Estima que las pretensiones de la demanda no guardan similitud con las condenas emitidas en el proceso que se promovió ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, que motivó el acuerdo de pago. Para el efecto se remite a la sentencia CSJ SL16176-2017 y agrega que si en gracia de discusión, se admitiera que en el acuerdo de pago mencionado se pactó que la demandada quedaba a paz y salvo por futuras reclamaciones referentes al reajuste de la pensión del recurrente, tales estipulaciones no hacen tránsito a cosa juzgada y se deben tener como no válidas pues se trata de pretensiones diferentes y, por tratarse de derechos ciertos e indiscutibles, no son susceptibles de renuncia «y en todo caso, no fueron objeto de debate dentro del anterior litigio, ni objeto de transacción dentro del acuerdo en el cual se basaron los juzgados de primera y segunda instancia para declarar la excepción de cosa juzgada».
Sobre la nulidad de las actas de conciliación en asuntos similares a este, se remite a las sentencias CSJ SL1486-2021 y CSJ SL3013-2021.
VII. SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia por quebrantar indirectamente la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, 14, 15, 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo,1, 3, 14 y 272 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, causal 1ª del artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y el Decreto 2879 de 1985, «al valorar de manera errónea las pruebas documentales obrantes en el expediente y dar por demostrada la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones de la demanda, cuando dicha excepción no se configuraba, por lo que el Tribunal Superior de Barranquilla Sala Tercera de Decisión Laboral incurrió en yerros fácticos que lo llevaron a confirma[r] la sentencia absolutoria».
Como pruebas erróneamente apreciadas cita:
Acta de conciliación No. 5117 de fecha 12 de julio de 2006 suscrita por el demandante y la demandada, en la cual se pactó un sistema de reajuste pensional inferior al contemplado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, la cual fue aportada como prueba documental de la demanda (folio 284 del expediente)
Sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso ordinario laboral ante el juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla con radicado 033-2007 (folios 288 al 294 del expediente).
Sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso ordinario laboral ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla con radicado 033-2007 (folios 295 a 300 del expediente).
Acuerdo de pago para el cumplimiento de sentencia dentro del proceso ordinario ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla con radicado 033-2007 (folios 301 al 305 del expediente).
Asevera que la indebida apreciación ocurrió al determinar que las peticiones de este proceso ya habían sido objeto de pronunciamiento judicial en el que se siguió ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, cuando en realidad la pretensión de nulidad e ineficacia del acta de conciliación n.°5117 del 12 de julio de 2006 en procura de la devolución de los porcentajes del IPC no aplicados a la pensión de jubilación del recurrente, no fue objeto del anterior juicio, y aun cuando hay identidad de partes no existe la misma causa ni objeto, pues en el primero se pidió el reajuste pactado en la Ley 4ª de 1976 conforme a la Convención Colectiva de Trabajo y en este asunto se aspira a la nulidad ya referida y se ordenara la devolución de los dos puntos descontados del reajuste pensional del demandante.
Por otra parte, señala que la reclamación concierne a un derecho cierto e indiscutible que no está sujeto a transacción ni conciliación; para el efecto se remite a la sentencia CSJ SL3013-2021 y concluye que el acuerdo de pago suscrito en el proceso antecedente no hace tránsito a cosa juzgada con respecto a la reclamación de este juicio, por tratarse de reajustes pensionales distintos y de derechos que tienen la connotación de ciertos e indiscutibles.
VIII. RÉPLICA
Soporta la oposición en aspectos de orden técnico, pues la sentencia acusada se fundó en el artículo 303 del Código General del Proceso, la cual no fue incluida por el recurrente en la proposición jurídica, de lo que se deduce que la considera bien aplicada, lo cual es suficiente para dar al traste con la impugnación. Añade que, tampoco se atacan los preceptos que regulan la figura procesal de la conciliación que también fueron utilizadas por el sentenciador y que, aunque no reviste mayor importancia, se cita el Decreto 2879 de 1985, sin referir el artículo concreto o la norma específicamente violada, pues al acudir a la vía directa, se debe indicar el concepto de violación de la disposición concreta y no de manera general, como acontece en el caso.
Aduce que el tribunal encontró que, en el proceso anterior, se discutió el reajuste de las pensiones incluyendo la del accionante en un 15% y que aquél recogía lo pedido en el actual diligenciamiento, encaminado a que se ajuste la pensión en el IPC más 2 puntos, valor que, por ser inferior al porcentaje mencionado, recoge y supera lo pedido en la demanda. Sostiene que no desconoce la imposibilidad de transigir sobre derechos ciertos e indiscutibles pero que en el caso concreto se aceptó «que puede haber derecho al ajuste pensional reclamado ahora, pero se entendió que, con el acuerdo sobre lo debatido en el primer juicio, quedó cubierto lo que ahora se reclama porque lo reconocido antes es superior a lo pedido ahora».
Con relación al segundo cargo afirma que, los errores denunciados no parecen tener un contenido fáctico sino jurídico, pues la figura de la cosa juzgada no es propiamente un hecho sino la consecuencia jurídica de varios, al igual que la nulidad o ineficacia de un acto, por lo que resulta una confusa mixtura de hechos y conclusiones jurídicas. En adición, indica que en el caso existe cosa juzgada porque ambos procesos se surtieron entre las mismas partes, y existe identidad de causa y objeto, como es el derecho al reajuste pensional, sin que la circunstancia de que los hechos no sean iguales sea suficiente para desvirtuar su configuración. Si bien en el proceso anterior se debatió el derecho al reajuste del 15%, y en el que nos ocupa se pide el del 2% «pero como 15 es mayor al 2, para el Tribunal, y eso constituye una realidad incontrovertible, al concederse el ajuste del 15% resultó involucrada la petición de ajuste en el 2%».
Explica que lo que ahora se plantea en casación es que en adición al 15% derivado de la Ley 4ª de 1976, el actor tiene derecho a otro 2%, pero eso no fue lo que dijo en la demanda inicial, por lo que se puede entender que ha cambiado el petitum de la demanda, pues de éstas se deriva que lo pretendido era «reponer el 2% menor al IPC en el que se le ajustó la pensión, es claro que el porcentaje quedó superado con lo decidido en el primer proceso cuando se ordenó y luego sirvió para la realización de un acuerdo, el aumento del 15%».
Por lo expuesto solicita no casar la sentencia.
IX. CONSIDERACIONES
Los defectos de orden técnico que acusa la oposición no están llamados a prosperar, pues aun cuando le asiste razón en cuanto a que en ninguno de los cargos se acusa el artículo 303 del CGP, que sirvió de fundamento principal de la sentencia de segunda instancia para declarar probada la excepción de cosa juzgada, lo cierto es que mediante la acusación de las disposiciones constitucionales y legales, así como del desarrollo del cargo, es posible extraer sin asomo de duda, que la inconformidad planteada por el recurrente estriba en la aplicación de la mencionada institución jurídica, pues en su concepto, ésta no se encuentra llamada a prosperar en el asunto y, con ello, se transgredió la legislación sustantiva, por lo que en tal sentido se abordará el estudio de la cuestión.
El tribunal fundamentó su decisión en que se configura la cosa juzgada entre el proceso que era objeto de su decisión y aquél que, en forma anterior, promovió Rafael Antonio Salas Pérez contra Electricaribe que cursó en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, el cual, mediante sentencia del 29 de abril de 2008 condenó a la demandada al pago de los incrementos del 15% establecidos en la Ley 4ª de 1976, conforme a lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo, decisión que confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad el 30 de abril de 2009, y el posterior acuerdo de pago de fecha 8 de junio de 2012, suscrito entre la apoderada del actor y la empresa en el que se da por terminado dicho proceso por pago de la obligación.
Con base en lo anterior, encontró que las pretensiones de las demandas mencionadas obedecieron al mismo objeto y causa, esto es, el reajuste de la pensión de jubilación convencional incluyendo el 2% que afirman los demandantes les fueron descontados, lo cual fue decidido en los anteriores juicios y, en atención a que, en este asunto, existe también identidad de partes, mal podría estudiarse nuevamente una situación que ya fue analizada y resuelta, por lo que confirmó la decisión de primera instancia.
La censura radica su inconformidad en que los incrementos pensionales reclamados en la demanda, ostentan la calidad de derechos ciertos e irrenunciables, no son susceptibles de conciliación, y es por esa razón que solicitó en la demanda la nulidad del acuerdo celebrado entre las partes con ese fin. Añade que tampoco se configura cosa juzgada con el anterior proceso, porque ambos tuvieron objetos y causas diferentes, mientras aquél recayó sobre el incremento pensional previsto en la convención colectiva de trabajo y la Ley 4ª de 1976, en éste, lo que se reclama es la devolución de los dos puntos descontados del reajuste pensional.
De acuerdo con anterior, deberá la Sala ocuparse de si en el presente asunto se configuró la cosa juzgada con respecto al recurrente Rafael Antonio Salas Pérez con ocasión del proceso que cursó en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla frente a las pretensiones planteadas en éste.
No fue objeto de controversia en el juicio que Rafael Antonio Salas Pérez recibió pensión voluntaria de jubilación de Electricaribe, a partir del 1 de enero de 1999 y que el mencionado promovió demanda ordinaria laboral que correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, el cual, mediante sentencia del 29 de abril de 2008, condenó a Electricaribe al pago del reajuste del 15% consagrado en la Convención Colectiva de Trabajo desde el 12 de enero de 2004, decisión que confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, en providencia del 30 de abril de 2009.
En el tema objeto de controversia, la posición de esta Corporación ha sido enfática y reiterada en cuanto a la inmutabilidad de la sentencia definitiva y ejecutoriada proferida en un proceso contencioso, así como, sus efectos de cosa juzgada entre las mismas partes, por idéntica causa y objeto, lo que impide acudir nuevamente a la jurisdicción en procura de que se resuelva un conflicto ya desatado y concluido, salvo los eventos previstos en el artículo 304 del CGP.
Al respecto, en la sentencia CSJ SL1303-2018, se expresó:
La institución de la cosa juzgada tiene como finalidad, que las decisiones emanadas de la rama judicial del poder público, luego de los trámites y recursos legalmente preestablecidos, sean imperativas y susceptibles de ser cumplidas cerrando la posibilidad de que sean sometidas a un nuevo debate judicial.
En ese orden de ideas, se tiene que la inteligencia dada por el Tribunal al artículo 332 del CPC no es la correcta, pues, no se corresponde con la señalada por la jurisprudencia de esta Corte, verbigracia:
[…] es preciso recordar que el art. 332 del C.P.C., aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el art. 145 del C.P.L. y S.S., le otorga fuerza de cosa juzgada a la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso «siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes»; de donde se infiere que tal institución fue consagrada con el fin de preservar el principio de seguridad jurídica y evitar que respecto de unos mismos hechos, se produzcan decisiones contradictorias.
Al efecto, para determinar si existe identidad de objeto, el juez debe estudiar si con su resolución contradice una decisión anterior, estimando un derecho ya negado o desestimando un derecho afirmado por la decisión precedente. El respectivo análisis no sólo debe precisar si existe identidad entre los planteamientos y pretensiones ventiladas en los procesos <objeto petitorio>, también debe comprender que cuestiones {que} ya fueron objeto de resolución y se encuentran excluidas de pronunciamiento para no generar el desconocimiento del bien jurídico reconocido de manera precedente <objeto decisorio>.
En el presente asunto no se encuentra en discusión la identidad jurídica de partes en el proceso promovido ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla y el que ahora ocupa a la Sala; debe entrar a definirse si efectivamente el colegiado incurrió en yerro fáctico al determinar que entre el mencionado diligenciamiento y este asunto existe identidad de causa y objeto, ya que el recurrente sostiene que ello no es así.
A partir de las copias de las decisiones judiciales encuentra la Corte que en el proceso anterior se solicitó por el demandante lo siguiente:
Al pago del reajustes [sic] diferencial del valor de las mesadas causadas a su favor durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y subsiguientes de conformidad a lo ordenado por la Ley 4ª de 1976 en el parágrafo 3 en su artículo primero, y artículo 106 de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes para los periodos 16983 a 2005 celebrados entre la Electrificadora del Atlántico S.A. ESP, Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. y SINTRAELECOL.
Al pago de los intereses moratorios que por mandato de la Ley 100 de 1993 (artículo 141) devengan las diferencias pensionales causadas a partir del mes de enero del año 2000, resultantes del reajuste ordenado.
Al pago de los valores correspondientes a la indexación de cada una de las mesadas retroactivas pensionales causadas por el reajuste ordenado, de acuerdo al IPC del DANE en consonancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencias T-418 y C-488 de 1996.
Costas y agencias en derecho.
En el presente asunto se solicita:
Declarar la nulidad e ineficacia del Acuerdo de Pensionados de fecha 23 de Junio de 2006, suscrito por Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Electricaribe S.A. E.S.P. y las Asociaciones de pensionados de Electricaribe S.A. E.S.P.
[…]
Declarar la nulidad e ineficacia del Acta No. 5117 de fecha 12 de julio de 2006 suscrita por el demandante señor RARAEL [sic] SALAS PEREZ, y la sociedad demandada Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Electricaribe S.A. E.S.P. ante el Ministerio de la Protección Social Dirección Territorial Atlántico, por ser contrarias a la C.P. y a la ley.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones se realicen las siguientes:
CONDENAS
Se condene a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., a la devolución del menos dos puntos del IPC dejado de aplicar a los demandantes sobre sus reajustes pensionales el cual fue aplicado a los años 2006 al 2010 en virtud de la nulidad del acta de conciliación suscrita entre los demandantes y la demandada.
Se condene [a] la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar a los demandantes las diferencias mensuales pensionales causadas para los años 2006 al 2010 entre lo que les correspondía a los demandantes por concepto de reajuste pensional sobre el valor de su pensión, y lo que realmente canceló la demandada, y las que se continuaron generando para el año 2011 has la la[sic] actualidad.
Se ordene la indexación de las diferencias a cancelar a los impetrantes.
Se falle extra y ultra petita.
Puestas en ese orden las cosas, es evidente que las peticiones de una y otra demanda difieren sustancialmente, pues a pesar de que en ambas se solicita el pago de incrementos pensionales, los primeros, encuentran soporte en la convención colectiva de trabajo y en la Ley 4ª de 1976, y, en este caso, la objeción radica en que en el acta de conciliación se pactó un reajuste anual del IPC causado menos dos puntos para los años 2006 a 2010, a cambio del otorgamiento de unos bonos anticipados en compensación de dicho ajuste, lo que permite inferir que en el caso concreto no se configuró la cosa juzgada con respecto al proceso seguido entre las mismas partes ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla y, por ende, la viabilidad jurídica de los cargos.
No obstante lo anterior, no procede la casación de la sentencia por cuanto en sede de instancia se arribaría a la misma conclusión absolutoria del Tribunal, por lo que pasa a explicarse.
Como primera medida es necesario resaltar que el derecho a la prestación reconocida al señor Salas Pérez tuvo venero en la conciliación n.° 4799, suscrita por las partes el 22 de diciembre de 1998, acto del que se desprende que la naturaleza de la pensión era voluntaria «de las previstas en el acuerdo[sic] No. 049/90, Art 18 (del I.S.S.) y el 029 de 1985» pagadera desde el 1° de enero de 1999 hasta el cumplimiento de los 60 años de edad y, en ella, se estipuló que el valor de la mesada «será reajustada de la misma manera en que se ajustan las pensiones de vejez de acuerdo con la Ley».
Adicional a este acto, fuente del derecho, las partes el 12 de julio del 2006, suscribieron ante el otrora Ministerio de la Protección Social, nueva conciliación «No.[sic] 5117», a través de la cual buscaban establecer un sistema que permitía el disfrute anticipado del reajuste pensional anual desde el año 2006 hasta el año 2010, esto, por efecto de la incorporación del pensionado al acuerdo extra convencional suscrito el 23 de junio de 2006 por Asopelis, dado que, el señor Salas Pérez era afiliado a la misma y se declaró a Electricaribe a paz y salvo por los conceptos de reajuste de la mesada pensional recibidos de forma anticipada.
Sumado a lo anotado, en el año 2006, la empresa accionada ratificó, de manera expresa, la afiliación del promotor del proceso a la organización Sindical Asopelis, pues precisamente ese fue el motivo que llevó a la segunda conciliación, para que le fueran aplicables las modificaciones del acuerdo extra convencional del 23 de junio de 2006 que, como se ha dicho por esta Sala, afectaba las concesiones logradas por los trabajadores en la convención, inclusive, de manera puntual, los reajustes anuales de la pensión, motivo por el cual en este caso se solicita su invalidez e ineficacia.
Ineficacia de la conciliación
Ciertamente, la Corte ha sostenido pacíficamente que los reajustes pensionales dada su naturaleza de derecho cierto e irrenunciable no es susceptible de conciliación, para el efecto ha señalado de manera uniforme que éstos constituyen derechos adquiridos, y por lo tanto ciertos e irrenunciables
La certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal; de manera que como los aumentos aquí otorgados se habían consolidado, resultaban necesariamente ciertos. Ahora, la cualificación de «adquiridos» implica la acción de consecución, obtención y sobre ello no podía haber duda, pues no se discute que en el acto voluntario de reconocimiento de la pensión al demandante se había concedido el pago del incremento de acuerdo con la ley (fls. 246 a 248 cuaderno escaneado) y, posteriormente, se otorgaron los reajustes previstos en la Convención Colectiva de Trabajo.
Al respecto resulta oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, establece el reajuste anual de las pensiones de la siguiente manera:
ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.
De lo que se deriva que el mínimo reajuste anual de las pensiones, entre éstas las de naturaleza extralegal como el caso que nos ocupa, es el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, con excepción de las equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente que se ajustarán según se determine su incremento por el Gobierno Nacional.
En ese orden, cuando se desconoció por las partes la calidad de derecho cierto y se concilió el incremento pensional por debajo del mínimo previsto en la ley, se transgredieron las prerrogativas legales que protegen los derechos laborales que tienen carácter de irrenunciables; por lo tanto, no se puede dar validez a los acuerdos extra legales que pretendieran modificar la fuente predeterminada de aumento de las mesadas.
Sobre el particular tema la Sala, en sentencia CSJ SL4468-2019, indicó:
Por último, vale subrayar que los incrementos aludidos constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:
[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.
Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.
De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.
Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:
“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.
“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.
En ese mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias CSJ SL12138-2014, CSJ SL2105-2015, CSJ SL12575-2017, CSJ SL4455-2018, CSJ SL4468-2019, SL3071-2020, CSJ SL517-2020 y SL3615-2020.
Acuerdo extra convencional con Sintraelecol y la accionada
La Corte ya ha reiterado, en cuanto a este asunto, que los acuerdos extra convencionales, modificatorios de las convenciones colectivas, son válidos sin que se requiera otra formalidad, en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, así siguiendo la postura de esta Sala el acuerdo extra convencional suscrito con Sintraelecol no propendió por hacer más inteligible la convención colectiva, ni mejorar las condiciones de los trabajadores y mucho menos se estuvo frente a una imprevisible y grave alteración de la normalidad económica, circunstancia exigida por el artículo 480 del CST., como se desprende de la sentencia CSJ SL12575-2017, en la que razonó:
En ese contexto, le corresponde a esta Sala dilucidar: (i) la posibilidad de modificar una convención colectiva vigente a través de un acuerdo extra-convencional y (ii) determinar si en el caso de autos operó el fenómeno de la revisión del convenio colectivo, consagrado en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.
Posibilidad de modificar la convención colectiva a través de un acuerdo extra-convencional
Comienza la Sala por señalar que un acuerdo extra-convencional, como el que es objeto de discusión en el sub lite, no tiene necesidad de depositarse en la cartera del trabajo para que surta los efectos queridos por las partes, tal y como ya lo ha reiterado esta Corporación en múltiples oportunidades.
En efecto, desde hace cerca de una década, en sentencia CSJ SL32247-2008, reiterada entre otras en las providencias CSJ SL889-2014, CSJ SL11321-2014, CSJ SL42830-2014 y CSJ SL2105-2015, dijo la Sala:
Como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por la mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo.
Ello, porque como se explicó en la sentencia CSJ SL2105-2015 ya citada, existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo que se pactó a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, cambian aspectos que ya han sido previamente definidos en aquel o a introducir unos diferentes a los ya acordados.
También se adoctrinó entonces (CSJ SL2105-2015), que los acuerdos modificatorios únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas.
En tal sentido, se pronunció la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en la atrás reseñada y, entre otras, en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744 cuyo análisis jurisprudencial dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acordó un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad.
Dijo en esa oportunidad la Corporación:
Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.
Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto).
Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren -como se afirmó a espacio- de depósito en los términos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para gozar de plena validez.
La Corporación también se ha pronunciado respecto del alcance de estos acuerdos extra convencionales del 23 de junio de 2006, que establecían un sistema de pago de los reajustes anuales a los pensionados; en la sentencia CSJ SL4404-2018, precisó:
[…] al abordar el análisis de otro acuerdo extra convencional celebrado el 5 de mayo de 2006 por la también recurrente con los pensionados, tendiente a modificar el sistema reajuste pensional, la Sala en sentencia CSJ SL2105-2015, refirió:
No obstante, existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo pactado a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, son los tendientes a cambiar aspectos que ya han sido previamente definidos en aquél o a introducir unos diferentes a los ya acordados.
Ahora bien, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de este Colegiado, éstos últimos – los modificatorios – únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas.
En tal sentido, se ha pronunciado la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en entre otras en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744, donde se dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acordó un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad, y se dijo lo siguiente:
Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.
Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto).
Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren, como se dijo anteriormente, de depósito en los términos del CST art. 69, para gozar de plena validez.
[…]
En efecto, descendiendo al sub examine, se tiene que para la reseñada fecha de suscripción del referido acuerdo extra convencional -5 de mayo de 2006-, se encontraba vigente la convención colectiva 1998-1999, que en su cláusula 106 parágrafo 3°, contempló que:
Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P. o que se pensionen en el futuro, se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración de su vigencia (Conv, 83-85).
Ahora bien, el pluricitado pacto suscrito por Electricaribe y el Sindicato de Electricidad de Colombia – SINTRAELECOL (folios 243 a 283), luego de referir que el mismo «contribuye a seguir desarrollando el modelo de relaciones laborales y representa un avance en el interés de las partes para el establecimiento de un régimen convencional único de las distintas convenciones vigentes en la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P», en lo concerniente al reajuste anual de pensiones expresó:
Las partes convienen un sistema de reajuste anual de las pensiones aplicables a las que se causen con posterioridad a la firma del presente acuerdo que consiste en que dicho reajuste anual será del IPC causado menos un (1) punto para los cinco (5) años posteriores al de su reconocimiento. Estas pensiones tendrán un beneficio consistente en dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste así: un (1) bono por el importe de la mitad de una mesada en el primer año de aplicación y un bono por el importe de la mitad de una mesada en el quinto año de aplicación. El bono se liquidará con base en el valor de la mesada del año anterior al reajustado y será cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha del reajuste respectivo.
De lo anterior, resulta claro que tal documento no se propuso hacer la Convención más inteligible o mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que su propósito fue el de modificarla en el sentido de disminuir las prerrogativas acordadas. Luego la modificación convencional que se pretendió introducir a través del referido acuerdo extra convencional, resultaba inadmisible jurídicamente por ese medio, pues dicha convención ya había sido suscrita por las partes y debidamente depositada ante el Ministerio del Trabajo, tal y como lo ordena el C.S.T. Art. 469.
Así, perfeccionada su vigencia, se hizo realidad convirtiéndola en ley para las partes, de imperativo cumplimiento mientras no fuera anulada e irreversible desde el punto de vista jurídico y, en consecuencia, la única posibilidad viable para que se disminuyeran los beneficios allí consignados, era, precisamente, a través de la denuncia de la convención o, si se presentaba el supuesto, mediante la revisión de que trata el artículo 480 del CS.T.
De ahí, que ningún punto que hubiese sido regulado por la Convención Colectiva de Trabajo podía modificarse a través de un documento, salvo, se itera, si el mismo tiene por finalidad incrementar los beneficios ya establecidos en aquélla.
Dicha postura, se acompasa con lo expuesto por esta Sala en sentencia SL12138-014 (sic), proferida en un asunto de similares características y contra la misma entidad demandada.
En el caso del acuerdo pensional de 23 de junio de 2006 invocado por el censor (folios 282 a 285), se fijó como reajuste anual de pensiones el siguiente:
Las partes convienen un sistema que facilita el disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones vigentes que no es inferior al mínimo previsto en el Sistema General de Pensiones. Este sistema consiste en aplicar un reajuste anual del IPC causado menos dos (2) puntos para cada uno de los cinco (5) años entre 2006 y 2010 y el otorgamiento de bonos anticipados que compensen el sistema de reajuste, adicionados a los efectos de los beneficios individuales y colectivos, de los que se benefician como consecuencia de su manifestación de acogimiento del presente acuerdo en la siguiente forma:
Estas pensiones tendrán un beneficio consistente en:
a) Para los pensionados que estén compartidos con el ISS, un beneficio consistente en el pago anticipado de Dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste, así: un (1) bono por el importe del 75% de una mesada devengada en el primer año de ap0licación y un bono por el importe del 75% de una mesada devengada en el tercer año de aplicación.
b) Para los pensionados que se compartan entre la fecha de firma del acuerdo y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez (2010) un beneficio consistente en el pago anticipado de Dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste, así: Un (1) bono por el importe del 75% de una mesada devengada en el primer año de aplicación y un bono por el importe de 75% de una mesada devengada en el tercer año de aplicación.
c) Para los pensionados que se compartan después del treinta y uno (3) de diciembre de dos mil diez (2010) o no sean compartidos, un beneficio consistente en el pago anticipado de tres (3) bonos que compensan el sistema de reajuste, así: Un (1) bono por el importe de una mesada devengada en el primer año de aplicación, un(1) bono por el importe de una mesada devengada en el tercer año de aplicación, y un (1) bono por el importe de media mesada devengada que será reconocido en enero de 2011, al momento de efectuarse el reajuste.
Los bonos se liquidarán y cancelarán con base en el valor de la mesada devengada en el año anterior al reajustado y serán canceladas el primero a la firma de la conciliación ante el Ministerio de la Protección Social y los restantes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del reajuste respectivo.
En caso de fallecimiento del pensionado que hubiere conciliado, los bonos pendientes se reconocerán a los beneficiarios de fallecido. En ningún caso los reajustes anuales podrán ser negativos.
Bajo los presupuestos referidos, la Sala se remite a lo adoctrinado en la decisión atrás rememorada como quiera que el propósito del reajuste anual de pensiones incluido en el acuerdo pensional de 23 de junio de 2006, invocado por el censor (folios 282 a 285), fue el de modificar el texto convencional, en el sentido de disminuir las prerrogativas acordadas en la convención colectiva 1983-1985 y la compilación 1998-1999, relativas al incremento pensional del 15%, lo cual resultaba inadmisible por ese medio.
Así las cosas, y siguiendo el derrotero que ha sido trazado por esta Sala, si las partes acordaron que la mesada pensional sería ajustada de acuerdo con la Ley, no era posible ni por conciliación ni por acuerdo extralegal desmejorar tales concesiones.
No obstante lo anterior, y descendiendo al caso concreto, se observa que a través de las decisiones judiciales proferidas en el proceso antecedente varias veces referido, aspecto que no es objeto de controversia en este asunto, se definió el derecho del actor a recibir los incrementos pensionales contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo con fundamento en la Ley 4ª de 1976, equivalentes al 15% en los términos allí señalados, trámite que culminó con la suscripción del acuerdo de pago visible a folios 31 a 34 del expediente escaneado, con el objeto de convenir:
[…] el modo en que se dará cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de fecha 29 de abril de 2008 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla y confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 30 de abril de 2009 dentro del proceso de EMIRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y OTROS contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, radicado bajo el número 2007-033.
Allí mismo se dispuso el pago a la apoderada de los demandantes de la suma de $137.760.000, «que cubre el valor del retroactivo de mesadas pensionales de los demandantes ordenadas en los fallos anteriormente señalados, hasta mayo de 2012, así como el valor de las costas procesales […]». También se fijó el valor de la mesada pensional para el año 2012, que en el caso de Rafael Salas Pérez quedó en $2.380.723.
En ese orden, no hay lugar a otorgar un incremento superior al ordenado en las sentencias cuyo pago se acordó en la forma estipulada en el acuerdo celebrado, como en últimas entiende la Sala que se pretende en este asunto, pues el porcentaje aplicado para ajustar las mesadas al demandante superaron ampliamente el previsto para las pensiones legales y de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo, en ese sendero, no cabe ordenar uno adicional, pues recuérdese que el previsto en la ley es el mínimo que debe ser garantizado de cualquier estipulación en un monto inferior, pero si el aplicado por la demandada en cumplimiento a la decisión judicial, supera el acordado al reconocer la prestación, nada puede adeudar la empresa por dicho concepto.
En ese orden, como se anunció arriba, pese a que en el asunto bajo escrutinio no se configura la cosa juzgada y, en tal sentido, erró el colegiado, lo cierto es que se llegaría a que las pretensiones no encuentran asidero jurídico, lo que conlleva a mantener la decisión del colegiado aunque por las razones anotadas en esta providencia.
Sin costas ante la prosperidad del recurso.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia 5 de octubre de 2018, proferida por Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso instaurado por RAFAEL ANTONIO SALAS PÉREZ y RAFAEL TOMÁS SÁNCHEZ FLÓREZ en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.º 90397
Referencia: Demanda promovida por RAFAEL ANTONIO SALAS PÉREZ y RAFAEL TOMÁS SÁNCHEZ FLÓREZ, contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar voto, pues si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó en el sub judice, en cuanto dispuso no casar la decisión del Tribunal, que confirmó la absolución de primer grado, me permito reiterar las razones expuestas en la providencia CSJ SL3615-2020, que sirvió de sustento para resolver el presente asunto.
Entre las inconformidades del recurrente, está el hecho de que el tribunal le haya negado efectos de cosa juzgada a la conciliación suscrita entre las partes, al considerar que en dicho acto jurídico se pactaron derechos ciertos e indiscutibles, y por consiguiente, estaba viciado y era nulo; pues a su juicio, la conciliación gozaba de presunción de legalidad, como decisión administrativa que es, en la cual el Inspector del Trabajo declaró que aquel acto no vulneró derechos ciertos e indiscutibles, por lo que estima que al declarar la nulidad de la conciliación es un error jurídico.
En el presente caso, se observa que el actor el 12 de julio del 2006, suscribió un acuerdo conciliatorio con la empresa Electricaribe S.A. ESP, consistente en un pago del reajuste anual de pensiones vigentes, que fue inferior al mínimo previsto en el sistema general de pensiones y cuyo contenido económico se tradujo, en «aplicar un reajuste anual del IPC causado menos 2 puntos para cada uno de los cinco (5) años entre 2006 y 2010 y el otorgamiento de bonos anticipados que compensan el sistema de reajuste, adicionándolos a los efectos de los beneficios individuales de los que se benefician […]»
Frente a dicho acuerdo conciliatorio, la Sala mayoritariamente consideró que los referidos reajustes pensionales constituyen derechos adquiridos, ciertos e indiscutibles por haberse causado con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, para lo cual se sostuvo:
«Ciertamente, la Corte ha sostenido pacíficamente que los reajustes pensionales dada su naturaleza de derecho cierto e irrenunciable no es susceptible de conciliación, para el efecto ha señalado de manera uniforme que éstos constituyen derechos adquiridos, y por lo tanto ciertos e irrenunciables
La certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal; de manera que como los aumentos aquí otorgados se habían consolidado, resultaban necesariamente ciertos. Ahora, la cualificación de «adquiridos» implica la acción de consecución, obtención y sobre ello no podía haber duda, pues no se discute que en el acto voluntario de reconocimiento de la pensión al demandante se había concedido el pago del incremento de acuerdo con la ley (fls. 246 a 248 cuaderno escaneado) y, posteriormente, se otorgaron los reajustes previstos en la Convención Colectiva de Trabajo.
Contrario a lo argumentado por la Sala mayoritaria, a mi juicio, en tratándose de una conciliación sobre reajustes pensionales que recae sobre un periodo determinado o fijo, como aquí sucede, ello no puede considerarse como un derecho cierto e indiscutible.
En efecto, se observa que el Inspector de Trabajo, al impartir su aprobación a la conciliación, por considerar que no se vulneraban derechos ciertos e indiscutibles, señaló que la misma hacía tránsito a cosa juzgada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 640 de 2001 y 78 del CPTSS.
Bajo esa perspectiva, resulta indudable, que la pretensión ahora solicitada, por lo menos en lo que respecta a los reajustes pensionales comprendidos entre el 6 de septiembre de 2006 y 31 de diciembre 2010, fueron objeto de conciliación, y por tanto los incrementos de ese lapso temporal, no podían ser objeto de nueva reclamación, por constituir cosa juzgada, como lo advirtió el funcionario del Ministerio al momento de impartir su aprobación.
Ahora bien, no sobra precisar, que a pesar de tratarse de reajustes pensionales, los mismos podían ser conciliados en razón a que se ha aceptado que es conforme al ordenamiento jurídico el pacto de cancelar de manera anticipadamente el valor de las mesadas pensionales en una suma única, por lo que resulta lógico aceptarlo igualmente respecto de reajustes futuros, al tratarse de una obligación accesoria a aquella.
Se dice lo anterior, por cuanto el acto jurídico aquí celebrado no implica la renuncia o la pérdida de vigencia de los reajustes pensionales pactados convencionalmente indefinidamente, pues se limitó a los que se causasen desde la firma del mismo, esto es, a partir del 12 de julio del 2006 y 31 de diciembre 2010; es decir, se trata de un acuerdo sobre incrementos pensionales eventuales, esto es, no se habían hecho exigibles, con lo que resulta dable afirmar, que no se transgreden las garantías del pensionado.
Al efecto, vale rememorar lo dicho en la providencia CSJ SL5508-2018, en la que se reiteró lo establecido en la sentencia CSJ SL7778-2016, que se dispuso:
[…] el criterio jurisprudencial vigente se ha orientado a considerar lícito que las partes pacten el pago anticipado del valor de las mesadas en una suma única, porque ello no implica renuncia o pérdida del derecho pensional, ni se trata de derechos ciertos e indiscutibles, porque los acuerdos así concebidos versan es sobre mesadas pensionales eventuales, es decir, no causadas con lo cual no se transgreden las garantías de los pensionados.
De igual manera, la Corte en fallo CSJ SL17740-2015, adoctrinó:
[…] la pensión laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades, generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún susceptible de ser sustituida.
Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ (…) están regidas, básicamente en tratándose de pensiones de jubilación o vejez, por la sobrevivencia de su titular, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan con el transcurso del tiempo, y no una única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto ‘autónomo’ frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación.
La naturaleza anunciada de esta clase de prestaciones ha dado lugar, entre otras cosas, a que la calidad de pensionado se tenga como un verdadero y específico ‘status’ jurídico de la persona humana, en otras palabras, como una situación jurídica concreta que en la más de las veces se extiende por el resto de su existencia; como también, que a la ‘pensión laboral’ se la vea como una prestación social no pasible de extinguirse por prescripción alguna, como sí cada una de las prestaciones que de ella proceden.
De esa suerte, nacida la obligación pensional con el cumplimiento de los requisitos preestablecidos para el efecto, surge el derecho de ser reclamada por su beneficiario, en este caso, por el trabajador o por sus causahabientes. De no reconocerse espontáneamente o como resultado de la dicha reclamación, puede impetrarse la acción judicial para su reconocimiento, que no para su estructuración, por ser sabido que el derecho se constituye cuando se cumplen sus exigencias o presupuestos, y la sentencia judicial lo que hace es declararlo.
Por eso, siendo la obligación pensional de tracto sucesivo, y en consecuencia implicar que cada uno de sus periódicas ejecuciones sea un acto particular y autónomo, no es válido sostener que el pago anticipado de su valor, constituya per se un objeto ilícito, por ser inequívoco que la institución jurídica del pago, específicamente del ‘pago efectivo’ no es ni más ni menos que ‘la prestación de lo que se debe’ (artículo 1626 del Código Civil) y el ‘pago anticipado’ la satisfacción o solución del crédito eliminando el plazo o condición a que estuviere sujeto. Luego, nada más contrario a la invalidez de una obligación que su solución, pago o satisfacción.
El pago anticipado de las mesadas pensionales, o como en este caso el de los mayores valores a cargo del empleador por efecto de la subrogación del riesgo amparado inicialmente y de manera directa por el empleador al ente de seguridad social, en manera alguna afecta los predicamentos ciertos e indiscutibles que de ella se pueden hacer, esto es, la condición o calidad de ‘pensionado’ de su beneficiario, pues la conserva a plenitud en virtud de la dicha subrogación del riesgo en el ente de seguridad social; y su valor, coste o representación, pues el pago anticipado ya se vio es simplemente la aceleración de una plazo; ni deriva en objeto ilícito, pues no implica renuncia o pérdida del derecho, sencillamente, su cumplimiento anticipado, tal cual ya igualmente se vio.
Lo que no es dable confundir, como lo hace el recurrente y lo replica la demandada, son los llamados ‘pactos únicos de pensión futura’ con los pactos de pago anticipado de mesadas pensionales futuras, pues en tanto los primeros comportan la negociación de una expectativa pensional, sujeta en aras de su protección por ciertas condiciones de orden administrativo tributario y laboral, como las exigidos por el Estatuto Tributario en salvaguarda de los derechos del trabajador; los segundos entrañan el pago de mesadas que recaen sobre una pensión adquirida y, por tanto, innegociable como pensión, irrenunciable como derecho, pero susceptible de solucionar o pagar anticipadamente.
La sentencia CSJ SL, del 17 de jun. de 1993, rad.5761, que el Tribunal invocó en sustento de su decisión y que la opositora atinadamente cita, cobra plena vigencia para respaldar el anterior criterio, que en su momento expuso la Corporación en los siguientes términos:
“Por último, existe notoria diferencia entre las mesadas pensionales causadas, las cuales no pueden ser objeto de conciliación, y las eventuales que son las que están en curso de adquisición por el transcurso del tiempo. Estas últimas son las que pueden solucionarse anticipadamente mediante el pacto único de pensiones de jubilación, previo el cumplimiento de los requisitos señalados por el Estatuto Tributario, como son, la celebración del pacto por escrito, la presentación del cálculo actuarial y la aprobación del mismo por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto de Seguros Sociales.
“El pacto así celebrado constituye garantía de seguridad para el trabajador pensionado, especialmente cuando se está frente al cierre, liquidación o notable estado de descapitalización del empleador, que pueden hacer nugatorio el derecho pensional de los trabajadores afectados por tales circunstancias”.
Conforme a los anteriores lineamientos, cambiando lo que haya que cambiar (mutatis mutandis), se insiste que el objeto de la conciliación fue un sistema de pago anticipado de los incrementos pensionales que se causaron entre el 12 de julio del 2006 y 31 de diciembre 2010, por lo que constituyendo una obligación de tracto sucesivo, cuyos momentos de exigibilidad son autónomos e independientes, resulta dable afirmar que el pago anticipado de los reajustes convencionales reconocido en la conciliación, es lícito, pues se insiste, ello no afecta el derecho cierto e indiscutible del demandante de ser pensionada, ni mucho menos de la conservación de reajuste pensional deprecado para los incrementos pensionales que se dieron con posterioridad al periodo objeto de conciliación, mientras persistan las causas que le dieron origen.
Sobre la validez de la conciliación y sus efectos, la Sala en la sentencia CSJ SL4990-2018 en la que se recordó lo dicho en la CSJ SL19457-2017, en la que rememoró la CSJ SL15179-2017, que a su vez reiteró la CSJ-SL15179, del 14 de jun. 2011, rad. 38314, CSJ-SL del 24 de en. 2012, rad. 44039, se dijo:
[…]
2º) Entorno a la validez de la conciliación y el efecto de cosa juzgada Concerniente a la conciliación, como forma anormal de terminación de los procesos o como modo amigable de evitar futuros pleitos, esta sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, del 6 de jul.1992, rad. 4624, de la extinguida Sección Segunda, siguiendo las orientaciones de la Sala Plena de la Corporación, que en ese entonces actuaba como guardiana de la Constitución de 1886, así como la de otros pronunciamientos de las dos secciones de la sala que al efecto citó, y la opinión autorizada de un conocido tratadista nacional que igualmente trascribió, sentó la regla de que el efecto de cosa juzgada que los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo le atribuían a la conciliación producida en juicio o fuera de él, solo era válido «si además de cumplirse a cabalidad con los requisitos externos de validez del acto se configura un real acuerdo conciliatorio que no vulnera para nada la ley». Para esta conclusión, la Sección Segunda acogió la tesis de que la conciliación es un desarrollo de la autonomía de la voluntad, y desechó la otra en boga, según la cual la conciliación es un acto procesal, que como tal impedía su enervación en proceso posterior.
Reiteró la Corte en esa oportunidad, que la conciliación «trata esencialmente de un acuerdo de voluntades sometido a una solemnidad ad substantiam actus; y por ser un acto o declaración de voluntad, queda… sujeta para su validez y eficacia a que se cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 del Código Civil».
Así mismo precisó, respecto de la transacción, y luego de recalcar las diferencias sustanciales y procesales que tenía con la conciliación, «que si bien la transacción al igual que la conciliación producen el efecto de cosa juzgada en última instancia, siempre podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión cuando mediante cualquiera de tales actos o declaraciones de voluntad se transgrede la ley».
Luego, en providencia CSJ SL, del 4 de mar. 1994, rad. 6283 la Corte fue enfática en advertir que «cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que, por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables».
En este orden, fuerza concluir entonces la validez y eficacia de la que goza la conciliación aprobada por el inspector de trabajo, la que tiene los mismos efectos de una sentencia debidamente ejecutoriada.
Acorde con los anteriores argumentos, se itera, la conciliación que suscribió el accionante y recayó sobre los tantas veces referidos incrementos pensionales, no constituyen un derecho cierto e indiscutible, y en tal virtud, era perfectamente válido el acuerdo conciliatorio que se hizo sobre aquellos.
En los anteriores términos, dejo consignada mi aclaración de voto, sobre este puntual aspecto.
Fecha ut supra.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado