RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL2559-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2559-2023

Fecha
23 de agosto de 2023
Magistrado ponente
Omar Angel Mejia Amador

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2559-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de julio de 2021, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARTÍN ALONSO PLAZAS CASTRO Y LUZ MARY LERMA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A. Costas como se indicó en la parte motiva

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2559-2023

Magistrado ponente: Omar Angel Mejia Amador

23 de agosto de 2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SL2559-2023

Radicación n.°95705

Acta 31

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de julio de 2021, en el proceso que instauró MARTÍN ALONSO PLAZAS CASTRO Y LUZ MARY LERMA contra la recurrente

ANTECEDENTES

Martín Alonso Plazas Castro y Luz Mary Lerma llamaron a juicio a la Sociedad Administradora del Fondo de Pensiones Porvenir S.A., con el fin de que fuera condenada al pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de padres supérstites de Eduard Orlando Plazas Lerma, a partir del 17 de septiembre de 2015, con los respectivos reajustes, mesadas adicionales y los intereses moratorios.

Las pretensiones tuvieron fundamento en lo que interesa al recurso extraordinario en que Eduard Orlando Plazas Lerma se encontraba afiliado a Porvenir S.A. y presentó cotizaciones desde el mes de diciembre de 2009 hasta septiembre de 2015; que falleció el 17 de septiembre de 2015, era soltero y convivía con sus padres. Que el 16 de octubre como padres solicitaron el reconocimiento de la pensión. Se informó a la entidad demandada que Eduard Orlando aportaba al hogar la suma de $400.000.

Narraron que al hogar solo ingresa una pensión de vejez (pensionada: Luz Mary Lerma). Y que Porvenir S.A. negó la solicitud de reconocimiento por cuanto la dependencia respecto del demandante no es absoluta.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó la afiliación de Plazas Lerma al fondo que administra, la reclamación pensional efectuada y la manifestación de los ingresos que eran aportados al hogar, así como la negativa del reconocimiento.

En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, inexistencia de la dependencia económica, compensación, incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 28 de julio de 2017 (fls. 139 a 144), declaró no probada las excepciones de fondo propuestas por la demandada. Condenó a la sociedad demandada al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes del 50% para cada uno de los demandantes, más el pago de los intereses moratorios y la indexación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo de 30 de julio de 2021 al decidir el recurso de apelación de la parte demandada decidió confirmar la decisión de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver consistió en determinar si con los testimonios rendidos por Guillermina Castro Ramírez y Roberto Franco junto con los interrogatorios de parte de Martin Alonso Plazas Castro y Luz Mary Lerma, se logró acreditar la dependencia económica de los demandantes (padres), respecto del afiliado fallecido Eduard Orlando Plazas Lerma.

Partió el colegiado de instancia de señalar que la dependencia económica es exigida a los padres o a los hijos, para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, hecho que no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, pues estos pueden contar con recursos propios u otras fuentes de ingresos. Se precisó, además, que debe observarse que los recursos propios no permitan una autosuficiencia por parte de los ascendientes en condiciones de dignidad. Con lo anterior, se entiende que la dependencia no tiene que ser total y absoluta respecto del fallecido. Y se aclaró que ello no significa que esto habilitó que cualquier ayuda por parte del progenitor o del descendiente se convierta en dependencia.

Agregó el Tribunal que no se discute que el señor Eduard Orlando Plazas Lerma falleció́ el 17 de septiembre de 2015 y la norma aplicable es la vigente al momento de su deceso, -artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con la reforma que incluyó el artículo 13 de la Ley 797 del 2003-, la cual dispone quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobreviviente, y contempla que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del afiliado fallecido si dependían económicamente de este.

Reiteró además el ad quem lo señalado por la Corte Constitucional y esta Sala de Casación en cuanto a que la pensión de sobrevivientes implica vivir con dignidad y, en el caso de los ascendientes beneficiarios se debe tener en cuenta las condiciones que le permitan sufragar -en realidad- los gastos propios de la vida, lo que no excluye la posibilidad de los padres de obtener otros recursos distintos de la citada pensión, siempre que los mismos no le otorguen independencia económica. Es decir, se debe tener presente la valoración del mínimo vital cualitativo, a partir del cual se han establecido las siguientes reglas para determinar si una persona es o no dependiente económicamente de otra así:

1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes y,

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.

Adicional a las anteriores consideraciones jurídicas, el Tribunal al examinar los testimonios de Guillermina Castro Ramírez y Roberto Franco y el interrogatorio de parte de los demandantes encontró que:

Guillermina Castro Ramírez: conoció a Eduard Orlando Plazas Lerma y a los demandantes hace más de veinte años, debido a que esta compró un lote en el barrio Alfonso López, donde la pareja vive ahora, manifestó que:

Que Luz Mary vivía en el lote y ella sola fue la que compró el lote, que ella la acompañaba y como consecuencia del acompañamiento conoció al hermano de ella y se fue a vivir con él, que Luz Mary siguió́ viviendo sola hasta que llegó el novio Martín, que la pareja Lerma y Plazas tuvieron dos hijos llamados Edwin Fernando y Eduard Orlando Plazas Lerma, que los descendientes de la pareja en mención Edwin y Eduard estudiaron primaria y bachillerato, que el señor Martín Alonso trabajaba en Santa Elena vendiendo tinto o lo que le salía y la señora Luz Mary también tenía un quiosco en la galería Santa Elena y el señor Martín tuvo un problema de columna y no pudo volver a trabajar quien depende actualmente de la señora Luz Mary.

Que el señor Eduard estuvo trabajando en tres partes, que Edwin dictaba clases en un gimnasio hasta que se fue para Chile solo hace dos o tres años, que se fue antes de que Eduard falleciera, que el señor Eduard falleció el 16 de septiembre del 2015 en un accidente, que cuando Eduard murió́ vivía en la casa con los papás y Martín Alonso para aquel momento ya sufría de la columna, que actualmente la señora Mary recibe su pensión, que cuando Eduard vivía colaboraba mucho con los gastos.

Roberto Franco: manifestó que conoce a Martin Alonso y Luz Mary desde hace más de veinte años, que cuando conoció a la pareja Plazas- Lerma tenían dos hijos uno llamado Eduard y otro llamado Edwin, que este último se encuentra en Chile, que veía que Eduard y al hermano cuando iban a la escuela, pero no saben hasta que año estudiaron, que los hijos -Eduard y Edwin- comenzaron a trabajar esporádicamente a partir de los 25 años, que Eduard era un joven más juicioso apegado a la mamá, que Martin Alonso y Luz Mary siempre vivieron juntos, que la señora Luz Mary trabaja en la plaza de mercado de Alameda, que Martin Alonso nunca tuvo un trabajo fijo sino lo que le resultaba, que el señor Martin no puede estar mucho tiempo de pie.

Afirmó, que una vez le preguntó al joven Eduard que, porque no se compraba una moto, este le respondió́ que le quedaba muy difícil porque le toca dar trescientos mil pesos ($300.000) en la casa para ayudar porque el papá no puede hacer nada y a la mamá algunas veces le iba bien y otras veces le iba mal y por eso no compró moto y se transportaba en bus. Supo además que Eduard trabajaba en una empresa.

Así mismo manifestó que la señora Luz Mary cuando falleció́ su hijo siguió trabajando, pero con dificultades porque ella sufre de una ulcera en una pierna, que a veces queda postrada, y se iba a las 3 o 4 de la mañana hasta la galería. Manifestó además que Eduard llevaba en sus labores dos años o dos años y medio, que tuvo un accidente en la moto de un amigo, que nunca llegó a ver a Eduard molestando con muchachas, que el causante en vida siempre vivió ahí́ con Martin y Luz Mary. Que la señora Luz Mary era quien administraba la plática y cuando Martin trabajaba cargando bultos este también le daba la plática a Mary, que Mary hacia las compras, lo que necesitaba y después cuando falleció́ Eduard, Luz Mary se había acostumbrado a lo que le había dado el causante en vida y era únicamente la señora Luz Mary quien le daba a Martin para que fuera donde el médico y para que pague la cuota moderadora.

Martin Alonso Plazas Castro, en su interrogatorio afirmó que convive con Mary desde hace 39 años, que su nivel de estudios es segundo de primaria, que siempre ha trabajado en la galería de Santa Elena, pero tiene una Hernia discal y desviación en la columna porque el trabajo que hacía allá́ era pesado y le molestaba mucho la columna y no podía trabajar. Que la señora Luz Mary quedó pensionada y con lo que ella devenga se pagan los servicios y lo que se necesita ahí́. Sostuvo que su hijo trabajaba y quincenalmente aportaba doscientos treinta mil pesos quincenalmente o ciento cuarenta mil pesos. Que Eduard compraba elementos de aseo personal y llegaba a casa con estos.

Que su hijo se daba cuenta que no podía laborar debido a su estado de salud.

Frente a la pregunta de ¿Sin el aporte que realizaba Eduard hubieran podido vivir bien? Respondió́ que NO, que el joven Eduard era muy ahorrativo y que en relación con las compras, este buscaba las promociones, que el causante en vida se ponía un sobre sueldo, que los ingresos en la galería son muy bajos, y no pudo volver a laborar por el problema que tiene en la columna, que es beneficiario en salud de su señora desde hace más de quince o dieciséis años.

Luz Mary Lerma, en su interrogatorio de parte manifestó que, tiene 65 años, su estado civil es unión libre, que estudió hasta primero de bachillerato, que actualmente se dedica a ser ama de casa, que es pareja de Martin Alonso Plazas y madre del fallecido Eduard Orlando Plazas, que se encuentra pensionada desde hace más de 7 años, que su hijo aportaba en una quincena doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) en otra quincena le daba doscientos treinta mil pesos ($230.000) dependiendo de lo que recibiera, fuera de eso colaboraba con implementos de aseo. Que el salario que percibía su hijo Eduard era del mínimo y cuando trabajaba extras le aumentaba la cuota; que a su hijo no le quedaba mayor cosa, que le prestaba diez mil pesos$10.000 o veinte mil pesos $20.000 cuando necesitaba, que Martin desde que se enfermó́ se fue para la casa meses antes de fallecer su hijo Eduard.

Que ella sola de lo que trabajaba pagaba su seguridad social y se pensionó con el S.M.L.V., después es cuando dejó de trabajar y empezó́ a hacer el oficio de la casa y de vez en cuando iba al puesto en la galería para no dejarlo tirado y cuando no va el puesto se quedaba cerrado, que el puesto lo mandó a hacer el papá pero el terreno es de la empresa, que si no se cumple con los estatutos de la empresa esta se queda con el puesto y tiene que pagar un alquiler de trescientos mil pesos ($300.000) o trescientos veinte mil pesos ($320.000) mensuales porque va incluida la energía y así́ no trabaje tiene que entregar para el puesto.

Con las anteriores pruebas concluyó el ad quem que se encontró acreditada la dependencia económica por parte de los ascendientes y que los gastos que aportaba el afiliado eran de cuatrocientos mil pesos ($400.000), pues en vida aportaba entre doscientos treinta mil pesos ($230.000) y doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) quincenales, dependiendo de las horas extras que realizaba durante el ejercicio de su labor, aporte económico que resultaba indispensable en el hogar, debido a las circunstancias particulares de vida de la familia Plazas.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se le absuelva de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual no fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusa el fallo por la vía indirecta, por la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 221 numeral 3° del Código General del Proceso, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Adujo como error de hecho el siguiente:

Dar por demostrado, sin estarlo, que los señores Martín Alonso Plazas Castro y Luz Mary Lerma dependían en términos económicos del causante, cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, concomitante con la fecha del deceso, con una cuantía significativa y suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de los papás.

Señaló la recurrente que en estos eventos no es la simple ayuda brindada por un buen hijo, sino que debe demostrarse que se trata de una ayuda constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él y más cuando se dejó́ demostrado que ellos disponían de ingresos propios para atender su subsistencia, sin que exista comprobación que refrende que tales recursos no bastaban para costear su manutención, aun sin contar con la ayuda del fallecido.

Alegó como pruebas mal apreciadas:

a) Confesiones contenidas en los interrogatorios de parte rendidos por los señores Martín Alonso Plazas Castro y Luz Mary Lerma (grabación de la audiencia pertinente de primer grado).

b) Testimonios de Guillermina Castro Ramírez y Roberto Franco (grabación de la audiencia pertinente de primer grado).

Y como pruebas dejadas de apreciar:

a) Formato de solicitud por sobrevivencia para padres (fs.31 y 32) y,

b) Documento expedido por Colpensiones (f.43, c.1).

La recurrente alegó que es un principio de lógica elemental que quien quiera beneficiarse con un derecho debe comprobar su calidad de acreedor legítimo de él y el juez debe soportar en su providencia en lo que en verdad se haya acreditado en el juicio y no en meras suposiciones. En el caso concreto considera que no hay una sola prueba que permita verificar la necesidad de socorro de los padres.

Advirtió además la censura que el ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, y desconoció a cuanto ascendían los gastos de aquellos, o el valor de la contribución del finado o lo significativo de esa ayuda. Se apoyó en la sentencia CSJ SL4103-2016.

Consideró que de conformidad con lo consignado en el documento formato de solicitud por sobrevivencia para padres (fs.31 y 32, c.1), los demandantes eran dueños de la casa donde vivían, a lo que hay que añadir que la señora Lerma, dentro del interrogatorio de parte que absolvió́, confesó que aun en vida de su hijo con la pensión que percibía y con los ingresos obtenidos del negocio que administraba le bastaban para atender todos sus gastos (momento - 52:42 y s.s.), y más cuando su compañero también laboraba (o sea, antes de enfermarse), respuesta contundente y de la que obviamente se colige que el hipotético auxilio que pudo proveerles el fallecido de ninguna manera era esencial para costear su manutención y bien por el contrario, y de existir, es evidente que tenía un carácter suntuario, que sin duda podía hacerles la vida más cómoda pero que no era indispensable para garantizarle el mínimo vital que, se reitera, lo tenían los demandantes producto de su trabajo y con la mesada pensional que ingresaba al hogar. Advierte además que la mesada contaba con el incremento del 14% por cónyuge (y así́ se constata con el documento a f.43, c.1).

Insistió en que al proceso no se allegó comprobación alguna relacionada con el monto aproximado de los gastos de los padres ni con el valor aproximado de la contribución del difunto, por un lado, le resultaba al Tribunal imposible evaluar la significancia de esa aportación y, por otro lado, en todo caso era incontrovertible la independencia económica de los progenitores, como ellos mismos lo confesaron expresamente.

Adicional a los anteriores razonamientos, manifestó la censura que es necesario destacar que no es prueba de la sujeción económica que un hijo asuma parte de los gastos de su hogar para darle una vida más confortable a sus padres, o para expresarles su gratitud, o por simple afecto, o por un pacto con ellos, o por mil razones más, pues eso no configura inexorablemente el factor distintivo de toda subordinación, cual es que los beneficiados requieran de esa ayuda y que el favorecedor la suministre en forma permanente y suficiente para asegurar el mínimo vital de sus papás, cosa que no ocurre en este juicio en el que se acreditó, mediante confesión, que los padres eran autosuficientes en materia monetaria.

En resumen, como no hay una sola prueba que demuestre que ciertamente existía un auxilio significativo, imprescindible para que los papás pudiesen sobrellevar una vida congrua y que fuera coetáneo con la muerte del afiliado, no había lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Con tal argumentación consideró que se habilita el estudio de las pruebas que no son hábiles en casación, luego en relación con las declaraciones, estimó que las versiones testimoniales son de oídas.

CONSIDERACIONES

El Tribunal fundamentó su decisión en que con las declaraciones e interrogatorio de parte de los demandantes se acreditó la dependencia económica de los padres respecto de su hijo Eduard Orlando Plazas.

Lo anterior, por cuanto se probó una ayuda equivalente a cuatrocientos mil pesos ($400.000) mensuales, aporte económico que resultaba indispensable en el hogar, debido a las circunstancias particulares de vida de la familia Plazas.

La censura radica su inconformidad en que, de las pruebas denunciadas en el recurso, específicamente, de los interrogatorios de parte y del formato de solicitud de reconocimiento de pensión se desprende que los demandantes eran propietarios de la casa familiar y al hogar ingresaba una pensión, además de los ingresos de un negocio comercial que se administraba, lo cual bastaba para atender los gastos.

A juicio de la recurrente el auxilio ofrecido por el hijo fallecido tenía un carácter suntuario y les hacía la vida más cómoda a los demandantes (padres), sobre todo teniendo en cuenta la mesada pensional de la madre, quien contaba con un incremento del 14% mensual, pues así se aprecia del documento que obra a folio 43 del expediente.

Alega que debió existir una comprobación estimada de gastos e ingresos para determinar lo significante del aporte del afiliado fallecido a la economía del hogar. Es así como no existe prueba del auxilio significativo e imprescindible.

Pues bien, parte la Sala de excluir del debate probatorio la fecha de la muerte del afiliado, 17 de septiembre de 2015, la norma aplicable y el cumplimiento de las semanas cotizadas para reconocer el derecho de pensión de sobrevivientes. Luego el problema a resolver es si los padres del señor Eduard Orlando Plazas, dependían económicamente de éste a efectos de ser beneficiarios de dicha prestación económica.

Conviene recordar antes de proceder al examen de las pruebas denunciadas, el hecho de que el Tribunal le otorgue mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, no deviene en un desacierto evidente de hecho, toda vez que los jueces de instancia gozan de la facultad legal de estimar libremente la prueba, para formar su propio convencimiento con base en el principio de la libre formación del convencimiento en virtud del art. 61 del CPT y SS, siempre que las deducciones del juzgador sean razonadas y admisibles, las cuales quedan cobijadas por la presunción de legalidad (SL 5039-2022).

Debe señalarse que el ejercicio probatorio de los jueces laborales no puede ser cuestionado a partir del punto de vista de la cantidad o suficiencia de las pruebas, ni exigirse que lleguen a una conclusión determinada a partir de un medio de convicción concreto, dado que ello sería tanto como propender por una tarifa legal de prueba que, conforme lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no aplica en el proceso laboral, que al contrario defiende la apreciación libre de los elementos de juicio y la edificación autónoma del convencimiento de los hechos del proceso (CSJ SL1169-2019, reiterada SL 5039-2022).

Así las cosas, con el fin de dilucidar el problema planteado, se analizarán las pruebas denunciadas en el recurso así:

Documentales

Formato de solicitud por sobrevivencia para padres (fs.31 y 32).

En dicho formato consta que la señora Luz Mary es pensionada y que al hogar ingresaba la suma de $644.350 y $400.000 esta última suma aportada por Eduard (afiliado fallecido). Se discriminó además que el ingreso de Luz Mary tenía fuente en su pensión de vejez.

Documento expedido por Colpensiones (f.43, c.1).

Dicho documento es una certificación en la cual consta que Luz Mary devenga la suma de $840.997 y recibe un neto de $752.397 por concepto de pensión de vejez y es beneficiaria de un incremento adicional.

De lo expuesto se colige que con los anteriores documentales se corroboran los ingresos del hogar, no obstante lo anterior, con dichas pruebas no se desvirtúa la conclusión a la que llegó la segunda instancia en cuanto a que el aporte del afiliado fallecido resultaba significativo.

Interrogatorio de parte

Advierte la Sala que el interrogatorio de parte, no es un medio de convicción calificado en casación, salvo que entrañe confesión de algún de hecho en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso. (CSJ SL 386-2023).

Acorde con lo expresado por los demandantes al absolver el interrogatorio de parte, se observa que no constituyen confesión, pues, sus respuestas no desvirtúan la dependencia económica que el juzgador de la alzada halló probada en el expediente.

Y es que se aprecia del interrogatorio de Martín Alonso Plazas Castro (padre), que se trata de una persona afectada en su salud, que pocas veces podía aportar al hogar y que corrobora que Luz Mary y su hijo fallecido era quienes mantenían el hogar, que inclusive, él es beneficiario de su esposa y los ingresos de Luz Mary eran muy bajos. Manifestó además que hace seis años que no trabajaba.

Luz Mary Lerma, por su parte, es consistente en confirmar el aporte de su hijo de manera mensual y que si bien es pensionada, lo cual nunca ha desconocido, como tampoco su actividad comercial lo que le implica el pago de un alquiler, ambos son ingresos que están presentes en la economía familiar, sin embargo, dejó claro que el ingreso de Eduard era definitivo y significativo en el hogar.

Aclara además la Sala que, si bien la demandante Luz Mary señaló que con los ingresos del hogar se hubieran podido mantener, lo cierto es que dicha respuesta fue complementada y aclarada no solo en el mismo interrogatorio, sino con la manifestación que hiciera Martín (padre del causante), quien advirtió que desde hacía seis años no trabajaba y lo que ganaba era muy poco, además de mencionar que lo recibido por las ventas era esporádico.

Y, es que el hecho de manifestar Luz Mary que sus ingresos bastaban, lo anterior no constituye confesión en la medida en que sus respuestas siempre confirmaron no solo el aporte económico de Eduard, sino el carácter de significativo e indispensable en la manutención del hogar familiar, contando con la presencia de un padre enfermo, y un ingreso comercial precario.

Ahora bien, al preguntársele al señor Martín si su hijo no hubiera estado trabajando y ayudándole, hubiera podido vivir, manifestó que NO.

En este punto es del caso recordar que la Sala ha tenido una posición uniforme y pacífica en cuanto reiterar que:

La dependencia económica de los padres no es total ni absoluta. (SL5173-2021, SL 2851-2022) Y,

La dependencia económica debe ser cierta no presunta, regular y periódica y significativa respecto del total de ingresos del beneficiario (CSJ SL 2117-2022).

Así también ha dicho la Sala en sentencia CSJ SL14923-2014, que la dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y, en decisión CSJ SL18980-2017, reiterada en SL 2117-2022 dijo la Corte que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del afiliado fallecido, no es dable hablar de dependencia. En similar sentido pueden consultarse las sentencias CSJ SL529-2020 y SL704-2021.

Ahora bien, en el contexto que antecede se da respuesta a los argumentos expuestos por la recurrente y se concluye que de las pruebas denunciadas lo que se evidencia es que el ingreso del causante al hogar fue cierto, regular, periódico y significativo. En este último punto, vale la pena hacer claridad en que los ingresos del hogar eran significativos a pesar del carácter de pensionada de la demandante. La suma por concepto de pensión y los aportes derivados del negocio no prueban la autosuficiencia de los demandantes. Conviene tener en cuenta que, si bien Luz Mary era pensionada, con dichos ingresos se mantenían ella y Martín, quienes son personas de la tercera edad, y además pagaban el arriendo del puesto comercial en el que algunas veces Luz Mary laboraba, ello aunado a que Martín el padre de Eduard, no podía trabajar. Así las cosas, a juicio de la Sala sí se demuestra la sujeción material del aporte del hijo a la economía y gastos de la casa familiar.

Además, se advierte que no se requiere en estos casos un estricto cálculo matemático que permita vislumbrar un aporte superior o mayor al ingreso del hogar, basta con desvirtuar la autosuficiencia de los ingresos propios de quienes pretenden ser beneficiarios y la sujeción material del aporte de quien causa la pensión.

De otra parte, tampoco es de recibo la aseveración de que los demandantes cuentan con los medios económicos suficientes para proveerse su propia subsistencia, dada la condición de pensionada de uno de ellos, y porque residía en un inmueble propio, pues de vieja data esta Corporación ha adoctrinado, que recibir una renta, ser pensionado o propietario de un inmueble, no convierte per se al posible beneficiario en financieramente autosuficiente (CSJ SL14923-2014, SL2800-2014 y 3137, SL-2021 y SL 964-2023 entre muchas otras).

Finalmente, no se abre paso al análisis de los testimonios puesto que estos solo pueden ser examinados si previamente se acreditara el desatino denunciado en los medios de convicción aptos para estructurarlo, lo que en este caso no ocurrió. Así lo ha sostenido en múltiples ocasiones la Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL18110-2017, en la que se dijo:

[…] los testimonios, que como se sabe no son medio apto en casación del trabajo y de la seguridad social en los términos del artículo 7° de la Ley 16 de 1969, que asigna tal carácter al documento auténtico, la confesión e inspección judiciales. En otras palabras, la Corte en casación sólo podría valorar la prueba no Radicación n.° 75116 SCLAJPT-10 V.00 19 calificada cuando previamente hallare error manifiesto en medio apto […].

En conclusión, el Tribunal no incurrió en el yerro fáctico que la censura le endilga y, por tanto, el cargo no prospera.

Sin costas como quiera que el cargo no fue replicado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de julio de 2021, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARTÍN ALONSO PLAZAS CASTRO Y LUZ MARY LERMA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Salvo voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado Ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n°95705

REFERENCIA: MARTÍN ALONSO PLAZAS CASTRO Y LUZ MARY LERMA vs. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:

Objeto y cobertura de la seguridad social integral.

En la Sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de,

[…] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

De allí, que su diseño se integra por los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, hoy laborales, y los denominados servicios sociales complementarios, a través de los cuales se llega a la población de escasos recursos. Al respecto la sentencia referida señaló:

El sistema integral incluyó dentro del ámbito de aplicación a aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, así en el subsistema de salud que, como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población a través de planes para el efecto instituidos, en dos regímenes: el contributivo dirigido a aquellas personas con ingresos, esto es, los trabajadores y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos.

En lo tocante a los subsistemas de Riesgos Laborales y de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores, de un lado ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, y que en la actualidad incluye tanto a dependientes como a independientes.

Dado que estos subsistemas son netamente contributivos y se dirigen a la protección del trabajador, esto es, de aquel que tiene capacidad de pago atado a la fuerza laboral, se estableció como componente de la Seguridad Social Integral, los servicios sociales complementarios, focalizados a las personas de escasos recursos y que por la relevancia de los sujetos de protección en el Acto Legislativo 01 de 2005, se delegó en el legislador la posibilidad de crear beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo para la protección a ese grupo poblacional, que precisamente por presentar bajos ingresos, no lograran los requerimientos de acceso a una pensión.

La Ley 1328 de 2009, desarrolló el mandato constitucional y creó el vehículo de ahorro para la obtención de BEPS, de aquellos que, por sus condiciones de ingresos, no podían afiliarse o permanecer en el Sistema General de Pensiones, y como incentivo a dicho ahorro serían beneficiarios de un subsidio estatal, con los que, sumados, se busca primordialmente la obtención de una renta con carácter vitalicia que permita un ingreso en la vejez.

Con ello encontramos que dentro del sistema de seguridad social integral la protección a la vejez se materializa bajo diferentes pilares de acuerdo con la capacidad de ingresos de la persona; así el sistema pensional, dentro de su ámbito de aplicación personal tendrá al trabajador con capacidad de pago que le permite con su aporte contribuir a la financiación de la prestación que del mismo logre; de otro lado, a través de los denominados BEPS dirigidos a personas de escasos recursos, encuentran la manera de lograr algún ahorro, que sumado al subsidio estatal les permita principalmente algún ingreso para la vejez.

Ahora, la seguridad social no dejó de lado a las personas sin ingresos, de tal manera que, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, creó el auxilio monetario para el adulto mayor que no cuente con recursos para su ancianidad, programa que busca la ampliación del número de personas que sean beneficiarias del mismo.

Lo descrito nos permite inferir que el sistema de seguridad social integral busca la cobertura de los servicios y prestaciones que de acuerdo con la ley ofrece cada uno de los subsistemas, a los sujetos objeto de protección de manera que son complementarios para lograr la protección integral.

Pues bien, para efectos de definir qué cubre la seguridad social, es importante reconocer que su objeto se encamina a la calidad de vida a través de la cobertura integral de los riesgos citados, apuntando al bienestar individual y a la integración de la comunidad; de allí que comporta un doble contenido, social e individual. Esto nos lleva a un segundo aspecto para tener en cuenta, que es el imperativo de analizar no solo el contenido individual sino su efecto frente a lo social que comporta.

La filigrana de la seguridad social implica la integración de sus componentes y determinar el alcance de la protección según el grupo poblacional y la norma que lo cobija. De allí surge que conceptos como el mínimo vital, el umbral de pobreza - línea de pobreza y pobreza extrema- cobren un significado relevante en la definición del contenido mínimo a proteger, de manera progresiva, que permita aumentar la calidad de vida de toda la población como política de estado.

No se puede dejar de lado que, ante la existencia de escasos recursos para atender todas las necesidades de los habitantes del territorio, se deben distribuir de la manera más eficiente, para lograr en toda la población un nivel de vida adecuado. Dado que existen diferentes grupos poblacionales con distintas necesidades la seguridad social busca la superación del umbral de pobreza y frente aquellos con capacidad económica que tengan cubierta la congrua subsistencia.

Esta última comprendida en el concepto de nivel de vida adecuado se refiere a un mínimo de ingresos y condiciones del sustento básico de una persona y su familia, lo cual, si bien comporta un aspecto jurídico, posee un carácter económico, basado en la evaluación de los costos y, se insiste, las necesidades básicas de los sujetos en su ámbito de protección.

La seguridad social busca contrarrestar las consecuencias que genera la materialización de los riesgos que menoscaban la salud y la capacidad económica, mas no suplir las condiciones socioeconómicas preexistentes. Esto es, tiene un alcance resarcitorio o de superación de umbrales de pobreza más no remuneratorio y en el pilar contributivo encuentra piso de cobertura en ese mínimo vital.

Así, uno de los componentes que conforman a la protección social integral es el subsistema de pensiones, cuyo ámbito cobija a aquellas personas con trabajo dependiente o, independiente que se encuentran obligados a vincularse y aportar al mismo.

El Sistema General de Pensiones y su piso mínimo de protección.

El sistema general de pensiones, como uno de los componentes de la seguridad social integral, busca proteger a los trabajadores de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de prestaciones económicas, previó el cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para ello.

Debe resaltarse y, para continuar en la línea que se viene discurriendo que, tratándose del reconocimiento de pensiones, la Constitución de 1991 establece el piso mínimo monetario de protección al introducir que ninguna mesada pensional podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente y, por esta máxima, en el diseño del sistema, desde la obligatoriedad de afiliación y aportes se circunscribe al mismo. Por manera que, este es el referente del piso de protección en materia pensional, lo que nos lleva a validar qué cubre.

Mínimo vital y móvil - Salario Mínimo

La protección al mínimo vital como derecho fundamental de un trabajador (Art 53 C.P.) está en la definición y en el diseño del salario mínimo mensual, cuya confección se basa en reconocer que los trabajadores, además de las propias responsabilidades y necesidades individuales, deben atender las de su núcleo familiar (artículo 145 C.S.T.), Es por ello que la cobertura de este propende por garantizar un nivel mínimo de bienestar, enfocado en superar la pobreza.

Esta finalidad, contemplada en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, reafirma que la remuneración por la prestación del servicio es para cubrir las necesidades mínimas del colaborador, con especial énfasis en incluir las de su familia y, la importancia de tener en cuenta factores económicos para la fijación del salario, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada país.

Pues bien, en nuestro caso la determinación del salario mínimo general (rural y urbano) debe ser concertada, y tiene en cuenta «que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia» y para cuantificarlo deben incluirse factores como la inflación, el costo de vida, el crecimiento económico, la productividad, el nivel de empleo y las necesidades básicas para la garantía de subsistencia. Resulta indispensable buscar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad económica.

En el evento de no lograr dicha concertación, y de manera subsidiaria, la competencia de establecerlo queda en el ejecutivo que deberá obligatoriamente consultar,

[C]omo parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)».

Este artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y, la facultad subsidiaria, junto con los parámetros a consultar por el ejecutivo, fue declarado exequible en la sentencia CC C-815-1999 bajo el entendimiento que,

[E]l Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos

De lo asentado se puede extraer que las variables que se aplican para la definición del SMLMV están concebidas de tal manera que cubra las necesidades básicas del trabajador extendidas a su entorno familiar, para con ello, cumplir los cometidos estatales contenidos en la constitución.

Con esta premisa en mente, debe ser analizado el alcance de la pensión de sobrevivientes objeto de análisis.

Pensión de sobrevivientes y su finalidad

La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial a su sostenimiento; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social

Ello es así que, el estatuto pensional determina cuáles personas del núcleo familiar del afiliado o pensionado tienen la vocación de ser beneficiarios, es decir, no cualquiera de ellos tiene tal connotación. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 47 y 74, contemplan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y/o compañero (a) permanente, a los hijos menores del causante y los mayores de edad hasta los 25 años, que dependían de aquel por razón de estudios. A falta de éstos la ley habilita que los padres supeditados económicamente puedan ser beneficiarios de la pensión y, en un siguiente orden, se establece a los hermanos inválidos con la misma relación de dependencia, mientras permanezcan las circunstancias de la invalidez.

3.1. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes

En cuanto a la protección de los padres a la luz de la Ley 100 de 1993, ha de señalarse que ha existido una evolución.

Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los progenitores eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado, por exceder la potestad reglamentaria ya que:

El art. 47 de la Ley 100 de 1993 [...] no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción[sic] con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original). CE SC, 11 abr. 2002, rad. 2361-98.

Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, condicionamiento que también fue expulsado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-111-2006, toda vez que tal exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana. En esa oportunidad explicó el Tribunal constitucional que:

[…] si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.

De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640-2014, CSJ SL9640-2014, SL8928-2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007 y CSJ SL31205-2007).

Así, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; no obstante, no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL 14539-2016, CSJ SL 4103-2016 y CSJ SL 16184 -2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia. Así fue reconocido de antaño por esta corporación cuando al referirse a la norma que regula los beneficiarios de pensión del estatuto de seguridad social dijo en la Sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991. que «simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar». Negrilla fuera de texto.

Valga rememorar que en el mismo precedente (CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991) esta Corporación determinó:

Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legislador a través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley.

Tal como había asentado este precedente, de un lado la dependencia económica conlleva el concepto de necesidad de esos padres que, al no contar con la manutención por parte del hijo ven afectada su subsistencia, bajo la garantía de nivel de vida adecuado y, de otro para determinar la supeditación, no pueden incluirse familiares que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio

3.2 Ingresos propios y Salario Mínimo

El nivel de ingresos que percibe el padre o la madre se torna relevante para establecer si es o no dependiente en el sistema pensional.

Con sustento en las líneas antecedentes y con el convencimiento de que los recursos propios del padre o madre no descartan la supeditación a lo que proporcionaba el hijo fallecido, el suscrito, en consonancia con el contenido mínimo de protección en la pensión de sobrevivientes, en el marco de aquel que ve en riesgo su mínimo vital es el sujeto de protección, se encuentra que si las fuentes de ingresos al momento del deceso equivalen a un salario mínimo, no se está en condiciones de ser considerado beneficiario.

Ello es así, por cuanto el ascendiente que cuenta con un ingreso de salario mínimo, conforme a la manera en que este es definido, encuentra recursos que le permiten su subsistencia, que es cubrir sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que promuevan un nivel de vida adecuado.

Se reitera que esta subsistencia económica, con protección constitucional y desarrollo legal, parten del derecho del trabajador a recibir una remuneración justa y equitativa que garantice las necesidades no solo de la persona que recibe el salario o ingreso, sea este dependiente o independiente, sino el de su familia. Por ende, si ya se cuenta con un piso mínimo de cobertura para tener unas condiciones de vida adecuadas, no es beneficiario, puesto que, a riesgo de fatigar, la finalidad de la prestación es hacer menos gravosa la carga económica que sus dependientes tendrían que soportar dada la supeditación al ingreso del hijo.

Aquí y ahora, surge pertinente diferenciar el nivel de vida de una persona y su familia, del concepto de dependencia mínima de subsistencia legal constitucionalmente hoy definida. Esto por cuanto el sistema pensional no entra a cubrir el estándar particular de vida que los padres del causante pudieran estar disfrutando al momento de su muerte, sino evitar que aquel que no cuenta con la cobertura de su subsistencia, se vea afectado en el núcleo duro de protección -mínimo vital y móvil- que debe ser garantizado. Es decir, la mirada de la protección es independiente de la posición o rol social es, en clave de derecho, proteger el contenido mínimo precisamente del derecho del ser humano y su dignidad. Expresado en los términos de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991:

En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento. Y como en este caso no hay discusión en que la recurrente es empleada judicial, afiliada a la seguridad social, con las prerrogativas que tal situación laboral apareja, no erró el Tribunal al considerar que su alegación de ser madre o mujer cabeza de familia no era suficiente para obtener la prestación reclamada.

3.3 Calificación de la dependencia

El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su filial, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.

La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.

Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse los medios para su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su sostenimiento económico.

Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, la Corte ya ha indicado los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia (CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019). Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.

Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676 y, que se recuerdan:

La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente (CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021), de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante o equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, no es dable hablar de dependencia.

En consecuencia, para el suscrito, para acceder a la protección del sistema de seguridad social en pensiones, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo, parámetros bajo los cuales se determina o no la existencia de la dependencia.

En este punto es importante nuevamente parar mientes en el concepto del deber de alimentos y su procedencia conforme a la ley civil que en su artículo 411 define frente a que personas y quiénes son sus deudores, pues no puede llegarse al punto de hacer nugatoria esta regulación y trasladar tal obligación a un afiliado o pensionado que fallece sin, como paso indispensable, buscar la verdad real frente a quien se es dependiente para el sistema general de pensiones.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, si bien el causante podría haber dado recursos que permitían cubrir determinados gastos, este solo dicho no desvirtuaba la no supeditación de los progenitores. En el presente asunto, no fue objeto de discusión que la madre demandante devengaba ingresos equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente y que destinaba para los gastos del hogar que compartía con el afiliado fallecido y su compañero permanente y padre del causante. En ese orden, la subsistencia de los padres estaba garantizada por los ingresos familiares de la madre y, aun cuando el de cujus también aportaba al hogar, la mencionada ya contaba con un piso de protección mínimo que excluye la cobertura del sistema de seguridad social en pensiones, por lo que la decisión del tribunal debió ser casada y, como consecuencia, revocar la decisión de primera instancia y absolver a la demandada de todas las pretensiones.

Finalmente, no sobre insistir en que la protección de la seguridad social no está estructurada para cubrir cuando se «ha desmejorado la calidad de vida de ella», ya que su objetivo es menguar las consecuencias económicas del que es dependiente, que ve en riesgo su mínimo vital.

La sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991, así lo reconoció cuando explicó que:

Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por el artículo 47”.

Las razones anotadas conducen a apartarme de la decisión mayoritaria.

Fecha ut supra.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL2559-2023 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.