Ficha de la providencia
Sentencia SL3645-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3645-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3645-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL3645-2022
Radicación n.° 91518
Acta 34
Bogotá, D.C., cinco (5) octubre de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALONSO KLINGER MANCHUCA, MANUEL DEL CRISTO PORTACIO PACHECO y MARTHA OTÁLVARO DE GRANADA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de septiembre de 2020, en los procesos ordinarios que promovieron contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
AUTO
Reconocer personería adjetiva a la sociedad Word Legal Corporation S.A.S. con NIT. 900.390.380-0 como apoderada general de la sociedad Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos de la escritura pública visible a en el cuaderno de la Corte.
Reconocer personería adjetiva a la doctora Maira Alejandra Ríos Henao, con c.c. 42.160.619 y tarjeta profesional n.° 296.412 del Consejo Superior de la Judicatura, como procuradora sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos del poder conferido y visible en el cuaderno de la Corte.
I. ANTECEDENTES
Los demandantes, en sendas acciones promovidas ante los juzgados laborales de Medellín, reclamaron de la Universidad de Antioquia, el reajuste de su pensión de jubilación por «la diferencia que resulte entre el valor de la pensión de jubilación pagada a partir del año 2000[sic] y la que resulte de la aplicación del incremento del quince por ciento (15%) sobre el valor de la prestación en el mismo período y en los años subsiguientes».
Fundamentaron sus peticiones, en hechos muy similares los que condensaron de la siguiente manera: los actores sostuvieron contratos de trabajo con la entidad educativa accionada así que: Klinger Manchuca del 27 de junio de 1975 al 21 de diciembre de 1997; Portacio Pacheco del 1º de mayo de 1974 al 24 de septiembre de 1995 y; Otálvaro de Granada del 29 de octubre de 1976 al 8 de octubre de 1989; por tal vinculación y como eran beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la misma institución, les fue concedida pensión de jubilación convencional, a partir del 22 de diciembre de 1997, al señor Kingler Manchuca; del 25 de septiembre de 1995 al señor Portacio Pacheco; y a la señora Martha Otálvaro de Granada, le fue reconocida pensión de invalidez de origen convencional, a partir del 9 de octubre de 1989; el acuerdo colectivo sobre el cual estribó el reconocimiento de dichas prestaciones económicas fue suscrito para la vigencia 1976-1977 y, en su artículo 15, consagró que: «[…] A partir de la vigencia de la presente Convención, la Universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar; se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la Convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación»; este último aparte legal, señaló en su artículo 1º, el derecho al reajuste anual de las pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza pública como privada y precisó, además, en su parágrafo tercero, que el porcentaje mínimo de aumento sería el 15% de la respectiva mesada pensional para las pensiones[sic] equivalentes hasta el valor de cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto; para el momento en que materializó el reconocimiento de las pensiones prenunciadas, se encontraban vigentes tanto la Ley 4ª de 1976, así como, el artículo 15 del precitado texto convencional; la convocada no había cumplido con las obligaciones plasmadas en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, en especial, lo referente al parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976; las pensiones que disfrutaban los accionantes nunca han superado los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes; los aumentos que habían sido aplicados a las prestaciones económicas son inferiores al 15% de la mesada pensional del año anterior, por lo que esta última presentaba un déficit en su valor; se agotó reclamación administrativa para los tres demandantes.
La Universidad de Antioquia, en escritos separados, pero casi idénticos, planteó su oposición a las demandas presentadas, y en cuanto a los hechos, con relación a todos los demandantes aceptó la prestación de servicios durante el término indicado, el reconocimiento de la pensión de jubilación, salvo para el caso de la señora Otálvaro de Granada, a quien le fue reconocida una pensión de invalidez; todas con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977.
Propuso, en todos los casos, las excepciones de adecuada interpretación de la convención por parte de la Universidad, inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de la demanda (falta de causa), buena fe y prescripción.
Colpensiones fue integrada como litisconsorte necesario en el proceso que promovió Alonso Kingler Manchuca. Esta entidad afirmó no constarle los hechos alegados por este actor, salvo el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional – dada la documental aportada- y se opuso a las pretensiones por él propuestas.
Presentó como excepciones de mérito las que denominó como: ausencia de causa para pedir o petición en abstracto, inexistencia del derecho, prescripción, buena fe, compensación o pago, innominada o genérica, imposibilidad de condena en costas.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, y quien dispuso acumular los procesos promovidos por los recurrentes, mediante fallo del 9 de julio de 2020, absolvió a la Universidad demandada, así como, a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a cargo de la parte vencida.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer del asunto por virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2020, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas.
Dijo que no eran objeto de debate los siguientes supuestos fácticos, que: (i) a los demandantes Alfonso Kingler Manchuca y Manuel del Cristo Portacio, les fue concedida por su empleador Universidad de Antioquia una pensión convencional de jubilación, mediante Resoluciones n°. 15241 del 2 de febrero de 1998, a partir del 21 de diciembre de 1997 y n.° 11582 del 22 de noviembre de 1995, respectivamente»; (ii) a la señora Martha Otálvaro de Granada le fue reconocida pensión convencional de invalidez, por la misma entidad, mediante Resolución n.° 760 del 8 de octubre de 1989; (iii) la cláusula 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre el sindicato de trabajadores oficiales de la Universidad de Antioquia y esta entidad, no había sido modificada o sustituida, y (iv) el reajuste aplicado a las pensiones que disfrutaban los accionantes había sido conforme al IPC y no acorde con la Ley 4ª de 1976.
Planteó como problemas jurídicos a resolver, si el parágrafo tercero del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, se encontraba incorporado como fuente autónoma en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 y, si los demandantes tenían derecho al reajuste de su pensión conforme a la cláusula citada.
Para dar solución al caso, expuso un recuento de los reajustes pensionales que se habían ordenado por el legislador desde el aparte legal mencionado, pasando por la Ley 71 de 1988, Decreto 2108 de 1992 y, finalmente, se refirió a la Ley 100 de 1993, en su artículo 14.
Analizó las fechas de reconocimiento de las pensiones de los demandantes y anunció que para los casos de los señores Klinger Manchuca y Portacio Pacheco la norma vigente era la Ley 100 de 1993, ya que la fecha de reconocimiento de la prestación fue en los años 1997 y 1995, respectivamente; mientras que para la señora Otálvaro de Granada, el aparte legal vigente era el artículo 1º de la Ley 71 de 1988.
Con lo anterior, concluyó que la Ley 4ª de 1976 se encontraba derogada, dicho que refrendó con la transcripción de la sentencia CC C-110-2006.
Al descender al caso en concreto, analizó el artículo 15 precitado y, de su texto, concluyó que ese tipo de incorporación normativa era «plenamente posible», al así consentirlo esta Corporación, v.gr., en la sentencia que identificó como 40551 del 25 de octubre de 2011. Añadió sobre el asunto relativo a la interpretación de la cláusula convencional, que esta Corte ha señalado que son las partes, en principio, «los intérpretes autorizados, sin que el Juez pueda apartarse del sentido gramatical y explícito de la norma interna, para dar un alcance distinto a la norma convencional».
Sobre el texto convencional en mención, indicó que:
Si se consulta la literalidad de la norma, es claro que en el inciso final de la misma, las partes acordaron que la universidad “dará́ aplicación” a la ley 4 del enero de 21 de 1976, sin consagrar el derecho específico al reajuste bajo la metodología establecida en artículo 1 de la ley 4 de 1976 ni al límite del 15% consagrado en el parágrafo tercero del citado artículo, en este sentido dado los principios de vigencia inmediata y obligatoriedad de la ley, la norma convencional, en su redacción, nada parece agregar.
Pese a lo anterior, no existe constancia en el expediente que la intención de las partes al redactar la cláusula, fuera otra, pues considerar que los negociadores anticiparan la sustitución de norma para 1988 y pretendiera la aplicación de la norma con posterioridad a su vigencia, no resulta una hipótesis sólida, siendo importante tener en cuenta el contexto histórico, pues la convención se suscribe el 23 de noviembre de 1976, cuando aún no se había dado aplicación al reajuste señalado en la citada Ley, que fue expedida el 21 de enero de 1976, incremento que debía ser aplicado al 01 de enero de 1977, por lo que, en el sentido natural y obvio de las palabras utilizadas por las partes en el contrato colectivo, su voluntad no va más allá́ de garantizar, que la Universidad diera cumplimiento a la norma.
Esa aplicación se extiende hasta el 01 de enero de 1989, dado que, como se concluyó́ en acápite anterior, la ley 4 de 1976 fue derogada, por lo que a partir de 01 de enero de 1989, la Universidad ya no podía dar aplicación a la norma, argumento central en el cual se sustenta la defensa de la Universidad de Antioquia y la absolución de la funcionaria de primera instancia y que a juicio de esta Sala de Decisión, resulta razonable, en la medida en que la incorporación de la ley 4a de 1996, como fuente normativa autónoma, no puede ser predicada, pues la cláusula no reproduce o incorpora los derechos legales al texto convencional, además de que las partes no regularon la permanencia de los beneficios como derecho autónomo más allá́ de la vigencia de la ley.
Como consideración adicional agregó que:
[N]o desconoce la Sala que existe un precedente jurisprudencial amplio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en torno a otras cláusulas convenciones que han hecho referencia a la Ley 4 de 1976, contenidas en las convenciones suscritas por ELECTRICARIBE y ELECTROGUAJIRA, en las cuales se pacta el reconocimiento de los derechos contenidos en la referida Ley y a partir de las cuales la alta Corporación concluye que la misma está incorporada al texto convencional, aun encontrándose derogada y por lo tanto es aplicable como fuente de derecho autónoma a los beneficiarios de la convención. Véase, entre otras sentencias SL43851 de 2012, SL 642 de 2013, SL 1846 de 2014, SL 2105 del 2015, SL1917 de 2019, SL 1954 DE 2020, SL 2172 de 2020, SL 2258 de 2020, SL 1907 de 2020, SL1507 de 2020.
Pese a ello, consideró que tales pronunciamientos de esta Sala no eran aplicables dado que las cláusulas en ellos abordadas eran sustancialmente diferentes y la suscripción del acuerdo colectivo de Electroguajira había sido celebrado con posterioridad a la vigencia de la Ley 71 de 1988.
En cuanto al principio de favorabilidad invocado por el actor, señaló que el reajuste pretendido resultaba inaplicable dado que va contra el sentido literal de la norma convencional y del contexto histórico en que esta se adoptó.
Para finalizar, y con relación al tema del Acto Legislativo 01 de 2005, puso de presente que:
[L]os derechos invocados tienen como fecha de causación el 01 de enero de 2000[sic], por lo tanto, en una nueva revisión del tema, debe considerarse, de haberse incorporado el reajuste pretendido en la norma convencional, estaríamos frente a un derecho adquirido mientras la regla pensional convencional tuvo vigencia, por lo que no esa la razón que impide el reconocimiento del pluricitado incremento. Debe señalarse por último, que una razón más para confirmar la decisión, en el proceso acumulado del señor MANUEL DEL CRISTO PORTANCIO PACHECO, lo es que aplicando el reajuste del 15%, a partir del año 2000, para el año 2008, su mesada pensional seria de $2.451.435 pesos, superando los cinco salarios mínimos legales mensuales, límite establecido por el artículo 1 de la ley 4 de 1976, para la aplicación del reajuste, como lo acepta el promotor del proceso en el hecho decimo[sic] segundo de la demanda, perdiendo para esa fecha el pretendido derecho al reajuste, sin que el mismo pudiera reactivarse durante el año 2015.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar, «acceda a las pretensiones formuladas en la demanda. Se provea así mismo sobre las costas en ambas instancias y las del recurso de casación».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.
VI. CARGO ÚNICO
Denuncia la sentencia recurrida, por la vía indirecta, «por aplicación indebida de las siguientes normas: artículos 467, 479 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación de medio); artículos 13 y 53 de la Constitución Nacional[sic]».
Plantea los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, FUE INCORPORADA, en su integridad, a la Convención Colectiva de Trabajo, 1976-1977, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, NO FUE INCORPORADA, en su integridad, a la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta NO se plasmó la voluntad de las partes contratantes, de incorporar en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR su vigencia.
NO dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta, SE plasmó la voluntad de las partes, de incorporar en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de mantener su vigencia.
Afirma que los precitados yerros provienen de la apreciación errónea de las «[c]onvenciones [c]olectivas de trabajo allegadas al proceso con la respectiva constancia de depósito en el Ministerio del Trabajo».
Para dar desarrollo al cargo, recuerda lo dicho por el Tribunal y, con ello, le cuestiona que pese a reconocer que en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 se incorporan las previsiones de la Ley 4ª de 1976, desconoció las consecuencias de este aparte legal, lo que estructura una afrenta al principio de favorabilidad y a la línea jurisprudencial de esta Corporación, puesto que acude a un pronunciamiento relativo al
[…] [c]contrato [c]olectivo de la empresa ELECTRICARIBE, que nada tiene que ver con los beneficiarios de la convención colectiva de trabajo de ELECTROGUAJIRA, es decir, que frente a dos textos convencionales de distintos destinatarios y diferente redacción, en cuanto a la condición exigida para la aplicabilidad del texto legal, (Ley 4 de 1976), se determina, repito, por la Corporación Judicial Laboral de Medellín, en contra del Principio Superior de FAVORABILIDAD y del alcance de la convención colectiva de trabajo, como fuente autónoma de derechos, que conserva vigencia en términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, mientras no sea derogada o modificada, que para el presente no ha sucedido, circunstancia esta última desconocida por el Operador Plural, cuando indica que la norma extralegal no fue ratificada en norma posterior[…]
Luego, expone como antecedentes jurisprudenciales no aplicados, aquellos que identifica como «[s]entencias CSJ SL 16711-2017, ratificada en [s]entencia SL 3615 de 2020; Sentencia SL 351-2018, ratificada en [s]entencia 1104-2021; SL 2451-2021, Radicación 85657; SL 2845-2021, Radicación 85068»; y los que pregona como textos con sustento fáctico y jurídico idéntico.
Transcribe, in extenso, la providencia CSJ SL3431-2021, y con lo en ella expuesto concluye que, al ser los recurrentes destinatarios de la misma disposición convencional allí analizada, pues se abre paso el incremento planteado.
Asevera que, para el caso en estudio, en relación con la aplicación de la Ley 4ª de 1976:
[L]o que se infiere, sin dificultad, es que, su inclusión, igual, que de cualquier otro texto de rango legal en un contrato colectivo, bien sea transcribiéndola literalmente, en forma total o parcial, o haciendo mención o remisión a ella, con la anotación de que se le dará aplicación, implica la incorporación de ella como derecho autónomo que, a partir de su inclusión en el contrato colectivo, sigue las consecuencias propias de la Convención Colectiva de Trabajo y no las de la norma jurídica de carácter legal, pues, pugna a la lógica y a la hermenéutica jurídica considerar que tal actuación no tiene ninguna significación ni implicación, porque la Convención Colectiva de Trabajo impone deberes y obligaciones a las partes contratantes, mientras que la Ley, en su sentido formal, de por sí, es obligatoria para todos los destinatarios legales, ciudadanos en general.
Con lo anterior, indica que la intelección del Colegiado, que consiente en que el aparte de la Convención Colectiva de Trabajo relativo a la necesidad de dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 4ª de 1976, no era sinónimo de proceder con el reajuste pretendido, es una referencia desacertada «dado el alcance restrictivo que le asigna a la disposición convencional, con lo que se desconocen los principios universales y locales que rigen el Derecho de los Trabajadores, entre ellos el consignado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, referido a la FAVORABILILDAD, CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, sino de su literalidad, dado el alcance restrictivo que aplica para la solución de la litis».
Sobre la intencionalidad de las partes, resalta su irrefutable voluntad de darle permanencia al texto legal, ello, en razón a que, en el acuerdo colectivo, así quedó consignado. En ese hilo de argumentación, procede a explicar el sentido que debe extenderse a la palabra «dará» vertida en el texto convencional, de la que
[…] se infiere, sin hesitación, en forma inequívoca, la voluntad expresa y contundente de las partes del contrato colectivo, de que la UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA debe aplicar la Ley 4ª de 1976, en toda su literalidad, no solo por la obligatoriedad que implicaba como ley de la República, en su momento, sino como mandato convencional, del cual, íntegramente, entró a formar parte, por voluntad expresa de quienes lo suscribieron, sin que las modificaciones o regulaciones de carácter legal sobrevinientes conlleven a la pérdida de vigor de la norma convencional que adoptó como tal la Ley 4ª de 1976
Afirma que el Tribunal actuó en contravía de la jurisprudencia de esta Corporación y del principio de favorabilidad. Anuncia las sentencias que identifica como «SL2451-2021», «SL1214-2019» y CSJ SL351-2018, para refrendar su dicho.
Al concluir asevera que, «[l]a incorporación, mediante la REMISIÓN de una norma legal en un contrato colectivo, a más de ser una actuación válida, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura, al devenir de la Convención Colectiva de Trabajo, con independencia de las consecuencias que corra la norma legal, objeto de remisión o incorporación. Cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo, NUNCA presumida por el fallador».
VII. RÉPLICA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Si bien los escritos de oposición fueron presentados por la Universidad, de forma independiente para cada uno de los demandantes, a saber, Alonso Klinger Machuca, María Otálvaro de Granada y Manuel del Cristo Portacio Pacheco, sus argumentos son casi idénticos y pueden ser sintetizados así:
Sobre la demanda de casación, afirma que el cargo se encuentra indebidamente formulado, puesto «lo que realmente se censura no es que el ad quem haya incurrido en un error determinado por la aplicación de una norma a un hecho no previsto en su supuesto fáctico, sino a una interpretación errónea materializada, de acuerdo con sus argumentos, en la asignación de un sentido o alcance diferente a las disposiciones en comento[…]», de manera que, la vía correcta de ataque era la directa.
Por otra parte, precisa el recurrente que, si bien la línea de pensamiento de esta Corporación ha entendido que un aparte legal no vigente puede seguir produciendo efectos, al haber sido incluido en una Convención Colectiva; ello solo puede tener lugar, cuando tal voluntad se extracta, de forma inequívoca, del acuerdo convencional.
Añade que, de la lectura al artículo 15 del acuerdo colectivo, no puede concluirse la voluntad de «incorporar» o «adoptar el contenido» sino de dar cumplimiento al texto legal, a lo que agrega, el no preverse «[…]una reproducción de la fórmula de reajuste en ella prevista ni se dijo que la misma se incorporaría o aplicaría con independencia de su vigencia».
Relata como hecho relevante, el momento histórico en que se adopta la Convención Colectiva 1976-1977, el que obligaba a prever la necesidad de darle cumplimiento a la Ley 4ª de 1976, lo que por demás era entendible, dada la proximidad de su promulgación con la fecha en que se suscribe el texto convencional. De ahí que, lo único a derivarse, es un compromiso de la Universidad de dar aplicación a una norma que en su momento estaba vigente.
Acota que, un incremento del 15% anual desbordaría cualquier «sistema de pensiones y sería contrario a los principios que rigen el Sistema de Seguridad Social en pensiones, tales como el de unidad, solidaridad, eficiencia y, principalmente, sostenibilidad, que rigen el sistema de seguridad social».
Propone que, si en gracia de discusión se considerara que las previsiones de la Ley 4ª de 1976, se traducen en el reajuste pensional, lo cierto era que no son aplicables al caso en estudio, por cuanto los accionantes no adquieren la calidad de pensionado al momento de la suscripción del acuerdo colectivo, sino después de ocurrida ella.
Finaliza al expresar que, atendiendo las previsiones consignadas en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el carácter de orden público de las normas que integran el sistema general de seguridad social en pensiones, al expedirse la Ley 100 de 1993, que prevé los aumentos a materializarse en las mesadas pensionales, mal puede pretenderse un incremento diferente a los dispuestos por el legislador.
VIII. RÉPLICA COLPENSIONES
Afirma que la entidad carece de competencia para pronunciarse con relación a los hechos y pretensiones de la demanda, puesto que tal entidad «únicamente asumió la administración del régimen de prima media, de acuerdo con el Decreto 2011 de 2012», por lo que, si las súplicas van dirigidas contra la Universidad de Antioquia, es esta entidad la «llamada a responder la solicitud presentada».
Con lo anterior, solicita que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.
IX. CONSIDERACIONES
Sobre el reproche de orden técnico que aducen las réplicas, habrá de decirse que no se encuentra llamado a prosperar, por cuanto en la línea de pensamiento de esta Corporación, ha examinado las convenciones colectivas de trabajo, dado su contenido probatorio, bajo el amparo de la causal primera de casación. De manera que, al predicar los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente jurídica a la vez (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), nada impide que, como en el caso en estudio, se acuda a la vía indirecta para cuestionar el entendimiento que se le otorga a un aparte convencional y pese a que el contenido del embate cuente con algunas apreciaciones jurídicas.
Resuelto lo anterior, al descender al caso en estudio y aunque el cargo se dirige por la vía indirecta, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) a los recurrentes Alfonso Kingler Manchuca y Manuel Del Cristo Portacio Pacheco les fue concedida por la Universidad de Antioquia una pensión convencional de jubilación, mediante Resoluciones n.° 15241 del 2 de febrero de 1998, a partir del 21 de diciembre de 1997 y n.° 11582 del 22 de noviembre de 1995, respectivamente; (ii) a la señora Martha Otálvaro de Granada le fue concedida pensión convencional de invalidez, por la misma entidad, mediante Resolución n.° 760 del 8 de octubre de 1989, y (iii) todas las prestaciones económicas antes referidas cuentan como estribo la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre el sindicato de trabajadores oficiales de la Universidad de Antioquia y ésta entidad, la que no ha sido modificada ni sustituida.
Como se recuerda, el fallador de segundo grado para refrendar la orden de negar las pretensiones de la demanda, indica que en la cláusula 15 del texto convencional, no se consagra de manera puntual un derecho al reajuste pensional, dado que no existía constancia en el expediente de que tal fuese el querer de las partes. Agregó que, «considerar que los negociadores anticiparan la sustitución de norma para 1988 y pretendiera[n] la aplicación de la norma con posterioridad a su vigencia, no resulta una hipótesis sólida, siendo importante tener en cuenta el contexto histórico, pues la convención se suscribe el 23 de noviembre de 1976, cuando aún no se había dado aplicación al reajuste señalado en la citada [l]ey[...]»; de manera que, desde su sentir, la voluntad de las partes «no va más allá́ de garantizar, que la Universidad diera cumplimiento a la norma».
Claros en lo anterior, le corresponde a la Sala, determinar si el colegiado incurrió en un error protuberante de hecho, al considerar que, la interpretación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de esa institución educativa, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4ª de 1976, no debe aplicarse a las pensiones que disfrutan los accionantes.
Sobre este particular, memoremos que la Corte ha adoctrinado que la finalidad del recurso de casación no es la de establecer el sentido de las normas convencionales, sino el determinar si el juez de segunda instancia incurrió en un error de derecho o hecho en su apreciación, es decir, dando por acreditado un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir una determinada solemnidad para la validez del acto, como es en el caso del depósito, o al cometer un error de valoración probatoria flagrante, grosero y evidente, al dar por probado un hecho, sin estarlo, o no darlo por probado, estándolo, como consecuencia de la pretermisión o valoración equivocada de prueba calificada, entre ellas, los acuerdos colectivos debidamente depositados. (CSJ SL1240-2019)
Y es por lo anterior, que se ha consentido por esta Sala que, para resolver conflictos relacionados con la interpretación de cláusulas convencionales, se acuda a la aplicación del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para determinar la existencia o no de un error de hecho, es decir, respetando la facultad de libre apreciación de la prueba, que se regula por los principios de razonabilidad y reglas de la experiencia, aun cuando no esté de acuerdo con la decisión del colegiado, pues dicho precepto garantiza la autonomía e independencia judicial, como elementos estructurales del Estado de derecho, conforme a los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
De igual manera, para esta Corporación, ante «un eventual dilema interpretativo de una norma convencional, lo razonable es que su sentido se desentrañe con apego al citado principio[favorabilidad], elevado a rango constitucional por la Carta Política de 1991, que parte del supuesto de la existencia de dos o más interpretaciones sólidas contrapuestas». (CSJ SL1149-2022)
En ese horizonte, tenemos que la construcción del artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, nos indica lo siguiente:
Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.
PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.
Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.
PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).
Y sobre su interpretación, en un caso de idénticos contornos al hoy sometido a estudio, esta Corporación recientemente, en la sentencia CSJ SL1149-2022 reiterada en la CSJ SL1945-2022, razonó:
[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.
Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.
De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.
Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.
De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:
El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.
Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.
Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.
Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.
Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.
(…)
Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.
Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).
Al atender el anterior lineamiento jurisprudencial, cambiando lo que haya que cambiar, resulta desacertada la interpretación que el colegiado le extiende al aparte convencional antes trascrito, para con ello consentir que, a los accionantes, no les era aplicable el reajuste pensional que aparece previsto en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
Recapitulando lo dicho en la mentada providencia CSJ SL1149-2022, y en especial, para dar respuesta a la réplica:
[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.
Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.
En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».
Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por el recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquél se encuentra pensionado desde el año 1997, a través de la Resolución n.° 14702 del 24 de octubre de esa anualidad (folios 432 a 433 del cuaderno (2) del Juzgado), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que ésta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo establecido en el plurimencionado acuerdo colectivo.
De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor de los accionantes, dada la fecha en que causaron su pensión de jubilación para los señores Kingler Manchuca -1997- y Portacio Pacheco -1995-; e invalidez para el caso de la señora Otálvaro de Granada -1989-; el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serles garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido, la acusación sale avante y, en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación, dada su prosperidad.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría de la Sala se oficie a la Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, así:
• Desde el 9 de octubre de 1989, para el caso de la señora Martha Otálvaro de Granada y, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
• Desde el 22 de diciembre de 1997, para el señor Alonso Klinger Manchuca y, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
• Desde el 25 de septiembre de 1995, para el señor Manuel Portacio Pacheco y, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
Asimismo, se oficiará a Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a los demandantes, si ello tuvo lugar, e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en los procesos ordinarios que ALONSO KLINGER MANCHUCA, MANUEL DEL CRISTO PORTACIO PACHECO y MARTHA OTÁLVARO DE GRANADA instauraron contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y COLPENSIONES.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por Secretaría de la Sala, se oficie a:
1.- La Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, así:
• Desde el 9 de octubre de 1989, para el caso de la señora Martha Otálvaro de Granada y, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
• Desde el 22 de diciembre de 1997, para el señor Alonso Klinger Manchuca y, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
• Desde el 25 de septiembre de 1995, para el señor Manuel Portacio Pacheco y, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
2.- Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a los demandantes, si ello tuvo lugar, e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
Sin costas en casación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala (E)
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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