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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2838-2023

Pensión de vejez

Fecha
25 de octubre de 2023
Magistrado ponente
Marjorie Zuñiga Romero
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2838-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Podían sumarse los tiempos públicos de servicio a las semanas cotizadas al ISS para causar la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990?

  2. ¿Desde cuándo debía reconocerse la pensión y qué mesadas estaban afectadas por prescripción?

  3. ¿Procedían intereses moratorios o la indexación del retroactivo pensional?

Reglas

  1. Bajo el Acuerdo 049 de 1990 pueden acumularse tiempos de servicio en los sectores público y privado, hayan tenido o no cotización al ISS.

    «es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora al sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento»
  2. Para la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, las mujeres en transición deben acreditar 55 años y 500 semanas en los veinte años anteriores o mil semanas en cualquier tiempo.

    «la pensión de vejez se causa con la edad de 55 años para las mujeres, y 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas en cualquier época»
  3. Las mesadas pensionales prescriben individualmente en tres años desde que cada una se hace exigible, aunque el derecho pensional en sí mismo no prescribe.

    «el derecho pensional no prescribe, contrario a lo que sucede con las mesadas, toda vez que al tratarse de importes que se hacen exigibles periódicamente admiten prescripción trienal»
  4. Si el reconocimiento pensional deriva de un cambio jurisprudencial, no proceden intereses moratorios y el retroactivo debe indexarse para compensar la inflación.

    «estos no son procedentes toda vez que el reconocimiento pensional obedece a un cambio jurisprudencial»
  5. Las pagadoras de pensiones pueden descontar del retroactivo los aportes de salud y deben transferirlos a la EPS del pensionado.

    «las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo»

Decisión

En sede de instancia, la Corte revocó parcialmente el fallo para declarar probada en parte la prescripción y ordenó a Colpensiones pagar la pensión desde el 1 de octubre de 2012, el retroactivo indexado y los descuentos de salud; confirmó lo demás.

Parte resolutiva

DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira profirió el 8 de abril de 2019 en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y no probadas las demás. En su lugar, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES deberá pagar a GLORIA PAULINA PORTILLA BASTIDAS la pensión de vejez a partir del 1. ° de octubre de 2012, en cuantía de $461.500, retroactivo pensional que arroja la suma de $121.284.726. Cantidad que deberá ser indexada hasta el momento de pago efectivo, conforme se indicó en la parte motiva. De esta suma, la entidad de seguridad social podrá efectuar los descuentos para cotización en salud, a partir de la fecha en que se otorgó el derecho, con destino a la empresa promotora de salud a la cual se encuentra vinculada la demandante, así como de las mesadas pensionales posteriores, en la medida en que se causen. SEGUNDO. CONFIRMA en lo demás. TERCERO. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2838-2023

Magistrado ponente: Marjorie Zuñiga Romero

25 de octubre de 2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada ponente

SL2838-2023

Radicación n. ° 90556

Acta 40

Bogotá D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

La Corte procede a proferir el fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que GLORIA PAULINA PORTILLA BASTIDAS adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

En sentencia CSJ SL642-2023 de 22 de febrero de 2023, esta Corte casó la providencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga emitió el 19 de agosto de 2020, mediante la cual revocó el fallo condenatorio que el Juez Segundo Laboral del Circuito de Palmira profirió el 8 de abril de 2019.

En dicha decisión, la Corte precisó que, el Tribunal incurrió en el dislate fáctico atribuido, al considerar que conforme el artículo 303 del Código General del Proceso, se daban los supuestos para declarar la excepción de cosa juzgada, pues de analizar en su totalidad los elementos probatorios del plenario habría hallado la existencia de una nueva circunstancia que podía aumentar el número de semanas cotizadas por la actora como es el hecho de la terminación de un proceso coactivo contra el municipio Candelaria, con lo cual eventualmente tendría derecho a la prestación reclamada.

Aunado a que en el primer proceso instaurado se declaró la excepción de petición antes de tiempo, es decir, que no se efectuó en sí mismo un pronunciamiento de fondo respecto de la pensión.

En tal determinación, la Sala también indicó que, de la apreciación correcta y completa de cada una de las historias laborales obrantes en el plenario expedidas por la demandada, se habría determinado la existencia de diversas inexactitudes en el número total de semanas sufragadas, con lo cual lo procedente era esclarecer dicha situación, dada la transcendencia que tenía para decidir sobre el derecho sustancial reclamado.

En sede de instancia y, para mejor proveer, se ofició a Colpensiones y a la accionante. Al primero, a fin de que explicara las causas de las diferencias existentes entre las semanas reportadas como cotizadas y no sufragadas al ISS por los tiempos laborados por la actora en el sector público en el municipio Candelaria replicadas en las historias laborales obrantes en el expediente. Asimismo, certificara cuál es la válida y actualizada. Y a la segunda, para que allegara la orden de tutela emitida el 19 de agosto de 2021, que ordenó la corrección de su historial laboral.

Colpensiones remitió la historia laboral actualizada e informó que los tiempos públicos cotizados a otras entidades del Régimen de Prima Media o aquellas a cargo del aporte en pensión de sus trabajadores, era certificada por cada una de ellas a través del «formato CLEBP», verificada y confirmada por la administradora, y tenida en cuenta al momento en que se solicite la prestación económica, con el fin de incluir dichos tiempos en el reconocimiento.

Sin embargo, aclaró que los periodos reportados como tiempos públicos no se reflejaban en el reporte de historia laboral de Colpensiones, en tanto tal procedimiento, era el establecido por el ISS en su momento y, por lo tanto, fue el que ejecutaron hasta octubre de 2017. De modo que, en las historias anteriores a dicha fecha (2013 y 2015), estos no se visualizaban.

Agregó que con el objeto de que los afiliados conocieran todos los aportes en pensión efectuados a su nombre, realizó los ajustes pertinentes en la base de datos, de tal forma que el reporte generado y entregado a los ciudadanos incluyera los efectuados al ISS, los trasladados del RAIS y la información de tiempos públicos certificada por cada entidad, razón por lo cual a partir de noviembre de 2017 podían evidenciarse aquellos de carácter público, una vez surtido el proceso de verificación y certificación a través del «CETIL».

De modo que aquella era la circunstancia por la cual en los reportes que obraban en el plenario de 2013 y 2015, no se reflejó la información de tiempos públicos con el municipio Candelaria. Frente al documento de 2018, adujo que los tiempos públicos corresponden a los contenidos en el «CLEBP» expedido el 11 de septiembre de 2009 por parte del mencionado ente territorial, de 1981 a 1986 y desde 1990 hasta 2001.

No obstante, acotó que realizada la validación, y efectuado el proceso de certificación de tiempos públicos mediante «CETIL 202010891380038000580001» expedido el 2 de octubre de 2020, Candelaria confirmó los tiempos públicos, para los periodos relacionados a continuación: 01-09-1981 al 21-01-1986, 01-09-1990 hasta 31-12-1993 y 01-01-1994 hasta 07-06-1994, los cuales -afirma- son los efectivamente reflejados en el reporte de historia laboral de 21 de octubre de 2021 y en la historia laboral actual de la afiliada.

Por último, resalta que los ciclos 1989-04-03 hasta 1989-12-30 se encuentran en la historia laboral actualizada, en cumplimiento al fallo de 19 de agosto de 2021 que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira profirió al conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante. Última determinación que la mencionada allegó al plenario.

Estos documentos figuran incorporados en el PDF n.° 15, 17 y 19 del c. de la Corte. De ello, se corrió traslado a las partes, término dentro del cual no hubo pronunciamiento alguno.

De acuerdo con lo anterior, están dadas las condiciones necesarias para proferir la correspondiente decisión de instancia.

CONSIDERACIONES

Cabe recordar que el juez de primera instancia condenó a la demandada a pagar a favor de la actora la pensión de vejez reclamada a partir del 1. ° de enero de 2008, data de la última cotización, liquidada con el salario mínimo legal vigente para ese año equivalente a $461.500 junto las mesadas adicionales de junio y diciembre, e intereses moratorios desde esa fecha y hasta que se haga efectivo el pago.

Contra tal decisión, no se propuso recurso de apelación por ninguna de las partes. En ese sentido, procede la Corte a surtir el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

Pues bien, además de lo ya dicho en sede de casación, no se discutió en el proceso que la actora es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de modo que su derecho pensional se define con el Acuerdo 049 de 1990, estatuto que en su artículo 12 contempla que la pensión de vejez se causa con la edad de 55 años para las mujeres, y 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas en cualquier época.

Así, cabe reiterar que conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora al sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento, comoquiera que esta Sala ha considerado procedente la sumatoria de tiempos de servicios en los sectores público y privado, con o sin cotización al Instituto de Seguros Sociales (CSJ SL1981-2020, reiterada en CSJ SL3110-2020, CSJ SL4480-2020, CSJ SL182-2021, entre otras).

En ese escenario, tal como el a quo lo estableció en relación con el requisito de la edad, la demandante nació el 5 de diciembre de 1952, y en la misma fecha de 2007 satisfizo los 55 años.

En cuanto al tiempo de cotización, encuentra la Sala que, conforme al historial de aportes realizados al sistema de pensiones y actualizado, obrante a folios 118 a 121 del expediente, aquella cuenta con «623,14» semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida, y «912,57» en toda la vida laboral.

Razón por la cual consolidó el derecho pensional el 5 de diciembre de 2007; no obstante, su última cotización data de enero de 2008, como se evidencia en el siguiente cuadro:

FECHAS

N° DE

TOTAL SEMANAS

TOTAL SEMANAS

DESDE

HASTA

DÍAS

EN TODA LA VIDA

EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS A LA EDAD ENTRE EL 5/12/1987 AL 5/12/2007

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4,43

4,43

1/02/1994

28/02/1994

28

4,00

4,00

1/03/1994

31/03/1994

31

4,43

4,43

1/04/1994

30/04/1994

30

4,29

4,29

1/05/1994

31/05/1994

30

4,29

4,29

1/06/1994

30/06/1994

30

4,29

4,29

1/07/1994

31/07/1994

30

4,29

4,29

1/08/1994

31/08/1994

30

4,29

4,29

1/09/1994

30/09/1994

30

4,29

4,29

1/10/1994

31/10/1994

30

4,29

4,29

1/11/1994

30/11/1994

30

4,29

4,29

1/12/1994

31/12/1994

30

4,29

4,29

1/01/1995

31/01/1995

30

4,29

4,29

1/02/1995

28/02/1995

30

4,29

4,29

1/03/1995

31/03/1995

30

4,29

4,29

1/04/1995

30/04/1995

30

4,29

4,29

1/05/1995

31/05/1995

30

4,29

4,29

1/06/1995

30/06/1995

30

4,29

4,29

1/07/1995

31/07/1995

30

4,29

4,29

1/08/1995

31/08/1995

30

4,29

4,29

1/09/1995

30/09/1995

30

4,29

4,29

1/10/1995

31/10/1995

30

4,29

4,29

1/11/1995

30/11/1995

30

4,29

4,29

1/12/1995

31/12/1995

30

4,29

4,29

1/01/1996

31/01/1996

30

4,29

4,29

1/02/1996

29/02/1996

30

4,29

4,29

1/03/1996

31/03/1996

30

4,29

4,29

1/04/1996

30/04/1996

30

4,29

4,29

1/05/1996

31/05/1996

30

4,29

4,29

1/06/1996

30/06/1996

30

4,29

4,29

1/07/1996

31/07/1996

30

4,29

4,29

1/08/1996

31/08/1996

30

4,29

4,29

1/09/1996

30/09/1996

30

4,29

4,29

1/10/1996

31/10/1996

30

4,29

4,29

1/11/1996

30/11/1996

30

4,29

4,29

1/12/1996

31/12/1996

30

4,29

4,29

1/01/1997

31/01/1997

30

4,29

4,29

1/02/1997

28/02/1997

30

4,29

4,29

1/03/1997

31/03/1997

30

4,29

4,29

1/04/1997

30/04/1997

30

4,29

4,29

1/05/1997

31/05/1997

30

4,29

4,29

1/06/1997

30/06/1997

30

4,29

4,29

1/07/1997

31/07/1997

30

4,29

4,29

1/08/1997

31/08/1997

30

4,29

4,29

1/09/1997

30/09/1997

30

4,29

4,29

1/10/1997

31/10/1997

30

4,29

4,29

1/11/1997

30/11/1997

30

4,29

4,29

1/12/1997

31/12/1997

30

4,29

4,29

1/01/1998

31/01/1998

30

4,29

4,29

1/02/1998

28/02/1998

30

4,29

4,29

1/03/1998

31/03/1998

30

4,29

4,29

1/04/1998

30/04/1998

30

4,29

4,29

1/05/1998

31/05/1998

30

4,29

4,29

1/06/1998

30/06/1998

30

4,29

4,29

1/07/1998

31/07/1998

30

4,29

4,29

1/08/1998

31/08/1998

30

4,29

4,29

1/09/1998

30/09/1998

30

4,29

4,29

1/10/1998

31/10/1998

30

4,29

4,29

1/11/1998

30/11/1998

30

4,29

4,29

1/12/1998

31/12/1998

30

4,29

4,29

1/01/1999

31/01/1999

30

4,29

4,29

1/02/1999

28/02/1999

30

4,29

4,29

1/03/1999

31/03/1999

30

4,29

4,29

1/04/1999

30/04/1999

30

4,29

4,29

1/05/1999

31/05/1999

30

4,29

4,29

1/06/1999

30/06/1999

30

4,29

4,29

1/07/1999

31/07/1999

30

4,29

4,29

1/08/1999

31/08/1999

30

4,29

4,29

1/09/1999

30/09/1999

30

4,29

4,29

1/10/1999

31/10/1999

30

4,29

4,29

1/11/1999

30/11/1999

30

4,29

4,29

1/12/1999

31/12/1999

30

4,29

4,29

1/01/2000

31/01/2000

30

4,29

4,29

1/02/2000

29/02/2000

30

4,29

4,29

1/03/2000

31/03/2000

30

4,29

4,29

1/04/2000

30/04/2000

30

4,29

4,29

1/05/2000

31/05/2000

30

4,29

4,29

1/06/2000

30/06/2000

30

4,29

4,29

1/07/2000

31/07/2000

30

4,29

4,29

1/08/2000

31/08/2000

30

4,29

4,29

1/09/2000

30/09/2000

1/10/2000

31/10/2000

30

4,29

4,29

1/11/2000

30/11/2000

30

4,29

4,29

1/12/2000

31/12/2000

30

4,29

4,29

1/01/2001

31/01/2001

30

4,29

4,29

1/02/2001

28/02/2001

30

4,29

4,29

1/03/2001

31/03/2001

30

4,29

4,29

1/04/2001

30/04/2001

30

4,29

4,29

1/05/2001

31/05/2001

30

4,29

4,29

1/06/2001

30/06/2001

30

4,29

4,29

1/07/2001

31/07/2001

18

2,57

2,57

1/08/2001

31/08/2001

1/02/2007

28/02/2007

1/03/2007

31/03/2007

28

4,00

4,00

1/04/2007

30/04/2007

1/05/2007

31/05/2007

1/06/2007

30/06/2007

1/07/2007

31/07/2007

30

4,29

4,29

1/08/2007

31/08/2007

30

4,29

4,29

1/09/2007

30/09/2007

30

4,29

4,29

1/10/2007

31/10/2007

30

4,29

4,29

1/11/2007

30/11/2007

30

4,29

4,29

1/12/2007

31/12/2007

30

4,29

0,71

1/01/2008

1/01/2008

1

0,14

TOTAL

912,57

623,14

En relación con la cuantía de la pensión, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición que les faltare más de 10 años para adquirir el derecho, a la entrada en vigencia de dicha disposición, será el promedio de lo devengado en los últimos 10 años aportados, o el cotizado durante todo el tiempo si tiene 1.250 semanas, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE.

Así, el ingreso base de liquidación que aplica al caso es el de los últimos 10 años cotizados, que corresponde a «514,29» efectivamente sufragadas y, por tanto, la pensión se calcula así:

FECHAS

N° DE

N° DE

SALARIO

SALARIO

SALARIO

DESDE

HASTA

DIAS

SEMANAS

INDEXADO

PROMEDIO

29/01/1992

31/01/1992

3

0,43

$ 7.154,80

$ 47.615,41

$ 39,68

1/02/1992

29/02/1992

29

4,14

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 3.835,69

1/03/1992

31/03/1992

31

4,43

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 4.100,22

1/04/1992

30/04/1992

30

4,29

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 3.967,95

1/05/1992

31/05/1992

31

4,43

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 4.100,22

1/06/1992

30/06/1992

30

4,29

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 3.967,95

1/07/1992

31/07/1992

31

4,43

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 4.100,22

1/08/1992

31/08/1992

31

4,43

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 4.100,22

1/09/1992

30/09/1992

30

4,29

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 3.967,95

1/10/1992

31/10/1992

31

4,43

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 4.100,22

1/11/1992

30/11/1992

30

4,29

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 3.967,95

1/12/1992

31/12/1992

31

4,43

$ 71.548,00

$ 476.154,14

$ 4.100,22

1/01/1993

31/01/1993

31

4,43

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.258,96

1/02/1993

28/02/1993

28

4,00

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 3.846,80

1/03/1993

31/03/1993

31

4,43

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.258,96

1/04/1993

30/04/1993

30

4,29

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.121,57

1/05/1993

31/05/1993

31

4,43

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.258,96

1/06/1993

30/06/1993

30

4,29

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.121,57

1/07/1993

31/07/1993

31

4,43

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.258,96

1/08/1993

31/08/1993

31

4,43

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.258,96

1/09/1993

30/09/1993

30

4,29

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.121,57

1/10/1993

31/10/1993

31

4,43

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.258,96

1/11/1993

30/11/1993

30

4,29

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.121,57

1/12/1993

31/12/1993

31

4,43

$ 93.012,00

$ 494.588,83

$ 4.258,96

1/01/1994

31/01/1994

31

4,43

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.607,89

1/02/1994

28/02/1994

28

4,00

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.065,19

1/03/1994

31/03/1994

31

4,43

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.607,89

1/04/1994

30/04/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/05/1994

31/05/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/06/1994

30/06/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/07/1994

31/07/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/08/1994

31/08/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/09/1994

30/09/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/10/1994

31/10/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/11/1994

30/11/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/12/1994

31/12/1994

30

4,29

$ 150.000,00

$ 651.239,12

$ 5.426,99

1/01/1995

31/01/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/02/1995

28/02/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/03/1995

31/03/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/04/1995

30/04/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/05/1995

31/05/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/06/1995

30/06/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/07/1995

31/07/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/08/1995

31/08/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/09/1995

30/09/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/10/1995

31/10/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/11/1995

30/11/1995

30

4,29

$ 177.000,00

$ 627.290,32

$ 5.227,42

1/12/1995

31/12/1995

30

4,29

$ 180.000,00

$ 637.922,36

$ 5.316,02

1/01/1996

31/01/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/02/1996

29/02/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/03/1996

31/03/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/04/1996

30/04/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/05/1996

31/05/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/06/1996

30/06/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/07/1996

31/07/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/08/1996

31/08/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/09/1996

30/09/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/10/1996

31/10/1996

30

4,29

$ 177.000,00

$ 525.326,92

$ 4.377,72

1/11/1996

30/11/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/12/1996

31/12/1996

30

4,29

$ 225.000,00

$ 667.788,46

$ 5.564,90

1/01/1997

31/01/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/02/1997

28/02/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/03/1997

31/03/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/04/1997

30/04/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/05/1997

31/05/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/06/1997

30/06/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/07/1997

31/07/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/08/1997

31/08/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/09/1997

30/09/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/10/1997

31/10/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/11/1997

30/11/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/12/1997

31/12/1997

30

4,29

$ 375.000,00

$ 915.536,72

$ 7.629,47

1/01/1998

31/01/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/02/1998

28/02/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/03/1998

31/03/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/04/1998

30/04/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/05/1998

31/05/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/06/1998

30/06/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/07/1998

31/07/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/08/1998

31/08/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/09/1998

30/09/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/10/1998

31/10/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/11/1998

30/11/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/12/1998

31/12/1998

30

4,29

$ 435.000,00

$ 902.872,24

$ 7.523,94

1/01/1999

31/01/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/02/1999

28/02/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/03/1999

31/03/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/04/1999

30/04/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/05/1999

31/05/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/06/1999

30/06/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/07/1999

31/07/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/08/1999

31/08/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/09/1999

30/09/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/10/1999

31/10/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/11/1999

30/11/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/12/1999

31/12/1999

30

4,29

$ 456.750,00

$ 812.919,69

$ 6.774,33

1/01/2000

31/01/2000

30

4,29

$ 461.925,00

$ 752.500,09

$ 6.270,83

1/02/2000

29/02/2000

30

4,29

$ 461.925,00

$ 752.500,09

$ 6.270,83

1/03/2000

31/03/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/04/2000

30/04/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/05/2000

31/05/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/06/2000

30/06/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/07/2000

31/07/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/08/2000

31/08/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/09/2000

30/09/2000

$ -

$ -

1/10/2000

31/10/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/11/2000

30/11/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/12/2000

31/12/2000

30

4,29

$ 497.858,00

$ 811.036,83

$ 6.758,64

1/01/2001

31/01/2001

30

4,29

$ 497.858,00

$ 745.809,00

$ 6.215,08

1/02/2001

28/02/2001

30

4,29

$ 497.858,00

$ 745.809,00

$ 6.215,08

1/03/2001

31/03/2001

30

4,29

$ 542.566,00

$ 812.783,18

$ 6.773,19

1/04/2001

30/04/2001

30

4,29

$ 542.566,00

$ 812.783,18

$ 6.773,19

1/05/2001

31/05/2001

30

4,29

$ 542.566,00

$ 812.783,18

$ 6.773,19

1/06/2001

30/06/2001

30

4,29

$ 542.566,00

$ 812.783,18

$ 6.773,19

1/07/2001

31/07/2001

18

2,57

$ 307.454,00

$ 460.577,03

$ 2.302,89

1/08/2001

31/08/2001

$ -

$ -

1/02/2007

28/02/2007

$ -

$ -

1/03/2007

31/03/2007

28

4,00

$ 433.700,00

$ 458.379,81

$ 3.565,18

1/04/2007

30/04/2007

$ -

$ -

1/05/2007

31/05/2007

$ -

$ -

1/06/2007

30/06/2007

$ -

$ -

1/07/2007

31/07/2007

30

4,29

$ 434.000,00

$ 458.696,89

$ 3.822,47

1/08/2007

31/08/2007

30

4,29

$ 434.000,00

$ 458.696,89

$ 3.822,47

1/09/2007

30/09/2007

30

4,29

$ 434.000,00

$ 458.696,89

$ 3.822,47

1/10/2007

31/10/2007

30

4,29

$ 434.000,00

$ 458.696,89

$ 3.822,47

1/11/2007

30/11/2007

30

4,29

$ 433.700,00

$ 458.379,81

$ 3.819,83

1/12/2007

31/12/2007

30

4,29

$ 434.000,00

$ 458.696,89

$ 3.822,47

1/01/2008

1/01/2008

1

0,14

$ 16.000,00

$ 16.000,00

$ 4,44

TOTAL

3.600

514,29

$ 692.857,42

Sin embargo, el juez de primer grado determinó que la actora aportó un total de «875,71» semanas, y halló un IBL de $573.424,23. Como consecuencia, aplicó una tasa de reemplazo del 63,50%, que le arrojó una mesada equivalente a $364.168 y que aproximó al salario mínimo legal vigente al 2008 –data de la última cotización- $461.500, esto es, inferior a la que realmente correspondía que como se vio se cuantificó en $478.071,62.

No obstante, se itera, dicha condena no fue apelada por la demandante; de manera que la Corte no podría modificarla, pues afectaría la situación de Colpensiones en cuyo favor se surtió el grado jurisdiccional de consulta, de modo que este aspecto se dejará incólume.

Respecto a la excepción de prescripción propuesta por la pasiva, esta Corporación ha sido enfática en cuanto a que el derecho pensional no prescribe, contrario a lo que sucede con las mesadas, toda vez que al tratarse de importes que se hacen exigibles periódicamente admiten prescripción trienal, cuyo cómputo corre de manera independiente para cada periodo, desde que se hace exigible la mensualidad (CSJ SL1011-2021 reiterada en la CSJ SL5683-2021).

En consecuencia, esta prospera de manera parcial respecto a las mesadas causadas con anterioridad al mes de octubre de 2012, debido a que la actora realizó la reclamación que motivó el presente proceso ante la demandada a través de revocatoria directa el 30 de octubre de 2015 (f.º 22 del c. principal), respuesta que igualmente le fue adversa a sus intereses a través de la Resolución n.º GNR 404802 de 12 de diciembre de 2015 (f.º 32 del c. principal).

Así, el término prescriptivo de los tres años que se consagra para las acciones que emanen de las leyes sociales, en aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo afecta las citadas mensualidades. Por ello, habrá lugar a revocar de manera parcial la determinación de primer grado en cuanto se declaró no probada.

En consecuencia, el valor del retroactivo pensional que se generó a favor de la accionante asciende a la suma de $121.284.726, teniendo en cuenta que las mesadas se pagan completas, así:

Respecto de los intereses moratorios, estos no son procedentes toda vez que el reconocimiento pensional obedece a un cambio jurisprudencial (CSJ SL1947-2020). En su lugar, se ordenará la indexación del retroactivo pensional, dado que es necesario compensar el impacto inflacionario que sufre el valor de las mesadas pensionales con el simple transcurrir del tiempo. Para su cálculo, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

VA = VH x IPC Final

IPC Inicial

De donde:

VA = IBL o valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde a cada uno de los derechos a indexar

IPC Final = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de pago.

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de causación de cada derecho a indexar.

De dichos valores, la entidad podrá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

Conforme las argumentaciones expuestas, es claro que no están llamadas a prosperar las excepciones que la convocada elevó, salvo la de prescripción que se declara probada parcialmente respecto de las mesadas causadas con anterioridad al mes de octubre de 2012. En su lugar, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES deberá pagar a GLORIA PAULINA PORTILLA BASTIDAS la pensión de vejez a partir del 1.° de octubre de ese año, en cuantía de $461.500.

Así las cosas, la Corte revocará parcialmente la sentencia del juez de primera instancia, en el sentido declarar parcialmente la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones. Confirma en lo demás.

Sin costas en este grado jurisdiccional. Las de primera instancia a cargo de la demandada.

DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira profirió el 8 de abril de 2019 en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y no probadas las demás.

En su lugar, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES deberá pagar a GLORIA PAULINA PORTILLA BASTIDAS la pensión de vejez a partir del 1. ° de octubre de 2012, en cuantía de $461.500, retroactivo pensional que arroja la suma de $121.284.726. Cantidad que deberá ser indexada hasta el momento de pago efectivo, conforme se indicó en la parte motiva.

De esta suma, la entidad de seguridad social podrá efectuar los descuentos para cotización en salud, a partir de la fecha en que se otorgó el derecho, con destino a la empresa promotora de salud a la cual se encuentra vinculada la demandante, así como de las mesadas pensionales posteriores, en la medida en que se causen.

SEGUNDO. CONFIRMA en lo demás.

TERCERO. Sin costas.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente el Tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Aclaro voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

Aclaro voto

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada Ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.° 90556

REFERENCIA: GLORIA PAULINA PORTILLA BASTIDAS vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de nuestra Sala, y aun cuando en la discusión del proyecto anuncié aclaración de voto, en realidad de verdad, debo apartarme de la decisión, toda vez que considero que con ella se reitera el quiebre de una línea jurisprudencial sólida y consolidada, la cual no se aviene al concepto de justicia que se deriva de los objetivos de universalización, eficiencia y progresividad que persigue el servicio público de la seguridad social, por las razones que a continuación paso a explicar.

Estimo que la posición mayoritaria incurre en un inadecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que la lleva a darle un alcance que no tuvo ni tiene el régimen de transición propiamente dicho. Obsérvese que este precepto no se dedica única y exclusivamente a las normas de tránsito entre la legislación derogada y la vigente, lo que conocemos como régimen de transición, sino que también hace alusión a los derechos adquiridos y a los cambios normativos ordinarios dentro del Sistema General de Pensiones. Veamos:

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Un primer ejercicio nos invita a revisar la estructura original del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta las reformas legales posteriores ni las declaratorias de inexequibilidad realizadas:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

De una lectura desprevenida aflora que la norma tiene diferentes objetivos de protección. Me permito revisarlos uno a uno:

Derechos Adquiridos

El inciso 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señala:

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

Aunque técnicamente los derechos adquiridos no pueden ser modificados ni derogados por la ley posterior, por tanto, no deben hacer parte de los regímenes de transición, este inciso reafirma lo establecido en el artículo 11 del mismo marco normativo. A nuestro juicio, lo más importante es que reconoce que el derecho se adquiere con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez.

Régimen de transición

Los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36, indican:

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Estos incisos del artículo 36 regulan el régimen de transición entre la normatividad inmediatamente anterior y la nueva que configura el Sistema General de Pensiones. Dado que se trataba de integrar en un solo texto todos los esquemas pensionales de prestación definida vigentes con anterioridad al sistema general de pensiones, que no fueron exceptuados expresamente por el artículo 279, con el nuevo régimen de prima media con prestación definida, y la incompatibilidad que se genera por sus mecanismos financieros excluyentes (capitalización colectiva versus capitalización individual), la norma instituyó como renuncia voluntaria al régimen de transición el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad; pero, además, para reafirmar esta consecuencia, se estableció expresamente que la transición no se recupera por un posterior nuevo traslado al régimen de prima media.

Cambios futuros legislados para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en relación con la pensión ordinaria de vejez

El inciso 1º y el parágrafo del artículo 36, enseñan:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

El artículo 19 del Decreto 1650 de 1977 estableció como régimen financiero para las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes, el de prima media escalonada. De ahí, que cuando se optó por unificar los regímenes pensionales preexistentes, todos de prestación definida, en torno al esquema financiero del seguro adoptado por el Instituto de Seguros Sociales, se definió uno solo denominado «Régimen de prima media con prestación definida». Atrás quedaron los sistemas de reparto. Ello explica por qué el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, como regla general, dispuso que será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Para este régimen, prima media con prestación definida, se adoptaron las edades mínimas para acceder a la pensión fijadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de 1990, que eran de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, conforme se constata de la lectura del primigenio artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el parágrafo 4º ibidem dispuso que:

PARÁGRAFO 4º. A partir del primero (1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.

Como se infiere claramente, la norma trazó un cambio futuro en la edad de pensión, razón por la cual el legislador debió reafirmar esta situación en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues técnicamente se trata de un cambio normativo.

Pero, además siendo la norma consecuente con el parágrafo 1º del artículo 33 del texto normativo, que establece cuáles son los tiempos válidos para la pensión ordinaria de vejez del régimen de prima media, el parágrafo del artículo 36 replicó dichos tiempos válidos.

En otras palabras, el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regulan la edad y tiempos válidos de pensión que deben ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media con prestación definida, de que trata el artículo 33 de dicha normativa, dados los cambios que en las edades de pensión se establecieron para el año 2014.

En ningún caso estos preceptos regulan las edades ni los tiempos válidos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición pues, expresamente, el inciso 2º del multimencionado artículo consagró que la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Para no dejar dudas sobre ello, el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 813 de 1994, instituyó:

Artículo 3o. Beneficios. Las personas que cumplan algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1° de abril de 1994. (Subrayas mías)

Es palmario entonces, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene diferentes objetivos de protección que no deben ser confundidos, como me temo que lo fueron, y menos ser mezclados para obtener un resultado paternalista, pues ello trae como consecuencia que la política pública de pensiones, y el concepto de justicia que subyace a la misma, no brinde el resultado esperado en términos del objetivo social que se persigue.

El régimen de los seguros sociales obligatorios

En primer lugar, es patente que para tener derecho a las prestaciones del seguro social obligatorio debía existir afiliación expresa a dicho instituto.

Los artículos 13 a 16 del Decreto 1650 de 1977, señalan:

Artículo 13. De la afiliación del régimen. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes a las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.

Artículo 14. Del concepto de afiliación. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.

Artículo 15. De la reglamentación de la afiliación. Los reglamentos generales de los seguros sociales obligatorios señalarán la forma y oportunidad de la afiliación, las sanciones por el incumplimiento en efectuarla y, en todo caso, el derecho del trabajador para exigirla por sí mismo.

Artículo 16. De los beneficios y derecho habientes. Son beneficiarios de los seguros sociales obligatorios y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y de salud, las personas afiliadas al régimen y las que por su vinculación a un afiliado puedan recibir tal beneficio, según los reglamentos. Estas últimas reciben en este estatuto el nombre de derecho habientes.

La afiliación al Instituto de Seguros Sociales es entonces el instrumento que permite al ciudadano ser beneficiario de las prestaciones que este otorgaba.

El Decreto 3063 de 1989, que aprobó el reglamento en sus artículos 8 y 10, dice:

Artículo 8° AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.

Artículo 11. ASEGURADO. Se entiende por asegurado al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cumplido con los requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros Sociales Obligatorios.

Así las cosas, es totalmente cristalino que, desde siempre, pero en especial a la vigencia del sistema general de pensiones, se entiende por afiliado el que cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios y por asegurado el que ha cumplido con los requisitos de los respectivos reglamentos, básicamente, tratándose de invalidez, vejez y muerte, las semanas de cotización a dicho Instituto, no a otras entidades.

Pero quizás lo más importante es que, para el Instituto de Seguros Sociales, como arriba se advirtió, se adoptó la técnica financiera de la prima media escalonada, propia del seguro social, que exige que los afiliados se encuentren asegurados y cotizando (pagando las primas de seguro) al ente asegurador. Entonces, el pago de las prestaciones se supedita al cumplimiento estricto del deber de sufragar el aporte por las semanas de cotización exigidas (pago de la prima), reitero, al asegurador. Así, la estructura técnica establecida para el seguro social niega cualquier posibilidad de administrar pensiones en régimen de reparto simple, dado que no se trata de «acumulación de tiempos» sino de cancelar verdaderas primas de seguro, a través de los aportes mensuales para asegurar el pago de las prestaciones que se derivan de los riesgos, en este asunto específico, de la invalidez, la vejez y la muerte.

El contexto trazado se desprende, sin esfuerzo alguno, de la lectura desprevenida de las siguientes normas del acuerdo inmediatamente referido.

Artículo 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro. […]

Artículo 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado. […]

Por último, los incisos 6 y 7 del artículo 79 del mencionado acuerdo, rezan:

Los aportes para los distintos seguros se liquidarán por semanas completas en cada período mensual de aportación.

Para la liquidación de las prestaciones económicas, el Instituto adoptará los mecanismos necesarios a fin de establecer las semanas cotizadas en un período determinado.

Así es como, finalmente, se instituye en términos de semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones que ofrece el seguro social, pero en especial, el seguro de invalidez, vejez y muerte -IVM.

A guisa de ejemplo, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:

Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

De esta manera es claro que el régimen de los seguros sociales obligatorios se fundamenta en el pago de aportes para cubrir los riesgos asumidos por parte del asegurador. En caso alguno, la norma escindió o siquiera permitió que la actividad aseguradora se fraccionara entre varias aseguradoras para luego permitir la suma de tiempos cotizados entre ellas con el fin de cubrir el riesgo asumido, en este caso, la pensión de vejez.

En otras palabras, en el país, hasta 1988, no existía posibilidad alguna de tener en cuenta los tiempos de aportes o servicios al sector público para acceder a las prestaciones ofrecidas por el régimen de los seguros sociales obligatorios, ni de sumar las semanas cotizadas al ISS a los tiempos de servicios o aportes exigidos por las normas del sector público para acceder a las pensiones de jubilación vigentes.

La solución normativa: la pensión de jubilación por aportes

La imposibilidad legal de sumar los tiempos de cotización al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de aportes al sector público fue lo que dio origen a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.

Al respecto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47 del 29 de marzo de 1990, sostuvo:

a) Para resolver la cuestión planteada, la Corte debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aunque sea su parágrafo solo lo demandado, porque entre una y otra parte de aquel, existe una estrecha relación de dependencia.

En efecto, el citado artículo 7º establece la posibilidad de adquirir el derecho a la pensión de jubilación por los empleados oficiales, es decir, trabajadores oficiales y empleados públicos y por los trabajadores particulares, en el evento de que estos acrediten la acumulación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisariar o distrital, con los efectuados ante el Instituto de los Seguros Sociales; esto quiere decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, es posible acceder a la prestación jubilatoria, mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria, cuando la suma de aquellos equivalgan por 10 menos a veinte (20) años;

b) Sin embargo, dicha posibilidad jurídica de acumulación conforme a lo establecido en el citado artículo 7º, está condicionada, además, como presupuesto fundamental, al arribo a la edad de sesenta (60) años si el afiliado aportante es varón, y de cincuenta y cinco (55) si es mujer, puesto, que de no mediar dichos términos no es posible la acumulación que daría derecho a esta situación pensional especial;

c) De lo visto se colige que el trabajador vinculado por una relación laboral particular que no haya sufragado aporte o cotización alguna a una o varias entidades de previsión social, no queda cobijado por los efectos de la ley que establece la prerrogativa de la acumulación; en este mismo sentido se tiene que esta nueva disposición se restringe al ámbito de los trabajadores amparados mediante aporte o cotización por el régimen de seguridad social organizado en sustitución de los patronos, sean estos particulares u oficiales;

d) De otra parte, conviene advertir que esta nueva y especial regulación, de connotación evidentemente social, no modifica la aplicación de los regímenes ordinarios establecidos para regular la citada prestación jubilatoria, cuando a ella se tiene vocación dentro de cada sistema, particular u oficial, autónoma e independientemente considerados en cuyos casos, los presupuestos de edad y tiempo de servicios continúan siendo los que establecen las demás "normas de los regímenes actuales vigentes".

e) Por lo que hace al parágrafo cuestionado por la demanda, la Corte advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional que ordena en determinadas hipótesis la aplicación de las disposiciones ordinarias; las que continuaran rigiendo para las personas que al entrar en vigencia la Ley 71 de 1988 ya hayan cumplido ciertas condiciones de edad y de tiempo de aportes como son las de tener 50 años o más de edad para los varones y 45 años o más para las mujeres; y en todo caso que unos y otras tengan diez (10) o más años de afiliación en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, en todos los órdenes de la organización territorial. Si a la fecha de sanción de la ley estas personas ya habían arribado a estos límites de edad y de aportes no pueden acceder a la pensión de jubilación por la nueva vía de la acumulación, ni acogerse a ella;

f) Además, debe tenerse de presente que las normas de los regímenes actuales vigentes a las que hace relación la norma acusada son, principalmente, para el empleado oficial el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, y para los demás trabajadores, lo dispuesto por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias como el Decreto 2218 de 1966.

Nótese que la providencia en el literal d), a la vez que reconoce una nueva forma de acceder a la pensión, reafirma que las normas vigentes del sector público y privado que regulan las pensiones preexistentes mantienen su autonomía y especialidad.

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-C-012 de 1994 da cuenta del nuevo tipo de derecho pensional creado por la Ley 71 de 1988, en los siguientes términos:

Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social oficial o al ISS.

En tal virtud, si como se afirmó antes, la norma en referencia creó un nuevo tipo de derecho pensional, no se puede hablar, como lo hace el demandante, de un derecho "causado", con base en la misma disposición; en otros términos, es inconcebible que el aparte de la norma acusada (parágrafo del artículo 7°), pueda violar el derecho que ella misma crea en el inciso 1°.

Así las cosas, es menester señalar que a la vigencia del Sistema General de Pensiones coexistían regímenes pensionales incompatibles entre sí, a decir: i) los regímenes del sector público, que otorgaban la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985, Ley 6 de 1945 y otros); ii) el régimen de los seguros sociales obligatorios y en caso de ausencia de subrogación de los riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo; y iii) el régimen de acumulación de aportes y cotizaciones establecido por la Ley 71 de 1988, único y excluyente que permite la sumatoria de los tiempos aportados tanto en el sector público como en el privado.

El régimen de transición y la protección de expectativas

La Ley 100 de 1993 pretendió la unificación de los esquemas pensionales anteriormente vigentes en torno a un sistema de pensiones, configurado por los regímenes pensionales de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad.

Al buscar la universalización del servicio, conforme a las necesidades económicas y sociales identificadas, unificó en un primer momento, para el régimen de prima media con prestación definida, las edades mínimas de pensión en 55 años para las mujeres y 60 años para el hombre, buscando armonizar en el año 2014 las edades mínimas de pensión para ambos regímenes en 57 años para la mujer y 62 años para los hombres.

De igual manera consagró el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización. Por razones de equilibrio en el sistema, este requerimiento fue dispuesto con desbalance en ambos regímenes; jamás se pretendió la equiparación del número de semanas de cotización para acceder a la pensión mínima, dadas las diferencias naturales de sus sistemas financieros.

El régimen de transición como vehículo, valga la redundancia de tránsito, entre la legislación anterior y la posterior, busca llevar a los ciudadanos en sus expectativas a la actual situación ordinaria creada por la nueva ley.

Sobre este punto, en aclaración de voto del expediente 47557, expliqué:

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Aquí y ahora reafirmamos que, un régimen de transición, sobre todo cuando la nueva ley establece requisitos de acceso a los derechos más exigentes, no crea nuevos derechos, al contrario, o mantiene la expectativa legítima que trae el ciudadano, no protege la mera expectativa, o, como en el caso del artículo 36 en relación con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en transición, va tornando poco a poco más exigente la forma de determinarla, llevando a los grupos de población a lo querido por la nueva ley.

En nuestro criterio el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no creó nuevos derechos ni buscó instaurar nuevas formas para acceder a ellos; al contrario, estimó que los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión de vejez serían los del régimen anterior. Y como arriba lo aduje, cada régimen precedente tiene su especificidad y autonomía, que hacen que la expectativa legítima de cada afiliado sea edificada conforme a la que venía construyendo; determinarlo de otra manera, sería no buscar la protección de una expectativa legítima, sino crear otras, que, como en el presente caso, no son acordes con el objetivo perseguido por la Ley 100 de 1993.

Se itera, el objetivo social que se busca con el régimen de transición propiamente dicho, y claramente delimitado, no es otro que el de protección de expectativas legítimas, conforme se venían desarrollando por el afiliado. Al aplicarse indebidamente la norma lo que se genera es regresividad en el sistema pensional. El principio de universalidad de la seguridad social requiere de requisitos de acceso uniformes para el grueso de la población, con ello se satisface a plenitud el principio de igualdad, dando contenido al concepto de justicia social. La Ley 100 de 1993 se implementó buscando este objetivo, por tanto, crear nuevas formas de acceso al derecho, contraviene gravemente el cometido estatal.

Como arriba lo asentamos el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no regulan el régimen de transición; solo la edad y tiempos válidos para pensión del régimen ordinario determinado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Utilizar estos apartes normativos para justificar sumatorias de tiempo en el régimen de transición es aplicarlos indebidamente pues su real propósito no fue regular el régimen de transición. Al contrario, pretender utilizar dichos apartes normativos de esta manera, resulta contradictorio toda vez que limita el verdadero alcance de las expectativas que protegen los incisos 2, 3, 4 y 5 del mencionado artículo 36.

Así las cosas, insistimos en que las pensiones en régimen de transición, basadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de ese mismo año, se construyen a partir de los aportes realizados, única y exclusivamente, al Instituto de Seguros Sociales, respetando la autonomía y especificidad de dicho estatuto pensional.

Es mi convicción que el concepto de justicia social no abarca situaciones en las cuales la medida resulta injusta para el agregado; lo aparentemente justo para el individuo cuando deviene en injusto para la sociedad, se manifiesta como un privilegio de unos pocos en detrimento de la colectividad. Considero que la posición mayoritaria actual, adoptada después de la expiración del régimen de transición, en lugar de generar progresividad en el sistema de derechos engendra regresividad.

Básicamente, la interpretación de la posición mayoritaria lleva a que a los funcionarios públicos que tenían la expectativa, única y legítima, de acceder a un monto de pensión del 75% de la base de liquidación, dada la transición de la Ley 71 de 1988, se les conduzca injusta e indebidamente a una expectativa, que jamás tuvieron, no propia del régimen de los seguros obligatorios, de acceder a una pensión con un monto del 90%, como se mostró, sumando indebidamente tiempos del sector público y del privado. Pero además, afiliados que no tenían una expectativa de acceder al derecho, v.g. afiliados que no reunieron 500 semanas de cotización al ISS, terminen beneficiándose de una prestación, sobre la cual no tenían ninguna expectativa, sumando indebidamente tiempos públicos y privados, pues, se itera, esta posibilidad fue creada, en criterio nuestro, por la indebida aplicación del marco legal, excediendo la teleología y con ello el alcance del régimen de transición.

En el caso concreto, a fin de conceder la prestación con aplicación del régimen de transición, con base en las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 que aprobó el Decreto 758 del mismo año, se tuvieron en cuenta 623,14 semanas en los últimos veinte años y 912,57 en toda la vida laboral, en las cuales se incluyeron tiempos de servicio público no cotizados al ISS ni a ninguna otra Caja de Previsión, lo que, a mi modo de ver, como quedó arriba registrado, no se aviene con el régimen de transición, y tampoco permite acceder a la prestación de vejez con los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988 que exige un mínimo de 20 años de cotizaciones y tiempos públicos, que como quedó arriba señalado, la actora no reúne, pues solamente cuenta con 912,57 semanas cotizadas al ISS en toda la vida laboral, como lo estableció la mayoría de la Sala.

Corolario de lo anotado, en el grado jurisdiccional de consulta, se debió revocar la sentencia de primera instancia y absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.

Estas son las razones por las cuales salvo el voto.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARACIÓN DE VOTO

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrado ponente

Radicación n.° 90556

GLORIA PAULINA PORTILLA BASTIDAS vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Aunque comparto la decisión adoptada, debo reiterar mi aclaración, ya expresada frente a la providencia CSJ SL642-2023 con la cual este pronunciamiento de instancia configura una unidad inescindible, respecto de un punto específico de la sentencia, y es el relacionado con mi convicción de que el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido el IBL.

En efecto, en las consideraciones de esta sentencia de instancia se recuerda que:

En relación con la cuantía de la pensión, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición que les faltare más de 10 años para adquirir el derecho, a la entrada en vigencia de dicha disposición, será el promedio de lo devengado en los últimos 10 años aportados, o el cotizado durante todo el tiempo si tiene 1.250 semanas, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE.

Con base en este contexto, los cálculos de los valores de las mesadas pensionales efectuados ahora en instancia, responden al criterio que privilegia la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 sobre el 36 de la misma norma, para el IBL de quienes se encuentran en régimen de transición, que es la apreciación de la cual tomo distancia.

Me explico, la Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior y de la misma manera, se ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Dispone la norma en comento, en lo que interesa a este escrito:

&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

En lo que se refiere a la interpretación y alcance del inciso tercero, es decir el que define el IBL, pese a que, como lo recuerda la sentencia, ha habido un entendimiento, de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, allí es donde creo, reside el núcleo de mi aclaración, pues a mi juicio, esa lectura no es correcta y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-168 de 1995)

Así las cosas, aceptando como supuesto que en efecto el artículo 36 regula integralmente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en la Ley 100, la consecuencia que de ello se deriva es que había tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos al momento de la pensión: i) quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) quienes les faltaba menos de diez años y, iii) quienes teniendo el derecho de la transición, les faltaban más de diez años.

Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del artículo y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.

A guisa de ejemplo, el Consejo de Estado, mediante providencia CE SPL, 28 ag. 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), llegó a las siguientes conclusiones, que aunque se aproximan al criterio de la Corte Suprema de Justicia, difieren en algunos aspectos de lo que tradicionalmente ha sostenido la Sala de Casación Laboral:

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

'El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985'.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen (sic) pensional está previsto en la Ley 91 de 1989[30]. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

[...]

La lectura que en esta aclaración de voto se propone, en mi modo de ver, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone el cambio abrupto del sistema, y que se preservan las condiciones más favorables del régimen anterior, en la medida en que un nuevo sistema pensional se diseña con el propósito de endurecer, de alguna manera, los requisitos de acceso a la prestación.

En síntesis, el régimen de transición reconoce las condiciones más benéficas del régimen anterior al cual se encontraba afiliado el trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad del régimen pensional, pues esa es su razón de ser.

Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional, al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 expresó en sentencia CC C-168-1995 que:

En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (subrayas propias).

Así las cosas, la solución que más se aviene con lo hasta aquí planteado, es mi opinión, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron después de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:

i) para el grupo de los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;

ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» se está refiriendo, precisamente, al tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por contraste y oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;

iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo.

Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100, hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en suma, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.

Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general y, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad para resolverlos, si a ello hubiere lugar.

Por la brevedad debida, dejó así consignada mi aclaración frente a la decisión adoptada.

Fecha ut supra,

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

MAGISTRADO

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