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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5666-2021

Fecha
6 de octubre de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5666-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora. SEGUNDO: INVALIDAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2006 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, dentro del proceso que GLORIA OSPINA ROMÁN instauró en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E., únicamente en cuanto dispuso que el valor inicial de la mesada pensional ascendía a $6.357.304,73, en lo demás, el fallo se mantiene. No invalidar la sentencia CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 31587, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia, el 9 de febrero de 2006, en el proceso que instauró GLORIA OSPINA ROMÁN en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E., únicamente en el sentido de fijar como primera mesada a favor de la demandante, a partir del 4 de septiembre de 2001, la suma de $6.205.713,69. CUARTO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas en exceso, por las razones esgrimidas en la parte motiva de la providencia. QUINTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y al Juez Primero Laboral del Circuito de dicha ciudad y archívese la actuación. SEXTO: Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5666-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

6 de octubre de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5666-2021

Radicación n.° 82019

Acta 38

Bogotá D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Sala la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP contra la sentencia del 12 de octubre de 2006, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia dentro del proceso ordinario instaurado por GLORIA OSPINA ROMÁN contra CAJANAL EICE – EN LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES

De manera sintetizada, ha de decirse que, en criterio de la UGPP, la providencia acusada no se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico, por cuanto dispuso la inclusión de la prima de servicios y de la prima de vacaciones devengados por Gloria Ospina Román en el último año de servicios, en cuantía superior a una doceava parte de aquellas, con lo cual considera que el sentenciador violó los artículos 6 del Decreto 546 de 1971, 32 del Decreto 1045 y 58 del Decreto 1042, los dos últimos de 1978.

Por lo anterior, y con base en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la accionante solicita se revoque la sentencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, proferida el 12 de octubre de 2006 y, en su lugar, se declare que a quien fungió como actora en el proceso ordinario, no le asiste el derecho a que se le reliquide la pensión de vejez incluyendo para el efecto el valor de las primas de servicios y de vacaciones [sic] en cuantía superior a una doceava parte de las mismas.

Para dar respaldo a las anteriores pretensiones explica que por haber laborado al servicio de la Rama Judicial y de la Procuraduría General de la Nación, durante más de 20 años y contar con más de 50 de edad, Ospina Román le solicitó a la otrora CAJANAL el reconocimiento de la pensión de jubilación, súplica a la que dicha entidad accedió mediante Resolución n.° 12518 del 17 de junio de 2000, para lo que tuvo en cuenta las directrices del Decreto 546 de 1971, esto es, el 75% del promedio salarial del último año de servicios, y como factores salariales: la asignación básica, gastos de representación, prima especial y bonificación por servicios, bonificación por compensación; así le concedió pensión en cuantía inicial de $4.729.200.

Que contra la anterior decisión la pensionada interpuso los recursos de ley, que fueron desatados por la entidad, el de reposición desfavorablemente y, el de apelación, a su favor, por lo que con Resolución n.° 6062 de 2001 CAJANAL incrementó la prestación a la suma de $5.153.741,07.

Que la aquí accionada continuó prestando sus servicios al Estado y, por ello, con Resolución n.° 1841 del 7 de febrero de 2003, la entidad de previsión social elevó la mesada a la suma de $5.720.000, a partir del 4 de septiembre de 2004, determinación que también impugnó la trabajadora pero que se mantuvo indemne administrativamente.

Que, no obstante, lo precedente, en cumplimiento a lo dispuesto en fallo de tutela, CAJANAL le reconoció la pensión, a partir del 4 de septiembre de 2001, en cuantía inicial de $9.782.336,52, para lo que advirtió que no se impondría tope o límite alguno.

Que con el propósito de que se tuviera en cuenta el régimen especial de empleados de la Rama Judicial y se le incluyeran otros factores salariales, Ospina Román demandó a CAJANAL en proceso que por así disponerlo la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, correspondió definirlo al Juzgado 10 Laboral de Medellín [sic] autoridad que, con sentencia del 9 de febrero de 2006, determinó que el último salario promedio devengado por la ya mencionada alcanzó los $8.363.747,78 y, por ello, la primera mesada la fijó en la suma de $6.272.810,76; de igual forma dispuso la condena por diferencias pensionales en cuantía de $37.387.035,03 y de $3.980.448,52 por indexación.

Que para arribar a las anteriores conclusiones el juez predicó la equivocación de CAJANAL al no incluir una doceava parte de las primas de servicios, navidad y vacaciones devengadas por la peticionaria.

Que la allí demandante apeló la anterior decisión con el propósito de que se le incluyera la bonificación por servicios, se tomara una tasa de remplazo del 85% en aplicación del Decreto 1815 de 1994, y se condenara a la entidad al pago de los intereses de mora.

Que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, con sentencia del 12 de octubre de 2006, precisó: i) la improcedencia de aplicar la normativa invocada por la apelante, y ii) que aun cuando CAJANAL había incluido el valor de la bonificación por servicios, lo había hecho en un rubro inferior al que aparecía certificado, por ello determinó que el último salario fue de $8.476.406,30 y, por tanto, la primera mesada la estableció en la suma de $6.357.304,73.

Que la parte actora, en el proceso ordinario, interpuso recurso extraordinario de casación y esta Sala, en sentencia del 24 de febrero de 2009, decidió no casar la providencia de segundo grado.

Por último, relata que CAJANAL dio cumplimiento a la sentencia hoy impugnada, y con actos administrativos de octubre de 2011 y enero de 2012, le reconoció a Ospina Román las diferencias pensionales a cuyo pago se condenó.

Para lo que interesa, la UGPP advierte que la demandada devengó en el último año de servicios los siguientes rubros: por prima de servicios $1.987.618, por prima de navidad $2.863.319 y por prima de vacaciones $2.015.612, y que el Tribunal incluyó en la liquidación de la pensión y por esos conceptos, los siguientes rubros: $248.452,25 por prima de servicios, $357.914,87 por prima de navidad y $4167.967,66 (sic) por prima de vacaciones, es decir, valores superiores a una doceava parte de los primeros relacionados.

Gloria Ospina Román, al dar respuesta, se opone al éxito de las pretensiones de la UGPP, admite la existencia de los actos administrativos y judiciales a los que hace referencia la entidad accionante; aclara que el despacho judicial que decidió en primera instancia no lo fue el 10 Laboral de Medellín como equivocadamente lo refiere la demanda, sino el 1º Laboral de Armenia, destaca haber prestado servicios hasta el 3 de septiembre de 2001, y que ejecutó una actividad de alto riesgo como fue la de Procuradora 39 Judicial II Penal.

Explica que CAJANAL le reconoció una mesada inicial de $4.729.200 con efectividad, a partir del 4 de septiembre de 2001, para lo cual no tuvo en cuenta todos los factores de salario pues excluyó los gastos de representación mensual, la prima especial de servicios mensuales, la bonificación por servicios, y las primas de vacaciones, servicios y navidad. Que por lo anterior interpuso los recursos de la vía administrativa y al desatar el de apelación la accionada fijó como mesada inicial la suma de $5.153.171,07; que como continuó laborando, solicitó la reliquidación de la prestación, súplica a la que se accedió por parte de la entidad, pero esta vez aplicándole el tope de 20 salarios mínimos fijado en el Decreto 314 de 1994 por lo que la prestación quedó en $5.720.000.

Que en el proceso ordinario que instauró, en primera instancia se estableció que el último salario promedio mensual devengado ascendió a la suma de $8.363.810 y, por ende, se declaró que la mesada debió ser de $6.276.810,76. Así mismo, se dispuso el pago de las diferencias y su indexación; que para arribar a esa conclusión el sentenciador se fundó en el Decreto 546 de 1971, en concordancia con el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, los Decretos 1231 de 1973, 2926 de 1978, el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 y 141 de la Ley 100 de 1993, al igual que en algunas jurisprudencias aplicables al caso.

Destaca que el sentenciador de primer grado le reconoció ser beneficiaria del Decreto 546 de 1971 y, por ende, tener derecho a una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, en la medida que su actividad en la Rama Judicial y la Procuraduría General se prolongó por más de 10 años; estimó el funcionario judicial que no era procedente aplicar la tasa del 85% que aquella impetraba, pero sí, que dentro de los factores de salario se incluyeran las primas de servicios, de navidad y de vacaciones; que la anterior sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Armenia, con las siguientes modificaciones: a) estableció que el salario promedio fue de $8.476.40,30, b) la mesada pensional debió ser de $6.357.304,73, c) así mismo, incrementó el valor de las diferencias pensionales y la indexación. En lo que hace a los intereses de mora, entendió que no procedían porque la prestación no era de las contempladas en la Ley 100 de 1993.

Que, en efecto, contra la anterior decisión ella, en calidad de demandante, interpuso el recurso extraordinario de casación buscando se aplicara la tasa de remplazo del 85% por ser beneficiaria del régimen de transición, sin que dicha súplica prosperara.

Por todo lo anterior se opone al éxito de las pretensiones, aunado a que considera que la revisión se ha formulado extemporáneamente en la medida que la sentencia que se impugna quedó ejecutoriada más de 5 años atrás, y porque la demanda adolece de la precisión exigida por el artículo 34 de la Ley 712 de 2001.

Señala que lo que la UGPP llama «liquidación correcta» contiene los reiterados errores en que incurrió CAJANAL, y que el juzgado corrigió al apoyarse en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, el Decreto 717 de 1978 y el artículo 127 del C.S.T. [sic].

Agrega que el reconocimiento de la pensión no se hizo bajo el abuso del derecho, posibilidad que prevé el literal b) del inciso 2 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, además en el proceso ordinario actuó de buena fe y conforme a la ley, para lo que se remite a algunos apartes de la sentencia CC C 258 - 2013, que transcribió.

A renglón seguido precisa que ni el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978 ni el 58 del Decreto 1042 de 1998 (sic) aplican; que la normativa a tener en cuenta es el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y que, de darse algún equívoco, sería un supuesto error aritmético en el cálculo de la liquidación respecto de la cuantía de las primas de servicios y de navidad, pero no la vulneración de la norma, ni por falta de aplicación ni por aplicación indebida de la misma en las sentencias recurridas, como con error lo califica la UGPP.

Así las cosas, formula a su favor las excepciones de: i) caducidad de la revisión, que fundamentó en que, entre el 12 de octubre de 2006, fecha de la sentencia del Tribunal, y el 29 de agosto de 2018, fecha de la presentación de la revisión, transcurrieron 10 años, 7 meses y 21 días, es decir, la UGPP interpuso la revisión después de vencidos los 5 años establecidos en la Ley 797 de 2003, artículo 20; ii) «ejecutoria»; iii) cosa juzgada, y iv) la que señala como innominada.

Por último, reitera que nació el 7 de mayo de 1943, por lo que cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 tenía 51 años de edad; que prestó servicios a la Rama Judicial y al Ministerio Público durante 11.733 días ininterrumpidos desde el 1º de febrero de 1969 al 3 de septiembre de 2001, lo que equivale a 1676 semanas de cotización. Que el estatus de pensionada lo adquirió el 7 de mayo de 1993, por lo que a la luz de la Ley 100 de 1993 le corresponde la pensión con el régimen de los artículos 6 del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978. Que según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el monto de la pensión, la edad y el tiempo de servicios es el que señala el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, y que la base de liquidación debe ser el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, y, en consecuencia, no hubo error ni de derecho ni de hecho que den pie a anular las providencias judiciales que reconocieron la prestación.

II. CONSIDERACIONES

En razón a que la pasiva propuso, entre los medios de defensa, la excepción de cosa juzgada que, de salir avante, impediría cualquier pronunciamiento de fondo, la Sala decidirá de primera mano sobre el particular.

Cosa juzgada

Conviene recordar que el legislador previó la revisión como un mecanismo excepcional a dicha figura, cuando el erario se afectara por una decisión judicial o administrativa, en la que se hubiere dispuesto el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente correspondiera; todo ello a efecto de proteger el bien común y evitar el llamado abuso del derecho (CSJ SL351-2018).

De manera que, la excepción aludida no puede salir avante, incluso en eventos de identidad de partes, objeto y causa, entre el proceso ordinario o procedimiento administrativo del que se trate y, el de revisión, cosa que valga la pena destacar, en el presente caso no ocurrió, pues la posición procesal de las partes es contraria y la causa es distinta.

En efecto, lo pretendido en el juicio laboral fue la reliquidación de la pensión de Gloria Ospina Román buscando se incrementara el monto de la misma, por haber desempeñado un cargo de alto riesgo y la inclusión de todos los factores salariales que correspondían a la última asignación mensual; en tanto que el presente se contrae a que las primas de servicios y vacaciones, cuya inclusión no se desconoce en la base salarial a tomar en cuenta para obtener el ingreso base de liquidación de la prestación, puesto que según la UGPP se fijaron en una octava parte, cuando debía serlo en una doceava.

Por lo que, sin prevención, fácil es concluir que el asunto planteado por la accionante no ha sido abordado en esta sede y en el marco de un trámite de la misma naturaleza al hoy promovido, que sería aquel evento donde podría pregonarse ante la existencia de la misma causa, objeto y partes, la excepción de cosa juzgada.

Y esa perspectiva, este medio exceptivo no tiene eco pues, como ya se dijo, la revisión promovida es una excepción a la regla de la cosa juzgada, que se encamina a permitir un nuevo análisis para amparar el patrimonio público y, por ende, también constituye un medio tendiente a revisar las providencias judiciales que, si bien cuentan con plena ejecutoria, perfectamente pueden modificarse o revocarse, de llegar a establecerse que la causal invocada resulte fundada.

Por lo expuesto, la excepción de cosa juzgada no sale avante.

Caducidad

De otra parte, y en lo atinente a la caducidad de la revisión, ha de acotarse que la Corte Constitucional en sentencia CC SU427-2016, luego de reconocer a la UGPP como plenamente habilitada para incoar ese tipo de acciones, precisó que para dicha entidad el término se contaría a partir del 12 de junio de 2013, data en la que asumió la defensa judicial de CAJANAL; textualmente indicó esa alta Corporación:

7.21. En ese orden de ideas, respecto del término para interponer el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del derecho existió un vacío legal que solo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, y que estableció de forma expresa que “el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”

7.22. Así las cosas, solo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013.

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero..

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.

7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo que en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas.

7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la posible configuración de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los derechos fundamentales de los implicados en la causa, por lo que en caso de verificarse la existencia de dicha irregularidad, deberá disponer que el reajuste de la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la decisión judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe.

Doctrina Constitucional que se acompasa con la línea de pensamiento de esta Sala, para quien «aunque el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que la demanda instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se debería presentar dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia por controvertir, la Corte Constitucional en sentencia CC SU 427 de 2016, luego de reconocer a la UGPP como plenamente habilitada para incoar ese tipo de acciones, dejó por sentado el principio según el cual el término de caducidad frente a esta Unidad debía contarse a partir de la data en que asumió la defensa judicial».(CSJ SL1019-2021).

Entonces, como la demanda que contiene la revisión se recibió por esta Corporación el 12 de junio de 2018 (folios 1 y 45), es pertinente declarar que ello ocurrió dentro del término previsto para el efecto.

Y conforme con lo dicho, carece de viabilidad jurídica lo afirmado por la convocada a juicio cuando indica que la revisión esta caducada dado que la misma tuvo lugar el día 29 de agosto de 2018, puesto que lo que aconteció en esa fecha fue la admisión de esta última.

Puestas así las cosas, no puede salir avante la excepción de caducidad, en la medida que como se vio, la revisión se propuso dentro de los términos indicados por la Corte Constitucional para el efecto.

Causal de revisión

En este punto se impone memorar que las sentencias de primera y segunda instancia enrostradas, accedieron parcialmente a las pretensiones planteadas por la hoy convocada, lo que motivó la interposición del recurso extraordinario de casación que culminó con la decisión de no quebrar la providencia fustigada.

En aquel trámite extraordinario, en el alcance de la impugnación la hoy accionada sostuvo:

Solicito a LA SALA DE CASACIÓN LABORAL de LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que al CASAR LA SENTENCIA IMPUGNADA de 12 de octubre del corriente año 2006, proferida por LA SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL QUINDIO (sic), se acceda a LAS SUPLICAS DE LA DEMANDA relacionadas con la aplicación del Decreto 1835 de 1994 y demás disposiciones concordantes y a la condena de intereses de mora de conformidad con el artículo 141 de La Ley 100 de 1993 o el articulo 177 del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, disponga lo siguiente :

a) Que el total de factores de salario, base salarial o base de liquidación de la pensión de la DRA. GLORIA OSPINA ROMÁN es de $ 8.476.406.30.

b) Que en consecuencia, la Dra. Ospina Román, tiene derecho a su pensión por valor de $ 7’204.945.36, correspondiente al 85 % de LA BASE de $ 8'476.406.30, efectiva a partir de SEP.4/2001.

c) Que como CAJANAL le reconoció la suma de $ 5'700.000.00 y su valor ha debido ser de $ 7’204.045.36, le debe pagar la diferencia de $ 1’504.945.36, con los incrementos de Ley, a partir de SEP. 4/2001.

d) Se condene a CAJANAL a pagarle a la Dra. Gloria Ospina Román, sobre la respectiva diferencia, debida mes a mes, el interés de mora señalado por el articulo 141 de La Ley 100 de 1993.

e) En su defecto, sobre el valor del capital y la indexación que liquide, se condene a LA ENTIDAD, al pago de intereses de mora conforme al artículo 141 de La Ley 100 de 1993 o el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

f) En su defecto, por último, que sobre el valor del capital y la indexación liquidada por La Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral en la sentencia atacada, se condene a LA ENTIDAD al pago de intereses conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo o al pago de intereses, conforme al artículo 141 de La Ley 100 de 1993, sobre cada mesada debida al finalizar el respectivo mes, intereses que sobre cada mesada se liquidarán mes a mes, por tratarse de pagos de tracto sucesivo.

g) Se condene en costas a LA ENTIDAD DEMANDADA.

h) Se dispondrá que todo pago se impute primero a intereses conforme al artículo 1653 del Código Civil.

i) Se señale a LA ENTIDAD DEMANDADA el término dentro del cual debe cumplir la sentencia.

Y, ciertamente, en la providencia CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 31587, la cual fue consultada en el portal web www.cortesuprema.gov.co y hace parte integrante de esta decisión, la Sala al resolver el medio extraordinario de impugnación y analizar la negativa del tribunal con relación a las pretensiones de aumentar el monto de la pensión al 85% así como la viabilidad del reconocimiento de intereses moratorios dada la reliquidación ordenada en las instancias, indicó que:

[…] El ad quem optó por atenerse a lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 en lo relativo a la edad, tiempo y monto de la pensión por estimar “…que es la norma más favorable aplicable al caso aquí debatido, por cuanto de atenderse a los postulados de los Decretos 1281 y 1835 de 1994, se perjudicaría ostensiblemente a la señora Ospina Román, en tanto que, su aplicación tendría que ser sobre todos los aspectos, no solo el relativo a los factores salariales, sino también los de edad, tiempo y monto señalados en la ley 100 de 1993, esto es, que la pensión debería liquidarse con el 85% del promedio de lo devengado en los diez (10) últimos años, mientras que, bajo los parámetros de la ley (sic) 546 de 1971, artículo 6°, el monto se obtiene sobre el 75% de lo devengado en el último año de servicios, situación que es más beneficiosa…”, argumentación relativa a la favorabilidad, que no fue controvertida en concreto por el recurrente, y que, por ende, sostiene la decisión, dado que aquél solo alegó que no se escindía la ley como el Tribunal lo consideraba.

Con todo, es de manifestar que, en sede casación, el beneficio del 85% como monto de la pensión, la actora lo hace derivar de la circunstancia de haber ejercido actividad o cargo de alto riesgo como Procuradora 39 Judicial II Penal, durante 8 años, 2 meses y 3 días, ya que el artículo 5º del Decreto 1835 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, en cuanto a determinar y reglamentar las actividades de alto riesgo de los servidores públicos en el país, prevé, para el caso puntual de quienes fungieran como Procuradores Delegados en lo Penal en el Ministerio Público, una pensión especial de vejez, siempre y cuando llenaran los requisitos de 50 años de edad (las mujeres) y 1000 semanas de cotización especial en dicha actividad, y que a esta pensión estima que le es aplicable el artículo 6º del Decreto 1281 de 1994 que reza “ El monto de la pensión especial en el régimen de prima media con prestación definida será el que se determina en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Para el régimen de ahorro individual con solidaridad será el que arroje la cuenta de ahorro pensional del afiliado, en los términos del artículo 64 de la misma ley.” (negrilla del texto)

Sin embargo, de un lado, es ostensible que el requisito de las 1000 semanas de cotización especial no es cumplido por la demandante ya que ejerció el cargo de alto riesgo antecitado solo durante 8 años, 2 meses y 3 días, como lo reconoce su mentor judicial (fl. 53 c. Corte), que no equivalen a esas semanas sino a un número mucho menor, con lo cual deviene sin sustento la pretensión, y, de otro, el Decreto 1281 de 1994 no es aplicable a la accionante puesto que el mismo reguló pensión especial, exclusivamente, para quienes se dedicaran a trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos, trabajos que impliquen prestar el servicio a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud ocupacional, trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, y trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, conforme lo disponen expresamente sus artículos 1 y 2 […].

De manera que, atendiendo la naturaleza rogada del recurso extraordinario de casación, la Corte solo se ocupó de las censuras interpuestas por la parte actora frente al fallo de segundo grado, que se concentraban en su descontento sobre la tasa de reemplazo y la no concesión de los intereses moratorios; razón por la cual, no estudió, en puridad de verdad, los reparos formulados en la presente revisión quedando así libre de ataque aquello que es ahora cuestionado.

Ahora bien, aunque en sentir de la Corporación la presente revisión comprende tanto las sentencias de primera y segunda instancia, como la proferida en sede de casación, lo cierto es que, dado lo explicado en el párrafo inmediatamente anterior, el fallo de la Corte no se verá afectado, bajo ninguna circunstancia, por la decisión que se acogerá de declarar fundada la revisión de la sentencia de segunda instancia, precisamente porque esta Sala en aquella oportunidad no quebró la providencia al estudiar aspectos totalmente ajenos o diferentes a los que hoy analiza, es decir, que los temas hoy traídos al asunto bajo escrutinio no fueron materia de controversia en la esfera casacional, por lo que, a las claras, no inciden en la otrora determinación adoptada por la Corte, una vez se invalide parcialmente la sentencia atacada. No sobra advertir que dicho acto jurisdiccional proferido por esta Sala, es factible de ser examinado, a través de esta revisión, dado que ninguno de los actuales magistrados lo suscribió, por ello no hay impedimento legal alguno para proceder en tal sentido.

Conforme con lo discurrido y, a pesar de lo reiterativo, es claro entonces que la revisión debe estar dirigida en contra de la providencia judicial en cuya virtud se hace el reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos públicos la obligación de satisfacer sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza, frente a la cual se estima que el juzgador lesionó de manera frontal la Constitución o ley y, en este caso concreto, no es otra que la sentencia contra la que se interpuso la revisión, esta es, la proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia que modificó la adoptada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad.

Sentado lo anterior y antes de abordar el estudio de la causal propuesta debe aclararse que, si bien en el acápite de «alcance de la revisión» se cuestiona la cuantificación de la prima de vacaciones, lo cierto es que con facilidad se concluye que ello fue un lapsus calami puesto que al desarrollar el concepto de la violación es claro que el ataque se dirige con relación a la cuantificación de la prima de navidad.

Patente en lo precedente, para establecer si le asiste razón a la accionante en cuanto a las motivaciones que le llevan a solicitar que se invalide la providencia emitida por el Tribunal Superior de Armenia, es preciso señalar que los siguientes soportes fácticos quedan incólumes:

Gloria Ospina Román laboró al servicio de la Rama Judicial entre el 1º de febrero de 1969 y el 30 de diciembre de 1971 y a la Procuraduría General de la Nación entre el 1º de enero de 1972 y el 3 de septiembre de 2001.

Nació el 7 de mayo de 1943.

Consolidó el derecho a la pensión el 7 de mayo de 1993, fecha en la cual cumplió 50 años de edad y contaba con más de 20 de servicios a la Rama Judicial y a la Procuraduría General de la Nación.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, mediante sentencia del 9 de febrero de 2006, condenó a la reliquidación de la pensión involucrando para el efecto todos los factores salariales, de acuerdo a lo previsto en los artículos 6º del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978, en especial, las primas de servicios, de navidad y de vacaciones. Textualmente dijo:

[…] estima el juzgado que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL hizo caso omiso de lo contemplado en los artículos 6º del Decreto Ley 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978, al negar el derecho que le asiste a la doctora GLORIA OSPINA ROMÁN de que se le reajustes su pensión mensual vitalicia de jubilación que le fue reconocida, reajuste que debía contener además como factores de liquidación las sumas devengadas y consistentes en la parte proporcional de las primas de servicios, de navidad y de vacaciones.

Así las cosas, observa el despacho que la Caja Nacional de Previsión Social, erró al no tener en cuenta todos esos factores salariales ya mencionados para liquidarle la pensión de jubilación a la demandante, por lo que, consecuencialmente, se efectuará una nueva liquidación de esta prestación, incluyendo como factores salariales los ya especificados.

[…] la demandante devengó:

Asignación salarial más elevada…………. $1.931.291

Gastos de represen. Mensuales………….....$1.931.291

Prima especial de servicios mensual……... $1.059.647

Bonificación por compensación mensual $2.667.185

Total salario…………………………………… $7.589.413

Y como además la actora devengó lo siguiente:

Prima de Servicios……………………$1.987.618

Prima de Navidad…………………… $2.863.319

Prima de vacaciones…………………$2.015.612

La sumatoria de las doceavas partes de estas primas asciende a $248.452,25; $357.914,87 y $167.967,66 pesos, respectivamente, valores éstos que, adicionados al salario total devengado por la demandante, esto es, la suma de $7.589.413 arroja un salario promedio de $8.363.747,78 pesos al cual se le saca el 75% dando como resultado final la suma de $6.272.810,76 pesos… (folios 73 y 74)

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, mediante sentencia del 12 de octubre de 2006, por su parte, luego de advertir que por haber consolidado el derecho antes del 1º de abril de 1994, para la demandante le resultaba más favorable acogerse en su integridad al Decreto 546 de 1971 que no a la Ley 100 de 1993, dispuso, en lo que estrictamente se refiere a la presente revisión, lo siguiente:

Dado lo anterior y analizando la sentencia, se tiene que el juzgado de primera instancia efectivamente omitió incluir en los factores de liquidación, la bonificación por servicios, la cual ya había sido incluida por Cajanal, aunque en cuantía inferior a la señalada por la jefe de gestión humana de la Procuraduría en constancia obrante a folios 56 y 57.

Se hace entonces la reliquidación con este nuevo factor debiendo quedar así:

Factor de salario según juzgado………….$8.363.747,78

Factor de salario incluido

la bonificación por servicios ………………$8.476.406,30

Pensión a reconocer ……… ……………. .$6.357.304,73

Es decir, que en el trámite de la segunda instancia lo único que se advirtió fue la no inclusión de la bonificación por servicios, que por ser uno de los factores salariales a tener en cuenta, el Tribunal pasó a adicionar y, por ello, incrementó la base salarial al igual que la primera mesada y consecuencialmente el valor de las diferencias y su correspondiente indexación.

La UGPP por su parte, destaca que el valor que asumió el juzgado como la doceava parte de las primas de navidad y de servicios, no corresponde a esa operación, por lo que la prestación se concedió en un mayor valor al que realmente correspondía.

Así las cosas, el específico punto en controversia es si los valores que por concepto de primas de navidad y de servicios, corresponde a la doceava parte de los pagos que por dicho concepto se reconocieron a favor de la entonces demandante, y con los cuales se logró la base salarial a partir de la cual se obtuvo el valor de la primera mesada, que el juez de la alzada al confirmar la decisión de su inferior, hizo suyo.

Sobre el particular, es preciso decir que en efecto $248.452,25 no es la doceava parte de $1.987.618 que fue lo que se le reconoció por prima de servicios; e igualmente que $357.914,87 tampoco es la doceava parte de $2.863.319, que, por concepto de prima de navidad, recibió la persona natural accionada, pues los valores correctos son $165.634,83 y $238.609,91, respectivamente.

De tal manera que la equivocación es evidente, además de protuberante, toda vez que el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, que consagró un régimen especial en favor de los servidores judiciales, dispuso que la pensión de jubilación se les concedería en el 75% de la asignación mensual más alta, recibida en el último año de labores; de donde se infiere que solo una doceava parte de las primas de servicios que contemplaba el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 58 e igual porción de la prima de navidad prevista en el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, podían incluirse en la base de liquidación de la mencionada prestación.

Valga la pena anotar que la doceava parte de la prima de vacaciones que contempla el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 como factor a tener en cuenta para la liquidación de la pensión, así como los restantes valores descritos en este último acto administrativo, se incluyeron de forma atinada y se entiende que es la razón por la cual la UGPP no manifestó inconformidad alguna sobre el particular.

Por lo anterior, la sentencia del 12 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que avaló la equivocación en que incurrió su inferior, deberá invalidarse solo en lo anotado.

De suerte que, se exhibe fundada la causal de revisión invocada, por lo que la cosa juzgada queda derruida en forma parcial, únicamente en cuanto modificó el monto inicial de la pensión, dada la forma como se calculó la prima de servicios y prima de navidad.

Llegados a este punto del sendero, menester resulta traer a colación que el artículo 34 de la Ley 712 de 2001, aplicable al asunto bajo escrutinio, por permitirlo el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituye que si «se encontrare fundada la causal invocada se invalidará la sentencia y se dictará la que en derecho corresponda».

Entonces, emerge de manera cristalina que, al invalidarse la decisión de segunda instancia únicamente en cuanto dispuso como mesada inicial la suma de $6.357.304,73, no queda otro sendero que modificar la sentencia emitida por el Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia, el 9 de febrero de 2006 para, en su lugar, fijar como primera mesada, a favor de Gloria Ospina Román, la suma de $6.205.713,69.

El anterior rubro corresponde al 75% de la sumatoria de los factores legales, más la doceava parte de las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, al igual que la bonificación de servicios que devengó la trabajadora en el último año de labores, discriminados así:

Salario total…………… $ 7.589.413,00

Doceava p. de servicios……$ 165.634,83

Doceava p. de navidad…….$ 238.609,91

Doceava p. de vacaciones…$ 167.967,66

Bonificación servicios………$ 112.658,52

Total……………………………$8.274.284,92

75%...................................$6.205.713,69.

No se ordenará la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar a la accionada una conducta desprovista de la buena fe, dado que la reliquidación de la pensión fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, que además fue producto del ejercicio legítimo de una acción sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude (sentencia SL3276-2018).

Sin costas, dada la prosperidad de la revisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora.

SEGUNDO: INVALIDAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2006 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, dentro del proceso que GLORIA OSPINA ROMÁN instauró en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E., únicamente en cuanto dispuso que el valor inicial de la mesada pensional ascendía a $6.357.304,73, en lo demás, el fallo se mantiene. No invalidar la sentencia CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 31587, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia, el 9 de febrero de 2006, en el proceso que instauró GLORIA OSPINA ROMÁN en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E., únicamente en el sentido de fijar como primera mesada a favor de la demandante, a partir del 4 de septiembre de 2001, la suma de $6.205.713,69.

CUARTO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas en exceso, por las razones esgrimidas en la parte motiva de la providencia.

QUINTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y al Juez Primero Laboral del Circuito de dicha ciudad y archívese la actuación.

SEXTO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y archívese.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

(Salva Voto)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Revisión

Radicación n.° 82019

Referencia: Revisión promovida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP contra la sentencia del 12 de octubre de 2006, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia dentro del proceso ordinario instaurado por GLORIA OSPINA ROMÁN contra CAJANAL EICE – EN LIQUIDACIÓN.

Con el acostumbrado respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala, en cuanto decidió dar trámite a la presente revisión y dispuso declarar fundada la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora, tal y como lo manifesté en la sesión donde se debatió el tema, por las razones que a continuación expongo:

Respecto del término que tiene la UGPP para adelantar la presente acción, debe tenerse en cuenta que, la sentencia C-835 23 sept. 2003, emitida por la Corte Constitucional, declaró inexequible la expresión en «cualquier tiempo», que consagraba el artículo 20 de la Ley 797/03, en donde se instituyó la figura de la acción de revisión, que ocupa nuestro estudio.

Como fundamento de dicha decisión, la mencionada Corporación sostuvo:

Ahora bien, según se ha visto el inciso tercero del artículo 20 dispone que la revisión podrá solicitarse en cualquier tiempo. Es decir, que en relación con el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión no opera el término de dos años que prescribe el Código Contencioso Administrativo, ni el término de seis meses que prevé el artículo 32 de la ley 712 de 2001 para su interposición, cuando quiera que se trate de los actos estipulados como revisables en términos del artículo 20 de la ley 797 de 2003.

Entonces, la expresión "en cualquier tiempo", ¿es constitucional? La respuesta es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. Valga recordar que el procedimiento es vehículo impulsor y definitorio de los derechos, deberes y garantías que la Constitución Política y la ley establecen a favor de las personas. (Negrillas fuera de texto original).

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.

Igualmente, los vicios que afectan a la expresión "en cualquier tiempo", contenida en el tercer inciso del artículo 20 impugnado, dada su conexidad temática y teleológica, hacen metástasis en la misma expresión "en cualquier tiempo", vertida en el primer inciso del mismo artículo; motivo por el cual la decisión de inexequibilidad las comprenderá por igual, según se verá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo. (Negrillas y subrayado fuera de texto original).

Y más adelante agrega:

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis de revisión y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declaró inexequible la expresión en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendrá como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso. (Negrillas fuera de texto original).

También precisa la Corte que ese plazo, comenzará a contarse a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia. (Negrillas y subrayado fuera de texto original).

De lo anterior, fácilmente se puede concluir entonces que, el término para adelantar la presente acción, en materia laboral, es el establecido en el artículo 32 de la Ley 712/01, esto es, cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia, hecho que ocurrió para el caso en cuestión, el 30 de marzo de 2009, como se desprende de la fecha en que se profirió el fallo del recurso extraordinario de casación por parte de esta corporación; por lo tanto, ese lapso de tiempo venció el 30 de marzo de 2014.

En este orden de ideas, en mi criterio, el término para impetrar la tantas veces mencionada revisión, ya caducó, por cuanto fue instaurada el 12 de junio de 2018, sin que sea de recibo, contabilizar ese tiempo desde cuando la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, ya liquidada, conforme al Decreto 2842 del 6 de diciembre de 2013, como en asuntos similares se ha hecho, con base en lo asentado en la sentencia SU-427/16, puesto que, no puede el ciudadano sufrir las consecuencias de la omisión de la entidad encargada de ejercer las respectivas acciones para aquella época, por cuanto ello implica desconocer la sentencia de constitucionalidad, arriba referida, y de paso afectar los derechos adquiridos otorgados en virtud de las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, desconociéndose además el principio de confianza legítima y creando inseguridad jurídica.

En este orden, a mi juicio, no había lugar a adelantar trámite alguno por parte de la Sala dentro de este asunto.

En los anteriores términos, dejo consignado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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