FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2607-2021
Radicación n.° 80080
Acta 22
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA CECILIA GUZMÁN DAZA contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Cuarta Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
La señora María Cecilia Guzmán Daza llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se declarara que le asistía el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de vejez, a partir del 25 de enero de 2009, fecha en la que cumplió 55 años y tenía más de 1.300 semanas de cotización y, en consecuencia, se le condenara a la cancelación de las mesadas pensionales ordinarias y adicionales desde el 25 de enero de 2009 hasta el 1º de febrero de 2014, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación, las costas del proceso y, lo probado extra o ultra petita .
Fundamentó sus peticiones básicamente en que: nació el 25 de enero de 1954; solicitó la pensión de vejez el 22 de julio de 2009, la cual fue negada mediante la Resolución 0007857 del 28 de mayo de 2010, a pesar de que tenía consolidado su derecho, con ello fue «forzada» a seguir cotizando; el 10 de febrero de 2011 interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, resueltos en la Resolución 322617 del 27 de noviembre de 2013 bajo el que se le reconoció la pensión de vejez, pero no el retroactivo pensional y a la data de la demanda no había resuelto la apelación.
Colpensiones, al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas y cada una de las pretensiones y en cuanto a los hechos, aceptó los referentes a la concesión de la pensión de vejez y la denegación del retroactivo pensional por cuanto este no se había causado, no aceptó lo relativo a que la accionante a la fecha de reclamación inicial tenía un derecho consolidado, de los restantes indicó no constarle.
En su defensa propuso las excepciones de carencia de prueba de los supuestos fácticos, improcedencia de lo pretendido, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho y la obligación, buena fe y las que resultaren probadas de oficio.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo proferido el 8 de septiembre de 2016, decidió:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de carencia de prueba de los supuestos fácticos por falta de conducencia e idoneidad de la prueba, improcedencia de lo pretendido, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho y la obligación y buena fe, propuestas por la parte demandada.
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” a RECONOCER Y PAGAR a la señora MARÍA CECILIA GUZMÁN DAZA el retroactivo pensional del 22 de julio de 2009 al 30 de enero de 2014, en un valor total de $91.268.280,oo, suma que deberá indexarse desde el 30 de enero de 2014 hasta la fecha de esta sentencia.
TERCERO: ABSOLVER al accionado de todos los demás reclamos contenidos en el libelo introductorio.
CUARTO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada, agencias en derecho igualmente a su cargo en la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
QUINTO: En caso de no ser apelada esta decisión, se ordenará la remisión del expediente a la sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería, para efectos de que surta el grado jurisdiccional de consulta.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes y el grado jurisdiccional de consulta surtido a favor de Colpensiones, mediante sentencia dictada el 6 de diciembre de 2017, resolvió revocar en su integridad la decisión de primera instancia para, en su lugar, absolver a Colpensiones del reconocimiento de las pretensiones incoadas en la demandada. Condenó en costas de primera instancia a la accionante y se abstuvo de imponerlas en la alzada.
Determinó como problema jurídico a resolver el elucidar si a la accionante le asistía el derecho al retroactivo reclamado y, en caso afirmativo, desde qué momento le corresponde, porque bajo su dicho fue forzada a seguir cotizando por la entidad de seguridad social
En primer lugar, adujo que la causación y el disfrute pensional son figuras diferentes, dado que la primera implicaba el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para acceder a la pensión, mientras la segunda comportaba la desafiliación al sistema luego de haber completado los presupuestos mínimos.
Explicó que, a la luz de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, la pensión de vejez se debía reconocer cuando estuvieren cumplidos los requisitos mínimos de edad y semanas, siendo necesaria la desafiliación al régimen para poder entrar a disfrutar de la misma, porque «puede pasar que una vez causado el derecho el afiliado opte por seguir cotizando a fin de engrosar su monto pensional».
Sostuvo que, pese a lo anterior, esta Sala ha precisado que podía haber situaciones particulares, la aplicación de dichos preceptos debía ajustarse a las especiales circunstancias que emergían en el plenario; como ocurría cuando confluían el cese de cotizaciones y la reclamación de la pensión, situación bajo la cual el juez debía entender que medió retiro del sistema, aunque no se hubiera reportado esa novedad.
En segundo término, advirtió que, no había duda en que la norma aplicable al caso, era el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, según la cual para acceder a la pensión de vejez era menester que la mujer arribara a la edad de 55 años y alcanzara la densidad de 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, las cuales se incrementaban año a año a partir del 1º de enero de 2005 hasta llegar a 1.300 en 2015.
Así, pues, con base en la plataforma probatoria, encontró probado que para el 22 de julio de 2009, fecha en que se elevó la solicitud pensional la accionante contaba con 55 años llenando el primer requisito y, respecto a las semanas exigidas, que para ese año eran 1.150 y, acogió el cálculo del juez de primer grado que restó las semanas comprendidas entre el 23 de julio de 2009 hasta 31 de julio de 2013 data de última cotización y para el que Colpensiones reconoció aportes por 1.581 semanas, con ello tuvo por cierto que la señora Guzmán Daza, para el momento en que solicitó el reconocimiento pensional (22 de julio de 2009) tenía 1.376 semanas, por ende cumplió con los dos requisitos para el reconocimiento pensional; no obstante, puso de presente que la actora cotizó por espacio de 4 años «situación que no permite tener certeza de que la accionante no quiso seguir vinculada al sistema, pues es posible que el fin último de realizar dichas cotizaciones, aun cuando estaba causado su derecho, era engrosar su monto pensional, más cuando a todas luces es evidente que tenía conocimiento de las semanas cotizadas hasta ese momento».
Con soporte en providencias de esta Corporación, y la cita de una providencia de la misma sala sentenciadora, en un caso de similares contornos, reiteró que el valor de la mesada a la accionante por parte de Colpensiones, en la que tuvo en cuenta hasta la última cotización y un IBL del 75.89% es benéfica para la misma pues al seguir cotizando, a pesar de tener causado su derecho, iba aumentando en 1.5% el porcentaje a partir del 2005, de modo que había engrosado su mesada pensional a la fecha de disfrute de la pensión. Con ello, dedujo que no era posible entender que la administradora de pensiones la había obligado a cotizar.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la decisión del Tribunal, para que, en sede de instancia:
REVOQUE integralmente la sentencia proferida por el juzgado QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y confirmada por la SALA LABORAL-CIVIL-FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERÍA y en su lugar condene a la entidad demandada conforme a las pretensiones incoadas en su contra, es decir, reconocimiento y pago de la mesada pensional en forma retroactiva, intereses moratorios por el no pago oportuno y mora en el pago pensional y provea sobre costas como corresponda.
Con tal propósito, formula un cargo que mereció réplica.
CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia de segundo grado por vulnerar el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; el inciso 2º del artículo 4° de la Ley 797 de 2003; y el artículo 48 de la CP, en cuanto «regula la solidaridad entre contratistas independientes y el beneficiario de la labor, por interpretación errónea».
El reproche fundamental de la censura se centra en que el Tribunal hubiera concluido que la demandante continuó efectuando aportes al sistema para «engrosar» su derecho pensional, cuando en realidad ello aconteció porque la entidad demandada se abstuvo de reconocer la pensión de vejez solicitada tres años antes de su concesión.
Destaca la censura que, con relación a la desafiliación del sistema, existen dos figuras jurídicas independientes: una, la causación, que es cuando se cumple con los requisitos mínimos de edad y semanas para hacerse beneficiario del derecho a la prestación económica y, la otra, es el disfrute pensional, que ocurre «cuando el afiliado cumple con el requisito de causación y se da cuando se solicita el reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad social, previa desafiliación al régimen».
Manifiesta que, según la jurisprudencia de esta Sala, pueden existir situaciones excepcionales que permiten disfrutar de la pensión, aun si no se presentó la desafiliación formal al sistema, como cuando el afiliado ha sido «conminado a seguir cotizando en virtud de la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión que ha sido solicitada en tiempo», circunstancia que fue la que aconteció en el sub lite, ya que Colpensiones decidió denegar la prestación porque supuestamente la actora contaba tan solo con 1.054 semanas. Cita las decisiones CSJ SL, 7 feb. 2012, rad. 39206 y CSJ SL11005-2017.
Finalmente, aduce que:
[…] Lo antes deja claro que al momento de solicitar la pensión de vejez – 22 de julio de 2009- la actora contaba con los requisitos necesarios para acceder al derecho prestacional dado que nació el 25 de enero de 1954 – tal como se desprende de la copia de su cédula de ciudadanía ver folio 6- y por tanto para la fecha de solicitud pensional contaba con 55 años de edad, pero por la omisión del entonces INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES de resolver de fondo la pensión de vejez, obligó a que la señora MARÍA GUZMÁN DAZA continuara laborando, pues es claro que su intención de percibir la mesada pensional se alejó luego de que el demandado dejara transcurrir casi un año para dar respuesta de forma negativa a su derecho pensional.
[…] Conforme lo dicho, queda claro que para el 22 de julio de 2009 la accionante contaba con los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez, como lo son 55 años de edad y 1.376 semanas, pero el descuido del ISS al resolver de forma cuidadosa la petición de vejez, conllevó a que la actora continuara cotizando al sistema hasta el 31 de julio de 2013 como se acepta al reconocer el derecho pensional en el año 2013, cuando desde el 2009 debió gozar de su mesada pensional.
LA RÉPLICA
Colpensiones solicita rechazar el cargo, por cuanto el Tribunal no incurrió en un error jurídico al haber denegado el retroactivo pensional en controversia, pues, asevera, que para el reconocimiento pensional era necesaria la desafiliación al sistema y esta apenas se efectuó en el año «2013».
CONSIDERACIONES
Como se recuerda, el Juez plural decidió denegar el retroactivo pensional, al estimar que la señora María Cecilia Guzmán Daza, luego de haber cumplido los requisitos para pensionarse, continuó cotizando al sistema por espacio de 4 años, lo que no le permitía tener certeza de que su voluntad hubiera sido retirarse del sistema en el año 2009 para acceder a la prestación económica desde dicha anualidad y, bajo ese análisis, entendió que el fin último de esa actitud podía ser la de engrosar su mesada pensional, en esa medida, consideró que lo procedente era otorgar la pensión de vejez desde el momento en que se presentó la desafiliación formal, es así que se reconoció la prestación, a partir del 1° de noviembre de 2013.
La censura reprocha la anterior decisión, por cuanto fue la misma entidad de seguridad social demandada la que obligó a la accionante a continuar efectuando aportes al sistema al haberle denegado en un principio la pensión de vejez solicitada, aun cuando ya tenía cumplidos los requisitos de edad y semanas exigidas por la Ley 797 de 2003, para acceder al derecho y, siendo ello así, el Tribunal debió entender que el deseo de la afilada era retirarse del sistema y cesar sus cotizaciones desde el momento en que elevó la súplica pensional el 22 de julio de 2009.
Dada la vía escogida para encaminar el ataque, se tiene que no es objeto de controversia, que: i) la señora María Cecilia Guzmán Daza nació el 25 de enero de 1954, por lo que ese mismo día y mes del año 2009 tenía cumplidos 55 años (folio 6); ii) la afiliada solicitó el reconocimiento pensional el 22 de julio de 2009, lo cual fue denegado mediante Resolución 0007857 del 28 de mayo de 2010, al no cumplir con el requisito de semanas (folios 7 y 8); iii) la actora, para el año 2009, contaba con 1.367 semanas cotizadas; iv) efectuó aportes al ISS, hoy Colpensiones, hasta el 31 de julio de 2013, como servidora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (folio 12), y v) a través de la Resolución 322617 del 27 de noviembre de 2013, Colpensiones revocó el anterior acto administrativo para, en su lugar, reconocer la pensión de vejez a partir del 1° de noviembre de dicho año, en cuantía inicial de $1.441.832, con base en 1.581 semanas cotizadas (folios 10 a 20).
En ese orden de ideas, la controversia que le compete resolver a la Corte se contrae a determinar si existe circunstancia excepcional que permite acceder al retroactivo pensional pretendido, antes de acreditar la desafiliación formal del sistema.
Pues bien, en el caso bajo estudio hay dos aspectos relevantes para la determinación de la fecha a partir de la cual puede materializarse el disfrute de la pensión; de un lado, la exigencia normativa del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y, de otro, la calidad de servidora pública de la accionante.
Frente al primero, debe señalarse que la línea pacífica y reiterada de esta Corporación es que los artículos 13 y el 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, establecen que el disfrute de la pensión de vejez, por regla general, está condicionado a la desafiliación formal del sistema, como presupuesto necesario para el inicio de la percepción de la pensión; no obstante, se han reconocido situaciones especiales que ameritan reflexiones igualmente particulares que permiten concluir que, pese a que un trabajador continuó con las cotizaciones, el reconocimiento de la pensión debe ser, a partir de la data en que se cumplen con los requisitos que la ley exige para acceder a la prestación y no aquella en que se reporta la desafiliación, por cuanto se puede inferir que su voluntad era verdaderamente la de retirarse, no obstante, la entidad induce en error que la obliga a continuar cotizando.
Así se expuso, entre otras, en la sentencia CSJ SL3245-2019, al señalar:
Aquí y ahora, se memora que ha sido doctrina de esta Corte que solo a partir de la desafiliación del asegurado al sistema general de pensiones es dable que comience a recibir la pensión de vejez, toda vez que, con arreglo a los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si bien la pensión de vejez se causa cuando se reúnen los requisitos de edad y densidad de semanas, su disfrute lo es desde la desafiliación formal.
En este orden, podría decirse que la regla general sigue siendo la desvinculación del sistema como presupuesto necesario para el inicio de la percepción de la pensión, pero existen situaciones especiales que ameritan reflexiones igualmente particulares, y que deben ser advertidas por los jueces en el ejercicio de su labor de dispensar justicia, y que permiten concluir que pese a que el afiliado continúo cotizando, el reconocimiento de la pensión será a partir de la data en que se cumplen con los requisitos que la ley exige para acceder a la prestación y no la calenda de la desafiliación.
Por ejemplo, esta sala en sentencia CSJ SL, del 6 de jul. 2011, rad. 38558, explicó:
[…]
En lo que atañe a la <causación> de la pensión de vejez, es pertinente recordar, que la Sala tiene adoctrinado que esta figura jurídica difiere del <disfrute> del derecho, en la medida que en el primer caso, la causación se estructura cuando se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la ley para acceder a la prestación pensional: en el segundo, supone el cumplimiento del primero y se da cuando se solicita el reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad social, debiéndose como regla general, llevarse a cabo la previa desafiliación del régimen conforme a lo preceptuado en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Sin embargo, cabe destacar, que en aquellos eventos en que concurre un actuar negligente o errado de la entidad encargada de reconocer la prestación de vejez, a la que el afiliado tenía derecho de tiempo atrás cuando cumplió con los requisitos exigidos para obtener la pensión, es menester entrar a estudiar las particularidades de cada caso.
En efecto, tiene dicho esta Corporación, que ante situaciones que presentan ciertas circunstancias excepcionales, estando satisfecha la totalidad de las exigencias consagradas en los reglamentos del ISS, debe reconocerse y pagarse la pensión de vejez al afiliado en su oportunidad desde que elevó la correspondiente solicitud con requisitos cumplidos, así no haya operado en rigor la mencionada desafiliación al sistema.
Y en providencia CSJ SL5603 – 2016, del 6 de abr. 2016, rad. 47236, sostuvo:
El problema jurídico que debe dilucidar la Corte se contrae a determinar si la interpretación de lo dispuesto en los arts. 13 y 35 del A. 049/1990, no admite otro entendimiento diferente a que, bajo cualquier circunstancia, el disfrute de la pensión está condicionado a la desafiliación formal del sistema.
[…]
Así, por ejemplo, en tratándose de eventos en los que el afiliado ha sido conminado a seguir cotizando en virtud de la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión, que ha sido solicitada en tiempo, la Corte ha estimado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se han completado los requisitos (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798).
De manera que, no existe duda que, ante la regla general descrita, ha sido aceptada por esta Corte la posibilidad de que, bajo condiciones excepcionales, se dispense el disfrute en fecha anterior al retiro formal del sistema (CSJ SL2662-2020).
Dado lo anterior el cargo aparece fundado. No obstante, la sentencia no será quebrada toda vez que constituida la Corte, en sede de instancia, prontamente advertiría la improcedencia de las súplicas incoadas por la promotora del proceso, ya que resulta insoslayable que la actora tenía la calidad de servidora pública del I.C.B.F., por lo que, dada la naturaleza del empleo, debía acreditar el retiro definitivo del servicio para ingresar a la nómina de pensionados de la entidad de seguridad social -segundo condicionamiento- conforme a la doctrina de esta Corporación y que puede observarse en la sentencia CSJ SL, 23 mar. 2011, rad. 37959, y, recientemente, en las providencias CSJ SL1956-2021, y CSJ SL4588-2016, CSJ SL15202-2017, en la cual, al resolver un asunto de similares contornos, enseñó:
Frente a los reproches endilgados por la censura en los cargos, esta Corporación se ha venido pronunciando para señalar que aun cuando la pensión de vejez otorgada por el ISS no tiene el carácter de asignación proveniente del tesoro público, tal como lo alega la censura, lo cierto es que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 consagra la incompatibilidad para percibir simultáneamente por parte de los servidores públicos ingresos a título de salario y por concepto de pensión, pues, ante esta disyuntiva, la ley lo que permite es optar por uno de estos beneficios pero no ambos de manera concurrente, en aras de salvaguardar la racionalización de los dineros públicos, de manera tal que si el servidor opta por continuar con la vinculación laboral con el Estado, el fondo de pensiones respectivo debe reconocer la prestación desde el momento definitivo del retiro del servicio y no con anterioridad.
En efecto, en la sentencia SL16083-2015, al resolver un caso similar, esta Sala afirmó:
«Desde ya se impone decir a la Corte, que la controversia que debe dilucidar consistente en determinar si a la actora como servidora pública que fue, y sobre lo cual no hay discusión, le asiste derecho a disfrutar de su pensión de vejez desde el mismo momento en que fue desafiliada del ISS por su último empleador público, hecho ocurrido en mayo de 2008, no obstante haber seguido laborando para el mismo empleador hasta el 21 de diciembre de 2009, cuando se retiró del servicio activo, ya ha sido resuelta por la Corte en asuntos similares, dándole la razón al Tribunal, como se observa en la sentencia CSJ SL4413-2014, dictada en un proceso en que igualmente fue demandado el ISS, y en la que así reflexionó esta Corporación:
“A partir de la senda de ataque que seleccionó la censura en sus 3 cargos, pueden considerarse a salvo de la impugnación: (i) A la demandante le fue reconocida pensión de vejez por el Instituto, mediante Resolución 021400 de 19 de septiembre de 2006, desde el 28 de abril de 2007; (ii) El pago de dicha pensión quedó en suspenso, hasta tanto la afiliada acreditara su retiro del servicio, y comenzó a devengar mesadas desde el 28 de abril de 2007 y (iii) a partir del mes de febrero de 2003, la actora fue desafiliada del sistema de seguridad social en pensiones.
No obstante que el Tribunal se equivocó al edificar el fallo sobre jurisprudencia ya superada por esta Sala, por ejemplo en sentencias CSJ SL, 20 de octubre de 2009, rad. 35605, y CSJ SL, 7 feb. 2012, rad. 39206, aunque fundado el cargo no deviene próspero, puesto que la Sala encontraría que conforme con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, no es viable percibir simultáneamente ingresos a título de salario y pensión, sino que la persona que se encuentre ante esa disyuntiva debe optar por uno de los derechos, en la medida en que debe prevalecer la racionalización del gasto público.
En efecto, luego de una retrospectiva histórica por la legislación relativa al problema jurídico que se debate, expuso la Sala, en sentencia CSJ SL, 23 marzo 2011, rad. 37959:
«Sin embargo, la jurisprudencia definió el asunto al dejar evidenciado que ya el Estado no aportaba dineros para conformar el fondo de pensiones administrado por el Instituto, por lo que las compatibilidades se abrieron paso. Así, en fallo pronunciado el 12 de septiembre de 2006, rad. 28257, reiterado en el de 23 de abril de 2007, rad. 27435, se dijo:
(…).
Lo cual se consolida al disponer la Ley 797 de 2003, en su artículo 2°, que modificó al artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que:
"m) Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran".
Así pues, cuando la Ley 71 de 1988 (anterior a la Carta de 1991) en cuyo artículo 2° se dice que la pensión (de jubilación por aportes) solo puede ser disfrutada desde la fecha en que el beneficiario se haya retirado definitivamente del servicio, siempre y cuando éste fuere necesario (frase alusiva a los casos exceptuados) y el artículo 2º del Decreto 2709 de diciembre 13 de 1994, al disponer, respecto de la efectividad y pago de dicha pensión que “…para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio”…, y para los demás trabajadores se requeriría “la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley”, ha de entenderse que desarrollaban tanto la prohibición constitucional del artículo 64 de la Carta de 1886, la una, como la del 128 de la Carta de 1991, el otro, en cuanto a servidores públicos se refiere. Pero, como ha quedado determinado que los dineros con los que el ISS sufraga las pensiones que dispensa no provienen, en realidad, del Tesoro Público, la prohibición constitucional actual, como la de las normas de menor jerarquía que la implementan, carece de aplicabilidad en lo que a la exigencia de retiro del servicio concierne, para efectos de poder hacer efectivo el disfrute de la pensión de jubilación por aportes o del resto de pensiones, cuando sean otorgadas por el ISS. Como, obviamente, tampoco será aplicable, valga la oportunidad para asentarlo, en tratándose de pensiones otorgadas por las administradoras de fondos de pensiones privados, en donde los dineros de las cuentas tampoco son de naturaleza pública.
Por otra parte, es de recordar el tenor del artículo 150 de la Ley 100 de 1993:
“Reliquidación del monto de la pensión para funcionarios y empleados públicos. Los funcionarios y empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan retirado del cargo tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de notificación de la resolución.
"Parágrafo. No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el sólo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro forzoso."
Contenido que acredita que el retiro del cargo no se presenta ya como una obligación para el disfrute de la pensión reconocida.
Por tanto, así como la jurisprudencia ha determinado la compatibilidad de la percepción simultánea de una pensión sufragada con dineros estatales con una otorgada por el ISS, así también podría considerarse que resultaría compatible la de un salario de empleado público (caso de la actora) con la pensión de vejez del ISS a la que tenga derecho por haber cumplido los requisitos de tiempo y edad, sin requerirse el retiro del servicio, para su disfrute, por esta sola circunstancia, ya que no se estaría en presencia de la percepción de dos asignaciones provenientes del Tesoro Público, ni del ejercicio simultáneo de más de un empleo estatal, pues quien tiene la calidad de pensionado del ISS (administrador de fondo de pensiones) no ostenta carácter de servidor público, aunque los aportes pensionales hubiesen provenido de dineros oficiales.
De allí que, ciertamente, quepa razón a la censura en sus razonamientos respecto de la aplicabilidad al caso de las dos normas en que el ad quem cimentó su decisión.
Mas, como se advirtió, y como es sabido, la acreditación de la fundamentación de un cargo en el recurso extraordinario no implica, de por sí, que el sentido de la decisión que tuviese que asumir el tribunal de casación sea contrario al del ad quem.
Que es lo que acontece en el presente caso, pues si bien, la pensión de vejez que el ISS dispensó a la actora no tiene carácter de asignación proveniente del Tesoro Público, su carácter de servidora pública en la Universidad de Antioquia la situaban dentro de la égida de la Ley 344 de 1996, diseñada para la racionalización del gasto público, expedida el 27 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.951.
Dicha ley, en su artículo 19, dispuso:
“ Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.”
Esa preceptiva fue concebida, como un instrumento que, precisamente, evite la posibilidad de la simultánea percepción de asignación salarial y de asignación pensional por parte de los servidores públicos con derecho a pensión, ya que entroniza es una personal opción respecto de cualquiera de los dos derechos, para actuar como amortiguador económico.
De esa manera, si se opta por el continuar con la vinculación laboral, el fondo de pensiones respectivo no resultará afectado con el egreso de la mesada y contará con ese dinero para todos los efectos legales, en especial con lo relativo a las funciones solidarias; y, si se selecciona la opción pensional, se liberará un destino público que permitirá el acceso al mismo de otra persona, sin que el Estado tenga que crear un nuevo cargo para proveerla de empleo, todo lo cual se adecua al objetivo racionalizador de la ley.
Valga señalar que a los docentes universitarios se les otorgó la prerrogativa de poder continuar en sus labores por diez años más, para efectos de aprovechar sus conocimientos y, de paso, despresurizar al fondo pensional de esa acreencia laboral por el mismo lapso.
Es de advertir que la preceptiva en mención fue sometida a control constitucional y, mediante la sentencia C – 584 de 1997 se avaló su exequibilidad, sin condicionamiento alguno.
Por manera que, como para hacer efectivo el goce de la pensión que le fue reconocida por el ISS, debía producirse el retiro de su cargo, el Instituto actuó conforme a derecho al supeditar el pago a la desvinculación laboral».”
Como quiera que la decisión del Tribunal se avino a las orientaciones que de manera pacífica y reiterada ha sentado la Corte, los cargos no prosperan.
De conformidad con este criterio jurisprudencial, no se vislumbra error jurídico alguno en la sentencia impugnada, pues lo cierto es que aun cuando el demandante se retiró del sistema de pensiones en el mes de julio de 2006, lo cierto es que continuó laborando como servidor público del Municipio de Medellín hasta el 25 de enero de 2010, de tal suerte que su pensión de jubilación solamente podía ser reconocida a partir de esta data y no antes, de conformidad con la Ley 344 de 1996, de manera que, como no podía percibir simultáneamente ingresos por salario y por pensión entre el 1 de agosto de 2006 y el 25 de enero de 2010, la decisión del Tribunal resulta plenamente acertada».
Así las cosas, la incompatibilidad que recae sobre el servidor público de recibir de manera simultánea salario y pensión, impide el reconocimiento del retroactivo pensional pretendido, pues la accionante continuó como servidora pública del I.C.B.F., percibiendo la respectiva remuneración por sus servicios; por ende, para poder iniciar el disfrute de la pensión, debía necesariamente producirse el retiro del cargo desempeñado. En este sentido, no se encuentra dentro del plenario prueba alguna que demuestre la voluntad de la recurrente de retirarse del servicio público, a partir del momento en que se le hubiese reconocido la pensión, con la consecuente inclusión en la nómina de pensionados.
Sin costas dado que, aunque el cargo es fundado no tiene la vocación de romper la sentencia fustigada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Cuarta de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en el proceso ordinario laboral que instauró MARÍA CECILIA GUZMÁN DAZA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Salvo voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 80080
Referencia: Demanda ordinaria laboral promovida por MARÍA CECILIA GUZMÁN DAZA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto, me permito aclarar que, si bien es cierto, al subscribir la presente providencia, por error involuntario se plasmó al pie de mi firma, que salvaba mi voto, la verdad es que no tengo reparo alguno frente a la decisión aquí adoptada, estando totalmente de acuerdo con ella.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado