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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2982-2020

Fecha
15 de julio de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2982-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora. SEGUNDO: INVALIDAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2011, dentro del proceso instaurado por CARLOS JULIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN. Con lo anterior, desaparece del mundo jurídico. En remplazo se revoca la sentencia dictada por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 7 de mayo de 2010 y, en su lugar, se dispone absolver íntegramente a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN de las pretensiones incoadas en su contra por CARLOS JULIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. TERCERO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas, por las razones esgrimidas en la parte motiva de la providencia. CUARTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y al Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito del Circuito de dicha ciudad. QUINTO: Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2982-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

15 de julio de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2982-2020

Radicación n.° 79061

Acta 25

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte la acción extraordinaria de revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2011, por medio del cual modificó y confirmó la providencia de primera instancia, dictada dentro del proceso instaurado por CARLOS JULIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN.

Téngase al doctor Orlando Becerra Gutiérrez identificado con C.C. n.° 4.216.880 y T.P. n.° 60.784 del CSJ, como curador ad litem del llamado a juicio.

Téngase por contestada la demanda (folios 38 a 45, cuaderno de la Corte).

ANTECEDENTES

De manera sintetizada, y para lo que interesa a la acción, ha de precisarse que en criterio de la UGPP el fallo acusado no se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico, en tanto aquel ordenó reliquidar la pensión de vejez a favor de Carlos Julio Hernández Jiménez, en cuantía superior a la que le correspondía, pues a efecto de obtener el valor de la mesada pensional tuvo en cuenta todos y cada uno de los salarios devengados por el pensionado en el último año de servicio, desatendiendo los parámetros establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los que sobre el particular fija el Decreto 1158 de 1994, lo cual provocó, a favor de aquel, una prestación en cantidad superior a la que legalmente le concernía.

Señala que de acuerdo al literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es viable este tipo de acción cuando la «cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»; por lo que solicita: (i) revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 22 de septiembre de 2011, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín- Sala Laboral- que modificó y confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 7 de mayo de 2010, en el proceso instaurado por Carlos Julio Hernández Jiménez contra CAJANAL; (ii) declarar que a Carlos Julio Hernández Jiménez no le asiste el derecho a que su pensión de vejez se liquide con la totalidad de los factores de salarios devengados en el último año de servicios, siendo que el ingreso base de liquidación debe calcularse según las previsiones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a la jurisprudencia trazada en las sentencias CC C-258 de 2013 y CC- SU 230 de 2015; (iii) declarar que la pensión de jubilación reconocida a Carlos Julio Hernández Jiménez, debe liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, o lo cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, computando los factores salariales estatuidos en el Decreto 1158 de 1994.

La entidad accionante afirma que Carlos Julio Hernández Jiménez nació el 18 de junio de 1949; que acreditó 20 años de servicio oficial en la Rama Judicial desde el 4 de febrero de 1985 al 10 de abril de 1985 y del 1º de mayo de 1985 al 30 de junio de 1992, y en la Fiscalía General de la Nación desde el 1º de julio de 1992 hasta el 3 de noviembre de 2005, siendo el último cargo el de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito; que Cajanal, mediante Resolución No. 211 del 10 de enero de 2006, le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, aplicando el 75% sobre el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía equivalente a $3.328.699,23, a partir del 4 de noviembre de 2005, con efectos fiscales una vez acreditara el retiro efectivo del servicio; que Cajanal, con Resolución No. 60434 del 27 de diciembre de 2007, reliquidó la prestación teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales y el 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años, por lo que incrementó la cuantía de la pensión a la suma de $3.512.270,13, a partir del 1º de noviembre de 2006; que mediante sentencia de tutela, se ordenó reliquidar la pensión con inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, en cuantía de $4.892.888,23, a partir del 1º de noviembre de 2006; que posteriormente, a través de un proceso ordinario, el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 7 de mayo de 2010, condenó a Cajanal a reconocer y pagar a Carlos Julio Hernández Jiménez, por concepto de reliquidación de las mesadas pensionales, desde el 1º de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2010, la suma de $45.579.195,45, fijando una mesada pensional para el año 2010, en cuantía de $5.338.059,17, debidamente indexada; que el fundamento del juzgador giró en torno a que Carlos Julio Hernández Jiménez, era beneficiario del régimen de transición y, por ende, de lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, por lo que la pensión debió liquidarse con el 75% de la asignación más elevada devengada en el último año de servicios y con todos los factores constitutivos de salario del mismo periodo; que la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, modificó la condena en el sentido de condenar a Cajanal a la suma de $48.548.140,62 como retroactivo desde el 1º de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2010, junto con la mesada 14 y confirmó lo demás de la decisión de primer grado; que el fallo quedó ejecutoriado el 27 de septiembre de 2011; y que la UGPP dio cumplimiento a la providencia al reliquidar la pensión de Carlo Julio Hernández Jiménez, en la suma de $5.338.059,17, efectiva a partir del 1º de mayo de 2010.

Arguye que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso por cuanto se declaró el derecho a la reliquidación de pensión de vejez a favor de Carlos Julio Hernández Jiménez con fundamento en normas que le eran inaplicables y, en contravía de la ley y la jurisprudencia, se otorgó una mesada pensional sin que le asistiera el derecho.

Aduce que el demandado es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto nació el 18 de junio de 1949 y para el 1º de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad y más de 15 años de servicios prestados, con lo que le asiste el derecho a que se le aplique la normatividad anterior a la cual se encontraba afiliado, esto es, Decreto 546 de 1971, respecto de la edad, tiempo y monto, pero no en cuanto al IBL.

Señala que si bien han existido diferentes posiciones jurisprudenciales la Corte Constitucional puso fin a la discusión sobre la interpretación que debe darse a la forma de liquidar las pensiones de las personas amparadas bajo el régimen de transición con las sentencias CC C-168 de 1995 y CC C-258 de 2013 bajo el postulado de que el IBL no hace parte del régimen de transición por lo que las pensiones deberán liquidarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y respetarse las condiciones de edad, tiempo y monto para acceder a la prestación, no obstante, el IBL deberá ser con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho.

Entonces, sostiene que la pensión debió liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, computando los factores instituidos en el Decreto 1158 de 1994, siendo inviable considerar todas y cada una de las sumas devengadas por el beneficiario de la prestación.

Con fundamento en lo expuesto, insiste en que deben cesar los efectos del fallo atacado, pues la decisión de la justicia ordinaria laboral en el caso concreto resulta desacertada e implica la destinación de recurso del erario que deberían servir para financiación de prestaciones acordes a derecho.

El curador ad litem, al contestar el escrito generatriz de la contienda, se opuso a la prosperidad de las súplicas y formuló las excepciones de improcedencia del recurso extraordinario de revisión, buena fe y condición más beneficiosa.

Sostiene que la acción no debe salir victoriosa, toda vez que los fallos prohijaron la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Aduce que la pensión debe liquidarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º y no 36 de la Ley 100 de 1993.

Acota que, siendo las labores efectuadas por el demandado de alto riesgo, las normas a aplicar son las consagradas en los artículos 45 del Decreto 1045 de 1978 y 12 del Decreto 717 de 1978, modificado por el artículo 4º del Decreto 911 de 1978, que establecen los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de los empleados públicos, resultando más beneficiosas para el trabajador.

II. CONSIDERACIONES

Antes que otra cosa, importa destacar que el legislador previó la acción de revisión como un mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada, entre otras causales, cuando el erario se viera afectado por una decisión judicial o administrativa en la que se hubiere dispuesto el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, todo ello a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la vez proteger el bien común (CSJ SL351-2018).

También, se exhibe memorar que aunque el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 estatuyó que la demanda instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se debería presentar dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia por controvertir, la Corte Constitucional en sentencia CC SU 427 de 2016, luego de reconocer a la UGPP como plenamente habilitada para incoar ese tipo de acciones, precisó que para dicha entidad el término de caducidad se contaría a partir del 12 de junio de 2013, data en la que asumió la defensa judicial de CAJANAL; textualmente explicó:

7.21. En ese orden de ideas, respecto del término para interponer el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del derecho existió un vacío legal que solo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011(135), que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, y que estableció de forma expresa que “el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”

7.22. Así las cosas, solo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013.

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero..

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.

7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo que en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas.

7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la posible configuración de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los derechos fundamentales de los implicados en la causa, por lo que en caso de verificarse la existencia de dicha irregularidad, deberá disponer que el reajuste de la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la decisión judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe.

En ese horizonte, como la demanda que contiene la acción de revisión se recibió por esta Corporación el 17 de octubre de 2017 (folio 1, cuaderno de la Corte), es pertinente declarar que ello ocurrió dentro del término previsto para el efecto.

Muy bien, para determinar si le asiste razón a la accionante es preciso tener como incólumes los siguientes soportes fácticos: (i) que Carlos Julio Hernández Jiménez nació el 18 de junio de 1949; (ii) que acreditó 20 años de servicio oficial en la Rama Judicial desde el 4 de febrero de 1985 al 10 de abril de 1985 y del 1º de mayo de 1985 al 30 de junio de 1992, y en la Fiscalía General de la Nación desde el 1º de julio de 1992 hasta el 3 de noviembre de 2005, siendo el último cargo el de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito; (iii) que Cajanal, mediante Resolución No. 211 del 10 de enero de 2006, le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, aplicando el 75% sobre el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía equivalente a $3.328.699,23, a partir del 4 de noviembre de 2005, con efectos fiscales una vez acreditara el retiro efectivo del servicio; (iv) que Cajanal, con Resolución No. 60434 del 27 de diciembre de 2007, reliquidó la prestación teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales, y el 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años, por lo que incrementó la cuantía de la pensión a la suma de $3.512.270,13, a partir del 1º de noviembre de 2006; (v) que mediante sentencia de tutela, se ordenó reliquidar la pensión con inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, en cuantía de $4.892.888,23, a partir del 1º de noviembre de 2006; (vi) que posteriormente, a través de un proceso ordinario, el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 7 de mayo de 2010, condenó a Cajanal a reconocer y pagar a Carlos Julio Hernández Jiménez, por concepto de reliquidación de las mesadas pensionales, desde el 1º de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2010, la suma de $45.579.195,45, fijando una mesada pensional para el año 2010, en cuantía de $5.338.059,17, debidamente indexada; (vii) que el fundamento del juzgador giró en torno a que Carlos Julio Hernández Jiménez, era beneficiario del régimen de transición y, por ende, de lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, por lo que la pensión debió liquidarse con el 75% de la asignación más elevada devengada en el último año de servicios y con todos los factores constitutivos de salario del mismo periodo; (viii) que la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, modificó la decisión en el sentido de condenar a Cajanal a la suma de $48.548.140,62 como retroactivo desde el 1º de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2010, junto con la mesada 14 y confirmó lo demás; (ix) que el fallo quedó ejecutoriado el 27 de septiembre de 2011; y (x) que la UGPP dio cumplimiento a la providencia al reliquidar la pensión de Carlo Julio Hernández Jiménez, en la suma de $5.338.059,17, efectiva a partir del 1º de mayo de 2010.

Como se recuerda, el epicentro de la controversia estriba en determinar cuál es el IBL de la pensión que le fue recocida al demandado, teniendo como báculo el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 546 de 1971, así como los factores salariales a tener en consideración para calcular el monto de la prestación.

Esta Corporación, en añosa jurisprudencia tiene dicho que el régimen de transición se creó para proteger los derechos de quienes estaban próximos a adquirir el estatus de pensionado al presentarse un cambio legislativo. En ese contexto, frente a tales beneficiarios se mantuvieron tres supuestos del régimen anterior, cuales son, edad, tiempo de servicios y monto; por ende, fluye cristalino, que lo atinente al ingreso base de liquidación, no fue contemplado, por lo que este (IBL) efectivamente quedó regulado por la nueva disposición.

A propósito de lo anterior es pertinente recordar la sentencia de revisión CSJ SL2862-2018, en la cual se explicó, con profusión, lo siguiente:

Caso concreto: ¿El IBL de la pensión de la demandada excede lo legal?

La accionante solicita revocar la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Montería el 28 de agosto de 2008, por estimar que incurre en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Lo anterior, como quiera que si bien el demandado es beneficiario del régimen anterior contenido en el Decreto 546 de 1971, por ser la norma que constituía el régimen general aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama judicial y del Ministerio Público antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que para efectos de calcular el IBL para liquidar dicha prestación la disposición aplicable es el artículo 36 ibidem y, por tanto, la providencia judicial confutada «aumentó injustificadamente el monto de la mesada pensional del demandado».

Pues bien, no son objeto de controversia y aparecen debidamente acreditados en el plenario los siguientes presupuestos fácticos: (i) que el accionado al 1.º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad en tanto nació el 6 de enero de 1946; luego, es beneficiario del régimen de transición pensional por lo que el régimen aplicable es el contenido en el Decreto 546 de 1971 (f.º 137); (ii) que Cajanal mediante Resolución n.º 10259 de 16 de mayo de 2002, reconoció al demandado una pensión de vejez de conformidad con la citada disposición, para lo cual tuvo en cuenta el IBL dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el 75% del promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para pensionarse contados desde el 1.° de abril de 1994, por valor de $2.274.844.56 y a partir del 1.º de mayo de 2001; (iii) que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería mediante proveído de 28 de agosto de 2008 –hoy impugnado- (f.º 347 a 357), condenó a Cajanal a pagar al convocado la prestación pensional con el 75% de la asignación más elevada del promedio de salarios y factores del último año de servicios, conforme lo establece el mencionado Decreto 546, la cual fue reconocida por dicha entidad a través de Resolución n.º 011979 de 31 de agosto de 2010, por valor de $3.921.038 (f.º 140 a 142), y (iv) que según los mencionados actos administrativos, el accionado prestó servicios a la Rama Judicial por más de 28 años.

De acuerdo con lo anterior, no existe duda que al convocado a juicio le era aplicable el régimen especial del Decreto 546 de 1971, por laborar en la Rama Judicial por más de 20 años y contar con la edad requerida para ser beneficiario del régimen de transición antes del 1.° de abril de 1994. Sin embargo, dicha preceptiva le es aplicable al demandado en cuanto a la edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo o monto porcentual, mas no en cuanto al ingreso base de liquidación se refiere.

En efecto, como lo tiene adoctrinado la Sala, para el caso de los beneficiarios del régimen de transición, el ingreso base de liquidación corresponde al lapso temporal que se debe tomar para establecer el promedio de los ingresos salariales o base de cotización para liquidar toda pensión, el cual se debe definir de conformidad con la nueva normativa, caso distinto al «monto» porcentual de la prestación que es uno de los elementos que sí se conservan del sistema anterior por virtud de la transición, y que tiene que ver con el «porcentaje» del IBL que antes se preveía (sentencia CSJ SL,7061-2016, 18 may. 2016, rad.48765).

De tal forma que, el IBL para todas las pensiones de jubilación otorgadas bajo el citado régimen de la transición, así sean provenientes de un régimen especial, deben determinarse conforme a las reglas establecidas en la nueva ley de seguridad social, para el caso, el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden, la Sala le da la razón a la UGPP pues el régimen de transición garantizó la aplicación de las disposiciones anteriores a la entrada en vigencia del régimen general de pensiones tan solo en tres aspectos puntuales: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación, entendido este último como el porcentaje o tasa de reemplazo, en tanto que, el modo de obtener el ingreso base de liquidación, se encuentra regulado explícitamente en la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, no resulta viable acudir a disposiciones anteriores para establecerlo.

Luego, el ingreso base de liquidación pensional se rige, en principio, por lo previsto en el inciso 3.º del artículo 36 de la citada ley, para quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho que «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior». En tanto que, para quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltare 10 o más años para consolidar el derecho a la pensión de vejez, el ingreso base de liquidación se determina en la forma contemplada en el artículo 21 ejusdem, esto es, con «el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia».

Así se ha explicado en sendos pronunciamientos, dentro de los cuales cabe destacar la sentencia CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, reiterada en CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238; CSJ SL 17 abr. 2012, rad. 53037, CSJ SL 570 - 2013, CSJ SL4649-2014; CSJ SL17476-2014 y CSJ SL16415-2014, reiterada en la SL4086-2017, en la cual se señaló:

[…]

En consecuencia, para establecer el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones del régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971, ha de sujetarse a los lineamientos de la Ley 100 de 1993, según el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho.

En tales condiciones quedó acreditado que el demandante al interior del proceso ordinario fue beneficiado con una dádiva contraria a las regulaciones de la Ley 100 de 1993, lo cual significó un incremento injustificado del ingreso pensional de aquel y una mengua al patrimonio público sin causa legal alguna, por lo que se configura así la causal de revisión descrita en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues al no seguir el parámetro en mención, se apartó del marco de legalidad y reconoció un monto considerablemente superior al dispuesto por el legislador.

Por último, no sobra recalcar, como en varias ocasiones lo ha hecho la Sala, que el propósito fundante de la acción de revisión es la preservación de la integridad del patrimonio público mediante la verificación de las pensiones reconocidas con cargo al tesoro. Con este mecanismo, se vuelve sobre los asuntos respecto de los cuales ha hecho mérito la cosa juzgada y se quiebra sus efectos para darle cabida a la protección de otros intereses que el legislador ha estimado de mayor peso.

Ahora bien en lo atinente a los factores salariales de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, ya esta Corte se ha pronunciado en muchas ocasiones, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL164-2018, se explicó:

FACTORES SALARIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

De manera pacífica, reiterada y uniforme, esta Sala ha defendido el criterio según el cual los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6° del Decreto 691 de ese mismo año. Por ejemplo, en fallo CSJ SL 17192, 26 feb. 2002, reiterado en SL 44206, 29 may. 2012, SL1851-2014 y SL4870-2017, sobre el particular, se expuso:

El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso.

Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores públicos.

Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase.

Como se recuerda, en este caso no es materia de discusión que con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al actor se le reconoció la pensión de jubilación del Decreto 546 de 1971, razón por la cual los factores salariales llamados a integrar su prestación son los consignados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, como lo estimó el Tribunal.

Lo antedicho permite colegir que la sala sentenciadora se equivocó al tomar la asignación mensual más elevada del último año de servicios para calcular la pensión del demandado, toda vez que lo correcto era hacerlo con el promedio de los salarios base de cotización devengados en el tiempo que estatuye las disposiciones de la Ley 100 de 1993, así como con los factores del Decreto 1158 de 1994. Como el sentenciador no siguió los parámetros en mención, se apartó del marco de legalidad y reconoció un monto considerablemente superior al dispuesto por el legislador.

De otra parte, esta Corporación, en providencia CSJ SL3276 – 2018, dictada dentro de un proceso de igual naturaleza al que hoy ocupa la atención de la Sala, asentó que la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en que en los eventos en que se realiza un ejercicio hermenéutico no presupone una negación del principio de favorabilidad en su vertiente interpretativa, dado que la comprensión que se inclina por la tesis opuesta según la cual el IBL se determina con el régimen anterior, contradice la claridad del texto legal y su finalidad y, además, conspira contra otros valores y principios definitorios de la Constitución Política. Por lo anterior, la Sala ha descartado la existencia de una real colisión interpretativa, pues a su juicio, la única o más sólida lectura es que las pensiones del régimen de transición se liquidan conforme lo prevé la Ley 100 de 1993.

Allí también enseñó que:

[…] «la supresión de algunos beneficios desproporcionados, sectorizados y financiados mediante subsidios carentes de relación con el promedio real de ingresos percibidos en la vida laboral, antes que violar la Carta Política de 1991, es un claro desarrollo de los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia por los que propugna la Constitución en la construcción de un modelo de protección social equitativo» (CSJ SL17021-2016).

Por lo demás, este profundo convencimiento interpretativo no ha tenido al interior de la Corte vacilaciones o fluctuaciones, y en la actualidad es suscrito también por la Corte Constitucional (SU 230-2015 y SU 395-2017), bajo el argumento de que resulta contrario al principio de igualdad la concesión de privilegios pensionales que no corresponden a los ingresos reales devengados en la vida laboral del trabajador y que, por tanto, atrofian la sostenibilidad del sistema mediante subsidios en detrimento de los derechos de la generalidad de los colombianos.

A la vista ha quedado, como corolario, que el Tribunal efectivamente incurrió en el dislate al ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación oficial del Decreto 546 de 1971, teniendo en consideración los salarios devengados por Carlos Julio Hernández Jiménez en el último año de servicios, soslayando así lo consagrado en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994, a la luz de lo discurrido en precedencia.

Puestas en esa dimensión las cosas, se invalidará la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2011, por medio de la cual modificó y confirmó la providencia de primera instancia, dictada dentro del proceso instaurado por CARLOS JULIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN; con fundamento en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, Con lo anterior, desaparece del mundo jurídico.

Llegados a este punto del sendero, menester resulta traer a colación que el artículo 34 de la Ley 712 de 2001, aplicable al asunto bajo escrutinio, por permitirlo el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituye que si «se encontrare fundada la causal invocada se invalidará la sentencia y se dictará la que en derecho corresponda».

Entonces, bien a las claras surge que, al invalidarse la decisión de segunda instancia, no queda otro sendero que revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, absolver íntegramente a la CAJANAL de las pretensiones incoadas en su contra por Carlos Julio Hernández Jiménez.

A todas estas, quizá no esté de más agregar que la UGPP debe continuar reconociendo y pagando la pensión al demandado según el IBL dispuesto en la Ley 100 de 1993 y los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.

Finalmente, no se dispondrá la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar al accionado una conducta desprovista de la buena fe, dado que la reliquidación de la pensión fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto que, además, fue producto del ejercicio legítimo del derecho de acción sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude (sentencia SL3276-2018).

Sin costas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora.

SEGUNDO: INVALIDAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2011, dentro del proceso instaurado por CARLOS JULIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN. Con lo anterior, desaparece del mundo jurídico. En remplazo se revoca la sentencia dictada por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 7 de mayo de 2010 y, en su lugar, se dispone absolver íntegramente a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN de las pretensiones incoadas en su contra por CARLOS JULIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

TERCERO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas, por las razones esgrimidas en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y al Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito del Circuito de dicha ciudad.

QUINTO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

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IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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