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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4480-2020

Pensión de vejez

Fecha
4 de noviembre de 2020
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
81 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4480-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Es posible que los beneficiarios del régimen de transición accedan a la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990 mediante la sumatoria de tiempos cotizados al ISS con tiempos servidos al sector público?

  2. ¿Para el cómputo de las semanas de cotización, los años de servicio deben contabilizarse en 360 o en 365 días?

Reglas

  1. Los beneficiarios del régimen de transición son afiliados del sistema general y pueden sumar todas las semanas laboradas en el sector público, cotizadas o no al ISS, para la pensión del Acuerdo 049.

    «la posibilidad de sumar todas las semanas prestadas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones»
  2. Según la mayoría de la Sala, para contar las cotizaciones las semanas equivalen a 7 días, los meses a 30 días y los años a 360 días.

    «las cotizaciones al sistema de seguridad social deben contabilizarse teniendo en cuenta que las semanas aportadas corresponden a 7 días, los meses 30 días y los años 360 días»
  3. El régimen de transición conserva solo los requisitos de edad, tiempo y monto de la ley anterior; los demás aspectos, como el ingreso base de liquidación, se rigen por la Ley 100 de 1993.

    «solo conservó los requisitos de edad, tiempo y monto de la legislación anterior»
  4. No hay lugar a intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 cuando la pensión se reconoce con fundamento en un cambio de jurisprudencia.

    «la pensión de vejez se otorga con fundamento en un cambio de jurisprudencia»

Decisión

Casa la sentencia del Tribunal. En sede de instancia revoca la absolución y condena a Colpensiones a reconocer la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990 desde el 1 de diciembre de 2013, en cuantía inicial de $1.228.656, con indexación, sin intereses moratorios y sin costas en el recurso extraordinario.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 6 de abril de 2017, en el proceso ordinario que MARTHA ISABEL ROJAS RUEDA adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. En sede de instancia, REVOCA la sentencia que el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá emitió el 24 de enero de 2017. En su lugar, dispone: PRIMERO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a MARTHA ISABEL ROJAS RUEDA la pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1.º de diciembre de 2013 y en cuantía inicial de $1.228.656, condena que a 30 de septiembre de 2020, incluidos sus reajustes anuales, asciende a la suma de $127.708.575,84. Igualmente, se ordena indexar dicha suma desde su causación hasta la fecha de pago efectivo, valor que a 30 de septiembre de 2020 arroja $15.608.097,65, sin perjuicio de la actualización que se llegue a causar. Colpensiones descontará de la pensión reconocida, el valor de la totalidad de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud con la finalidad de que las trasfiera a la entidad administradora de salud a la que se encuentre afiliado el accionante. SEGUNDO: ABSOLVER a COLPENSIONES del pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones que formuló la demandada. CUARTO: COSTAS como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4480-2020

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

4 de noviembre de 2020

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL4480-2020

Radicación n.° 79587

Acta 41

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso MARTHA ISABEL ROJAS RUEDA contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 6 de abril de 2017, en el proceso que adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

La demandante promovió proceso ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el propósito que se condene al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990, a partir del 19 de noviembre de 2013 y en proporción al 75% del IBL, «que se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas 100 semanas», junto con el retroactivo, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas.

Subsidiariamente, pidió el reconocimiento de aquella acreencia bajo los preceptos de la Ley 71 de 1988 y del Decreto 2709 de 1994.

En respaldo de sus pretensiones, afirmó que nació el 19 de noviembre de 1958, de modo que cumplió 55 años de edad el mismo día y mes del año 2013; que es beneficiaria del régimen de transición por cuanto al 1.° de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad y tenía más 15 años sufragados; que efectuó cotizaciones al ISS hoy Colpensiones entre el 2 de febrero de 1976 y el 6 de octubre de 1986; que prestó sus servicios para el Ministerio de Defensa desde el 27 de octubre de 1986 hasta el 1.° de julio de 1996; que realizó aportes a ING Pensiones y Cesantías hoy Protección S.A. del 1.° de agosto de 1996 al 31 de julio de 1998, y que retornó a Colpensiones, entidad en la que cotizó desde el 1.° de junio de 2013 hasta el 30 de noviembre siguiente, para un total de 1.033,13 semanas.

Agregó que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, pero se la negaron mediante Resolución GNR n.º 316827 de 10 de septiembre de 2014 que a su vez confirmaron con Resolución VPB n.º 41219 de 7 de mayo de 2015, con fundamento en que no acreditó 1.000 semanas de cotización a Colpensiones conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990 y que, si bien reporta en su historia laboral un total de 1.024 semanas, lo cierto es que la Ley 71 de 1988 exige 20 años de aportes, esto es, 1.029 semanas.

Manifestó que cuenta con el tiempo de cotización requerido para adquirir el derecho pensional, toda vez que los años de servicios prestados al Ministerio de Defensa deben contabilizarse en 365 días en lugar de 360; además, refiere que sus entonces empleadores efectuaron de manera equivocada sus aportes y, por tal razón, «se han perdido 236 días laborados que no aparecen cotizados».

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento y la negativa en el reconocimiento de la pensión; respecto a los demás, dijo que no le constan o que no son ciertos. En su defensa, formuló las excepciones de carencia de causa para demandar, prescripción, buena fe, improcedencia de intereses moratorios o indexación e innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de fallo de 24 de enero de 2017, el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, tras encontrar probadas las excepciones de «carencia de causa para demandar, improcedencia de intereses moratorios, indexación e inexistencia de la obligación».

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación que formuló la parte demandante, mediante la sentencia recurrida en casación, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la del a quo.

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal, previo a resolver el asunto puesto a su consideración, aclaró que para el cómputo del servicio cotizado acoge el criterio fijado por esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL3794-2015, según el cual «el período mensual de cotización corresponde en efecto a 30 días de salario mensual».

Ello, por cuanto el tiempo requerido para acceder a las pensiones del sistema de prima media con prestación definida no es el que transcurre entre una fecha y otra, sino el correspondiente a semanas de cotización, para cuyo cálculo el parágrafo 2.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 prevé que se entiende por semana cotizada el período de 7 días calendario y la facturación y cobro de los aportes se hace sobre el número de días cotizados en cada periodo.

Así mismo, el artículo 18 ibidem dispone que la base de las cotizaciones para los trabajadores dependientes de los sectores público y privado será el salario mensual, y cuando se alude a tal contraprestación, el período que se remunera es de 30 días sin tener en cuenta el número efectivo de días que comprende un mes calendario; por tanto, sobre esa retribución se realizan los aportes a la seguridad social integral.

Precisado lo anterior, el ad quem evidenció que la demandante es beneficiaria del régimen de transición, pues a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social en pensiones tenía 778.43 semanas sufragadas, esto es, más de 15 años de servicios, motivo por el que tal prerrogativa se extendió hasta diciembre de 2014; por tanto, se ocupó de verificar si, hasta fecha, la actora adquirió el derecho pensional reclamado.

Sobre el particular, adujo que el Acuerdo 049 de 1990 exige 55 años de edad y 1.000 semanas cotizadas en toda la vida laboral o 500 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, presupuestos que no encontró demostrados a cabalidad, toda vez que la promotora aportó al ISS hoy Colpensiones 526.14 semanas, de las cuales 127 fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

Adicionalmente, precisó que si bien laboró para el Ejército Nacional entre el 27 de octubre de 1986 y el 1.° de julio 1996, lo cierto es que tal periodo no se puede tener en cuenta para calcular la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, habida cuenta que aquella normativa no permite sumar las cotizaciones realizadas a cajas de previsión, fondos o entidades de seguridad social del sector público, tal como lo sostuvo esta Sala de la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL, jul. 2013, rad. 47635, reiterada en CSJ SL, 3 mar. 2009, rad. 35792, CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 46601 y CSJ SL, 5 nov. 2014, rad. 44901.

Finalmente, en lo que respecta a la pretensión subsidiaria, relativa al reconocimiento de la pensión bajo la Ley 71 de 1988, reglamentada por los Decretos 1160 de 1989 y 2709 de 1994, adujo que esta exige 55 años de edad y 20 años o más de cotizaciones; sin embargo, tampoco encontró acreditada la densidad de aportes, toda vez que al sumar el tiempo laborado en el sector público -3.484 días- con el sufragado a Colpensiones -3.682, 98 días-, obtuvo un total de 7.166,98 días, esto es, 1.023,85 semanas, las que resultan insuficientes toda vez que 20 años de cotizaciones equivalen a 1.028,57 semanas de acuerdo con lo expuesto por esta Magistratura en sentencia CSJ SL16086-2015.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo interpuso la parte demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia controvertida. En sede de instancia, pide que se revoque el fallo del juzgado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del […] art. 12 del Decreto 758 de 1990, art. 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, lo mismo que la falta de aplicación de la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional, en especial la SU-769 de 2014 y los arts. 1, 2, 13, 25, 46 y 53 de la Constitución Nacional […].

La recurrente sostiene que la Corte Constitucional ha trazado una línea jurisprudencial pacífica y reiterada frente a la posibilidad de sumar tiempos públicos y privados bajo el Acuerdo 049 de 1990, para lo cual ha sostenido que aun cuando los aportes no se hubieren hecho exclusivamente al ISS hoy Colpensiones, el afiliado puede acceder al derecho pensional siempre que sea beneficiario del régimen de transición, pertenezca al régimen de prima media y acredite la edad y densidad de semanas que dicha normativa exige. Ello, en aplicación del principio de favorabilidad que prevén los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

De ahí que considere que el Tribunal se equivocó al interpretar las normas acusadas, pues asegura que su intelección debió estar acorde con los postulados constitucionales, así como con el principio de favorabilidad, tal como lo concluyó la Corte Constitucional en sentencia CC SU769-2014, al advertir que (i) de la literalidad del artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no deriva que las cotizaciones deban realizarse exclusivamente al ISS hoy Colpensiones, y (ii) que el régimen de transición permitió que se conservaran los requisitos de edad, tiempo y monto previstos en la legislación anterior; luego, los demás aspectos, entre los que se encuentra el cómputo de las semanas, se rige por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, norma que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, precedente que, aseguró, es de obligatorio cumplimiento conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley 270 de 1996; además, considera que es el que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine.

Agrega que respeta la jurisprudencia de esta Sala de la Corte que defiende la tesis contraria ante la necesidad de proteger la sostenibilidad financiera del sistema; sin embargo, no la comparte, pues, en su caso, el tiempo que laboró para el Ministerio de Defensa fue trasladado a Colpensiones a través de un título pensional, «por lo tanto todo su tiempo laborado quedó financieramente» cubierto.

RÉPLICA

La opositora defiende la tesis que expuso el Tribunal, con fundamento en que no es posible tener en cuenta los tiempos laborados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional para efectos de calcular las semanas de que trata el Acuerdo 049 de 1990, pues para ello solo se pueden contabilizar los aportados a Colpensiones, tal como lo ha sostenido esta Sala de la Corte en reiteradas oportunidades.

CONSIDERACIONES

Dada la vía escogida, no es materia de controversia entre las partes que: (i) Martha Isabel Rojas Rueda es beneficiaria del régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (ii) prestó sus servicios para el Ministerio de Defensa desde el 27 de octubre de 1986 hasta el 1.° de julio de 1996, y (iii) sufragó 526.14 semanas en Colpensiones.

En atención a lo expuesto, el problema jurídico que le corresponde resolver a la Corte consiste en determinar si es posible que los beneficiarios del régimen de transición accedan a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, mediante la sumatoria de tiempos cotizados al ISS con tiempos servidos al sector público.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SL1981-2020, cambió la línea jurisprudencial y estableció un nuevo criterio consistente en que los beneficiarios del régimen de transición, como lo es la demandante, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas prestadas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones.

Las razones en que se sustentó este cambio de pensamiento fueron las siguientes:

[…] 1. El sistema general de seguridad social en pensiones es un sistema inspirado en el principio de la universalidad y en el reconocimiento del trabajo como parámetro de construcción de la pensión

La Ley 100 de 1993 tuvo como eje central la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema único, inclusivo y universal denominado «sistema general de pensiones», que permitiera la construcción de sus prestaciones a partir del concepto de trabajo.

Esta Sala ha subrayado en distintas oportunidades que este objetivo de la Ley 100 de 1993 consistente en superar las fronteras impuestas por los anteriores regímenes pensionales, que coexistían dispersamente y condicionaban la validez de los tiempos laborados a situaciones tales como que hubieran sido objeto de aportes, laborados en determinados sectores o entidades, cotizados a específicos entes previsionales, entre otras, condiciones y limitaciones que en la nueva regulación se eliminaron, para, en su lugar, tomar como referente de construcción de la pensión la prestación del servicio en cuanto tal. De allí que «al suprimir estas barreras, que obstaculizaban la adquisición del derecho pensional, la L. 100/1993 se erija en un estatuto normativo inclusivo, anti clasista y unificador de regímenes pensionales, como se expresa en su art. 6.º, al prescribir que «el Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad» (CSJ SL11188-2016).

Por este motivo, el sistema le concedió validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

En efecto, el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 señala que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. A su turno, el parágrafo 1.° del artículo 33 del mencionado estatuto de seguridad social, también le concede validez para efectos del cómputo de semanas, a los tiempos laborados como servidores públicos.

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha avanzado en una línea que aboga por darle efecto a todos los tiempos laborados para cubrir pensiones de la Ley 100 de 1993, dentro de las cuales se encuentran las del régimen de transición. Así ocurrió con la pensión de jubilación de la Ley 71 de 1998 (CSJ SL4457-2014), la orden de giro de títulos pensionales cuando el empleador, debido a su omisión, vacíos legales o falta de cobertura en un territorio, no afilió a sus trabajadores al ISS (CSJ SL14215-2017) o el cómputo en semanas del servicio militar (CSJ SL11188-2016). Todo lo anterior bajo la premisa de que a la luz de la Ley 100 de 1993, «los tiempos laborados deben tener alguna incidencia pensional, no pueden perderse sin más. Y esto no se trata de una dádiva o un acto de compasión, sino de un derecho irrenunciable, ligado a la prestación del servicio», del que se beneficia la sociedad en su conjunto (CSJ SL1140-2020).

Desde este punto de vista, se asevera que a diferencia de los regímenes anteriores, la Ley 100 de 1993 tuvo un efecto homogeneizador que se traduce en la convalidación de todos los tiempos laborados, lo cual se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, no solo porque a ellos les aplica en su plenitud las reglas del sistema general de pensiones, salvo en lo que concierne a la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto; también porque estas personas eran las que sufrían las consecuencias de la legislación preexistente, caracterizadas por la dispersión de regímenes y responsabilidades, donde algunas semanas eran desechadas o reputadas como no válidas para pensión.

Las pensiones del régimen de transición hacen parte del sistema general de seguridad social en pensiones y, por tanto, a sus beneficiarios les aplican los preceptos normativos que ordenan la sumatoria de tiempos públicos no cotizados y privados sufragados al ISS, hoy Colpensiones

Como se dijo, la Ley 100 de 1993 tuvo como premisa fundamental la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema global. Sin embargo, frente a ciertos segmentos de la población próximos a pensionarse según las reglas anteriores, la Ley 100 de 1993 instituyó en su artículo 36 un régimen de transición, el cual, sin aislarse de los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones, otorga ciertos privilegios a esas personas en tres materias puntuales: edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión, dejando claro que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley (sic)».

De esta forma, el régimen de transición no es un mundo separado o excluido de la Ley 100 de 1993, es una regulación especial englobada en la misma, a través del cual se otorga a ciertas personas la posibilidad de pensionarse con base en la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la ley anterior, quedando todo lo demás sometido al imperio de aquella normativa.

Lo anterior significa que para estas personas la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33, disposiciones que, expresamente, consagran la suma de tiempos públicos, hayan sido o no objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

Por tanto, no hay razón alguna que justifique inaplicar las normas en cita para los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior es el del Acuerdo 049 de 1990, pues, en estricto rigor, dichas personas están afiliadas del sistema general de pensiones, conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 100 de 1993. Luego, les asiste el derecho a la portabilidad de las semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador público no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsión social.

Con otras palabras: si los beneficiarios del régimen de transición son afiliados al sistema general de pensiones y están sometidos a su regulación -salvo los tres aspectos referidos-, ello apareja como consecuencia lógica el derecho a que las directrices y principios rectores de este sistema se les aplique, de manera axiológicamente coherente, de manera integral, tal como ocurre con la posibilidad que se contabilicen en su favor todas las semanas laboradas para el otorgamiento de las prestaciones.

El parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es claro en que para la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición se debe tener en cuenta la sumatoria del tiempo de servicio público y las semanas cotizadas al ISS o a entidades de previsión social

Aunque la Ley 100 de 1993 es clara en que las pensiones del régimen de transición se regulan por todas las disposiciones de esa normativa (excepto los tres aspectos ya referenciados), incluido lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33 conforme se explicó a espacio, en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso ser mucho más incisivo en tal aspecto.

En efecto, en dicha disposición recalcó que «para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio».

Tal proposición normativa no puede entenderse referida a la pensión de vejez ordinaria prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como otrora lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, toda vez que está inmersa en el artículo que regula el régimen de transición. Pero, además, es equivocado concebir que un inciso incorporado en una disposición que regula temáticamente un asunto, en este caso, el régimen de transición, no se refiera a la materia reglamentada sino a otra diferente y consagrada en artículo distinto. Más aún, este precepto no es más que la expresión de coherencia del sistema de seguridad social, en cuanto reconoce el trabajo humano como pilar fundamental del sistema de protección social y, por ello, pretende darle significación en la causación de las pensiones.

La Ley 100 de 1993 previó mecanismos de financiación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición

En aras de materializar la idea de que el trabajo humano cuenta en la seguridad social, la Ley 100 de 1993 previó sendos instrumentos de financiación tales como los cálculos actuariales o las cuotas partes pensionales, que permiten portar y hacer valer las semanas de trabajo para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales. Es decir, la Ley 100 de 1993 anticipó las disfuncionalidades que podrían presentarse de tomar en cuenta todos los tiempos cotizados en el ISS o en las múltiples cajas que existían, o el tiempo laborado a empleadores que tenían a su cargo las pensiones, para lo cual instituyó mecanismos de financiación de las pensiones a través de títulos o cuotas partes.

Por consiguiente, el argumento de una debacle financiera se cae de su peso, ya que, se repite, el sistema prevé mecanismos eficientes de recaudo de los títulos o dineros llamados a financiar la pensión […].

Bajo esa línea jurisprudencial reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ SL2523-2020, CSJ SL2557-2020, CSJ SL2659-2020, CSJ SL3220-2020 y CSJ SL3354-2020, se concluye sin dubitación, que sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 contabilizar las semanas laboradas en el sector público y, por tal razón, el juez de segundo grado incurrió en el error jurídico que se le enrostra.

Por lo expuesto, la acusación prospera y, en consecuencia, se casará la sentencia recurrida. Dado tal resultado, la Sala se releva de estudiar el segundo cargo que formula la impugnante, en cuanto comparte identidad de propósito.

Sin costas en el recurso extraordinario.

SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, procede la Corte a decidir el recurso de apelación que formuló la actora, quien en forma principal pretendió la pensión de vejez regulada en el Acuerdo 049 de 1990 y, subsidiariamente, pidió el reconocimiento de la misma prestación bajo los postulados de la Ley 71 de 1988. La Sala abordará el estudio del alcance principal y, en caso de que no prospere, asumirá el análisis del segundo.

En cuanto a la pretensión principal, el juez de primer grado negó la prestación solicitada, para lo cual precisó que la promotora es beneficiaria del régimen de transición porque al 1.° de abril de 1994 contaba con 36 años de edad, y como quiera que acreditó más de 750 semanas al 29 de julio de 2005, tal beneficio se mantuvo hasta el 2014. Asimismo, señaló que, para el cómputo de los aportes, se contabilizarían las semanas en 7 días, los meses en 30 días y los años en 360 días.

En lo que concierne al alcance subsidiario, adujo que no se encuentran demostrados los presupuestos de la Ley 71 de 1988, toda vez que la demandante acreditó en su vida laboral un total de 1.023 semanas.

Explicó que bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, no es posible sumar tiempos de servicios públicos y privados; que Rojas Rueda sufragó 526.14 semanas a Colpensiones, de las cuales 128.57 fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, de modo que no acreditó la densidad requerida para obtener tal derecho pensional.

Al respecto, la accionante sostuvo en la apelación que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada que, en aplicación al principio de favorabilidad, es viable acumular tiempos públicos y privados a efectos de verificar los requisitos pensionales de que trata el Acuerdo 049 de 1990.

A la par, señaló que el Decreto 1748 de 1995, que reglamentó la Ley 100 de 1993, establece que, para el cómputo de las semanas de cotización, un año de servicio deben contabilizarse en 365 días; por tanto, asegura que acredita los requisitos pensionales del Acuerdo 49 de 1990 o, en su defecto, los de la Ley 71 de 1988.

En ese contexto, le corresponde a la Sala establecer si para el cómputo de las semanas de cotización, los años de servicios deben contabilizarse en 360 o 365 días y, si de acuerdo con lo anterior, la actora, en virtud de la sumatoria de tiempos públicos y privados, causó el derecho pensional al amparo del Acuerdo 49 de 1990 o, subsidiariamente, bajo la Ley 71 de 1988.

¿A efectos del reconocimiento pensional, los años de servicios deben contabilizarse en 360 0 365 días?

En sentencia CSJ SL2648-2020, la mayoría de la Sala reiteró que las cotizaciones al sistema de seguridad social deben contabilizarse teniendo en cuenta que las semanas aportadas corresponden a 7 días, los meses 30 días y los años 360 días. Así se expuso:

[…] Para desestimar el yerro jurídico que se le atribuye a la censura, basta remitirse a lo dicho por la Corte en la sentencia CSJ SL, del 22 de jul. de 2009, rad. 35402, en la que así reflexionó:

“Ciertamente, la controversia de si los años deben tomarse de 360 ó de 365 días puede tener importancia para asuntos ajenos al sub lite, en el que sólo se examina el tiempo cotizado al I.S.S., esto es, todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por siete, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta.

Dicho en otras palabras, el tiempo de permanencia en el Instituto de Seguros Sociales no se mide por el tiempo calendario que haya estado afiliado o haya cotizado el interesado.

Ahora, debe recordarse que para acceder a las pensiones del Sistema de Prima media con Prestación Definida, el tiempo exigido no es el que transcurre entre una fecha y otra, sino el correspondiente a semanas de cotización, para cuyo cálculo el parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, establece que «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario» y que «La facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período». Y de otro lado, el artículo 18 de dicha ley prescribe con meridiana claridad que la base de las cotizaciones para los trabajadores dependientes de los sectores público y privado, será el salario mensual. Y cuando se alude al salario mensual, el período que se remunera es el de 30 días y no otro diferente, sin tener en cuenta el número efectivo de días que comprende un mes calendario. Es decir que generalmente se remuneran 30 días sin importar que un mes tenga 28, 29 o 31 días como sucede en algunos, y sobre esa remuneración es que se realizan los aportes a la Seguridad Social Integral […].

En consecuencia, no erró el juez de primer grado al establecer que, para el cómputo de los aportes, se contabilizarían las semanas en 7 días, los meses en 30 días y los años en 360 días.

Sumatoria de tiempos públicos y privados

Tal como se anticipó en sede de casación, en sentencia CSJ SL1981-2020 esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, sentó el criterio según el cual es posible la acumulación de tiempos públicos y privados bajo el Acuerdo 049 de 1990, en el entendido que los beneficiarios del régimen de transición, como lo es el caso de la accionante, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas prestadas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones.

Hechas las anteriores precisiones, y como quiera que entre las partes no existe controversia respecto a la calidad de beneficiaria del régimen de transición de la demandante, como tampoco que dicha prerrogativa se extendió hasta el año 2014 por cuanto acreditó más de 750 semanas al 29 de julio de 2005, la Sala se ocupará de verificar si causó el derecho a la pensión de vejez conforme el Acuerdo 049 de 1990 o, en subsidio, bajo la Ley 71 de 1988.

Recuérdese que el Acuerdo 049 de 1990, establece que tienen derecho a la pensión de vejez las mujeres que cumplan 55 o más años de edad y al menos 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o 1.000 en cualquier tiempo.

Revisadas las documentales aportadas, en especial las resoluciones GNR n.º 316827 de 10 de septiembre de 2014, GNR n.º 449884 de 30 de diciembre de siguiente y VPB n.º 41219 de 7 de mayo de 2015 (f.° 10 a 23), en conjunto con la historia laboral de la promotora del litigio (f.° 74 a 76), se constata que (i) cumplió 55 años de edad el 19 de noviembre de 2013 y que (ii) Colpensiones validó 1.024 semanas de aportes entre el 2 de febrero de 1976 y el 30 de noviembre de 2013, reporte en el que incluyó el servicio prestado al Ministerio de Defensa.

De ahí que, con fundamento en el citado acuerdo, la demandante es acreedora de la pensión de vejez a partir del 1.° de diciembre de 2013, en tanto la fecha de la última cotización corresponde al 30 de noviembre de ese mismo año.

Para efectos de determinar el IBL pensional, la Sala tendrá en cuenta los últimos 10 años de cotización, tal como lo establece el artículo 21 de la de la Ley 100 de 1993, en razón a que, a la entrada en vigencia de dicha normativa, a la actora le faltan más de 10 años para cumplir requisitos pensionales; además, no acreditó 1.250 semanas de aportes, lo que impide realizar el cálculo sobre las cotizaciones de toda su vida laboral.

Ahora, la solicitud de la accionante encaminada a que se establezca el IBL con «los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas 100 semanas», tal como lo dispuso el texto original del Acuerdo 049 de 1990, no tiene posibilidad de prosperar en cuanto el régimen de transición solo conservó los requisitos de edad, tiempo y monto de la legislación anterior, de modo que los demás aspectos, entre los que se encuentra el IBL, se rigen por la Ley 100 de 1993.

Entonces, de acuerdo con las reglas del citado artículo, el cálculo pensional arroja los siguientes resultados:

FECHAS

N° DE

N° DE

SALARIO

SALARIO

SALARIO

DESDE

HASTA

DÍAS

SEMANAS

DEVENGADO

INDEXADO

PROMEDIO

2/01/1989

31/01/1989

29

4,14

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.421,79

1/02/1989

28/02/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/03/1989

31/03/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/04/1989

30/04/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/05/1989

31/05/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/06/1989

30/06/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/07/1989

31/07/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/08/1989

31/08/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/09/1989

30/09/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/10/1989

31/10/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/11/1989

30/11/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/12/1989

31/12/1989

30

4,29

$ 61.750,00

$ 1.045.463,67

$ 8.712,20

1/01/1990

31/01/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/02/1990

28/02/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/03/1990

31/03/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/04/1990

30/04/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/05/1990

31/05/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/06/1990

30/06/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/07/1990

31/07/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/08/1990

31/08/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/09/1990

30/09/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/10/1990

31/10/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/11/1990

30/11/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/12/1990

31/12/1990

30

4,29

$ 75.950,00

$ 1.020.292,17

$ 8.502,43

1/01/1991

31/01/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/02/1991

28/02/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/03/1991

31/03/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/04/1991

30/04/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/05/1991

31/05/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/06/1991

30/06/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/07/1991

31/07/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/08/1991

31/08/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/09/1991

30/09/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/10/1991

31/10/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/11/1991

30/11/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/12/1991

31/12/1991

30

4,29

$ 92.700,00

$ 940.862,81

$ 7.840,52

1/01/1992

31/01/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/02/1992

29/02/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/03/1992

31/03/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/04/1992

30/04/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/05/1992

31/05/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/06/1992

30/06/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/07/1992

31/07/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/08/1992

31/08/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/09/1992

30/09/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

FECHAS

N° DE

N° DE

SALARIO

SALARIO

SALARIO

DESDE

HASTA

DÍAS

SEMANAS

DEVENGADO

INDEXADO

PROMEDIO

1/10/1992

31/10/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/11/1992

30/11/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/12/1992

31/12/1992

30

4,29

$ 117.700,00

$ 943.170,94

$ 7.859,76

1/01/1993

31/01/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/02/1993

28/02/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/03/1993

31/03/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/04/1993

30/04/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/05/1993

31/05/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/06/1993

30/06/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/07/1993

31/07/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/08/1993

31/08/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/09/1993

30/09/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/10/1993

31/10/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/11/1993

30/11/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/12/1993

31/12/1993

30

4,29

$ 152.400,00

$ 975.785,07

$ 8.131,54

1/01/1994

31/01/1994

30

4,29

$ 184.400,00

$ 963.993,30

$ 8.033,28

1/02/1994

28/02/1994

30

4,29

$ 184.400,00

$ 963.993,30

$ 8.033,28

1/03/1994

31/03/1994

30

4,29

$ 184.400,00

$ 963.993,30

$ 8.033,28

1/04/1994

30/04/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/05/1994

31/05/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/06/1994

30/06/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/07/1994

31/07/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/08/1994

31/08/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/09/1994

30/09/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/10/1994

31/10/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/11/1994

30/11/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/12/1994

31/12/1994

30

4,29

$ 250.050,00

$ 1.307.193,74

$ 10.893,28

1/01/1995

31/01/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/02/1995

28/02/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/03/1995

31/03/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/04/1995

30/04/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/05/1995

31/05/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/06/1995

30/06/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/07/1995

31/07/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/08/1995

31/08/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/09/1995

30/09/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/10/1995

31/10/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/11/1995

30/11/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/12/1995

31/12/1995

30

4,29

$ 339.000,00

$ 1.446.634,77

$ 12.055,29

1/01/1996

31/01/1996

30

4,29

$ 401.720,00

$ 1.435.633,97

$ 11.963,62

1/02/1996

29/02/1996

30

4,29

$ 401.720,00

$ 1.435.633,97

$ 11.963,62

1/03/1996

31/03/1996

30

4,29

$ 401.720,00

$ 1.435.633,97

$ 11.963,62

1/04/1996

30/04/1996

30

4,29

$ 401.720,00

$ 1.435.633,97

$ 11.963,62

1/05/1996

31/05/1996

30

4,29

$ 401.720,00

$ 1.435.633,97

$ 11.963,62

1/06/1996

30/06/1996

30

4,29

$ 401.720,00

$ 1.435.633,97

$ 11.963,62

FECHAS

N° DE

N° DE

SALARIO

SALARIO

SALARIO

DESDE

HASTA

DÍAS

SEMANAS

DEVENGADO

INDEXADO

PROMEDIO

1/07/1996

1/07/1996

1

0,14

$ 401.720,00

$ 1.435.633,97

$ 398,79

1/08/1996

31/08/1996

30

4,29

$ 240.000,00

$ 857.692,31

$ 7.147,44

1/09/1996

30/09/1996

30

4,29

$ 800.000,00

$ 2.858.974,36

$ 23.824,79

1/10/1996

31/10/1996

30

4,29

$ 800.000,00

$ 2.858.974,36

$ 23.824,79

1/11/1996

30/11/1996

30

4,29

$ 800.000,00

$ 2.858.974,36

$ 23.824,79

1/12/1996

31/12/1996

30

4,29

$ 800.000,00

$ 2.858.974,36

$ 23.824,79

1/01/1997

31/01/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/02/1997

28/02/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/03/1997

31/03/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/04/1997

30/04/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/05/1997

31/05/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/06/1997

30/06/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/07/1997

31/07/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/08/1997

31/08/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/09/1997

30/09/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/10/1997

31/10/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/11/1997

30/11/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/12/1997

31/12/1997

30

4,29

$ 972.000,00

$ 2.857.423,73

$ 23.811,86

1/01/1998

31/01/1998

30

4,29

$ 1.250.000,00

$ 3.123.999,36

$ 26.033,33

1/02/1998

28/02/1998

30

4,29

$ 1.250.000,00

$ 3.123.999,36

$ 26.033,33

1/03/1998

31/03/1998

30

4,29

$ 1.250.000,00

$ 3.123.999,36

$ 26.033,33

1/04/1998

30/04/1998

30

4,29

$ 1.250.000,00

$ 3.123.999,36

$ 26.033,33

1/05/1998

31/05/1998

30

4,29

$ 1.250.000,00

$ 3.123.999,36

$ 26.033,33

1/06/1998

30/06/1998

30

4,29

$ 1.250.000,00

$ 3.123.999,36

$ 26.033,33

1/07/1998

31/07/1998

30

4,29

$ 625.000,00

$ 1.561.999,68

$ 13.016,66

1/08/1998

31/08/1998

$ -

$ -

1/05/2013

31/05/2013

$ -

$ -

1/06/2013

30/06/2013

30

4,29

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 41.666,67

1/07/2013

31/07/2013

30

4,29

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 41.666,67

1/08/2013

31/08/2013

30

4,29

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 41.666,67

1/09/2013

30/09/2013

30

4,29

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 41.666,67

1/10/2013

31/10/2013

30

4,29

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 41.666,67

1/11/2013

30/11/2013

30

4,29

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 41.666,67

TOTAL

3.600

514,29

$ 1.638.655,97

De conformidad con lo precedente, el IBL pensional de la demandante asciende a $1.638.208,47, guarismo que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75% correspondiente a 1.024 semanas de cotización, arroja un valor de $1.228.656,35.

En tal sentido, se condenará al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones a reconocer y pagar a la accionante la pensión de vejez, a partir del 1.º de diciembre de 2013, en cuantía de $1.228.656, cuyo retroactivo causado a 30 de septiembre de 2020, incluidos sus reajustes anuales, asciende a la cuantía de $127.708.575,84.

Lo anterior, tal como se detalla a continuación:

Por ministerio de la ley, Colpensiones deberá descontar de la pensión reconocida, el valor de la totalidad de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud con la finalidad de que las trasfiera a la entidad administradora de salud a la que se encuentre afiliada la demandante.

No se accederá a los intereses moratorios toda vez que la pensión de vejez se otorga con fundamento en un cambio de jurisprudencia (CSJ SL1981-2020).

Ahora, como también se reclamó la indexación, se accederá a esta condena respecto de las mesadas pensionales causadas, lo que a 30 de septiembre de 2020 arroja un valor de $15.608.097,65, tal como se detalla en el cuadro precedente, sin perjuicio de la que se cause a la fecha de pago efectivo.

En lo que respecta a la excepción de prescripción, es oportuno mencionar que tal medio exceptivo no prospera en el presente asunto, en la medida que entre la fecha de exigibilidad -19 de noviembre de 2013- y la presentación de la demanda inicial -7 de junio de 2016- , no transcurrieron los 3 años de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad.

En virtud de la prosperidad del alcance principal de las pretensiones, la Sala se releva de estudiar la formulada como subsidiaria. Asimismo, se declararán no probadas las demás excepciones planteadas, conforme lo expuesto en precedencia.

Las costas de la primera instancia estarán a cargo de la demandada, sin lugar a ellas en la alzada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 6 de abril de 2017, en el proceso ordinario que MARTHA ISABEL ROJAS RUEDA adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia que el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá emitió el 24 de enero de 2017. En su lugar, dispone:

PRIMERO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a MARTHA ISABEL ROJAS RUEDA la pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1.º de diciembre de 2013 y en cuantía inicial de $1.228.656, condena que a 30 de septiembre de 2020, incluidos sus reajustes anuales, asciende a la suma de $127.708.575,84. Igualmente, se ordena indexar dicha suma desde su causación hasta la fecha de pago efectivo, valor que a 30 de septiembre de 2020 arroja $15.608.097,65, sin perjuicio de la actualización que se llegue a causar.

Colpensiones descontará de la pensión reconocida, el valor de la totalidad de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud con la finalidad de que las trasfiera a la entidad administradora de salud a la que se encuentre afiliado el accionante.

SEGUNDO: ABSOLVER a COLPENSIONES del pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones que formuló la demandada.

CUARTO: COSTAS como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Martha Isabel Rojas Rueda

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

Radicación: 79587

Magistrada Ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Tal como lo expusimos en la sesión en la que se debatió el asunto, manifestamos que, aunque estamos de acuerdo con el sentido de la decisión, no comparto el criterio mayoritario del Sala según el cual, las cotizaciones al sistema de seguridad social se deben contabilizar teniendo en cuenta que las semanas aportadas corresponden a 7 días, los meses 30 días y los años 360 días.

Estimamos que con ese criterio, la Sala contradice su pacífica y reiterada jurisprudencia en la que ha sostenido que los derechos pensionales y las cotizaciones son el resultado del trabajo y, como tal, están dirigidos a garantizar al trabajador un ingreso económico periódico como retribución a los largos años de servicio que han repercutido en su desgaste físico natural.

Quiere decir lo anterior, que el trabajo como hecho o dimensión sociológica, debe tener efectos pensionales. No puede, en consecuencia, desecharse tales tiempos, pues, se insiste, son un derecho ligado a la prestación del servicio, de índole irrenunciable, al punto que desde hace más de una década, se ha venido afirmando que «la cotización surge con la actividad como trabajador, independiente o dependiente, en el sector público o privado» (SL, 30 sep. 2008, rad. 33476).

Desde este punto de vista, si una persona labora 31 días durante un mes, no hay razón para que el sistema pensional descuente 1 día, como tampoco existe un fundamento para que, por un 1 año de labores, no se contabilicen 5 o 6 días a pesar de que hacen parte del año calendario.

Viene al caso recordar que la pensión no es una dádiva o regalo del Estado sino un derecho ciudadano construido con el esfuerzo de años de trabajo; de allí que resulte incorrecto desconocer días que laboralmente forman parte de cada anualidad y que han sido efectivamente cotizados.

En segundo lugar, no hay una sola regla en el sistema general de pensiones que disponga una ficción según la cual para la validación de las semanas pensionales el mes equivale a 30 días y el año de 360 días. Por el contrario, el parágrafo 2.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 es claro en indicar que para el cálculo de las semanas pensionales deben tomarse en consideración los días laborados, eso sí, transformados en semanas de 7 días calendario. El citado artículo prescribe:

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período (Negrilla fuera del texto original).

El texto anterior en ninguno de sus enunciados señala que para efectos pensionales la semana equivale a 7 días procesados de un mes de 30 días o de un año de 360. Antes bien, es clara la norma al establecer que la semana cotizada corresponde a un «periodo de siete (7) días calendario». Luego, las semanas de cotización deben ser el resultado final de dividir entre 7 los días calendario efectivamente laborados.

Este razonamiento se refuerza con normas propias del sistema general de pensiones que sugieren que el tiempo válido para pensiones es el calendario. En tal sentido, el artículo 4.° del Decreto 1748 de 1994 señala que «para los cálculos de bonos pensionales previstos en este decreto, un año de cotización o tiempo de servicios, equivale a 365,25 días» y que «el tiempo entre dos fechas se medirá en días exactos entre esas fechas, ambas inclusive, teniendo en cuenta la ocurrencia de años bisiestos». Así mismo, el Decreto 2616 de 2013, que regula la cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, en su artículo 6.º, toma como referente los días laborados en el mes a efectos de determinar la cotización mínima semanal. Esto bajo el entendido de que los días laborados deben llevarse a semanas de cotización, para lo cual se incorporan una serie de reglas.

En tercer lugar, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 conforme al cual «el salario base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual», no puede comprenderse de manera aislada y desconectado del parágrafo 2.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Al hacerlo de este modo, es factible entender que el salario que recibe el trabajador corresponde a la totalidad del mes laborado, independientemente de que dicho mes tenga 28, 29, 30 o 31 días, de manera que cuando un empleador paga aportes por un determinado ciclo, está pagando la totalidad de los días correspondientes al período o mes respectivo y en consecuencia deben tenerse como válidamente cotizados el número real de días que contenga el ciclo declarado y pagado.

Esto significa que el salario declarado y pagado a la administradora de pensiones (IBC reportado y cotizado) debe ser el salario mensual, y este en la historia laboral debe registrarse teniendo en cuenta los días calendario de ese mes, a fin de que luego sean transformados en semanas de 7 días calendario según lo ordena el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Por último, la tesis aplicada por la mayoría de la Sala para contabilizar los aportes pensionales no solo es incorrecta, por las razones antes expuestas; también es desfavorable a los trabajadores, pues sin un sustento normativo objetivo y claro, le resta semanas a la historia laboral. El contar un mes o año calendario, o hacerlo bajo una ficción de 30 o 360 días, no es algo trivial, ya que de ello puede depender la adquisición de un derecho pensional o un reajuste pensional conforme a los salarios cotizados por el tiempo laborado. En términos prácticos, bajo la ficción de que el mes tiene 30 días y el año 360, para alcanzar 1.300 semanas, los trabajadores tendrían que laborar aproximadamente 18,57 semanas adicionales (casi 4 meses y 10 días más).

En este punto, importa recordar que de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política las dudas hermenéuticas objetivas y razonables tienen que resolverse en favor de los trabajadores. Ello significa que, en gracia de discusión, de aceptarse que entre los artículos 18 y 33 de la Ley 100 de 1993 derivan dos interpretaciones contrapuestas, tendría que preferir la más benéfica a los trabajadores, que, en este caso, consiste en que para el conteo de las semanas pensionales debe tomarse en consideración la totalidad de los días laborados en el mes o año según el calendario.

Con estas precisiones, dejamos expuestas las razones de nuestra aclaración de voto.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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