Ficha de la providencia
Sentencia SL825-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL825-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL825-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
22 de febrero de 2023
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL825-2023
Radicación n.° 91518
Acta 6
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
Procede la Sala a proferir la decisión de instancia dentro del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto por ALONSO KLINGER MANCHUCA, MANUEL DEL CRISTO PORTACIO PACHECO y MARTHA OTÁLVARO DE GRANADA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de septiembre de 2020, en los procesos ordinarios que promovieron contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
I. ANTECEDENTES
Esta Corporación, mediante sentencia CSJ SL3645-2022, casó el fallo impugnado, por cuanto consideró que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín incurrió en yerro jurídico al negar la reliquidación de las pensiones convencionales, so pretexto de no existir en el acuerdo colectivo correspondiente, una previsión que ordenara su reajuste conforme lo disponía la Ley 4ª de 1976.
Se recuerda que los demandantes reclaman el reajuste de sus prestaciones económicas por «la diferencia que resulte entre el valor de la pensión de jubilación pagada a partir del año 2000[sic] y la que resulte de la aplicación del incremento del quince por ciento (15%) sobre el valor de la prestación en el mismo período y en los años subsiguientes».
La Universidad de Antioquia, en escritos separados, pero casi idénticos, planteó su oposición a las demandas presentadas y, en cuanto a los hechos, con relación a todos los demandantes aceptó la existencia del vínculo durante el término indicado, el reconocimiento de la pensión de jubilación, salvo para el caso de la señora Otálvaro de Granada, a quien le fue concedida una prestación de invalidez; todas con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977.
Propuso, en todos los casos, las excepciones de adecuada interpretación de la convención por parte de la Universidad, inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de la demanda (falta de causa), buena fe y prescripción.
Colpensiones fue integrada como litisconsorte necesario en el proceso que promovió Alonso Kingler Manchuca. Esta entidad afirmó no constarle los hechos alegados por este actor, salvo el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional – dada la documental aportada- y se opuso a las pretensiones por él propuestas.
Presentó como excepciones de mérito las que denominó como: ausencia de causa para pedir o petición en abstracto, inexistencia del derecho, prescripción, buena fe, compensación o pago, innominada o genérica, imposibilidad de condena en costas.
El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de julio de 2020, absolvió a la Universidad demandada y, en su caso, a Colpensiones, de todas las pretensiones incoadas en su contra por los actores e impuso costas a su cargo.
Como se dijo, la Corte quebró la decisión de segunda instancia y, para mejor proveer, ordenó que por Secretaría de la Sala se oficiara a la Universidad de Antioquia para que, en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certificara con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 20 de diciembre de 2004 y, en relación a los demandantes, en qué porcentaje les ha aumentado su mensualidad, a partir de los años 1989 para la señora Otálvaro de Granada, 22 de diciembre de 1997 para el señor Alonso Klinger Manchuca y 25 de septiembre de 1995 para el señor Manuel Portacio Pacheco; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde las mencionadas calendas hasta la fecha.
Asimismo, se ordenó oficiar a Colpensiones para que, en igual lapso, certificara a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a los actores, si ello tuvo lugar, e indicara los montos que mes a mes les ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afectaba la cuantificación del derecho aquí discutido.
Una vez se recibieron las respuestas se dio traslado a las partes por el término legal sin que se hubiera recibido objeción alguna, de manera que se procederá a resolver las diligencias en franco apego a su tenor literal.
II. CONSIDERACIONES
Son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) a los recurrentes Alfonso Kingler Manchuca y Manuel del Cristo Portacio Pacheco les fue concedida por la Universidad de Antioquia una prestación convencional de jubilación, mediante Resoluciones n.° 15241 del 2 de febrero de 1998, a partir del 21 de diciembre de 1997, en cuantía de $549.008 y n.° 11582 del 22 de noviembre de 1995, en cuantía de $349.108 mensuales, a partir del 25 de septiembre de 1995; respectivamente; (ii) a la señora Martha Otálvaro de Granada le fue concedida pensión convencional de invalidez, por la misma entidad, mediante Resolución n.° 760 del 8 de octubre de 1989, a partir del 9 de octubre de 1989 en cuantía de $72.565,92 mensuales, y (iii) del texto de todas las prestaciones económicas antes referidas se extracta que su fuente jurídica fue la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre el sindicato de trabajadores oficiales de la Universidad de Antioquia y esta entidad, la que no ha sido modificada ni sustituida.
Ahora bien, como quedó explicado en la esfera casacional, los incrementos pretendidos por los recurrentes constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquellos se encuentran pensionados conforme quedó visto con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo instituido en el mencionado instrumento colectivo.
En el presente asunto, dado el correcto entendimiento que debe extenderse a la cláusula consignada en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, a los demandantes deberán serle reconocidos los incrementos consignados en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, a lo que se procederá, a la luz de lo establecido por esta Sala, en casos de similares contornos, donde:
[E]l tope de los cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para efectos del reajuste pensional del 15%, pactado convencionalmente, debe revisarse en relación con el monto total de la mesada pensional y no con el mayor valor cancelado por la empresa, una vez ha operado la compartibilidad de la pensión de jubilación con la prestación de vejez, asumida por Colpensiones, pues efectivamente se trata de un solo beneficio y no de dos diferentes. (CSJ SL4285-2021)
Determinada la vocación de percibir el derecho reclamado, se impone analizar el fenómeno extintivo de la prescripción, estudio que reporta los siguientes resultados:
El señor Alonso Klinger Manchuca mediante escrito radicado el 29 de junio de 2012 formuló reclamación administrativa a la Universidad de Antioquia, en procura de que se efectuara la reliquidación y pago de los reajustes pensionales causados y debidos, petición que se resolvió en forma adversa mediante Resolución n.° 485 del 31 de agosto de 2012, decisión que fue refrendada mediante las Resoluciones n.° 560 del 14 de septiembre de 2012 y 35787 del 11 de octubre de la misma anualidad y dado que la demanda se presentó el 31 de julio de 2017, es esta la fecha hito, a partir de la cual se contabiliza el término de prescripción trienal, que recae sobre las mesadas anteriores al 1º de julio de 2014.
Para el caso del señor Manuel del Cristo Portacio Pacheco mediante escrito radicado el 16 de abril de 2009 formuló reclamación administrativa a la Universidad de Antioquia, en procura de que se efectuara la reliquidación y pago de los reajustes pensionales causados y debidos; petición que se resolvió en forma adversa mediante Resolución n.° 418 del 16 de junio de 2009; posteriormente, en los mismos términos, radica una nueva petición en fecha 27 de junio de 2012, la cual es resuelta de forma negativa a través de la Resolución n.° 413 del 30 de julio de 2012, decisión que fue refrendada mediante las Resoluciones n.° 468 del 15 de agosto de 2012 y n.° 35775 del 9 de octubre de 2012 y dado que la demanda se presentó el 26 de septiembre de 2018, es esta la fecha hito, a partir de la cual se contabiliza el término de prescripción trienal, que recae sobre las mesadas anteriores al 1º de septiembre de 2015.
La señora Martha Otálvaro de Granada mediante escrito radicado el 23 de abril de 2012 formuló reclamación administrativa a la Universidad de Antioquia, en procura de que se efectuara la reliquidación y pago de los reajustes pensionales causados y debidos, petición que se resolvió en forma adversa mediante Resolución n.° 133 del 8 de mayo de 2012, decisión que fue refrendada mediante las Resoluciones n.° 271 del 6 de junio de 2012 y 35004 del 9 de julio de la misma anualidad y dado que la demanda se presentó el 15 de noviembre de 2017, es esta la fecha hito, a partir de la cual se contabiliza el término de prescripción trienal, que recae sobre las mesadas anteriores al 1º de noviembre de 2014.
Claros en lo expuesto, se generan a favor de los demandantes, los valores que se discriminan a continuación:
Alonso Klinger Manchuca
Martha Otálvaro de Granada
Manuel del Cristo Portacio Pacheco
Resulta oportuno anotar que, la liquidación del valor a pagar por concepto de diferencias pensionales, se realiza a partir de la mesada inicial que pagó la Universidad de Antioquia en todos los casos, a la cual se reajustó con el 15% para la siguiente anualidad. Ahora bien, en atención a los cuadros que anteceden, para los tres demandantes, una vez alcanzaron el tope de los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir de la anualidad subsiguiente, se aplicó únicamente el incremento legal (IPC).
Ello se verifica así: (i) en el asunto del señor Alonso Klinger Machucha en el año 2012, su mesada equivale a 5.44 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que su incremento para el año 2013 fue aquél reportado por el IPC y así sucesivamente con el IPC; (ii) con relación a la señora Martha Otálvaro de Granada en el año 2011, su mesada pensional alcanza 5.44 salarios mínimos legales vigentes, por lo que el aumento para el año 2012, es equivalente al precitado baremo; finalmente, en idéntico sentido, en el caso del señor Portacio Pacheco, su mesada pensional alcanza los 5.31 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2008, por lo que en la anualidad de 2009, su mesada pensional tuvo el incremento del IPC. En igual sentido, se puede consultar la sentencia CSJ SL4113-2022.
Con relación al demandante Alonso Klinger Manchuca, que según lo informa Colpensiones, resulta ser el único demandante con respecto a quien operó la compartibilidad de su pensión convencional con aquella reconocida por el extinto Instituto de Seguros Sociales, conviene precisar que, se tiene en cuenta la sumatoria de ambos valores, esto es, aquél que sufraga el sistema con aquél que asume el ex empleador, para efectos de constatar que no superara los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, y así se hizo ulteriormente a fin de comprobar si excede dicho límite para determinar si hay lugar a seguir aplicando el aludido incremento, se insiste, únicamente sobre el valor a cargo de la Institución Universitaria.
Por otra parte, y en la búsqueda de atemperar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, se dispondrá el reconocimiento de la indexación de las diferencias pensionales conforme a la fórmula que ha sido ampliamente abordada por la línea de pensamiento de esta Corporación, a manera de ejemplo en la CSJ SL593-2021, y la cual se integra con los siguientes componentes:
VA = VH x IPC Final / IPC Inicial
De donde:
VA = Valor actualizado
VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar.
IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.
IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la mesada pensional a indexar.
Cumple acotar que del retroactivo pensional la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, los cuales operan por ministerio de la ley conforme lo previsto en el inciso 3 del artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y, por tal razón, no es necesario que medie una autorización judicial para el efecto (SL4698-2020).
Puestas de este modo las cosas, y como se indica en líneas superiores, son suficientes las anteriores consideraciones para atender las súplicas de la apelación, por lo que se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar que a los demandantes les asiste el derecho a obtener el incremento pensional que aparece consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone el canon décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977.
Ahora bien, lo aquí dicho, es el vehículo para afirmar que, sin dubitación, no se encuentran llamadas a prosperar las excepciones propuestas por la convocada, salvo la de prescripción que procede manera parcial.
De igual manera, y dada la notoria falta de legitimación por pasiva de la sociedad Administradora de Pensiones Colpensiones en el proceso del señor Klinger Manchuca, será absuelta de las pretensiones incoadas.
Costas en ambas instancias a cargo de la demandada Universidad de Antioquia a favor de los demandantes.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de julio de 2020, proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, en su lugar, se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la convocada dirigidas a controvertir el derecho al incremento pensional.
TERCERO: DECLARAR que a los señores ALONSO KLINGER MANCHUCA, MANUEL DEL CRISTO PORTACIO PACHECO y MARTHA OTÁLVARO DE GRANADA, les asiste el derecho al incremento pensional consignado en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, conforme lo dispone el artículo décimo quinto de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, así:
Alonso Klinger Manchuca, desde el año 1998, cuyo pago se ordena a partir del 1º de julio de 2014 en virtud de la prescripción.
Manuel del Cristo Portacio Pacheco, desde el año 1996, cuyo pago se ordena a partir del 1º de septiembre de 2015 en virtud de la prescripción.
Martha Otálvaro de Granada, desde el año 1990, cuyo pago se ordena a partir del 1º de noviembre de 2014 en virtud de la prescripción.
CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las diferencias pensionales solicitadas, así:
Para el señor Alonso Klinger Manchuca, aquellas diferencias generadas con anterioridad al 1º de julio de 2014.
Para el señor Manuel del Cristo Portacio Pacheco, aquellas diferencias generadas con anterioridad al 1º de septiembre de 2015.
Para la señora Martha Otálvaro de Granada, aquellas diferencias generadas con anterioridad al 1º de noviembre de 2014.
QUINTO: CONDENAR a la convocada a juicio a pagar por concepto de retroactivo pensional a favor de los demandantes así:
Para el señor Alonso Klinger Manchuca, la suma de $209.059.942,50, calculado a 31 de enero de 2023, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago como se explicó en la parte motiva.
Para el señor Manuel del Cristo Portacio Pacheco, la suma de $192.875.836,11, calculado a 31 de enero de 2023, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago como se explicó en la parte motiva.
Para la señora Martha Otálvaro de Granada, la suma de $279.572.095,44, calculado a 31 de enero de 2023, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago como se explicó en la parte motiva.
SEXTO: La demandada DESCONTARÁ los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
SÉPTIMO: ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, atendiendo las razones expuestas en este proveído.
OCTAVO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Salva voto parcial
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Demandantes: Alonso Klinger Manchuca y otros.
Demandado: Universidad de Antioquia y otro.
Radicación: 91518
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena.
Pese a que en la respectiva sesión en la que se debatió el asunto anuncié salvamento de voto parcial, al leer el texto definitivo de la providencia estimo que ello no es necesario.
Fecha ut supra,
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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