Ficha de la providencia
Sentencia SL1956-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL1956-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL1956-2021
Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez
17 de marzo de 2021
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SL1956-2021
Radicación n.° 40455
Acta 10
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
La Corte profiere fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que OSVALDO PIÑA COGOLLO promovió contra la UNIVERSIDAD EAFIT.
ANTECEDENTES
Mediante sentencia CSJ SL2799-2020 de 15 de julio de 2020, esta Corporación casó la providencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 14 de noviembre de 2008, en cuanto confirmó la decisión absolutoria que la Jueza Décima Laboral del Circuito de la misma ciudad expidió el 30 de octubre de 2007.
La Sala estimó que en el caso de los profesores de hora cátedra vinculados a instituciones privadas de educación superior y con baja intensidad horaria, si bien no es razonable ni proporcional que dichas entidades coticen por el año escolar, asumiendo una carga patrimonial adicional que no les corresponde, sí deben hacerlo por el tiempo de duración de la relación laboral, es decir, el lapso efectivamente laborado y de acuerdo con la remuneración percibida. En otros términos, dichas instituciones deben solo efectuar los aportes por el período académico pactado y sobre una base que en ningún caso puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente por cada mes, así el número de horas sea de baja intensidad.
Asimismo, para mejor proveer, la Corporación solicitó a la entidad convocada a juicio que en el término máximo de quince (15) días hábiles certificara: (i) los periodos académicos laborados por el demandante, debidamente identificados cada uno; (ii) sus fechas de inicio y finalización; (iii) la duración en semanas de cada uno de estos, y (iv) la remuneración percibida en cada uno de ellos.
A través de correo electrónico de 7 de septiembre de 2020, que obra en el expediente digital del cuaderno de la Corte (PDF 3-40455 respuesta oficio), el Rector de la entidad demandada cumplió con dicho requerimiento.
Por auto de 14 de septiembre de 2020, la Sala corrió traslado a las partes de los documentos aportados (PDF 7-40455 informe despacho).
En dicho lapso, el accionante señaló que la certificación es correcta, así como el tiempo que se acreditó y solicitó incluir los meses de julio y enero de cada año que «corresponde (sic) a las vacaciones» (PDF 6-40455 descorren traslado).
Así, están dadas las condiciones para proferir el correspondiente fallo de instancia.
CONSIDERACIONES
En sede de casación se indicó que la Universidad convocada a juicio tenía el deber de cotizar por el demandante durante el tiempo que estuvo vigente la relación laboral y por el período académico pactado, en un valor acorde con la remuneración que percibió y que en ningún caso puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente por cada mes, así el número de horas sea de baja intensidad. Esto significa que se excluyó al empleador del deber de cotizar por los periodos inter semestrales en que no hubo prestación del servicio.
Ahora, en la demanda el accionante requirió el reconocimiento y pago de la pensión plena de jubilación por tener más de 20 años de servicios y 60 de edad, a partir del 1.º de diciembre de 2003, junto con los aumentos legales, los incrementos por personas a cargo y las mesadas adicionales. También solicitó la indexación, un (1) día de salario por cada día de retardo o, en subsidio, los intereses moratorios y las costas procesales.
Y en el proceso se acreditó que: (i) el demandante nació el 12 de abril de 1941 (f.º 2); (ii) prestó servicios de manera directa y personal a la Universidad Eafit como docente hora cátedra en pregrado-área de matemáticas, desde 1981 hasta el 30 de noviembre de 2003; (iii) se vinculó a través de diversos contratos de trabajo celebrados por el semestre académico, cuya remuneración se pactó en proporción al tiempo laborado; (iv) si bien suscribió algunos contratos de prestación de servicios, estos quedaron desvirtuados en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; (v) laboró por horas, en algunos periodos por 4 horas semanales y, en otros, 6, 8 y hasta 12 horas a la semana; (vi) la Universidad nunca lo afilió al ISS; (vii) Cajanal lo pensionó desde el año 1991 por servicios prestados al Departamento de Bolívar y al Magisterio Nacional durante más de 20 años, y (viii) es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, toda vez que tenía más de 40 años de edad al 1.º de abril de 1994.
Por otra parte, a través de sentencia de 30 de octubre de 2007 la Jueza Décima Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la convocada a proceso de todas las pretensiones.
Así, la Corte, en sede de instancia, y en armonía con lo expuesto en el recurso extraordinario, le corresponde determinar la procedencia de la pensión de vejez que reclama el accionante, a cargo de la Universidad, por omitir el deber de afiliación y, en caso afirmativo: (i) la cuantía de la prestación; (ii) el valor del retroactivo pensional, y (iii) si proceden los intereses moratorios o la indexación de la deuda.
Pues bien, en el proceso se acreditó que la institución de educación demandada omitió el deber de afiliación del accionante a la seguridad social, pese a tener la obligación legal de hacerlo, por no tratarse de servicios prestados en territorios o sectores económicos sin cobertura del ISS. Asimismo, la circunstancia de disfrutar el actor de una pensión de jubilación a cargo de Cajanal no exoneraba a la Universidad del deber de afiliación a la seguridad social ni de efectuar las cotizaciones respectivas, pues esa prestación se obtuvo por servicios y aportes efectuados en el sector público y, además, no era incompatible con una eventual prestación que otorgara el Instituto de Seguros Sociales.
En efecto, la Corporación ha reiterado que en razón a que el Estado no aporta recursos para la financiación del fondo de pensiones administrado por el ISS, hoy Colpensiones, y que las prestaciones que tal entidad otorga no tienen el carácter de asignación proveniente del erario, son compatibles con las pensiones a cargo del Tesoro como la que disfruta el accionante por servicios prestados en el sector público y que se estructuró antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL14413-2014, SL16083-2015, SL2170-2019 y SL 3343-2020).
Asimismo, también está demostrado en el proceso que Piña Cogollo era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues nació el 12 de abril de 1941 y a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, esto es, 1.º de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad.
En esa perspectiva, el régimen pensional que le amparó la transición al accionante por los servicios prestados en el sector privado, fue el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
En relación con la sanción para los empleadores omisos, preveía el inciso 2.º del artículo 41 ibidem, lo siguiente:
ARTÍCULO 41. Asunción por parte del ISS de las pensiones de jubilación y de invalidez a cargo de los patronos.
El Instituto será responsable de las prestaciones de que trata el Seguro de Invalidez Vejez y Muerte a partir de la afiliación, en los términos contemplados en el presente Reglamento.
Cuando un patrono no afilie a un trabajador deberá otorgarle las prestaciones que le hubiere cubierto el ISS en el caso de que lo hubiere afiliado.
De modo que para determinar la obligación a cargo de la institución demandada, es preciso verificar si Osvaldo Piña Cogollo cumple la densidad de semanas exigida en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para tener derecho al reconocimiento de la pensión de vejez. Sin embargo, para esos efectos se deben seguir los lineamientos trazados por la Sala en sede de casación, en el sentido que las semanas causadas para incluir en el conteo, serán las efectivamente laboradas en el período académico que pactaron las partes en los respectivos contratos de trabajo y de conformidad con las certificaciones laborales que allegó la demandada. Se advierte que los años se contaron por 365 días en el tiempo anterior a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y a partir del 1.º de abril de 1994, con 360 días.
Ahora, nótese que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 exigía para estructurar el derecho a la pensión de vejez en el caso de los hombres, 60 o más años de edad y al menos 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o 1000 en cualquier tiempo. El cálculo que efectuó la Sala arroja los siguientes resultados:
FECHAS
N° DE
TOTAL SEMANAS
TOTAL SEMANAS
DESDE
HASTA
DÍAS
EN TODA LA VIDA
EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS A LA EDAD ENTRE EL 12/04/1981 AL 12/04/2001, Y CUMPLIENDO 500 SEMANAS EL 13/09/1993
03/02/1981
28/02/1981
26
3,71
01/03/1981
31/03/1981
31
4,43
01/04/1981
30/04/1981
30
4,29
2,71
01/05/1981
31/05/1981
31
4,43
4,43
01/06/1981
30/06/1981
30
4,29
4,29
27/07/1981
31/07/1981
5
0,71
0,71
01/08/1981
31/08/1981
31
4,43
4,43
01/09/1981
30/09/1981
30
4,29
4,29
01/10/1981
31/10/1981
31
4,43
4,43
01/11/1981
30/11/1981
30
4,29
4,29
01/12/1981
18/12/1981
18
2,57
2,57
01/01/1982
31/01/1982
01/02/1982
28/02/1982
28
4,00
4,00
01/03/1982
31/03/1982
31
4,43
4,43
01/04/1982
30/04/1982
30
4,29
4,29
01/05/1982
31/05/1982
31
4,43
4,43
01/06/1982
30/06/1982
30
4,29
4,29
26/07/1982
31/07/1982
6
0,86
0,86
01/08/1982
31/08/1982
31
4,43
4,43
01/09/1982
30/09/1982
30
4,29
4,29
01/10/1982
31/10/1982
31
4,43
4,43
01/11/1982
30/11/1982
30
4,29
4,29
01/12/1982
21/12/1982
21
3,00
3,00
31/01/1983
31/01/1983
1
0,14
0,14
01/02/1983
28/02/1983
28
4,00
4,00
01/03/1983
31/03/1983
31
4,43
4,43
01/04/1983
30/04/1983
30
4,29
4,29
01/05/1983
31/05/1983
31
4,43
4,43
01/06/1983
30/06/1983
30
4,29
4,29
01/07/1983
31/07/1983
01/08/1983
31/08/1983
31
4,43
4,43
01/09/1983
30/09/1983
30
4,29
4,29
01/10/1983
31/10/1983
31
4,43
4,43
01/11/1983
30/11/1983
30
4,29
4,29
01/12/1983
15/12/1983
15
2,14
2,14
01/01/1984
31/01/1984
06/02/1984
29/02/1984
24
3,43
3,43
01/03/1984
31/03/1984
31
4,43
4,43
01/04/1984
30/04/1984
30
4,29
4,29
01/05/1984
31/05/1984
31
4,43
4,43
01/06/1984
30/06/1984
30
4,29
4,29
30/07/1984
31/07/1984
2
0,29
0,29
01/08/1984
31/08/1984
31
4,43
4,43
01/09/1984
30/09/1984
30
4,29
4,29
01/10/1984
31/10/1984
31
4,43
4,43
01/11/1984
30/11/1984
30
4,29
4,29
01/12/1984
21/12/1984
21
3,00
3,00
01/01/1985
31/01/1985
04/02/1985
28/02/1985
25
3,57
3,57
01/03/1985
31/03/1985
31
4,43
4,43
01/04/1985
30/04/1985
30
4,29
4,29
01/05/1985
31/05/1985
31
4,43
4,43
01/06/1985
20/06/1985
20
2,86
2,86
01/07/1985
31/07/1985
05/08/1985
31/08/1985
27
3,86
3,86
01/09/1985
30/09/1985
30
4,29
4,29
01/10/1985
31/10/1985
31
4,43
4,43
01/11/1985
30/11/1985
30
4,29
4,29
01/12/1985
12/12/1985
12
1,71
1,71
01/01/1986
31/01/1986
03/02/1986
28/02/1986
26
3,71
3,71
01/03/1986
31/03/1986
31
4,43
4,43
01/04/1986
30/04/1986
30
4,29
4,29
01/05/1986
31/05/1986
31
4,43
4,43
01/06/1986
19/06/1986
19
2,71
2,71
28/07/1986
31/07/1986
4
0,57
0,57
01/08/1986
31/08/1986
31
4,43
4,43
01/09/1986
30/09/1986
30
4,29
4,29
01/10/1986
31/10/1986
31
4,43
4,43
01/11/1986
30/11/1986
30
4,29
4,29
01/12/1986
12/12/1986
12
1,71
1,71
01/01/1987
31/01/1987
02/02/1987
28/02/1987
27
3,86
3,86
01/03/1987
31/03/1987
31
4,43
4,43
01/04/1987
30/04/1987
30
4,29
4,29
01/05/1987
31/05/1987
31
4,43
4,43
01/06/1987
19/06/1987
19
2,71
2,71
27/07/1987
31/07/1987
5
0,71
0,71
01/08/1987
31/08/1987
31
4,43
4,43
01/09/1987
30/09/1987
30
4,29
4,29
01/10/1987
31/10/1987
31
4,43
4,43
01/11/1987
30/11/1987
30
4,29
4,29
01/12/1987
11/12/1987
11
1,57
1,57
01/01/1988
31/01/1988
01/02/1988
29/02/1988
29
4,14
4,14
01/03/1988
31/03/1988
31
4,43
4,43
01/04/1988
30/04/1988
30
4,29
4,29
01/05/1988
31/05/1988
31
4,43
4,43
01/06/1988
17/06/1988
17
2,43
2,43
25/07/1988
31/07/1988
7
1,00
1,00
01/08/1988
31/08/1988
31
4,43
4,43
01/09/1988
30/09/1988
30
4,29
4,29
01/10/1988
31/10/1988
31
4,43
4,43
01/11/1988
30/11/1988
30
4,29
4,29
01/12/1988
09/12/1988
9
1,29
1,29
30/01/1989
31/01/1989
2
0,29
0,29
01/02/1989
28/02/1989
28
4,00
4,00
01/03/1989
31/03/1989
31
4,43
4,43
01/04/1989
30/04/1989
30
4,29
4,29
01/05/1989
31/05/1989
31
4,43
4,43
01/06/1989
17/06/1989
17
2,43
2,43
24/07/1989
31/07/1989
8
1,14
1,14
01/08/1989
31/08/1989
31
4,43
4,43
01/09/1989
30/09/1989
30
4,29
4,29
01/10/1989
31/10/1989
31
4,43
4,43
01/11/1989
30/11/1989
30
4,29
4,29
01/12/1989
12/12/1989
12
1,71
1,71
01/01/1990
31/01/1990
05/02/1990
28/02/1990
24
3,43
3,43
01/03/1990
31/03/1990
31
4,43
4,43
01/04/1990
30/04/1990
30
4,29
4,29
01/05/1990
31/05/1990
31
4,43
4,43
01/06/1990
27/06/1990
27
3,86
3,86
30/07/1990
31/07/1990
2
0,29
0,29
01/08/1990
31/08/1990
31
4,43
4,43
01/09/1990
30/09/1990
30
4,29
4,29
01/10/1990
31/10/1990
31
4,43
4,43
01/11/1990
30/11/1990
30
4,29
4,29
01/12/1990
12/12/1990
12
1,71
1,71
01/01/1991
31/01/1991
04/02/1991
28/02/1991
25
3,57
3,57
01/03/1991
31/03/1991
31
4,43
4,43
01/04/1991
30/04/1991
30
4,29
4,29
01/05/1991
31/05/1991
31
4,43
4,43
01/06/1991
26/06/1991
26
3,71
3,71
29/07/1991
31/07/1991
3
0,43
0,43
01/08/1991
31/08/1991
31
4,43
4,43
01/09/1991
30/09/1991
30
4,29
4,29
01/10/1991
31/10/1991
31
4,43
4,43
01/11/1991
30/11/1991
30
4,29
4,29
01/12/1991
11/12/1991
11
1,57
1,57
01/01/1992
31/01/1992
03/02/1992
29/02/1992
27
3,86
3,86
01/03/1992
31/03/1992
31
4,43
4,43
01/04/1992
30/04/1992
30
4,29
4,29
01/05/1992
31/05/1992
31
4,43
4,43
01/06/1992
19/06/1992
19
2,71
2,71
27/07/1992
31/07/1992
5
0,71
0,71
01/08/1992
31/08/1992
31
4,43
4,43
01/09/1992
30/09/1992
30
4,29
4,29
01/10/1992
31/10/1992
31
4,43
4,43
01/11/1992
30/11/1992
30
4,29
4,29
01/12/1992
11/12/1992
11
1,57
1,57
01/01/1993
31/01/1993
01/02/1993
28/02/1993
28
4,00
4,00
01/03/1993
31/03/1993
31
4,43
4,43
01/04/1993
30/04/1993
30
4,29
4,29
01/05/1993
31/05/1993
31
4,43
4,43
01/06/1993
18/06/1993
18
2,57
2,57
26/07/1993
31/07/1993
6
0,86
0,86
01/08/1993
31/08/1993
31
4,43
4,43
01/09/1993
30/09/1993
30
4,29
4,29
01/10/1993
31/10/1993
31
4,43
4,43
01/11/1993
30/11/1993
30
4,29
4,29
01/12/1993
09/12/1993
9
1,29
1,29
31/01/1994
31/01/1994
1
0,14
0,14
01/02/1994
28/02/1994
28
4,00
4,00
01/03/1994
31/03/1994
31
4,43
4,43
01/04/1994
30/04/1994
30
4,29
4,29
01/05/1994
31/05/1994
30
4,29
4,29
01/06/1994
30/06/1994
30
4,29
4,29
25/07/1994
31/07/1994
6
0,86
0,86
01/08/1994
31/08/1994
30
4,29
4,29
01/09/1994
30/09/1994
30
4,29
4,29
01/10/1994
31/10/1994
30
4,29
4,29
01/11/1994
30/11/1994
30
4,29
4,29
01/12/1994
31/12/1994
30
4,29
4,29
30/01/1995
31/01/1995
1
0,14
0,14
01/02/1995
28/02/1995
30
4,29
4,29
01/03/1995
31/03/1995
30
4,29
4,29
01/04/1995
30/04/1995
30
4,29
4,29
01/05/1995
31/05/1995
30
4,29
4,29
01/06/1995
15/06/1995
15
2,14
2,14
24/07/1995
31/07/1995
7
1,00
1,00
01/08/1995
31/08/1995
30
4,29
4,29
01/09/1995
30/09/1995
30
4,29
4,29
01/10/1995
31/10/1995
30
4,29
4,29
01/11/1995
30/11/1995
30
4,29
4,29
01/12/1995
11/12/1995
11
1,57
1,57
29/01/1996
31/01/1996
2
0,29
0,29
01/02/1996
29/02/1996
30
4,29
4,29
01/03/1996
31/03/1996
30
4,29
4,29
01/04/1996
30/04/1996
30
4,29
4,29
01/05/1996
31/05/1996
30
4,29
4,29
01/06/1996
30/06/1996
30
4,29
4,29
22/07/1996
31/07/1996
9
1,29
1,29
01/08/1996
31/08/1996
30
4,29
4,29
01/09/1996
30/09/1996
30
4,29
4,29
01/10/1996
31/10/1996
30
4,29
4,29
01/11/1996
30/11/1996
30
4,29
4,29
01/12/1996
15/12/1996
15
2,14
2,14
01/01/1997
31/01/1997
03/02/1997
28/02/1997
28
4,00
4,00
01/03/1997
31/03/1997
30
4,29
4,29
01/04/1997
30/04/1997
30
4,29
4,29
01/05/1997
31/05/1997
30
4,29
4,29
01/06/1997
30/06/1997
30
4,29
4,29
28/07/1997
31/07/1997
3
0,43
0,43
01/08/1997
31/08/1997
30
4,29
4,29
01/09/1997
30/09/1997
30
4,29
4,29
01/10/1997
31/10/1997
30
4,29
4,29
01/11/1997
30/11/1997
30
4,29
4,29
01/12/1997
15/12/1997
15
2,14
2,14
26/01/1998
31/01/1998
5
0,71
0,71
01/02/1998
28/02/1998
30
4,29
4,29
01/03/1998
31/03/1998
30
4,29
4,29
01/04/1998
30/04/1998
30
4,29
4,29
01/05/1998
31/05/1998
30
4,29
4,29
01/06/1998
30/06/1998
30
4,29
4,29
21/07/1998
31/07/1998
10
1,43
1,43
01/08/1998
31/08/1998
30
4,29
4,29
01/09/1998
30/09/1998
30
4,29
4,29
01/10/1998
31/10/1998
30
4,29
4,29
01/11/1998
30/11/1998
30
4,29
4,29
01/12/1998
31/12/1998
30
4,29
4,29
25/01/1999
31/01/1999
6
0,86
0,86
01/02/1999
28/02/1999
30
4,29
4,29
01/03/1999
31/03/1999
30
4,29
4,29
01/04/1999
30/04/1999
30
4,29
4,29
01/05/1999
31/05/1999
30
4,29
4,29
01/06/1999
30/06/1999
30
4,29
4,29
19/07/1999
31/07/1999
12
1,71
1,71
01/08/1999
31/08/1999
30
4,29
4,29
01/09/1999
30/09/1999
30
4,29
4,29
01/10/1999
31/10/1999
30
4,29
4,29
01/11/1999
30/11/1999
30
4,29
4,29
01/12/1999
05/12/1999
5
0,71
0,71
24/01/2000
31/01/2000
7
1,00
1,00
01/02/2000
29/02/2000
30
4,29
4,29
01/03/2000
31/03/2000
30
4,29
4,29
01/04/2000
30/04/2000
30
4,29
4,29
01/05/2000
31/05/2000
30
4,29
4,29
01/06/2000
15/06/2000
15
2,14
2,14
17/07/2000
31/07/2000
14
2,00
2,00
01/08/2000
31/08/2000
30
4,29
4,29
01/09/2000
30/09/2000
30
4,29
4,29
01/10/2000
31/10/2000
30
4,29
4,29
01/11/2000
30/11/2000
30
4,29
4,29
01/12/2000
31/12/2000
22/01/2001
31/01/2001
9
1,29
1,29
01/02/2001
28/02/2001
30
4,29
4,29
01/03/2001
31/03/2001
30
4,29
4,29
01/04/2001
30/04/2001
30
4,29
1,71
01/05/2001
31/05/2001
30
4,29
01/06/2001
13/06/2001
13
1,86
16/07/2001
31/07/2001
15
2,14
01/08/2001
31/08/2001
30
4,29
01/09/2001
30/09/2001
30
4,29
01/10/2001
31/10/2001
30
4,29
01/11/2001
27/11/2001
27
3,86
01/12/2001
31/12/2001
21/01/2002
31/01/2002
10
1,43
01/02/2002
28/02/2002
30
4,29
01/03/2002
31/03/2002
30
4,29
01/04/2002
30/04/2002
30
4,29
01/05/2002
31/05/2002
30
4,29
01/06/2002
14/06/2002
14
2,00
01/07/2002
31/07/2002
16/08/2002
31/08/2002
15
2,14
01/09/2002
30/09/2002
30
4,29
01/10/2002
31/10/2002
30
4,29
01/11/2002
05/11/2002
5
0,71
01/12/2002
05/12/2002
27/01/2003
31/01/2003
4
0,57
01/02/2003
28/02/2003
30
4,29
01/03/2003
31/03/2003
30
4,29
01/04/2003
30/04/2003
30
4,29
01/05/2003
31/05/2003
30
4,29
01/06/2003
15/06/2003
15
2,14
21/07/2003
31/07/2003
10
1,43
01/08/2003
31/08/2003
30
4,29
01/09/2003
30/09/2003
30
4,29
01/10/2003
31/10/2003
30
4,29
01/11/2003
30/11/2003
30
4,29
TOTAL
924,00
816,29
Según el análisis precedente, el actor tenía 816,29 semanas válidas para pensión de vejez en los 20 años anteriores a los 60 años de edad, que cumplió el 12 de abril de 2001. Por tanto, causó la prestación que reclama en esa fecha.
Pese a lo anterior, el disfrute comienza una vez ocurre el retiro del servicio, del sistema general de pensiones o conforme a la última cotización -30 de noviembre de 2003-, en los términos del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990. De modo que la prestación se reconocerá a partir del día siguiente a la última data referida.
Debe indicarse que el ingreso base de liquidación pensional -IBL- se rige por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque al accionante a la entrada en vigencia del sistema le hacían falta menos de 10 años para adquirir el derecho. La norma citada prevé dos hipótesis para esos efectos: «el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE». Se recuerda que la transición de la norma en comento, ampara edad, monto y tiempo de servicios o número de cotizaciones del régimen precedente, pero no la forma de calcular el IBL, que se rige por los preceptos de la Ley 100 de 1993.
La Corte acoge la primera opción, esto es, el tiempo que le hacía falta para consolidar el derecho, pues hechas las cuentas fue la más favorable al pensionado. En el cómputo se incluyó hasta la última cotización.
FECHAS
N° DE
N° DE
SALARIO
SALARIO
SALARIO
DESDE
HASTA
DIAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
06/12/1994
31/12/1994
25
3,57
$ 108.000,00
$ 360.458,14
$ 3.559,03
30/01/1995
31/01/1995
1
0,14
$ 3.964,00
$ 10.799,68
$ 4,27
01/02/1995
28/02/1995
30
4,29
$ 276.000,00
$ 751.945,33
$ 8.909,30
01/03/1995
31/03/1995
30
4,29
$ 276.000,00
$ 751.945,33
$ 8.909,30
01/04/1995
30/04/1995
30
4,29
$ 276.000,00
$ 751.945,33
$ 8.909,30
01/05/1995
31/05/1995
30
4,29
$ 276.000,00
$ 751.945,33
$ 8.909,30
01/06/1995
15/06/1995
15
2,14
$ 276.000,00
$ 751.945,33
$ 4.454,65
24/07/1995
31/07/1995
7
1,00
$ 27.751,00
$ 75.605,92
$ 209,02
01/08/1995
31/08/1995
30
4,29
$ 138.000,00
$ 375.972,66
$ 4.454,65
01/09/1995
30/09/1995
30
4,29
$ 138.000,00
$ 375.972,66
$ 4.454,65
01/10/1995
31/10/1995
30
4,29
$ 138.000,00
$ 375.972,66
$ 4.454,65
01/11/1995
30/11/1995
30
4,29
$ 138.000,00
$ 375.972,66
$ 4.454,65
01/12/1995
11/12/1995
11
1,57
$ 138.000,00
$ 375.972,66
$ 1.633,37
29/01/1996
31/01/1996
2
0,29
$ 9.475,00
$ 21.618,10
$ 17,08
01/02/1996
29/02/1996
30
4,29
$ 336.000,00
$ 766.615,38
$ 9.083,12
01/03/1996
31/03/1996
30
4,29
$ 336.000,00
$ 766.615,38
$ 9.083,12
01/04/1996
30/04/1996
30
4,29
$ 336.000,00
$ 766.615,38
$ 9.083,12
01/05/1996
31/05/1996
30
4,29
$ 336.000,00
$ 766.615,38
$ 9.083,12
01/06/1996
30/06/1996
30
4,29
$ 336.000,00
$ 766.615,38
$ 9.083,12
22/07/1996
31/07/1996
9
1,29
$ 42.638,00
$ 97.282,58
$ 345,79
01/08/1996
31/08/1996
30
4,29
$ 168.000,00
$ 383.307,69
$ 4.541,56
01/09/1996
30/09/1996
30
4,29
$ 168.000,00
$ 383.307,69
$ 4.541,56
01/10/1996
31/10/1996
30
4,29
$ 168.000,00
$ 383.307,69
$ 4.541,56
01/11/1996
30/11/1996
30
4,29
$ 168.000,00
$ 383.307,69
$ 4.541,56
01/12/1996
15/12/1996
15
2,14
$ 168.000,00
$ 383.307,69
$ 2.270,78
01/01/1997
31/01/1997
$ -
$ -
03/02/1997
28/02/1997
28
4,00
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 8.567,62
01/03/1997
31/03/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
01/04/1997
30/04/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
01/05/1997
31/05/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
01/06/1997
30/06/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
28/07/1997
31/07/1997
3
0,43
$ 17.201,00
$ 32.283,46
$ 38,25
01/08/1997
31/08/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
01/09/1997
30/09/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
01/10/1997
31/10/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
01/11/1997
30/11/1997
30
4,29
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 9.179,60
01/12/1997
15/12/1997
15
2,14
$ 412.800,00
$ 774.757,97
$ 4.589,80
26/01/1998
31/01/1998
5
0,71
$ 33.971,00
$ 54.203,49
$ 107,04
01/02/1998
28/02/1998
30
4,29
$ 499.440,00
$ 796.897,06
$ 9.441,91
01/03/1998
31/03/1998
30
4,29
$ 499.440,00
$ 796.897,06
$ 9.441,91
01/04/1998
30/04/1998
30
4,29
$ 499.440,00
$ 796.897,06
$ 9.441,91
01/05/1998
31/05/1998
30
4,29
$ 499.440,00
$ 796.897,06
$ 9.441,91
01/06/1998
30/06/1998
30
4,29
$ 499.440,00
$ 796.897,06
$ 9.441,91
21/07/1998
31/07/1998
10
1,43
$ 67.942,00
$ 108.406,98
$ 428,15
01/08/1998
31/08/1998
30
4,29
$ 249.720,00
$ 398.448,53
$ 4.720,95
01/09/1998
30/09/1998
30
4,29
$ 249.720,00
$ 398.448,53
$ 4.720,95
01/10/1998
31/10/1998
30
4,29
$ 249.720,00
$ 398.448,53
$ 4.720,95
01/11/1998
30/11/1998
30
4,29
$ 249.720,00
$ 398.448,53
$ 4.720,95
01/12/1998
31/12/1998
30
4,29
$ 249.720,00
$ 398.448,53
$ 4.720,95
25/01/1999
31/01/1999
6
0,86
$ 47.292,00
$ 64.705,12
$ 153,33
01/02/1999
28/02/1999
30
4,29
$ 589.344,00
$ 806.342,99
$ 9.553,83
01/03/1999
31/03/1999
30
4,29
$ 589.344,00
$ 806.342,99
$ 9.553,83
01/04/1999
30/04/1999
30
4,29
$ 589.344,00
$ 806.342,99
$ 9.553,83
01/05/1999
31/05/1999
30
4,29
$ 589.344,00
$ 806.342,99
$ 9.553,83
01/06/1999
30/06/1999
30
4,29
$ 589.344,00
$ 806.342,99
$ 9.553,83
19/07/1999
31/07/1999
12
1,71
$ 94.584,00
$ 129.410,23
$ 613,32
01/08/1999
31/08/1999
30
4,29
$ 294.672,00
$ 403.171,49
$ 4.776,91
01/09/1999
30/09/1999
30
4,29
$ 663.012,00
$ 907.135,86
$ 10.748,06
01/10/1999
31/10/1999
30
4,29
$ 663.012,00
$ 907.135,86
$ 10.748,06
01/11/1999
30/11/1999
30
4,29
$ 663.012,00
$ 907.135,86
$ 10.748,06
01/12/1999
05/12/1999
5
0,71
$ 663.012,00
$ 907.135,86
$ 1.791,34
24/01/2000
31/01/2000
7
1,00
$ 60.690,00
$ 76.003,59
$ 210,12
01/02/2000
29/02/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/03/2000
31/03/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/04/2000
30/04/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/05/2000
31/05/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/06/2000
15/06/2000
15
2,14
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 3.219,25
17/07/2000
31/07/2000
14
2,00
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 3.004,63
01/08/2000
31/08/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/09/2000
30/09/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/10/2000
31/10/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/11/2000
30/11/2000
30
4,29
$ 433.920,00
$ 543.408,74
$ 6.438,49
01/12/2000
31/12/2000
$ -
$ -
22/01/2001
31/01/2001
9
1,29
$ 85.800,00
$ 98.807,81
$ 351,21
01/02/2001
28/02/2001
30
4,29
$ 298.320,00
$ 343.547,16
$ 4.070,46
01/03/2001
31/03/2001
30
4,29
$ 298.320,00
$ 343.547,16
$ 4.070,46
01/04/2001
30/04/2001
30
4,29
$ 298.320,00
$ 343.547,16
$ 4.070,46
01/05/2001
31/05/2001
30
4,29
$ 298.320,00
$ 343.547,16
$ 4.070,46
01/06/2001
13/06/2001
13
1,86
$ 298.320,00
$ 343.547,16
$ 1.763,87
16/07/2001
31/07/2001
15
2,14
$ 143.000,00
$ 164.679,69
$ 975,59
01/08/2001
31/08/2001
30
4,29
$ 715.968,00
$ 824.513,18
$ 9.769,11
01/09/2001
30/09/2001
30
4,29
$ 357.984,00
$ 412.256,59
$ 4.884,56
01/10/2001
31/10/2001
30
4,29
$ 357.984,00
$ 412.256,59
$ 4.884,56
01/11/2001
27/11/2001
27
3,86
$ 357.984,00
$ 412.256,59
$ 4.396,10
01/12/2001
31/12/2001
$ -
$ -
21/01/2002
31/01/2002
10
1,43
$ 103.000,00
$ 110.186,56
$ 435,18
01/02/2002
28/02/2002
30
4,29
$ 386.622,00
$ 413.597,56
$ 4.900,45
01/03/2002
31/03/2002
30
4,29
$ 386.622,00
$ 413.597,56
$ 4.900,45
01/04/2002
30/04/2002
30
4,29
$ 386.622,00
$ 413.597,56
$ 4.900,45
01/05/2002
31/05/2002
30
4,29
$ 386.622,00
$ 413.597,56
$ 4.900,45
01/06/2002
14/06/2002
14
2,00
$ 386.622,00
$ 413.597,56
$ 2.286,87
01/07/2002
31/07/2002
$ -
$ -
16/08/2002
31/08/2002
15
2,14
$ 322.184,00
$ 344.663,56
$ 2.041,85
01/09/2002
30/09/2002
30
4,29
$ 322.184,00
$ 344.663,56
$ 4.083,69
01/10/2002
31/10/2002
30
4,29
$ 322.184,00
$ 344.663,56
$ 4.083,69
01/11/2002
05/11/2002
5
0,71
$ 322.184,00
$ 344.663,56
$ 680,62
01/12/2002
05/12/2002
$ -
$ -
27/01/2003
31/01/2003
4
0,57
$ 44.266,00
$ 44.266,00
$ 69,93
01/02/2003
28/02/2003
30
4,29
$ 409.824,00
$ 409.824,00
$ 4.855,73
01/03/2003
31/03/2003
30
4,29
$ 409.824,00
$ 409.824,00
$ 4.855,73
01/04/2003
30/04/2003
30
4,29
$ 409.824,00
$ 409.824,00
$ 4.855,73
01/05/2003
31/05/2003
30
4,29
$ 409.824,00
$ 409.824,00
$ 4.855,73
01/06/2003
15/06/2003
15
2,14
$ 409.824,00
$ 409.824,00
$ 2.427,87
21/07/2003
31/07/2003
10
1,43
$ 110.667,00
$ 110.667,00
$ 437,07
01/08/2003
31/08/2003
30
4,29
$ 546.432,00
$ 546.432,00
$ 6.474,31
01/09/2003
30/09/2003
30
4,29
$ 273.216,00
$ 273.216,00
$ 3.237,16
01/10/2003
31/10/2003
30
4,29
$ 273.216,00
$ 273.216,00
$ 3.237,16
01/11/2003
30/11/2003
30
4,29
$ 273.216,00
$ 273.216,00
$ 3.237,16
TOTAL
2.532
361,71
$ 547.867,86
De conformidad con lo precedente, el IBL pensional del demandante asciende a $547.867,86, guarismo que al aplicarle una tasa de reemplazo del 69%, que corresponde a 924 semanas validadas para pensión (artículo 20 Acuerdo 049 de 1990), arroja como valor de la primera mesada la suma de $378.028,82.
En tal sentido, se condenará a la Universidad Eafit a reconocer y pagar al accionante la pensión de vejez a partir del 1.º de diciembre de 2003, en cuantía inicial de $378.028,82, por doce mesadas pensionales y dos adicionales porque la prestación se causó antes del Acto Legislativo 01 de 2005. El retroactivo causado a 28 de febrero de 2021, incluidos los reajustes anuales, asciende a la suma de $145.384.338,13, tal como se indica a continuación:
En cuanto a la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, su otorgamiento no es procedente en tratándose de obligaciones incumplidas respecto de mesadas pensionales. Los intereses moratorios que se solicitaron en subsidio tampoco son viables porque la imposición de la pensión a la Universidad surge de una precisión jurisprudencial en relación con la obligación de pago de aportes en el caso de los docentes vinculados hora cátedra y con baja intensidad horaria.
Por el contrario, hay lugar a reconocer la indexación, toda vez que se trata de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo. Por ese concepto se impondrá la suma de $49.148.424,33, sin perjuicio de la que se cause hasta el momento efectivo de pago de la obligación. Este valor se refleja en el cuadro antes relacionado.
La Universidad Eafit por disposición legal deberá descontar del retroactivo el valor de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, con la finalidad que se transfiera a la entidad administradora de salud a la que el accionante esté afiliado.
En relación con los incrementos por cónyuge a cargo, ese aspecto no se sustentó en la apelación, de modo que la Corte carece de competencia para pronunciarse, pues de lo contrario se trasgrediría el principio de consonancia previsto en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL2808-2018).
Por último, y en lo referente a la excepción de prescripción, esta no prospera porque entre la fecha de exigibilidad del derecho -1.º de diciembre de 2003- y la de presentación de la demanda -27 de mayo de 2004- (f.° 7), no transcurrieron 3 años en los términos previstos en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En virtud de la prosperidad de las pretensiones, la Sala declarará no probadas las demás excepciones que planteó la convocada a juicio, conforme lo expuesto en precedencia.
Las costas en la primera instancia estarán a cargo de la demandada; sin lugar a ellas en la alzada.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: Revocar la sentencia que profirió la Jueza Décima Laboral del Circuito de Medellín el 30 de octubre de 2007 y, en su lugar, condenar a la Universidad Eafit a reconocer y pagar a Osvaldo Piña Cogollo la pensión de vejez contemplada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, como beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1.º de diciembre de 2003, en cuantía inicial de $378.028,82, por doce mesadas ordinarias y dos adicionales, incluidos sus reajustes anuales. El retroactivo causado a 28 de febrero de 2021 asciende a la suma de $145.384.338,13. El valor de la mesada para el año 2021 se fija en $908.526. Por concepto de indexación se impone la cantidad de $49.148.424,33, sin perjuicio de la que se siga causando hasta el momento efectivo del cumplimiento de la obligación.
SEGUNDO: La Universidad Eafit debe descontar del retroactivo el valor de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, con destino a la entidad administradora de salud a que esté afiliado el accionante.
TERCERO: Absolver a la Universidad Eafit de las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva.
CUARTO: Declarar no probadas las excepciones que formuló la demandada.
QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
SENTENCIA DE INSTANCIA
Radicación n.° 40455
REFERENCIA: OSVALDO PIÑA COGOLLO vs. UNIVERSIDAD EAFIT.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en torno a dos puntuales temas: (i) la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y (ii) la contabilización de las semanas en el sistema general de seguridad social.
a) La interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.
Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.
Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.
Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.
La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:
Derecho de opción
La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación
La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.
Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:
Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.
Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.
Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.
Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.
En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».
Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.
Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.
Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.
Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.
Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.
Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.
Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.
A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual
En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.
Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.
Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.
Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.
De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.
La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos
Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).
Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.
No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.
Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.
Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.
Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.
Conclusión
A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.
La contabilización de las semanas en el sistema general de seguridad social
En mi sentir, para efectos de la contabilización de las semanas en el sistema general de seguridad social, se deben tener en consideración todos los días calendario del cada año.
A la verdad, las razones son muy concretas, como paso a explicarlas.
El artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
Por su parte, el artículo 18 ibidem instituye el ingreso base de cotización y claramente dispone que este será el salario mensual y, en consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado.
Así mismo, el parágrafo 2º del artículo 33 del estatuto de la seguridad social estatuye que, para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período.
Entonces, mientras los dos primeros preceptos hacen referencia a la base sobre la cual se debe cotizar que, como se dijo, corresponde al salario mensual, el cual puede variar si por ejemplo el trabajador labora horas extras, dominicales, festivos, viáticos, pero que de todas maneras corresponde a un monto que se calcula mensual, el tercero es claro en definir que una semana de cotización equivale a 7 días calendario.
De suerte que a la luz de lo erigido en el mencionado parágrafo refulge que las semanas sobre las cuales se cotiza corresponden a 7 días calendario, sin importar que los meses sean de 28, 29, 30 o 31 días, o que los años sean de 365 o 366 días.
Lo anterior debe ser así por la sencilla y potísima razón de que el sistema integral de seguridad social, está diseñado para que el afilado y sus beneficiarios estén protegidos durante todos los días del año y, por ello, también se cotiza todos los días de cada anualidad, pues no tendría ninguna lógica jurídica que pese a que el trabajador aporta sobre el entendido de que la semana cotizada corresponde al período de 7 días calendario, cuando, por ejemplo, arribe a la edad-pensión de vejez- no se le tengan en cuenta los días efectivamente aportados, lo que implicaría que las semanas de cotización no fueran de 7 días calendario, como lo dispone la ley, sino mucho menor, soslayando que el sistema se nutre y reconoce las prestaciones, precisamente por las semanas de cotización.
Es que, si echáramos mano del vetusto método de interpretación ad absurdum, se llegaría a la conclusión que un siniestro ocurrido, verbi gracia, el 31 de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre o diciembre, el sistema no lo debe cubrir porque únicamente se cotiza por 30 días.
Claro que ¡Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa! Una es el ingreso base de liquidación- salario- que según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo debe pagarse por períodos iguales y, otra, muy diferente, que una semana de cotización corresponde a 7 días calendario. Interpretar que como para el salario mensual se tiene en cuenta el mes de 30 días, también se cotiza por ese mismo periodo, es pasar por alto la existencia del palmario querer del legislador expresado en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Aunque, sin hesitación ninguna, existen razones adicionales, con el fin de rendirle tributo a la brevedad, dejo así explicado mi aclaración de voto.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
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