FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2412-2023
Radicación n.° 96834
Acta 31
Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por GRACIELA ULABARES HERNÁNDEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 31 de mayo de 2022, dentro del proceso que promovió contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI- EICE ESP.
I. ANTECEDENTES
Graciela Ulabares Hernández llamó a juicio a las Empresas Municipales de Cali – EMCALI- EICE ESP, para que se ordenara la indexación de la base de liquidación de la primera mesada pensional que le fue reconocida a su compañero permanente Luis Carlos Caicedo, junto con el pago, debidamente indexado, de las diferencias, mes a mes, que resulten entre el monto que viene reconociendo y la que se obtenga, los aumentos y reajustes de ley.
Como fundamento, expuso, básicamente, que: EMCALI le reconoció pensión de jubilación a su compañero Luis Carlos Caicedo mediante la Resolución n° 162 del 23 de junio de 1986, en los términos de la convención colectiva de trabajo del año 1983, con el 90% del promedio de salarios y primas de toda especie, devengados en el último año de servicio, es decir, ente el 1.° de abril de 1985 y el 30 de marzo de 1986 en cuantía de $75.602,12, que arrojó una mesada de $68.041,91; mediante documento 800-GA-2275 del 2 de diciembre de 2004, la demandada sustituyó a su favor la prestación económica, a partir del 20 de junio de 2001, en cuantía de $120.896; el 12 de junio de 2017 solicitó la indexación de la base para el cálculo de la primera mesada de la pensión, la cual se le negó por oficio 832-DGCB-3905 del 21 de ese mismo mes y año.
Al dar respuesta, EMCALI, se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra, por cuanto consideró que era improcedente la indexación reclamada ya que no transcurrió un periodo que ameritara actualización entre el retiro y el reconocimiento de la pensión, luego no se generó detrimento alguno en el poder adquisitivo de la mesada. En su defensa propuso las excepciones de carencia del derecho, inexistencia del derecho a la indexación de la primera mesada, carencia de causa jurídica, cobro de lo no debido, pago, prescripción y la innominada.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia de 17 de septiembre de 2020, condenó a la demandada en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción frente a las diferencias de las mesadas pensionales anteriores al 12 de junio de 2014 y declarar no probadas las restantes excepciones propuestas por EMCALI EICE.
SEGUNDO: DECLARAR que GRACIELA ULABARES HERNÁNDEZ tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación de su excompañero LUIS CARLOS CAICEDO quien en vida se identificó con la Cédula No. 1.486.202 y a su vez tiene derecho al reajuste de la sustitución pensional con base en las consideraciones expuestas en precedencia.
TERCERO: CONDENAR a EMCALI EICE a reconocer y pagar a la demandante la suma equivalente a CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($55.122.861,00) por concepto de retroactivo pensional por saldo adeudado de la sustitución pensional generada desde el 12 de junio de 2014 al 31 de agosto de 2020 suma que deberá ser indexada hasta la fecha de su pago efectivo.
CUARTO: CONDENAR a EMCALI EICE a reconocer y pagar a la demandante la suma equivalente a TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($36.997.354,00) por concepto de retroactivo pensional por reliquidación de la primera mesada pensional generada desde el 12 de junio de 2014 al 31 de agosto de 2020 suma que deberá ser indexada a la fecha de su pago, sin perjuicio de lo que se cause a partir de la fecha al pago de la misma.
QUINTO: CONDENAR a EMCALI EICE a reconocer y pagar a la demandante por concepto de mayor valor de la mesada pensional para la vigencia 2020 la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($1.480.241,00) a partir de septiembre de 2020, sin perjuicio de las actualizaciones que se generen año a año por parte del gobierno.
[…].
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
En virtud del recurso de apelación presentado por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante la sentencia impugnada, revocó la de primer grado, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte actora.
Como fundamento de su decisión partió de señalar que la actualización de la primera mesada pensional tiene su origen en el artículo 53 de la Constitución Política, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación; no obstante, en el caso concreto consideró que no era procedente la indexación solicitada por dos razones:
[…] la primera, porque el trabajador se retiró del servicio de EMCALI el 19 de abril de 1986 y la pensión de jubilación comenzó a pagarse a partir del 1º de abril de 1986, es decir, a partir del mismo [día] de su desvinculación laboral según se desprende de la Resolución No. 162 del 23 de junio de 1986 obrante a folios 35 a 38 del expediente virtual del juzgado, razón por la cual no se puede considerar que el salario que sirvió de base para la liquidación de la prestación estuvo afectado por el fenómeno económico de la inflación y; la segunda, porque la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3283-2019 del 6 de agosto de 2019 al resolver un caso de un extrabajador y pensionado de EMCALI que solicitó la indexación de la primera mesada concluyó que:
[…]
Luego se refirió a las sentencias invocadas en la demanda, de las que dijo que «no se encasillan en el proceso que nos ocupa, pues regula situaciones ajenas a las aquí debatidas, toda vez que, entre la fecha del retiro de los demandantes[sic] y la fecha de reconocimiento de la pensión de jubilación transcurrieron más de un año, lo cual sí generó la pérdida de poder adquisitivo […]».
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, «condene a las pretensiones de la demanda, proveyendo en costas a favor de la parte demandante».
Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales serán estudiados conjuntamente, pues pese a estar encaminados por vías distintas, guardan identidad en la proposición jurídica y plantean similares argumentos demostrativos.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia recurrida de violar, por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 53 de la Constitución Política, lo cual condujo a la infracción directa de los artículos «1º, 2º, 4º, 13 y 48 ibídem; artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; artículos 5, 6, 8 y 9 de la ley 153 de 1887; artículos 26 y 32 del Código Civil; artículos 19, 21, y 260 del C.S.T.».
En sustento de ello, aduce que el colegiado da al artículo 53 de la CP una inteligencia que no deriva ni de su tenor literal ni de su espíritu, pues desconoce el alcance que la Corte Constitucional y esta Corporación le han otorgado al derecho a la indexación de la primera mesada que, como regla general, «se ha entendido incluida dentro de los principios que ese canon constitucional consagra».
Afirma que:
En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido coincidentes en aceptar que la indexación o actualización de las obligaciones de carácter económico en materia laboral y, particularmente, en materia pensional, no tiene un sustento legal expreso, lo cual no ha sido obstáculo - ni antes ni después de la constitución de 1991 - para que los operadores judiciales le hayan reconocido aplicabilidad dentro de los procesos laborales en los cuales se han reclamado prestaciones económicas, cuyo pago ha de suceder en ocasión posterior a la data en que cesó la relación laboral o se causaron los salarios sobre los cuales se liquidan éstas. Por ello, quizá en ningún campo ha sido tan necesario este dispositivo jurídico laboral como en el de las pensiones, dada la incidencia que tienen sobre el valor de éstas no solo el tiempo laborado sino los salarios sobre los cuales ha de liquidarse este derecho. Por esta razón, también han sido coincidentes tanto la Corte Constitucional como la Sala Laboral de la Corte, que la indexación de la primera mesada pensional hace parte de los contenidos normativos de los artículos 53 y 48 de la C.P.
Ahora bien, la sub-regla sentada en la providencia censurada, en cuanto a que no procede indexación por no haber transcurrido un tiempo considerable entre la efectividad del derecho y el retiro del servicio no tiene ningún principio de razón suficiente, en la medida en que no establece que debe considerarse "un tiempo considerable". Adicionalmente, el fenómeno inflacionario no está en relación directa con el tiempo transcurrido entre el retiro del trabajador y la efectividad del derecho, por lo cual, tal afirmación es a lo menos una falacia, si se tiene en cuenta que la misma depende de las variables económicas, por ejemplo, en la década de los 80's en un solo año el índice de inflación supera con creces los índices de inflación de varios años en la década del 2010. De modo, pues, que sin duda la interpretación realizada por el Tribunal respecto del artículo 53 constituye una interpretación errónea del mismo e infracción directa del artículo 48 ibídem, toda vez que la conservación del poder adquisitivo que éste último dispone para las pensiones no está sometido a consideraciones como las señaladas por el tribunal.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, expresamente reconoció en el fallo que es objeto de este recurso, que el salario promedio del último año incluyó los ingresos laborales del trabajador devengados durante 270 días del año 1985, no obstante, desestimó la procedencia de la indexación con el argumento de que: […]
Si bien es cierto, de tiempo atrás la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación laboral, ha señalado que "la viabilidad de la actualización de los salarios usados para calcular el ingreso base de liquidación de una pensión reconocida al día siguiente de la terminación de la relación laboral es improcedente, toda vez que, el IBC no sufre pérdida alguna del poder adquisitivo, por cuanto no discurre tiempo considerable entre la terminación del vínculo y el disfrute de la prestación", considera el suscrito que, la Honorable Sala de Casación Laboral, debe replantear y modificar ese criterio jurisprudencial, para establecer que, no necesariamente debe haber un tiempo sustancial entre la fecha en que el trabajador se retira o es retirado del servicio y la fecha en que se pensiona, pues, basta con que al momento de Liquidarle la Pensión se le incluyan o se le tengan en cuenta Salarios del año inmediatamente anterior al año en que se pensiona, para que los mismos deban ser indexados.
Enseguida, alude a la sentencia CC C-862 de 2006, para sostener que:
[…] la sub-regla sentada por la Corte Constitucional en la sentencia citada no estableció ninguna diferencia en cuanto al tiempo mínimo o "considerable" que debe transcurrir entre el retiro del servicio y la casación (sic) o efectividad del derecho para la procedencia de la indexación, pues, la constitucionalidad condicionada que declaró sobre el artículo 260 del C.S.T. incluyó tanto a la regla del numeral 1° como a la del numeral 2° del citado artículo, con lo cual, es evidente que para la Corte Constitucional en todos aquellos casos en que deba liquidarse la pensión es menester la indexación o actualización de todos los salarios que sirven de base a la liquidación.
Así las cosas, conforme a la pauta constitucional trazada y ante la falta de regulación expresa de la indexación, conforme lo resaltó la Corte Constitucional en la providencia citada, al Tribunal le resultaba imperioso observar la clara y sabia disposición de los artículos 5, 8 y 9 de la ley 153 de 1887. El primer canon legal dispone que "dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar ó armonizar disposiciones legales oscuras ó incongruentes". En parecido sentido se expresa el segundo artículo mencionado, al disponer que "cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho".
Finalmente, cita fragmentos de varias providencias de la Corte Constitucional y de esta Sala de Casación, en sede de tutela, para concluir que:
Las pautas legales a las cuales hacen referencia los fallos anteriores no son otras que las consagradas en los artículos 21 y 36 de la ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, citados por el tribunal, disposiciones que expresamente ordenan la actualización anual de todos los salarios sobre los cuales se deban liquidar las pensiones, sin que en ninguna de ellas se establezca condición adicional relacionado con el tiempo transcurrido entre la fecha en que se cesó el servicio y la de efectividad de la prestación, basta con que se evidencie la depreciación de la moneda para que opere de forma imperiosa la indexación.
En este orden de ideas, aun cuando en el fallo se citaron las disposiciones mencionadas, no se extrajo de ellas ningún contenido, siendo por lo menos aplicables en lo referente a la actualización de los salarios, en la medida en que se constituyen en las pautas legales que obligan a aplicar éstas por analogía, en aplicación de lo que dispone el artículo 8° de la ley 153 de 1887. Adicionalmente, un tratamiento diferente, comporta sin duda un trato desigual en cuanto a la forma de liquidar la prestación de vejez, en contravía de lo que expresamente se dispone por el artículo 13 de la C.P. y por contera, con ello se lesionan los contenidos normativos de los artículos 1, 2 y 48 de la misma carta, normas que sin lugar a dudas también resultaron infringidas.
[…]
Al efectuar la respectiva operación aritmética aplicando la fórmula señalada en la Sentencia T-098 de 2005, acogida y memorada por la Sala de Casación Laboral en los proveídos SL1001-2018 del 21 de marzo de 2018 y SL421 del 10 de Abril de 2019, se observa que el monto de la pensión DEL Ex – compañero permanente de mi mandante, es superior al reconocido por la Entidad demandada, ello debido a que, si el promedio del salario durante el último año de servicio, es decir, el generado entre el día 01 de Abril de 1985 y el día 30 de marzo de 1986, ascendió a la suma de $75.602, EMCALI debió Indexarlo, en especial, el promedio de los salarios generados entre el día 01 de Abril de 1985 y el día 30 de Diciembre de 1985, pues, éstos perdieron el poder adquisitivo de la moneda, tal como se observa en la Liquidación que se allegó con la demanda, toda vez que, le Liquidó, Reconoció y Pagó la Pensión de Jubilación en el año 1986.
En la Liquidación que se allegó con la demanda, se observa claramente que, el promedio de los salarios devengados por el Ex – compañero permanente de mi mandante entre el día 01 de Abril de 1985 y el día 30 de Diciembre de 1985, equivalente a 270 días laborados, ascendió a la suma de $75.602 suma que al ser indexada en el año en que se le Liquidó, Reconoció y Pagó la Pensión de Jubilación, es decir, en el año 1986, ascendió a la suma de $92.575, que al promediarlos con el $75.602 que devengó entre el día 01 de Enero de 1986 y el día 30 de Marzo de 1986, equivalente a 90 días laborados, arroja un Salario Promedio de Liquidación durante su último año de servicio de $88.332,m que al aplicarle el 90% como tasa de reemplazo, arroja como monto de su Pensión para el año 1986, la suma de $79.499.
VII. SEGUNDO CARGO
Denuncia la sentencia de infringir por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida los artículos 191 y 193 del CGP «como violación medio, lo cual condujo a su vez a la aplicación indebida […] de los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 48 y 53 de la Constitución Política; artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; artículos 5, 6, 8, y 9 de la ley 153 de 1887; artículos 26 y 32 del Código Civil; artículos 19, 21, 260, 467 y s.s. del C.S.T.».
Lo anterior condujo a los siguientes errores de hecho:
Dar por probado que no hubo un tiempo dentro del cual pudiera originarse la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
No dar por demostrado estándolo que la base salarial sobre la cual se liquidó la prestación de jubilación está integrada por los salarios de una vigencia anterior al de la efectividad de la pensión.
Dar por probado sin estarlo que la base de liquidación sobre la cual se liquidó la pensión no sufrió deterioro por causa de la depreciación monetaria.
No dar por demostrado estándolo que la base salarial sobre la cual se liquidó la pensión se afectó por el fenómeno de la depreciación monetaria en la medida que para el cálculo de esta se incluyeron salarios de una vigencia anterior al año en que se reconoció la pensión.
Asevera que tales errores se presentan por la falta de apreciación de algunas pruebas y la indebida apreciación de otra, a saber:
Las pruebas no apreciadas fueron la relación de valores percibidos por el Ex – compañero permanente de mi mandante en su último año de servicio, documento visible a folios 7 de la demanda y 34 de la contestación de la demanda, y la Liquidación de Cesantías Definitivas, documento visible a folios 33 de la contestación de la demanda.
Las pruebas indebidamente apreciadas fueron la resolución No. 162 de fecha 23 de junio de 1986, mediante la cual, la demandada EMCALI le reconoció la pensión de jubilación al Ex – compañero permanente de la demandante, documento visible a folios 4 a 6 de la demanda y 30 a 32 de la contestación de la demanda.
En la demostración del cargo, dice que EMCALI -en la contestación de la demanda-, adujo ser cierto el hecho relacionado con el reconocimiento de la pensión y en particular, que ésta se reconoció en el equivalente al 90% de lo percibido por el ex – compañero permanente de la demandante en el último año de servicio, es decir, entre el 1 de abril de 1985 y 30 de marzo de 1986, con lo cual, resulta indiscutible que la base salarial tenida en cuenta por la entidad incluyó los salarios del período correspondiente (1 de abril de 1985 a 30 de diciembre de 1985), manifestación de la que extrae una confesión respecto del hecho citado, en los términos de los artículos 191 y 193 del CGP, cuya inobservancia representa una violación de medio que dio paso a la aplicación indebida de las demás normas enunciadas en el cargo.
Como corolario, manifiesta que:
Si el Tribunal hubiese valorado en su justa dimensión los documentos visibles a folios 4 a 7 de la demanda, y 30 a 34 de la contestación de la demanda (resolución de reconocimiento de la pensión de Jubilación; resolución de la Liquidación de Cesantías Definitivas y la relación de valores percibidos en el último año de servicio por el Ex – compañero permanente de mi poderdante), los cuales, contienen de manera expresa la base salarial sobre la cual se liquidó la pensión, esto es, la suma de $75.602, correspondiente a los salarios y demás factores salariales devengados por el demandante desde el 01 de Abril de 1985 hasta el 30 de Marzo de 1986, espacio temporal que sin hesitación incluye el período comprendido entre el 01 de Abril de 1985 y el 30 de Diciembre de 1985. Bajo el anterior entendimiento, el valor de lo percibido en este último espacio temporal podía extraerse de los documentos visibles a folios 4 a 7 de la demanda, y 30 a 34 de la contestación de la demanda, o deducirse multiplicando el promedio diario de todo el año, esto es, la suma de $2.520 por los días correspondientes del año 1985, es decir, 270 días, lo que da como resultado un valor de $680.400 suma ésta que debió indexar conforme a la fórmula aceptada por la Sala Laboral de la Corte, vale decir, anualmente, teniendo como índice final el I.P.C. histórico vigente a diciembre de 1985 correspondiente al del año anterior, al año de efectividad del derecho, y como índice inicial, el del año anterior, a aquel en que se causaron tales salarios, esto es, diciembre de 1984. A la suma así obtenida, debía adicionarse el monto de lo devengado en los días restantes del 01 de enero de 1986 hasta el 30 de marzo de 1986, es decir, la suma de $226.800, cuya indexación es igual a cero en la medida en que son coincidentes tanto el índice inicial como el índice final.
Con la suma resultante, debió integrarse la base salarial para el reconocimiento de la prestación, en los términos reconocidos en los citados Documentos. De modo pues que, encontrándose dentro del expediente los valores devengados por el Ex- - compañero permanente de mi poderdante en su último año de servicio, fácilmente se evidenciaba que los correspondientes sueldos y primas de toda especie devengados por el Ex – compañero permanente de mi poderdante en el año de 1985 debieron indexarse, toda vez que, reitero, la pensión de jubilación del Señor LUIS CARLOS CAICEDO, fue reconocida, liquidada y pagada en el año 1986.
VIII. OPOSICIÓN
Sostiene que la figura de la indexación de la primera mesada surgió por razones de justicia y equidad cuando se presenta una diferencia significativa de tiempo entre la fecha de terminación del vínculo laboral y la fecha de reconocimiento de la pensión, a fin de evitar la desvalorización del poder adquisitivo de los salarios que le sirvieron de base. En respaldo se remitió a la sentencia del 12 de abril de 2011, radicado 45922, CSJ STL3901-2020, CSJ STL2656, rad. 62340, STL2735-2021, entre otras. Con base en lo anterior, expuso que como al actor se le reconoció la prestación a partir del mismo día en el que feneció el vínculo laboral, se infiere la inexistencia de lapso de tiempo alguno entre la fecha de retiro y cuando empezó a disfrutar de la prestación, luego no hay una pérdida de poder adquisitivo que haga viable la indexación reclamada, por lo que el colegiado no incurrió en los yerros que se le endilgan.
IX. CONSIDERACIONES
Se recuerda que el juez de la alzada estimó como fundamento de su decisión que, si bien es cierto la jurisprudencia ha admitido la procedencia de la indexación del ingreso del trabajador desde su retiro hasta el reconocimiento de la pensión o causación de la primera mesada, en puridad de verdad, dicha figura solo es aplicable cuando la base salarial haya sufrido un deterioro como efecto del tiempo transcurrido entre la fecha en que se devengó el último salario y la del otorgamiento del derecho, lo que no ocurre en el presente asunto.
La recurrente sostiene que al haberse confesado en la contestación de la demanda que el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación convencional otorgada al demandante tuvo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, esto es, entre marzo de 1985 y el mismo mes del año 1986, es dable entender que los ingresos percibidos en la primera anualidad sufrieron un deterioro por el paso del tiempo, motivo por el cual debieron indexarse.
Aun cuando uno de los cargos se dirige por la vía indirecta, no se planteó discusión sobre los siguientes hechos significativos que: (i) Luis Carlos Caicedo prestó servicios sucesiva o alternativamente en distintas entidades de derecho público por un tiempo de 20 años, 8 meses y 24 días, hasta el 30 de marzo de 1986; ii) mediante la Resolución 162 del 23 de junio de 1986, la demandada reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación al antes mencionado en cuantía de $68.041.1, que corresponde al 90% de un ingreso base de liquidación de $75.602,12; iii) la accionada le reconoció a la demandante Graciela Ulabares la sustitución pensional por el fallecimiento del pensionado a partir del 20 de junio de 2001, y iv) dicha prestación es de carácter compartida con la de vejez a cargo del Seguro Social.
De acuerdo con lo anotado, le corresponde a la Sala definir si el juzgador incurrió en la infracción legal denunciada, al considerar improcedente la indexación del ingreso base de liquidación que sirvió a la demandada para otorgar la pensión de jubilación convencional, por no haber actualizado los salarios devengados en el año 1985, aun cuando la prestación se otorgó a partir del día siguiente a la terminación de la relación laboral.
Esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera pacífica y reiterada frente a la problemática planteada por el recurrente, en el sentido de que tal pedimento resulta improcedente cuando la prestación comienza a disfrutarse al día siguiente del retiro del servicio, como quiera que el ingreso base de liquidación no se ve afectado por la pérdida del poder adquisitivo, pues no transcurre un período de tiempo considerable entre la terminación de la relación laboral y el disfrute de la pensión, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL5153–2021, en un asunto de similares contornos al acá debatido seguido contra la misma demandada, dijo la Corte lo siguiente:
Expresado lo anterior, debe decir la Sala que la problemática que se somete a su consideración, se reduce a precisar, si el ad-quem incurrió en la infracción que se le endilga, por considerar no procedente la indexación de los salarios utilizados para establecer el ingreso base de liquidación de una pensión de jubilación que se otorga a partir del día siguiente de la terminación de la relación laboral.
En el camino propuesto, se debe recordar que en relación con la figura de la indexación, la jurisprudencia de esta Sala ha adoctrinado: i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento y, iii) que cualquier diferencia al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad (sentencia CSJ SL736-2013 reiterada en CSJ SL1144-2020, entre otras).
Pues bien, esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera pacífica y reiterada frente a la problemática planteada por el recurrente, en el sentido de que tal pedimento resulta improcedente cuando la prestación comienza a disfrutarse al día siguiente del retiro del servicio, como quiera que el ingreso base de liquidación no se ve afectado por la pérdida del poder adquisitivo, pues no transcurre un período de tiempo considerable entre la terminación de la relación laboral y el disfrute de la pensión.
En esa misma providencia, esta Sala de la Corte reiteró lo señalado en la sentencia CSJ SL4393-2020:
[…] De igual forma, esta Corporación ha establecido que para que proceda la indexación de la primera mesada pensional se requiere que transcurra un tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 46832, CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 51403, CSJ SL698-2013, CSJ SL4106-2014, CSJ SL8248-2014, CSJ SL10506-2014, CSJ SL11386-2014, CSJ SL11384-2014 y CSJ SL1361-2015, CSJ SL13076-2016, CSJ SL3191-2018, CSJ SL2880-2019 y CSJ SL649-2020). En la última providencia mencionada se reiteró lo siguiente:
“[…] Ya frente a la discusión jurídica que plantea el recurrente, debe resaltar la Sala que, a pesar de que el Tribunal dijo que la corrección monetaria de las pensiones tenía un carácter excepcional en el ordenamiento jurídico y que no se había generado en el caso del actor un retardo en el pago de la prestación que la justificara, aspectos que ya han sido recogidos ampliamente por la nueva jurisprudencia de esta Corporación en materia de indexación de las pensiones, lo cierto es que para el ad quem aquélla constituía un mecanismo para paliar la pérdida del valor del peso, entre la fecha del retiro del servicio y la del reconocimiento del derecho y la misma procedía cuando la base salarial hubiese sufrido desmedro entre estas fechas, por lo que encuentra la Sala que las manifestaciones mencionadas del ad quem, a pesar de pasar por alto lo planteado por la jurisprudencia, no afectan la esencia de la decisión tomada.
Ahora bien, en efecto tal como lo afirma el recurrente y lo entendió el mismo Tribunal, la teleología de la figura de la corrección monetaria de las pensiones no es otra sino la de contrarrestar los efectos deflacionarios de la economía del país, para mantener el valor adquisitivo de aquéllas, que se ve afectado necesariamente con el transcurso del tiempo entre el retiro del servicio del trabajador y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de la pensión, tal como lo sostuvo esta Sala en las sentencias que modificaron los criterios jurisprudenciales anteriores en la materia (…).
(…) “En este orden de ideas, no pudo incurrir el Tribunal en yerro jurídico alguno, dado que, entre el momento de la terminación del contrato del actor, esto es, el 31 de agosto de 1995 y el del reconocimiento de la pensión, es decir, el día siguiente, no hubo una desmejora apreciable en el ingreso base de liquidación (…)”. (Sentencia del 12 de abril de 2011, Rad. 45922).
En este preciso caso el Tribunal estableció que la demandante no tenía derecho a la indexación de la primera mesada de su pensión, en la medida en que había sido reconocida a partir del día siguiente al que feneció su vinculación laboral y, tras ello, no se había verificado un periodo de tiempo dentro del cual se hubiera dado lugar a una pérdida del poder adquisitivo del salario base de liquidación.
Esto es que, en plena correspondencia con la jurisprudencia trazada por esta Corporación en torno al tema, al encontrar que la pensión fue concedida y pagada de manera concomitante con la terminación del contrato de trabajo, el Tribunal no distinguió una notoria pérdida del poder adquisitivo del salario, que abriera paso a la posibilidad de actualizarlo. Con ello, no incurrió en los yerros que le endilga la censura que, de otro lado, no expuso argumentos que impusieran una modificación o reconsideración de la posición reiterada y pacífica que se tiene frente a la cuestión analizada” (negrillas fuera del texto).
El criterio expuesto, también se ha sostenido más recientemente en las sentencias CSJ SL5088-2020, CSJ SL5087-2020, CSJ SL700-2021, CSJ SL1945-2021, CSJ SL3851-2021, CSJ SL5553-2021, CSJ SL2862-2022 y CSJ SL1648-2023.
En consecuencia, no puede válidamente hablarse de devaluación o de pérdida del valor adquisitivo, que son los presupuestos fácticos de la actualización deprecada, por cuanto entre la causación, la exigibilidad y el disfrute de la pensión no transcurrió un solo día, pues se insiste, Luis Carlos Caicedo trabajó hasta el 31 de marzo de 1986 y, a partir del día 1.° de abril del mismo año se le reconoció la pensión de jubilación, por lo que no era procedente la indexación de la primera mesada pensional
Por último, en lo que respecta a los posibles yerros en la valoración probatoria que se acusa cometió el Juez de alzada, en el ataque se pretende hallar una confesión que no existe. Así pues, el dicho de la entidad demandada respecto al promedio de salarios que utilizó para liquidar la pensión, esto es, el lapso comprendido entre el 1.° de abril de 1985 y el 30 de marzo de 1986, no puede extenderse a que los tiempos comprendidos durante el primer año estuvieran afectados por la pérdida del poder adquisitivo.
Al contrario, la demandada en todo momento y de manera consistente negó que la demandante tuviera el derecho a la indexación pretendida. Asimismo, el cargo desconoce que no es válida la confesión de los representantes legales de las entidades públicas de cualquier orden, en los términos del artículo 195 del Código General del Proceso.
En la misma línea, del análisis de la documental atacada, esto es, la relación de valores recibidos por el compañero permanente de la actora en el último año de servicios y la Resolución n° 162 del 23 de junio de 1986, por la cual se le reconoció la prestación pensional a Luis Carlos Caicedo, el Juez colegiado halló que entre el retiro del servicio de este último y el reconocimiento de la pensión no medió un solo un día, con lo cual se evidencia que no hubo pérdida del poder adquisitivo y, por ende, no hay lugar a la requerida, conforme al precedente.
Se sigue de lo expuesto que los cargos resultan infundados y, en consecuencia, no salen victoriosos.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $5.300.000,oo, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por GRACIELA ULABARES HERNÁNDEZ contra la EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI- EICE ESP.
Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO