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Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL334-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL334-2023

Fecha
30 de enero de 2023
Magistrado ponente
Carlos Arturo Guarin Jurado
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL334-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas por ROSA ISABEL MOSCOTE VIDES, para en su lugar, CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA a reajustarle la mesada pensional, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 y pagarle por concepto de incrementos desde el 23 de octubre de 2012 hasta el 31 de enero de 2023, la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS ($109.730.601), de la forma expuesta en la considerativa. A partir de enero de 2023 la demandada pagará una mesada de $4.099.373. SEGUNDO: ORDENAR a la demandada indexe de la forma indicada en la motiva, las diferencias causadas. TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas del 23 de octubre de 2012 hacia atrás; y no probadas las demás. CUARTO: La demandada deberá deducir el correspondiente aporte para salud, de la suma reconocida como diferencia pensional, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, con el fin de que sea transferido a la correspondiente EPS. QUINTO: COSTAS conforme la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL334-2023

Magistrado ponente: Carlos Arturo Guarin Jurado

30 de enero de 2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO

Magistrado ponente

SL334-2023

Radicación n.° 85665

Acta 02

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Procede la Corte a proferir el fallo de instancia, conforme a lo ordenado en la sentencia CSJ SL3771-2021, emitida en el proceso ordinario laboral que instauró ROSA ISABEL MOSCOTE VIDES contra el DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

ANTECEDENTES

Rosa Isabel Moscote Vides llamó a juicio al Departamento del Magdalena, en su condición de sucesor de la extinta Industria Licorera, para que se declarara, que por ser sustituta pensional del señor Escalona Diago, tiene derecho al reajuste de las mesadas pensionales de conformidad con la Convención Colectiva de 1979, junto con el reconocimiento de la indexación, lo que resulte probado y las costas.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta el 23 de junio de 2016, absolvió al demandado.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 18 de septiembre de 2018, ante apelación de la actora, confirmó esa decisión.

La Corte, a través de la providencia arriba referenciada, quebró la sentencia del colegiado, pues encontró:

i) Que al derecho pensional del causante, esto es, el que sustituyó la actora, le era aplicable la cláusula 2ª de la CCT de 1979.

ii) Que, en efecto, aunque a aquél le había sido concedida la prestación desde 1973, la intención que expresó la demandada en esa convención, era reconocer el reajuste allí convenido a todos sus pensionados, esto es, a los que como el fallecido se hallaban disfrutando del derecho y a quienes se lo reconocieran con posterioridad.

iii) Que, por tanto, tal prerrogativa ingresó al patrimonio del pensionado, motivo por el cual, la derogatoria que surtió en la cláusula 67 de la CCT 1985, no le impactaba.

iv) Que como la demandante no adquirió un derecho nuevo sino uno derivado, correspondía realizar el incremento pretendido, que no era uno distinto que el de la Ley 4ª de 1976.

Por consiguiente, ofició al Departamento del Magdalena para que certificara las mesadas pensionales concedidas a Julio Nelson Escalona; así como, los incrementos pensionales aplicados al derecho del causante desde 1973 y a la actora a partir de 2012 (f.° 43 a 56, cuaderno de la Corte).

En respuesta a lo anterior, fueron remitidos los documentos de f.° 62 a 66 y 68 a 75, ib, cuyo traslado se surtió en lista y del cual realizó pronunciamiento la demandante, indicando que no existía objeción frente a lo certificado (f.° 78, ibidem).

CONSIDERACIONES

Para resolver la impugnación presentada por la señora Moscote Vides, contra la decisión absolutoria de primer grado, importa precisar que se encuentra demostrado: i) que es sustituta pensional de Julio Nelson Escalona Diago (f.° 16, cuaderno del juzgado), a quien le había sido reconocida la pensión de jubilación por la extinta Industria Licorera del Magdalena, a partir del 8 de agosto de 1973 (f.° 13 y 14, ibidem); ii) que la ex empleadora y su sindicato de trabajadores suscribieron múltiples convenciones colectivas, entre ellas la que firmaron el 10 de enero de 1979 (f.° 44 a 46, cuaderno del juzgado); iii) que dicho acuerdo, contrario a lo que réplica la accionada, se depositó en «enero 12/79», es decir, al tenor del artículo 482 del CST, oportunamente (f.° 46, ibidem).

Adicionalmente, en sede de casación quedó establecido: iv) que la cláusula 2ª de mencionado compendio, dice: «Los pensionados de la Industria Licorera del Magdalena se seguirán rigiendo por las normas legales que se consignan en la Ley 4ª de 1976 [...]»; v) que no hay prueba de denuncia o modificación del acuerdo en referencia, distinto del que introdujo la CCT de 1985, que le derogó; vi) que, no obstante, esa variación extralegal, no le era aplicable al pensionado y, por tanto, tampoco a su sustituta, pues a partir de 1979 esos derechos pensionales ingresaron al patrimonio del causante.

Ahora, en armonía con lo anterior, se tiene que la extinta empleadora se comprometió a reconocer a partir de esa anualidad, en favor de sus pensionados, los reajustes de que trata el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, equivalentes a un 15 % sobre la mesada, cuando en el año anterior, esta fuera inferior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ese entendimiento emerge del pacto, según se razonó en sede extraordinaria, por lo que la Sala se remite a lo allí considerado, agregando que la jurisprudencia ha explicado que preceptos extralegales como el analizado, al remitirse a esa normativa, no se refiere a las prerrogativas en salud y a la mesada adicional que se reconocía en aplicación de ese precepto, sino al aumento referido.

En ese sentido, al analizar un caso similar, entre otras, en la sentencia CSJ SL3781-2019, la Sala expresó:

[…] al analizar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían todos los derechos consagrados en la citada Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1° del referido ordenamiento legal al que se remite la cláusula convencional, ni se colige, como lo sugiere la recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a gastos de sepelio, servicios de salud y auxilios de educación, consignados en otros artículos de la citada Ley 4ª. Es decir, de su contenido no es posible deducir intención alguna de las partes en ese sentido.

Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Y en la CSJ SL3071-2020, al reiterar la regla de la providencia CSJ SL7302-2016, precisó: «[…] que el único entendimiento posible [...], es que los incrementos allí fijados, en los términos de la Ley 4ª de 1976, son aplicables a todos los pensionados de la empresa sin importar la vigencia de la norma legal».

Mientras en la CSJ SL2573-2021, al resolver un caso semejante, se consideró que:

[...] no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal.

[...]

De lo expuesto se deriva que dado que la cláusula convencional no diferencia qué derechos de los contemplados en la Ley 4ª de 1976 se continuarían reconociendo a los pensionados, no es dable, a través de una labor hermenéutica, colegir la exclusión de algunos o entender que solamente se hace referencia a unos, contrario al preciso texto de la norma convencional al extender el beneficio a «todos los derechos», como lo pretende el censor. Siendo ello así, como en efecto lo es, no es dable predicar un error ostensible del Tribunal al no aplicar una exclusión que, se insiste, no fue prevista por los protagonistas sociales creadores de la norma colectiva.

[...]

Ahora, en cuanto al argumento de acuerdo con el cual, los incrementos previstos en la Ley 4ª de 1976 eran inferiores al índice de precios al consumidor vigente para la época y, por lo tanto, no representan una mejora en las condiciones de los trabajadores, sino, por el contrario, un perjuicio, es necesario reiterar la libertad de las partes al pactar las cláusulas convencionales sin que sea válido al sentenciador intervenir o desconocer su tenor literal, salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso.

Así las cosas, la remisión que la cláusula convencional hizo a la Ley 4ª de 1976, no puede entenderse limitada a ciertas prerrogativas, pues fue voluntad de las partes incorporar de manera integral una norma de naturaleza legal que legitimara el incremento pensional en un 15 % como mínimo a favor de algunos beneficiarios, aun a pesar de que dicha disposición eventualmente fuera derogada.

Ahora, tal comprensión queda además corroborada, con el hecho de que la accionada hubiere reconocido sobre la mesada pensional del causante y de su sustituta, un reajuste igual o superior al 15 %, desde 1979, conforme se observa en la certificación de f.° 68, cuaderno de la Corte, así:

MESADA

INCREMENTO

1973

5.115

1974

6.292

23 %

1975

9.060

44 %

1976

11.325

25 %

1977

14.156

25 %

1978

17.696

25 %

1979

20.350

15 %

1980

24.188

19 %

1981

27.816

15 %

1982

31.988

15 %

1983

36.787

15 %

1984

42.305

15 %

1985

48.650

15 %

1986

55.948

15 %

1987

64.340

15 %

1988

73.991

15 %

1989

85.090

15 %

1990

108.064

27 %

1991

136.161

26 %

1992

171.562

26 %

1993

240.254

25,03451 %+12 %

1994

352.832

21,08943 %+12 %

1995

415.415

22,59 %+4 %

1996

496.255

19,46 %

1997

603.595

21,63 %

1998

710.311

17,68 %

1999

828.933

16,70 %

2000

905.443

9,23 %

2001

984.670

8,75 %

2002

1.059.997

7,65 %

2003

1.139.179

7,47 %

2004

1.228.399

7,83 %

2005

1.295.961

5,50 %

2006

1.358.815

4,85 %

2007

1.419.690

4,48 %

2008

1.500.470

5,69 %

2009

1.615.556

7,67 %

2010

1.647.868

2 %

2011

1.700.105

3,17 %

2012

1.763.519

3,73 %

2013

1.806.549

2,44 %

2014

1.841.596

1,94 %

2015

1.908.998

3,66 %

2016

2.038.237

6,77 %

2017

2.155.436

5,75 %

2018

2.243.593

4,09 %

2019

2.314.939

3,18 %

2020

2.402.907

3,80 %

2021

2.441.594

1,61 %

Sin embargo, como de acuerdo con esa documental, a partir del año 2000, la convocada dejó de reconocer el reajuste pensional en referencia, corresponde determinar su cuantificación, teniendo en consideración: i) que la demandante nunca percibió una mesada superior a 5 SMMLV; ii) que antes de 2000 siempre se le hizo un reajuste equivalente o superior al 15 % y, iii) que a partir del año 2000, se le adeuda la diferencia que genera la aplicación de ese porcentaje, por cuanto el que se le concedió de allí en adelante, fue inferior.

En consecuencia, con acopio de lo razonado al desatar la impugnación extraordinaria y a lo expuesto en esta ocasión, la Corporación revocará la primera sentencia y ordenará pagar la diferencia generada respecto de las mesadas causadas del 23 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2022, porque la demandante interrumpió el término prescriptivo en aquella fecha, pero de 2015, cuando presentó la reclamación al Departamento del Magdalena (f.° 18 a 20, cuaderno del juzgado).

Lo último, teniendo en cuenta que ese cómputo trienal permaneció en suspenso hasta la Resolución n.° 021 del 22 de enero de 2016 (f.° 22 a 27, ibidem) y que, a partir de allí, hasta la interposición de la demanda (3 de marzo de 2016 - f.° 120, ib), tampoco transcurrió un período superior a los tres años.

En consecuencia, se declarará parcialmente próspera la excepción de prescripción y no prósperas las de inexistencia de la obligación, presunción de legalidad, firmeza de los actos administrativos, carencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y buena fe, que buscaban enervar el reconocimiento pretendido.

Ahora, en la liquidación del reajuste correspondiente, se tomarán, conforme los cálculos que a continuación se exponen, 12 mesadas al año, porque la Resolución n.° 137 de 1984, sin cuestionamiento alguno en el presente trámite o petición declarativa tendiente a que se obtenga una suma superior, indica que al causante le fue reconocida una pensión de jubilación en ese número de mesadas.

Sin embargo, en caso tal que la demandada le éste reconociendo un número de mesadas superior, deberá atenerse al que este concediendo.

FECHAS

VR. DE LA MESADA PAGADA : JUBILACIÒN

VR. DE LA MESADA RECLAMADA

DIFERENCIAS A FAVOR

INICIO

FIN

TOPE: 5 SMLV

INC. %

VR. JUBILACIÓN INCREMENTADA EN EL 15% HASTA 5 SMLV

DIFERENCIA EN LA JUBILACIÒN

Nº DE PAGOS

TOTAL DIFERENCIAS ADEUDADAS

8/08/1973

31/12/1973

$ 5.115

1/01/1974

31/12/1974

$ 6.292

1/01/1975

31/12/1975

$ 9.060

1/01/1976

31/12/1976

$ 11.325

1/01/1977

31/12/1977

$ 14.156

1/01/1978

31/12/1978

$ 17.696

1/01/1979

31/12/1979

$ 20.350

1/01/1980

31/12/1980

$ 24.188

1/01/1981

31/12/1981

$ 27.816

1/01/1982

31/12/1982

$ 31.988

1/01/1983

31/12/1983

$ 36.787

1/01/1984

31/12/1984

$ 42.305

21/01/1985

31/12/1985

$ 48.650

1/01/1986

31/12/1986

$ 55.948

1/01/1987

31/12/1987

$ 64.340

1/01/1988

31/12/1988

$ 73.991

1/01/1989

31/12/1989

$ 85.090

1/01/1990

31/12/1990

$ 108.064

1/01/1991

31/12/1991

$ 136.161

1/01/1992

31/12/1992

$ 171.562

1/01/1993

31/12/1993

$ 240.254

1/01/1994

31/12/1994

$ 325.832

1/01/1995

31/12/1995

$ 415.415

1/01/1996

31/12/1996

$ 490.255

1/01/1997

31/12/1997

$ 603.595

1/01/1998

31/12/1998

$ 710.311

1/01/1999

31/12/1999

$ 828.933

1/01/2000

31/12/2000

$ 905.443

$ 1.300.500

15,00%

$ 905.443

$ -

Prescripción

1/01/2001

31/12/2001

$ 984.670

$ 1.430.000

15,00%

$ 1.041.259

$ 56.589

Prescripción

1/01/2002

31/12/2002

$ 1.059.997

$ 1.545.000

15,00%

$ 1.197.448

$ 137.451

Prescripción

1/01/2003

31/12/2003

$ 1.039.179

$ 1.660.000

15,00%

$ 1.377.066

$ 337.887

Prescripción

1/01/2004

31/12/2004

$ 1.228.390

$ 1.790.000

15,00%

$ 1.583.625

$ 355.235

Prescripción

1/01/2005

31/12/2005

$ 1.295.961

$ 1.907.500

4,85%

$ 1.821.169

$ 525.208

Prescripción

1/01/2006

31/12/2006

$ 1.358.815

$ 2.040.000

4,48%

$ 1.909.496

$ 550.681

Prescripción

1/01/2007

31/12/2007

$ 1.419.690

$ 2.168.500

5,69%

$ 1.995.041

$ 575.351

Prescripción

1/01/2008

31/12/2008

$ 1.500.470

$ 2.307.500

7,67%

$ 2.108.559

$ 608.089

Prescripción

1/01/2009

31/12/2009

$ 1.615.596

$ 2.484.500

2,00%

$ 2.270.286

$ 654.690

Prescripción

1/01/2010

31/12/2010

$ 1.647.868

$ 2.575.000

3,17%

$ 2.315.691

$ 667.823

Prescripción

1/01/2011

31/12/2011

$ 1.700.103

$ 2.678.000

3,73%

$ 2.389.099

$ 688.996

Prescripción

1/01/2012

22/10/2012

$ 1.763.619

$ 2.833.500

2,44%

$ 2.478.212

$ 714.593

Prescripción

23/10/2012

31/12/2012

$ 1.763.619

$ 2.833.500

2,44%

$ 2.478.212

$ 714.593

4

$ 2.858.373

1/01/2013

31/12/2013

$ 1.806.549

$ 2.947.500

1,94%

$ 2.538.681

$ 732.132

12

$ 8.785.580

1/01/2014

31/12/2014

$ 1.841.596

$ 3.080.000

3,66%

$ 2.587.931

$ 746.335

12

$ 8.956.021

1/01/2015

31/12/2015

$ 1.908.998

$ 3.221.750

6,77%

$ 2.682.649

$ 773.651

12

$ 9.283.816

1/01/2016

31/12/2016

$ 2.038.237

$ 3.447.273

5,75%

$ 2.864.265

$ 826.028

12

$ 9.912.333

1/01/2017

31/12/2017

$ 2.155.436

$ 3.688.585

4,09%

$ 3.028.960

$ 873.524

12

$ 10.482.287

1/01/2018

31/12/2018

$ 2.243.593

$ 3.906.210

3,18%

$ 3.152.844

$ 909.251

12

$ 10.911.017

1/01/2019

31/12/2019

$ 2.314.939

$ 4.140.580

3,80%

$ 3.253.105

$ 938.166

12

$ 11.257.990

1/01/2020

31/12/2020

$ 2.402.907

$ 4.389.015

1,61%

$ 3.376.723

$ 973.816

12

$ 11.685.790

1/01/2021

31/12/2021

$ 2.441.594

$ 4.542.630

5,62%

$ 3.431.088

$ 989.494

12

$ 11.873.929

1/01/2022

31/12/2022

$ 2.578.812

$ 5.000.000

13,12%

$ 3.623.915

$ 1.045.104

12

$ 12.541.244

1/01/2023

31/01/2023

$ 2.917.152

$ 5.800.000

$ 4.099.373

$ 1.182.221

1

$ 1.182.221

$ 109.730.601

Así las cosas, la demandada deberá cancelar a la demandante, CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS ($109.730.601) o un monto superior de encontrarse concediendo más de 12 mesadas, los cuales, en todo caso han de ser indexados a la fecha en que se haga efectivo su pago, por razón a la evidente depreciación de su valor adquisitivo por el transcurso del tiempo.

Para ello, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

VA= Vh * IPC Final

IPC inicial

De donde:

“VA = corresponde al valor de la diferencia de cada mesada pensional a actualizar.

IPC Final = IPC mes en que se realice el pago.

IPC Inicial = IPC mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional.

Finalmente, la demandada deberá deducir el correspondiente aporte para salud, de la suma reconocida como diferencia pensional, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, con el fin de que sea transferido a la EPS a la que se encuentre afiliada la actora.

Costas de ambas instancias a cargo de la demandada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas por ROSA ISABEL MOSCOTE VIDES, para en su lugar, CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA a reajustarle la mesada pensional, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 y pagarle por concepto de incrementos desde el 23 de octubre de 2012 hasta el 31 de enero de 2023, la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS ($109.730.601), de la forma expuesta en la considerativa.

A partir de enero de 2023 la demandada pagará una mesada de $4.099.373.

SEGUNDO: ORDENAR a la demandada indexe de la forma indicada en la motiva, las diferencias causadas.

TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas del 23 de octubre de 2012 hacia atrás; y no probadas las demás.

CUARTO: La demandada deberá deducir el correspondiente aporte para salud, de la suma reconocida como diferencia pensional, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, con el fin de que sea transferido a la correspondiente EPS.

QUINTO: COSTAS conforme la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO

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