Ficha de la providencia
Sentencia SL3437-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL3437-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3437-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3437-2021
Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez
16 de junio de 2021
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SL3437-2021
Radicación n.° 85396
Acta 22
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).
La Corte decide el recurso de casación que MARÍA ELENA GARCÍA VARGAS interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 11 de diciembre de 2018, en el proceso ordinario que promueve contra el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP.
ANTECEDENTES
La accionante solicitó que se condene al demandado a reliquidar la pensión de jubilación que le reconoció mediante Resolución n.º 000511 de 24 de abril de 2014, de conformidad con la Ley 33 de 1985, el Decreto 1045 de 1978 y la jurisprudencia de esta Corporación, y, en consecuencia, se ordene pagar las diferencias que se causaron, debidamente indexadas, lo que se pruebe ultra y extra petita y las costas procesales.
En apoyo de las pretensiones expuso que nació el 27 de noviembre de 1956 y que trabajó para la extinta Empresa Distrital de Servicios Públicos -EDIS- desde el 12 de agosto de 1974 hasta el 30 de noviembre de 1994, es decir, durante 20 años, 1 mes y 25 días, por lo que al cumplir los 55 años de edad el 27 de noviembre de 2011 requirió ante el FONCEP el reconocimiento de su pensión legal de vejez.
Agregó que mediante Resolución n.º 00511 de 24 de abril de 2014 el FONCEP le reconoció el derecho pensional, para lo cual aplicó la Ley 33 de 1985 respecto a la edad exigida, el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y el monto y acudió a la Ley 100 de 1993 para liquidar el ingreso base de liquidación -IBL- de la mesada pensional, esto es, al promedio del salario que devengó en los últimos diez años, entre 1984 y 1994. Adujo que la mesada pensional se fijó en un valor inicial de $604.015, pero que si se calcula con los parámetros de la Ley 33 de 1985 su valor correspondería a la suma de $1.309.598.
Por último, manifestó que reclamó al fondo accionado la reliquidación de su mesada pensional, que cuantificara el IBL según lo estipulado en la Ley 33 de 1985 y además incluyera todos los factores salariales que recibió durante este mismo tiempo, sin embargo, la entidad negó tal petición (f.° 103 a 213).
Al responder la demanda, el FONCEP se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos en que se fundamenta, aceptó el reconocimiento pensional a la accionante el 24 de abril de 2014 y su liquidación según lo previsto en el artículo 36 la Ley 100 de 1993.
Manifestó que la actora no tiene derecho a la reliquidación deprecada, pues se le respetó el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo relativo a la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo, pero que para calcular el IBL se aplicó el artículo 21 ibidem y tuvo en cuenta «todos los factores salariales» que aquella devengó en los últimos 10 años de servicios, debidamente actualizados, conforme al Decreto 1158 de 1994, que era la normativa vigente al momento de causación del derecho.
En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción de mesadas pensionales y la genérica (f.° 231 a 249).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de 17 de octubre de 2018, la Jueza Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá absolvió al demandado de todas las pretensiones formuladas en su contra, condenó en costas a la accionante y concedió el grado jurisdiccional de consulta en caso que la decisión no fuere apelada (f.º 269).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de la accionante, a través de sentencia de 11 de diciembre de 2018 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión de la a quo y le impuso costas a aquella en la alzada (f.° 281 a 282).
En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el ad quem indicó que no era objeto de debate que el FONCEP reconoció a la actora pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, a partir del 27 de noviembre de 2011, en cuantía inicial de $604.015 (f.º 117). Así, señaló que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si García Vargas tenía derecho a la reliquidación de dicha prestación, teniendo en cuenta los salarios que devengó en el último año de servicio, como lo determina el artículo 1.º ibidem.
En esa dirección, expuso que si bien la Ley 33 de 1985 le era aplicable a la accionante en lo referente a los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto, para los demás aspectos como el IBL debía acudirse a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y, en este caso, al artículo 21 de dicha normativa. En apoyo, aludió a las sentencias CSJ SL52320-2017 y «SU-230-2015» de la Corte Constitucional.
Por otra parte, explicó que en los casos de una pensión regulada por la Ley 33 de 1985 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para los factores salariales que inciden en la determinación del ingreso base de liquidación debe aplicarse el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en la medida que el inciso 3.º del artículo 36 ibidem no definió los elementos que integran el ingreso base para la liquidación de la pensión del afiliado o pensionado beneficiario de aquella prerrogativa transicional. Al respecto, refirió la sentencia CSJ SL774-2018.
Conforme lo anterior, concluyó que en este asunto no procedía la reliquidación de la pensión legal de jubilación que el FONCEP reconoció a García Vargas, pues debía acudirse a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
La recurrente pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito, por la causal primera de casación formula dos cargos, que fueron objeto de réplica. La Sala los estudiará conjuntamente porque persiguen el mismo fin, acusan normas similares y contienen argumentos complementarios.
CARGO PRIMERO
Por la vía directa, acusa la interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que llevó, a su vez, a «dejar de aplicar los artículos 1 y 11 del Decreto 1748 de 1995, artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, Ley 62 de 1985, los arts. 53 y 243 de la C.N., en el artículo 21 el Decreto 2067 de 1991, el art. 141 de la Ley 100 de 1993, y los artículos 25, 1649 y 1626 del C.C.».
En el desarrollo del cargo, la recurrente indica que su inconformidad radica en que el ad quem no tuvo en cuenta la variación de la jurisprudencia respecto a la manera como se deben liquidar las pensiones en aquellos casos en los que el titular ha dejado de «devengar» durante diez años o más y ha trascurrido un lapso extenso hasta el momento en el que adquiere el estatus de pensionado, que es precisamente su situación, y en los que esta Corte ha recurrido a la aplicación de los artículos 1.º y 11 del Decreto 1748 de 1995, así como al artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, que reguló los factores salariales. Al respecto, refiere la sentencia CSJ SL656-2013.
Por último, expone que el Juez Plural omitió la aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y la jurisprudencia de esta Sala que le es más beneficiosa. Ello porque acudió al promedio del salario que devengó durante los últimos diez años laborados, esto es, entre 1984 y 1994, sin considerar todos los factores salariales que devengó, conforme a lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, o los Decretos 1045 y 1042 de 1978, por lo que su mesada pensional es «irrisoria». Y, en este sentido, «el IBL se debía calcular con el promedio del último año de servicios».
RÉPLICA
El opositor señala que es indiscutible que la recurrente es beneficiaria del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y tenía derecho a pensionarse según los requisitos de tiempo, edad y monto de las Leyes 33 y 62 de 1985; sin embargo, como la actora cumplió el requisito de edad el 27 de noviembre de 2011, esto es, bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, la cuantía de la pensión estaba sujeta a lo prescrito en esa normativa, pues «la pensión debe determinarse conforme a las normas vigentes al momento de la causación del derecho».
Así, afirma que en lo referente a la determinación de la base salarial para calcular el valor de la mesada pensional debe aplicarse el inciso 3.º del artículo 36. En apoyo, refiere las sentencias CSJ SL 31 jul. 2007, rad. 27870, CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343 y CSJ SL, 20 oct. 2009, rad. 36662, entre otras, así como las siguientes de la Corte Constitucional: C-168-1995, C-258-2013, SU-230-2015, T-078-2014, C-258-2013, SU-427-2016, SU-210-2017, SU-395-2017, SU-631-2017 y T-039-2018.
CARGO SEGUNDO
Por la vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 1.º del Decreto 1158 de 1994, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, «por no apreciar unas pruebas obrantes en el expediente y por la indebida apreciación de otras».
Expone que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
1.1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante dejó de devengar desde el día 30 de noviembre de 1994 hasta el día 27 de noviembre de 2011.
1.2. No dar por demostrado, sin estarlo, que a la demandante, a pesar de haber transcurrido diecisiete años sin que hubiese devengado suma alguna de dinero o hecho aportes para pensión como trabajadora oficial, se le debía liquidar la pensión en la forma como lo hizo el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP.
Denuncia como «PRUEBAS NO APRECIADAS E INDEBIDAMENTE APRECIADAS» las siguientes:
2.1. Escrito de subsanación de la demanda que obra a folios 44 a 94 del expediente.
2.2. Expediente pensional de la demandante que obra a folio 121 del proceso en CD. Certificación de tiempo de servicio y factores salariales devengados por la demandante visibles de folios 98 a 140 de dicho expediente pensional.
2.3. Resolución 511 de 24 de abril de 2014 visible a folios 216 221 del expediente pensional que aparece en CD incorporado a folio 121 del expediente, donde aparece el lapso de tiempo durante el cual la demandante no realizó cotización alguna como trabajadora oficial o como independiente o trabajadora de empresa privada.
Manifiesta que los anteriores medios de convicción eran «fundamentales» en esta controversia, puesto que toda prueba aportada válidamente al proceso debe ser valorada y que «habiendo transcurrido diecisiete años (…) hasta cuando adquirió el status de pensionada, ha debido darse aplicación a la fórmula aplicable para liquidar la pensión cuando el pensionado ha dejado de devengar o cotizar durante un lapso tan considerable».
Explica que el ad quem ignoró que desde la fecha de retiro de la demandante de la EDIS hasta cuando le fue reconocida la pensión de jubilación y adquirió tal estatus, transcurrieron 20 años y 17 días.
RÉPLICA
El opositor señala que este cargo es contradictorio respecto al primer ataque en el que se alegó la trasgresión directa por interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ello, porque «no es posible escoger dos vías de ataque diametralmente opuestas en cuanto a su ausencia y propósitos, razón por la cual los cargos no se pueden analizar tal como se plantea en este escrito de casación».
CONSIDERACIONES
Para dar respuesta al opositor, es oportuno precisar que la incompatibilidad que existe para aludir simultáneamente a acusaciones de una norma por vía directa e indirecta es respecto del mismo cargo y no en los eventos en que se proponen ataques distintos en forma autónoma e independiente y respetando en cada uno de ellos las disposiciones del Estatuto Procesal Laboral que regulan el recurso extraordinario de casación.
Ahora, la Corte en este caso acumula los dos cargos, pese a que el segundo se encauzó por la vía fáctica, pues en su desarrollo se propuso una controversia jurídica similar a la que planteó en la primera acusación, relativa a que en aplicación del criterio de la Sala, si el afiliado o trabajador no devengó ni cotizó suma alguna durante largo tiempo o en aquel que le hacía falta para adquirir el derecho pensional, «el IBL se debía calcular con el promedio del último año de servicios».
No es materia de discusión en este proceso que: (i) la actora es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y (ii) mediante Resolución nº. 000511 de 24 de abril de 2014 el FONCEP le reconoció pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 porque cumplió 20 años de servicio oficial y 55 años de edad, a partir del 27 de noviembre de 2011.
Así, la Corte debe determinar si el Tribunal erró al considerar que el ingreso base de liquidación de la pensión de la accionante se calcula con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 y no en la forma que indica la censura.
Pues bien, en relación con el argumento de la recurrente en el sentido que por no haber prestado servicios en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 y causar la pensión con posterioridad a ella, el IBL de tal prestación se debe calcular con el último año de servicios, en aplicación de la jurisprudencia de esta Corporación, debe precisarse que dicho criterio se aplicó por algún tiempo desde la sentencia de instancia CSJ SL 30 nov. 2000, rad. 13336, en la que la Sala estimó:
(…) estima y precisa la Corte que, en asuntos de las particulares características del presente, en los que no se devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que hacía falta para adquirir el derecho a la pensión, debe acogerse como salario devengado para ser actualizado, en los términos previstos por el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, el que conforme al artículo 73 del decreto 1848 de 1969 sería al tener en cuenta para conocer la pensión al demandante de no existir precepto que ordenara su actualización, es decir, el “promedio de los salarios y primas de toda especie” que éste haya devengado en el último año de servicios.
La precitada solución, para la Sala, es la que más se ajusta al objetivo perseguido por el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y a una realidad no prevista por esa norma, como es que quien teniendo derecho a pensión no hubiese devengado suma alguna ni cotizado durante el lapso al que la misma se refiere.
Sin embargo, ese precedente jurisprudencial varió desde la sentencia CSJ SL7061-2016, que se ha reiterado en las providencias CSJ SL3761-2018, CSJ SL2588-2019, CSJ SL3113-2019 y CSJ SL3738-2019. En esta última línea jurisprudencial se precisó que pese a que el beneficiario del régimen de transición no cotice ni devengue salario en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, para calcular el IBL se debe dar aplicación a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 según el caso, pues esos preceptos «no establecieron ninguna excepción o salvedad en este puntual aspecto».
Precisamente, en el fallo que estableció tal criterio en este punto -CSJ SL7061-2016- la Corte argumentó que el mismo se ajusta realmente a lo dispuesto por el legislador y lo adoctrinado por la Corte Constitucional en la sentencia CC-258-2013. En dicha oportunidad, la Corporación explicó:
1.- Ciertamente, para esta clase de asuntos, que comportan una característica especial, consistente en que teniendo derecho a la pensión de jubilación oficial, el trabajador no devengó suma alguna o no cotizó en calidad de trabajador oficial, durante el lapso comprendido entre la fecha de desvinculación y el cumplimiento de la edad, la Sala aceptaba como solución doctrinal, que la base salarial que deberá actualizarse, será el promedio de los salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicios, por considerar que ello se ajustaba más al objetivo perseguido por la norma citada.
Lo anterior, se viene sosteniendo desde la sentencia de instancia proferida por esta Corporación, el 30 de noviembre de 2000, Rad. 13336. Esta postura se había mantenido invariable y ha sido reiterada en sentencias de la CSJ SL, 17 may. 2004, rad. 22617, 23 ag. igual año, rad. 22892; 25 nov. de esa misma anualidad, rad. 23769; 30 ag. 2011, rad. 40074; y en casación de 29 may. 2013 rad. 45814 (SL 381/2013), entre otras.
2.- Sin embargo, haciendo un nuevo examen y en aras de no prever discriminación frente a los demás pensionados que tienen unas reglas claras para liquidar el IBL de su pensión, y ante la nueva recomposición de la Sala, se considera pertinente entrar a reexaminar el tema, en cuanto a la liquidación del IBL de la pensión oficial cuando el trabajador no cotizó ni devengó ninguna suma en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, o sea en vigencia de ley 100/1993, que es lo que acá sucede y donde, como se atrás se dejó sentado, en este caso en particular no resulta dable tener en cuenta las semanas que cotizaron los actores como independientes.
Como es sabido, para el caso de los beneficiarios del régimen de transición, el Ingreso Base de Liquidación corresponde al lapso temporal que se debe tomar para establecer el promedio de los ingresos salariales o base de cotización para liquidar toda pensión, el cual se debe definir de conformidad con la nueva normatividad, caso distinto al “monto” porcentual de la prestación que es uno de los elementos que si se conservan del sistema anterior por virtud de la transición y que tiene que ver con el <porcentaje> del IBL que antes se preveía.
De tal forma que, el IBL para todas las pensiones de jubilación otorgadas bajo el citado régimen de la transición debe en consecuencia determinarse conforme a las reglas establecidas en los Arts. 36 inc. 3° y 21 de la L. 100/1993, que no establecieron ninguna excepción o salvedad en este puntual aspecto, sin que sea dable excluir de estas pautas a aquellas personas que durante ese lapso no devengaron ni cotizaron suma alguna.
Lo anterior queda acorde con lo expresado en la Sentencia C.Const. C-258 del 7 de mayo de 2013, en la que se sostuvo que las reglas del IBL aplicables a todos los beneficiarios del régimen de transición, son las contenidas en los artículos 21 y 36 inciso 3° de la L. 100 de 1993.
3.- En consecuencia, ahora estima la Sala que no es necesario remitirse al promedio de lo devengado en el último año de servicios a efectos de establecer el IBL, pues como antes se explicó debe sujetarse en un todo a los nuevos lineamientos de la Ley 100/1993.
Así las cosas, para obtener el promedio de lo devengado o cotizado para estos específicos casos y conformar el IBL, deberá calcularse con el promedio de devengado o cotizado durante los últimos diez (10) años previos al reconocimiento de la prestación, ello con referencia a la remuneración efectivamente devengada por el beneficiario durante el lapso temporal que corresponde según el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, aun cuando se involucren períodos habidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debiéndose partir del último devengo o cotización y transpolar o retroceder en el tiempo hasta cubrir el período respectivo.
Conforme lo anterior, la Corte advierte que el ad quem no cometió el error jurídico que se le endilga en relación con la norma aplicable para calcular el ingreso base de liquidación pensional, dado que su decisión está acorde con el criterio jurisprudencial reiterado de esta Sala, según la cual el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 garantizó la aplicación de las disposiciones anteriores a la vigencia del sistema general de pensiones tan sólo en tres aspectos puntuales: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación; asimismo, que en los demás aspectos, tales como el ingreso base de liquidación, estos quedan amparados por las disposiciones de la mencionada Ley 100 de 1993 (CSJ SL12845-2015, CSJ SL9808-2016, CSJ SL12419-2017, CSJ SL3106-2018, CSJ SL223-2020, CSJ SL5082-2020, CSJ SL057-2021 y CSJ SL1956-2021).
Ahora, la Corporación también ha precisado que el concepto «monto» hace referencia únicamente al porcentaje o tasa de reemplazo que se aplica, mas no a la base de liquidación de la pensión o a los ingresos a promediar. De modo que, aunque el monto y el ingreso base de liquidación son dos conceptos que están íntimamente ligados para cuantificar la pensión, tienen presupuestos diferentes.
Así, la Sala ha indicado que el ingreso base de liquidación de la pensión de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho, aquel se rige por el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL6476-2015, CSJ SL9808-2016, CSJ SL13184-2017, CSJ SL2010-2018 y CSJ SL1078-2019), mientras que para aquellos que les faltaban 10 años o más para consolidar su derecho, debe aplicarse los establecido en el artículo 21 ibidem. Precisamente, en la sentencia CSJ SL2223-2020 esta Corporación señaló que:
(…) el régimen de transición únicamente preserva tres aspectos del régimen anterior: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de pensión. De suerte que, los demás aspectos de la prestación, son los consagrados en la Ley 100 de 1993.
De ahí que el IBL de la pensión de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3.° del artículo 36 ibidem y, para aquellos que les faltare 10 años o más para «adquirir» su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa.
Lo anterior, en modo alguno vulnera el principio de inescindibilidad de la ley, porque es en virtud del expreso mandato de la misma disposición legal que el cálculo debe hacerse en esa forma.
Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SL 33343, 17 oct. 2008, reiterada, entre otras, en CSJ SL 31711, 24 feb. 2009, CSJ SL6476-2015, CSJ SL12998-2015 y CSJ SL8563-2016, adoctrinó:
Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.
Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.
Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales (…)
De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.
En el sub lite no es objeto de controversia que la actora es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, que en su caso lo fue el 30 de junio de 1995 como servidora pública del nivel distrital en los términos del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, le hacían falta más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, pues lo causó el 27 de noviembre de 2011. Así, el IBL de su pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 se rige por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, como acertadamente lo concluyó el Tribunal.
Ahora, el recurrente alegó la aplicación del principio de «la condición más beneficiosa», consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, y que el Tribunal también debió acudir a la jurisprudencia que le fuera más «favorable» a la accionante al liquidar el IBL de su pensión.
Sobre el particular, es oportuno indicar que el principio de condición más beneficiosa tiene relevancia cuando existe un cambio normativo en materia pensional y el legislador no previó un régimen de transición que salvaguarde los derechos próximos a consolidarse. Y en lo referente a pensiones de vejez y de jubilación, la Ley 100 de 1993 previó la transición en el artículo 36, precepto en virtud del cual, justamente se le concedió a la accionante la prestación de la Ley 33 de 1985 (CSJ SL1260-2020, CSJ SL3851-2020, CSJ SL982-2021 y CSJ SL1992-2021).
Tampoco es dable apelar al principio de favorabilidad porque en este caso existe regla especial que consagra específicamente la forma de calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición que les faltaba 10 o más años para consolidar su derecho pensional, es decir, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
En lo que tiene que ver con la fuerza vinculante de los fallos adoptados por esta Sala, se ha indicado que estos deben ser acatados por los jueces laborales de la República, en la medida que son criterios jurisprudenciales que provienen del órgano de cierre de la jurisdicción laboral y sus decisiones gozan de fuerza vinculante en virtud de los principios de igualdad, buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica (CSJ SL440-2021); sin embargo, no puede desconocerse que estos parámetros interpretativos no son estáticos en el tiempo, sino que mutan de acuerdo con la conformación de los órganos jurisdiccionales y de las coyunturas sociales e históricas de cada tiempo (CSJ AL7056-2015).
Por último, respecto a los factores que se deben incluir para efectos de hallar el ingreso base de liquidación –IBL- de la prestación reconocida a García Vargas, debe indicarse que la jurisprudencia de la Sala ha establecido que solo los conceptos previstos en el Decreto 1158 de 1994 deben considerarse a efectos de liquidar la pensión contemplada en la Ley 33 de 1985 para los beneficiarios del régimen de transición (CSJ SL3276-2018 y CSJ SL1686–2020). Precisamente, en la primera providencia referida, la Corporación precisó:
Por lo demás, este profundo convencimiento interpretativo no ha tenido al interior de la Corte vacilaciones o fluctuaciones, y en la actualidad es suscrito también por la Corte Constitucional (SU 230-2015 y SU 395-2017), bajo el argumento de que resulta contrario al principio de igualdad la concesión de privilegios pensionales que no corresponden a los ingresos reales devengados en la vida laboral del trabajador y que, por tanto, atrofian la sostenibilidad del sistema mediante subsidios en detrimento de los derechos de la generalidad de los colombianos (…).
Adicionalmente, el Juzgado Doce Laboral de Medellín integró a la base de liquidación pensional rubros que si bien pudieran tener connotación salarial, no pueden tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación oficial bajo el régimen de transición, ya que de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 solo están llamados a dichos efectos la asignación básica mensual, los gastos de representación, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por servicios prestados, así como las primas técnica y de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando constituyan factor de salario. Por consiguiente, no tienen tal naturaleza la bonificación de junio o prima de servicios, la prima de vacaciones, la bonificación o prima de navidad, y mucho menos las vacaciones que el juzgador de primera instancia computó como parte de la base para calcular el monto de la pensión.
En el anterior contexto, el Tribunal no incurrió en los desatinos que la censura le endilga y, por tanto, la acusación no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente y en favor de la entidad demandada que presentó oposición. Se fijan las agencias en derecho en la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 11 de diciembre de 2018, en el proceso ordinario que MARÍA ELENA GARCÍA VARGAS promovió contra el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
ACLARO VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
NO FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicado n.° 85396
REFERENCIA: MARÍA ELENA GARCÍA VARGAS vs. FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito aclarar el voto pues considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.
No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.
Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.
Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.
Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.
La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:
Derecho de opción
La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación
La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.
Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:
Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.
Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.
Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.
Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.
En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».
Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.
Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.
Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.
-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.
Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.
Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.
Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.
A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.
En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.
Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.
Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.
Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.
De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.
La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos
Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).
Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.
No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.
Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.
Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.
Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.
3. Conclusión
A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.
Conforme a lo anterior, aclaro mi voto.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL3437-2021 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.