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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1066-2023

Fecha
22 de febrero de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1066-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR infundada la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora. SEGUNDO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora. TERCERO: INVALIDAR la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que CARMEN ALICIA TORRES LAMPREA instauró en contra de la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP. CUARTO: En su remplazo CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cali, el 3 de abril de 2019, en el proceso que CARMEN ALICIA TORRES LAMPREA instauró en contra de la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP. QUINTO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas en exceso, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEXTO: NO TENER en cuenta la renuncia presentada por la firma Legal Assistance Group S.A.S., identificada con Nit. 900.712.338-4, al poder otorgado por la parte Recurrente, por cuanto no se dio cumplimiento a la exigencia consagrada en el inciso 4º del artículo 76 del Código General del Proceso. SÉPTIMO: TÉNGASE a la firma Lydm Consultoría Y Asesoría Jurídica S.A.S., identificada con Nit. 900.616.726-8, como apoderada de la parte Recurrente, en los términos y para los efectos de la Escritura Pública visible en el cuaderno digital de la Corte. OCTAVO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y al Juez Segundo Laboral del Circuito de dicha ciudad y archívese la actuación. NOVENO: Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1066-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

22 de febrero de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1066-2023

Radicación n.° 93551

Acta 6

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Decide la Sala la revisión que formuló la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali al interior del proceso ordinario que promovió CARMEN ALICIA TORRES LAMPREA contra la hoy accionante.

AUTO

No se tendrá en cuenta la renuncia presentada por la firma LEGAL ASSISTANCE GROUP S.A.S., identificada con Nit. 900.712.338-4, al poder otorgado por la parte recurrente, por cuanto no se dio cumplimiento a la exigencia consagrada en el inciso 4º del artículo 76 del Código General del proceso. No obstante, se avizora en el expediente que la misma parte le otorgó poder a la firma Lydm Consultoría y Asesoría Jurídica S.A.S., por lo que el anterior mandato, es decir, el otorgado a la firma Legal Assistance Group S.A.S., se entiende revocado.

En ese sentido, se tendrá a la firma LYDM CONSULTORÍA Y ASESORÍA JURÍDICA S.A.S., identificada con Nit. 900.616.726-8, como apoderada de la parte recurrente, en los términos y para los efectos de la Escritura Pública visible en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP con fundamento en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 promueve la revisión de la sentencia calendada del 3 de diciembre de 2020 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que revocó aquella adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de tal ciudad y en su lugar, concedió una pensión sanción a la señora Carmen Alicia Torres Lamprea.

Citó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y reiteró que, no se dan los presupuestos legales para el reconocimiento de la pensión sanción, por lo que el tribunal vulneró el debido proceso de la entidad demandada, al realizar: i) Una indebida valoración del acta de conciliación en cuanto al requisito del despido sin justa causa y, ii) Una ausencia de valoración de las documentales que demuestran que si existían los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Pretendió entonces:

PRETENSION (sic) PRIMERA: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cali – Sala Laboral, de fecha 3 de diciembre de 2020, la cual revocó la sentencia del Juzgado Segundo Laboral Del Circuito De Cali –Valle, de fecha 3 de abril de 2019, dentro del proceso (Ordinario Laboral) instaurado por CARMEN ALICIA TORRES LAMPREA en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, en el proceso radicado con el No. 76001310500220170057900.

PRETENSION (sic) SEGUNDA: En virtud de la anterior revocatoria, declarar la NULIDAD de la resolución No. RDP 25161 del 23 de septiembre de 2021, por medio de la cual se dio cumplimiento a los fallos de la referencia.

PRETENSION (sic) TERCERA: Declarar que de conformidad a los argumentos que se expondrán en la presente demanda, la señora CARMEN ALICIA TORRES LAMPREA, no tiene derecho al reconocimiento de una pensión sanción.

PRETENSIÓN CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, a TITULO (sic) DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENE a la parte demandada la devolución de todas las sumas de dinero que han sido pagadas en virtud del reconocimiento efectuado y favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP.

Fundamentó sus peticiones básicamente en que: la allí demandante nació el 20 de diciembre de 1951 y prestó los servicios a Telecom, así: del 26 de abril de 1971 al 15 de mayo de 1975, desde el 22 de abril de 1985 hasta el 25 de enero de 1986, del 10 de febrero de 1986 al 22 de abril de 1992 y desde el 29 de abril de 1992 hasta el 31 de marzo de 1995, cuando aceptó el plan de retiro voluntario «solemnizado a través de Acta de Conciliación celebrada el día 07 de febrero de 1995 ante el respectivo inspector del trabajo».

Por otra parte, afirmó que la otrora CAPRECOM, por Resolución RDP 001914 de 11 de agosto de 2011 ordenó el pago de una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, por valor de $4.668.713,00 a la señora Carmen Torres Lamprea, en la cual se tuvieron en cuenta aquellos tiempos laborados en Telecom; posteriormente, por acto administrativo RDP 001525 de 20 de enero de 2017, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión sanción solicitada por la hoy demandada, con fundamento en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, dado que «no cumplió con el requisito de despido sin justa causa y no hubo omisión por parte del empleador en afiliarla al Sistema de Pensiones al punto que los aportes le fueron reconocidos por[sic] indemnización sustitutiva por CAPRECOM».

Dada la negativa al reconocimiento pensional, refirió que la señora Torres Lamprea promovió proceso laboral, el cual se tramitó en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, el que en fecha 3 de abril de 2019 negó la prestación solicitada; decisión que fue revocada por el tribunal de tal distrito judicial el 3 de diciembre de 2020 y, en consecuencia: i) declaró parcialmente probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas antes del 2 de septiembre de 2013 y, «totalmente probada respecto a la pretensión relativa a la indemnización por despido sin justa causa», ii) declaró la ineficacia parcial del acuerdo de conciliación suscrito entre las partes, el 7 de febrero de 1995; iii) declaró que la demandante tenía derecho al beneficio pensional; y, iv) condenó a la pasiva al pago de $88.124.155 por concepto de mesadas pensionales causadas en 14 mensualidades, asimismo a los intereses moratorios, autorizó el descuento de los aportes a salud e impuso costas a la accionada.

Que, el 23 de septiembre de 2021, por acto administrativo, y al dar cumplimiento a los fallos judiciales, la UGPP accedió al reconocimiento pensional en cuantía de $564.477 efectivo a partir de 20 de diciembre de 2006, pero con efectos fiscales desde el 1° de diciembre de 2020, en valor de $998.212.

Finalmente, afirman que:

«el reconocimiento realizado por la entidad en virtud de los fallos referenciados y respecto de los cuales se solicita su revisión, es contrario al derecho toda vez que erradamente, por parte del tribunal, se realizó́ una indebida valoración probatoria y se restó́ validez a un acta de conciliación que era ajustada a derecho y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, contraria al ordenamiento jurídico legal aplicable haciendo ilegal el reconocimiento de la pensión sanción a la demandada»

Lo anterior, por cuanto el colegiado obvió aquellos requisitos previstos para reconocer la pensión sanción como lo eran el hecho de haberse omitido la afiliación del trabajador al sistema general de pensiones -la que sí existía- así como su despido sin justa causa. Sobre el primero de estos presupuestos, se afirma que en el proceso se acreditó el pago de aportes a la entidad Caprecom por el periodo que transcurrió del 1º de abril de 1994 al 31 de marzo de 1995 y, sobre el segundo precisó que la actora «se acogió al plan de retiro voluntario, celebrado mediante Acuerdo Conciliatorio de fecha 07 de febrero de 1995, donde manifestó su consentimiento de terminación de contrato de común acuerdo, razón por la que se puede inferir que la interesada no fue despedida sin justa causa, fue una terminación de común acuerdo del contrato laboral».

Con lo anterior, afirma que:

Es claro y manifiesta[sic] el error de valoración probatoria efectuado por el tribunal, al punto de concluir del acuerdo conciliatorio lo que el acuerdo[sic] conciliatorio no dice, es claro que el acuerdo conciliatorio hace referencia a la posibilidad libre y espontanea (sic) de acogerse a un RETIRO VOLUNTARIO con beneficios por dicho retiro; y el tribunal, establece que el acuerdo conciliatorio no podía definir la posibilidad o no del reconocimiento de una pensión sanción, situación que no se extrae del acta de conciliación y se le esta (sic) desconociendo la naturaleza declarativa de voluntad en cuanto a TERMINACIÓN DEL VINCULO (sic) LABORAL MAS (sic) NO DE LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR UNA PENSIÓN SANCION (sic). Adicionalmente, realiza una INDEBIDA VALORACIÓN DE PRECEDENTE JUDICIAL, referenciando como sustento de su posibilidad de declarar la ineficacia del acuerdo conciliatorio, la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia–Sala Laboral, Sentencia SL 911 de 2016

La revisión fue admitida por esta Sala de la Corte, mediante providencia del 24 de mayo de 2022, su notificación se surtió a Carmen Torres Lamprea el 12 de julio de la misma anualidad, en los términos del artículo 8° de la Ley 2213 de 2022 y no fue contestada en oportunidad legal.

Surtido el trámite de rigor, procede la Sala a proferir la sentencia que en derecho corresponda, previas las siguientes.

II. CONSIDERACIONES

Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión; este aspecto ha sido insistentemente advertido por esta Corporación, entre otras en la sentencia CSJ SL5119-2020, que reiteró la Sentencia CSJ SL2148-2017, en la cual se estableció:

La Sala ha insistido, no obstante, en la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y, por dicha vía, ha establecido que por ese conducto no es dable volver a discutir indefinidamente los extremos de un proceso resuelto a través de una decisión ejecutoriada, o suplir los medios de impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento, sino que su finalidad concreta es la de evitar la expoliación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas dentro de un marco serio y responsable.

Por lo mismo, la Corte ha dicho que,

[…] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales… (CSJ SL, 15 abr. 2005, rad. 25761, reiterada en CSJ SL, 21 en. 2006, rad. 28263; CSJ SL, 22 abr. 2008, rad. 30517; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 31802; y CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157, entre otras).

También ha sostenido la Corte que es al juez del trabajo al que le compete ponderar razonablemente la gravedad de los vicios, omisiones o extralimitaciones contenidas en las sentencias, transacciones o conciliaciones cuestionadas, así como su apego a las causales establecidas legalmente para la revisión. En tal medida, ha señalado que:

Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez.

Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre.

Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta.

Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 48410, reiterada en CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157 y CSJ SL7107-2015).

Conforme a la línea expuesta, uno de los propósitos del legislador para la revisión creada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como mecanismo excepcional, fue evitar perjuicios sobre el erario, de allí que, como se señaló, constituya una excepción al principio de cosa juzgada, todo a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la vez proteger el bien común; por ello, para su procedencia no se requiere de la existencia de una sentencia penal (CSJ SL12910-2017).

Con respecto a la legitimación de la accionante, baste acudir a lo dispuesto en el Decreto 169 de 2008 «por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social» que en su artículo 1° numeral 3° expresamente le asignó:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

3. La UGPP podrá adelantar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

De su lado, el artículo 6.° del Decreto 575 de 2013 en su numeral 6.° reafirma como una función propia de la Unidad «Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen»; no está de más en este punto, memorar la sentencia CC SU427-2016 que, en lo atinente a la legitimación para la revisión, señaló:

[…]

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero..

Clara la legitimidad de la entidad de promover la revisión en comento, recordemos que la misma se duele de la condena impuesta por cuanto considera que no era procedente otorgar la pensión sanción, dado que el contrato de trabajo de la convocada fue finalizado por un acuerdo de conciliación que no por despido, así como el hecho de encontrarse probada la afiliación al sistema general de pensiones; todo ello, planteado bajo la égida de las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Causal a). Violación del debido proceso

Al descender a la causal en que se fundamenta la presente revisión, se tiene que la UGPP acusa el presunto desconocimiento de su derecho al debido proceso, dado que, desde su punto de vista, este tiene lugar cuando se omite el análisis correcto de las pruebas que fueron allegadas a los procesos judiciales cuyos fallos hoy se cuestionan.

Sobre este punto, al revisar las piezas procesales correspondientes, salta a la vista el cumplimiento de los ritos procedimentales por los operadores judiciales respectivos, sin que se hubiera pretermitido alguna instancia, o bien afectado la posibilidad de defensa de la entidad enjuiciada (CSJ SL2576-2021). Situación diferente, es que no se comparta el análisis probatorio desplegado, el que aun en el caso en que no coincidiera con el de esta Corporación, ello no puede ser objeto de estudio bajo el marco de una presunta vulneración al debido proceso.

Baste ante la afirmación relativa a la omisión y el análisis correcto de las pruebas, traer a colación la Sentencia CSJ SL1975-2018 que claramente definió en esta causal lo siguiente:

[…] Causal del debido proceso contenida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Como rasgos fundamentales contenidos en el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, erigido como de aplicación inmediata conforme al 85 ibídem, se tiene que es una institución que comprende numerosas garantías que hacen parte del Estado Social de Derecho, cuyo objeto es la exigencia de que todos los procedimientos judiciales o administrativos, se adelanten acorde con las reglas preestablecidas, de tal forma, que las actuaciones estén dentro del marco jurídico señalado, procurando evitar acciones arbitrarias, asegurar la efectividad y el ejercicio de los derechos que le asisten a los administrados, lo cual comprende igualmente el principio de legalidad, que representa un límite al actuar del poder público.

En este orden, dicho mandato, propende por que los jueces tomen sus decisiones ajustándose a la constitución y la ley, garantizando así los derechos de las personas involucradas en cada juicio, para que durante su trámite estos sean respetados de tal manera, que se logre la correcta aplicación de la justicia.

El cumplimiento de las garantías del debido proceso establecidas en la Carta Política, tiene diversas aristas, según el derecho de que se trate; dentro de estas, la doctrina ha fijado, entre otras a) el derecho a la jurisdicción, b) el derecho al juez natural, c) el derecho a la defensa, d) el derecho a un proceso público, e) el derecho a la independencia del juez y, f) el derecho a la imparcialidad del juez.

Al ser así las cosas, no es posible consentir en la vulneración al debido proceso, y por contera, no se abre paso la configuración de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Causal b). Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

A fin de resolver lo pertinente deberá la Sala pronunciarse sobre los requisitos que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 establece para la procedencia de la pensión sanción. Para el ad quem, estos se encontraban acreditados, a saber, tanto el despido sin justa causa, así como la ausencia de afiliación al sistema general de pensiones.

Ahora bien, de una simple lectura al inciso 1º del artículo 133 precitado, el cual de manera atinada se afirma por el colegiado como la norma regente para el caso en estudio -contrato de trabajo finalizó en 1995 y contaba con 13 años de servicios-, se puede extractar de sus voces que, «[e]l trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido».

De esta manera y conforme fue dispuesto por el legislador, en su sabiduría, es requisito insoslayable de todo reconocimiento de pensión sanción bajo el marco de la Ley 100 de 1993, que se acredite por su beneficiario(a), tanto la ausencia de afiliación al sistema general de pensiones, así como el despido sin justa causa. Por lo que, de no encontrarse probado de manera conjunta ambos requisitos, pues se incumple con el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pretende, lo que daría al traste con una pretensión en tal sentido.

En el sendero de lo discurrido y sin más, habrá de anunciarse la imprecisión en que se incurre por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, cuando desconoce, sin argumento alguno, aquella información que le indicaba la clara afiliación vigente al sistema general de pensiones, para el momento en que se finaliza el contrato de trabajo de la convocada.

En efecto, como bien lo afirma la censura, en el expediente que fue puesto a la vista del colegiado, aquella resolución, mediante la cual la extinta Caprecom reconoce la indemnización sustitutiva, expone la afiliación a esa entidad en materia de pensiones; tan ello es así, que es la que reconoce la precitada prestación Resolución n.° 01914 del 11 de agosto de 2011 -y así lo anuncia el certificado de tiempos laborales -f.° 37 del cuaderno digital de primera instancia-, del que se extracta que para el periodo que transcurre del 1º de abril de 1994 al 31 de marzo de 1995, la señora Torres Lamprea se encontraba afiliada a Caprecom. Por demás, esta misma documental nos indica que, para el caso de la hoy accionada, la Ley 100 de 1993, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, hito desde el cual se encontraba activa la obligación de afiliación, la que efectivamente tuvo lugar.

Por otra parte, el argumento del colegiado cuando extracta del acta de conciliación, la falta de vinculación al sistema general de pensiones no resulta suficiente para mantener la condena impartida a la UGPP; puesto que tal afirmación contradice la literalidad del prementado documento cuando indica: «la empresa garantiza el pasivo pensional a que tiene derecho el trabajador por el tiempo servido a Telecom […]». Así las cosas, de tal sintaxis lo que emerge es la obligación de atender, como efectivamente acontece, el pago de una cuota parte en la indemnización sustitutiva, que no la ausencia de afiliación. Y es que finalmente así procedió la extinta Caprecom, cuando en el acto administrativo mediante el cual reconoce la indemnización sustitutiva señala como pagadores de la misma, así:

Nótese que para calcular la indemnización sustitutiva se tuvo en cuenta un total de 4490 días laborados, de los cuales 360 estuvieron a cargo de FONCAP y, los restantes, 4630 por cuota parte pagadas por Caprecom por los servicios prestados a Telecom.

Además, no se olvide que, en el presente asunto, según da cuenta la certificación de tiempos de servicios antes referenciada, la hoy accionada fue vinculada de forma inmediata al entonces novedoso sistema que introduce la Ley 100 de 1993, una vez se produce el llamamiento de su empleador, esto es, 1º de abril de 1994, vinculación que se extiende hasta el día 31 de marzo de 1995, momento en que decide poner fin, de manera voluntaria, a su contrato de trabajo con la extinta Telecom.

Puestas en esta dimensión las cosas, aquí y ahora, es evidente la ausencia de unos de los requisitos que de forma conjunta deben acreditarse para el reconocimiento de la pensión sanción bajo el marco de la precitada Ley 100 de 1993, como lo es, la ausencia de afiliación al sistema general de pensiones, por omisión del empleador, lo que no ocurre en el caso en estudio, donde, una vez se impuso por el legislador la obligación de proceder en tal sentido, en esa dirección vira la voluntad de este último y materializa la vinculación al sistema general de pensiones; por lo que se abre paso la configuración de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunado a que, para esta Sala, tampoco se encuentra acreditado el requisito restante relativo al despido sin justa, bajo el entendido que la terminación del contrato de trabajo tuvo lugar por un acuerdo de voluntades según se avista de la conciliación que entre las partes se verificó y cuenta con plena acreditación en el diligenciamiento.

Sobre este particular, se impone acudir a la literalidad del acápite resolutivo de la sentencia que hoy se cuestiona en revisión, donde el colegiado, consiente en declarar la ineficacia del acta de conciliación suscrita pero sólo de manera parcial y en sus palabras «respecto a la pensión sanción prevista en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993», lo que se complementa con lo expuesto en el aparte considerativo respectivo, del que se concluye la imposibilidad de conciliar este tema al entenderlo como un derecho cierto e irrenunciable. Y al ser ello así, como efectivamente lo es, resulta innegable la vigencia del mutuo acuerdo como forma de terminación de la relación laboral, la que claramente no se traduce en un despido sin justa, como lo exige el artículo 133 del estatuto de la seguridad social.

Sobre la imposibilidad de equiparar la terminación por mutuo acuerdo con el despido sin justa causa y la insoslayable necesidad de atacar la fuente de donde emerge el primero de los elementos enunciados, esta Corporación en sentencia CSJ SL3332-2019, rad. 60627, enseñó:

De acuerdo con lo anotado es presupuesto incontrovertible para acceder a la pensión sanción, además de la falta de afiliación al sistema general de pensiones por omisión del empleador, el despido sin justa causa. Como quiera que en este asunto se demostró que el vínculo contractual culminó por mutuo acuerdo de las partes, no era viable acceder a la prestación que se reclama, como con acierto lo concluyó el ad quem, sin que sea posible equiparar dicho modo de terminación del contrato de trabajo - numeral d) del art. 47 del Decreto 2127 de 1945- a una causa sin justificación, que es a lo que en últimas aspira el casacionista, a menos que se logre demostrar la invalidez del convenio por un vicio en el consentimiento, que no es el caso que se estudia.

Llegados a este punto del sendero, conforme con lo dicho, bajo el amparo del artículo 34 de la Ley 712 de 2001 aplicable al asunto bajo escrutinio, al encontrarse acreditada la causal de revisión, se invalidará la sentencia de segundo grado y para adoptar la que en derecho corresponda baste acudir a las consideraciones en que se edifica el fallo del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, las que se acompasan con lo expuesto en esta sede, para impartir su confirmación.

No se ordenará la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar a la accionada una conducta desprovista de la buena fe, dado que el reconocimiento judicial fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, que además fue producto del ejercicio legítimo de una acción sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude (CSJ SL3276-2018, CSJ SL5666-2021).

Sin costas, dada la prosperidad de la revisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR infundada la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora.

SEGUNDO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora.

TERCERO: INVALIDAR la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que CARMEN ALICIA TORRES LAMPREA instauró en contra de la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

CUARTO: En su remplazo CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cali, el 3 de abril de 2019, en el proceso que CARMEN ALICIA TORRES LAMPREA instauró en contra de la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

QUINTO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas en exceso, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEXTO: NO TENER en cuenta la renuncia presentada por la firma Legal Assistance Group S.A.S., identificada con Nit. 900.712.338-4, al poder otorgado por la parte Recurrente, por cuanto no se dio cumplimiento a la exigencia consagrada en el inciso 4º del artículo 76 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: TÉNGASE a la firma Lydm Consultoría Y Asesoría Jurídica S.A.S., identificada con Nit. 900.616.726-8, como apoderada de la parte Recurrente, en los términos y para los efectos de la Escritura Pública visible en el cuaderno digital de la Corte.

OCTAVO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y al Juez Segundo Laboral del Circuito de dicha ciudad y archívese la actuación.

NOVENO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y archívese.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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