Ficha de la providencia
Sentencia SL2574-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2574-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2574-2021
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
12 de mayo de 2021
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2574-2021
Radicación n.° 51693
Acta 17
Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
Procede la Corte a proferir la sentencia de reemplazo, dentro de la acción de revisión que promovió la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO contra DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS, la cual fue decidida en la providencia CSJ SL2813-2020 y donde se dispuso «INVALIDAR el fallo condenatorio proferido por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 17 de noviembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral […]» que el citado convocado instauró en contra de la extinta Caja Nacional de Previsión Social.
ANTECEDENTES
Esta Sala, mediante sentencia CSJ SL2813-2020, invalidó aquella decisión judicial que resolvió la reliquidación de la pensión del señor Dairo de Jesús Rojas Cárdenas al considerar que «el fallador se equivocó al ordenar la reliquidación de la pensión oficial del Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta como báculo una tasa de reemplazo del 81% del ingreso base de liquidación, pues al 75% que estatuye esta normativa le agregó un 6% correspondiente a cotización adicional que establece el mencionado artículo 12 del Decreto 1835 de 1994».
Para mejor proveer, se ofició a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de que procediera al envío de la historia laboral donde se discriminara mes a mes las cotizaciones situadas a nombre del señor Dairo de Jesús Rojas Cárdenas.
Allegada la documental requerida, fue puesta en conocimiento de las partes, para quienes no mereció reparo. Se procede entonces a resolver aquellas peticiones que se incoaron por el demandante ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
En el presente asunto, las pretensiones planteadas se contraen a determinar si al demandante le asiste la vocación de obtener la reliquidación de su pensión de jubilación «en cuantía equivalente a $11.177.128,79, efectiva a partir del 1º de noviembre de 2004, reajustada con los gastos de representación en cuantía de $2,771,140 y la Bonificación por Gestión Judicial por un monto de $2.753.263, incluyendo el 10% más sobre el 75% por aplicación del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, por principio de favorabilidad según los artículos 53, 57 y 58 de la Constitución Nacional [sic], y el 6% de acuerdo con el artículo 2, inciso 2 del Decreto 1835 de 1994, correspondiente al Alto Riesgo y no la suma de $5.792.150,33 como le fue reconocida en la Resolución 09162 del 23 de febrero de 2006».
Ahora bien, de las pruebas incorporadas puede afirmarse que no se encuentra sometido a discusión que: (i) el demandante tiene la calidad de pensionado de la extinta Caja Nacional de Previsión Social hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social; (ii) es beneficiario del régimen de transición expuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (iii) el reconocimiento de su pensión de vejez lo fue con estribo en el Decreto 546 de 1971;(iv) el último cargo desempeñado fue el de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, y (v) por sentencia de tutela – y su adición- adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, se dispuso la reliquidación de su pensión de vejez teniendo como ingreso base de liquidación lo devengado durante el último año de servicios, las doceavas partes de las primas devengadas y la prima de alto riesgo, si los hubiere devengado (f. s 54 a 63).
i) Aumento del porcentaje equivalente al 6% de cara a lo narrado en el Decreto 1835 de 1994 y en razón del número de semanas cotizadas
Sobre la petición relativa al aumento del monto a aplicarse al ingreso base de liquidación, entendido como el incremento del 6% a ese 75% concebido en el Decreto 546 de 1971, resulta suficiente traer a colación lo dicho en la sentencia de revisión, donde con profusión se consintió en su abierta incompatibilidad con la ley, por lo que dio vía a la invalidación de la sentencia adoptada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín. En efecto, memorando lo dicho en la providencia:
En lo atinente a la pensión establecida en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, que es la que efectivamente se le otorgó al accionado por ser beneficiario del régimen de transición, es palmario que la tasa de reemplazo es única, será siempre la misma, esto es, 75% del ingreso base de liquidación, sin importar el número de años laborados, es decir, si laboró 30 años, el porcentaje es de 75, si laboró más de 30 años, también es de 75. Dicho en breve, en esta prestación no hay posibilidades de un monto variable.
[…]Ahora bien, una cosa debe quedar clara: los puntos porcentuales adicionales de cotización, artículo 12 Decreto 1835 de 1994, tienen como objetivo que financieramente el sistema pensional no se vea amenazado, precisamente por la actividad de alto riesgo que se desarrolla y que generan disminución de expectativa de vida saludable, mas no tiene como fin modificar e incrementar la tasa de reemplazo; el monto de la cotización, no está vinculado o afecta al monto o porcentaje de la prestación, como, equivocadamente, lo entendió el juzgador.
A la vista ha quedado, como corolario, que el fallador se equivocó al ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación oficial del Decreto 546 de 1971, teniendo como báculo una tasa de reemplazo de 81% del ingreso base de liquidación, pues al 75% que estatuye esta normativa le agregó un 6% correspondiente a la cotización adicional que establece el mencionado artículo 12 del Decreto1835 de 1994.
Y son estos mismos argumentos, los que igualmente impiden el éxito de la pretensión relativa al incremento del porcentaje en razón al número de semanas cotizadas por el accionante. Recordemos que, de forma independiente a la cantidad que estas últimas reporten, cuando se acude al reconocimiento de una prestación en virtud del Decreto 546 de 1971, la tasa de reemplazo siempre será de 75%, monto que se pregona como inamovible.
Resultan entonces suficientes las anteriores consideraciones, para concluir en la clara improsperidad de las pretensiones relativas al incremento de la tasa de remplazo, de manera que, se declarará probada aquella excepción que la convocada denominó Inexistencia de la obligación (f.° 177).
ii) Factores salariales en el ingreso base de liquidación para pensiones regentadas por el Decreto 546 de 1971 en virtud de régimen de transición
Ha enseñado esta Corte con amplitud, al referirse a los factores salariales a integrar el ingreso base de liquidación para aquellas prestaciones que en apego al régimen de transición permiten la aplicación del Decreto 546 de 1971, que ellos son los narrados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
A manera de ejemplo, en la sentencia CSJ SL2982-2020, en la que se trajo a colación lo dicho en la providencia CSJ SL164-2018, se concluyó que en una prestación económica cuya fuente emerge del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el que permite acudir al Decreto 546 de 1971 como estribo del reconocimiento, los factores salariales a ser tenidos en cuenta son los expuestos en el precitado acto administrativo.
Ahora bien, en el asunto bajo estudio el accionante fue beneficiado en sede de tutela con la reliquidación de su pensión, providencia judicial donde se dispuso además de atender la asignación más alta en el último año de servicio, se ordenó incluir una serie de ingresos laborales adicionales, como atrás quedó dicho. Y en tránsito por esa vía, la extinta Cajanal profirió la Resolución 25906 de 2005 (f.s˚75 a 78) en la que incluyó como «factores salariales»: (i) asignación básica, (ii) prima de navidad, (iii) Bonificación por servicios prestados, (iv) prima de servicios, (v) prima de vacaciones, (vi) gastos de representación y (vii) prima especial de servicios.
Es en este último acto administrativo donde se establece como ingreso base de liquidación del demandante, la suma de $7.722.867,11, la que al aplicársele como tasa de reemplazo el 75% genera la mesada pensional igual a $5.792.150,93, cuyo incremento se procura en esta sede.
Ahora bien, al observar de forma desprevenida el folio 76 del cuaderno que contiene las copias del expediente se concluye que, contrario a lo manifestado por el actor, los gastos de representación durante el último año de servicios – 2004- sí fueron incluidos conforme, se itera, fue ordenado por el juez de tutela. Ante ello, mal se cuestiona la presunta no incorporación de tal rubro, cuando la convocada actuó conforme le fue ordenado en la pluricitada acción constitucional y, además, atendiendo el valor reportado para el accionante, tal como lo acredita el folio 151 del Cuaderno de la Corte.
De suerte que, no resulta atinado el cálculo aritmético que efectúa el actor cuando expone que el valor total a incluirse en su ingreso base de liquidación por concepto gastos de representación equivale a $2,771,140, cuando ello no aparece consignado en los reportes remitidos a esta Corporación, los que por el contrario indican que para el año 2003, la suma total por tal rubro asciende a $7.955.669 y para el año 2004 a $8.843.176.
Con lo discurrido, fácil es concluir en la inviabilidad de la petición anterior, por lo que abordaremos aquella relativa a la inclusión de una suma igual a $2.753.263 por concepto de Bonificación por Gestión Judicial, la que se expone como creada por el Decreto 4040 de 2004 y cuya suerte no será diferente, como pasamos a explicar.
Se memora que mediante el decreto citado, adoptado el 3 de diciembre de 2004, se creó una bonificación por gestión judicial así:
Artículo 1o […] con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguales al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional, que a partir de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos que se señalan a continuación:
Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes
Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Igualmente, tendrán derecho a esta Bonificación de Gestión Judicial quienes ingresen, con posterioridad a la publicación de este Decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.
La Bonificación de Gestión Judicial, pagadera mensualmente, solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo esta Bonificación.
Para tener derecho a la Bonificación de Gestión Judicial, de que trata el presente artículo, los servidores deberán reunir los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ejercer el respectivo cargo.
Parágrafo 1°. Los funcionarios descritos en el presente artículo, tendrán derecho a percibir única y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los términos del presente artículo, la cual es incompatible para todos los efectos con la Bonificación por Compensación.
Parágrafo 2°. La Bonificación de Gestión Judicial no podrá hacerse extensiva, ni se tendrá en cuenta, para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público.
Artículo 2°. Podrán optar al reconocimiento y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, a que se refiere el artículo anterior, los servidores de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y del Ministerio de Defensa Nacional, que con anterioridad a la publicación del presente Decreto se encontraban desempeñando los empleos de Magistrados de Tribunal Nacional de Orden Público, Fiscales Delegados ante Tribunal Nacional, Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la. Judicatura y los servidores de la Procuraduría General de la Nación que actúan de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal, siempre y cuando se encuentren en una de las siguientes situaciones:
a) Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil;
b) Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.
Parágrafo 1°. A efectos de acogerse al régimen de Bonificación de Gestión Judicial, los servidores que se encuentran en las situaciones previstas en el presente artículo deberán manifestar por una sola vez, antes del 31 de diciembre de 2004, por escrito ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, o la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación, o el Ministerio de Defensa Nacional, según el caso, su voluntad de optar a dicho régimen, aportando copia del contrato de transacción debidamente suscrito entre las partes (beneficiario-nominador), o copia del memorial en el que se presenta el desistimiento radicado ante la respectiva autoridad judicial con nota de presentación personal.
La opción contenida en el presente artículo se hará efectiva una vez se aporte copia del auto ejecutoriado por medio del cual se acepta el desistimiento.
Se entiende, únicamente para los efectos del presente decreto, que la Nación a través de las entidades que se encuentran demandadas en cada uno de los procesos, coadyuvan los desistimientos presentados por los demandantes con ocasión de lo previsto en el presente artículo.
Parágrafo 2°. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
Para efectos de la liquidación y pago de la Bonificación de Gestión Judicial para el año 2004 y hasta cuando se haga efectiva la opción, se restará lo percibido por concepto de Bonificación por Compensación.
En el lapso transcurrido entre el 1° de enero de 2004, y el momento en que se haga efectiva la opción libre y expresa de acogerse al régimen de Bonificación de Gestión Judicial, no se causarán intereses ni indexación.
Parágrafo 3°. También podrán optar por la Bonificación de Gestión Judicial, aquellos funcionarios que sin desempeñar alguno de los cargos enunciados en el presente artículo, a la entrada en vigencia de este decreto devengaban la “Bonificación por Compensación”, siempre y cuando se encuentren en una de las situaciones descritas en los literales a y b de este artículo y cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos para el efecto.
Dicha Bonificación de Gestión Judicial la percibirán sólo mientras permanezcan en dichos cargos.
De manera que, al analizar el precitado texto normativo se concluye, sin hesitación alguna, lo siguiente: (i) la Bonificación por gestión judicial fue creada en diciembre del año 2004, con efectividad a partir del 1º de enero de tal anualidad, (ii) los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación fueron incluidos como beneficiarios de la misma, (iii) se le otorgó factor salarial para efectos del cálculo de pensiones, y (iv) no puede ser disfrutada de forma concomitante con la bonificación por compensación.
En ese sendero, al descender al reporte de ingresos del demandante que obra a folios 150 a 151 del cuaderno de la Corte, fluye coruscante que, durante el último año de servicios – que fue el ordenado en sede de tutela como aquel interregno definitorio del IBL- devengó dos conceptos relativos a bonificaciones: el primero que se identifica como «Bonificación por Servicios» por valor de $1.330.594 y, otro, adicional expuesto como «Dif. Bonif. Comp.» equivalente a $3.131.340, sumas que distan abiertamente de los $2.753.263 que se pretenden sean incluidos en el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez del actor y que por demás, sí fueron incluidos para determinar el monto de la pensión según da cuenta la Resolución 25906 de 2005 pero en cuantía igual a $2.913.124, bajo el título «Bonificación por Compensación»; de suerte que, atendiendo la disposición legal no pueden contabilizarse ambos conceptos de forma simultánea por expresa prohibición legal.
Por lo explicado, no surgen razones para darle prosperidad a la pretensión analizada, por lo que habrá de declararse probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la demandada.
Finalmente, una cosa debe quedar en claro: aquellas decisiones administrativas y judiciales que antecedieron al reconocimiento de la prestación económica cuya reliquidación se depreca en esta sede, no pueden ser modificadas o alteradas a pesar de no compartirse los criterios jurídicos allí trazados, en especial, los consignados en la acción de tutela tramitada en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín (f.s˚54 a 63) donde se ordenó a la extinta Caja Nacional de Previsión Social reajustar la pensión del actor «teniendo en cuenta el 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios y las doceavas partes de las primas devengadas, la prima de alto riesgo[…]».
Y ello es así, dada la intangibilidad de los fallos judiciales que se adoptan en sede de tutela cuando ellos se extienden con efectos definitivos. Ciertamente, en ese sendero transita la línea de pensamiento de esta Corporación, a manera de ejemplo, en sentencia CSJ SL15882-2017 expuso:
Otra precisión. La cosa juzgada constitucional, derivada de un fallo de tutela que ampara de manera definitiva los ius fundamentales, se proyecta sobre el proceso ordinario. En efecto, si desde el prisma de la Constitución es procedente la tutela de los derechos fundamentales, es equivocado sostener que en el plano legal –que hoy se redimensiona e integra en un plano constitucional- la protección no tiene cabida.
La coherencia del sistema jurídico se asegura en la medida en que cada uno de sus enunciados normativos es compatible entre sí, lo cual se vería comprometido si se aceptara que al abrigo de las normas constitucionales un sujeto tiene un derecho pero en el nivel legal no lo tiene. Hoy la legalidad se incorpora en la constitucionalidad y, por consiguiente, debe aceptarse que la cosa juzgada constitucional de los fallos de tutela definitivos –no transitorios- impide que la jurisdicción ordinaria vuelva a tratar y decidir un asunto definido en sede constitucional.
De esta manera, el plano constitucional y el legal no son dos dimensiones ubicadas en espacios paralelos; ambos interactúan en un mismo universo jurídico y, por tanto, no puede aseverarse que las resoluciones inimpugnables y definitivas derivadas de fallos de tutela pueden ser revividas por el juez ordinario, bajo la idea errada de que este actúa en un mundo extraño al imperio de la Constitución.
Ambos jueces –constitucional y ordinario-, se repite, operan en un mismo orden jurídico y, en esa medida, la posibilidad planteada por el recurrente de que la justicia ordinaria pueda modificar lo resuelto con efectos de cosa juzgada por la jurisdicción constitucional, raya con la coherencia normativa que caracteriza los sistemas jurídicos modernos y con los postulados de seguridad jurídica, buena fe y certeza, esenciales para la paz social y la estabilidad de un Estado constitucional de derecho.
Queda a salvo, desde luego, la posibilidad de enervar la cosa juzgada a través de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 frente a providencias judiciales –en su sentido amplio- que «hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza», siempre que se den las condiciones y requisitos consagrados en esa disposición, pero ello es otro tema, como también lo sería aquellas decisiones corroídas por fraude.
En este estado de las cosas, si en el caso bajo estudio, una lectura desprevenida a los folios 54 a 61 que contienen aquella decisión adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín permite concluir, al rompe, que el amparo concedido fue extendido de forma definitiva; tales argumentaciones se tornan inabordables al pregonarse de ellas, la cosa juzgada constitucional.
Sin que sea excesivo precisar, que mediante la acción de revisión que genera la sentencia de reemplazo que hoy se adopta, no fue ni someramente puesto a discusión, el cuestionamiento relativo a aquellos factores salariales que integraban el ingreso base de liquidación y cuya inclusión fue dispuesta en la pluricitada sentencia de tutela. Ciertamente su pretensión principal se contrae a «declarar que al señor DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS no le asiste derecho a que su pensión se pague sobre la base de 81% sino con el 75% de la asignación más elevada en el último año de servicios».
Costas en instancia en cabeza de la parte vencida, las que deberán ser liquidadas conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación.
SEGUNDO: ABSOLVER a la extinta CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN CAJANAL EICE, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL de las pretensiones planteadas por el demandante DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS.
TERCERO: Costas a cargo de la parte vencida, las que deberán ser liquidadas por la Secretaría de la Corte, conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. Las agencias en derecho serán fijadas por el Magistrado Ponente.
CUARTO. En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, para que forme parte del expediente respectivo.
SEXTO. Por Secretaría archívese el expediente, una vez ejecutoriada la presente providencia.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Salvo voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
(Aclaro voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurrente: La Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Opositor: Dairo De Jesús Rojas Cárdenas
Radicación: 51693
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el debido respeto a mis companeros de Sala, tal como lo anuncié en la sesión en la que se debatió el proyecto, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, considero conveniente clarificar un aspecto que, de no hacerlo, puede pasar desapercibido.
Me refiero a la siguiente afirmación que hace la Sala:
Finalmente, una cosa debe quedar en claro: aquellas decisiones administrativas y judiciales que antecedieron al reconocimiento de la prestación económica cuya reliquidación se depreca en esta sede, no pueden ser modificadas o alteradas a pesar de no compartirse los criterios jurídicos allí trazados, en especial, los consignados en la acción de tutela tramitada en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín (f.s˚54 a 63) donde se ordenó a la extinta Caja Nacional de Previsión Social reajustar la pensión del actor «teniendo en cuenta el 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios y las doceavas partes de las primas devengadas, la prima de alto riesgo[…]».
Y ello es así, dada la intangibilidad de los fallos judiciales que se adoptan en sede de tutela cuando ellos se extienden con efectos definitivos. Ciertamente, en ese sendero transita la línea de pensamiento de esta Corporación, a manera de ejemplo, en sentencia CSJ SL15882-2017 expuso: (...).
En este estado de las cosas, si en el caso bajo estudio, una lectura desprevenida a los folios 54 a 61 que contienen aquella decisión adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín permite concluir, al rompe, que el amparo concedido fue extendido de forma definitiva; tales argumentaciones se tornan inabordables al pregonarse de ellas, la cosa juzgada constitucional.
Si bien estoy de acuerdo en que la Sala no podía pronunciarse sobre la incidencia en la liquidación de la pensión respecto a la forma en que la sentencia de tutela ordenó calcular el ingreso base de liquidación, dado que ello no fue cuestionado en esta acción de revisión, a mi juicio, no es cierto que tal providencia constitucional en estricto sentido sea inarbodable, pues recuérdese que toda determinación, de cualquier tipo (autos, sentencias emanadas de procesos ordinarios o de tutela, conciliaciones, etc.), que contenga el reconocimiento de cualquier suma periódica o pensiones de toda naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, son susceptibles de revisión a través de este mecanismo judicial. Ello dado que el propósito del legislador es el de evitar perjuicios económicos a La Nación y derivados del pago de valores superiores a los establecidos en la legislación (CSJ SL15882-2017 y CSJ SL3276-2018).
De hecho, así lo indica la sentencia CSJ SL15882-2017 que transcribió la Sala, esto es, que tal cuestión no desvirtúa «la posibilidad de enervar la cosa juzgada a través de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 frente a providencias judiciales –en su sentido amplio- que «hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza», siempre que se den las condiciones y requisitos consagrados en esa disposición, pero ello es otro tema, como también lo sería aquellas decisiones corroídas por fraude».
En ese sentido, la Sala simplemente tenía que excluir dicha temática porque no fue debatida por la accionante y no por las razones adicionales que innecesariamente expuso.
En los anteriores términos aclaro mi voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Revisión
Radicación n.° 51693
Referencia: Revisión promovida por la LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por DAIRO DE JESÚS ROJAS CÁRDENAS contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN.
Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala, dentro del presente proveído, con fundamento en los argumentos expuestos en el salvamento de voto que hice en la providencia CSJ SL2813-2020, que resolvió el recurso de revisión, el cual radica en la falta de competencia de la Corporación para adoptar una determinación de fondo en el asunto, en tratándose de un medio de impugnación formulado contra una sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, cuyo conocimiento, corresponde a los Tribunales Superiores de dicha localidad, como en aquella oportunidad lo expliqué.
En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.
Fecha ut supra.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
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