Ficha de la providencia
Sentencia SL334-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Ficha de la providencia
Sentencia SL334-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL334-2023
Magistrado ponente: Carlos Arturo Guarin Jurado
30 de enero de 2023
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
Magistrado ponente
SL334-2023
Radicación n.° 85665
Acta 02
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Procede la Corte a proferir el fallo de instancia, conforme a lo ordenado en la sentencia CSJ SL3771-2021, emitida en el proceso ordinario laboral que instauró ROSA ISABEL MOSCOTE VIDES contra el DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
ANTECEDENTES
Rosa Isabel Moscote Vides llamó a juicio al Departamento del Magdalena, en su condición de sucesor de la extinta Industria Licorera, para que se declarara, que por ser sustituta pensional del señor Escalona Diago, tiene derecho al reajuste de las mesadas pensionales de conformidad con la Convención Colectiva de 1979, junto con el reconocimiento de la indexación, lo que resulte probado y las costas.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta el 23 de junio de 2016, absolvió al demandado.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 18 de septiembre de 2018, ante apelación de la actora, confirmó esa decisión.
La Corte, a través de la providencia arriba referenciada, quebró la sentencia del colegiado, pues encontró:
i) Que al derecho pensional del causante, esto es, el que sustituyó la actora, le era aplicable la cláusula 2ª de la CCT de 1979.
ii) Que, en efecto, aunque a aquél le había sido concedida la prestación desde 1973, la intención que expresó la demandada en esa convención, era reconocer el reajuste allí convenido a todos sus pensionados, esto es, a los que como el fallecido se hallaban disfrutando del derecho y a quienes se lo reconocieran con posterioridad.
iii) Que, por tanto, tal prerrogativa ingresó al patrimonio del pensionado, motivo por el cual, la derogatoria que surtió en la cláusula 67 de la CCT 1985, no le impactaba.
iv) Que como la demandante no adquirió un derecho nuevo sino uno derivado, correspondía realizar el incremento pretendido, que no era uno distinto que el de la Ley 4ª de 1976.
Por consiguiente, ofició al Departamento del Magdalena para que certificara las mesadas pensionales concedidas a Julio Nelson Escalona; así como, los incrementos pensionales aplicados al derecho del causante desde 1973 y a la actora a partir de 2012 (f.° 43 a 56, cuaderno de la Corte).
En respuesta a lo anterior, fueron remitidos los documentos de f.° 62 a 66 y 68 a 75, ib, cuyo traslado se surtió en lista y del cual realizó pronunciamiento la demandante, indicando que no existía objeción frente a lo certificado (f.° 78, ibidem).
CONSIDERACIONES
Para resolver la impugnación presentada por la señora Moscote Vides, contra la decisión absolutoria de primer grado, importa precisar que se encuentra demostrado: i) que es sustituta pensional de Julio Nelson Escalona Diago (f.° 16, cuaderno del juzgado), a quien le había sido reconocida la pensión de jubilación por la extinta Industria Licorera del Magdalena, a partir del 8 de agosto de 1973 (f.° 13 y 14, ibidem); ii) que la ex empleadora y su sindicato de trabajadores suscribieron múltiples convenciones colectivas, entre ellas la que firmaron el 10 de enero de 1979 (f.° 44 a 46, cuaderno del juzgado); iii) que dicho acuerdo, contrario a lo que réplica la accionada, se depositó en «enero 12/79», es decir, al tenor del artículo 482 del CST, oportunamente (f.° 46, ibidem).
Adicionalmente, en sede de casación quedó establecido: iv) que la cláusula 2ª de mencionado compendio, dice: «Los pensionados de la Industria Licorera del Magdalena se seguirán rigiendo por las normas legales que se consignan en la Ley 4ª de 1976 [...]»; v) que no hay prueba de denuncia o modificación del acuerdo en referencia, distinto del que introdujo la CCT de 1985, que le derogó; vi) que, no obstante, esa variación extralegal, no le era aplicable al pensionado y, por tanto, tampoco a su sustituta, pues a partir de 1979 esos derechos pensionales ingresaron al patrimonio del causante.
Ahora, en armonía con lo anterior, se tiene que la extinta empleadora se comprometió a reconocer a partir de esa anualidad, en favor de sus pensionados, los reajustes de que trata el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, equivalentes a un 15 % sobre la mesada, cuando en el año anterior, esta fuera inferior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ese entendimiento emerge del pacto, según se razonó en sede extraordinaria, por lo que la Sala se remite a lo allí considerado, agregando que la jurisprudencia ha explicado que preceptos extralegales como el analizado, al remitirse a esa normativa, no se refiere a las prerrogativas en salud y a la mesada adicional que se reconocía en aplicación de ese precepto, sino al aumento referido.
En ese sentido, al analizar un caso similar, entre otras, en la sentencia CSJ SL3781-2019, la Sala expresó:
[…] al analizar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían todos los derechos consagrados en la citada Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1° del referido ordenamiento legal al que se remite la cláusula convencional, ni se colige, como lo sugiere la recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a gastos de sepelio, servicios de salud y auxilios de educación, consignados en otros artículos de la citada Ley 4ª. Es decir, de su contenido no es posible deducir intención alguna de las partes en ese sentido.
Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y en la CSJ SL3071-2020, al reiterar la regla de la providencia CSJ SL7302-2016, precisó: «[…] que el único entendimiento posible [...], es que los incrementos allí fijados, en los términos de la Ley 4ª de 1976, son aplicables a todos los pensionados de la empresa sin importar la vigencia de la norma legal».
Mientras en la CSJ SL2573-2021, al resolver un caso semejante, se consideró que:
[...] no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal.
[...]
De lo expuesto se deriva que dado que la cláusula convencional no diferencia qué derechos de los contemplados en la Ley 4ª de 1976 se continuarían reconociendo a los pensionados, no es dable, a través de una labor hermenéutica, colegir la exclusión de algunos o entender que solamente se hace referencia a unos, contrario al preciso texto de la norma convencional al extender el beneficio a «todos los derechos», como lo pretende el censor. Siendo ello así, como en efecto lo es, no es dable predicar un error ostensible del Tribunal al no aplicar una exclusión que, se insiste, no fue prevista por los protagonistas sociales creadores de la norma colectiva.
[...]
Ahora, en cuanto al argumento de acuerdo con el cual, los incrementos previstos en la Ley 4ª de 1976 eran inferiores al índice de precios al consumidor vigente para la época y, por lo tanto, no representan una mejora en las condiciones de los trabajadores, sino, por el contrario, un perjuicio, es necesario reiterar la libertad de las partes al pactar las cláusulas convencionales sin que sea válido al sentenciador intervenir o desconocer su tenor literal, salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso.
Así las cosas, la remisión que la cláusula convencional hizo a la Ley 4ª de 1976, no puede entenderse limitada a ciertas prerrogativas, pues fue voluntad de las partes incorporar de manera integral una norma de naturaleza legal que legitimara el incremento pensional en un 15 % como mínimo a favor de algunos beneficiarios, aun a pesar de que dicha disposición eventualmente fuera derogada.
Ahora, tal comprensión queda además corroborada, con el hecho de que la accionada hubiere reconocido sobre la mesada pensional del causante y de su sustituta, un reajuste igual o superior al 15 %, desde 1979, conforme se observa en la certificación de f.° 68, cuaderno de la Corte, así:
MESADA
INCREMENTO
1973
5.115
1974
6.292
23 %
1975
9.060
44 %
1976
11.325
25 %
1977
14.156
25 %
1978
17.696
25 %
1979
20.350
15 %
1980
24.188
19 %
1981
27.816
15 %
1982
31.988
15 %
1983
36.787
15 %
1984
42.305
15 %
1985
48.650
15 %
1986
55.948
15 %
1987
64.340
15 %
1988
73.991
15 %
1989
85.090
15 %
1990
108.064
27 %
1991
136.161
26 %
1992
171.562
26 %
1993
240.254
25,03451 %+12 %
1994
352.832
21,08943 %+12 %
1995
415.415
22,59 %+4 %
1996
496.255
19,46 %
1997
603.595
21,63 %
1998
710.311
17,68 %
1999
828.933
16,70 %
2000
905.443
9,23 %
2001
984.670
8,75 %
2002
1.059.997
7,65 %
2003
1.139.179
7,47 %
2004
1.228.399
7,83 %
2005
1.295.961
5,50 %
2006
1.358.815
4,85 %
2007
1.419.690
4,48 %
2008
1.500.470
5,69 %
2009
1.615.556
7,67 %
2010
1.647.868
2 %
2011
1.700.105
3,17 %
2012
1.763.519
3,73 %
2013
1.806.549
2,44 %
2014
1.841.596
1,94 %
2015
1.908.998
3,66 %
2016
2.038.237
6,77 %
2017
2.155.436
5,75 %
2018
2.243.593
4,09 %
2019
2.314.939
3,18 %
2020
2.402.907
3,80 %
2021
2.441.594
1,61 %
Sin embargo, como de acuerdo con esa documental, a partir del año 2000, la convocada dejó de reconocer el reajuste pensional en referencia, corresponde determinar su cuantificación, teniendo en consideración: i) que la demandante nunca percibió una mesada superior a 5 SMMLV; ii) que antes de 2000 siempre se le hizo un reajuste equivalente o superior al 15 % y, iii) que a partir del año 2000, se le adeuda la diferencia que genera la aplicación de ese porcentaje, por cuanto el que se le concedió de allí en adelante, fue inferior.
En consecuencia, con acopio de lo razonado al desatar la impugnación extraordinaria y a lo expuesto en esta ocasión, la Corporación revocará la primera sentencia y ordenará pagar la diferencia generada respecto de las mesadas causadas del 23 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2022, porque la demandante interrumpió el término prescriptivo en aquella fecha, pero de 2015, cuando presentó la reclamación al Departamento del Magdalena (f.° 18 a 20, cuaderno del juzgado).
Lo último, teniendo en cuenta que ese cómputo trienal permaneció en suspenso hasta la Resolución n.° 021 del 22 de enero de 2016 (f.° 22 a 27, ibidem) y que, a partir de allí, hasta la interposición de la demanda (3 de marzo de 2016 - f.° 120, ib), tampoco transcurrió un período superior a los tres años.
En consecuencia, se declarará parcialmente próspera la excepción de prescripción y no prósperas las de inexistencia de la obligación, presunción de legalidad, firmeza de los actos administrativos, carencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y buena fe, que buscaban enervar el reconocimiento pretendido.
Ahora, en la liquidación del reajuste correspondiente, se tomarán, conforme los cálculos que a continuación se exponen, 12 mesadas al año, porque la Resolución n.° 137 de 1984, sin cuestionamiento alguno en el presente trámite o petición declarativa tendiente a que se obtenga una suma superior, indica que al causante le fue reconocida una pensión de jubilación en ese número de mesadas.
Sin embargo, en caso tal que la demandada le éste reconociendo un número de mesadas superior, deberá atenerse al que este concediendo.
FECHAS
VR. DE LA MESADA PAGADA : JUBILACIÒN
VR. DE LA MESADA RECLAMADA
DIFERENCIAS A FAVOR
INICIO
FIN
TOPE: 5 SMLV
INC. %
VR. JUBILACIÓN INCREMENTADA EN EL 15% HASTA 5 SMLV
DIFERENCIA EN LA JUBILACIÒN
Nº DE PAGOS
TOTAL DIFERENCIAS ADEUDADAS
8/08/1973
31/12/1973
$ 5.115
1/01/1974
31/12/1974
$ 6.292
1/01/1975
31/12/1975
$ 9.060
1/01/1976
31/12/1976
$ 11.325
1/01/1977
31/12/1977
$ 14.156
1/01/1978
31/12/1978
$ 17.696
1/01/1979
31/12/1979
$ 20.350
1/01/1980
31/12/1980
$ 24.188
1/01/1981
31/12/1981
$ 27.816
1/01/1982
31/12/1982
$ 31.988
1/01/1983
31/12/1983
$ 36.787
1/01/1984
31/12/1984
$ 42.305
21/01/1985
31/12/1985
$ 48.650
1/01/1986
31/12/1986
$ 55.948
1/01/1987
31/12/1987
$ 64.340
1/01/1988
31/12/1988
$ 73.991
1/01/1989
31/12/1989
$ 85.090
1/01/1990
31/12/1990
$ 108.064
1/01/1991
31/12/1991
$ 136.161
1/01/1992
31/12/1992
$ 171.562
1/01/1993
31/12/1993
$ 240.254
1/01/1994
31/12/1994
$ 325.832
1/01/1995
31/12/1995
$ 415.415
1/01/1996
31/12/1996
$ 490.255
1/01/1997
31/12/1997
$ 603.595
1/01/1998
31/12/1998
$ 710.311
1/01/1999
31/12/1999
$ 828.933
1/01/2000
31/12/2000
$ 905.443
$ 1.300.500
15,00%
$ 905.443
$ -
Prescripción
1/01/2001
31/12/2001
$ 984.670
$ 1.430.000
15,00%
$ 1.041.259
$ 56.589
Prescripción
1/01/2002
31/12/2002
$ 1.059.997
$ 1.545.000
15,00%
$ 1.197.448
$ 137.451
Prescripción
1/01/2003
31/12/2003
$ 1.039.179
$ 1.660.000
15,00%
$ 1.377.066
$ 337.887
Prescripción
1/01/2004
31/12/2004
$ 1.228.390
$ 1.790.000
15,00%
$ 1.583.625
$ 355.235
Prescripción
1/01/2005
31/12/2005
$ 1.295.961
$ 1.907.500
4,85%
$ 1.821.169
$ 525.208
Prescripción
1/01/2006
31/12/2006
$ 1.358.815
$ 2.040.000
4,48%
$ 1.909.496
$ 550.681
Prescripción
1/01/2007
31/12/2007
$ 1.419.690
$ 2.168.500
5,69%
$ 1.995.041
$ 575.351
Prescripción
1/01/2008
31/12/2008
$ 1.500.470
$ 2.307.500
7,67%
$ 2.108.559
$ 608.089
Prescripción
1/01/2009
31/12/2009
$ 1.615.596
$ 2.484.500
2,00%
$ 2.270.286
$ 654.690
Prescripción
1/01/2010
31/12/2010
$ 1.647.868
$ 2.575.000
3,17%
$ 2.315.691
$ 667.823
Prescripción
1/01/2011
31/12/2011
$ 1.700.103
$ 2.678.000
3,73%
$ 2.389.099
$ 688.996
Prescripción
1/01/2012
22/10/2012
$ 1.763.619
$ 2.833.500
2,44%
$ 2.478.212
$ 714.593
Prescripción
23/10/2012
31/12/2012
$ 1.763.619
$ 2.833.500
2,44%
$ 2.478.212
$ 714.593
4
$ 2.858.373
1/01/2013
31/12/2013
$ 1.806.549
$ 2.947.500
1,94%
$ 2.538.681
$ 732.132
12
$ 8.785.580
1/01/2014
31/12/2014
$ 1.841.596
$ 3.080.000
3,66%
$ 2.587.931
$ 746.335
12
$ 8.956.021
1/01/2015
31/12/2015
$ 1.908.998
$ 3.221.750
6,77%
$ 2.682.649
$ 773.651
12
$ 9.283.816
1/01/2016
31/12/2016
$ 2.038.237
$ 3.447.273
5,75%
$ 2.864.265
$ 826.028
12
$ 9.912.333
1/01/2017
31/12/2017
$ 2.155.436
$ 3.688.585
4,09%
$ 3.028.960
$ 873.524
12
$ 10.482.287
1/01/2018
31/12/2018
$ 2.243.593
$ 3.906.210
3,18%
$ 3.152.844
$ 909.251
12
$ 10.911.017
1/01/2019
31/12/2019
$ 2.314.939
$ 4.140.580
3,80%
$ 3.253.105
$ 938.166
12
$ 11.257.990
1/01/2020
31/12/2020
$ 2.402.907
$ 4.389.015
1,61%
$ 3.376.723
$ 973.816
12
$ 11.685.790
1/01/2021
31/12/2021
$ 2.441.594
$ 4.542.630
5,62%
$ 3.431.088
$ 989.494
12
$ 11.873.929
1/01/2022
31/12/2022
$ 2.578.812
$ 5.000.000
13,12%
$ 3.623.915
$ 1.045.104
12
$ 12.541.244
1/01/2023
31/01/2023
$ 2.917.152
$ 5.800.000
$ 4.099.373
$ 1.182.221
1
$ 1.182.221
$ 109.730.601
Así las cosas, la demandada deberá cancelar a la demandante, CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS ($109.730.601) o un monto superior de encontrarse concediendo más de 12 mesadas, los cuales, en todo caso han de ser indexados a la fecha en que se haga efectivo su pago, por razón a la evidente depreciación de su valor adquisitivo por el transcurso del tiempo.
Para ello, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
VA= Vh * IPC Final
IPC inicial
De donde:
“VA = corresponde al valor de la diferencia de cada mesada pensional a actualizar.
IPC Final = IPC mes en que se realice el pago.
IPC Inicial = IPC mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional.
Finalmente, la demandada deberá deducir el correspondiente aporte para salud, de la suma reconocida como diferencia pensional, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, con el fin de que sea transferido a la EPS a la que se encuentre afiliada la actora.
Costas de ambas instancias a cargo de la demandada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas por ROSA ISABEL MOSCOTE VIDES, para en su lugar, CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA a reajustarle la mesada pensional, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 y pagarle por concepto de incrementos desde el 23 de octubre de 2012 hasta el 31 de enero de 2023, la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS ($109.730.601), de la forma expuesta en la considerativa.
A partir de enero de 2023 la demandada pagará una mesada de $4.099.373.
SEGUNDO: ORDENAR a la demandada indexe de la forma indicada en la motiva, las diferencias causadas.
TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas del 23 de octubre de 2012 hacia atrás; y no probadas las demás.
CUARTO: La demandada deberá deducir el correspondiente aporte para salud, de la suma reconocida como diferencia pensional, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, con el fin de que sea transferido a la correspondiente EPS.
QUINTO: COSTAS conforme la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO
CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA
CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
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