Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, que fue objeto de réplica.
CARGO ÚNICO
Por la vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos 24 y 36 de la Ley 100 de 1993, y 12 del Acuerdo 049 de 1990, en relación con «la Ley 797 de 2003, Acto Legislativo 01 de 2005», y los artículos 21, 193, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 25, 29, 48, 53 y 217 de la Constitución Nacional.
Señala que el Tribunal incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:
1- Dar por probado sin estarlo, que el recurrente, pierde el beneficio de la transición por no cumplir el requisito de las 750 semanas, exigidas por el Acto Legislativo 01 del 29 de julio de 2005.
2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el recurrente, cotizó 703.97 semanas, hasta el 29 de julio de 2005.
3- Dar por probado, sin estarlo, que, al recurrente, solo le aparecen 47 semanas reales, no reportadas en la historia laboral.
4. No dar por demostrado estándolo que el número de semanas cotizadas le dan derecho a recibir la pensión de vejez.
Acusa la apreciación errónea de las siguientes pruebas: historia laboral (f.º 31 a 40), las tarjetas de comprobación de derecho (f.º 41 a 47) y la Resolución GNR 313842 de 21 de noviembre de 2013 (f.º «17 a 12») (sic).
Afirma que las tarjetas de comprobación de derecho dan cuenta de las semanas cotizadas y no reportadas en los años de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y de enero a julio de 1998, que corresponden a 126 semanas y que, al sumarlas a las 656,97 semanas que registra la historia laboral arrojan un total de 782,97 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
Indica que la historia laboral no registra novedad de retiro para los años 2009 a 2013, «lo que significa que siempre cotizó al ISS» así: 51,48 semanas en el 2009, 51,48 en el 2010, 47 en el 2011, 17 en el 2012 y 17 en el 2013, y que ello se reconoció en la Resolución GNR 313842 de 2013. Y agrega que aportó un total de 1181,53 semanas que le dan derecho a la pensión reclamada.
RÉPLICA
La opositora señala que el recurso de casación no tiene vocación de prosperidad porque el Tribunal tiene la facultad de apreciar los elementos de convicción conforme a las reglas de la sana crítica y en este caso no cometió el error manifiesto de hecho que le endilga el censor, pues las tarjetas de comprobación no demuestran si cotizó o no en los periodos afirmados, y que la mayoría de estos están reportados en «el acto administrativo obrante de folios 93 a 94», estos son, los de marzo a diciembre de 1992, marzo, abril, junio, agosto, octubre y noviembre de 1993.
Señala que el hecho de que no figure la novedad de retiro en los años 2009 a 2013 no implica que deban computarse los periodos que aduce, pues puede que no exista cotización y solo sea una omisión.
CONSIDERACIONES
En sede de casación no se discute que: (i) el demandante (i) nació el 2 de junio de 1952; (ii) estuvo afiliado al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, (iii) en principio, es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esa normativa.
Así, la Sala debe resolver si el Tribunal se equivocó al establecer que en el caso del actor el régimen de transición no se extendió hasta el 2014, toda vez que no cotizó 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y, por esa vía, concluir que no le asistía derecho a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990.
Pues bien, sin desconocer el enfoque fáctico de la acusación, debe indicarse que el parágrafo transitorio 4.º de dicho Acto Legislativo estipula que para extender el régimen de transición hasta diciembre de 2014 se requiere que el afiliado haya cotizado por lo menos 750 semanas al 29 de julio de 2005 o su equivalente en tiempo de servicios; y en caso contrario, tal prerrogativa solo se mantiene hasta el 31 de julio de 2010.
Asimismo, que en atención a lo previsto en los artículos 15 y 24 de la Ley 100 de 1993, 8.º y 13 del Decreto 1161 de 1994, la Corte ha adoctrinado de manera reiterada y pacífica que si la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes que registran en mora en la historia laboral y estos son suficientes para alcanzar el derecho pensional, debe asumir el pago de la pensión (CSJ SL2074-2020, CSJ SL6030-2017, CSJ SL3399-2018 y CSJ SL3550-2018). Precisamente, en la última providencia la Sala expresó:
Así las cosas, vale indicar que esta Corporación en providencia CSJ SL, 10 feb. 2009, rad. 34256 reiterada, entre otras, en CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 40852,CSJ SL782-2013, CSJ SL5987-2014, CSJ SL4818-2015 y CSJ SL 12718-2016, sostuvo: “en el caso del trabajador dependiente afiliado al Sistema, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de que se presente mora patronal en el pago de las mismas (…).
Con todo, sea esta la oportunidad para reiterar dos temas que han sido profusamente desarrollados por la jurisprudencia del trabajo. Uno, es que el estado de mora no genera la pérdida de la calidad de cotizante activo del trabajador, en la medida que el retardo en el pago de las cotizaciones constituye una conducta que no puede atribuírsele, ni menos puede generar los efectos de una desafiliación (CSJ SL667-2013); y dos, en los eventos de mora del empleador, las administradores de pensiones deben adelantar las gestiones de cobro, a fin de obtener el debido recaudo de las cotizaciones, de modo que, de omitirse esta obligación, responderán por el pago de la prestación, lo que indica que si estas se realizan aun de forma extemporánea, deben tenerse en cuenta para el pago de la prestación deprecada.
Por otra parte, la Sala también ha establecido que los efectos pensionales de la mora antes referida se sustentan en la demostración de «una relación de trabajo» mediante «pruebas razonables o inferencias plausibles» (CSJ SL1355-2019 y CSJ SL3056-2019), de modo que no cualquier registro de deuda implica su validación.
Conforme lo anterior, procede la Sala a revisar las pruebas denunciadas por la censura.
De entrada es necesario aclarar que si bien el recurrente no mencionó expresamente la historia laboral actualizada a 27 de febrero de 2015 (f.º 107 y 113) y en la que el Tribunal cimentó su decisión, para la Sala sí la critica cuando indica que a las semanas que aquel concluyó como reportadas hasta el 29 de julio de 2005, debían sumarse las que acreditaban las tarjetas de aprobación de derecho visibles a folios 41 a 47 del expediente, pues demuestran aportes que no fueron reportados por los empleadores ni efectivamente cotizados.
Al revisar esa historia laboral, la Sala aprecia que los períodos que tienen reporte de mora son: (i) los comprendidos entre el 1.º de septiembre a 31 de diciembre de 1994. Ello porque si bien en el resumen de semanas solo se reporta ese año hasta el 31 de agosto de 1994 con el empleador Serviper Ltda. y sin mora (f.º 107 y 108), lo cierto es que la relación de novedades registradas anexa a dicho documento, muestra un retiro el 31 de octubre y un ingreso el 18 de noviembre (13 días de cotización), un «cambio de sistema» el 31 de diciembre y un débito total por cobrar de los meses de septiembre a diciembre de 1994 (f.º 112 y 113); (ii) octubre de 1997, que tampoco aparece registrado en el resumen de semanas cotizadas, pero sí con reporte de mora en el detalle de novedades mencionado (f.º 109); (iii) del 1.º de marzo de 1995 al 30 de septiembre de 1999 -con el empleador Servicios Generales Serviper Ltda. Ahora, como solo registran 8,57 semanas, puede decirse que se validaron los dos primeros meses -marzo y abril- y la mora comprende los ciclos de mayo de 1995 en adelante; y (iv) los que van del 1.º de marzo de 1998 a 30 de septiembre de 1999 -con el empleador ASEMPA S.A.-, pues solo se computaron 2,57 semanas en marzo de 1998.
Aunado a esto, la Sala advierte que las tarjetas de comprobación de derecho (f.º 31 a 40) consignan un número patronal de seguimiento y están distinguidos con el logotipo del ISS, por lo que es dable establecer su autoría (CSJ SL14236-2015 y CSJ SL5170-2019), además la accionada no los desconoció y, como se explicará posteriormente, su contenido es plenamente acorde con la historia laboral materia de estudio, por lo que gozan de plena eficacia probatoria. De dicho documento la Sala advierte lo siguiente:
En primer lugar, que el actor estuvo efectivamente vinculado a dicho ente de seguridad social en los siguientes períodos que registran como efectivamente cotizados en la mencionada historia laboral: marzo, abril, junio, octubre y diciembre de 1993, abril y junio de 1994, marzo a mayo, agosto, octubre y noviembre de 1996, febrero a abril, junio y noviembre de 1997, y febrero de 1998, ciclos que ya están validados en la historia laboral.
En segundo lugar, demuestran que en los períodos de junio, noviembre y diciembre de 1995 el accionante estaba válidamente afiliado al ISS a través de la empresa «SERV. GRLES. SRVP. LTDA.», que es la misma que registra como deudora en tales períodos en la historia laboral en análisis; y que tal afiliación se mantuvo en los ciclos de abril y junio de 1998 con el empleador «ASEMPA S.A.», que también aparece como deudora de los aportes de dichos períodos en el historial estudiado.
Y en tercer lugar, dan cuenta que en noviembre y diciembre de 1994 el actor cotizó al ISS 13 y 30 días, respectivamente (f.º 43), hecho que coincide con los 13 días de noviembre de 1994 reportados en mora en la historia laboral (f.º 112 y 113). Asimismo, que también aportó a los riesgos IVM en octubre de 1997 a través de ASEMPA S.A. (f.º 46), que es la empresa con la que estaba vinculado el actor en ese año y hasta agosto de 1998, según se corrobora con el detalle de pagos de la historia laboral en análisis, pues registra que dicho agosto fue el último ciclo reportado y el último pago se realizó el 7 de septiembre de 1998, que se aplicó a periodos anteriores precisamente debido a las deudas previas registradas (f.º 111).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala la decisión del Tribunal es contradictoria, dado que no advirtió que las tarjetas de comprobación de derechos, en conjunto con la historia laboral que analizó, permitían validar los períodos de septiembre a diciembre de 1994, pues evidenciaban que el actor estaba efectivamente vinculado al ISS, sin que la mora y la omisión en su cobro pueda perjudicar al afiliado, tal como se explicó.
Asimismo, si bien no era dable contar la totalidad de los periodos registrados en mora entre el 1.º de mayo de 1995 y el 30 de septiembre de 1999, como se solicitó, sí existían pruebas que permitían inferir plausiblemente que el actor mantuvo un vínculo laboral y su afiliación efectiva desde mayo de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995 con la empresa Servicios Generales, y luego de febrero de 1996 al 31 de agosto de 1998 con ASEMPA S.A.
Así, la totalidad de dichos períodos ajustan 76,43 semanas, las cuales deben sumarse al resto de los períodos registrados en la historia laboral actualizada a 2015, y que, conforme a la jurisprudencia vigente de la Sala, deben contabilizarse con 365 días hasta el 31 de marzo de 1994 y luego de esta fecha con 30 días calendario (CSJ SL3583-2020).
En el anterior contexto, el accionante reúne al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, un total de 751,85 semanas, por lo que en su caso el régimen de transición se extendió hasta el 2014. En el siguiente cuadro se detalla este resultado -en negrillas las semanas en mora validadas-:
Inicio
Final
Total semanas
Semanas hasta 29 julio/05
1/12/78
31/12/78
31
31
1/01/79
31/01/79
31
31
1/02/79
28/02/79
28
28
1/03/79
31/03/79
31
31
1/04/79
30/04/79
30
30
1/05/79
31/05/79
31
31
1/06/79
30/06/79
30
30
1/07/79
31/07/79
31
31
1/08/79
31/08/79
31
31
1/09/79
30/09/79
30
30
1/10/79
31/10/79
31
31
1/11/79
30/11/79
30
30
1/12/79
31/12/79
31
31
1/01/80
31/01/80
31
31
1/02/80
29/02/80
29
29
1/03/80
31/03/80
31
31
1/04/80
30/04/80
30
30
1/05/80
31/05/80
31
31
1/06/80
30/06/80
30
30
1/07/80
31/07/80
31
31
1/08/80
31/08/80
31
31
1/09/80
30/09/80
30
30
1/10/80
31/10/80
31
31
1/11/80
30/11/80
30
30
1/12/80
31/12/80
31
31
1/01/81
31/01/81
31
31
1/02/81
28/02/81
28
28
1/03/81
31/03/81
31
31
1/04/81
30/04/81
30
30
1/05/81
31/05/81
31
31
1/06/81
30/06/81
30
30
1/07/81
31/07/81
31
31
1/08/81
31/08/81
31
31
1/09/81
30/09/81
30
30
1/10/81
31/10/81
31
31
1/11/81
30/11/81
30
30
1/12/81
31/12/81
31
31
1/01/82
31/01/82
31
31
1/02/82
28/02/82
28
28
1/03/82
31/03/82
31
31
1/04/82
22/04/82
22
22
1/09/82
30/09/82
30
30
1/10/82
31/10/82
0
0
28/11/82
29/11/82
1
1
14/03/83
31/03/83
18
18
1/04/83
30/04/83
30
30
1/05/83
31/05/83
30
30
1/06/83
30/06/83
30
30
1/07/83
6/07/83
6
6
19/10/90
31/10/90
13
13
1/11/90
30/11/90
30
30
1/12/90
31/12/90
31
31
1/01/91
31/01/91
31
31
1/02/91
28/02/91
28
28
1/03/91
31/03/91
31
31
1/04/91
30/04/91
30
30
1/05/91
31/05/91
31
31
1/06/91
30/06/91
30
30
1/07/91
31/07/91
31
31
1/08/91
31/08/91
31
31
1/09/91
25/09/91
25
25
2/01/92
31/01/92
30
30
1/02/92
4/02/92
4
4
19/03/92
31/03/92
13
13
1/04/92
30/04/92
30
30
1/05/92
31/05/92
31
31
1/06/92
30/06/92
30
30
1/07/92
31/07/92
31
31
1/08/92
31/08/92
31
31
1/09/92
30/09/92
30
30
1/10/92
31/10/92
31
31
1/11/92
30/11/92
30
30
1/12/92
16/12/92
16
16
2/03/93
31/03/93
30
30
1/04/93
30/04/93
30
30
1/05/93
31/05/93
31
31
1/06/93
30/06/93
30
30
1/07/93
31/07/93
31
31
1/08/93
23/08/93
23
23
5/10/93
31/10/93
27
27
1/11/93
30/11/93
30
30
1/12/93
31/12/93
31
31
1/01/94
31/01/94
31
31
1/02/94
28/02/94
28
28
1/03/94
31/03/94
31
31
1/04/94
30/04/94
30
30
1/05/94
31/05/94
30
30
1/06/94
30/06/94
30
30
1/07/94
31/07/94
30
30
1/08/94
31/08/94
30
30
1/09/94
30/09/94
30
30
1/10/94
31/10/94
30
30
1/11/94
30/11/94
13
13
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31/12/94
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31/01/95
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30
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31/05/95
30
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30/06/95
30
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31/07/95
30
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1/08/95
31/08/95
30
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1/09/95
30/09/95
30
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1/10/95
31/10/95
30
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14
14
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30
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31/05/96
30
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30
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31/07/96
30
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31/08/96
30
30
1/09/96
30/09/96
30
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31/10/96
30
30
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30/11/96
30
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31/12/96
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30
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31/03/97
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30
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31/05/97
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30/06/97
30
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1/07/97
31/07/97
30
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30
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1/09/97
30/09/97
30
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1/10/97
31/10/97
30
30
1/11/97
30/11/97
30
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1/12/97
31/12/97
30
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31/01/98
30
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1/02/98
28/02/98
30
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31/03/98
30
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31/05/98
30
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1/06/98
30/06/98
30
30
1/07/98
31/07/98
30
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1/08/98
31/08/98
30
30
1/01/00
31/01/00
30
30
1/02/00
29/02/00
30
30
1/03/00
31/03/00
30
30
1/04/00
30/04/00
30
30
1/05/00
31/05/00
30
30
1/06/00
30/06/00
30
30
1/07/00
31/07/00
30
30
1/08/00
31/08/00
30
30
1/09/00
30/09/00
30
30
1/10/00
31/10/00
30
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1/11/00
30/11/00
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1/08/02
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1/09/02
30/09/02
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1/01/14
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Total días
7882
5263
Total Semanas
1126
751,857143
Por tanto, es evidente que el error fáctico del Tribunal es relevante dado que, como fácilmente se aprecia, el accionante ajusta las 1000 semanas que exige el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez y cumplió la edad de 60 años el 2 de junio de 2012.
Conforme lo anterior, el cargo prospera.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, para resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, la Sala reitera las consideraciones expuestas en casación, pues son suficientes para establecer que al actor le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de acuerdo con el Acuerdo 049 de 1990, en tanto es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el cual en su caso se extendió hasta el 2014.
Por otra parte, en cuanto a la fecha de su disfrute, la Sala destaca que en estricto sentido el accionante reunió los requisitos pensionales el 2 de junio de 2012, cuando cumplió 60 años de edad (f.º 9) y tenía más de 1000 semanas en toda su vida laboral -artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990-, sin embargo, en dicha data no se evidencia novedad de retiro del sistema. En ese orden, el a quo desconoció que el reconocimiento pensional está sujeto a la desafiliación del sistema, según lo exigen los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que se equivocó al disponerlo simplemente a partir del cumplimiento de los requisitos pensionales.
Ahora, si bien la historia laboral registra novedad de retiro en agosto de 2012, lo cierto es que el actor continuó cotizando hasta diciembre de 2012 y luego de forma esporádica hasta enero de 2014. Igualmente, téngase presente que la reclamación del derecho la realizó el 13 de diciembre de 2012, según se aprecia en la Resolución GNR 087121 de 3 de mayo de 2013 (f.º 13 a 16), a través de la cual se negó el derecho pensional.
Por tanto, para la Sala el ánimo de retirarse del sistema y acceder a la pensión solo se evidencia desde la reclamación administrativa, de modo que las cotizaciones posteriores son resultado de la renuencia de la entidad en reconocerle el derecho pensional, lo cual no puede incidir en la fecha en que legítimamente debe el demandante disfrutar de la prestación.
Por tanto, se modificará este punto del fallo de primer grado en el sentido que el reconocimiento deberá otorgarse a partir del 13 de diciembre de 2012.
Y dado que la prestación se concedió en un salario mínimo, la Sala advierte que el estudio de este aspecto es irrelevante y por ello se confirmará.
Sin embargo, el a quo erró al ordenar el pago de 14 mesadas anuales, dado que la pensión se causó en el 2012 y el parágrafo transitorio 6.º del Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la mesada 14 para todas las pensiones causadas después del 31 de julio de 2011, de modo que se revocará este aspecto del fallo.
En cuanto a los intereses moratorios, es oportuno recordar que la Sala ha considerado que no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues su procedencia persigue el fin de aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa.
En consecuencia, la Sala los confirmará porque no se evidencia ninguna de las excepciones que la jurisprudencia ha considerado para su exoneración (CSJ SL2772-2021) y, si bien el a quo se equivocó al ordenarlos seis meses después del reclamo del derecho pensional, cuando lo era desde el cuarto mes conforme a lo previsto en el artículo 9.º literal e) de la Ley 797 de 2003, la modificación de este punto agravaría la situación de Colpensiones, por lo que se mantendrá incólume, pues en el grado de consulta también rige el principio de no reforma en peor (CSJ SL, 20 feb. 2008, rad. 28000 y CSJ SL3629-2015).
Por último, la excepción de prescripción fue bien estudiada porque el derecho se causó el 13 de diciembre de 2012 y la demanda se presentó el 8 de abril de 2014 (f.º 1), por lo que no transcurrió el término trienal del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Sin costas en alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga profirió el 2 de diciembre de 2015, en el proceso ordinario laboral que ROBERTO MOSQUERA CASTILLO promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.
En instancia, RESUELVE:
PRIMERO: Modificar los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que el Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura profirió el 28 de abril de 2015, en el sentido de establecer que la pensión de vejez debe reconocerse al actor a partir del 13 de diciembre de 2012 y con trece mesadas al año, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.
SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia.
TERCERO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
ACLARO VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
ACLARO VOTO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
SALVO VOTO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 74018
REFERENCIA: ROBERTO MOSQUERA CASTILLO vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en torno a dos puntuales temas: (i) la contabilización de las semanas en el sistema general de seguridad social y (ii) al término a partir del cual se inicia el cobro de los intereses de mora por el pago de las mesadas pensionales de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
a) La contabilización de las semanas en el sistema general de seguridad social
En mi sentir, para efectos de la contabilización de las semanas en el sistema general de seguridad social, se deben tener en consideración todos los días calendario del cada año.
A la verdad, las razones son muy concretas, como paso a explicarlas.
El artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
Por su parte, el artículo 18 ibidem instituye el ingreso base de cotización y claramente dispone que este será el salario mensual y, en consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado.
Así mismo, el parágrafo 2º del artículo 33 del estatuto de la seguridad social estatuye que, para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período.
Entonces, mientras los dos primeros preceptos hacen referencia a la base sobre la cual se debe cotizar que, como se dijo, corresponde al salario mensual, el cual puede variar si por ejemplo el trabajador labora horas extras, dominicales, festivos, viáticos, pero que de todas maneras corresponde a un monto que se calcula mensual, el tercero es claro en definir que una semana de cotización equivale a 7 días calendario.
De suerte que a la luz de lo erigido en el mencionado parágrafo refulge que las semanas sobre las cuales se cotiza corresponden a 7 días calendario, sin importar que los meses sean de 28, 29, 30 o 31 días, o que los años sean de 365 o 366 días.
Lo anterior debe ser así por la sencilla y potísima razón de que el sistema integral de seguridad social, está diseñado para que el afilado y sus beneficiarios estén protegidos durante todos los días del año y, por ello, también se cotiza todos los días de cada anualidad, pues no tendría ninguna lógica jurídica que pese a que el trabajador aporta sobre el entendido de que la semana cotizada corresponde al período de 7 días calendario, cuando, por ejemplo, arribe a la edad-pensión de vejez- no se le tengan en cuenta los días efectivamente aportados, lo que implicaría que las semanas de cotización no fueran de 7 días calendario, como lo dispone la ley, sino mucho menor, soslayando que el sistema se nutre y reconoce las prestaciones, precisamente por las semanas de cotización.
Es que, si echáramos mano del vetusto método de interpretación ad absurdum, se llegaría a la conclusión que un siniestro ocurrido, verbi gracia, el 31 de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre o diciembre, el sistema no lo debe cubrir porque únicamente se cotiza por 30 días.
Claro que ¡Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa¡ Una es el ingreso base de liquidación- salario- que según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo debe pagarse por períodos iguales y, otra, muy diferente, que una semana de cotización corresponde a 7 días calendario. Interpretar que como para el salario mensual se tiene en cuenta el mes de 30 días, también se cotiza por ese mismo periodo, es pasar por alto la existencia del palmario querer del legislador expresado en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Aunque, sin hesitación ninguna, existen razones adicionales, con el fin de rendirle tributo a la brevedad, dejo así explicado mi aclaración de voto, en lo que respecta a este primer punto.
b) Término a partir del cual se inicia el cobro de los intereses de mora por el pago de las mesadas pensionales de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993
Lo que me lleva a aclarar el voto es la íntima convicción de que la razón legal y constitucional está del lado de lo que ha venido reiterando con insistencia la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y el hecho de que esos mandatos son los que en la práctica se han venido consolidando en las relaciones entre las administradoras y los solicitantes de la pensión. Paso a exponer las razones del disenso:
La Corte Constitucional, en la sentencia CC T-170-2000, halló una omisión legislativa en relación con el plazo para el reconocimiento y pago de las pensiones a los que deberían estar sometidas las administradoras del régimen de prima media con prestación definida.
En su análisis, tuvo ante sus ojos el artículo 19 del Decreto Ley 656 de 1994, que regula lo atinente a las administradoras del régimen de ahorro individual, el cual, en su inciso primero, estatuye:
Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.
Sin hesitación ninguna, también revisó el artículo 6 del entonces vigente Código Contencioso Administrativo, y arribó a la siguiente conclusión:
3.11. Lo anterior, evidencia la necesidad e importancia de una regulación expresa en esta materia, no sólo en cuanto a la fijación de un plazo sino a un procedimiento, que permitan tanto al Seguro Social como a sus afiliados, tener certeza sobre el término que debe emplear éste para absolver peticiones de esta clase, sobre todo cuando de su decisión, depende el goce de otros derechos que, según las circunstancias de cada caso, podría involucrar derechos de carácter fundamental. La reglamentación de esta materia, entonces, permitirá que principios como los de igualdad, eficacia y eficiencia que imperan la función administrativa tengan plena ejecución.
3.12. Así, mientras el legislador cumple su función de establecer un término razonable en que entidades como el Seguro Social deben emplear para dar respuesta a las solicitudes que sus afiliados, específicamente en materia de reconocimiento de pensiones, ha de entenderse que esta entidad debe aplicar por analogía el lapso contenido en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, según el cual las solicitudes de pensión deben resolverse de fondo en un término máximo de cuatro (4) meses desde el momento en que se radique la respectiva petición. Hecho éste que tendrá que ser informado al solicitante en el lapso al que hace referencia el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo.
Como fácilmente se puede inferir, el problema jurídico que encontró la Corte Constitucional era simple y llanamente que no existía un plazo determinado en la ley para que las administradoras del régimen de prima media, en satisfacción del derecho de petición, dieran respuesta a las solicitudes de pensión, estableciendo por analogía, dados los principios de igualdad, eficacia y eficiencia, el mismo plazo que contempla el mencionado artículo 19 del Decreto Ley 656 de 1994 para el régimen de ahorro individual, claro está, mientras el legislador cumplía con su función de determinar los plazos razonables para el régimen de prestación definida.
Nótese que el núcleo fundamental que se encuentra protegiendo es el derecho de petición; en parte alguna de la norma mencionada, y del anterior desarrollo jurisprudencial, se hacía referencia al momento del pago de las pensiones. Se insiste, aún a riesgo de fatigar, que el plazo que otorgó el Decreto Ley 656 de 1994, para las Administradoras del régimen de ahorro, y que se extendió para las de prima media, tiene como finalidad la satisfacción del derecho de petición, en relación con el reconocimiento de la pensión, no de su pago.
Ahora bien, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 700 de 2001 “por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones”; en el artículo 1º dispuso que: “la presente ley tiene por objeto agilizar el pago de las mesadas a los pensionados de las entidades públicas y privadas en todos los regímenes vigentes, con el fin de facilitar a los beneficiarios el cobro de las mismas”. Así las cosas, este precepto define expresamente el momento del pago de las mesadas pensionales.
En la misma dirección el artículo 4.° consagra el plazo máximo para el pago de las mesadas pensionales, e instituye como causa de mala conducta su incumplimiento, por acción u omisión, indica:
Artículo 4°. A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.
Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción u omisión incumpla lo dispuesto en el presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en causal de mala conducta y será solidariamente responsable en el pago de la indemnización moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales para el reconocimiento de su pensión o cesantía, el pago de costas judiciales, será a cargo del funcionario responsable de la irregularidad.
Luego es diamantino que la Ley 700 reguló el plazo para el pago de la mesada pensional, que, como se denota, es diferente al momento en que se satisface el derecho de petición de reconocimiento de la pensión, el cual hasta este momento estaba regulado por el Decreto Ley 656 de 1994, aplicable por analogía constitucional al Régimen de Prima Media, y que no es otro que el de 4 meses.
De esta forma quedan establecidas las tres etapas del reconocimiento de la pensión: i) la satisfacción del derecho a la información; ii) la del derecho de petición a través del reconocimiento de la pensión y, iii) la del pago de la mesada pensional.
Repárese en que la Corte Constitucional, luego de memorar las sentencias CC T-170-2000, CC T-1166-2001, CC T-001-2003, CC T-422-2003 y T-588-2003, entre otras, unificó tales reglas en el fallo CC SU-975-2003, de la siguiente manera:
6) Del anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los siguientes:
(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso.
En relación con la primera etapa, baste con indicar que, en la mencionada sentencia de tutela, que es hito, se expuso:
Sin embargo, para la Sala es claro que la naturaleza misma de la solicitud de pensión, por los trámites internos que ella impone para su reconocimiento o denegación, hace del término de quince (15) días, un plazo muy breve para que la entidad resuelva en debida forma sobre éste. Razón por la que ha de entenderse que como en dicho término no puede darse una respuesta de fondo, núcleo esencial del derecho de petición, el Seguro Social ha de informar al solicitante si la documentación allegada está completa y en caso contrario señalar la que hace falta, así como advertir el término que empleará para resolver de fondo la solicitud. Término éste que debe ser igualmente razonable. Razonabilidad que queda a la discrecionalidad del funcionario, y que en su momento ha de ser evaluada por el juez de tutela, cuando tenga que resolver sobre la existencia o no de vulneración del derecho de petición en un caso concreto. Por tanto, se puede afirmar que la inexistencia de un término exacto señalado directamente por el legislador, genera, en si mismo, inequidades entre los diversos afiliados al sistema de seguridad social
A pesar de ello, como arriba se mostró, el déficit normativo en relación con el momento de satisfacción del derecho de petición a través del reconocimiento pensional en el régimen de prima media con prestación definida, se mantenía. Es por ello que, al reformar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que regula la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, en el último inciso del parágrafo 1º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, se estableció:
Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.
Así quedó saldado el déficit legislativo en torno al momento del reconocimiento pensional como respuesta al derecho de petición para el régimen de prima media con prestación definida.
Pero hay más. En sentencia CC C1024-2004, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la palabra «Fondos» contenida en la citada disposición, razonó:
Conforme a la doctrina constitucional previamente expuesta, es viable concluir que cuando el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 se refiere a los “fondos”, está comprendiendo dentro de esta denominación a todas las entidades públicas o privadas encargadas de administrar el Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones, otorgar una respuesta de fondo acerca del reconocimiento, reliquidación o reajuste de una pensión de vejez en el término de cuatro (4) meses contados desde la radicación de la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite dicho derecho.
Si bien el legislador optó por utilizar la palabra “fondos”, una interpretación sistemática de las disposiciones que regulan el régimen de pensiones en la ley de seguridad social, permite ratificar la posición de la Corte seguida en sus distintas salas de revisión en procesos de tutela, en torno a la aplicabilidad del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 a las entidades públicas de seguridad social, tales como, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) o el Seguro Social.
En efecto, la palabra “fondos” en materia de seguridad social, no se limita exclusivamente a identificar la existencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y/o Cesantías (A.F.P’S), sino que también comprende el reconocimiento (i) de los “fondos de pensiones”, es decir, el conjunto de cuentas individuales que como patrimonios autónomos distintos e independientes del de las administradoras del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad garantiza la rentabilidad de los recursos aportados por los cotizantes a dicho régimen (Ley 100 de 1993, artículo 60) y, adicionalmente, (ii) del “fondo común”, o entre palabras, de la sumatoria de los aportes de los afiliados al régimen Solidario de Prima Media con prestación definitiva, para asegurar el pago de las pensiones de los jubilados; fondo administrado por el Seguro Social y transitoriamente por otras cajas o entidades del sector público o privado, en virtud de lo previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes (Ley 100 de 1993, artículo 32)
En este orden de ideas, cuando la disposición acusada exige a los “fondos” reconocer la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario; lo que realmente determina, es que les corresponde a las administradoras de los fondos de pensiones o de los fondos comunes, proceder a dicho reconocimiento en el término de ley.
Entonces, brota palmaria que, para el Tribunal Constitucional, a pesar de la vigencia del Decreto Ley 656/94, la palabra fondos incluye los del régimen de ahorro individual con solidaridad y los del régimen de prima media con prestación definida, quedando, por demás, de forma transparente, que el plazo para el reconocimiento de la pensión es de cuatro meses.
Pero, además, al referirse a la Ley 700/01, enseñó:
Ahora bien, contrario a lo expuesto por el Ministerio Público, el término de seis (6) meses previsto en el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, tiene como finalidad exigir que ninguna pensión puede llegar a ser reconocida y a la vez pagada más allá de dicho preciso término, sin establecer distinciones de plazo entre las autoridades públicas o privadas encargadas de la administración del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, para pronunciarse acerca de la pensión de vejez HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C1024de2004.htm" \l "_edn60" \o "" [lx].
En consecuencia, lejos de establecer el legislador un término diferencial para que las entidades públicas o privadas encargadas de administrar el Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones den respuesta a las peticiones de los ciudadanos referentes al reconocimiento, reajuste o reliquidación de la pensión de vejez; una interpretación armónica de las normas vigentes con fundamento en la doctrina constitucional esgrimida por esta Corporación, permite concluir que los plazos previstos en la ley para hacer efectivo el derecho de petición en materia pensional, obligan de igual manera y en las mismas condiciones a las entidades públicas y privadas de seguridad social, en aras de preservar-en un plano de igualdad-los derechos sociales y fundamentales de sus afiliados.
La Corte, al resumir los términos para el trámite pensional, en la referida sentencia de constitucionalidad, dijo:
Como resultado de la evolución jurisprudencial en este tema y con el fin de fijar la posición a seguir ante la existencia de criterios en ocasiones contradictorios de las diferentes Salas de Revisión, mediante sentencia de unificación SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se señalaron los plazos con que cuentan las distintas autoridades para dar respuesta de fondo a las peticiones en materia pensional y de esa manera garantizar la efectividad de dicho derecho.
Así, esta Corporación concluyó que el plazo es:
De quince (15) días hábiles en cualquiera de las hipótesis relacionadas con solicitudes de información acerca del trámite y el procedimiento para el reconocimiento de una pensión. Sobre la materia expuso que en cualquiera de las siguientes hipótesis regula el citado término, a saber: “(...) a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo”.
De cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional (reconocimiento de pensiones de vejez e invalidez así como las relativas a reliquidación y reajuste de las mismas). (Decreto 656 de 1994, artículo 19 y Ley 797 de 2003, artículo 9°).
Debe precisarse que el término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí opera el término fijado por el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”.
Independientemente del plazo previsto para el reconocimiento, reajuste o reliquidación de una pensión, ninguna autoridad podrá demorar más seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud por el peticionario, para realizar efectivamente el pago de las mesadas pensionales. (Artículo 4 Ley 700 de 2001)
De suerte que, es absolutamente cristalino que, desde el punto de vista constitucional como legal, el plazo para el reconocimiento de la pensión es de cuatro meses a partir de la solicitud, -esto sin perjuicio del plazo para definir las prestaciones en materia de invalidez y muerte de un afiliado- y el de pago es de máximo seis meses contados desde ese mismo momento.
No se pierda de vista que esta posición ha sido reiterada profusamente por la Corte Constitucional y acogida por el Consejo de Estado.
No sobra memorar que recientemente el Consejo de Estado abordó el entendimiento de artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en providencia de la Sección Segunda, Subsección b) radicado 17001-23-33-000-2015-00034-01 del 10 de julio de 2020 en la que de manera puntual señaló que los intereses de mora son causados por «el retraso en el pago de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de dicho pagos, pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora.»
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, reza:
ARTICULO 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.
En ese orden, si la ley determina un plazo de seis meses a partir de la solicitud de reconocimiento de la pensión para efectuar el pago de las mesadas de las pensiones, palmar es que los intereses moratorios sólo pueden correr a partir del vencimiento de dicho tiempo, mientras tanto no hay mora, pues recuérdese que quien está en plazo nada debe.
Se impone aclarar la distinción legal y constitucional de los plazos arriba referidos, puesto que su incumplimiento acarrea diferentes consecuencias legales, que van desde una sanción netamente administrativa por el ente de vigilancia y control, la imposición de multas, hasta la condena ante la morosidad en el pago de una prestación. No obstante, en mi criterio, la sala soslaya la normativa que exhibe que el plazo para cancelar la mesada es diferente al de reconocimiento, lo que me lleva a aclarar el voto en este puntal aspecto.
Pero, además, considero que, aunque las Altas Cortes pueden tener diferentes puntos de vista en relación con la interpretación de las normas, en este asunto concreto la razón se encuentra de parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, por lo cual era menester hacer convergencia hacia su jurisprudencia para evitar distorsiones en la interpretación sobre los términos legales que, por su naturaleza, son de orden público con un gran impacto y repercusión social y económico.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Roberto Mosquera Castillo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Radicación: 74018
Magistrado ponente: Iván Mauricio Lenis Gómez
Como lo expresé en la sesión respectiva, aclaro mi voto en la presente decisión pues si bien el accionante alcanzaba el número mínimo de semanas exigidas para acceder al derecho a la pensión de vejez al contarlas con 30 días mes o 360 días año a partir del 31 de marzo de 1994, a mi juicio ello debió hacerse con días calendario o 365,25 días año, método que también le hubiese permitido alcanzar el mínimo exigido y, de hecho, con un número de semanas superior.
En efecto, el sistema pensional colombiano está amparado, entre otros, en los principios de universalidad, eficiencia e integralidad (artículo 2 de la Ley 100 de 1993 y 48 de la Constitución Nacional). Ello implica un objetivo universal de garantizar el derecho irrenunciable, mínimo y fundamental a la seguridad social de todas las personas (artículos 48 y 53 ibidem) y, para tal fin, las normas que regulan las contingencias protegidas por el sistema deben basarse en un principio de justicia, esto es que cada persona contribuya según su capacidad y reciba las prestaciones que correspondan al trabajo prestado.
Bajo esta orientación, el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que para adquirir los derechos pensionales que contemplan las normas legales es necesario cumplir «la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley» (subrayo).
Pues bien, en cuanto a la forma de calcular las semanas de cotización para efectos pensionales, tal aspecto está regulado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2.º, cuyo contenido no fue alterado en el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, que estipula lo siguiente:
PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período (negrilla fuera del texto original).
A mi juicio, la precisión normativa relativa a que una semana corresponde a 7 días calendario debe entenderse en su sentido natural y obvio, esto es, que independientemente del día en que una persona comience a prestar sus servicios subordinados o independientes, la primera semana la cumplirá cuando alcance 7 días calendario.
Lo anterior permite entrever que el sentido y finalidad de la norma no parece estar encaminada a plantear reglas de uniformidad para contar meses, años o semanas de trabajo, sino más bien a darle valor y contenido al simple hecho de trabajar, supuesto que da vida jurídica a las prestaciones pensionales (CSJ SL8082-2015) y entre los cuales debe existir correspondencia, tal como se explicó. Ello es evidente cuando hace expresa mención a días calendario, de lo cual no emana otra cosa que en la contabilización de semanas se incluyan todos los días laborados.
De modo que no advierto compatible con aquella finalidad el entendimiento que refiere la simplificación de los años y meses a 360 y 30 días respectivamente. Solo piénsese en una persona que empieza a trabajar un 25 de julio de cualquier año; si se cuenta con días calendario, su primera semana laborada debería ser el 31 de julio siguiente; empero, al simplificar este mes a 30 días, completaría la semana solo hasta el 1.º de agosto, esto es, un día después, lo cual no corresponde con el trabajo efectivamente prestado o, lo que es igual, con la realidad; y lo más importante, desatiende abiertamente el mandato legal del precepto transcrito.
De modo que si el parágrafo 2.º del artículo 33 en estudio señala que por semana cotizada se entiende un período de 7 días calendario, el legislador no previó nada distinto a que todas las semanas debían contarse así, se reitera, con los días del calendario, esto es, día a día. Por lo tanto, simple y llanamente lo que corresponde es contar todos los días laborados por la persona trabajadora y llevarlos a semanas de cotización dividiendo el resultado final entre 7 días.
Ahora, lo anterior no significa que la simplificación de los años y meses, esto es, la reducción a su forma más breve y sencilla -30 días y 360 días-, no pueda ser válida en otros contextos, como en el pago de salarios fijos por mensualidades (artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo) o del ingreso base de cotización con base en el salario mensual (artículo 18 de la Ley 100 de 1993). Nótese que en el primer caso, entender que la mensualidad del salario sea de 30 días le da estabilidad a la remuneración pues impide que su monto varíe negativamente en los meses que tienen menos días. Asimismo, permite precisar el valor del salario diario a fin de computar el valor del trabajo suplementario, los descuentos legales autorizados, permisos no remunerados, etc.; y, desde luego, esto facilita su correspondencia con las bases salariales para pagar las cotizaciones mensuales al sistema pensional.
Sin embargo, ello no tiene el mismo efecto útil en la contabilización de las semanas de cotización en materia de seguridad social, pues anula el hecho que los aportes se realizan, por regla general por el trabajo de un mes completo y que este no siempre es de 30 días. En otros términos, el hecho que los aportes a pensiones se paguen con el salario mensual por mandato del artículo 18 citado, y que esta remuneración se pague generalmente -pero no exclusivamente- por sumas calculadas con una variable de 30 días, no debe servir como argumento para considerar ficticiamente que la persona trabaja siempre 30 días en un mes y 360 en un año, cuando la realidad material es otra.
Y esta divergencia entre la simplificación de las semanas con la realidad material no es un asunto menor, pues cuando el cálculo de las semanas aportadas se efectúa con 30 días mensuales y 360 días al año, terminan afectando los derechos pensionales de los trabajadores en tanto no se reconoce el verdadero tiempo de trabajo laborado. Nótese que si una persona labora entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de cualquier año, dejan de contabilizarse entre 5 o 6 días dependiendo si es o no bisiesto, cuando en realidad laboró todos los meses completos y, por supuesto, también pagó la cotización pensional por todo el mes.
Así, adviértase que para alcanzar 1300 semanas bajo la ficción de un mes de 30 días y un año de 360 días los afiliados en realidad tendrían que laborar aproximadamente 19,28 semanas de más (casi 4 meses y 15 días adicionales), y ello es porque con este método se le desconocen a una persona por año entre 0,71 y 0,85 semanas de trabajo.
Así, es claro que las personas no accederán a una pensión de vejez en el tiempo de trabajo que el legislador en el marco de su potestad de configuración legislativa consideró como causante de ese derecho pensional. Esto es sumamente relevante si se tiene en cuenta que uno de los rasgos característicos de esta prestación es justamente el de compensar el desgaste físico producido por un largo período de labores, de modo que el hecho de mantener un criterio que obligue a las personas a laborar más allá del tiempo predefinido en la ley, evidentemente no reconoce aquel fin y se aparta de los propósitos legislativos; y no debe olvidarse, además, la importancia que esta reducción paulatina de semanas efectivamente trabajadas tiene en la causación de pensiones tan relevantes como las de invalidez o sobrevivientes.
En el anterior contexto, considero que la simplificación de los meses y años a 30 días y 360 días no tiene respaldo normativo en el parágrafo 2.º transcrito, como tampoco lo tiene en el ordenamiento jurídico, pues ciertamente ninguna disposición establece que para el cómputo de las semanas pensionales deban utilizarse las referidas equivalencias.
Respecto a este particular, es importante destacar que el precedente actual sustenta la simplificación de las semanas a 30 días mes y 360 días año en los citados artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 134 del Código Sustantivo del Trabajo, así como en el 67 del Código Civil y 59 de la Ley 4.º de 1913. Sobre los dos primeros, ya precisé que su efecto útil no encaja en las finalidades de la seguridad social que procura que las pensiones de vejez correspondan al trabajo efectivamente prestado. Y en cuanto a los dos últimos, recuérdese que la Corte ya tuvo oportunidad de aclarar que no siempre tienen cabida en el análisis de los términos y plazos en materia laboral, pues «en el Derecho del Trabajo existe la particularidad de que el contrato de trabajo se ejecuta día a día, desde la fecha de su suscripción hasta aquella de su finalización. Todos los días, incluso los de descanso dominical y festivo, suman para efectos laborales» (CSJ SL981-2019, subrayo).
De modo que esas referencias normativas no pueden sustentar la contabilización de las semanas efectivamente laboradas, y menos si del parágrafo 2.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003, emana con objetiva claridad que para contar las semanas deben tenerse en cuenta todos los días calendario laborados.
De hecho, si se trata de auscultar en el ordenamiento jurídico a fin de hallar una norma que sea sistemáticamente consecuente con el fin que desprende el precitado artículo, se destaca que el artículo 4.º del Decreto 1748 de 1995 señala que «para los cálculos de bonos pensionales previstos en este decreto, un año de cotización o tiempo de servicios, equivale a 365,25 días». Si bien esta norma se contempla para calcular bonos pensionales, no advierto algún motivo que impida trasladar esa referencia para la contabilización de semanas en las prestaciones que otorga el sistema de pensiones en el régimen de prima media. Nótese que los bonos pensionales no son exclusivos de tiempos de servicio anteriores a la Ley 100 de 1993, de modo que no vislumbro alguna razón que justifique tener años de cotizaciones con 365,25 días a efectos de calcular bonos pensionales, pero para establecer las semanas de cotización el año se considere de 360 días.
En los anteriores términos sustento la aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado