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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2813-2020

Fecha
1 de julio de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2813-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. RESUELVE PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora. SEGUNDO: INVALIDAR el fallo condenatorio proferido por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 17 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN. Con lo anterior, desaparece del mundo jurídico. TERCERO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas, por las razones esgrimidas en la parte motiva de la providencia. CUARTO: ORDENAR, para mejor proveer, que por Secretaría de la Sala Laboral de esta Corporación se oficie a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP-, para que, en el término de 5 días contados a partir del recibo del oficio, remita la historia laboral en la cual se discrimine mes a mes las cotizaciones por pensiones realizadas por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.295.866 de Medellín, a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL- CAJANAL-, durante toda la vida laboral. Una vez se obtenga la documental requerida, la Secretaría de la Sala la pondrá a disposición de las partes por el término de 3 días, contados a partir de su recibo, para que se pronuncien al respecto. Cumplido lo anterior, vuelva el expediente al Despacho para proferir la sentencia de reemplazo. Sin lugar a costas en sede de revisión, dada la prosperidad de la acción.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2813-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

1 de julio de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2813-2020

Radicación n.°51693

Acta 23

Bogotá, D. C., uno (01) de julio de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte la acción extraordinaria de revisión promovida por LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN.

ANTECEDENTES

La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en las causales señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende:

1.1. Revocar la sentencia de 17 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, la que quedó ejecutoriada el 21 de septiembre de 2007, en el proceso ordinario laboral promovido por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS contra la Caja Nacional de Previsión Social-CAJANAL E.I.C.E. hoy en liquidación.

1.2. Declarar que existe falta de jurisdicción del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín para conocer y decidir de fondo el proceso instaurado por el señor DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS contra la Caja Nacional de Previsión Social-CAJANAL E.I.C.E. hoy en liquidación, por cuanto la controversia planteada gira en torno al derecho pensional de un empleado público, con fundamento en normatividad anterior a la ley 100 de 1993.

1.3 Declarar que al señor DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación se pague sobre la base de un 81%, sino con el 75% de la asignación más elevada devengada durante el último año de servicios, ya que el 6% adicional por alto riesgo reconocido en vía judicial, no se encuentra previsto para incrementar la liquidación de la prestación sino como una cotización especial efectuada por el empleador con la finalidad de disminuir la edad para el reconocimiento pensional.

1.4. Declarar que al señor DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS no le asistía el derecho a que por concepto de indexación se le pagara la suma de $179’912.015, pues el cálculo de tal cifra se realizó de manera desacertada por el Juzgado Tercero Laboral de Medellín, en tanto tomó como valor de la pensión $5.792.150,00, cuando CAJANAL había procedido a una nueva liquidación que arrojaba una cuantía de $7.056.523.83.

1.5. Condenar al señor DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS a reintegrar a CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, los valores cancelados por concepto de la reliquidación de su pensión de jubilación, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia de 17 de septiembre de 2007.”

Para dar respaldo a las anteriores súplicas exhibió como fundamentos fácticos los siguientes: que Cajanal, al dar cumplimiento de una acción de tutela, mediante Resolución No. 23594 de 10 de noviembre de 2004, reconoció a Dairo de Jesús Rojas Cárdenas, una pensión de jubilación, pero sin la inclusión de la prima de riesgo, la que no se acreditó haber recibido en el último año de servicios; que Dairo de Jesús Rojas Cárdenas, solicitó la reliquidación de la prestación, la cual le fue negada; que promovió proceso ordinario cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, «reclamando la inclusión en la base de la asignación más elevada durante el último año de servicios, de lo devengado por concepto de gastos de representación y la bonificación por gestión judicial, tomando un 10% adicional por aplicación del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, más un 6% correspondiente por alto riesgo»; que dicho juzgado condenó a Cajanal «a la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al señor ROJAS CÁRDENAS, para que tenga en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a su retiro del servicio, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, aplicando un 81% sobre ellos, que incluye el “6% adicional por alto riesgo”. Respecto al 10% adicional que se reclamaba, estimó que resultaba improcedente, en tanto se tomaba en su integridad el régimen pensional de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, el que no puede involucrarse con el previsto en la Ley 100 de 1993, pues ello iría en contravía del principio de inescindibilidad la ley»; que Cajanal dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución No. 0024 del 17 de septiembre de 2009, «reliquidando la pensión de jubilación reconocida y elevando la cuantía a $11.568.458, efectiva a partir del 1º de septiembre de 2007».

Sostiene que la revisión debe prosperar por lo siguiente:

1. El reconocimiento pensional se obtuvo con violación al debido proceso

Aduce que existía falta de jurisdicción del Juzgado Tercero Laboral de Medellín por cuanto durante toda la trayectoria del señor Dairo de Jesús Rojas Cárdenas se desempeñó como empleado público al servicio de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación y, además, en el proceso cuya sentencia se funda la acción se solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida por «CAJANAL, teniendo en cuenta que se encontraba cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de1993, por lo que debía aplicarse en su integridad el Decreto 546 de 1971, lo que implica que no se trata de un asunto relativo al sistema de seguridad social integral». Se apoya en las sentencias CC C-1027/2002 y CSJ SL, del 25 de nov. 2006, rad. 25425.

Afirma que como quiera que se trata de un debate de carácter laboral (reliquidación pensional) y al no derivar la vinculación del servidor de un contrato de trabajo, el asunto debía ser de conocimiento de los Tribunales o Juzgados Administrativos, dependiendo la cuantía del proceso.

2. La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo con la ley

Asevera que si bien el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994, dispone «que en tratándose de las actividades de alto riesgo, el monto de las cotizaciones para pensiones debe adicionarse en un 6%, en el caso de la Rama Judicial y el Ministerio Público, en manera alguna puede afirmarse que ese porcentaje debe incrementar la base de liquidación de la prestación, pues es evidente que ello no corresponde al sentido literal de preceptiva, tanto que su propio encabezado dice “MONTO DE LAS COTIZACIONES”».

Explica que el empleador cumplió con la obligación prevista en la disposición citada, «pero ello no implica que tal porcentaje adicional pasa a integrar la base de liquidación de la pensión, de forma que deba sumarse al 75% previsto en el Régimen Especial de los Empleados y Funcionarios de la Rama Judicial».

3. Se realizó un cálculo errado del monto a pagar por parte de CAJANAL

En la última modificación a la pensión del señor Rojas Cárdenas que se produjo mediante la expedición de la Resolución No. 6349 de 26 de julio de 2006, se reliquidó la prestación incrementando la cuantía a $7.056.523,83, a partir del 1º de noviembre de 2004. Sin embargo, desacertadamente el cálculo de las sumas adeudadas se hizo sobre la base de la mesada de $5.792.150, la que había sido reconocida por la Resolución No. 9162 de 28 de febrero de 2006, modificada por la Resolución No. 6349 de 2006.

Agrega que, en vez de tener en cuenta la nueva cuantía de $7.056.523,83, el Juzgado Tercero Laboral de Medellín realizó las operaciones sobre una mesada de $5.792.150, en detrimento de los intereses patrimoniales de CAJANAL, pues venía pagándole una pensión superior, empero no se valoró el incremento decretado envía gubernativa.

Dairo de Jesús Rojas Cárdenas, se opuso a la prosperidad de las súplicas, en esencia; porque: (i) Cajanal «al dar respuesta a la demanda, entre otros aspectos, propuso como excepción la falta de jurisdicción y competencia (…) la que fue resuelta de manera negativa, el 16 de febrero de 2007,en la audiencia […] al decir que “[…] Sobre la excepción previa de falta de competencia propuesta por el apoderado de la parte accionada el despacho considera que en reiteradas oportunidades el Consejo Superior de la Judicatura al resolver sobre asuntos similares ha dicho que la Jurisdicción del Trabajo es la encargada de dilucidar las controversias que se generen al respecto del Régimen de Seguridad Social […]” decisión que fue notificada en debida forma en estrados a quienes concurrieron a la diligencia y por estados a los demás sujetos procesales, sin que se hubiera recurrido», por lo que el proceso se tramitó «con estricto ceñimiento al debido proceso. La violación al debido proceso está ausente, y menos resulta groseramente evidente o plenamente manifiesto»; (ii) es infundada la pretensión de la accionante al desconocer los derechos económicos derivados de los artículos 6º y 7º del Decreto 546 de 1971 y, en gracia de discusión, «si la inconformidad de la demandante radica en el reconocimiento del 6% adicional por alto riesgo, que en la vía constitucional le fue reconocida de manera transitoria […] y de manera definitiva en el proceso ordinario laboral, ese porcentaje del 6% adicional, no es significativo ni protuberante frente al monto total a que tiene derecho […] por concepto de su pensión de jubilación como para tener la virtud de conllevar a dejar sin validez la sentencia revisada. Es de aclarar que, frente a los demás conceptos reconocidos, tales como el último salario más alto devengado como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín y el incremento de los factores salariales, no hay discusión a nivel legal ni jurisprudencial».

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Antes que otra cosa, importa destacar que el legislador previó la acción de revisión como un mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada, entre otras causales, cuando el erario se viera afectado por una decisión judicial o administrativa en la que se hubiere dispuesto el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, todo ello a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la vez proteger el bien común (CSJ SL351-2018).

Para determinar si le asiste razón a la accionante es preciso advertir que los siguientes soportes fácticos están incólumes: (i) que Cajanal, al dar cumplimiento de una acción de tutela, mediante Resolución No. 23594 de 10 de noviembre de 2004, reconoció a Dairo de Jesús Rojas Cárdenas, una pensión de jubilación, pero sin la inclusión de la prima de riesgo, la que no se acreditó haber recibido en el último año de servicios; (ii) que Dairo de Jesús Rojas Cárdenas, solicitó la reliquidación de la prestación, la cual le fue negada; (iii) que promovió proceso ordinario cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, «reclamando la inclusión en la base de la asignación más elevada durante el último año de servicios, de lo devengado por concepto de gastos de representación y la bonificación por gestión judicial, tomando un 10% adicional por aplicación del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, más un 6% correspondiente por alto riesgo»; (iv) que dicho juzgado condenó a Cajanal «a la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al señor ROJAS CÁRDENAS, para que tenga en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a su retiro del servicio, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, aplicando un 81% sobre ellos, que incluye el “6% adicional por alto riesgo”. Respecto al 10% adicional que se reclamaba, estimó que resultaba improcedente, en tanto se tomaba en su integridad el régimen pensional de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, el que no puede involucrarse con el previsto en la Ley 100 de 1993, pues ello iría en contravía del principio de inescindibilidad la ley»; (v) que Cajanal dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución No. 0024 del 17 de septiembre de 2009, «reliquidando la pensión de jubilación reconocida y elevando la cuantía a $11.568.458, efectiva a partir del 1º de septiembre de 2007».

Teniendo en consideración el esquema presentado, se tiene lo siguiente:

1. El reconocimiento pensional se obtuvo con violación al debido proceso- falta de jurisdicción

Para dar respuesta a este punto basta acudir a la sentencia CSJ SL288-2018, en la que Sala explicó con profusión que en los eventos en que se pretende la reliquidación de una pensión reconocida con fundamento en el régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como la aquí reconocida, por tratarse de un conflicto propio del sistema general de seguridad social integral le corresponde su definición a la jurisdicción ordinaria laboral.

Así razonó:

[…] frente al reproche jurídico planteado, cabe indicar que aunque para esta Corte y para el Consejo de Estado, la condición de empleado público o trabajador oficial, tuvo importancia en la medida en que determinó el régimen del que parcialmente se benefician en elementos como la edad, el tiempo de servicios o densidad de cotizaciones, y la tasa de reemplazo de la pensión, en las condiciones en que lo prevé el régimen de transición del Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, lo cierto es que en la actualidad, tal controversia está zanjada en tanto es la jurisdicción ordinaria la que tiene asignado su conocimiento.

Aun cuando es cierto que el conocimiento de los conflictos de todo orden en que se veían involucrados empleados públicos, incluidos los propiamente pensionales y los derivados de la enfermedad, invalidez y muerte, ha correspondido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, regla en la que es indudable la prevalencia de la naturaleza del vínculo como factor de competencia exclusivo y último, pues es la que conoce de los procesos de restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, lo cierto es que con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó el denominado «sistema de seguridad social integral» entendido como el conjunto armónico de instituciones, normas y procedimientos, conformado por los sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios consagrados en dicha ley, con el propósito, entre otros, de unificar las instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, y de esta forma poner punto final o por lo menos atenuar la dispersión de regímenes y de entes administradores, estos fueron asignados a la jurisdicción ordinaria.

A partir de este momento, se avanzó significativamente en el establecimiento de un sistema único sin importar la clase de vínculo que atara al servidor con su empleador, tanto que incluso contempló la posibilidad de afiliación de trabajadores independientes o contratistas autónomos, aunque lógicamente se mantuvieron diversos regímenes (el contributivo y el subsidiado; el de prima media y el de ahorro individual, así como los de transición en materia de pensiones) y algunos sectores, sobre todo de servidores oficiales, quedaron expresamente excluidos del nuevo sistema.

Con este proceso de unificación sustantiva, se implementó un proceso de unidad de jurisdicción con el fin primordial de que el conocimiento de las controversias derivadas de la aplicación sistema se asignara a una sola jurisdicción con base en la materia propiamente dicha y no en la naturaleza del vínculo. Es así como, inicialmente se expidió la Ley 362 de 1997, –que ya no está vigente- cuyo artículo primero dispuso que la jurisdicción del trabajo estaba instituida para conocer «de las diferencias que surjan entre las entidades públicas y privadas, del régimen de seguridad social integral y sus afiliados», con lo cual se pretendió materializar el propósito unificador de que antes se habló bajo la idea de que el nuevo sistema iba a operar de manera perfecta, y que las prestaciones siempre iban a estar a cargo de un ente de seguridad social, como lo entendió la jurisprudencia, de suerte que en las controversias que surgieran siempre iba a estar en uno de los extremos de la disputa un ente de la seguridad social.

Luego la Ley 712 de 2001, profundizó el proceso de unidad jurisdiccional antes referido, en cuyo artículo 2º se previó que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de «4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.», y varió el nombre asignado a la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria y al código de la materia, al determinar que se denominaría «del Trabajo y de la Seguridad Social», agregado que no puede entenderse como un simple recurso ornamental o retórico sin ninguna incidencia práctica, sino con enorme repercusión en la concepción y contenido de esta rama especializada, ya no circunscrita a los conflictos derivados del contrato de trabajo y materias conexas sino a los que tengan que ver con esa nuevo sector del quehacer jurídico que se ha dado en llamar la seguridad social.

La anterior apreciación es reafirmada por el contenido del numeral 4º, donde se le asigna la competencia para conocer de los conflictos referentes al sistema de la seguridad social integral cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, donde fácilmente se advierte, que el énfasis para la determinación de la competencia ya no se hace en el elemento subjetivo, es decir la calidad de los intervinientes en el proceso ( la entidad de seguridad social y sus afiliados), como lo preceptuaba la disposición anterior, sino en la materia objeto de la disputa, cualquiera sea la naturaleza del hecho o acto o los sujetos involucrados, sin que sea determinante el que haya o no afiliación al sistema.

Ahora bien, por sistema de seguridad social integral debe entenderse el comprendido en la Ley 100 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen, por consiguiente cualquier conflicto en que se persigan prestaciones o derechos contemplados en tales disposiciones, corresponde conocerlas sin ninguna duda a la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, sin que importe que la misma deba ser asumida por el empleador oficial directamente, pues el elemento definitivo para determinar la competencia es la prestación pretendida y no el carácter del sujeto obligado, como se deduce no solo del texto literal de la norma que se viene examinando, sino de la teleología de la misma, que no es otra que atribuir a una sola rama de la jurisdicción el conocimiento de las controversias en este campo, con el fin de que se alcance el objetivo de unidad jurisprudencial y no que diversas jurisdicciones puedan pronunciarse sobre unas mismas prestaciones, corriendo el riesgo de que se produzcan doctrinas contrapuestas, situación que el legislador quiso evitar.

Por lo tanto, si el derecho al que aquí se aspira es a la reliquidación de la pensión adquirida, que fue otorgada en régimen de transición, conforme el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es evidente que se trata de un conflicto inherente a la seguridad social integral, cuyo conocimiento por lo mismo corresponde a esta jurisdicción, sin que la situación varíe por el hecho de que la prestación resulte finalmente a cargo de CAJANAL, porque tal competencia se adquiere sin que importe la naturaleza de la relación jurídica, de los actos jurídicos que se discutan o del sujeto que quede obligado.

Sean las anteriores razones suficientes para descartar la prosperidad de la acusación en el sentido estudiado.

2. La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo con la ley

Sostuvo el Juez Tercero Laboral del Circuito de Medellín: «[…] conforme a la última certificación aportada por el demandante y emitida por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Medellín (folios 17), y a la expedida por la Fiscalía general de la Nación (folios 19) donde certifica el aporte del 6% adicional se tiene que el salario más elevado devengado para el año 2003 y 2004, más las doceavas partes de las sumas percibidas que constituyen salario, dan lugar a la suma de $12.357.666,oo X 81%=10.009.709.00, incluyendo el 6% adicional por alto riesgo, este último valor corresponde al monto que debió haber reconocido CAJANAL por concepto de pensión de jubilación para el año 2004, monto que es superior a lo liquidado por la entidad accionada, y que deberá pagarse al señor DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS, a partir del 1º de noviembre de 2004, cuando se desvinculó del servicio».

Pues bien, para dar respuesta al planteamiento de la accionante se impone advertir que las figuras de tasa de reemplazo, ingreso base de liquidación (IBL) y monto de la cotización, son diferentes.

Efectivamente, ha dicho esta Corte que referente a la cuantificación del derecho económico, (contenido económico de la prestación), se establece en algunas ocasiones un parámetro y una variable y, en otras, dos variables, a decir, el monto de la pensión o tasa de reemplazo, y la base de liquidación o, expresado en términos técnicos actuales, el Ingreso Base de Liquidación –IBL.

Por modo, que el monto, como parámetro, es simplemente un factor único establecido en la ley. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos en transición la ley predetermina un monto del 75% para todos los casos de origen legal. A su vez, el monto como variable, implica la posibilidad de su integración a partir de otro dato conocido, como puede ser el número de semanas de cotización. A guisa de ilustración, el monto variable de las pensiones del antiguo Instituto de Seguros Sociales, donde se fija un monto mínimo de pensión del 45% y se aumenta a razón del 3% por cada cincuenta semanas de cotización, adicionales a las primeras quinientas.

Tocante a la base de liquidación o ingreso base de liquidación- IBL-, técnicamente se le tiene como variable porque depende de los ingresos del afiliado durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, conforme lo estatuyen los artículos 21 y 36, inciso 3° de la Ley 100 de 1993.

Recapitulando: mientras el ingreso base de liquidación corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión se entiende como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada.

En lo atinente a la pensión establecida en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, que es la que efectivamente se le otorgó al accionado por ser beneficiario del régimen de transición, es palmario que la tasa de reemplazo es única, será siempre la misma, esto es, 75% del ingreso base de liquidación, sin importar el número de años laborados, es decir, si laboró 30 años, el porcentaje es de 75, si laboró más de 30 años, también es de 75. Dicho en breve, en esta prestación no hay posibilidades de un monto variable.

Por ejemplo, en la pensión de vejez del régimen general sí existe la posibilidad de un incremento por cada 50 semanas de cotización adicionales a las 1000 obligatorias hasta las 1200, en un 2%, y 3% adicional por cada 50 semanas calculadas entre las 1200 y las 1400, sin que el monto exceda del 85% del ingreso base de liquidación. Pero, se insiste, en lo atinente a la pensión del Decreto 546 de 1971, no es dable dicho incremento.

El otro tema a dilucidar es el atinente a la cotización, la cual es una de las obligaciones que emanan de la pertenencia al sistema de seguridad social, que deriva, justamente, de la afiliación. La cotización es una obligación eventual que nace bajo un determinado supuesto, como lo es la ejecución de una actividad en el mundo del trabajo o el despliegue de una actividad económica (sentencia CSJ SL, del 9 de sep. 2009, rad. 35211).

En el asunto bajo escrutinio el monto de la cotización está consagrado en las siguientes disposiciones, dada la actividad de alto riesgo que ejecutó el accionado:

Artículo 2º del Decreto 1835 de 1994:

[…] Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

[…]

2. En la Rama Judicial.

Funcionarios de la jurisdicción penal:

Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II.

Artículo 12 ibídem:

Artículo 12. Monto de las cotizaciones. El monto de la cotización para las actividades de alto riesgo de que trata este Decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones por la Ley 100 de 1993 más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras de que trata este Decreto.

Lo cierto, empero, como se explicó, la naturaleza jurídica del monto de la pensión (tasa de reemplazo) difiere de la del monto de la cotización, y si bien gozan de estrechas vinculaciones y recíprocas influencias, sin hesitación ninguna, no es dable confundirlos, toda vez que están llamados a producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del derecho, en la esfera de la seguridad social.

Ahora bien, una cosa debe quedar clara: los puntos porcentuales adicionales de cotización, artículo 12 Decreto 1835 de 1994, tienen como objetivo que financieramente el sistema pensional no se vea amenazado, precisamente por la actividad de alto riesgo que se desarrolla y que generan disminución de expectativa de vida saludable, mas no tiene como fin modificar e incrementar la tasa de reemplazo; el monto de la cotización, no está vinculado o afecta al monto o porcentaje de la prestación, como, equivocadamente, lo entendió el juzgador.

A la vista ha quedado, como corolario, que el fallador se equivocó al ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación oficial del Decreto 546 de 1971, teniendo como báculo una tasa de reemplazo de 81% del ingreso base de liquidación, pues al 75% que estatuye esta normativa le agregó un 6% correspondiente a la cotización adicional que establece el mencionado artículo 12 del Decreto1835 de 1994.

Puestas en esa dimensión las cosas, se invalidará la sentencia proferida por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 17 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN. Con lo anterior, desaparece del mundo jurídico.

No se dispondrá la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar a la accionada una conducta desprovista de la buena fe, dado que la reliquidación de la pensión fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, que además fue producto del ejercicio legítimo de una acción sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude (sentencia SL3276-2018).

Aquí y ahora, menester resulta recordar que el artículo 34 de la Ley 712 de 2001, aplicable a este caso, por permitirlo el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituye que si «se encontrare fundada la causal invocada se invalidará la sentencia y se dictará la que en derecho corresponda».

La Corte destaca que la pensión que CAJANAL le reconoció a DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS fue en cumplimiento de una acción de tutela, concedida de manera provisional, mediante la cual se dispuso que la prestación se calculara «teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio y las doceavas partes de las primas devengadas, la prima de alto riesgo por haber cotizado un aporte del 6% adicional al Fondo de pensiones de CAJANAL, de conformidad con el artículo 2º, inciso 2º del Decreto 1835 de 1994».

En ese horizonte, y en aras de proferir la sentencia de reemplazo, para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría de la Sala Laboral de esta Corporación se oficie a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP-, para que, en el término de 5 días contados a partir del recibo del oficio, remita la historia laboral en la cual se discrimine mes a mes las cotizaciones por pensiones realizadas por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.295.866 de Medellín, a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL- CAJANAL-, durante toda la vida laboral.

Una vez se obtenga la documental requerida, la Secretaría de la Sala la pondrá a disposición de las partes por el término de 3 días, contados a partir de su recibo, para que se pronuncien al respecto.

Cumplido lo anterior, vuelva el expediente al Despacho para proferir la sentencia de reemplazo.

Sin lugar a costas en sede de revisión, dada la prosperidad de la acción.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora.

SEGUNDO: INVALIDAR el fallo condenatorio proferido por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 17 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN. Con lo anterior, desaparece del mundo jurídico.

TERCERO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas, por las razones esgrimidas en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: ORDENAR, para mejor proveer, que por Secretaría de la Sala Laboral de esta Corporación se oficie a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP-, para que, en el término de 5 días contados a partir del recibo del oficio, remita la historia laboral en la cual se discrimine mes a mes las cotizaciones por pensiones realizadas por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.295.866 de Medellín, a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL- CAJANAL-, durante toda la vida laboral.

Una vez se obtenga la documental requerida, la Secretaría de la Sala la pondrá a disposición de las partes por el término de 3 días, contados a partir de su recibo, para que se pronuncien al respecto.

Cumplido lo anterior, vuelva el expediente al Despacho para proferir la sentencia de reemplazo.

Sin lugar a costas en sede de revisión, dada la prosperidad de la acción.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

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IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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