Al respecto, es oportuno aclarar que en este asunto no procede el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, pues el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, que modificó el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, entró en vigencia el 1.º de enero de 2012 para el distrito judicial de Medellín, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9006 de 15 de diciembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda -25 de noviembre de 2011 (f.º 1)-.
Ello, pese que al revisar los documentos que Colpensiones allegó ante esta Corte se advierte que la accionante cotizó hasta el 28 de febrero de 2017, pues tal circunstancia obedeció a la negativa de la entidad administradora en reconocerle el derecho pensional. En efecto, nótese que la actora había dejado de cotizar al otrora ISS desde el 31 de octubre de 2005, según historia laboral actualizada a 18 de marzo de 2021; luego, cumplidos los 55 años de edad y con un tiempo de servicios equivalente a 1080,85 semanas, el 2 de junio de 2009 solicitó por primera vez la pensión de vejez (GRP-HPE-EV-CC-21953241 PDF, cuaderno de la Corte); sin embargo, la entidad pensional lo negó a través de las referidas Resoluciones 025087 de 31 de agosto de 2009 y 11934 de 23 de agosto de 2010 (f.º 8 a 12), lo que precisamente implicó que aquella continuara cotizando entre el 1.º de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2017, con novedad formal de retiro para el 9 de febrero de 2017. Y solo a través de Resolución GNR3535 de 6 de enero de 2017, Colpensiones le reconoció pensión de vejez a partir del 1.º de diciembre de 2016 y en cuantía inicial de $727.605, con base en la Ley 71 de 1988 (GRF...50422.PDF).
Dichos hechos no varían el sentido de la decisión impugnada, pues se reitera, la actora continuó cotizando hasta febrero de 2017 por una única y exclusiva razón: la respuesta negativa del ISS en el reconocimiento de un derecho pensional que había causado desde que cumplió 55 años de edad, esto es, el 9 de abril de 2009.
En ese sentido, para la Corte sería injusto considerar que el disfrute de la pensión deba comenzar desde la última novedad formal de retiro, aun cuando el ánimo de pensionarse se evidenció mucho antes y bajo la convicción de reunir los requisitos mínimos para acceder a la pensión que la protegiera en su vejez.
En este punto es oportuno destacar que en casos similares la Corte ha considerado que la correcta hermenéutica de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 es la de considerar que, ante la renuencia de la entidad administradora en reconocer una pensión que ha sido solicitada por la afiliada en tiempo y con cumplimiento de los requisitos legales, debe concederse desde que estos se cumplieron (CSJ SL3114-2018). Precisamente, en esta decisión la Corporación indicó:
(...) en casos en que el afiliado ha sido obligado por las instituciones que manejan el sistema pensional a seguir cotizando en virtud de su conducta renuente para no reconocerles una determinada prestación pensional, que ha sido solicitada en tiempo, por encontrarse reunidos todos los requisitos legales, la Corte ha estimado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se han completado los requisitos (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798); en ese orden, como en el caso sometido a estudio solo faltaba la desafiliación del sistema, comparte la Sala los argumentos del juzgado en tanto estableció como fecha de desafiliación el 31 de julio de 2007, por lo se confirmará el otorgamiento de la prestación a partir de 1.º de agosto del mismo año.
Por tanto, a efecto de liquidar el ingreso base de liquidación, la Sala no tendrá en cuenta los aportes cotizados con posterioridad al 9 de abril de 2009, pues el anterior criterio jurisprudencial también aplica en el caso de las prestaciones que se reconozca conforme a la Ley 71 de 1988, así la Corte lo haya elaborado respecto al Acuerdo 049 de 1990. De modo que al reunir la actora hasta esa fecha 1080 semanas de cotización y causar el derecho 10 años después de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, la Sala lo calculará con los salarios cotizados en los 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos pensionales, conforme con lo previsto en el artículo 21 ibidem.
Así, realizadas las operaciones de rigor, la Sala obtiene un ingreso base de liquidación de $864.520,53, monto al que debe aplicársele una tasa de reemplazo del 75%, de modo que se obtiene una mesada inicial para el 10 de abril de 2009 por valor de $648.390,40, conforme se explica en el siguiente cuadro:
FECHAS
N° DE
N° DE
SALARIO
SALARIO
SALARIO
DESDE
HASTA
DIAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
28/10/1988
31/10/1988
4
0,57
$ 49.900,00
$ 967.505,56
$ 1.075,01
01/11/1988
30/11/1988
30
4,29
$ 49.900,00
$ 967.505,56
$ 8.062,55
01/12/1988
31/12/1988
31
4,43
$ 49.900,00
$ 967.505,56
$ 8.331,30
01/01/1989
31/01/1989
31
4,43
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 8.132,50
01/02/1989
28/02/1989
28
4,00
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 7.345,49
01/03/1989
31/03/1989
31
4,43
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 8.132,50
01/04/1989
30/04/1989
30
4,29
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 7.870,16
01/05/1989
31/05/1989
31
4,43
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 8.132,50
01/06/1989
30/06/1989
30
4,29
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 7.870,16
01/07/1989
31/07/1989
31
4,43
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 8.132,50
01/08/1989
31/08/1989
31
4,43
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 8.132,50
01/09/1989
30/09/1989
30
4,29
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 7.870,16
01/10/1989
31/10/1989
31
4,43
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 8.132,50
01/11/1989
30/11/1989
30
4,29
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 7.870,16
01/12/1989
31/12/1989
31
4,43
$ 62.375,00
$ 944.419,74
$ 8.132,50
01/01/1990
31/01/1990
31
4,43
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 8.001,49
01/02/1990
28/02/1990
28
4,00
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 7.227,15
01/03/1990
31/03/1990
31
4,43
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 8.001,49
01/04/1990
30/04/1990
30
4,29
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 7.743,37
01/05/1990
31/05/1990
31
4,43
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 8.001,49
01/06/1990
30/06/1990
30
4,29
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 7.743,37
01/07/1990
31/07/1990
31
4,43
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 8.001,49
01/08/1990
31/08/1990
31
4,43
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 8.001,49
01/09/1990
30/09/1990
30
4,29
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 7.743,37
01/10/1990
31/10/1990
31
4,43
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 8.001,49
01/11/1990
30/11/1990
30
4,29
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 7.743,37
01/12/1990
31/12/1990
31
4,43
$ 77.345,00
$ 929.204,99
$ 8.001,49
01/01/1991
31/01/1991
31
4,43
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.909,16
01/02/1991
28/02/1991
28
4,00
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.143,75
01/03/1991
31/03/1991
31
4,43
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.909,16
01/04/1991
30/04/1991
30
4,29
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.654,02
01/05/1991
31/05/1991
31
4,43
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.909,16
01/06/1991
30/06/1991
30
4,29
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.654,02
01/07/1991
31/07/1991
31
4,43
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.909,16
01/08/1991
31/08/1991
31
4,43
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.909,16
01/09/1991
30/09/1991
30
4,29
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.654,02
01/10/1991
31/10/1991
31
4,43
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.909,16
01/11/1991
30/11/1991
30
4,29
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.654,02
01/12/1991
31/12/1991
31
4,43
$ 101.191,00
$ 918.482,68
$ 7.909,16
01/01/1992
31/01/1992
31
4,43
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.784,90
01/02/1992
29/02/1992
29
4,14
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.282,65
01/03/1992
31/03/1992
31
4,43
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.784,90
01/04/1992
30/04/1992
30
4,29
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.533,78
01/05/1992
31/05/1992
31
4,43
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.784,90
01/06/1992
30/06/1992
30
4,29
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.533,78
01/07/1992
31/07/1992
31
4,43
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.784,90
01/08/1992
31/08/1992
31
4,43
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.784,90
01/09/1992
30/09/1992
30
4,29
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.533,78
01/10/1992
31/10/1992
31
4,43
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.784,90
01/11/1992
30/11/1992
30
4,29
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.533,78
01/12/1992
31/12/1992
31
4,43
$ 126.153,00
$ 904.053,33
$ 7.784,90
01/01/1993
31/01/1993
31
4,43
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.837,54
01/02/1993
28/02/1993
28
4,00
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.079,07
01/03/1993
31/03/1993
31
4,43
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.837,54
01/04/1993
30/04/1993
30
4,29
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.584,71
01/05/1993
31/05/1993
31
4,43
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.837,54
01/06/1993
30/06/1993
30
4,29
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.584,71
01/07/1993
31/07/1993
31
4,43
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.837,54
01/08/1993
31/08/1993
31
4,43
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.837,54
01/09/1993
30/09/1993
30
4,29
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.584,71
01/10/1993
31/10/1993
31
4,43
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.837,54
01/11/1993
30/11/1993
30
4,29
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.584,71
01/12/1993
31/12/1993
31
4,43
$ 158.953,00
$ 910.165,66
$ 7.837,54
01/01/1994
31/01/1994
31
4,43
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 8.062,96
01/02/1994
28/02/1994
28
4,00
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.282,67
01/03/1994
31/03/1994
31
4,43
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 8.062,96
01/04/1994
30/04/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/05/1994
31/05/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/06/1994
30/06/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/07/1994
31/07/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/08/1994
31/08/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/09/1994
30/09/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/10/1994
31/10/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/11/1994
30/11/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/12/1994
31/12/1994
30
4,29
$ 200.281,00
$ 936.343,86
$ 7.802,87
01/01/1995
31/01/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/02/1995
28/02/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/03/1995
31/03/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/04/1995
30/04/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/05/1995
31/05/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/06/1995
30/06/1995
28
4,00
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.430,99
01/07/1995
31/07/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/08/1995
31/08/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/09/1995
30/09/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/10/1995
31/10/1995
30
4,29
$ 375.526,00
$ 1.433.117,27
$ 11.942,64
01/11/1995
30/11/1995
30
4,29
$ 250.351,00
$ 955.412,78
$ 7.961,77
01/12/1995
31/12/1995
30
4,29
$ 317.111,00
$ 1.210.188,51
$ 10.084,90
01/01/1996
31/01/1996
30
4,29
$ 358.836,00
$ 1.146.829,34
$ 9.556,91
01/02/1996
29/02/1996
30
4,29
$ 319.458,00
$ 1.020.978,41
$ 8.508,15
01/03/1996
31/03/1996
30
4,29
$ 347.571,00
$ 1.110.826,73
$ 9.256,89
01/04/1996
30/04/1996
30
4,29
$ 306.680,00
$ 980.140,29
$ 8.167,84
01/05/1996
31/05/1996
30
4,29
$ 365.565,00
$ 1.168.335,03
$ 9.736,13
01/06/1996
14/06/1996
14
2,00
$ 188.429,00
$ 602.213,56
$ 2.341,94
01/07/1996
31/07/1996
18
2,57
$ 90.003,00
$ 287.646,95
$ 1.438,23
01/08/1996
31/08/1996
29
4,14
$ 142.126,00
$ 454.230,53
$ 3.659,08
01/09/1996
30/09/1996
30
4,29
$ 142.126,00
$ 454.230,53
$ 3.785,25
01/10/1996
31/10/1996
$ -
$ -
01/12/1996
31/12/1996
$ -
$ -
01/01/1997
31/01/1997
29
4,14
$ 114.670,00
$ 301.467,65
$ 2.428,49
01/02/1997
28/02/1997
29
4,14
$ 172.005,00
$ 452.201,47
$ 3.642,73
01/03/1997
31/03/1997
29
4,14
$ 172.005,00
$ 452.201,47
$ 3.642,73
01/04/1997
30/04/1997
29
4,14
$ 57.350,00
$ 150.773,26
$ 1.214,56
01/05/1997
31/05/1997
30
4,29
$ 364.000,00
$ 956.956,69
$ 7.974,64
01/06/1997
30/06/1997
30
4,29
$ 364.000,00
$ 956.956,69
$ 7.974,64
01/07/1997
31/07/1997
30
4,29
$ 364.000,00
$ 956.956,69
$ 7.974,64
01/08/1997
31/08/1997
20
2,86
$ 243.000,00
$ 638.847,46
$ 3.549,15
01/09/1997
30/09/1997
$ -
$ -
01/04/2001
30/04/2001
$ -
$ -
01/05/2001
31/05/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 461.354,29
$ 3.844,62
01/06/2001
30/06/2001
$ -
$ -
01/07/2001
31/07/2001
$ -
$ -
01/08/2001
31/08/2001
16
2,29
$ 286.000,00
$ 461.354,29
$ 2.050,46
01/09/2001
30/09/2001
$ -
$ -
01/10/2001
31/10/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 461.354,29
$ 3.844,62
01/11/2001
30/11/2001
$ -
$ -
01/01/2002
31/01/2002
$ -
$ -
01/02/2002
28/02/2002
18
2,57
$ 378.000,00
$ 566.431,95
$ 2.832,16
01/03/2002
31/03/2002
3
0,43
$ 63.000,00
$ 94.405,32
$ 78,67
01/04/2002
30/04/2002
$ -
$ -
01/03/2003
31/03/2003
$ -
$ -
01/04/2003
30/04/2003
7
1,00
$ 186.667,00
$ 261.476,15
$ 508,43
01/05/2003
31/05/2003
30
4,29
$ 664.000,00
$ 930.106,36
$ 7.750,89
01/06/2003
30/06/2003
30
4,29
$ 664.000,00
$ 930.106,36
$ 7.750,89
01/07/2003
31/07/2003
30
4,29
$ 664.000,00
$ 930.106,36
$ 7.750,89
01/08/2003
31/08/2003
30
4,29
$ 664.000,00
$ 930.106,36
$ 7.750,89
01/09/2003
30/09/2003
$ -
$ -
01/06/2004
30/06/2004
$ -
$ -
01/07/2004
31/07/2004
30
4,29
$ 473.940,00
$ 623.346,75
$ 5.194,56
01/08/2004
31/08/2004
30
4,29
$ 716.000,00
$ 941.714,72
$ 7.847,62
01/09/2004
30/09/2004
30
4,29
$ 480.000,00
$ 631.317,13
$ 5.260,98
01/10/2004
31/10/2004
$ -
$ -
01/11/2004
30/11/2004
$ -
$ -
01/12/2004
31/12/2004
30
4,29
$ 358.000,00
$ 470.857,36
$ 3.923,81
01/01/2005
31/01/2005
$ -
$ -
01/02/2005
28/02/2005
30
4,29
$ 381.500,00
$ 475.597,43
$ 3.963,31
01/03/2005
31/03/2005
$ -
$ -
01/04/2005
30/04/2005
30
4,29
$ 381.500,00
$ 475.597,43
$ 3.963,31
01/05/2005
31/05/2005
30
4,29
$ 381.500,00
$ 475.597,43
$ 3.963,31
01/06/2005
30/06/2005
$ -
$ -
01/07/2005
31/07/2005
$ -
$ -
01/08/2005
31/08/2005
30
4,29
$ 381.500,00
$ 475.597,43
$ 3.963,31
01/09/2005
30/09/2005
30
4,29
$ 381.500,00
$ 475.597,43
$ 3.963,31
01/10/2005
31/10/2005
30
4,29
$ 381.500,00
$ 475.597,43
$ 3.963,31
TOTAL
3.600
514,29
$ 864.520,53
Ahora, para calcular el retroactivo pensional adeudado es preciso señalar que no es procedente declarar la excepción de prescripción que alegó la accionada, pues se advierte que la actora causó su derecho pensional el 9 de abril de 2009 y la demanda inicial se presentó el 25 de noviembre de 2011 (f.º 1), de modo que es evidente que no se superó el término trienal establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Asimismo, en atención a que la prestación pensional se adquirió antes del 31 de julio de 2011 y en suma inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, la demandante tiene derecho a 14 mesadas anuales, conforme lo previsto en el parágrafo transitorio 6.º del Acto Legislativo 01 de 2005.
Por tanto, por concepto de retroactivo pensional causado a la fecha de esta sentencia, la entidad de seguridad social adeuda a la actora la suma de $133.480.397,04, sin perjuicio de lo que se cause hasta el cumplimiento efectivo de la obligación, según se explica en el siguiente cuadro:
En cuanto a los intereses moratorios, la accionada no cuestionó su imposición, de modo que estos quedan incólumes. Al respecto, es preciso manifestar, como ya se explicó, que en este asunto no procede el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, pues la Ley 1149 de 2007, cuyo precepto 14 modificó el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, entró en vigencia el 1.º de enero de 2012 para el distrito judicial de Medellín, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9006 de 15 de diciembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura. En todo caso, la Sala reitera que dichos intereses fueron ordenados en la decisión de primer grado hasta que la entidad de seguridad social realizara el pago efectivo de la obligación.
Y en virtud de lo previsto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la entidad demandada deberá deducir del valor del retroactivo pensional los aportes pertinentes al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliada la actora.
Por otra parte, la Corporación autorizará a Colpensiones a que descuente de las condenas aquí impartidas los valores que haya pagado a la actora por concepto de la pensión de vejez que le reconoció a través de Resolución GNR3535 de 6 de enero de 2017.
Por último, en cuanto a la imposibilidad de condenar en costas a la accionada por haber actuado de buena fe, es oportuno destacar que el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable al trámite laboral por autorización normativa del artículo 145 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consagra esta carga o imposición a la parte vencida en el juicio, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
En esa perspectiva, las costas deben entenderse como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida judicialmente, que en este caso es Colpensiones, de modo que no es procedente acudir al postulado de la buena fe para su exoneración, pues la fijación de las costas está sustentada en criterios legales y objetivos.
En consecuencia, no se modificarán las costas impuestas a la accionada en primera instancia y a su cargo también estarán las de la alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de instancia,
RESUELVE:
PRIMERO: Modificar el numeral primero de la decisión que la Jueza Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín profirió el 23 de marzo de 2012, en el sentido que a la accionante se le debe reconocer la pensión de jubilación por aportes conforme a la Ley 71 de 1988, a partir del 10 de abril de 2009, en cuantía inicial de $648.390,40 con los ajustes legales anuales y catorce mesadas al año. Para el 2021, el valor de la mesada pensional asciende a $979.913,89, y el retroactivo causado al 30 de abril de 2021 asciende a $133.480.397,04, sin perjuicio de lo que se cause hasta el cumplimiento efectivo de la obligación.
SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
TERCERO: Colpensiones deberá deducir del valor del retroactivo pensional los aportes pertinentes al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliada la actora, conforme lo previsto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994.
CUARTO: Autorizar a Colpensiones para que descuente de las condenas aquí impartidas los valores que haya pagado a la actora por concepto de la pensión de vejez que le reconoció a través de Resolución GNR3535 de 6 de enero de 2017.
QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
ACLARA VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
ACLARA VOTO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
ACLARACIÓN DE VOTO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
Radicación n.° 66498
Ref: GABRIELA HINCAPIÉ AGUDELO contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES.
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión de casar la sentencia acusada, así como con el fallo de instancia adoptado en el presente asunto, debo aclarar mi voto en cuanto toca con el argumento expuesto por la mayoría, y que se contrae a que, en palabras de la providencia:
«A efecto de liquidar el ingreso base de liquidación, la Sala no tendrá en cuenta los aportes cotizados con posterioridad al 9 de abril de 2009, pues el anterior criterio jurisprudencial también aplica en el caso de las prestaciones que se reconozca conforme a la Ley 71 de 1988, así la Corte lo haya elaborado respecto al Acuerdo 049 de 1990. De modo que al reunir la actora hasta esa fecha 1080 semanas de cotización y causar el derecho 10 años después de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, la Sala lo calculará con los salarios cotizados en los 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos pensionales, conforme con lo previsto en el artículo 21 ibidem».
Lo dicho, por cuanto el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido lo relativo al IBL. ¿Y cuál es ese IBL de la citada Ley 100 de 1993 que se debería utilizar?, he aquí el motivo de mi aclaración.
La Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición protege solo la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y el monto consagrado en el régimen anterior; asimismo, ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso base que determina la cuantía de la pensión.
En lo que interesa al presente escrito, dispone la norma en comento:
&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
En cuanto a la interpretación y alcance del IBL, aunque ha habido un entendimiento de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, es donde reside el núcleo central de mi aclaración, pues, esa lectura no es afortunada y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995).
Así las cosas, aceptando el hecho de que el mentado artículo 36 reguló íntegramente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la consecuencia que se deriva es que habían tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos con el momento de la pensión: i) a quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) a quienes les faltaban menos de diez años; y iii) a quienes teniendo derecho a la transición, les faltaban más de diez años.
Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del precepto legal y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.
La lectura que propongo a la problemática planteada, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone un cambio abrupto de sistema, y que se preserven las condiciones más favorables del régimen anterior.
Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, expresó en sentencia C-168-1995 que:
En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (Subrayas propias).
Así pues, la solución que más se aviene con lo hasta ahora dicho, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron luego de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:
i) para el grupo de los que les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;
ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» está hablando, precisamente, del tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;
iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho.
Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en síntesis, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.
Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general, por lo que, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad que rigen el derecho del trabajo, si a ello hubiere lugar.
Por tanto, en el caso sub examine no procedía calcular el IBL con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicado n.° 66498
REFERENCIA: GABRIELA HINCAPIÉ AGUDELO vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito aclarar el voto pues considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.
No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.
Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.
Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.
Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.
La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:
Derecho de opción
La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación
La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.
Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:
Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.
Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.
Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.
Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.
En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».
Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.
Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.
Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.
-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.
Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.
Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.
Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.
A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.
En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.
Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.
Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.
Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.
De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.
La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos
Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).
Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.
No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.
Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.
Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.
Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.
3. Conclusión
A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.
Conforme a lo anterior, aclaro mi voto.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA