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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2573-2021

Reajuste pensional

Fecha
12 de mayo de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2573-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Podían el acuerdo extraconvencional de 2006 y la conciliación reducir el reajuste pensional del 15% previsto en la convención colectiva, y producir cosa juzgada sobre ese derecho?

  2. ¿La remisión convencional a la Ley 4.ª de 1976 comprendía el reajuste anual de las pensiones y conservaba ese beneficio pese a la derogatoria de la ley?

Reglas

  1. Los acuerdos extraconvencionales son válidos y no requieren depósito cuando aclaran o mejoran condiciones colectivas, pero no pueden reducir o eliminar derechos pactados en una convención vigente.

    «los acuerdos modificatorios únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención»
  2. La conciliación puede invalidarse si adolece de vicios del consentimiento, recae en causa u objeto ilícito o vulnera derechos ciertos e indiscutibles.

    «no queda alternativa diferente a declarar su invalidez»
  3. La cláusula que reconoce a los pensionados todos los derechos de la Ley 4.ª de 1976 incluye su reajuste anual mínimo del 15% hasta el tope convencional, aunque la ley haya sido derogada.

    «el texto convencional estableció el reconocimiento de todos los derechos previstos en la Ley 4ª de 1976, incluidos los reajustes pensionales anuales en al menos el 15»
  4. La reproducción de una norma legal en una convención colectiva la mantiene vigente como norma extralegal para sus beneficiarios, aunque después sea derogada.

    «se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional»
  5. La autonomía colectiva permite definir el contenido de las cláusulas convencionales y el juez no debe desconocer su tenor literal salvo ilegalidad manifiesta.

    «salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso»
  6. Los reajustes convencionales ya causados son derechos ciertos e irrenunciables, por lo que no pueden perderse mediante conciliación a cambio de una fórmula menos favorable.

    «cuando se desconoció por las partes la calidad de derecho cierto y se concilió el incremento pensional, se transgredieron las prerrogativas legales»

Decisión

NO CASÓ la sentencia del Tribunal que reconoció los reajustes pensionales convencionales y declaró inválidos el acuerdo de 2006 y la conciliación. Sin costas.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 19 de agosto de 2016, en el proceso ordinario laboral que promueve ARNULFO MORALES GONZÁLEZ en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2573-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

12 de mayo de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2573-2021

Radicación n.° 80856

Acta 17

Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 19 de agosto de 2016, en el proceso que instauró en su contra ARNULFO MORALES GONZÁLEZ.

Se acepta el impedimento manifestado por el magistrado OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR, en consecuencia, se le declara separado del conocimiento de este proceso.

Téngase a la Fiduciaria FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. FONECA, como sucesora procesal de la parte demandada, en los términos de que trata el artículo 68 del CGP, aplicable por analogía del artículo 145 del CPTSS.

ANTECEDENTES

Arnulfo Morales González llamó a juicio a Electricaribe S.A. E.S.P. con el fin de que se le reconozca el reajuste diferencial de cada una de las mesadas pensionales convencionales causadas a su favor desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2012 y los años subsiguientes, conforme a lo previsto en el artículo 1º, parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976, al que alude el artículo 2º, parágrafo 1º de la Convención Colectiva de Trabajo vigente durante el periodo 1983-1985 y el artículo 106, parágrafo tercero de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999; la indexación de las sumas adeudadas; «que entre el demandante y la empresa demandada no existe pronunciamiento judicial ejecutoriado o conciliación que hagan tránsito a cosa juzgada entre las partes sobre las pretensiones primera, segunda y, tercera, a que se refiere el presente poder, siendo ineficaces de manera absoluta cualquier acto que así lo insinuara»; y finalmente, que se declare que no ha operado el fenómeno de la prescripción.

Fundamentó sus peticiones básicamente en que la Electrificadora del Atlántico S.A. le reconoció pensión de jubilación a partir del 25 de noviembre de 1993; que el 16 de agosto de 1998 operó la sustitución patronal con la Electrificadora del Caribe S.A.; que estuvo afiliado a Electranta con la que se celebraron varias convenciones colectivas, entre estas, la vigente para los años 1983-1985, en la que se estableció el derecho a seguir percibiendo los beneficios contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia, entre estos, el previsto en el artículo 1º que ordena el reajuste de las pensiones en un monto no inferior al 15% para las mesadas hasta de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto y que su mesada no ha sobrepasado dicho límite.

Que en el año 2002 presentó demanda ordinaria ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla en la que pretendió los reajustes pensionales, que se decidió de manera adversa a sus pretensiones mediante sentencia del 30 de noviembre de 2005, la cual revocó la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad el 29 de septiembre de 2010, por lo que se concedieron los incrementos de los años 2000, 2001 y 2002, y pese a que solicitó la adición, la autoridad judicial no accedió porque no le estaba permitido emitir un fallo ultra y extra petita. Que como su mesada para los años 2003 en adelante siguió siendo inferior a cinco salarios mínimos legales mensuales acude a esta demanda.

Electricaribe S.A. E.S.P., al dar respuesta a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque la aplicación de la Ley 4ª de 1976 invocada por el promotor no es de aplicación autónoma, pues el 23 de junio de 2006 se suscribió un Acuerdo para facilitar el disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones, en virtud del cual se suscribió un Acta de Conciliación el 14 de julio de 2006 con el actor; que la realidad económica impone el ajuste de las mesadas para impedir que se vea afectada por la pérdida de capacidad adquisitiva pero no generar un incremento; admitió la mayoría de los hechos y formuló las excepciones de carencia de acción, cosa juzgada, prescripción y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 10 de diciembre de 2014, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la cláusula relativa al reajuste de pensiones del Acuerdo del 23 de junio de 2006 suscrito entre la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y ELECTRICARIBE Y ELECTROCOSTA, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acta de conciliación No 5392 de julio 14 de 2006 en lo relacionado al incremento de pensión de jubilación del IPC menos un punto.

TERCERO: DECLARAR que el demandante ARNULFO MORALES GONZALEZ, le asiste derecho a que le sea reconocido el reajuste pensional establecido en la Ley 4 de 1976, por ser beneficiario de la Convención colectiva de trabajo suscrita entre la Electrificadora del Atlántico y el sindicato SINTRAELECOL, vigente para los años 1985-1987.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADA[S] las excepciones de mérito denominadas INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN, CARENCIA DE ACCIÓN, COSA JUZGADA, BUENA FE Y GENÉRICAS formuladas por la demandada.

QUINTO: DECLARAR probada LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN respecto a los aumentos pensionales causados de mayo de 2010 hacia atrás.

SEXTO: CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP a pagar al demandante el reajuste pensional de 15% sobre su mesada desde el año 2003 y subsiguientes siempre que esta sea superior a cinco salarios[s] mínimos legales mensuales vigentes.

SÉPTIMO: CONDENAR a la empresa demandada ELECTRICARIBE S.A. ESP a reconocer a favor del demandante ARNULFO MORALES GONZALEZ la suma de $48.348.376 por concepto de retroactivo pensional desde mayo de 2010 hasta la fecha.

OCTAVO: CONDENAR EN COSTAS a ELECTRICARIBE S.A. en la suma de $1.232.000 equivalente a 2. S.M.L.M.V.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 19 de agosto de 2016, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Modificar los numerales 6º y 7º de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

Condenar a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., a pagar al demandante el reajuste pensional del 15% sobre su mesada desde el año 2003 al año 2016, de conformidad con lo expuesto.

Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de los reajustes causados antes de mayo de 2010.

Condenar a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., a reconocer y pagar al demandante ARNULFO MORALES GONZALEZ, la suma de $49.897.198.43, por concepto de reajustes del 15% e indexación, comprendidos entre agosto de 2010 hasta el 31 de julio de 2016.

SEGUNDO: Confirmar la sentencia en todo lo demás.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si el demandante tiene legitimación en la causa para pretender la nulidad del Acuerdo celebrado entre la organización de pensionados y la demandada, si se configura la excepción de cosa juzgada respecto a la conciliación celebrada por las partes y si tiene derecho o no al aumento del 15% anual sobre su mesada pensional.

En ese orden dijo que, sin importar con quién se suscribió dicho acuerdo, con el citado convenio la demandada quiso modificar los derechos adquiridos de todos los pensionados beneficiarios de la convención colectiva de trabajo 1998-1999, entre ellos al actor, por lo que es claro que una convención colectiva de trabajo no puede modificarse por un acuerdo extra convencional, en ese sentido confirmó la decisión de primera instancia.

Luego de recordar el efecto de cosa juzgada de la conciliación, y que no puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles, afirmó que, tratándose de derechos convencionales, su desmejora no puede pactarse a través de conciliación o acuerdo sino a través de la denuncia de la convención o en los eventos previstos en el artículo 480 del CST, tal como lo ha admitido la jurisprudencia de esta Corporación, CSJ, SL, 11 feb. de 2015, rad. 49370. Acto seguido se remitió al acta de conciliación y al acuerdo extra convencional, en el que se pactó un sistema de disfrute anticipado del reajuste de la mesada pensional consistente en reconocer el IPC menos dos puntos para los años 2005 y 2006 con el pago de un bono, lo que en su concepto constituyó una desmejora de lo previsto en la convención colectiva de trabajo de 1998-1999 que establece un incremento anual de las mesadas pensionales del 15%.

En cuanto al acuerdo mencionó que tales documentos «no se propusieron hacer la convención colectiva de trabajo más inteligible o mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que su propósito fue el de modificarla en el sentido de disminuir las prerrogativas acordadas. Luego, la modificación de los derechos convencionales que se pretendió introducir a través de los referidos resultaba inadmisible jurídicamente por ese medio, pues la convención había sido suscrita por las partes y debidamente depositada ante el Ministerio de Trabajo […]», conforme al artículo 469 del CST.

Añadió que el objeto de la conciliación recayó en derechos ciertos e indiscutibles porque el reajuste de la mesada pensional tiene su origen en la convención colectiva de trabajo que es ley para las partes, y la única exigencia que allí se estipuló fue gozar de la calidad de pensionado (f.° 267). Con base en lo anterior concluyó que el Acuerdo del 23 de junio de 2006 (f. os 271 a 275) y la conciliación (f. os 276 a 279) «son nulas e ineficaces porque sus objetos son ilícitos al pretender alterar derechos adquiridos con las connotaciones ya indicadas», por lo que procedió a confirmar la decisión apelada en ese sentido.

A continuación, estudió la procedencia de los incrementos solicitados; para el efecto acudió al artículo 106 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 que remite a la Ley 4ª de 1976, y a la indiscutida calidad de beneficiario del actor de la norma extralegal, por lo que consideró viable imponer la condena solicitada.

Con relación a la modificación de las circunstancias económicas con posterioridad a la suscripción de la convención colectiva, dijo que se debía respetar la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, quienes no establecieron condicionamiento alguno a la aplicación de los beneficios de la Ley 4ª de 1976, sin que la posterior derogatoria de ésta afecte lo acordado, por lo que no podía verse afectada por situaciones extra convencionales y en tal sentido respaldó la determinación de primer grado. Como apoyo de su decisión acudió a la sentencia CSJ SL, 25 sep. 2012, rad. 39783, de esta Corporación.

Por otra parte, frente a la aplicación del condicionamiento introducido por el Acto Legislativo 1 de 2005, dijo que la Corte ya definió el asunto por lo que acudió a la providencia SL5844-2014, para concluir que se trataba de derechos adquiridos que no desconoció la reforma constitucional.

Luego, procedió a realizar las operaciones aritméticas correspondientes para verificar si se cumplían los requisitos y, como consecuencia, a cuantificar la condena desde junio de 2010 y subsiguientes, sin superar el monto máximo de cinco salarios mínimos mensuales vigentes, teniendo en cuenta el mayor valor que paga la demandada por concepto de pensión al demandante en consideración a que la prestación se encuentra compartida con el ISS. En ese orden, confirmó la condena impuesta en primera instancia, aunque modificó los valores a pagar, los cuales estimó en $49.897.198.43 hasta julio de 2016.

Con respecto a la prescripción dijo que la demanda fue presentada el 7 de mayo de 2013, por lo que declaró prescritos los incrementos y diferencias causados con anterioridad al mes de mayo de 2010, en ese sentido confirmó la decisión recurrida. No impuso costas.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada «en cuanto confirmó con modificaciones las declaraciones y condenas contenidas en la decisión de primera instancia, para que en la actuación como tribunal de instancia se revoquen esas declaraciones y condenas proferidas por el A quo, de modo que finalmente se imparta una decisión plenamente absolutoria»; y se resuelva en costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no merecieron réplica.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa, por infracción directa «los artículos 4º del convenio 98 de la O.I.T. aprobado por ley 27 de 1976); 2º a 8º de convenio 154 de 1981 (aprobado por ley 424 de 1999); 1502, 1503, 1508, 1602 del C.C.; por aplicación indebida los artículos 1º del Acto Legislativo No. 1 de 2005 (art, 48 C.P.); 53 de la Constitución; 1º de la ley 4ª de 1976; 14, 15, 19, 260, 467 del C.S.T.; por aplicación indebida igualmente y como violación medio, los artículos 303 del C.G.P.; 19, 50, 78, 145 del C.T.P. y S.S.»

Aduce que el Tribunal se equivocó al decidir de manera sorpresiva sobre la ineficacia del Acuerdo de 2006 suscrito entre la demandada y la asociación de pensionados porque no forma parte de las pretensiones y, por ende, transgrede el artículo 50 del CPTSS, al tratarse de un fallo extra petita sin que se dieran los presupuestos allí previstos, aspecto que resulta relevante en el caso porque de haber tenido por válidas las modificaciones al esquema pensional, supone que la demandada actuó ajustada a lo convenido por lo que nada debe al actor.

Añade que descalificar el mencionado acuerdo implica desconocer los efectos de los Convenios 98 y 154 de la OIT que promueven la concertación entre empleadores y trabajadores, que reconocen viabilidad de los acuerdos colectivos, aunque no se sometan al trámite de un conflicto de igual naturaleza.

Por otra parte, sostiene que trasladar a la figura procesal de la conciliación las reglas de la transacción, es un error, por cuanto esta última es un acto privado y aquélla involucra un acto del estado sin cuya presencia lo acordado no alcanza efecto alguno; es decir, en las conciliaciones ya existe una declaración estatal que reconoce que en el acuerdo no se vulneró derecho cierto, aseveración que tiene efecto de cosa juzgada.

Anota que la transacción es un contrato que solamente requiere la participación de las partes, y ante la posibilidad de prevalencia del empleador, la ley previó la revisión de su contenido cuando se transgredan los artículos 14 y 15 del CST, mientras que la conciliación no es un contrato, sino un acto procesal, en el que el juez o el inspector del trabajo verifica que lo acordado por las partes no afecte derechos del trabajador, solo le imparte aprobación cuando constata ese hecho por lo que deja la constancia respectiva. En ese orden, la impugnación de una conciliación conlleva el cuestionamiento de la función del estado no la conducta del empleador, por lo que la acción debe dirigirse contra el Estado por la posible falla en el ejercicio de la función estatal asignada al funcionario judicial o administrativo.

Con respecto al argumento del Tribunal, que le sirvió para descartar la eficacia de la conciliación, con base en que tuvo un objeto ilícito porque versó sobre un derecho cierto, considera que nuevamente incurre en yerro el colegiado porque no diferencia entre un derecho cierto y uno litigioso; pues de considerar que el reclamado en la demanda ostenta certeza, está prejuzgando ya que este solamente adquiere tal naturaleza mediante la sentencia definitiva, mientras tanto está en discusión.

Por último, refiere que no se reparó que el demandante dejó de acogerse al sistema de reajustes previsto en la Ley 4ª de 1976 desde la expedición de la Ley 71 de 1988 que luego ratificó al acogerse a la dispuesto en la Ley 100 de 1993 en lo atinente al ajuste anual de las pensiones, por lo que solamente reclama los ajustes después del año 2000, luego, para regresar al régimen extralegal era necesario una nueva convención o acuerdo particular.

CONSIDERACIONES

El Tribunal fundamentó su decisión en que no fue materia de controversia en el proceso que Electricaribe S.A. E.S.P., sustituyó patronalmente a la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P., y tras estimar, acorde a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el alcance y vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo (1998-1999), estableció que la demandante tenía un derecho adquirido sobre la aplicación del reajuste de las pensiones contenidas en la Ley 4ª de 1976, en consideración a la libertad de negociación, por lo que declaró la invalidez del Acuerdo del 23 de junio de 2006 y de la conciliación del 14 de julio de esa misma anualidad e impuso la correspondiente condena.

La recurrente plantea los siguientes asuntos jurídicos que deberán ser dirimidos por la Sala: 1) si se transgredió el artículo 50 del CPTSS al declarar la ineficacia del acuerdo suscrito por la demandada con la asociación de pensionados, pues prohijó un fallo extra petita sin que se reunieran los requisitos establecidos en la norma adjetiva mencionada; 2) si se desconocen los Convenios 86 y 154 al negar validez al citado acuerdo porque impide a empleadores y trabajadores llegar a acuerdos por fuera de los cauces de una convención colectiva de trabajo; 3) si existió un yerro jurídico del Tribunal al aplicar las causales de nulidad del contrato de transacción a la conciliación celebrada entre las partes, y 4) si al beneficiarse de los ajustes previstos en la Ley 71 de 1988 y luego en la Ley 100 de 1993 en lo atinente al ajuste anual de las pensiones, para regresar el régimen extralegal era necesario una nueva convención o acuerdo particular.

1. En cuanto a la transgresión, por violación medio, del artículo 50 del CPTSS, debe la Sala señalar que al confirmar la decisión de primera instancia en cuanto declaró la nulidad del Acuerdo de 2006, no desconoció el mandato allí contenido pues fue precisamente el juez de primer grado quien hizo uso legítimo de dicha facultad, limitándose la sala sentenciadora a confirmar esa determinación, sin que por esa circunstancia pueda endilgársele su utilización indebida. En ese orden, mal puede afirmarse que se trató de una decisión «sorpresiva», cuando fue precisamente desde la primera instancia que el asunto quedó definido y, en ese contexto, no se advierte que tal fundamento de la sentencia del juez hubiese sido objeto de reparo a través del recurso de apelación, a fin de cuestionar que no se cumplían los presupuestos previstos en la norma adjetiva para emitir un fallo extra petita, por lo que resulta un alegato inoportuno en casación.

2. Respecto al desconocimiento de los Convenios 98 y 154 de la OIT al negar la eficacia del Acuerdo del año 2006, que promueven la concertación entre empleadores y trabajadores, la Sala debe reiterar lo que de antaño ha reconocido su validez a efectos de que sea para aclarar y/o mejorar las condiciones pactadas, que se restringe únicamente en el evento de que se limiten o eliminen derechos obtenidos a través de la negociación colectiva, pues en tal evento se deben agotar las etapas correspondientes como garantía de los derechos adquiridos por los trabajadores a través de dicho mecanismo. En ese sentido, resulta pertinente remitirse a lo que la Sala ha expuesto sobre la materia en otros procesos seguidos en contra de la misma empresa acá demandada, por ejemplo, CSJ SL12575-2017 reiterada, entre otras, en la CSJ SL3884-2019, en la que se razonó:

En ese contexto, le corresponde a esta Sala dilucidar: (i) la posibilidad de modificar una convención colectiva vigente a través de un acuerdo extra-convencional y (ii) determinar si en el caso de autos operó el fenómeno de la revisión del convenio colectivo, consagrado en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.

Posibilidad de modificar la convención colectiva a través de un acuerdo extra-convencional

Comienza la Sala por señalar que un acuerdo extra-convencional, como el que es objeto de discusión en el sub-lite, no tiene necesidad de depositarse en la cartera del trabajo para que surta los efectos queridos por las partes, tal y como ya lo ha reiterado esta Corporación en múltiples oportunidades.

En efecto, desde hace cerca de una década, en sentencia CSJ SL32247-2008, reiterada entre otras en las providencias CSJ SL889-2014, CSJ SL11321-2014, CSJ SL42830-2014 y CSJ SL2105-2015, dijo la Sala:

Como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por las mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo.

Ello, porque como se explicó en la sentencia CSJ SL2105-2015 ya citada, existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo que se pactó a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, cambian aspectos que ya han sido previamente definidos en aquel o a introducir unos diferentes a los ya acordados.

También se adoctrinó entonces (CSJ SL2105-2015), que los acuerdos modificatorios únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas.

En tal sentido, se pronunció la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en la atrás reseñada y, entre otras, en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744 cuyo análisis jurisprudencial dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acordó un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad.

Dijo en esa oportunidad la Corporación:

Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.

Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto).

Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren -como se afirmó a espacio- de depósito en los términos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para gozar de plena validez.

3. Con relación a la improcedencia de la acción ordinaria laboral para la impugnación de una conciliación judicial, basta con señalar que, sin desconocer las diferencias conceptuales entre la conciliación y la transacción, ha sido criterio de esta Corte que, de encontrarse, en la conciliación, vicios en el consentimiento, que hubiese recaído sobre causa u objeto ilícito o que con la misma se vulneren derechos ciertos e indiscutibles, no queda alternativa diferente a declarar su invalidez.

4. Por último, referente a que al beneficiarse el actor de los ajustes anuales previstos en la Ley 71 de 1988 y luego en la Ley 100 de 1993, para regresar el régimen extralegal era necesario una nueva convención o acuerdo particular, no se plantea un desarrollo argumentativo que imponga a la Corte un análisis, máxime cuando es claro que el objeto de las normas extralegales es la superación de lo que prevé la legislación general.

CARGO SEGUNDO

Se denuncia la violación por vía indirecta y por aplicación indebida de los artículos 260, 467, 467 del CST; 1º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1988; 14 de la Ley 100 de 1993; 1502, 1618 del CC; 1º del Acto Legislativo No. 1 de 2005 (art. 48 CN) y 53 y 83 de la Constitución, como violación medio arts. 60, 61 del CPTSS.

Considera que el Juez Plural incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y Sintraelecol se pactó aplicar el sistema de ajuste para las pensiones previsto en la ley 4ª de 1976.

2. No dar por demostrado, siendo evidente, que la demandada y el sindicato de sus trabajadores solamente pactaron en la convención colectiva de trabajo de 1985, el reconocimiento de “todos los derechos contemplados en la ley 4ª de 1976”.

3. No dar por demostrado que en 1976 y en 1985 la variación del IPC era mayor al 15%.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que ajustar en 1985 las pensiones en un 15% era un derecho cuando ese ajuste era inferior al IPC.

5. No reparar, siendo evidente, en que en la convención colectiva de trabajo de 1985 no se estableció un mecanismo para aumentar constantemente el valor de las pensiones extralegales a cargo de la demandada.

6. No dar por demostrado, siendo evidente, que con la aplicación del 15% de aumento anual a las pensiones convencionales a cargo de la demandada, a partir del año 2000 se produce un incremento en el valor de la pensión y no solamente su reajuste o actualización.

7. No dar por demostrado, estándolo, que lo pactado en la convención colectiva de trabajo, fue solamente un mecanismo de conservación del valor o capacidad adquisitiva de la pensión y no un aumento de su costo.

Lo anterior por la apreciación errónea de las Convenciones Colectivas de Trabajo 1983-1985 y 1998-1999 y el hecho notorio representado por los indicadores económicos de 1976 a 2000.

Expone que el Colegiado no comprendió que cuando se pactó la aplicación de la Ley 4ª de 1976 a los pensionados de la demandada, el reajuste de las pensiones en un 15% anual no podía considerarse un beneficio porque la variación de los índices económicos era muy superior y aplicarlo conducía a la disminución de la pensión, no representaba beneficio alguno. Del texto de la disposición no se menciona un sistema de ajustes de la mesada pensional, sino que solamente puede asociarse a los beneficios de salud, educación y otros que se incluyeron en el contexto de dicha norma; anota que el sistema de ajuste de pensiones es una herramienta utilizable para actualizar el valor de las pensiones no es un derecho pues no entra al patrimonio del pensionado.

Resalta que la Ley 4ª de 1976 fue derogada por la Ley 71 de 1988 por perjudicial y ser contraria a los intereses de los pensionados pues les restaba capacidad adquisitiva; estima que el sentenciador quedó con la percepción de que dicho ajuste representaba más del 15% del IPC para los años 2000 y siguientes, pero no miró las cifras hacia atrás, hizo análisis superficiales y no confrontó los índices anteriores al año 2000, sin reparar que en su decisión no aplicaba un reajuste sino un incremento con lo que incurrió en un yerro evidente, pues la ley no la establece como tal.

CONSIDERACIONES

Se cuestiona, a través del ataque, la interpretación efectuada por el Tribunal respecto del parágrafo 3º de la cláusula 106 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para los años 1998-1999, dado que, a su juicio, los derechos a que hace referencia a «beneficios de salud, educación y otros que se incluyeron en el contexto de dicha norma» y no a los incrementos pensionales.

No se encuentra en discusión que a Arnulfo Morales González se le reconoció pensión de jubilación convencional a partir del 26 de noviembre de 1993 (folio 267); que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la prestación por vejez desde el 8 de mayo de 2004, con carácter de compartida con la primera (folios 268 a 269).

Con base en lo anterior, procederá la Sala a resolver el asunto para lo cual se remitirá a la norma convencional que califica como mal apreciada el recurrente y estudiará si efectivamente de la misma se deriva el entendimiento que considera debió darle la autoridad judicial, luego de lo cual determinará si el derecho al incremento pensional tiene la connotación de adquirido y, por ende, irrenunciable.

El parágrafo 3 de la cláusula 106 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 (f.° 89) literalmente dispone:

Todos los trabajadores, que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P, o que se pensionen en el futuro se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia (CONV. 83-85). (subraya la Sala).

Propone el censor que, a partir de un nuevo estudio de la disposición convencional, se concluya que los derechos a que hace referencia, corresponden a aquellos que venían siendo reconocidos por la electrificadora, y que como quiera que los incrementos contemplados en la Ley 4ª de 1976 se estaban otorgando en el momento de la suscripción del acuerdo convencional, no pueden entenderse como incluidos a favor de los pensionados. Que, en todo caso, éstos hacen referencia a los beneficios de salud, educación y otros, pero no a los incrementos reconocidos por el Tribunal.

Para la Sala es claro, como lo ha dicho en varias ocasiones, que el texto convencional estableció el reconocimiento de todos los derechos previstos en la Ley 4ª de 1976, incluidos los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin consideración alguna a la vigencia de la norma legal.

Debe resaltarse que no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal.

Esta Corte, en un caso de similares contornos seguido en contra de la misma demandada en la que se estudiaron varios de los argumentos expuestos por el recurrente, mediante sentencia CSJ SL3781-2019, razonó:

En efecto, al analizar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían todos los derechos consagrados en la citada Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1° del referido ordenamiento legal al que se remite la cláusula convencional, ni se colige, como lo sugiere la recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a gastos de sepelio, servicios de salud y auxilios de educación, consignados en otros artículos de la citada Ley 4ª. Es decir, de su contenido no es posible deducir intención alguna de las partes en ese sentido.

Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver sentencia CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40551, reiterada en la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad 43851).

Así las cosas, el Tribunal no incurrió en un yerro fáctico ostensible, cuando apreció la disposición convencional de marras, e infirió que cuando la convención alude a los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, se está refiriendo, al reajuste pensional que mediante esta acción judicial se reclama, sin consideración a la vigencia de dicha norma, pues aun cuando aquella sea derogada o subrogada, y quede por fuera del ámbito jurídico, se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional.

De otro lado, frente al planteamiento de la censura, atado a los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación, con lo cual pretende demostrar que para el año 1983, cuando se consagró el beneficio convencional, los pensionados de la empresa para esa anualidad resultaban más perjudicados que beneficiados con un incremento pensional del 15% como mínimo, para lo cual aduce que es un absurdo que las partes pensaran para esa época en conservar por convención tal incremento y que, por lo tanto, lo acordado fueron otros beneficios contemplados en la L. 4ª/1976, debe precisarse que, tal argumentación no es de recibo para esta Sala, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, éstas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 may. 2005 rad. 23776).

En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15%, conforme lo estableció la L. 4°/1976, se enmarca dentro de esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa.

De lo expuesto se deriva que dado que la cláusula convencional no diferencia qué derechos de los contemplados en la Ley 4ª de 1976 se continuarían reconociendo a los pensionados, no es dable, a través de una labor hermenéutica, colegir la exclusión de algunos o entender que solamente se hace referencia a unos, contrario al preciso texto de la norma convencional al extender el beneficio a «todos los derechos», como lo pretende el censor. Siendo ello así, como en efecto lo es, no es dable predicar un error ostensible del Tribunal al no aplicar una exclusión que, se insiste, no fue prevista por los protagonistas sociales creadores de la norma colectiva.

Ahora, en cuanto al argumento de acuerdo con el cual, los incrementos previstos en la Ley 4ª de 1976 eran inferiores al índice de precios al consumidor vigente para la época y, por lo tanto, no representan una mejora en las condiciones de los trabajadores, sino, por el contrario, un perjuicio, es necesario reiterar la libertad de las partes al pactar las cláusulas convencionales sin que sea válido al sentenciador intervenir o desconocer su tenor literal, salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso. Es apenas natural que si el pensionado venía recibiendo incrementos en su mesada pensional superiores a las previstas en la Ley 4ª de 1976 no elevó reclamo alguno, únicamente cuando éstas superaban las que aplicaba la entidad demandada ejerció el derecho previsto en la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual no resulta cuestionable.

Por último, respecto al tema concerniente a los efectos de cosa juzgada de la conciliación celebrada por el pensionado con la demandada, frente al incremento pensional reclamado, dado que el Tribunal consideró que el aludido derecho era cierto e indiscutible, se hace necesario en primera medida, establecer si erró el colegiado al declarar la improsperidad de dicho medio exceptivo por su naturaleza irrenunciable.

Se advierte que le asiste razón al juez colegiado cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 previstos en las convenciones colectivas de las que se beneficiaban los actores, constituyen derechos adquiridos y, por lo tanto, son ciertos e indiscutibles, por las razones que se pasan a exponer.

La certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extralegal y mucho menos que haya sido reconocido en una sentencia judicial; de manera que como los aumentos aquí otorgados se habían consolidado, resultaban necesariamente ciertos. Ahora, la cualificación de «adquiridos» implica la acción de consecución, obtención y sobre ello no podía haber duda, pues no se discute que en las convenciones colectivas se había pactado el derecho implorado y aún más, se había concedido.

De tal manera que cuando se desconoció por las partes la calidad de derecho cierto y se concilió el incremento pensional, se transgredieron las prerrogativas legales que protegen los derechos laborales que tienen carácter de irrenunciables; por lo tanto, el sentenciador no se equivocó al negar validez al acuerdo extralegal que pretendía modificar la fuente predeterminada de aumento de las mesadas.

Sobre el particular tema, la Sala en sentencia CSJ SL111-2021, que reiteró la CSJ SL4468-2019, indicó:

Por último, vale subrayar que los incrementos aludidos constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:

[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.

Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.

De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.

Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:

“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.

“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.

En ese mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias CSJ SL12138-014, CSJ SL2105-2015, CSJ SL12575-2017, CSJ SL4455-2018, CSJ SL4468-2019, SL3071-2020, CSJ SL517-2020 y CSJ SL3615-2020.

Siendo coherentes con lo explicado, el cargo no sale victorioso.

Sin costas por cuanto no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 19 de agosto de 2016, en el proceso ordinario laboral que promueve ARNULFO MORALES GONZÁLEZ en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IMPEDIDO

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

(Salva voto parcial)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Recurso Extraordinario de Casación

Radicación n.° 80856

Referencia: Demanda promovida por ARNULFO MORALES GONZÁLEZ contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP - ELECTRICARIBE S.A. ESP.

Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala en este especial asunto, en lo atiente a los efectos de cosa juzgada de la conciliación celebrada por el pensionado con la demandada, frente al incremento pensional reclamado, por las razones que paso a explicar.

En el presente caso, se observa que el actor , ARNULFO MORALES GONZALEZ suscribió acuerdo conciliatorio No 5392 con la empresa Electricaribe S.A. ESP, el 14 de julio de 2006, consistente en un pago del reajuste anual de pensiones vigentes que fue inferior al mínimo previsto en el sistema general de pensiones y cuyo contenido económico se tradujo en «aplicar un reajuste anual del IPC causado menos 2 puntos para cada uno de los cinco (5) años entre 2006 y 2010 y el otorgamiento de bonos anticipados que compensan el sistema de reajuste, adicionándolos a los efectos de los beneficios individuales de los que se benefician […]»

Frente a dicho acuerdo conciliatorio, la Sala mayoritariamente consideró que los referidos reajustes pensionales constituyen derechos adquiridos, ciertos e indiscutibles por haberse causado con anterioridad al Acto Legislativo 01/05, con fundamento en lo adoctrinado en providencia CSJ SL111-2021, que reiteró la CSJ SL4468-2019, donde al efecto precisó:

constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:

[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.

Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.

De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.

Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:

“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.

“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.

Contrario a lo argumentado por la Sala mayoritaria, a mi juicio, en tratándose de una conciliación sobre reajustes pensionales que recaen sobre un periodo determinado o fijo, como aquí sucede, ello no puede considerarse como un derecho cierto e indiscutible.

En efecto, se observa que el inspector de trabajo, al impartir su aprobación a la conciliación por considerar que no se vulneraban derechos ciertos e indiscutibles, señaló que la misma hacía tránsito a cosa juzgada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 640 de 2001 y 78 del CPTSS.

Bajo esa perspectiva, resulta indudable, que la pretensión ahora solicitada, por lo menos en lo que respecta a los reajustes pensionales comprendidos entre el 2006 y 31 de diciembre 2010, fueron objeto de conciliación, y por tanto los incrementos de ese lapso temporal, no podían ser objeto de nueva reclamación, por constituir cosa juzgada, como lo advirtió el funcionario del Ministerio al momento de impartir su aprobación.

Ahora bien, no sobra precisar, que a pesar de tratarse de reajustes pensionales, los mismos podían ser conciliados en razón a que se ha aceptado que es conforme al ordenamiento jurídico el pacto de cancelar de manera anticipadamente el valor de las mesadas pensionales en una suma única, por lo que resulta lógico aceptarlo igualmente respecto de reajustes futuros, al tratarse de una obligación accesoria a aquella.

Se dice lo anterior, por cuanto los actos jurídicos aquí celebrados no implican la renuncia o la perdida de vigencia de los reajustes pensionales pactados convencionalmente y en forma indefinida, pues se limitaron a los que se causaron desde la firma de los mismos, hasta el 31 de diciembre 2010; es decir, se trata de un acuerdo sobre incrementos pensionales eventuales, esto es, no se habían hecho exigibles, con lo que resulta dable afirmar que no se transgreden las garantías de los pensionados.

Al efecto, vale traer a colación lo dicho en la providencia CSJ SL5508-2018, en la que se reiteró lo establecido en la sentencia CSJ SL7778-2016, en la que se dispuso:

[…] el criterio jurisprudencial vigente se ha orientado a considerar lícito que las partes pacten el pago anticipado del valor de las mesadas en una suma única, porque ello no implica renuncia o pérdida del derecho pensional, ni se trata de derechos ciertos e indiscutibles, porque los acuerdos así concebidos versan es sobre mesadas pensionales eventuales, es decir, no causadas con lo cual no se transgreden las garantías de los pensionados.

De igual manera, la Corte en fallo CSJ SL17740-2015, adoctrinó:

[…] la pensión laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades, generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún susceptible de ser sustituida.

Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ (…) están regidas, básicamente en tratándose de pensiones de jubilación o vejez, por la sobrevivencia de su titular, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan con el transcurso del tiempo, y no una única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto ‘autónomo’ frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación.

La naturaleza anunciada de esta clase de prestaciones ha dado lugar, entre otras cosas, a que la calidad de pensionado se tenga como un verdadero y específico ‘status’ jurídico de la persona humana, en otras palabras, como una situación jurídica concreta que en la más de las veces se extiende por el resto de su existencia; como también, que a la ‘pensión laboral’ se la vea como una prestación social no pasible de extinguirse por prescripción alguna, como sí cada una de las prestaciones que de ella proceden.

De esa suerte, nacida la obligación pensional con el cumplimiento de los requisitos preestablecidos para el efecto, surge el derecho de ser reclamada por su beneficiario, en este caso, por el trabajador o por sus causahabientes. De no reconocerse espontáneamente o como resultado de la dicha reclamación, puede impetrarse la acción judicial para su reconocimiento, que no para su estructuración, por ser sabido que el derecho se constituye cuando se cumplen sus exigencias o presupuestos, y la sentencia judicial lo que hace es declararlo.

Por eso, siendo la obligación pensional de tracto sucesivo, y en consecuencia implicar que cada uno de sus periódicas ejecuciones sea un acto particular y autónomo, no es válido sostener que el pago anticipado de su valor, constituya per se un objeto ilícito, por ser inequívoco que la institución jurídica del pago, específicamente del ‘pago efectivo’ no es ni más ni menos que ‘la prestación de lo que se debe’ (artículo 1626 del Código Civil) y el ‘pago anticipado’ la satisfacción o solución del crédito eliminando el plazo o condición a que estuviere sujeto. Luego, nada más contrario a la invalidez de una obligación que su solución, pago o satisfacción.

El pago anticipado de las mesadas pensionales, o como en este caso el de los mayores valores a cargo del empleador por efecto de la subrogación del riesgo amparado inicialmente y de manera directa por el empleador al ente de seguridad social, en manera alguna afecta los predicamentos ciertos e indiscutibles que de ella se pueden hacer, esto es, la condición o calidad de ‘pensionado’ de su beneficiario, pues la conserva a plenitud en virtud de la dicha subrogación del riesgo en el ente de seguridad social; y su valor, coste o representación, pues el pago anticipado ya se vio es simplemente la aceleración de una plazo; ni deriva en objeto ilícito, pues no implica renuncia o pérdida del derecho, sencillamente, su cumplimiento anticipado, tal cual ya igualmente se vio.

Lo que no es dable confundir, como lo hace el recurrente y lo replica la demandada, son los llamados ‘pactos únicos de pensión futura’ con los pactos de pago anticipado de mesadas pensionales futuras, pues en tanto los primeros comportan la negociación de una expectativa pensional, sujeta en aras de su protección por ciertas condiciones de orden administrativo tributario y laboral, como las exigidos por el Estatuto Tributario en salvaguarda de los derechos del trabajador; los segundos entrañan el pago de mesadas que recaen sobre una pensión adquirida y, por tanto, innegociable como pensión, irrenunciable como derecho, pero susceptible de solucionar o pagar anticipadamente.

La sentencia CSJ SL, del 17 de jun. de 1993, rad.5761, que el Tribunal invocó en sustento de su decisión y que la opositora atinadamente cita, cobra plena vigencia para respaldar el anterior criterio, que en su momento expuso la Corporación en los siguientes términos:

“Por último, existe notoria diferencia entre las mesadas pensionales causadas, las cuales no pueden ser objeto de conciliación, y las eventuales que son las que están en curso de adquisición por el transcurso del tiempo. Estas últimas son las que pueden solucionarse anticipadamente mediante el pacto único de pensiones de jubilación, previo el cumplimiento de los requisitos señalados por el Estatuto Tributario, como son, la celebración del pacto por escrito, la presentación del cálculo actuarial y la aprobación del mismo por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto de Seguros Sociales.

“El pacto así celebrado constituye garantía de seguridad para el trabajador pensionado, especialmente cuando se está frente al cierre, liquidación o notable estado de descapitalización del empleador, que pueden hacer nugatorio el derecho pensional de los trabajadores afectados por tales circunstancias”.

Conforme a los anteriores lineamientos, cambiando lo que haya que cambiar (mutatis mutandis), se insiste que el objeto de la conciliación fue un sistema de pago anticipado de los incrementos pensionales que se causaran entre el 2006 y 31 de diciembre 2010, por lo que constituyendo una obligación de tracto sucesivo, cuyos momentos de exigibilidad son autónomos e independientes, resulta dable afirmar que el pago anticipado de los reajustes convencionales reconocidos en las conciliaciones, es licito, pues se insiste, ello no afecta el derecho cierto e indiscutible de los demandantes de ser pensionados, ni mucho menos de la conservación de reajuste pensional deprecado para los incrementos pensionales que se dieron con posterioridad al periodo objeto de conciliación, mientras persistan las causas que le dieron origen.

Sobre la validez de la conciliación y sus efectos, la Sala en la sentencia CSJ SL49900-2018, en la que se recordó lo dicho en la CSJ SL19457-2017, y donde se rememoró la CSJ SL15179-2017, que a su vez reiteró la CSJ-SL, del 14 de jun. 2011, rad. 38314, CSJ-SL del 24 de en. 2012, rad. 44039, se dijo:

[…]

2º) Entorno a la validez de la conciliación y el efecto de cosa juzgada Concerniente a la conciliación, como forma anormal de terminación de los procesos o como modo amigable de evitar futuros pleitos, esta sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, del 6 de jul.1992, rad. 4624, de la extinguida Sección Segunda, siguiendo las orientaciones de la Sala Plena de la Corporación, que en ese entonces actuaba como guardiana de la Constitución de 1886, así como la de otros pronunciamientos de las dos secciones de la sala que al efecto citó, y la opinión autorizada de un conocido tratadista nacional que igualmente trascribió, sentó la regla de que el efecto de cosa juzgada que los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo le atribuían a la conciliación producida en juicio o fuera de él, solo era válido «si además de cumplirse a cabalidad con los requisitos externos de validez del acto se configura un real acuerdo conciliatorio que no vulnera para nada la ley». Para esta conclusión, la Sección Segunda acogió la tesis de que la conciliación es un desarrollo de la autonomía de la voluntad, y desechó la otra en boga, según la cual la conciliación es un acto procesal, que como tal impedía su enervación en proceso posterior.

Reiteró la Corte en esa oportunidad, que la conciliación «trata esencialmente de un acuerdo de voluntades sometido a una solemnidad ad substantiam actus; y por ser un acto o declaración de voluntad, queda… sujeta para su validez y eficacia a que se cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 del Código Civil».

Así mismo precisó, respecto de la transacción, y luego de recalcar las diferencias sustanciales y procesales que tenía con la conciliación, «que si bien la transacción al igual que la conciliación producen el efecto de cosa juzgada en última instancia, siempre podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión cuando mediante cualquiera de tales actos o declaraciones de voluntad se transgrede la ley».

Luego, en providencia CSJ SL, del 4 de mar. 1994, rad. 6283 la Corte fue enfática en advertir que «cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que, por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables».

En este orden, fuerza concluir entonces, la validez y eficacia de la que gozan las conciliaciones aprobadas por el inspector de trabajo, la que tiene los mismos efectos de una sentencia debidamente ejecutoriada.

Acorde con los anteriores argumentos, resultaba dable casar el fallo fustigado, y en instancia, revocar la decisión condenatoria de primer nivel, en lo atinente a la procedencia de los reajustes deprecados, pues se itera, la conciliación que suscribieron los accionantes y recayó sobre los tantas veces referidos incrementos pensionales, no constituye un derecho cierto e indiscutible, y en tal virtud eran perfectamente válidos los acuerdos conciliatorios que se hicieron sobre los mismos.

En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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