Ficha de la providencia
Sentencia SL2827-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL2827-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2827-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2827-2022
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
10 de agosto de 2022
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL2827-2022
Radicación n.° 89800
Acta 29
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA ALCIRA LEÓN DE RAMÍREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 20 de febrero de 2020, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
María Alcira León de Ramírez llamó a juicio a Colpensiones, para que se declarara que conservó el régimen de transición, por cumplir las exigencias del parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005. Reclamó el reconocimiento de la pensión de vejez del artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, a partir del «1 de mayo de 2010», junto con el retroactivo indexado, las mesadas adicionales de junio y diciembre y los intereses del artículo 141 de la ley de seguridad social.
Aseveró que era beneficiaria del régimen de transición pues, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba 48 años de edad. Que tras reclamar la pensión de vejez conforme a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, Colpensiones argumentó que el 25 de julio de 2005, no tenía 750 semanas cotizadas, ni su equivalente en tiempo de servicio.
Adujo que, para esa fecha, reunía 752.63 semanas de aportes, solo que en la historia laboral expedida por la entidad el «1 de agosto de 2017», la entidad no colacionó los aportes correspondientes a los ciclos «31/04/1999, 31/05/1999 y 29/02/2001» que suman 12.87 semanas, ni la diferencia de 3.48 semanas por los periodos «01/02/2006-31/01/2016» y «01/02/2011». Con ello, dijo, rebasa las 750 exigidas en el acto reformatorio de la Constitución. Agregó que desde que elevó la primera solicitud, el 14 de octubre de 2010, Colpensiones no ha corregido las inconsistencias que presenta la historia laboral (fls. 23 a 33).
Colpensiones se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de causa para demandar, prescripción, buena fe e inexistencia de intereses moratorios. Aceptó la fecha de afiliación de la actora al ISS, hoy Colpensiones, y la negativa a conceder la pensión del Acuerdo 049 de 1990. Aclaró que la actora fue beneficiaria del régimen de transición, hasta cuando dejó de surtir efectos el 31 de julio de 2010 y no se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, pues no alcanzó 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
Adujo que colacionó la totalidad de aportes registrados en la historia laboral y negó que la demandante hubiera pedido su actualización. En su defensa, invocó los artículos 12 y 13 de la Ley 100 de 1993, así como el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 (fls. 55 a 59).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 10 de junio de 2019, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D. C. condenó a Colpensiones a reconocer pensión de vejez a María Alcira León Ramírez, a partir del 28 de febrero de 2014, en cuantía inicial de $616.000 y por 14 mesadas al año. Ordenó sufragar $12.213.414 por retroactivo, junto con los intereses moratorios hasta el pago efectivo. Autorizó el descuento de los aportes con destino al sistema de salud y absolvió de lo demás. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y condenó en costas a la entidad (fl. 68 Cd).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se surtió por apelación de ambas partes y en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. El Tribunal revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la encausada. No impuso costas por la alzada y dejó las de primera instancia a cargo de la accionante.
Redujo el problema jurídico a dilucidar si la actora conservó el beneficio de la transición y, en consecuencia, era merecedora de la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, junto con los intereses moratorios.
Luego de copiar el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, definió que, a pesar de que al 1 de abril de 1994, la actora contaba 47 años de edad, no mantuvo los beneficios de la transición pues, al 25 de julio de 2005, cuando entró en vigor la enmienda constitucional, solo alcanzó 744 semanas de aportes. Enseguida, explicó:
Resulta oportuno señalar que para determinar el número de semanas cotizadas por el (sic) accionante, la Sala tomó en consideración la historia laboral expedida el 31 de agosto de 2018 por Colpensiones visible a folio 49 a 53 por ser esta la más reciente y la aportada por la demandada Colpensiones; además, el comprobante de pago correspondiente al periodo de enero de 2004 cancelado el 9 de enero de 2004 folio 37, cuya acreditación no se refleja en el consolidado de semanas cotizadas.
Conviene precisar que la Sala no tomó en cuenta para adicionar a las semanas reportadas por la administradora el comprobante de folio 20 correspondiente al periodo de abril de 1999, cuyo pago se realizó el 20 de abril de 1999, pues este fue imputado por la entidad al periodo de marzo de 1999, tampoco el pago realizado el 8 de junio de 1999 como obra a folio 21 ya que fue contabilizado por Colpensiones en el periodo de junio de 1999 y en manera alguna podría tenerse también como aporte del mes de mayo de 1999. Igualmente, la Sala desestimó el pago correspondiente al periodo de febrero de 2001, pues no se tiene certeza sobre su cancelación, ya que si bien se presenta sello de timbre de pago no es legible la fecha en que el mismo se realizó, por lo que no puede establecerse contra el consolidado si fue o no acreditado por la entidad como obra a folio 36.
De otra parte, como quiera que a lo largo de la vida laboral la promotora del juicio solo acredita 1147.43 semanas, tampoco es procedente reconocerle la pensión de vejez de conformidad con la Ley 797 de 2003, pues si bien alcanzó los 57 años de edad el 14 de diciembre de 2003, no alcanzó a cotizar el número de semanas previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, entre los años 2005 y 2015, y en todo caso tampoco acredita 1300 semanas a lo largo de la vida laboral.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
En un cargo que mereció réplica de la entidad demandada, la demandante pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada.
CARGO ÚNICO
Acusa violación indirecta, por aplicación indebida, del artículo 13 de Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993. Denuncia la comisión de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado sin estarlo que la señora MARÍA ALCIRA LEON DE RAMIREZ, no adicionó las semanas reportadas por la administradora a folio 20, correspondiente al periodo de abril de 1999, cuyo pago se realizó el 20/04/1999 este fue imputado al periodo de marzo/1999, tampoco el pago realizado el 8/06/1999 como obra a folio 21 ya que fue contabilizado por COLPENSIONES en el periodo de junio de 1999 y en manera alguna podría tenerse como aporte de mayo/1999, igualmente desestimó el pago correspondiente al periodo de febrero/2001 pues no se tiene certeza de su cancelación ya que si bien se presenta sello el timbre de pago no es legible la fecha en el que se realizó.
2. Dar por demostrado sin estarlo que la Señora MARÍA ALCIRA LEON DE RAMIREZ, y la entidad subsidiadora (sic) de la pensión (PROSPERAR – COLOMBIA MAYOR) cancelaron oportunamente, pero la ADMINISTRADORA DE PENSIONES–COLPENSIONES los aplicó a periodos diferentes.
3. No dar por demostrado estándolo que la señora MARÍA ALCIRA LEON DE RAMIREZ, y la entidad subsidiadora (sic) de la pensión (PROSPERAR–COLOMBIA MAYOR) sí cancelaron el valor correspondiente a los periodos de abril y mayo de 1999 dentro de las fechas establecidas.
4. No dar por demostrado estándolo que la señora MARÍA ALCIRA LEON DE RAMIREZ, si canceló la cotización correspondiente a febrero de 2001 y en su lugar desestimó el pago señalado.
Como pruebas no apreciadas, relaciona la corrección de la historia laboral (fls. 49 a 53), la certificación de 31 de julio de 2017 expedida por Colombia Mayor (fl. 16) y el reporte de semanas cotizadas de 1 de agosto de 2017 (fls. 17 a 19). Como mal valoradas, los recibos de pago de aportes correspondientes a los ciclos 1999-04, 1999-05, 2001-02 y 2004–01.
Aduce que el Tribunal pretirió los comprobantes de pago de los ciclos 1999-04, 1999-05, 2004-01, imputados a lapsos diferentes. Considera que el historial de aportes debió apreciarse a cabalidad y, si el juzgador de la alzada tenía dudas sobre lo allí reportado, bien pudo emplear sus facultades en materia probatoria para pedir a Colpensiones «explicación o aclaración» sobre el cruce de la información, que no desconocer simplemente periodos de cotización.
Estima irrazonable el motivo aducido para negar el pago del aporte 2001-2, pues la ilegibilidad del sello impuesto en el documento, no era razón suficiente para desconocer la solución de dicho periodo, en tanto podía exigir a Colpensiones o la entidad bancaria que remitieran la copia del original, a fin de verificar la fecha de la transacción.
Asevera que el ad quem ignoró que la negativa de la enjuiciada a concederle la pensión, no radicó en la pérdida del régimen de transición, como se colige de la Resolución 039790 de 2010, en donde se esgrimió que no cumplía las semanas de cotización; esta inconsistencia, dice, se corrigió mediante la Resolución 18344 de 2012, en donde las semanas aumentaron a 182 por las últimas 2 décadas. Para cerrar, arguye:
Así las cosas, al no existir certeza acerca del porqué se presentaron las inconsistencias alegadas, pues se reitera, los argumentos del TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA no brindó un grado de real convicción frente a tal aspecto, el Tribunal no debió declarar probada tal situación y, en consecuencia, al constituir un requisito que exige la ley a fin de ser beneficiaria de la pensión de vejez, como órgano garante de la administración de justicia, máxime tratándose de un derecho de los llamados “sociales” imponía al juzgador de segunda instancia, confirmar la sentencia de primera instancia previo el agotamiento de las pruebas que llevaran al convencimiento de la verdad, y de tal suerte confirmar la sentencia de primera instancia en el sentido de mantener el reconocimiento de la pensión solicitada (…).
RÉPLICA
La demandada sostiene que la decisión del juez de apelaciones fue acertada, en la medida en que tuvo en cuenta el último reporte actualizado de Colpensiones, de donde formó su convencimiento con apego a la facultad de libre apreciación probatoria de que estaba investido.
CONSIDERACIONES
No fue controversial en las instancias, ni lo es en casación, que la demandante nació el 14 de diciembre de 1946; estuvo afiliada al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y, en principio, fue beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esa normativa.
Según el Tribunal, la promotora del proceso solo fue destinataria de la transición hasta el 31 de julio de 2010, en la medida en que apenas reunió 744 semanas al 25 de julio de 2005. Esa circunstancia, en criterio del fallador de la alzada, coartó cualquier posibilidad de estudiar el derecho a la luz de los reglamentos del Instituto, dentro de la ventana de tiempo contemplada en el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, entre el 31 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.
Bajo ese entendido, coligió que antes de ese periodo, la actora no reunió 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, ni 500 dentro de los 20 años anteriores a la edad mínima para acceder al derecho, según lo contemplado en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Así mismo, concluyó que aquella tampoco completó posteriormente la densidad de aportes para pensionarse bajo las previsiones del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues el historial con corte final al 28 de febrero de 2014 (fls. 49 a 53), solo registró 1147.43 semanas de las 1300 exigidas en ese momento para acceder a la prestación por vejez.
Ocasionalmente, la recurrente se extravía en asuntos ajenos a la senda seleccionada, como cuando deplora que el Tribunal no dispusiera la práctica de pruebas de oficio para despejar cualquier duda acerca de los hechos del litigio. Igualmente, no es precisa al explicar si las pruebas denunciadas fueron mal apreciadas o pretermitidas.
Sin embargo, tales desatenciones no impiden entender a la Sala que, en lo fundamental, el planteamiento de la acusación conlleva discernir si el juez colegiado se equivocó en la valoración de los documentos que indican el estado real de los aportes al sistema, así como al apreciar los soportes de pago de los periodos 1999-04 (fl. 20), 1999-05 (fl. 21), 2001-02 (fl. 36) y 2004–01 (fl. 37), en perspectiva de verificar si la actora acreditó 750 semanas de cotización a 31 de julio de 2005, como condición para la extensión de la transición hasta el 31 de diciembre de 2014.
Bajo ese derrotero, el reporte de semanas cotizadas en pensiones será el punto de partida y eje para el análisis en sede extraordinaria, en la medida en que constituyó el principal referente del razonamiento del juez colegiado de instancia y es objeto general de los reproches del cargo.
Cumple recordar que según el Tribunal, la demandante reunió 744 semanas al 25 de julio de 2005. Ese fue el resultado de sumar el ciclo de enero de 2004, cancelado el día 9 de ese mes y «cuya acreditación no se refleja en el consolidado de semanas cotizadas», a las semanas de cotización que encontró en el reporte de folios 49 a 53.
Así las cosas, lo primero que se advierte es que en ningún error pudo incurrir el ad quem al valorar el comprobante de pago del periodo 2004–01 (fl. 37) pues, en contra de lo percibido por la censura, sí lo tuvo en cuenta y, en efecto, lo colacionó dentro de los aportes pensionales, por el orden de 4.29 semanas.
Sin embargo, una expedita, pero minuciosa revisión del reporte de folios 49 a 53, arroja con facilidad que el resultado de ese ejercicio no corresponde a las 744 semanas que declaró el Tribunal. El resultado de sumar las 4.29 semanas mencionadas en el párrafo anterior, a las que aparecen en el reporte de cotizaciones, equivale a 747.71. Esto se explica en el siguiente esquema:
Cotizaciones anteriores a 1995
[29] Ciclo Desde
[30] Ciclo Hasta
[32] Dfas Rep.
04/06/1979
30/11/1979
180
01/12/1979
31/12/1979
-31
01/07/1972
30/06/1973
365
01/07/1973
30/06/1974
365
01/07/1974
30/06/1975
365
01/07/1975
30/06/1976
366
01/07/1976
30/09/1977
457
01/10/1977
31/12/1977
92
01/01/1978
31/05/1978
151
01/06/1978
15/02/1979
260
DÍAS
2632
SEMANAS
376
Cotizaciones después de 1995 y hasta 25 de julio de 2005:
[37] Periodo
[38]Fecha De Pago
Ü45] Días Cot.
199803
03/03/1999
30
199804
21/04/1998
30
199805
21/04/1998
30
199806
21/05/1998
30
199807
25/06/1998
30
199808
23/07/1998
30
199809
25/08/1998
30
199810
22/09/1998
30
199811
23/10/1998
30
199812
25/11/1998
30
199901
25/11/1998
30
199902
03/03/1999
30
199903
20/04/1999
30
199906
08/06/1999
30
199907
07/07/1999
30
199906
09/08/1999
30
199909
14/09/1999
30
199910
05/10/1999
30
199911
08/11/1999
30
199912
16/12/1999
30
200001
24/01/2000
30
200002
15/02/2000
30
200003
09/03/2000
30
200004
05/04/2000
30
200005
03/05/2000
30
200006
09/06/2000
30
200007
13/07/2000
30
200008
15/08/2000
30
200009
13/09/2000
30
200010
05/10/2000
30
200011
03/11/2000
30
200012
01/12/2000
30
200101
16/01/2001
30
200103
05/03/2001
30
200104
08/03/2001
30
200105
03/04/2001
30
200106
07/05/2001
30
200107
05/06/2001
30
200106
09/07/2001
30
200109
08/08/2001
30
200110
03/09/2001
30
200111
03/10/2001
30
200112
07/11/2001
30
200201
06/12/2001
27
200202
08/02/2002
30
200203
08/02/2002
30
200204
02/04/2002
30
200205
02/04/2002
30
200206
06/05/2002
30
200207
04/06/2002
30
200208
05/07/2002
30
200209
08/08/2002
30
200210
05/09/2002
30
200211
02/10/2002
30
200212
05/11/2002
30
200301
06/12/2002
30
200302
06/02/2003
30
200303
06/02/2003
30
200304
06/02/2003
30
200305
02/04/2003
30
200306
05/05/2003
30
200307
04/06/2003
30
200308
08/07/2003
30
200309
02/09/2003
30
200310
03/10/2003
30
200311
17/10/2003
30
200312
06/11/2003
30
200401
09/12/2003
30
200401
09/02/2004
0
200402
09/01/2004
30
200403
09/02/2004
30
200404
08/03/2004
30
200405
12/04/2004
30
200406
07/05/2004
30
200407
06/06/2004
30
200406
06/07/2004
30
200409
03/08/2004
30
200410
07/09/2004
30
200411
06/10/2004
30
200412
09/11/2004
30
200501
09/12/2004
30
200502
04/01/2005
30
200503
07/02/2005
30
200504
08/03/2005
30
200505
08/04/2005
30
200506
03/05/2005
30
200507
03/06/2005
25
DIAS
2572
SEMANAS
367,42
Entonces:
Semanas cotizadas antes de 1995: 376
Semanas cotizadas entre 1995 y
25 de julio de 2005: 367.42
Ciclo enero de 2004: 4.29
TOTAL: 747.71
Para la Sala, el desacierto del Tribunal se derivó de ignorar el ciclo de diciembre de 1979, registrado en el reporte de Colpensiones por -31 y con observación de «periodo en mora por parte del empleador». Como lo ha explicado la Corporación al develar errores fácticos similares, anotaciones de esas características no pueden perjudicar al afiliado (CSJ SL5689-2021).
Es decir, revelado como está el error de percepción del juez colegiado, el periodo mencionado debe incluirse en el conteo. Con mayor razón, en tanto se extrae del reporte de semanas resultante de la corrección o depuración adelantada por el ente de seguridad social, lo que acredita, además, que tal cotización y su estado no son algo extraño ni sorpresivo para ese ente y, pese a ello, del documento analizado no aflora rastro de alguna gestión de cobro encaminada a solucionar su pago o depurar el registro en forma definitiva.
Así mismo, la Sala anota que los 31 días reportados en mora, no corresponden a un periodo aislado o ajeno al comportamiento habitual de los aportes. Por el contrario, existe plena identidad y sincronía con los efectuados durante el periodo inmediatamente anterior, en tanto coinciden en nombre e identificación del empleador y no hubo solución de continuidad entre unos y otros.
La Corte ha asentado que en atención a lo previsto en los artículos 15 y 24 de la Ley 100 de 1993, y 8 y 13 del Decreto 1161 de 1994, si no está demostrado que la administradora de pensiones adelantó las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes que registran mora en la historia laboral y estos son suficientes para alcanzar el derecho pensional, debe asumir el pago de la pensión (CSJ SL2074-2020, CSJ SL6030-2017, CSJ SL3399-2018 y CSJ SL3550-2018). Con mayor razón si, como en este caso, no existen elementos para restar credibilidad y sustento al periodo objeto de análisis, de suerte que no es cualquier registro de deuda el que se está validando.
De regreso a las pruebas denunciadas, la Sala descarta error en la valoración de los comprobantes de pago de los ciclos cancelados el 24 de abril de 1999 (fl. 20) y el 8 de junio de 1999 (fl. 21). Tal como lo dedujo el juez colegiado de instancia, esos periodos fueron imputados a los ciclos 1999-3 y 1999-6, como se colige en forma clara de la simple lectura del reporte de cotizaciones al que se viene haciendo referencia (fls. 49 a 53). Por tanto, contrario a lo que aspira la censura, no es dable sumarlos de nuevo.
No ocurre lo mismo con el comprobante de folio 36, para cubrir el periodo 2001-02, desechado por el juzgador de alzada por hallar ilegible la fecha de pago. La Sala no advierte la ilegibilidad de que se valió el ad quem, en tanto allí se registró que, en efecto, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, recibió $11.600 correspondientes al «PERIODO DE COTIZACIÓN 2001-02», transacción con sello de consignación en el «Banco Granahorrar», recibo número «570764250027035».
Por tanto, refulge evidente que dicho ciclo debe ingresar en el haber de aportes de la actora, por el orden de 30 días, como quedó registrado en el mismo formulario.
Como corolario de lo expuesto, la Sala advierte que el juez colegiado de instancia desapercibió que el consolidado de aportes de la demandante antes del 25 de julio de 2005, estaba compuesto por 751.97 semanas de cotización, resultado de colacionar 743.41 que fluyen del reporte de cotizaciones de folio 49 a 53 (incluidas las 4.42 registradas en mora), 4.29 del ciclo 2004-01 y otras 4.29 del ciclo 2001-02.
Sin duda, es evidente que los errores fácticos del Tribunal son relevantes, dado que, como fácilmente se aprecia, la accionante ajusta las 750 semanas requeridas en el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, para garantizar la extensión del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014. Peor aún, lo que observa la Sala es que los ajustes resultantes arrojan que ni siquiera habría sido necesaria dicha prolongación de la transición, pues el extender el conteo de las semanas cotizadas hasta el 25 de julio de 2010, arroja 1010.97 semanas, así:
Cotizaciones entre 25 de julio de 2005 y 25 de julio de 2010:
200508
11/07/2005
30
200509
02/08/2005
30
200510
07/09/2005
30
200511
06/10/2005
30
200512
08/11/2005
30
200601
09/12/2005
30
200602
03/01/2006
30
200603
14/02/2006
30
200604
03/03/2006
30
200605
05/04/2006
30
200606
02/05/2006
30
200607
08/06/2006
30
200608
10/07/2006
30
200609
01/06/2006
30
200610
05/09/2006
30
200611
05/10/2006
30
200612
31/10/2006
30
200701
05/12/2006
18
200702
09/02/2007
30
200703
09/02/2007
30
200704
21/03/2007
30
200705
11/04/2007
30
200706
10/05/2007
30
200707
05/06/2007
30
200708
04/07/2007
30
200709
31/07/2007
30
200710
05/09/2007
30
200711
02/10/2007
30
200712
20/11/2007
30
200801
20/12/2007
30
200802
23/01/2008
30
200803
21/02/2008
30
200604
17/03/2008
30
200805
21/04/2008
30
200806
16/05/2008
30
200807
18/06/2008
30
200808
21/07/2008
30
200809
15/08/2008
30
200810
17/09/2008
30
200811
16/10/2008
30
200812
21/11/2008
30
200901
09/12/2008
30
200902
21/01/2009
30
200903
19/02/2009
30
200904
18/03/2009
30
200905
20/04/2009
30
200906
15/05/2009
30
200907
19/06/2009
30
200906
17/07/2009
30
200909
12/08/2009
30
200910
17/09/2009
30
200911
21/10/2009
30
200912
17/11/2009
30
201001
18/12/2009
30
201002
19/01/2010
30
201003
18/02/2010
30
201004
16/03/2010
30
201005
19/04/2010
30
201006
18/05/2010
30
201007
16/06/2010
30
201008
15/07/2010
25
1813
SEMANAS
259
Semanas a 25 de julio de 2005: 751.97
Semanas de 25 de julio de 2005
a 25 de julio de 2010: 259
TOTAL: 1010.97
Así las cosas, antes de la fecha general establecida para la desaparición del régimen de transición, la demandante superaba los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, en tanto consolidó más de 1000 semanas de cotización y ya bordeaba la edad de 64 años, ampliamente superior a la exigida (55).
Así las cosas, se casará la sentencia de segundo grado, en cuanto revocó la decisión del a quo y, en su lugar, absolvió al demandado de todas las pretensiones.
Sin costas en el recurso extraordinario.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, la Sala revisará la decisión del a quo en su integridad, con lo cual resolverá la apelación de Colpensiones y, en lo no cuestionado, el grado jurisdiccional de consulta a favor de la misma entidad. Y, como quiera que la demandante formuló reparos concretamente en punto a lo dispuesto en materia de prescripción, se ocupará de ello al momento de discurrir sobre ese tópico de la sentencia de primer grado.
En ese orden, la Sala reitera las consideraciones expuestas en casación, pues son suficientes para colegir que la demandante fue beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en ese marco, consolidó el derecho a la pensión regulada por el Acuerdo 049 de 1990. Se desestiman así los cuestionamientos de la demandada en esta materia.
Por tanto, se confirmará la decisión de primer grado, en cuanto condenó al pago de la pensión de vejez a favor de la actora, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990.
El a quo fijó el 28 de febrero de 2014 como fecha de
disfrute, que corresponde al momento en que se produjo el retiro del sistema. En consulta, se dirá que lo así dispuesto armoniza con los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990. Y, dado que la demandante no apeló sobre este punto, la Sala no se detendrá en aquellas situaciones que pudieran dar lugar a una inferencia más favorable al pensionado, como sería el caso de la denominada desafiliación tácita.
Dado que la prestación se concedió en un salario mínimo, la Sala advierte que el estudio de este aspecto es irrelevante y por ello también se confirmará.
Así mismo, se ratificará el pago de 14 mesadas anuales, dado que la pensión es inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales y se causó en 2010, por manera que no quedó afectada por la prohibición consignada en el parágrafo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2005.
El juez singular declaró prescritas las mesadas causadas antes del 20 de abril de 2018 (fl. 34). En armonía con los reclamos de la demandante, la Sala no comparte esa conclusión, teniendo en cuenta que el derecho se hizo exigible el 28 de febrero de 2014 y con posterioridad a ese momento, la demandante solo reclamó por vía judicial el 20 de abril de 2018, mediante demanda notificada el 29 de agosto siguiente. En ese orden, contrario a lo inferido por el a quo, quedaron prescritas las mesadas causadas antes del 20 de abril de 2015 pues, sobre las siguientes, la demandante aún se hallaba en término de acudir a la jurisdicción para su cobro.
Así las cosas, se impone modificar y por contera actualizar el retroactivo liquidado, como sigue:
VIGENCIA
VALOR MESADA
NÚMERO DE MESADAS
TOTAL
2015
$ 644.350
10
$ 6.443.500
2016
$ 689.455
14
$ 9.652.370
2017
$ 737.717
14
$ 10.328.038
2018
$ 781.242
14
$ 10.937.388
2019
$ 828.116
14
$ 11.593.624
2020
$ 877.803
14
$ 12.289.242
2021
$ 908.526
14
$ 12.719.364
2022
$ 1.000.000
8
$ 8.000.000
TOTAL
$ 81.963.526
En cuanto a los intereses moratorios, es oportuno recordar que la Sala ha considerado que no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues su procedencia persigue aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa.
En consecuencia, la Sala los confirmará porque no se presenta alguna de las excepciones que la jurisprudencia ha considerado para su exoneración (CSJ SL2772-2021), precisando que correrán a partir de la presentación de la demanda el 20 de abril de 2018, que no del 28 de febrero de 2014, como lo asentó el juez singular. Esto, por cuanto como se indicó líneas atrás, entre la exigibilidad de la prestación y la formulación de la acción, la entidad obligada no fue objeto de requerimiento y, por ende, mal podría haber incurrido en mora.
Sin costas en la alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 20 de febrero de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, dentro del proceso seguido por MARÍA ALCIRA LEÓN DE RAMÍREZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, en cuanto revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.
En instancia, modifica la sentencia proferida el 10 de junio de 2019 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., para declarar prescritas las mesadas causadas antes del 20 de abril de 2015. También, en el sentido de condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a pagar a la demandante $81.963.526, por concepto del retroactivo causado desde el 20 de abril de 2015 hasta el 31 de julio de 2022.
Así mismo, la Sala modifica la decisión de primer grado, para precisar que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, correrán a partir del 20 de abril de 2018.
Confirma en lo demás.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Salva el voto parcial
JORGE PRADA SÁNCHEZ
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
MAGISTRADA
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Radicación No. 89800
Magistrado Ponente: JORGE PRADA SÁNCHEZ
Ref.: MARÍA ALCIRA LEÓN DE RAMÍREZ VS. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Con el acostumbrado respeto por las decisiones que adopta esta Corporación, a continuación presento los argumentos que me llevan a disentir, parcialmente, de la decisión mayoritaria adoptada en el fallo de instancia en el asunto de la referencia.
En la parte pertinente de la providencia, la Sala resolvió:
(…) En ese orden, contrario a lo inferido por el a quo, quedaron prescritas las mesadas causadas antes del 20 de abril de 2015 pues, sobre las siguientes, la demandante aún se hallaba en término de acudir a la jurisdicción para su cobro.
Así las cosas, se impone modificar y por contera actualizar el retroactivo liquidado, como sigue:
VIGENCIA
VALOR MESADA
NÚMERO DE MESADAS
TOTAL
2015
$ 644.350
10
$ 6.443.500
2016
$ 689.455
14
$ 9.652.370
2017
$ 737.717
14
$ 10.328.038
2018
$ 781.242
14
$ 10.937.388
2019
$ 828.116
14
$ 11.593.624
2020
$ 877.803
14
$ 12.289.242
2021
$ 908.526
14
$ 12.719.364
2022
$ 1.000.000
8
$ 8.000.000
TOTAL
$ 81.963.526
Si bien acompaño la decisión declarativa de la Sala, encuentro que, el cálculo que se efectuó e incorporó a la sentencia, en el cuadro antes reproducido, no se ajusta a la orden impartida.
Recuérdese que por ser la pensión una prestación vitalicia, de causación mensual, y no diaria, su pago no es exigible antes del último día del respectivo mes.
Se dice lo anterior, acorde con lo dispuesto en los artículos 488, 489 del CST y 151 del CPTSS, el demandante interrumpió eficazmente el término:
ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
ARTICULO 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.
ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual
Con lo expuesto, se corrobora que conforme a lo declarado por la Sala, la reclamación fue eficaz e interrumpió el término de la prescripción extintiva, dejando a salvo la totalidad de la mesada de abril de 2015 y, por ende, solo se extinguieron por prescripción las causadas hasta la mesada de marzo de ese año, por eso es que no era posible dejar de pagarle la mesada completa del mes de abril.
En los anteriores términos, salvo parcialmente el voto.
Fecha ut supra,
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL2827-2022 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.