2002, y (ii) mediante Resolución n.° 596 del 26 de noviembre de 2002, la precitada entidad educativa, le reconoce una pensión de jubilación convencional cuyo fundamento fue el artículo 14 del Acuerdo Colectivo 1976-1977, vigente para la época del reconocimiento», esta última a partir del 1º de octubre de 2002.

De igual manera, recordemos que, en la precitada sentencia de casación, esta Corporación al hacer memoria de la providencia CSJ SL1149-2022, anotó que

[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.

Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.

De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.

Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extralegal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.

De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:

El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.

Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.

Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.

Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.

Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.

[…]

Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.

Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).

Claros en lo anterior, y sin más miramientos, lo cierto es que, en el presente asunto, dado el correcto entendimiento que debía extenderse a la cláusula consignada en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, al demandante deberán serle reconocidos los incrementos consignados en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, a lo que se procederá, en franco apego a lo ya expuesto por esta Sala, en casos de similares contornos, donde:

[E]l tope de los cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para efectos del reajuste pensional del 15%, pactado convencionalmente, debe revisarse en relación con el monto total de la mesada pensional y no con el mayor valor cancelado por la empresa, una vez ha operado la compartibilidad de la pensión de jubilación con la prestación de vejez, asumida por Colpensiones, pues efectivamente se trata de un solo beneficio y no de dos diferentes. (CSJ SL4285-2021)

Establecido el derecho reclamado, como quiera que el señor OMAR DE JESÚS GRAJALES, mediante escrito radicado el 27 de abril de 2012, formuló reclamación administrativa a la Universidad de Antioquia, en procura de que se efectuara la reliquidación y pago de los reajustes pensionales causados y debidos a partir del año 2002, petición que se resolvió en forma adversa mediante Resolución número 210 del 28 de mayo de 2012, acto administrativo confirmado mediante Resoluciones n.° 334 del 04 de julio de 2012 y 35063 del 12 de julio de 2012; y, la demanda se radicó el 28 de julio de 2017 (f.° 2 cuaderno digital de la Corte), solo con esta última actuación se interrumpió la prescripción, por lo que, las mesadas anteriores al 1° de julio de 2014, esto es, desde junio de 2014 hacía atrás, se encuentran afectadas por tal medio extintivo y así será declarado en sentencia, en atención a que la mesada causada en dicho mes (julio) se hacía exigible los primeros cinco días de la siguiente mensualidad (agosto), luego no prescribe en su totalidad (CSJ SL1011-2021).

Por otra parte, y en la búsqueda de atemperar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, se dispondrá el reconocimiento de la indexación de las diferencias pensionales conforme a la fórmula que ha sido ampliamente abordada por la línea de pensamiento de esta Corporación, a manera de ejemplo en la CSJ SL593-2021, y la cual se integra con los siguientes componentes:

VA = VH x IPC Final / IPC Inicial

De donde:

VA = Valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar.

IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la mesada pensional a indexar.

Efectuadas entonces las operaciones aritméticas del caso, las sumas a reconocer al demandante se discriminan de la siguiente manera:

Desde

Hasta

Pensión reconocida por universidad[1]

Pensión reajustada s/n ley 4/76[2]

Porcentaje efectivo de incremento

Pensión otorgada por Colpensiones[3]

Diferencia mesada a cargo de universidad

N° pagos

Valor total de diferencias pensionales a cargo de universidad

01/10/02

31/12/02

$ 1.157.840,00

$1.157.840,00

$ 0,00

Prescripción

1/01/03

31/12/03

$ 1.090.809,00

$1.331.516,00

15

$ 240.707,00

Prescripción

1/01/04

31/12/04

$ 488.799,00

$ 1.531.243,00

15

$ 1.042.444,00

Prescripción

1/01/05

31/05/05

$ 729.861,00

$ 1.760.929,00

15

$ 1.031.068,00

Prescripción

1/06/05

31/12/05

$ 729.861,00

$ 1.760.929,00

15

$ 582.895,00

$ 448.173,00

Prescripción

1/01/06

31/12/06

$ 765.259,00

$ 1.965.904,00

11,64%

$ 611.165,00

$ 589.480,00

Prescripción

1/01/07

31/12/07

$ 799.543,00

$ 2.196.495,00

11,73%

$ 638.545,00

$ 758.407,00

Prescripción

/01/08

31/12/08

$ 845.037,00

$ 2.321.476,00

5,69%

$ 674.878,00

$ 801.561,00

Prescripción

1/01/09

31/12/09

$ 909.852,00

$ 2.499.533,00

7,67%

$ 726.641,00

$ 863.040,00

Prescripción

1/01/10

31/12/10

$ 928.050,00

$ 2.549.524,00

2,00%

$ 741.174,00

$ 880.300,00

Prescripción

1/01/11

31/12/11

$ 957.470,00

$ 2.844.272,00

11,56%

$ 764.669,00

$ 1.122.133,00

Prescripción

1/01/12

31/12/12

$ 993.184,00

$ 2.950.363,00

3,73%

$ 793.191,00

$ 1.163.988,00

Prescripción

1/01/13

31/12/13

$ 1.017.418,00

$ 3.022.352,00

2,44%

$ 812.545,00

$ 1.192.389,00

Prescripción

1/01/14

30/06/14

$ 1.037.156,00

$ 3.080.986,00

1,94%

$ 828.308,00

$ 1.215.522,00

Prescripción

1/07/14

31/12/14

$ 1.037.156,00

$ 3.080.986,00

1,94%

$ 828.308,00

$ 1.215.522,00

7

$ 8.508.654,00

1/01/15

31/12/15

$ 1.075.116,00

$ 3.193.750,00

3,66%

$ 858.624,00

$ 1.260.010,00

14

$ 17.640.140,00

1/01/16

31/12/16

$ 1.147.902,00

$ 3.602.148,00

12,79%

$ 916.753,00

$ 1.537.493,00

14

$ 21.524.902,00

1/01/17

31/12/17

$ 1.213.908,00

$ 3.809.272,00

5,75%

$ 969.466,00

$ 1.625.898,00

14

$ 22.762.572,00

1/01/18

31/12/18

$ 1.263.556,00

$ 3.965.071,00

4,09%

$ 1.009.117,00

$ 1.692.398,00

14

$ 23.693.572,00

1/01/19

31/12/19

$ 1.303.738,00

$ 4.091.160,00

3,18%

$ 1.041.207,00

$ 1.746.215,00

14

$ 24.447.010,00

1/01/20

31/12/20

$ 1.353.282,00

$ 4.588.219,00

12,15%

$ 1.080.773,00

$ 2.154.164,00

14

$ 30.158.296,00

1/01/21

31/12/21

$ 1.375.070,00

$ 4.662.089,00

1,61%

$ 1.098.173,00

$ 2.188.846,00

14

$ 30.643.844,00

1/01/22

30/04/22

$ 1.270.805,00

$ 4.924.098,00

5,62%

$ 1.159.890,00

$ 2.493.403,00

4

$ 9.973.612,00

Total

$ 189.352.602,00

Cumple acotar que, del retroactivo pensional la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, los cuales operan por ministerio de la ley conforme lo previsto en el inciso 3 del artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y, por tal razón, no es necesario que medie una autorización judicial para el efecto (SL4698-2020).

Puestas de este modo las cosas, y como se indica en líneas superiores, son suficientes las anteriores consideraciones para atender las súplicas de la apelación, por lo que se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar que al demandante le asiste el derecho a obtener el incremento pensional que aparece consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone canon décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, a partir del 1º de octubre de 2002.

Sobre el retroactivo pensional, deberá aclararse que, dada la información allegada por Colpensiones, de que el accionante fue retirado de nómina a partir del mes de mayo con ocasión a su muerte, su cálculo se extendió hasta el mes de abril de 2022 conforme se certifica el pago de la pensión de vejez; sin embargo, tal fijación, no es óbice para que se sigan generando diferencias a favor, ante una eventual pensión de sobrevivientes que pueda tener lugar.

Ahora bien, lo aquí dicho, es el vehículo para afirmar que, sin dubitación, no se encuentran llamadas a prosperar las excepciones propuestas por la convocada, salvo la de prescripción.

Costas en ambas instancias a cargo de la demandada.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 12 de junio de 2018, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la convocada dirigidas a controvertir el derecho al incremento pensional.

SEGUNDO: Declarar que al señor OMAR DE JESÚS GRAJALES, le asiste el derecho al incremento pensional consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone el artículo décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, a partir del 1º de octubre de 2002.

TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de las diferencias pensionales solicitadas, por lo que los incrementos exigibles con anterioridad al 1º de julio de 2014, esto es, desde junio de 2014 hacía atrás, se encuentran afectados por este fenómeno extintivo.

CUARTO: Condenar a la convocada a juicio a pagar por concepto de retroactivo pensional a favor del demandante, la suma de $189.352.602, calculado a 30 de abril de 2022, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

QUINTO: La demandada descontará los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

SEXTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, vuelvan las diligencias al Tribunal de origen.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurrente: Omar de Jesús Grajales

Demandado: Universidad de Antioquia

Radicación: 90468

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que aclaro mi voto, pues si bien estoy de acuerdo con la decisión, advierto necesario aclarar un aspecto que, de no hacerlo, puede pasar desapercibido.

Me refiero, en particular, a la conclusión de la Sala mayoritaria según la cual para efectos de contabilizar el término prescriptivo las mesadas pensionales se hacen exigibles «los primeros cinco días de la siguiente mensualidad».

Al respecto, importa destacar que las pensiones se pagan por mensualidades vencidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 049 de 1990; sin embargo, no hay un solo precepto que establezca un plazo concreto para ello (CSJ SL1011-2021).

Justamente por esa razón la jurisprudencia de la Corte ha establecido que ante tal vacío normativo las mesadas pensionales son exigibles a partir del primer día del mes siguiente (CSJ SL3438-2021), criterio que a mi juicio es el indicado, dado que si las mesadas se pagan de forma vencida, lo lógico es que sean exigibles al día siguiente en que el mes se vence o, lo que es lo mismo, a partir del primer día del mes siguiente.

Además, la particular expresión dentro de los primeros cinco días de la siguiente mensualidad deja serias dudas sobre el correcto entendimiento de la exigibilidad de las mesadas, pues no se sabe si son exigibles únicamente dentro de esos cinco primeros días o si el pensionado solo puede requerir el pago a partir del sexto día; incluso, en el peor de los escenarios, tal redacción deja abierta la posibilidad de que después de los cinco primeros días ya no sea exigible la mesada, lo cual no tendría ningún sentido. Y ni qué decir de la confusión que esto genera a la hora de contabilizar el término prescriptivo en mención, en perjuicio de la seguridad jurídica.

Ahora, si lo que la Sala mayoritaria quiso es replantear la postura actual de su jurisprudencia, considero que debió reconocer el precedente -carga de transparencia- y asumir la carga de suficiencia en el sentido de exponer las razones que conducen a tal conclusión; sin embargo, no planteó un solo argumento que respalde su teoría.

Dejo así planteadas las razones de mi aclaración de voto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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