FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2576-2021
Radicación n.° 83340
Acta 18
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP contra la sentencia del 25 de abril de 2011, proferida por el JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DEL CIRCUITO DE MONTERIA y contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2011, proferida por la SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA-LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de la misma ciudad, dentro del proceso ordinario instaurado por NELLY PIEDAD RICARDO ROMERO en contra del FONDO DE PASIVO DE LA EMPRESA FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA.
ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –U.G.P.P., presentó ante esta Corporación acción de revisión contra las providencias referidas a efecto de que se revoquen y, en su lugar, se declare que a la señora Nelly Piedad Ricardo Romero no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez como madre de hijo inválido, toda vez que tuvo en cuenta los mismos tiempos que sirvieron de base al juez para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la entidad encartada, cubriendo la misma contingencia, en este caso la vejez.
En consecuencia, que a la pensionada se le condene a restituirle a la U.G.P.P., debidamente indexados, la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en exceso como consecuencia del reconocimiento de la pensión irregularmente reconocida a la cual ya no tenía derecho por cuanto ya venía percibiendo otra pensión de jubilación por parte del ISS hoy Colpensiones.
Como sustento de sus pretensiones señaló, en síntesis, que: la señora Nelly Piedad Ricardo Romero nació el 15 de marzo de 1958; prestó servicios en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero desde el 24 de junio de 1975 hasta el 27 de junio de 1999; el último cargo desempeñado fue el de oficial comercial I- grado 03- Córdoba -Planeta Rica I; mediante Resolución No. 028 del 12 de enero de 2010 el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional, motivo por el cual promovió proceso ordinario laboral, en el que en primera instancia se condenó a dicho fondo al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a partir del 15 de marzo de 2008; en segunda instancia se revocó parcialmente lo decidido por el juez en cuanto a la indexación, adicionó el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y confirmó en lo demás.
Agregó que, en cumplimiento de la orden judicial impartida, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, a través de la Resolución No. 5028 del 8 de noviembre de 2012, reconoció la pensión de jubilación indexada en cuantía de $1.243.228,83, a partir del 15 de marzo de 2008, reajustada anualmente por el IPC, que para el año 2012 ascendía a $1.461.180.15 y, conforme al soporte que obraba en el aplicativo «Documento, radicado No 201880030731132 del 12 de marzo de 2018» fue creada la solicitud de estudio de revocatoria del acto administrativo que reconoció la pensión de vejez de la entidad en la que se señala que la pensión convencional debe ser compartida con la vejez reconocida por el ISS hoy Colpensiones; prestación de vejez por madre de hijo inválido, que fue concedida por Resolución No. 8332 del 22 de julio de 2011 a partir del 1 de agosto de 2011 en cuantía de $616.865.
De manera sintética y, para lo que interesa a la acción, ha de precisarse que en criterio de la UGPP los fallos acusados no se encuentran acordes con el ordenamiento jurídico en tanto se configuran las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto con las sentencias objeto de revisión se ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional, «surgiendo una incompatibilidad con la pensión de vejez de madre de hijo inválido», con ello los falladores se alejaron de la interpretación de la Corte Constitucional del artículo 128 de la Constitución Política, respecto del reconocimiento de dos prestaciones que cubren la misma contingencia, vulnerando el debido proceso con la actuación surtida, al otorgar un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que lesiona el erario.
Con las decisiones acusadas se trasgredieron los principios de legalidad consagrados en los artículos constitucionales 1, 2, 6, 48, 128 y 209, pues conceder un derecho del que no es beneficiaria la señora Ricardo Romero desconoce que Colombia es un estado social de derecho, se da el irrespeto del interés general, sobreponiendo el particular y, que van en contravía de la ley y la jurisprudencia y, «más bien asegura el incumplimiento de los deberes sociales que tiene a cargo el Estado comprometiendo recursos públicos con una causa legítima en perjuicio de los asociados».
Recuerda el contenido del artículo 6 de la Constitución Política y asienta que al haberse comprometido dineros públicos sin sustento constitucional y legal, los funcionarios judiciales pueden verse inmersos en investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso penales; también acude al artículo 29 ibidem pues, en su sentir, la observancia de plenitud de las formas propias de cada juicio, pilar fundamental del debido proceso, no se observó precisamente por la concesión de un derecho frente al que insiste no se cumplieron los requisitos lo que por demás violenta la sostenibilidad del sistema pensional; cita la norma convencional relativa a los requisitos de la pensión de jubilación pensional, la competencia de la U.G.P.P y de la incompatibilidad pensional.
En todo caso, de no acogerse la casual segunda con el sustento expuesto, asegura que procede la revisión de las providencias bajo la lupa, por cuanto con el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional se generó una incompatibilidad con la pensión especial de vejez concedida por el ISS; por ende, la señora Ricardo Romero no podía ser beneficiaria de dos asignaciones con recursos públicos, más aún cuando se basaron en el mismo tiempo que generó un detrimento en el erario y violentó el artículo 128 de la Constitución. En su entender se está ante un palmario abuso del derecho.
Nelly Piedad Ricardo Romero, al contestar, se opone a todas y cada una de las pretensiones y propone como excepciones de fondo las que denominó: debido proceso; cosa juzgada; compatibilidad de la pensión de vejez y la pensión extralegal – carga de la prueba en revisión; buena fe de la demandada; caducidad de la acción y ausencia de causal de revisión.
CONSIDERACIONES
Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la acción extraordinaria de revisión; todo ello a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la vez proteger el bien común (CSJ SL351-2018).
De otra parte ha de acotarse que aunque el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que la demanda instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se debería presentar dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia por controvertir, la Corte Constitucional en sentencia SU 427 de 2016 luego de reconocer a la UGPP como plenamente habilitada para incoar ese tipo de acciones, dejó por sentado el principio de que, el término de caducidad frente a esta Unidad debía contarse a partir de la data en que asumió la defensa judicial, de manera que, trasladando la premisa al caso objeto de revisión el artículo el artículo 01 del Decreto 2796 de 2013 sentó la defensa judicial en cabeza de la U.G.P.P. el 29 de noviembre de 2013, data a partir de la cual se contabiliza.
Así las cosas, como la demanda que contiene la acción de revisión se recibió por esta Corporación el 29 de noviembre de 2018, es pertinente declarar que ello ocurrió dentro del término previsto para el efecto.
Conviene destacar que ante la negativa pensional del extinto Fondo de Ferrocarriles de Colombia la señora Nelly Piedad Ricardo Romero, accionó la justicia laboral puesto que consideraba que tenía derecho a la misma por haber laborado 24 años 3, meses y 24 días, hasta que el gobierno nacional ordenó la liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y, en consecuencia, se liquidaron los contratos con el pago de la correspondiente indemnización.
En el expediente quedó acreditado que había lugar al reconocimiento en su favor de la pensión de jubilación convencional, puesto que, pese a que la misma entidad reconoció que tenía como tiempo de servicio 23 años, 11 meses y 3 días, no la concedió por ser extemporánea, en aplicación de la prescripción contenida en el texto convencional, ya que la trabajadora debía solicitarla dentro del año siguiente al cumplimiento de los 50 años. Con soporte en providencias de esta Sala, concluyó que «frente a trabajadores inactivos o retirados no opera la prescripción, toda vez que el parágrafo primero del texto convencional salvaguardó ese derecho siempre que se cumpliera con el requisito de 20 años de servicio a la institución».
De su lado, el fallador de segunda instancia, confirmó la obligación pensional de naturaleza convencional, por cuanto al estudiar los efectos de la convención colectiva, ante la liquidación de la Caja Agraria, entidad asumida por el Fondo de Ferrocarriles de Colombia, consideró que esta particular situación no implica la pérdida de los derechos adquiridos producto de las negociaciones y concertaciones, sin desconocer, claro está, que el instrumento convencional ante la disolución o posterior supresión de cargos, por sustracción de materia, deja de producir efectos; por ende, al verificar la procedencia de la prestación encontró que el requisito de edad no era requerido para la causación sino para su exigibilidad y dejó por sentado que el texto colectivo contempló en el parágrafo que quién tenga 20 años de servicio con la extinta Caja y hubiera sido retirado antes de tener la edad, mantenía la posibilidad de obtener la pensión al cumplir los 50 años mujeres o 55 hombres, último aspecto que se encontró probado en la jurisdicción laboral pues laboró hasta el momento de su retiro por la supresión del cargo 23 años 11 meses y 3 días, así estaba frente a un derecho adquirido.
Violación del debido proceso
Debe señalarse que de la plataforma probatoria se evidencia que la pensión especial de vejez por hijo inválido nunca fue planteada por las partes, inclusive el escrito de demanda lo que muestra es que la accionante es una madre cabeza de familia con un hijo en situación de invalidez, que no tenía trabajo, de ahí la necesidad de la pensión pretendida, lo que además es refrendado por la opositora al recurso extraordinario cuando afirma que se ordenó el reconocimiento de la pensión convencional por el fallador de primer grado, a partir del 15 de marzo de 2008, «sin señalar si era o no “compatible” con la extralegal otorga, pues dicha circunstancia no fue puesta en conocimiento del despacho judicial por las partes».
Resaltemos que la sentencia de primer grado (25 de abril de 2011) fue inclusive emitida con anterioridad a la resolución que otorgaba la pensión especial, que data del 22 de julio de 2011, sin tener certeza de la fecha en que se notificó a la interesada y, si bien es posterior a la proferida por el segundo grado el 19 de agosto de 2011, no fue puesta en conocimiento de los funcionarios judiciales.
Bajo la premisa de que en el proceso ordinario laboral no fue alertado de tal pensión o, si quiera de su solicitud, no es dable afirmar violación del debido proceso por inobservancia del artículo 128 constitucional, y demás normas referidas, pues a la luz de los hechos puestos en su conocimiento se profirió la providencia con venero en las normas constituciones y legales que regían el caso, que se acompasaban con la línea de pensamiento de esta Corporación.
Aclarado ello, debe dejarse por sentado que, lo que salta a la vista es el cumplimiento de los ritos procedimentales sin que se hubiera pretermitido alguna instancia, o se afectado la posibilidad de defensa de la entidad enjuiciada y, que las resultas de la contienda no le hubieran sido favorables no constituye en manera alguna la vulneración acusada y es que genuinamente no se evidencia que los funcionarios judiciales hubieran asignado recursos públicos sin sustento constitucional y legal, pues fue precisamente de la revisión del texto convencional, que encontró acreditado el cumplimiento de los requerimientos para la prestación de vejez extralegal, sin que por ello se apartara de la ley e inclusive está acorde con la línea de pensamiento de esta Corte. Contrario a lo acusado, al rompe, se advierte que la actuación judicial se enmarcó en el respeto a la constitución y principios que contemplan la protección de las conquistas colectivas y el respecto al derecho adquirido.
Cuando la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables
Es claro que el recurrente no desconoce la existencia del derecho pensional bajo la norma convencional, pues de lo que se duele es de la incompatibilidad que surge entre dicha prestación con la pensión especial de vejez de madre con hijo «inválido» reconocida por el ISS hoy Colpensiones, que amparan el mismo riesgo, se reconocieron con el mismo tiempo de servicio y, además, desconoce que una persona no puede ser beneficiaria de dos asignaciones con cargo al erario.
Para dar respuesta debemos recordar la figura de subrogación y compartibilidad.
Dada la naturaleza de las pensiones, el legislador desde los inicios del derecho laboral, con la expedición de la Ley 6ª de 1945, previó que el pago de estas sería asumido por el Seguro Social Obligatorio, organización que objetivamente se entendía le resultaba garantista a los asalariados frente al cumplimiento de la referida obligación; pero ante la inexistencia material de dicha entidad en ese momento, pues su surgimiento data de la expedición de la Ley 90 de 1946 y, mientras pudiera hacer efectiva su función, cosa que empezó a ocurrir después del 1º de enero de 1967 de forma paulatina en el país, radicó en cabeza de los empleadores el deber de reconocer y pagar las pensiones.
Posteriormente, y ante el hecho de que los trabajadores pueden ser beneficiarios de pensiones extralegales y simultáneamente acreedores de la pensión de vejez, la ley reguló la forma cómo a partir del 17 de octubre de 1985, operaría la subrogación de la obligación; así expidió el Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de ese año y, posteriormente, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en el que claramente dispuso:
COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. (Negrillas y subrayado de las Sala)
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.
De tal manera que lo que quiso el legislador fue evitar que para el cubrimiento de un mismo riesgo surgieran concomitantemente dos prestaciones, una de orden extralegal y otra legal, a menos que de manera expresa las partes pactaran lo contrario; y a efecto de asegurarle al titular de éstas el pago de la de mayor cuantía, estableció que si el valor de la que le cancelaba directamente el empleador era superior a la que le reconocería el ISS, mantendría el disfrute de aquella cifra, para lo cual el empresario quedaba obligado a suministrar solamente la diferencia, tipo jurídico que se adecua perfectamente al vocablo «compartibilidad».
Ahora bien, en el evento de no quedar suma alguna a cargo de la inicial obligado, por ser la pensión de vejez un rubro superior, responde únicamente la entidad de seguridad social, en virtud de la subrogación impuesta legalmente a ella, momento a partir del cual queda el empresario exonerado de la obligación.
La figura mencionada ha sido analizada en diferentes oportunidades por la Sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL 4555-2020 que reiteró la CSJ SL2963-2018, en la que se explicó:
1-. Filosofía y evolución normativa y jurisprudencial de la asunción de riesgos por el I.S.S.
La Ley 90 de 1946 estableció en Colombia un sistema de subrogación de riesgos al Instituto de Seguros Sociales, de origen legal. Así se desprende de la lectura del artículo 72 cuando prescribió que las “prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso...
A su vez, el artículo 76 dispuso que “El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior...”.
De suerte que desde entonces existe claridad que la norma matriz de la seguridad social colombiana dispuso que las pensiones asumibles inicialmente por el seguro social eran las reglamentadas en dicha “ley”, las que venían figurando a cargo de los patronos en la “legislación anterior”; y por tanto, la pensión de jubilación que se transmutaba en pensión de vejez es la “que ha venido figurando en la legislación anterior...
Corrobora lo anterior la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia del 9 de septiembre de 1982, que declaró exequibles los artículos 193 y 259 del C.S del T., 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 8, 24, 43 y 48 del Decreto extraordinario 1650 de 1977, en cuanto de ese importante pronunciamiento constitucional se desprende que la composición, extensión, condiciones y limitaciones del régimen de las prestaciones de los seguros sociales obligatorios a cargo del ISS quedó sometido a esas normas y a los respectivos reglamentos.
Por la misma razón expresó la doctrina constitucional de la época, aún vigente, que “por voluntad expresa del propio legislador ordinario se crearon las siguientes situaciones jurídicas: a- de una parte al régimen legal sobre prestaciones sociales se le daba un carácter eminentemente transitorio; y b- por otro lado, las prestaciones sociales indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición resolutoria, la cual venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes” (subraya ahora la Sala).
De suerte que inicialmente el legislador apenas dispuso la subrogación paulatina de prestaciones de origen legal, previstas en el código sustantivo del trabajo, motivo por el cual el Instituto se limitó en sus primeros reglamentos a fijar un régimen técnico de transición en el que no aparece prevista la subrogación de pensiones de distinta naturaleza, como son las de mera liberalidad del empleador, o en general las extralegales”.
En desarrollo de tal normatividad legal se expidió el Acuerdo 224 de 1966 del I.S.S., aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que en los artículos 60 y 61 reguló la subrogación paulatina por el I.S.S. de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del código laboral y previó consecuencias para la pensión sanción, ambas de indiscutible origen legal”.
De modo tal, que bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259 del mismo estatuto, al señalar que “Las pensiones de jubilación […] dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano(sic) de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”. (Subrayado fuera del texto).
Por lo tanto, bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales no contaba con reglamentos ni previsiones legales que lo obligaran a hacerse cargo de aquellas pensiones que el empleador estuviera concediendo u otorgara a sus trabajadores por mera liberalidad o fruto de la negociación colectiva, y mucho menos puede afirmarse válidamente que lo que sucede es que las pensiones antaño extralegales devienen legales al cumplirse los requisitos del artículo 260 del código porque ese curioso darwinismo jurídico no tiene contemplación legal, dado que los derechos laborales que nacen y tienen su fuente obligacional como consecuencia de un acuerdo entre particulares, no pueden transformarse simplemente por ese prurito, huérfano de un sustento normativo expreso.
Se advierte que esa situación se modificó parcialmente a partir de la vigencia del Decreto Ley 1650 de 1977 y más específicamente del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por Decreto 2879 del mismo año), que en su artículo 5o dispuso: […]
La anterior disposición se hizo más explícita en el Decreto 758 de abril 11 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del 1 de febrero de ese mismo año, cuando al regular en el artículo 18 la compartibilidad de las pensiones extralegales, señaló: “Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación, reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, (fecha en que fue publicado el decreto 2879 de 1985 en el diario oficial No.37192), continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado (subrayas fuera del texto).
Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.
Así las cosas, resulta claro que el Instituto de Seguros Sociales tan sólo comparte las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985, es decir del 17 de octubre de ese año en adelante, si el empleador continúa aportando al Instituto para el seguro de vejez, invalidez y muerte, a menos que sean las mismas partes quienes acuerden que la pensión voluntaria patronal sea concurrente con la de vejez del I.S.S.
En este orden de ideas, los parámetros a tener en cuenta para establecer si media la compartibilidad o la subrogación total, son la fecha de asunción por parte del ISS de la pensión de vejez y el valor de la prestación convencional que a esa data perciba el beneficiario. En caso de que la pensión se cause con posterioridad a la expedición del Acuerdo 049 de 1990, existirá subrogación total o parcial (compartibilidad), según si existe o no diferencia entre el valor reconocido por el empleador, salvo que en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, «se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales», es decir, que, en este último evento, resultan compatibles las dos prestaciones.
Caso concreto
Descendiendo en el caso objeto de revisión, se tiene que el reconocimiento pensional de origen convencional, ordenado en instancias judiciales, fue a partir del año 2008, por lo que, en la línea de lo que se viene discurriendo, la regla general es la vocación de compartibilidad de la pensión de vejez con el ISS, hoy Colpensiones, quedando en cabeza del empleador el mayor valor si persistiere y, en puridad de verdad, el texto convencional no pactó condición diferente. Esto quiere decir que la vocación de la pensión es compartida.
Lo anotado, además, nos permite dar respuesta al cuestionamiento relativo a que las pensiones se sustentan en el mismo tiempo por cuanto, por la compartibilidad surge la necesidad de efectuar la afiliación y aportes correspondientes al ISS, conforme con sus reglamentos, a efectos de que se logre la subrogación total o parcial de la pensión en cabeza de la empresa. Recuérdese en este punto que los efectos de la figura descrita se concretan de un lado i) en una garantía del trabajador de manera que no vea afectada su pensión primigenia, y ii) de cara al empleador, liberarse así sea de manera parcial de la obligación. (CSJ SL707-2018. CSJ 671-2021)
Veámoslo en el caso bajo revisión: se tiene que la prestación primigenia, reconocida por el empleador, a partir del 15 de marzo de 2008, como consecuencia del proceso judicial y que, actualmente está a cargo de la U.G.P.P., ascendía a $1.243.228.83; de otro lado, esta la pensión de vejez reconocida por parte del ISS, en cuantía de $616.856, desde el 1 de agosto de 2011; entonces como consecuencia de la compartibilidad al trabajador se le respeta la mesada inicialmente otorgada y, el empleador queda autorizado, desde el 1 de agosto del año 2011, a subrogar de manera parcial su obligación, restando el valor de la mesada otorgada por la entidad de seguridad social.
Por ende, no estamos ante unos mismos tiempos para dos pensiones, sino el pago de aportes que permitieron al obligado subrogarse en este caso parcialmente de la obligación y, con ello, evitar que para el cubrimiento de un mismo riesgo surjan concomitantemente dos prestaciones.
Basta agregar a lo expuesto que la línea de pensamiento de esta Sala de manera pacífica ha reiterado que, la pensión de vejez por el ISS, hoy Colpensiones, no tiene el carácter de asignación proveniente del tesoro.
En consecuencia, no es fundada la causal alegada y, por el contrario, es responsabilidad de la entidad realizar los actos necesarios para que en su cabeza se concreten los efectos de la compartibilidad que, se insiste a riesgo de fatigar, opera por ministerio de la ley, con el fin de que solo quede obligado al pago el mayor valor de la pensión primigenia a su cargo en virtud del documento convencional.
No se olvide, que uno de los soportes que relaciona la U.G.P.P., para la revisión, es el aplicativo «Documento, radicado No 201880030731132 del 12 de marzo de 2018» en la que se creó la solicitud de estudio de revocatoria del acto que concedió la pensión de vejez y que, precisamente, dejó evidenciado que la pensión convencional debe ser compartida con la vejez reconocida por el ISS. Entonces, tal convencimiento es ella la obligada y responsable de que se produzcan los efectos de la subrogación y bajo ninguna consideración, tal responsabilidad puede ser traslada a los funcionarios judiciales.
Las causales no se encuentran fundadas.
Se condenará a la accionante a pagar las costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de ocho millones ochocientos mil pesos ($8.800.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR infundada la acción extraordinaria de revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP, promovida en contra de la sentencia del 25 de abril de 2011, proferida por el JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DEL CIRCUITO DE MONTERIA y contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2011, proferida por la SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA-LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, dentro del proceso ordinario instaurado por NELLY PIEDAD RICARDO ROMERO en contra del FONDO DE PASIVO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA.
SEGUNDO: Condenar a la accionante a pagar las costas, las que deberán ser liquidadas conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
TERCERO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Juzgado Primero Adjunto Del Circuito De Montería y a la Sala Cuarta De Decisión Civil-Familia-Laboral Del Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Montería. Efectuado lo anterior archívese.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Salvo Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
(Impedido)
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrada ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Revisión
Radicación n.° 83340
Referencia: La revisión promovida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP – contra la sentencia del 25 de abril de 2011, proferida por el JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DEL CIRCUITO DE MONTERIA y contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2011, proferida por la SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA-LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de la misma ciudad.
Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala, en este especial asunto, tal y como lo manifesté en la sesión donde se debatió el tema, salvo el voto, con fundamento al termino de caducidad legalmente establecido para impetrar la presente accion, por las razones que paso a explicar:
Respecto del término que tiene la UGPP para adelantar la presente acción, debe tenerse en cuenta que, la sentencia C-835 23 sept. 2003, emitida por la Corte Constitucional, declaró inexequible la expresión en «cualquier tiempo», que consagraba el artículo 20 de la L. 797/03, en donde se instituyó la figura de la acción de revisión, que ocupa nuestro estudio.
De lo anterior, fácilmente se puede concluir entonces que, el término para adelantar la presente acción, en materia laboral, es el establecido en el artículo 32 de la Ley 712/01, esto es, cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia, hecho que ocurrió para el caso en cuestión, el 24 de agosto de 2011, como se desprende de la fecha en que se profirió el fallo; por lo tanto, ese lapso de tiempo venció el 24 agosto de 2016.
En este orden de ideas, en mi criterio, el término para impetrar la tantas veces mencionada revisión, ya caducó, por cuanto fue instaurada el 29 de noviembre de 2018, sin que sea de recibo, como lo interpreta mayoritariamente la Sala, acoger lo indicado en la sentencia SU-427/16, en donde contabiliza ese tiempo desde cuando la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a su cargo Cajanal – 12 de junio de 2013, puesto que, no puede el ciudadano sufrir las consecuencias de la omisión de la entidad encargada de ejercer las respectivas acciones para aquella época, en este caso la Caja Nacional de Previsión Social, por cuanto ello implica desconocer la sentencia de constitucionalidad, arriba referida, y de paso afectar los derechos adquiridos otorgados en virtud de las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, desconociéndose además el principio de confianza legítima y creando inseguridad jurídica.
En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.
Fecha ut supra.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado