Ficha de la providencia
Sentencia SL2861-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2861-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2861-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
6 de julio de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2861-2022
Radicación n.° 91207
Acta 22
Bogotá, D.C., seis (06) de julio de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARLIO OSORIO RODRÍGUEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario que promovió contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
AUTO
Téngase al doctor Ricardo Vélez Ochoa identificado con C.C. No. 79.470.042 y portador de la T.P. No. 67.706 del C.S. de la J., como apoderado de la sociedad SEGUROS ALFA S.A., en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.
Asimismo, téngase al doctor Juan Francisco Hernández Roa identificado C.C. n.° 19.248.144 y portador de la T.P. n.° 35.277 del C.S. de la J., como apoderado de la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.
I. ANTECEDENTES
Marlio Osorio Rodríguez convocó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A., con el fin de que fueran condenadas al pago y reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que se generó por el deceso de su esposa Ana Vilma Gutiérrez López, a partir del 20 de diciembre de 2017; retroactivo pensional causado desde la fecha precitada; intereses moratorios sobre las mesadas pensionales insolutas; costas y agencias en derecho.
Edificó sus peticiones, básicamente, en que contrajo matrimonio católico con la señora Ana Vilma Gutiérrez López el 15 de marzo de 1989; de tal unión nacieron Paola Andrea y Sebastián Camilo Osorio Gutiérrez; la pareja Osorio Gutiérrez liquidó su sociedad conyugal mediante Escritura Pública n.° 1378 del 25 de junio de 2004; que tal acto jurídico no conllevó la terminación del vínculo matrimonial, puesto que continuaron con sus obligaciones de «fidelidad, convivencia, asistencia, auxilio mutuo, solidaridad y tolerancia»; que la liquidación obedeció a la decisión mancomunada de no tener un régimen patrimonial común; que la señora Gutiérrez López, respondía por el hogar, gastos y apoyaba económicamente al señor Marlio Osorio Rodríguez; la convivencia se extendió por más de 27 años y hasta el día en que falleció la señora Gutiérrez López; la causante fue pensionada en la modalidad de renta vitaliza[sic] por el fondo convocado, el que contrató una póliza con la también demandada Seguros de Vida Alfa S.A.; el accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero no obtuvo respuesta, puesto que la asegurada llamada a juicio consintió en que, no acreditaba «el haber convivido los últimos 5 años con la fallecida señora Ana Vilma Gutiérrez López»; que los esposos siempre se cuidaron «uno a uno, estuvieron pendientes, se acompañaron, como una cualquier[sic] pareja que se respeta y se quieren, ayuda mutua para siempre salir delante[sic] de cualquier circunstancia que se les presentara, hasta que la muerte los separó».
Las convocadas extendieron contestación al documento introductor, a través de curadora ad litem¸ quien, si bien no propuso excepciones de mérito, afirmó oponerse a las pretensiones por cuanto «no se aporta[ba]n pruebas que den cuenta de que la pareja haya hecho vida marital hasta la muerte de la causante y hubiesen convivido cinco años continuos con anterioridad a la muerte de la señora Ana Vilma Gutiérrez López».
En cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la existencia del matrimonio, la liquidación de la sociedad conyugal y el deceso de la señora Gutiérrez López; los restantes indicó no constarle.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de marzo de 2020, absolvió a las convocadas de las pretensiones presentadas.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer del asunto por apelación interpuesta por la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 15 de septiembre de 2020, confirmó la decisión de primera instancia. Impuso costas a la parte vencida.
El colegiado, para fundamentar su decisión, inició por excluir del debate probatorio, que: (i) Seguros de Vida Alfa S.A. reconoció a la finada Ana Vilma Gutiérrez López una pensión de invalidez por riesgo común y, (ii) su deceso tuvo lugar el 20 de diciembre de 2017. Luego de ello, planteó como problema jurídico a resolver, el «dilucidar si el señor Marlio Osorio Rodríguez cumple los condicionamientos para acceder a la pensión de sobrevivientes que reclama con ocasión al fallecimiento de Ana Vilma Gutiérrez López».
Para dar solución al anterior interrogante, precisó que, dada la fecha del deceso de la causante, la norma aplicable era la consignada en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993; apartes que procedió a transcribir y de los que concluyó que se instituyeron para:
[F]avorecer uniones que evidencien un compromiso de vida real, con vocación de permanencia. Ello orientado a proteger el patrimonio de la familia del pensionado ante eventuales maniobras fraudulentas de personas que sólo persiguen el beneficio económico de la pensión de sobrevivientes a través de convivencias de última hora.
De esta manera, expuso la necesidad de acreditar la convivencia, por lo menos de cinco (05) años, con anterioridad a la muerte de la causante, a lo que procedió. Sobre este particular, anotó que al expediente fue adosado el registro civil de matrimonio del demandante y la finada Ana Vilma Gutiérrez López, el que, si bien contaba con una nota de disolución y liquidación, ello, per se, no era relevante para el reconocimiento de la pensión, consideración que sustenta en el radicado CSJ SL1399-2019.
Consideró importante referirse a la nota marginal que aparecía consignada en el registro civil de matrimonio y que daba cuenta de la promoción del respectivo proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, pero del que afirma no pudo obtener copia. Por lo que, de acuerdo con lo anterior, así como del propio interrogatorio del demandante, desde su sentir, la jueza de primer grado erró al considerar que el vínculo matrimonial «se encontraba disuelto».
Dispuso, entonces, el análisis de las declaraciones recepcionadas en la investigación administrativa que adelantó Seguros de Vida Alfa S.A., así como las practicadas en el juicio ordinario laboral; ellas son, las rendidas por los señores Marlio Osorio Rodríguez, Paola Andrea Osorio Gutiérrez, Sebastián Camilo Osorio Gutiérrez, Gerardo Falla González y Patricia Chivata Abril, Luis Alberto Gutiérrez López, Magda Barrera Cuellar, Juan Pablo Soto Díaz, Jhon Alejandro Perdomo Bahamón; de ellas, y en el marco de los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, concluyó que
[A] pesar de no haberse disuelto el vínculo jurídico que ató al actor con la causante, lo cierto es que varios años antes del fallecimiento cesó definitivamente la comunidad de vida en común que existió entre ellos.
En efecto, quedó establecido que la separación de cuerpos tuvo lugar aproximadamente hacia el año 2002, es decir, 15 años antes del deceso, sin que la misma hubiese obedecido al abandono del hogar por parte de Ana Vilma Gutiérrez López, por el contrario, según se desprende de las declaraciones rendidas en el marco de la investigación administrativa adelantada por Seguros de Vida Alfa S.A., fue el señor Marlio Osorio Rodríguez quien se desentendió por completo de las obligaciones que como padre y esposo le correspondían.
Es así como los familiares cercanos de la pensionada fallecida, esto es, sus hijos y hermanos, fueron coincidentes en manifestar que la causante, sola, se encargó del sostenimiento de sus hijos y les proporcionó todos los medios de subsistencia, al punto que su hijo menor asegurara "Desde que yo tengo uso de razón, no me acuerdo que mi papá viviera con mi mamá, pues siempre vivimos Junto con mi madre y ella fue la responsable de todos nuestros gastos hasta su fallecimiento".
De igual manera, afirmaron que el actor conformó un nuevo hogar en Neiva, y allá vivía con su compañera permanente de nombre Lucero, la hija de ésta[sic] llamada Ángela, y un nieto político, Jerónimo.
Aunado a lo anterior, quedó establecido que fueron los hijos de la causante quienes vieron por ella en su enfermedad, y fue una hermana de ésta quien se encargó de los trámites funerarios. Además, los vecinos de Gutiérrez López aseguraron desconocer quién era el señor Marlio Osorio, ya que nunca lo vieron en el lugar de residencia de la difunta.
Acudió a los pronunciamientos de esta sede vertidos en los radicados CSJ SL14005-2016; n.° 55006 de septiembre 14 de 2016; 26 de noviembre de 1997, rad. 10096; y del 13 de diciembre de 1994 -sin más identificación-, la que transcribió.
En ese contexto, tildó las narraciones de los testigos Juan Pablo Soto Díaz y John Alejandro Perdomo Bahamón como carentes de coherencia y claridad. A su vez, estimó como superflua la declaración de Magda Barrera Cuellar.
Claro en lo anterior y al memorar que el objetivo de la pensión de sobrevivientes era impedir que una vez acaecida la muerte de una persona «quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento, es decir, que el propósito de esta prestación se dirige a amparar la familia afectada por la muerte de quien en vida suplía las necesidades en educación, salud, techo y vivienda, entre otras, para su núcleo familiar»; determinó que tales circunstancias no se configuraban en el proceso, puesto que «el accionante ya no hacía parte del núcleo familiar de la causante».
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte «cas[e] las sentencias de primera y segunda instancia, proferida del[sic] presente asunto. Como consecuencia de lo[sic] anterior declaratoria se le conceda la pensión de sobreviviente al demandante, junto con su retroactivo hasta la fecha».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.
VI. CARGO ÚNICO
Denuncia la sentencia recurrida, por la vía directa, puesto que «el Juzgado 31 Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá D.C., incurrieron en infracción de la ley sustancial por vía indirecta, debido a un error de hecho por indebida valoración probatoria; lo anterior, por cuanto los juzgadores no dieron por probado un hecho estándolo esté debidamente[sic]».
Para dar desarrollo al cargo, recuerda lo expuesto por el Tribunal y, con ello, le cuestiona el no atender aquello relatado por los testigos Juan Pablo Soto, Alejandro Perdomo y Magda Barrera Cuellar, quienes, desde su punto de vista, acreditaban la convivencia del accionante con la finada Gutiérrez López.
Agrega que, de igual manera, el colegiado desconoce la naturaleza de la convivencia continua por al menos, en los cinco años anteriores a la muerte de la señora Ana Vilma Gutiérrez López,
Pese a que Paola Andrea Osorio Gutiérrez (hija de la difunta y el señor Marlio), Sebastián Osorio Gutiérrez (hijo de los señores Marlio y Ana), el señor Vladimir Eduardo Orjuela (cuñado de la causante) y el señor Luis Alberto Gutiérrez (hermano de Ana Vilma) señalaron durante la investigación hecha por Seguros Alfa, que entre el año 1993 y 2002 los cónyuges convivieron interrumpidamente en diferentes barrios de Bogotá, D.C., tal como obra en folios 151, 152, 153, 154, 165, 191 y 192 del expediente.
Sobre el requisito de vida marital, trajo a colación las sentencias CC SU108-2020 y CSJ SL5120-2018 y CSJ SL1102-2018, de las que extracta que «[t]anto el juzgador de primera y segunda instancia en el proceso de la referencia basaron las consideraciones de su fallo principalmente en las pruebas documentales aportadas al proceso por Seguros Alfa S.A[sic], cuando la demandada fue requerida para tal fin».
Y al ser ello así, solicita que «teniendo en cuenta la posición de la Corte y el valor que se le da a las investigaciones efectuadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones en este tipo de controversias, tomándolas y valorándolas como pruebas testimoniales, es necesario analizar el valor que se le dio a este tipo particular de testimonio […]».
En el cargo, se analiza uno a uno los testimonios practicados, de los que anuncia en su indebida valoración cuando no se tiene por acreditada aquella convivencia exigida en la ley, que permite acceder a la pensión de sobrevivientes.
VII. RÉPLICA DE SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
Tras hacer un recuento sobre las actuaciones que surten en las instancias, la opositora acusa la indebida formulación del cargo planteado. Expone en ese sentido que, el embate se edifica en el cuestionamiento de la prueba testimonial, la que no puede configurar un error de hecho, al no ser un medio de prueba hábil en sede casacional.
Cita como sustento de su consideración, la motivación consignada en la sentencia CSJ SL803-2022, la que transcribe. Agrega la providencia CSJ SL1340-2022.
Para concluir, indica que, de superarse los errores de técnica, no puede reprocharse el análisis extendido por el Tribunal a la prueba testimonial, los que, por demás, provenían de familiares de la causante.
VIII. RÉPLICA DE PORVENIR S.A.
En primer término, este opositor memora la previsión legal consignada en el artículo 80 de la Ley 100 de 1993, de la que extracta «que desde el mismo momento en el que Seguros de Vida Alfa S.A. aceptó pagar una renta vitalicia a la señora Ana Vilma Gutiérrez, se extinguió cualquier posibilidad de que Porvenir S.A. tuviese que responder por el pago de pensión alguna».
Asevera que, el censor no hace gala a la técnica del recurso extraordinario de casación:
[E]n la medida en que es claro que la arremetida se emprendió por el camino de los hechos y su desarrollo se fundó en el estudio de pruebas que no son hábiles en casación, como los testimonios o los documentos testimoniales, dejando de lado que para poder abordarlas era necesario que en forma previa se hubiese demostrado la existencia de los errores de hecho denunciados a través del examen de pruebas calificadas, que brilla por su ausencia y lo cual constituye una falla con la enjundia exigida para desechar el cargo sin más contemplaciones.
Finaliza al indicar que, si en gracia de discusión se estudiara el cargo, lo cierto es que las conclusiones del tribunal no se desvirtúan a través del discurso del censor, lo que permite mantener la presunción de legalidad de la sentencia de segundo grado.
IX. CONSIDERACIONES
Revisada la demanda de casación se observa que carece de los más mínimos requisitos de formalidad que exige la ley y, por ende, también de fondo; de tal suerte que no podría prosperar, ni aun recurriendo a la morigeración de los primeros, que en algunos casos y en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Carta se ha permitido cuando del documento en su totalidad se puede rescatar el querer del recurrente, la norma denunciada y la modalidad de ataque. Veamos solo algunos dislates:
(i) Alcance de la impugnación
El alcance de la impugnación es el petitum de la demanda de casación, y debe contener las pretensiones del recurrente sobre dos aspectos: a) lo que pide a la Corte como tribunal de casación respecto del fallo acusado, o sea que este se case o rompa total o parcialmente, y, en esta última modalidad en relación con qué puntos del mismo; y b) lo que solicita que la Corte haga como tribunal de instancia, ello como consecuencia del quiebre del acto jurisdiccional censurado.
La determinación de instancia de la Corte, en este segundo aspecto, debe referirse al fallo de primera instancia, puesto que aquella en virtud de la anulación de la providencia del tribunal (si no se trata de casación per saltum), ocupa el lugar de este fallador y al proveer sobre lo principal de la litis, revisa la decisión de primer grado (sentencia CSJ, SL, 10 sep. 1974). Entonces, le corresponde al impugnador señalar la actividad de esta Corporación en sede de instancia, o sea, precisar si la sentencia del juez debe confirmarse, revocarse o modificarse; y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo. Laborío que, como salta a vista, el censor soslayó.
En efecto, el censor desde el inicio de su exposición, de forma impropia, pretende la casación de las sentencias de primera y segunda instancia, cuando por conocido se tiene, la labor de esta sede se materializa en el análisis de las sentencias que son adoptadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, salvo el evento de la casación per saltum, que no resulta ser el caso en estudio.
Por otra parte, tiene los mismos sesgos de impropiedad, cuando solicita la casación de la sentencia de segundo grado y a la vez, su revocatoria; lo que lógicamente no es posible, pues al quebrarse el fallo por razón de la prosperidad del recurso, este desaparece del mundo jurídico; razón por la cual, no es factible que pueda ser infirmado.
A pesar de tales deficiencias, ellas pueden ser disculpadas por la Corte, habida consideración de ser posible entender que lo que en últimas persigue el impugnante con el recurso extraordinario, es la casación del fallo del Tribunal y que, en instancia, se revoque el de primer grado para que se le reconozcan sus pretensiones iniciales.
Empero, si se superaran las deficiencias que presenta el alcance de la impugnación, tampoco se abriría paso la Sala a estudiar el recurso por lo siguiente:
ii) Proposición Jurídica
Siendo la principal función de la Corte, el control de legalidad de las sentencias acusadas, corresponde al recurrente denunciar como transgredidas las disposiciones legales de carácter nacional que fueron el soporte de la decisión o que debiendo serlo, se dejaron a un lado.
Es que justamente el recurso extraordinario busca que la Sala coteje la sentencia del Tribunal con el elenco normativo que regule el asunto en particular, para detectar si se ajustó a aquel, como ya se dijo en párrafos anteriores. De tal suerte que cuando se omite enunciar el articulado que desde el punto de vista del casacionista, se violó, la Corte carece de materia para pronunciarse.
Esa deficiencia aparece en el escrito de demanda, pues si bien es cierto al final del mismo se hace un somero anuncio del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, al afirmar que el accionante cumple con los requisitos allí previstos para acceder al derecho prestacional pretendido, lo cierto es que no se despliega una carga argumentativa de la cual dimane la confrontación de la sentencia con ley; por el contrario, el embate se limita a hacer un recuento sobre lo que, a su parecer, debe extractarse de las pruebas que fueron recaudadas en el decurso procesal.
Es de resaltar que si bien, esta Sala ha señalado que basta con que se identifique una sola de las normas de derecho sustancial, que regule o debiera regular el caso, para entender cumplido tal presupuesto, del literal a) del art. 90 del CPTSS, lo cierto es que, persisten en el recurso otros defectos que impiden su análisis de fondo.
(iii) Vía indirecta
La Corte juzga conveniente memorar lo adoctrinado en la decisión CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 43345, en cuanto a que el recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.
Si bien es cierto que el texto del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresamente no señaló como senderos de ataque dentro del primer motivo del recurso extraordinario, la vía «directa» y la «indirecta», también lo es, que en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo comprende los tres conceptos o submotivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, 25 may. 2004, rad. 22.543).
En el presente asunto el recurrente invoca la violación indirecta, con respecto a la cual, es oportuno señalar que se acude a ésta cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.
En ese contexto, ha dicho la Corte que, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15.148, CSJ SL3131-2020, CSJ SL960-2022).
(iv) Pruebas hábiles en la casación del trabajo
Sobre este punto, es pertinente recordar que, si la aspiración anulatoria se erige sobre la vía indirecta, de acuerdo con la ley adjetiva del trabajo y la línea de pensamiento de esta Sala, ella no puede edificarse en torno a cualquier elemento de persuasión que tenga presencia en el decurso procesal. Así lo preceptúa el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, al disponer: «El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o de apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular», norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-140 de 29 de marzo de 1995, por lo que no es posible abordar el estudio de la prueba testimonial, dado que no quedó acreditado ningún dislate de hecho con alguna de las tres probanzas calificadas en casación.
El Tribunal Constitucional, en dicha providencia, explicó:
[…]
Resulta entonces de particular interés observar que el artículo 7o de la Ley 16 de 1969, excluyó la posibilidad de demandar en casación aspectos en materia probatoria diferentes al error de hecho “por falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular”. Esta decisión no se basó únicamente -como se señaló- en el argumento de que los asuntos procedimentales se podían ventilar ante los jueces de instancia, pues no debe olvidarse que el juez que dirige el proceso tiene un contacto directo y permanente con el proceso y, lo que es más importante, evalúa en forma personal y autónoma cada una de las pruebas, asignándole a cada una de ellas su respectivo valor jurídico. De ello resulta que mal podría el juez de casación entrar a evaluar si el juez de instancia apreció correctamente o no un testimonio u otra prueba cuya relevancia no pueda ser definida objetivamente. Por ello, en estos casos la casación sólo se permite del error de hecho por indebida apreciación de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección judicial, y siempre y cuando ese yerro altere sustancialmente el resultado del proceso.
Adicionalmente, esta Corporación encuentra que las causales previstas en la disposición demandada respetan los postulados contemplados en el artículo 29 superior. En efecto, quien desee acudir en casación en materia laboral, conoce los procedimientos establecidos para tales propósitos en la ley; conoce también que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para esos eventos (Art. 235-1 C.P.); se le ha garantizado la posibilidad de apelar la sentencia de primera instancia y de controvertir ahora la proferida en segunda instancia; y, lo que es más importante, ha podido, en cada una de esas oportunidades procesales, presentar y controvertir pruebas. Como si lo anterior no fuese suficiente, nótese que la decisión de restringir en casación el error de hecho para sólo tres medios probatorios (documento auténtico, confesión judicial e inspección judicial), responde a la imposibilidad del juez de casación de apreciar las consideraciones subjetivas y valorativas que tuvo el juez de instancia al ser, en virtud de lo ordenado por la ley, quien dirigió y practicó personalmente las pruebas a lo largo del litigio. Así las cosas, esa determinación garantiza también el derecho de defensa, pues hace que el juez de casación funde sus argumentaciones en hechos objetivos y no en meras especulaciones respecto de la forma de pensar, concluir, razonar o actuar de quienes administraron justicia en materia probatoria, tanto en primera como en segunda instancia.
Para una mayor claridad, resulta pertinente transcribir los siguientes argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales esta Corte comparte en su integridad:
“Es, en efecto, al juez de la primera instancia a quien corresponde principalmente la valoración de las pruebas, pues es dicho juez el funcionario que actúa como instructor del proceso. Por lo mismo, en la alzada, al superior fundamentalmente le compete ejercer un control de legalidad, no debiendo en principio separarse de las apreciaciones de su inferior sobre el grado de credibilidad que le hubiera merecido la exposición de un testigo, sin importar si ha sido citado por el empresario o por el trabajador, a quien el juez directamente oyó rendir su declaración, salvo cuando esa valoración aparezca clara y frontalmente contradicha con medios de convicción que, tal cual ocurre con el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular, permitan registrar de manera evidentemente objetiva e irrefragable hechos distintos u opuestos a los afirmados en el testimonio. Lo mismo acontece con la prueba pericial a la cual puede acudir el juez cuando considere que requiere asesoría judicial (Art. 51 C.P.T.), elemento de convicción que por su misma índole no permite la mayoría de las veces un control objetivo de valoración del que pueda deducirse un evidente error de apreciación por un juez distinto al que lo requirió. En cambio, lo que establece un documento auténtico (única prueba que consideró calificada el artículo 23 de la Ley 16 de 1968), cuando su texto es claro e inequívocas las manifestaciones allí contenidas, no puede ser normalmente leído en forma diferente sin incurrir en yerro manifiesto. Lo mismo puede decirse de la confesión que se rinde en el proceso, dadas las características y condiciones que exige el artículo 195 del CPC, y de lo registrado por el juez dentro de la inspección ocular, medios de prueba a los cuales el artículo 7o. de la Ley 16 de 1969 extendió la calificación de idóneos para estructurar el error de hecho en la casación laboral”.
Siendo ello así, como efectivamente lo es, una lectura desprevenida al cargo presentado, aquella que permite concluir, en el incumplimiento de las exigencias mínimas legales y jurisprudenciales en el escrito casacional, por lo que este último, se asemeja más a un alegato de instancia, proceder contrario a las previsiones consignadas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En coherencia con lo discurrido, el cargo se rechaza.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de las opositoras, se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que instauró MARLIO OSORIO RODRÍGUEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
Costas conforme lo expuesto en la motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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