JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Magistrado ponente
SL3055-2020
Radicación n.° 74434
Acta 26
Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTÍAS, contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en su contra el señor WILMAN ALDERETE OVIEDO.
ANTECEDENTES
El citado accionante pretendió que se condenara a la sociedad demandada a reconocerle y pagarle una pensión de invalidez, en los términos previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, junto con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En subsidio, reclamó el pago de la «indemnización sustitutiva».
Para darle sustento a sus peticiones, en esencia, señaló lo siguiente: que está afiliado a la institución demandada y ha cotizado al sistema de pensiones desde el año 2006, de manera discontinua, con varios empleadores; que desde el mes de abril de 2013 padece una enfermedad de origen común, por la que ha sido incapacitado en varias oportunidades; que, según dictamen de calificación emitido por la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., tiene una pérdida de capacidad laboral igual a 50.15%, con fecha de estructuración del 14 de junio de 2013; que le negaron el otorgamiento de la pensión de invalidez, porque no tenía 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; y que agotó la «vía gubernativa».
La sociedad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Admitió que el actor estaba afiliado a la institución y había realizado cotizaciones desde el año 2006, además de que había reclamado el reconocimiento de la pensión de invalidez. En torno a los demás hechos, expresó que no eran ciertos o que no le constaban. Indicó que en este caso no estaban reunidos los requisitos legales necesarios para disponer el pago de la prestación pedida y propuso las excepciones que denominó: «carencia total de la acción de la demandante para reclamarle a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías la pensión de invalidez reclamada en la demanda» y «prescripción de las cuotas o mesadas pensionales anteriores al 19 de diciembre de 2014 (fecha de radicación o presentación de la demanda).»
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo dictado en audiencia del 20 de octubre de 2015, condenó a la demandada a pagarle al actor la devolución de los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros, «[...] quien queda en libertad de mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez.» Absolvió respecto de las demás pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de la sentencia del 10 de febrero de 2016, revocó la decisión emitida por el juzgador de primer grado y, en su lugar, condenó a la entidad demandada a pagar al demandante la pensión de invalidez, a partir del 14 de junio de 2013, en cuantía no inferior al salario mínimo legal, junto con mesadas adicionales del mes de diciembre, reajustes legales e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 6 de agosto de 2014.
Para justificar su decisión, el Tribunal advirtió que en este caso no estaban sometidos a discusión los siguientes supuestos: que el actor sufría una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, con fecha de estructuración del 14 de junio de 2013; que cotizó a Colfondos desde el mes de «septiembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2013» un total de 80.14 semanas; que la norma aplicable en este caso era la vigente para la fecha de estructuración de la invalidez, en virtud del efecto general e inmediato de la ley de seguridad social; y que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, para el nacimiento de la prestación pedida, porque el afiliado no había acreditado 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, pues solo había reunido 33.43 semanas en ese lapso.
Dicho ello, subrayó que la jurisprudencia emanada de esta corporación no admitía la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito de legislación entre el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, pero que dicha postura había variado a partir de la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, que había validado el ejercicio de dicho principio en pensiones de invalidez y de sobrevivientes, siempre y cuando se hiciera remisión a la norma inmediatamente anterior y se cumplieran los requisitos dispuestos en la misma, para el momento en el que la nueva disposición había entrado en vigencia.
Explicó también que los fundamentos de la jurisprudencia en este punto estaban dados en el respeto de la posición individual alcanzada conforme a una norma anterior, que no podía verse alterada por una nueva y más gravosa norma, como la Ley 860 de 2003, que impuso condiciones más rigurosas para alcanzar la pensión de invalidez. En tal escenario, agregó, debía primar el principio protector del derecho del trabajo y la aplicación de la condición más beneficiosa.
Indicó también que la referida postura había sido reiterada en múltiples decisiones de esta corporación, de manera que constituía una «doctrina probable de carácter persuasivo» y, más allá de representar una fuente auxiliar, se establecía como parámetro protector de derechos fundamentales de necesaria aplicación para los jueces.
Por todo lo anterior, estimó que sí era posible el análisis de la pensión de invalidez conforme a los parámetros del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original. Para tal efecto, aclaró que, en la aplicación concreta de la condición más beneficiosa, si se trataba de un afiliado inactivo, debía acreditar 26 semanas de cotización en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez y la misma cantidad en el año anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, mientras que el afiliado activo debía demostrar 26 semanas cotizadas en cualquier tiempo y la afiliación en época anterior a la Ley 860 de 2003.
En el caso concreto, de acuerdo con la historia laboral allegada al proceso, infirió que el actor era un afiliado activo, pues para la fecha de estructuración de la invalidez registraba aportes al sistema de pensiones, de manera que debía demostrar 26 semanas de cotización en cualquier tiempo anterior a dicha data. Asimismo, recalcó que el trabajador también tenía cotizaciones anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, durante los ciclos 2001/09, 2003/09, 2003/10, 2003/11, 2003/12 y precisó que estos periodos quedaban abrigados por la Ley 100 de 1993, en su redacción original, pues la regulación de la Ley 797 de 2003 en punto de la pensión de invalidez había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional.
Con fundamento en lo dicho, coligió que el actor sí tenía derecho a la pensión de invalidez, a partir de la fecha de la estructuración de la misma, 14 de junio de 2013.
Finalmente, anotó que no se habían superado los términos de prescripción, respecto de las mesadas causadas y no pagadas, y que sí procedían los intereses moratorios a partir del 6 de agosto de 2014, sin que fuera trascendente a la presunta buena fe de la entidad obligada.
RECURSO DE CASACIÓN
Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, confirme los numerales primero y segundo del fallo emitido por el juzgador de primer grado, que condenó a la demandada a la devolución de los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual, y revoque el numeral tercero, que la gravó con el pago de las costas.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron oportunamente replicados y que pasan al examen de la Sala.
CARGO PRIMERO
Se formula de la siguiente manera:
La violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original así como del artículo 53 de la Constitución Nacional, interpretación que condujo a la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 40, 69 y 141 de la Ley 100 de 1993 y la falta de aplicación del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
En desarrollo de la acusación, el censor advierte que, al no estar en discusión que la fecha de estructuración de la invalidez del actor corresponde al 14 de junio de 2013, la norma llamada a gobernar la situación en disputa es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que exige como requisitos para el reconocimiento de la prestación tener 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la referida fecha de estructuración.
Precisa también que, a pesar de la claridad de la aludida norma, el Tribunal estimó que el demandante tenía derecho a la pensión de invalidez, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, por el simple hecho de que había realizado cotizaciones en vigencia de la Ley 100 de 1993, con independencia de la cantidad. Expresa, en tal sentido, que el Tribunal partió de la base de que el principio de la condición más beneficiosa dependía de que el afiliado hubiera cumplido los requisitos necesarios para obtener la pensión en la fecha en la que la nueva norma entró a regir, pero, con posterioridad, inaplicó esos supuestos y redujo la discusión a que se hubieran hecho aportes, sin importar cuántos.
Destaca que, según la jurisprudencia ordinaria, para aplicar el principio de la condición más beneficiosa el afiliado debe haber tenido cumplidos los requisitos necesarios para obtener la pensión con apego a la norma anterior, en este caso 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior, cuestión que el mismo Tribunal reconoció que no estaba acreditada, pues en vigencia de la Ley 100 de 1993 solo se habían reportado 20 semanas.
Agrega que otro error del Tribunal estuvo dado en no remitirse a la norma inmediatamente anterior, la «Ley 797 de 2003», y al «[…] no tener en cuenta que la aplicación de la legislación anterior a la vigente a la fecha del siniestro no es indefinida pues la aplicación del principio que así lo permite solo está llamado a operar cuando ha transcurrido un tiempo razonable entre las dos legislaciones pues de lo contrario la última de ellas nunca entraría a regir […]»
Sostiene que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa tiene por objeto evitar los efectos negativos de un tránsito legislativo y, en ese sentido, remediar una «situación transitoria y temporal», de manera que es necesario asumir que esas consecuencias cesan pasado cierto tiempo, mientras los afiliados ajustan sus condiciones pensionales a la nueva ley, y que, por tanto, el principio de la condición más beneficiosa debe contar con un límite temporal acorde con la seguridad jurídica.
En función de lo anterior, aduce que el Tribunal incurrió en los errores jurídicos que denuncia, en la medida en que no tuvo en cuenta que el afiliado solo cotizó 20 semanas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003; que entre la expedición de esta última norma y la estructuración de la invalidez transcurrieron casi 10 años; y que, en todo caso, la norma anterior no era la Ley 100 de 1993, sino la Ley 797 de 2003.
Así las cosas, agrega, no era dable remitirse al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, para conceder el derecho a la pensión de invalidez.
CARGO SEGUNDO
Se enuncia en los siguientes términos:
La violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 39 de la Ley 100 de 1993 (en su versión original), 40, 69 y 141 de la Ley 100 de 1993 y a la falta de aplicación del artículo 1 de la ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la ley 100 de 1993.
En desarrollo de la acusación, el censor expone los mismos argumentos que acompañan la demostración del primer cargo.
RÉPLICA
Resalta que el demandante era un afiliado activo para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 y que, para ese mismo momento, ya contaba con más de 31 semanas, es decir, más de las 26 cotizadas en cualquier tiempo que exigía la norma, de manera que sí tenía cumplidos los requisitos necesarios para obtener la pensión de invalidez, con arreglo al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original.
CONSIDERACIONES
Como se dejó relatado en los antecedentes de esta decisión, el Tribunal partió de la base de que, por principio, en este caso resultaba aplicable la Ley 860 de 2003, teniendo en cuenta la fecha de estructuración de la invalidez del actor, 14 de junio de 2013, además de que no estaban dadas las condiciones exigidas en esta norma para la concesión de la prestación pedida.
Sin embargo, dicha corporación encontró viable analizar el caso a la luz de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. Por esa vía, además, encontró plenamente satisfechos los requisitos para ordenar el pago de la pensión de invalidez, en la medida en que el actor era un afiliado activo, que había cotizado más de 26 semanas en cualquier tiempo anterior a la fecha de estructuración y que también contaba con aportes hechos en vigencia de la precedente Ley 100 de 1993.
Al reflexionar de tal manera, el Tribunal incurrió efectivamente en los errores jurídicos que denuncia la censura, como pasa a verse.
En torno al principio de la condición más beneficiosa y sus efectos frente a las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, en lo que constituye la posición actual de la Sala, por contradicción a la que le sirvió de apoyo argumentativo el Tribunal, la Corte admite que es posible, de manera excepcional y bajo condiciones muy precisas, remitirse a la norma inmediatamente anterior a la que regula la situación en disputa.
Así, a partir de decisiones como las CSJ SL2358-2017 y CSJ SL4650-2017, la Corte adoctrinó que en el marco regulativo de las pensiones de sobrevivientes y de invalidez y, específicamente, de cara a la existencia de una serie de reformas legislativas que no incluyeron regímenes de transición, es posible que se generen consecuencias indeseables o inequitativas para ciertos afiliados, debido al tránsito de legislación y a la reglas de aplicación de la ley en el tiempo, de forma tal que es preciso acudir al principio de la condición más beneficiosa, «[…] para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento […]»
En tales términos, la Corte aclaró que el principio de la condición más beneficiosa constituye una excepción al de la retrospectividad, que opera en situaciones de tránsito legislativo en los que no se contempla un régimen de transición, entendido este como «[…] un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley […]» y no cuando se generan reformas estructurales al sistema de pensiones. Asimismo, que permite la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la realmente vigente, respecto de ciertas personas que tienen una «situación jurídica y fáctica concreta» y no una mera expectativa.
Para el caso concreto de las pensiones de invalidez, la Corte justifica efectivamente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito de legislación verificado entre el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, y el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. En este punto vale la pena aclarar que, contrario a lo sostenido por el censor, la regulación relativa a la pensión de invalidez concebida en la Ley 797 de 2003 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1056 de 2003 y, como lo ha explicado esta Corte, a partir de tal momento, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 recobró vigencia, por lo que el tránsito de legislación sigue siendo entre Ley 100 de 1993, en sus términos originales, y Ley 860 de 2003. (Ver CSJ SL1802-2018, entre muchas otras).
No obstante lo anterior, la Corte ha subrayado que el ejercicio de la condición más beneficiosa en estos casos no implica la reanimación de la norma inmediatamente anterior de forma pura y simple, sino que existe una limitación temporal y algunas otras restricciones tendientes a verificar que el afiliado tenía efectivamente una situación jurídica y fáctica concreta.
Frente a lo primero, en las decisiones CSJ SL2358-2017 y CSJ SL4650-2017 la Corte indicó que la condición más beneficiosa representaba «…un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta…» y determinó que, como consecuencia, la excepcional aplicación de la norma anterior solo podía justificarse durante un lapso de tres (3) años, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, de manera que solo podían acudir a esta garantía quienes estructuraban su invalidez entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
En ese sentido, en este primer aspecto, le asiste plena razón a la censura cuando afirma que el principio de la condición más beneficiosa está sometido a un límite temporal razonable y que la vigencia de las normas anteriores no puede extenderse de manera indefinida.
Por otra parte, en aras de determinar si un afiliado ostenta una situación jurídica concreta sujeto de protección, la Corte enseñó que debe tratarse de personas efectivamente inscritas en el régimen anterior que, además, deben cumplir los siguientes supuestos, dependiendo de cada situación:
3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando.
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003.
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez.
Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando.
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002.
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede a su invalidez.
4. Combinación permisible de las situaciones anteriores
A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:
4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó no estaba cotizando
La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.
Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la invalidez - « hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que, de no verificarse este último supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado.
Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.
4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó estaba cotizando
Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema, pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002.
Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente será beneficiario de la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa. La sala juzga pertinente advertir que, de no cumplirse este último supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio.
En el mismo sentido que en el caso delantero, y aún a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta.
En este caso concreto, el Tribunal erró doblemente al no tener en cuenta que el principio de la condición más beneficiosa, en el tránsito de legislación entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, contaba con un límite temporal de tres años, superado en este caso por el actor, pues la estructuración de la invalidez se produjo el 14 de junio de 2013. Igualmente, al asumir que el afiliado, por la aplicación excepcional del derogado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a la pensión de invalidez por el simple hecho de demostrar 26 semanas en cualquier tiempo, cuando, de conformidad con lo antes expuesto, tratándose de un afiliado activo en el momento de la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, debía demostrar 26 semanas cotizadas con anterioridad a dicha data, que no tenía, de acuerdo con la historia laboral de folios 70 a 72.
En función de lo anterior, los cargos son fundados y dan lugar a la casación total de la sentencia recurrida.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, basta con reiterar que, en función de la fecha de estructuración de la invalidez del actor, la norma aplicable a su situación era el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no tenía cumplidos, en la medida en que no había acreditado las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de su situación.
Adicionalmente, como se dijo en sede de casación, no estaban cumplidos los requisitos definidos en la jurisprudencia para la aplicación de la norma anterior, por la vía del principio de la condición más beneficiosa, de manera que, como lo coligió el juzgador de primer grado, el actor no tenía derecho a la pensión de invalidez pedida.
Por lo anterior, se dispondrá la confirmación de la decisión de primera instancia, en los términos pedidos en el alcance de la impugnación del recurso de casación, con la aclaración de que la condena en costas allí impuesta constituye una simple consecuencia de la condena a la demandada por concepto de devolución de saldos, que quedó incólume en las instancias.
Sin costas en el recurso de casación. En la primera instancia como quedaron allí definidas y en segunda instancia no se causan.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 10 de febrero de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor WILMAN ALDERETE OVIEDO en contra de la sociedad COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTÍAS.
En sede de instancia, confirma la decisión emitida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali el 20 de octubre de 2015.
Sin costas en el recurso de casación. En la primera instancia como quedaron allí definidas y en segunda instancia no se causan.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
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LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
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