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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2814-2022

Fecha
30 de marzo de 2022
Magistrado ponente
Ivan Mauricio Lenis Gomez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2814-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el fallo de primera instancia y, en su lugar, absolver a Colpensiones y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias de las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2814-2022

Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez

30 de marzo de 2022

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

SL2814-2022

Radicación n.° 70320

Acta 11

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Procede la Corte a dictar el fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que DELIMIRO SAYAS ANGULO, JESÚS MARÍA DOLUGAR POLO, ORLANDO RAMOS MONTALVÁN, ANTONIO MARRUGO BARRIOS, JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ BARRETO, RAFAEL JIMÉNEZ CONDE, MANUEL HERRERA HERAZO, LEONEL PALENCIA MEDRANO, OSVALDO NOVA FACETE, DOMINGO JIMÉNEZ FRANCO, JOSÉ PUERTA VALDEZ, LUIS ALBERTO MURILLO RAMOS, LUIS ENRIQUE MARRUGO POLO, LUIS ZAPATA CARDONA y PEDRO MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ promueven contra la ADMINISTRDORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, trámite en el que se vinculó al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

ANTECEDENTES

En sentencia CSJ SL5684-2021, de 8 de septiembre de 2021, esta Sala casó totalmente el fallo emitido por el Tribunal Regional de Descongestión Laboral con sede en Santa Marta el 19 de diciembre de 2013. A juicio de la Corte, el Tribunal vulneró los principios de consonancia y el de iura novit curia al abstenerse de estudiar el eventual derecho a la pensión de jubilación a cargo del distrito de Cartagena de Indias y en favor de los demandantes.

Con el fin de contar con mayores elementos de juicio para adoptar la decisión pertinente en instancia, la Sala ofició a Colpensiones y al distrito de Cartagena para que allegaran los documentos mencionados en la sentencia de casación. Colpensiones mediante oficios enviados el 25, 28 y 31 de enero y 1.º y 2 de febrero de este año, dio cumplimiento a la orden de la Corte, y el distrito de Cartagena, mediante oficio de 21 de febrero, remitió la información que manifestó tener bajo su custodia.

Revisado el material allegado, la Sala considera que tiene suficientes elementos de juicio para proferir la sentencia de instancia.

CONSIDERACIONES

Se recuerda que los demandantes pretenden el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición, por haber laborado más de 20 años al servicio de Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, hoy liquidada. Desde el punto de vista de los accionantes, la citada prestación es más favorable que la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 que les concedió el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

El juez de primera instancia atendió de manera favorable las pretensiones de la demanda, razón por la cual emitió sendas condenas contra la entidad de seguridad social demandada. Contra dicha decisión el ISS interpuso recurso de apelación.

Pues bien, en sede de instancia le corresponde a la Corte definir si los demandantes tienen derecho a la pensión de jubilación prevista en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, aplicable a través del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.

Para dirimir esta controversia, es relevante tener en cuenta las siguientes premisas fácticas: (i) los demandantes laboraron en favor de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena; (ii) obtuvieron pensiones de origen legal y extralegal a cargo de esa entidad; (iii) esta continuó cotizando al ISS para subrogarse en el pago de las pensiones; (iv) una vez cumplidos los requisitos de los reglamentos del ISS, esta les concedió pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la cual fue compartida con la pensión de jubilación a cargo de la entidad empleadora. El siguiente cuadro refleja la situación pensional de cada uno de los demandantes:

Nombre

Pensión a cargo del empleador Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena

Pensión a cargo del ISS

1. Delmiro Sayas Angulo

Acto administrativo: Resolución n.º 702 de 19 de mayo de 1994.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (Programa Oportunidad de Retiro Voluntario de Personal).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 20 de febrero de 1994, en cuantía de $390.141,52, equivalente al 125% del último salario devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 27425 de 29 de diciembre de 2006.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 9 de octubre de 2006, en cuantía de $1.708.071, con 1781 semanas y un porcentaje del 90%.

2. Jesús María Dolugar Polo

Acto administrativo: Resolución n.º 1315 de 23 de diciembre de 1994.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (Plan de Retiro Voluntario).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 16 de diciembre de 1994, en cuantía de $589.347,07, equivalente al 100% del salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 000129 de 2000 de 30 de enero de 2000.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 25 de diciembre de 1999, en cuantía de $659.191, con 1199 semanas cotizadas.

3. Orlando Ramos Montalván

Acto administrativo: Resolución n.º 0228 de 16 de enero de 1991.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación legal («De conformidad con lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 4ta de 1976» (sic)).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 18 de diciembre de 1990, en cuantía de $141.705,80, equivalente al 75% del último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 001347 de 27 de febrero de 1998.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 5 de diciembre de 1996, en cuantía de $345.214, con 1228 semanas cotizadas.

4. Antonio Marrugo Barrios

Acto administrativo: Resolución n.º 0271 del 17 de enero de 1991.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación legal («De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4ta de 1976» (sic)).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación vitalicia, a partir del 16 de diciembre de 1990, en cuantía de $191.599, equivalente al último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 002191 del 30 de octubre de 2000.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 14 de septiembre de 2000, en cuantía de $816.979, con 1335 semanas.

5. José Trinidad Hernández Barreto

Acto administrativo: Resolución n.º 0045 de 20 de enero de 1989.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación legal («De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4ta de 1976» (sic)).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación vitalicia, a partir del 1.º de enero de 1989, en cuantía de $114.589,77, equivalente al último salario devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 001075 de 19 de febrero de 1998.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 4 de julio de 1997, en cuantía de $237.534, con 1035 semanas.

6. Rafael Jiménez Conde

Acto administrativo: Resolución n.º 1928 del 26 de agosto de 1939.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (Programa Oportunidad de Retiro Voluntario de Personal).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 30 de julio de 1993, en cuantía de $445.477,35 equivalente al 125% del último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución del 9 de septiembre de 2009.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 27 de julio de 2009, en cuantía de $2.004.566, con 1702 semanas y un porcentaje del 90%.

7. Manuel Herrera Herazo

Acto administrativo: Resolución n.º 0130 de 20 de enero de 1993.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación restringida (artículo 267 del CST).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación restringida, a partir del 16 de diciembre de 1992, en cuantía de $304.468,89 equivalente al del último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 006719 de 24 de noviembre de 1997.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 8 de julio de 1995, en cuantía de $330.663, con 1999 semanas cotizadas.

8. Leonel Palencia Medrano

Acto administrativo: Resolución n.º 1883 de 26 de agosto de 1993.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (Programa Oportunidad de Retiro Voluntario de Personal).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 17 de marzo de 1994, en cuantía de $338.244 equivalente al 125% del último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 004693 de 16 de marzo de 2009.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 27 de febrero de 2007, en cuantía de $1.254.643, con 1802 semanas cotizadas y un porcentaje del 90%.

9. Osvaldo Nova Facete

Acto administrativo: Resolución n.º 1555 de 19 de abril de 1991.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación legal («De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4ta de 1976» (sic)).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 12 de abril de 1991, en cuantía de $200.838,03 equivalente al último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 002604 de 2002.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 27 de octubre de 2002, en cuantía de $887.208, con 1535 semanas cotizadas.

10. Domingo Jiménez Franco

Acto administrativo: Resolución n.º 1237 de 28 de noviembre de 1994.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (Programa Oportunidad de Retiro Voluntario de Personal).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 3 de noviembre de 1994, en cuantía de $453.910,15 equivalente al 125% del último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 9471 de 19 de mayo de 2009.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 8 de octubre de 2007, en cuantía de $1.709.235, con 1770 semanas cotizadas y un porcentaje del 90%.

11. José Puerta Valdéz

Acto administrativo: Resolución n.º 0245 de 5 de febrero de 1993.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación legal vitalicia («De conformidad con la Ley 4ta de 1976 y demás disposiciones vigentes» (sic)).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 16 de enero de 1993, en cuantía de $335.131,96, equivalente al último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 399 de 10 de marzo de 2010.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 2 de febrero de 2004, en cuantía de $1.310.844, con 1527 semanas cotizadas y un porcentaje del 90%.

12. Luis Alberto Murillo Ramos

Acto administrativo: Resolución n.º 2377 de 4 de octubre de 1993.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (Programa Oportunidad de Retiro Voluntario de Personal).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 16 de agosto de 1993, en cuantía de $417.597,27 equivalente al 100% del último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 014660 de 18 de julio de 2008.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 6 de agosto de 2007, en cuantía de $1.926.590, con 1647 semanas cotizadas y un porcentaje del 90%.

13. Luis Enrique Marrugo Polo

Acto administrativo: Resolución n.º 0920 de 13 de mayo de 1993.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación («De conformidad con la Ley 4ta de 1976 y demás disposiciones vigentes» (sic)).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 16 de abril de 1993, en cuantía de $413.654,31 equivalente al último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 014901 de 23 de julio de 2009.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 21 de septiembre de 2005, en cuantía de $1.805.603, con 1741 semanas cotizadas y un porcentaje del 90%.

14. Luis Zapata Cardona

Acto administrativo: Resolución n.º 2364 de 01 de octubre de 1993.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (Programa Oportunidad de Retiro Voluntario de Personal).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 30 de diciembre de 1994, en cuantía de $474.668 equivalente al 125% del último salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 100811 de 15 de marzo de 2010.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 1 de marzo de 2010, en cuantía de $2.201.390, con 1712 semanas cotizadas y un porcentaje del 90%.

15. Pedro Manuel Díaz Rodríguez

Acto administrativo: Resolución n.º 306 de 21 de marzo de 1995.

Tipo de pensión: Pensión de jubilación extralegal (artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1985 y 26 de la Convención Colectiva de Trabajo).

Condiciones: Reconoce pensión de jubilación, a partir del 23 de noviembre de 1994, en cuantía de $302.517,36 equivalente al 75% último del salario promedio devengado en el último año de servicio.

Acto administrativo: Resolución n.º 014645 de 18 de julio de 2008.

Tipo de pensión: Pensión de vejez legal (Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición).

Condiciones: Reconoce pensión de vejez, a partir del 23 de noviembre de 2004, en cuantía de $860.692, con 1263 semanas cotizadas y un porcentaje del 90%.

Estas premisas fácticas permiten concluir que los demandantes no tienen derecho a la pensión de jubilación reclamada a cargo del distrito de Cartagena, como tampoco a cargo de Colpensiones, por las siguientes razones:

1. Los demandantes obtuvieron pensiones de jubilación legales y extralegales a cargo de la entidad empleadora. Así, seis de ellos accedieron a la pensión de jubilación legal de conformidad con la Ley 4ª de 1966 y uno a la pensión restringida de jubilación del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo. Los otros 8 disfrutaron de pensiones de jubilación extralegales: 7 otorgadas en el marco de un programa de retiro voluntario y una con base en la convención colectiva de trabajo.

Hay que resaltar que todas las pensiones fueron reconocidas en condiciones más favorables que la que les pudo corresponder al amparo del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985. De esta forma, quienes se acogieron al plan de retiro voluntario disfrutaron de pensiones equivalentes al 100% o 125% del salario promedio devengado en el último año de servicio, porcentaje superior al 75% de la Ley 33 de 1985. Los que accedieron a pensiones legales, disfrutaron de prestaciones equivalentes al 100% del salario promedio devengado, salvo los actores Orlando Ramos Montalván y Pedro Manuel Díaz Rodríguez, quienes percibieron pensiones del 75% del salario promedio devengado en el último año de servicios. En todo caso, este porcentaje no es inferior al de la Ley 33 de 1985 y la pensión de los citados fue liquidada con inclusión de todos los factores salariales que devengaban, lo que es más favorable en comparación con la aplicación estricta de los factores salariales legales.

Por tanto, si hubiese un eventual derecho a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 a cargo del Distrito demandado, por cuenta de los servicios que los accionantes prestaron en favor de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, este quedó cubierto por las pensiones legales y extralegales que la citada entidad les otorgó en condiciones más favorables.

2. Desde el punto de vista de la entidad de seguridad social convocada, es conveniente resaltar que cuando un empleador cotiza con el propósito de subrogar su obligación pensional legal o extralegal, de manera parcial o total, en el ISS -hoy Colpensiones-, la prestación que reconoce esta administradora tiene como fundamento sus propios reglamentos o el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

Sobre el particular, los artículos 18 del Acuerdo 049 de 1990 y 5.º literal a) del Decreto 813 del Decreto 1994 -modificado por el 2.º del Decreto 1160 de 1994-, concordado con el 45 del Decreto 1748 de 1995, establecen respectivamente:

ARTÍCULO 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

ARTICULO 5. TRANSICIÓN DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN A CARGO DE EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 1160 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> (…)

a) Cuando el trabajador cumpla con los requisitos del régimen que se le venía aplicando, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión a cargo de dicho empleador.

Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, éste continuará cotizando al Instituto de Seguros Sociales hasta que el trabajador cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En ese momento el ISS procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta el empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado.

Artículo 45. EMPLEADORES DEL SECTOR PUBLICO AFILIADOS AL ISS.

Los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por tanto, les será aplicable el Artículo 5º del Decreto 813 de 1994 y no habrá lugar a la expedición de bono tipo B.

Este último artículo fue modificado por el 1.º del Decreto 4937 de 2009, vigente en algunas de las situaciones pensionales estudiadas, y en lo que interesa también reiteró que «Para efectos de Bonos Pensionales regidos por el Decreto 1748 de 1995, los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por tanto, no habrá lugar a la emisión de bonos tipo B».

En el anterior contexto, es claro que en la figura de la compartibilidad pensional el empleador reconoce la pensión de jubilación legal o extralegal con la posibilidad de cotizar a Colpensiones, a fin de que una vez el afiliado reúna los requisitos de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 o en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, aplicables según la persona sea titular o no del régimen de transición, la entidad de seguridad social asuma parcial o totalmente el pago de la prestación que estaba a su cargo, y si es el primer caso la empleadora debe pagar únicamente el mayor valor.

Si esto es así, el entonces Instituto de Seguros Sociales no se equivocó al reconocer a los demandantes la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, vía régimen de transición, con la finalidad de compartir esta prestación con la de jubilación a cargo del distrito de Cartagena, tal como dan cuenta las órdenes contenidas en las resoluciones del ISS referidas, a través de las cuales ordenó girar el valor del retroactivo de las pensiones de los demandantes a la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, como también algunas resoluciones de esta entidad que ordenan compartir la pensión.

3. Por último, los demandantes solicitan la pensión de la Ley 33 de 1985, con la convicción que esta prestación es más favorable que la establecida en el Acuerdo 049 de 1990, ambas normativas aplicables en virtud del régimen de transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. No obstante, en las precisas circunstancias en las que se encuentran los accionantes, esta suposición no resulta ser necesariamente cierta.

En efecto, al ser los demandantes beneficiarios del régimen de transición, es doctrina pacífica de esta Sala que el IBL de las pensiones del régimen anterior se determina conforme a los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según al afiliado le faltare menos o un tiempo igual o superior a los 10 años para adquirir el derecho pensional (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 31711, CSJ SL15602-2014, CSJ SL6476-2015, CSJ SL12998-2015, CSJ SL8563-2016, CSJ SL9808-2016, CSJ SL2510-2017, CSJ SL4093-2017, CSJ SL13184-2017 y CSJ SL2954-2021). En consecuencia, en materia de IBL las pensiones consagradas en la Ley 33 o en el Acuerdo 049 se liquidan en idénticos términos y no con los salarios devengados en el último año como se propone en la demanda.

Sin embargo, en materia de porcentaje de liquidación de la pensión, sí pueden existir diferencias importantes entre uno y otro régimen, en función del número de semanas reportadas. Así, en el Acuerdo 049 cuando un afiliado registra 1000 semanas o más, el porcentaje tiende a crecer proporcionalmente al número de semanas, desde un 75% hasta un máximo del 90% cuando se ajustan 1250 semanas o más; en cambio, en la prestación de Ley 33, el porcentaje siempre es el mismo: 75%.

En este caso, la Corte advierte que los demandantes reportan más de 1050 semanas cotizadas e incluso la mayoría de ellos tiene más de 1250, por lo que en función de la tasa de reemplazo es claro que les convenía más la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049, salvo el caso de José Trinidad Hernández Barreto, quien registra 1035 semanas; sin embargo, para él también es indiferente la tasa de reemplazo de ambos regímenes pues el monto pensional sería el mismo, esto es, el equivalente al 75% del IBL.

Por lo anterior, se revocará el fallo de primer nivel y en su lugar se absolverá a Colpensiones y al Distrito de Cartagena de Indias de las pretensiones de la demanda.

Las costas de la primera instancia estarán a cargo de los demandantes. Sin costas en la alzada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de primera instancia y, en su lugar, absolver a Colpensiones y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

Aclaro voto

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Aclaro voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

ACLARACIÓN DE VOTO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

Radicación n.° 70320

DELIMIRO SAYAS ANGULO y OTROS vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

Aunque comparto la decisión adoptada, debo manifestar mi aclaración respecto de un punto específico de la sentencia, y es el relacionado con mi convicción de que el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido el IBL. La providencia, citando el radicado que parcialmente se transcribe, en su fundamento señala que:

[…] es doctrina pacífica de esta Sala que el IBL de las pensiones del régimen anterior se determina conforme a los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según al afiliado le faltare menos o un tiempo igual o superior a los 10 años para adquirir el derecho pensional (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, CSJ SL, 24 feb. 2009, rad. 31711, CSJ SL15602-2014, CSJ SL6476-2015, CSJ SL12998-2015, CSJ SL8563-2016, CSJ SL9808-2016, CSJ SL2510-2017, CSJ SL4093-2017, CSJ SL13184-2017 y CSJ SL2954-2021). […]

Me explico, la Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior y de la misma manera, se ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Dispone la norma en comento, en lo que interesa a este escrito:

&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

En lo que se refiere a la interpretación y alcance del inciso tercero, es decir el que define el IBL, pese a que, como lo recuerda la sentencia, ha habido un entendimiento, de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, allí es donde creo, reside el núcleo de mi aclaración, pues a mi juicio, esa lectura no es correcta y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-168 de 1995)

Así las cosas, aceptando como supuesto que en efecto el artículo 36 regula integralmente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en la Ley 100, la consecuencia que de ello se deriva es que había tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos al momento de la pensión: i) quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) quienes les faltaba menos de diez años y, iii) quienes teniendo el derecho de la transición, les faltaban más de diez años.

Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del artículo y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.

A guisa de ejemplo, el Consejo de Estado, mediante providencia CE SPL, 28 ag. 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), llegó a las siguientes conclusiones, que aunque se aproximan al criterio de la Corte Suprema de Justicia, difieren en algunos aspectos de lo que tradicionalmente ha sostenido la Sala de Casación Laboral:

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

'El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985'.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen (sic) pensional está previsto en la Ley 91 de 1989[30]. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

[...]

La lectura que en esta aclaración de voto se propone, en mi modo de ver, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone el cambio abrupto del sistema, y que se preservan las condiciones más favorables del régimen anterior, en la medida en que un nuevo sistema pensional se diseña con el propósito de endurecer, de alguna manera, los requisitos de acceso a la prestación.

En síntesis, el régimen de transición reconoce las condiciones más benéficas del régimen anterior al cual se encontraba afiliado el trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad del régimen pensional, pues esa es su razón de ser.

Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional, al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 expresó en sentencia CC C-168-1995 que:

En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (subrayas propias).

Así las cosas, la solución que más se aviene con lo hasta aquí planteado, es mi opinión, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron después de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:

i) para el grupo de los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;

ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» se está refiriendo, precisamente, al tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por contraste y oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;

iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo.

Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100, hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en suma, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.

Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general y, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad para resolverlos, si a ello hubiere lugar.

Por la brevedad debida, dejó así consignada mi aclaración frente a la decisión adoptada.

Fecha ut supra,

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

MAGISTRADO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO EN SENTENCIA DE INSTANCIA

Radicación n.° 70320

REFERENCIA: LUIS ZAPATA CARDONA Y OTROS vs. ADMINISTRDORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Y OTRO.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en tanto considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.

No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.

Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.

Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.

La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:

Derecho de opción

La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación

La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad CC C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.

Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:

Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.

Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.

Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.

Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.

En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».

Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.

Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.

Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.

-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.

Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.

Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.

Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia CC C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.

A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:

Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.

En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.

Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.

Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.

Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.

De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.

La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos

Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).

Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.

No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.

Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.

Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.

Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.

3. Conclusión

A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.

Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

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