FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2571-2021
Radicación n.° 87918
Acta 19
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por JOSÉ DE JESÚS ATEHORTÚA AGUDELO contra la sentencia proferida por la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 27 de noviembre de 2019, dentro del proceso ordinario laboral que instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -.
AUTO
Téngase a la doctora Laura Alexandra Ballestas Gómez, identificada con T.P. 212692 C.S.J., como apoderada de la parte Opositora, en los términos y para los efectos del memorial visible en folios 27 a 30.
I. ANTECEDENTES
José de Jesús Atehortúa Agudelo demandó a Colpensiones con el propósito que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de transición, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 y, como consecuencia de ello, se condene a la administradora de pensiones a pagarle dicha prestación con el retroactivo generado desde el cumplimiento de los requisitos, la mesada adicional de diciembre de cada anualidad, los intereses moratorios e indexación, y se le impongan las costas del proceso.
Como fundamento de sus pedimentos sostuvo que: se afilió a Colpensiones a donde cotizó para los riesgos vejez, invalidez y muerte, desde marzo de 1975; nació el 28 de noviembre de 1955, por lo que cumplió 60 años en el mismo mes y día del año 2015; al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditó 15 años de servicio, por cuanto cotizó entre el 1 de julio de 1971 (sic) y el 1 de abril de 1994 un total de 992 semanas, por ende, es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
Añadió que de la historia laboral de Colpensiones se desprendía que cumplió con más de 500 semanas en los 20 años anteriores a la edad mínima exigida y más de 1.000 en toda su vida laboral; solicitó a la entidad de seguridad social la pensión de vejez, que fue negada mediante Resolución GNR 22837 del 22 de enero de 2016, por no reunir los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003 y que, si bien cumplió el requisito de edad en el año 2015, por lo que, en principio, no sería beneficiario del régimen de transición, lo cierto es que este es un derecho adquirido, conforme a innumerables tratados internacionales ratificados por Colombia de aplicación inmediata en la legislación interna.
Colpensiones, al contestar el escrito generatriz de la contienda, se opuso a la viabilidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la afiliación a la entidad, la edad del accionante, así como la reclamación y negativa pensional; de los demás señaló que no le costaban o corresponden a apreciaciones de la actora.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez; petición de lo no debido; petición antes de tiempo; inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora; prescripción; compensación indexada y la que denominó innominada.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, con sentencia de 3 de mayo de 2018, absolvió a la demandada de todas las pretensiones, e impuso costas a la accionante.
III. SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO
Al resolver la apelación interpuesta por la parte actora, la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia de 27 de noviembre de 2019, confirmó la de primer grado y condenó en costas a la parte vencida.
Determinó como problema jurídico resolver si al promotor del proceso le asistía o no el derecho a que le fuera reconocida la pensión de vejez según lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en aplicación del régimen de transición, más allá del 31 de diciembre de 2014, examinando si el mismo era una mera expectativa, un derecho adquirido o si era dable inaplicar el Acto Legislativo 01 de 2005 por contravenir los tratados internacionales que integraban el bloque de constitucionalidad.
El colegiado encontró probado que el demandante al 1.° de abril de 1994 tenía cotizadas 996 semanas, por lo que, en principio era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo el que cual le era aplicable el Decreto 758 de 1990. Sin embargo, puso de presente que con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 se delimitó su aplicación hasta el 31 de julio de 2010, excepto para aquellas personas que tuvieran más de 750 semanas a la entrada en vigencia de la adenda constitucional, pues lo mantendrían hasta el 31 de diciembre de 2014. Bajo esta premisa indicó que de los soportes probatorios se desprendió que el accionante cumplió la edad exigida para el acceso a la prestación el 28 de noviembre de 2015, momento para el cual había expirado el lapso de extensión.
Consideró que contrario a lo afirmado por el recurrente, el régimen de transición no se había equiparado a un derecho adquirido y que inclusive, la sentencia CC SU130-2013 de la Corte Constitucional, reiteró que se requería el cumplimiento de las condiciones necesarias para su existencia antes del tránsito normativo, momento para el cual operaba la garantía de inmutabilidad – irretroactividad de la Ley - dado que la nueva norma no podía afectar situaciones consolidadas para mantener la seguridad jurídica; por el contrario, la mera expectativa era una simple probabilidad de adquirir un derecho que podía ser reformado por el legislador, claro está, bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y confianza legítima.
Identificó que existe otra categoría intermedia que corresponde a las expectativas legitimas, frente a la cual se aplicaba el principio de no regresividad, en especial frente a cambios legislativos intempestivos y arbitrarios, aspecto reconocido por la Corte Constitucional. Sustentó su argumento en la Sentencia CC C-663 2007 de la Corte Constitucional, bajo la cual para el régimen de transición se requería: i) recae sobre expectativas legitimas y no derechos adquiridos; ii) su fundamento era salvaguardar a las personas que estaban cercadas a un derecho especifico conforme al régimen anterior, y iii) su propósito era evitar que el cambio impactara en exceso las aspiraciones válidas de esos ciudadanos.
La magistratura dejó por sentado que de manera implícita se estaba solicitando la pensión inaplicar el Acto Legislativo 01 de 2005, lo cual no era posible pues ello era procedente frente a normas de inferior jerarquía, no con normas constitucionales, que, por demás, la adenda había sido puesta bajo la revisión de la Corte Constitucional, que en su mayoría se declaró inhibida para conocer al contenido material del acto y ha encontrado que el procedimiento para establecer esa reforma pensional estuvo acorde con el ordenamiento.
Recordó que la finalidad del régimen de transición era servir como mecanismo de protección para evitar arbitrariedades por el legislativo; por lo que, si bien en momento ex post podía ser modificado el régimen legal para adquirir la pensión e inclusive el régimen de transición, no se podían establecer cambios abruptamente, sin consideración de aquellos afiliados que estuvieran cerca de consolidar su derecho.
En el caso en concreto puso de presente que el actor llegó a 1994 con 996 semanas en tan solo 21 años, esto es, lejos de su derecho pensional, por lo que no se podía pensar que tuviera un derecho consolidado. Sustentó su argumento en providencias de esta Sala.
Concluyó que no podía ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino directamente de su artículo 33, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; lo que efectivamente sucedió cuando la entidad decidió sobre su derecho pensional en la Resolución n. 244056 de 2017.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que pasa a resolverlo.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pide que la Corte case la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado, acceda a la demanda inaugural.
Con fundamento en la causal primera, formula dos cargos que merecieron réplica y que se procede a resolverlos de manera conjunta por cuanto acusan similar elenco normativo y se encaminan al mismo fin.
VI. CARGO PRIMERO
La censura acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa en la modalidad de «interpretación errónea del inciso 2° del artículo 36 de la ley [sic] 100 de 1993 y los artículos 12 y 20 del decreto [sic] 758 de 1990, en relación con el artículo 48, 53 y 58 de la Constitución Política De [sic] Colombia».
Indica que dada la vía del ataque no son objeto de discusión los supuestos fácticos ni probatorios que tuvo por acreditado el Tribunal, puntualmente que: nació el 28 de noviembre de 1955, por lo que para la entrada en vigencia del estatuto pensional contaba con 34 años, su historia laboral da cuenta de 2.140 semanas cotizadas al régimen de prima media, de las que 992 lo fueron antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 y, que a la edad exigida en el ISS, bajo la norma de transición 60 años, llegó fuera del límite impuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es el 28 de noviembre de «2005 [sic]»
Para dar desarrollo al cargo, luego de transcribir el fallo acusado, concreta que el error del colegiado está en considerar que el régimen de transición no es un derecho adquirido sino una expectativa legítima, ya que el artículo 58 de la Constitución Política contempla la protección a la propiedad privada y los derechos adquiridos.
Soportado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, afirma que la misma contempla de manera exclusiva dos requisitos para ser beneficiario del régimen de transición y una vez cumplidos, entra en su patrimonio.
En cuanto a la expectativa legítima pone de presente que la discusión no ha sido pacífica, ni la postura jurisprudencial uniforme; explica que inicialmente la Corte Constitucional lo consideraba como una mera expectativa, no obstante, con la sentencia CC C-754-2004 determinó que era un derecho adquirido, lo cual reitera en las sentencias CC CT-180-2008, CC CT-398-2009 y CC C-538-2010. En consecuencia, al existir dos posturas, debe acudirse al mandato del artículo 53 de la CN puesto que la favorabilidad opera no solo ante la existencia de dos fuentes formales del derecho, «sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones» y, en su caso corresponde a la interpretación inicial.
Si el Colegiado hubiera interpretado de manera correcta, la conclusión jurídica hubiera sido distinta.
VII. RÉPLICA
La opositora, en esencia, asevera que el recurrente se limitó a citar algunos precedentes aislados y fuera de contexto, sin que explicara en qué consistió el error hermenéutico de la Sala sentenciadora, por lo tanto, no se ajusta al estricto rigor exigido en la ley. En todo caso, señala que la decisión se aviene a la línea de pensamiento de la alta corporación.
VIII. CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, de:
[los] Artículos 9, 53, 58, 94, 102 inciso 2, 214 numeral 2 de la Constitución Política De [sic] Colombia; los artículos 22, numeral 3 del artículo 23 el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; artículos 1, 2 y 26 de la ley [sic] 16 de 1972 aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; artículo 2 de la ley [sic] 74 de 1968 aprobatoria del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y culturales; Artículo 1, 5 y 9 de la ley [sic] 319 de 1996 aprobatoria del Protocolo de San Salvador sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1988, en relación con el artículo 48 de la Constitución Política, el artículo 36 de la ley [sic] 100 de 1993 y los artículos 12 y 20 del decreto [sic] 758 de 1990.
Indica que el fallador de segundo grado se reveló en contra de la aplicación directa de normas internacionales, al confirmar la negativa pensional con base en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Como en el anterior cargo, transcribe un aparte de la sentencia cuestionada y, señala que se escogieron normas que no están llamadas a regular el asunto, revelándose en contra de la aplicación directa de normas internacionales que tienen el mismo rango constitucional y, que le exigían realizar un ejercicio, no de inaplicación, sino de ponderación entre las normas de estirpe constitucional a fin de establecer la disposición llamada a ser aplicada. Así violentó las preceptivas constitucionales de inserción contempladas en nuestra constitución.
Así, y con sustento en citas de las normas internacionales acusadas en la proposición jurídica, afirma que la providencia de segunda instancia debió, sin duda alguna, ponderar las disposiciones constitucionales regladas conforme al artículo 93 de la CN que hacen parte del bloque de constitucionalidad y no solo soportarse en el artículo 48 de la CN que, conduce a que, en virtud del principio de favorabilidad, estuviera obligado a darle prelación a las normas más beneficiosas que son los tratados internacionales por la censura referidos.
Adiciona que existen múltiples disposiciones que consagran cómo debe ser el tratamiento de los derechos económicos sociales y culturales y su progresión por lo que el discutible Acto Legislativo 01 de 2005 establece una medida regresiva, por lo que estando ante un caso considerado difícil para el intérprete, y « […] realizado una pretensión de corrección de fuentes, donde se incluyan las enunciadas en este escrito como violadas directamente, y la que fundamentó la absolución, se llegaría a la conclusión que lo dispuesto en el parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005 respecto del régimen de transición es EXTREMADAMENTE INJUSTO», rompiendo el núcleo esencial de los derechos y el colegiado en su sentencia omitió el test de ponderación con una fundamentación basada en decisiones de carácter presupuestal, que no puede ser utilizada para restringir la efectividad de los derechos y, que no son suficientes para sobrepasar los instrumentos internacionales infringidos.
Con fundamento en ello afirma que se debe proteger su derecho a la seguridad social, máxime si para el 1.° de abril de 1994 contaba con más del 75% del total de las semanas exigidas, aportó más de 2000 semanas siendo fiel a sus obligaciones con el sistema, sin que puedan en su caso particular aplicar los criterios de sostenibilidad financiera.
IX. RÉPLICA
La opositora, solicita a la Corte que tenga en cuenta que la decisión de segundo grado fue la correcta, puesto que aplicó las normas que regulaban los supuestos de hecho y de derecho del caso puesto bajo su estudio.
X. CONSIDERACIONES
Como se recuerda, para el juzgador de alzada, aunque en principio, el demandante era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tenía cotizadas 996 semanas, encontró que cumplió la edad exigida para el acceso a la prestación el 28 de noviembre de 2015 momento para el cual había expirado el lapso de extensión al régimen de transición por virtud del Acto Legislativo 01 de 2005.
La censura por su parte, en estricto sentido, no desconoce el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 que invita a inaplicar, ya que considera que es regresivo y atenta contra su derecho adquirido al régimen de pensión, como las que tenía la actora.
Dada la vía seleccionada para confutar la providencia recurrida, los fundamentos fácticos en que aquella se basa tales como que: i) el demandante al 1.° de abril de 1994 tenía 21 años y 996 semanas cotizadas, las que en principio lo hacían beneficiario del régimen de transición, y ii) cumplió la edad exigida para el acceso a la pensión el 28 de noviembre de 2015, momento para el cual había expirado el plazo definido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
Los anteriores hechos obligaban al juzgador a negar el derecho pretendido, pues acorde con la reiterada jurisprudencia que sobre el tema en particular esta Sala ha venido sosteniendo, fue correcta la aplicación del parágrafo 4º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.
Para tal efecto baste remitirnos al criterio fijado por esta Sala en la Sentencia SL1347-2019 que dejó por sentado que:
De los regímenes de transición y los derechos adquiridos.
Esta Sala ha adoctrinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional, caigan en arbitrariedades producto de la libertad de la configuración legislativa. Por tal motivo, las modificaciones al sistema jurídico que establece los criterios para acceder a beneficios pensionales, no pueden, por regla general, introducir abruptamente nuevas condiciones sin la consideración de los afilados próximos a adquirir el status de pensionados. Lo anterior, se refuerza si se tiene en cuenta que la seguridad social está catalogada como derecho fundamental según lo consagra el artículo 48 de la Constitución Política y, por su parte, el artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que impide regresiones en los estándares de protección, sin la mediación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017).
Ahora, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.° de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.
De esta forma, la citada norma previó una transición ante la vigencia del sistema general de seguridad social ya que protegió a un grupo de afiliados que por su edad o densidad de cotizaciones, tenían la posibilidad cercana de causar una pensión bajo las reglas de regímenes anteriores.
No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que «se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella» (CSJ SL4650-2017).
Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.
Criterio que ha sido reiterado, entre otras, en la sentencia CSJ SL1001-2020, en la que en un caso de similares contornos, frente al régimen de transición y los derechos adquiridos, se explicó:
[…]
[…] resulta pertinente traer a colación el criterio reiterado de esta Corporación, según el cual, en tratándose de la cesación de los efectos del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005, ha determinado que mientras el afiliado al sistema de pensiones no reúna la totalidad de requisitos, resulta improcedente pregonar su titularidad frente a un derecho adquirido, con carácter de inalterable en relación con reformas posteriores.
Lo anterior, por cuanto, hasta tanto no se consolide dicha condición, el interesado cuenta con una simple expectativa, que puede ser objeto de modificación por el legislador, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Carta Política.
De igual forma, en lo relativo a los límites de vigencia introducidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, respecto de derechos adquiridos al amparo del régimen de transición, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL2570-2019 dijo:
«La Corte ha concluido que el Acto Legislativo 1 de 2005, que, como bien lo resaltó el Tribunal, hace parte del plexo normativo de la Constitución Política, introdujo límites temporales legítimos a la vigencia del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con respeto, eso sí, de los derechos adquiridos de los afiliados y teniendo en cuenta las expectativas de ciertas personas cercanas a la consolidación del derecho, al definir que no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010, a menos que el interesado tuviera 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo a la entrada en vigencia de la norma, caso en el cual se extendería hasta el 31 de diciembre de 2014 (CSJ SL841-2019).
Entre otras, en la sentencia CSJ SL4285-2018 se dijo al respecto:
En efecto, dicho Acto Legislativo, dispuso que la vigencia del régimen de transición previsto en el precepto 36 de la Ley 100/93, iría hasta el 31 de julio de 2010; pero de igual forma, previó la posibilidad de que quienes a la fecha en que entró a regir –25 de julio de 2005-, tuviesen 750 semanas cotizadas o un tiempo de servicios equivalente, se les extendiera hasta el 31 de diciembre de 2014, cuyo objetivo era amparar aquellos afiliados que tenían expectativas próximas para alcanzar el derecho a la pensión de vejez.
Conforme a lo anterior, el hecho de poner un límite temporal al régimen de transición, que como su nombre lo indica, es transitorio, en manera alguna puede constituir una transgresión de derechos de los afiliados a alcanzar la pensión por vejez, dado que no fue una modificación intempestiva, sino que por el contrario, dio la oportunidad a aquellos asegurados que tenía la expectativa legitima de pensionarse en el periodo que consagró, y de acuerdo a las reglas que allí fijó, de conservar los beneficios que las normas anteriores al referido Acto Legislativo les otorgaban para acceder a esa prestación».
[…]
Conforme a los argumentos expuestos, resulta permisible colegir la ausencia de error el juez de apelaciones respecto de los yerros jurídicos que se le endilgan, en tanto no se rebeló frente a las disposiciones que gobernaban el caso, por lo que el cargo no prospera.
[…].
En el presente proceso resulta plenamente aplicable el fundamento señalado en el precedente transcrito, pues si bien a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, el actor contaba con las 750 semanas de cotización, que dicha disposición exigía para conservar el régimen de transición hasta el año 2014, lo cierto es que al requisito de edad llegó una vez expirado el régimen de transición pretendido, esto es, el 28 de noviembre de 2015 y, dada la vía del ataque, mostró total conformidad con las conclusiones fácticas del Tribunal.
Entonces, salta a la vista que la conclusión de que el promotor del proceso no es beneficiario del régimen de transición.
Con relación a la infracción de las normas internacionales atacadas, por cuanto considera que la Adenda no guardó el mandato de progresividad y, por el contrario, es regresiva e injusta, valga reiterar la sentencia CSJ SL5138-2020 que dejó por sentado que:
1º) El parágrafo 4° del Acto Legislativo 01 de 2005, afecta derechos fundamentales, es decir, ¿es regresivo a la luz de las normas constitucionales?
Para dar respuesta al interrogante en precedencia, baste remitirnos a lo expuesto en la sentencia CSJ SL1347-2019, proferida por esta Corte al resolver un caso de similares contornos, así:
Como la censura aduce que el Acto Legislativo 01 de 2005 también es inaplicable por ser regresivo de cara a los principios contenidos en los preceptos internacionales que acusa, es necesario destacar que dicha disposición reformó al artículo 48 del Constitución Política y se produjo en el marco de las facultades que el artículo 375 de la Constitución confiere al legislador.
Por tanto, se trata de un precepto reformatorio de la Constitución que adquiere el consecuente status de norma supralegal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la carta superior.
Precisamente, en el ejercicio de tal potestad, en la sentencia CC C-178-2007 la Corte Constitucional analizó problemas jurídicos que tienen una relación estrecha con los planteados por la recurrente en casación.
En aquella oportunidad, se formularon los siguientes interrogantes:
• ¿El Acto Legislativo acusado, sumado al conjunto de enmiendas a la Constitución Política adoptadas entre 1993 y el 2005 sustituyeron el orden superior inicialmente establecido?
• ¿Incurrió el Acto Legislativo 01 de 2005 en un vicio de competencia por regular temas relacionados con asuntos que, según el demandante, habían sido acordados en el ámbito de la política internacional de Colombia?
• ¿Es competente el Congreso para decidir mediante acto legislativo dentro de los dos años siguientes a la realización de un referendo, en relación con temas similares a los puestos a consideración del pueblo mediante referendo constitucional aprobatorio, cuando tales temas no fueron objeto de aprobación por incumplimiento del requisito de participación ciudadana mínima establecido para que la votación fuera jurídicamente eficaz?
Al abordarlos, dicha Corporación se inhibió para estudiarlos, puesto que, a su juicio, se trababa de problemas de fondo respecto de una norma no sustitutiva del texto constitucional.
En ese contexto, es clara la imposibilidad de inaplicar la norma que se acusa. Primero, porque esta Sala carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no sustituyó el texto de la Constitución Política.
El principio de favorabilidad, cuyo mandato está contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, opera en caso de que exista duda en la aplicación o interpretación de las normas vigentes, asunto que no se presenta en el sub judice, pues «existe precepto especial que determina la vigencia del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De manera que, al existir una norma que regula la situación de forma unívoca, es el única aplicable.» (CSJ SL1466-2021), y mucho menos admite un ejercicio de ponderación, como lo sugiere la censura.
Siendo coherentes con lo discurrido, los cargos no salen victoriosos.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 4.400.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 27 de noviembre de 2019, dentro del proceso ordinario laboral que JOSÉ DE JESÚS ATEHORTÚA AGUDELO promueve en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
(Aclara Voto)
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
(Aclara Voto)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Ausencia Justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Ausencia Justificada
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
ACLARACION DE VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 87918
JOSÉ DE JESÚS ATEHORTÚA AGUDELO vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
Aunque comparto la decisión adoptada, debo manifestar mi aclaración respecto de un punto específico de la sentencia, y es el relacionado con mi convicción de que el régimen de transición en sí mismo es un derecho, de suerte que el empleo de la clasificación tradicional que se ha hecho entre mera expectativa, expectativa legítima y derecho adquirido, en mi sentir, tiene un enfoque desacertado.
Lo anterior por cuanto como fundamento de la providencia, se citan antecedentes jurisprudenciales en los cuales prima el enfoque a que he hecho referencia en el párrafo precedente y frente al cual he tomado distancia conceptual.
Me explico, en general, los regímenes de transición están diseñados como mecanismos protectores en materia pensional, cuando por diversas circunstancias, se toma la decisión por parte de quienes sean competentes, de adoptar un nuevo marco normativo, que se expresa usualmente en una legislación que modifica o cambia las reglas de juego aplicables para obtener una prestación económica que se prolonga en el tiempo y que asegura el futuro patrimonial de quien la devenga, así como de sus beneficiarios.
Así las cosas, normalmente hacia el final de la vida laboral, las personas adoptan determinaciones importantes que afectan no solo su patrimonio, sino, además, la organización de su vida personal, familiar y profesional. Vale decir, que las consecuencias de un cambio legal en estas materias no es un tema menor y que, por el contrario, el gran impacto social que ello representa, ha generado que dichos cambios sean regulados de tal manera que se honre el esfuerzo y la confianza legítima de quienes trabajaron en determinadas condiciones previamente definidas, con miras a obtener una pensión.
Ese mecanismo protector de que hablaba al inicio, busca que se respeten las condiciones de los destinatarios del sistema anterior, frente a los cambios y eventualidades que supone el nuevo, actuando a manera de puente, por el cual han de transitar quienes se encuentran en esa particular situación, por virtud de decisiones que superan su voluntad, pues emanan de actos de autoridad.
En concreto, es mi opinión que, dado que lo amparado tiene el carácter de constitucional e irrenunciable (seguridad social), la Ley 100 de 1993 lo que hizo fue consagrarlo como un derecho, el de la transición, con el carácter de oponible, pues en la medida en que se consoliden los supuestos de hecho previstos en la norma respectiva, se activará el mecanismo a que he venido haciendo referencia y producirá los efectos protectores para los cuales fue concebido, el cual encuentra su génesis en el sistema pensional que les cobijaba a los trabajadores con anterioridad al nuevo sistema.
En el evento descrito en precedencia, toda la batería normativa que se encontraba en el régimen anterior se activa y por ende, la protección que fue diseñada para cuando se presentara esa hipótesis y, en ese momento, es cuando emerge el derecho como cierto, adquirido, y se produce la consecuencia esperada, esto es, la habilitación de la legislación anterior aplicable al derecho pensional que le asiste, en pro del reconocimiento de éste bajo los cánones allí especificados, comprendiendo para el efecto la totalidad de los elementos que lo componen, de acuerdo con lo que al respecto haya definido el propio régimen de transición.
Se sigue de lo anterior que las personas inmersas en la condición descrita, es decir, quienes son destinatarios del régimen de transición en pensiones, al adecuar sus circunstancias al supuesto contemplada en la ley para ese propósito, aunque no ostenten, en principio, el derecho íntegro de pensión, sí poseen el derecho cierto a que la decisión de su pensión, con los elementos inherentes a ella, acate la oponibilidad de la situación jurídica consolidada al amparo del régimen anterior que, por tal virtud, las cobijaba.
La Corte Constitucional en sentencia CC C-754-2004, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, manifestó claramente el concepto de derecho adquirido frente al régimen de transición, diferenciándolo del derecho a la pensión, de la siguiente manera:
El Legislador al expedir la norma acusada no tuvo en cuenta que, como se explicó en la Sentencia C-789 de 2002, si bien frente a un tránsito legislativo y al régimen de transición respectivo el derecho a la pensión no es un derecho constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí existe un derecho al régimen de transición de las personas cobijadas por el mismo. Tampoco tuvo en cuenta que una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo consolidan una situación concreta que no se les puede menoscabar. (Subrayas y cursivas propias)
A su turno, la sentencia CC C-1024-2004, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 2º, 3º y 9º de la Ley 797 de 2003 señaló, una vez más, que el régimen de transición tiene el carácter de derecho adquirido así:
Aquellas personas que habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, cuando previamente se hubiesen trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, tienen el derecho de regresar -en cualquier tiempo- al régimen de prima media con prestación definida, con el propósito de preservar la intangibilidad de su derecho a pensionarse conforme al régimen de transición. Siendo el derecho al régimen de transición un derecho adquirido, no puede desconocerse la potestad reconocida a las personas previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que le resulten más benéficas. (Subrayas y cursivas propias)
El concepto de transición como un derecho adquirido, fue reiterado en la sentencia CC T-168-2009, en los siguientes términos:
Esta Sala considera que, siendo el derecho al régimen de transición un derecho adquirido en los términos de las sentencias C-1024 de 2004 y C-754 de 2004, no se puede, mediante una ley posterior, despojar a las personas de tal facultad así sea indirectamente, como sucede en este caso. En efecto, el artículo 7 de la ley 797 de 2003 no sustrajo expresamente a las personas del grupo (iii) del derecho a gozar del amparo del régimen de transición, pero su efecto terminó siendo exactamente ese pues convirtió en un imposible uno de los requisitos que la jurisprudencia constitucional había diseñado para su ejercicio. (Subrayas y cursivas propias)
A mi modo de ver, esa es la naturaleza de los regímenes de transición y, en particular, el del consignado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En esas circunstancias, el parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005 anticipó el régimen de transición en el que se encontraban los destinatarios del mentado art. 36 de la Ley 100, el cual inicialmente, tendría una proyección en el tiempo de más de veinte años. No obstante, aún después de esa reforma constitucional, sigo convencido, conceptualmente, del alcance de lo que he tratado de exponer.
Por la brevedad debida, dejó así consignada mi aclaración frente a la decisión adoptada.
Fecha ut supra,
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ