Ficha de la providencia
Sentencia SL333-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL333-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL333-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
25 de enero de 2023
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL333-2023
Radicación n.° 93219
Acta 2
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 21 de julio de 2021, en el proceso que instauró CARLOS ALBERTO VALOYES MARÍN en contra de la recurrente.
I. ANTECEDENTES
CARLOS ALBERTO VALOYES MARÍN demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones para que, previa las declaraciones de rigor se condenara a la demandada a pagarle la pensión vitalicia de invalidez de origen común, con sus incrementos anuales y mesadas adicionales desde el 22 de enero de 2016, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados sobre cada una de las mesadas debidas y hasta la solución efectiva de la obligación y/o la indexación de las mesadas pensionales adeudadas, debidamente indexadas, junto con las costas y agencias en derecho.
De manera subsidiaria, se declare que la entidad de seguridad social debe reconocerle la pensión de invalidez de origen común, por el cumplimiento de más de 300 semanas antes del 1 de abril de 1994, bajo lo normado por el Decreto 758 de 1990[sic], en aplicación del principio de la condición más beneficiosa de conformidad con la sentencia CC SU442-2016, en consecuencia, Colpensiones fuera condenada al pago de los incrementos anuales y mesadas pensionales adicionales desde el 22 de enero de 2016, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados sobre cada una de las mesadas debidas y hasta la solución efectiva de la obligación y/o la indexación, las costas y agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: medicina laboral de COLPENSIONES, mediante Dictamen n°. 2016142496SS del 16 de marzo de 2016, le determinó una pérdida de la capacidad laboral (P.C.L.), de 74.04%, de origen común estructurada el 22 de enero del año 2016; con la Resolución n°. GNR-228477 del 3 de agosto de 2016 le negaron su solicitud de pensión de invalidez, porque no cumplió con los requisitos previstos para acceder al derecho pensional bajo la Ley 860 de 2003, norma aplicable al caso ni a través de la figura de la condición más beneficiosa; si bien no cumplió con el requisito de las 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, no era cierto que no tuviera los requisitos de la Ley 100 de 1993 para que, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se le reconociera su pensión de invalidez; de acuerdo con su historia laboral tenía un total de 688.29 semanas cotizadas desde el 17 de agosto de 1981 hasta el mes de abril de 2016, para el 22 de enero de 2016 se encontraba cotizando, por lo que contaba con más de 26 semanas en cualquier tiempo, conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 en su texto original; y se agotó la reclamación administrativa.
Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, aceptó los hechos relativos a la solicitud pensional y su negativa. En su defensa, propuso los medios exceptivos que denominó inexistencia de las obligaciones reclamadas, ausencia de causa para pedir, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 28 de junio de 2018, absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones planteadas en su contra e impuso costas al promotor.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en fallo del 21 de julio de 2021, decidió:
PRIMERO: Se REVOCA la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas que por vía de apelación se revisa, para en su lugar, DECLARAR que el demandante señor CARLOS ALBERTO VALOYES MARIN C.C. 71.591.747, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, conforme al artículo 53 de la Constitución Política vía Sentencia SU 556 de 2019 de la H. Corte Constitucional, concordado con el Decreto 758 de 1990; con disfrute a partir del 22 de enero de 2016, en cuantía equivalente al SMLMV, con derecho a 13 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos legales; en consecuencia, se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, a reconocer y pagar al demandante:
a) La suma de $55.854.854 por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el 22 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2021, ambas fechas inclusive;
b) A partir del 1ºde julio de 2021, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la demandante la pensión de invalidez, en cuantía equivalente al SMLMV, con derecho a 13 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos legales;
c) Se CONDENA a COLPENSIONES a pagar la indexación de las mesadas pensionales reconocidas, desde la fecha en la que debió pagarse cada una de ellas, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la obligación, de acuerdo a la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor y a la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia.
El juez colegiado estableció como problema jurídico a resolver el «determinar si es procedente revocar la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, analizándose si se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del señor Carlos Alberto Valoyes Marín, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa».
De la prueba obrante en el expediente verificó que: el demandante tenía un 74.04% de pérdida de capacidad laboral, de origen común, estructurada el 22 de enero de 2016; mediante la Resolución GNR 228477 del 3 de agosto de 2016, le fue negada la pensión solicitada por cuanto no cumplía con las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la estructuración, conforme exigía la Ley 860 de 2003, sin posibilidad de acudir al principio de la condición más beneficiosa con la normatividad anterior, pues no acreditaba 26 semanas en el año anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, su última cotización correspondía al 30 de enero de 2000. Finalmente, no encontró discusión y fue aceptado por la parte demandante, que no se cumplía con la densidad de semanas exigida en la norma que regía para la época en la que se estructuró la invalidez, ya que en el lapso del 22 de enero de 2016 y el mismo día y mes de 2013, el accionante acreditaba 20.42 semanas.
A continuación, abordó el estudio del principio de la condición más beneficiosa, en primer lugar, bajo el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 original, en el que evidenció que el actor no cumplió los requisitos de acceso a la prestación ya que «para reconocerse hay una fecha límite, hasta el 26 de diciembre de 2003; además, en este caso, para el tránsito legislativo era cotizante inactivo y no demuestra 26 semanas en el año anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, ya que la última cotización corresponde al 30 de enero de 2000».
No obstante lo anterior y, al revisar la procedencia del principio en comento, «con salto normativo, para acudir al Decreto 758 de 1990[sic]» realizó un recuento de las providencias emitidas por la Corte Constitucional al respecto y explicó que en la sentencia CC SU556-2019 la alta Corporación encontró que tal precedente no era manifiestamente inconstitucional, pero aclaró que este podía ser aplicado a las personas que cumplieran con los 4 condicionamientos del test de procedencia; condiciones que halló acreditadas en el caso concreto, por lo que consideró pertinente acudir al aludido principio de la condición más beneficiosa a fin de aplicar la ultraactividad del Acuerdo 049 de 1990, pues antes del 1 de abril de 1994, el actor había cotizado un total de 492 semanas, motivo por el cual revocó la decisión de primera instancia y condenó al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en los términos arriba anotados.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la de primera en cuanto absolvió de todas las pretensiones de la demanda y determine la condena en costas según corresponda.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida,
[del] artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con el artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su versión original y modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, 38, 141 y 143 también de la ley 100 de 1993, 10 del Decreto 758 de 1990, 3º del Decreto 917 de 1999 derogado por el Decreto 1507 de 2014, 42 inciso 3 del Decreto 692 de 1994, 69 del Decreto 2353 de 2015, 13 y 53 de la Constitución Nacional, 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, 16 del CST, 15, 66ª y 151 del CPL y SS (Violación medio).
Aclara que dada la vía del ataque no están en debate los hechos probados por el juez de la alzada.
En voces de la censura el error del fallador de segundo grado está en que aplicara el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, a efectos de establecer los requisitos para acceder a la pensión de invalidez solicitada, acudiendo para ello al criterio contenido en la sentencia CC SU 556-2019, pues deja de lado que, conforme con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las normas de seguridad social son de orden público y con efectos generales e inmediatos desde que se promulgan, por manera que, la pensión de invalidez debe verificarse con la normatividad vigente al momento de la estructuración de la enfermedad y, más aún, cuando el legislador no previó régimen de transición al respecto.
Recuerda que el 22 de enero de 2016 es la data de estructuración del estado de invalidez del accionante y al ser la Ley 860 de 2003, la reguladora de la situación, no se cumple la exigencia de cotización de 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la enfermedad, como concluyó el tribunal. Añade que a pesar de esto tampoco es posible aplicar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original,
[…] toda vez que para reconocerse en base a dicha norma hay una fecha límite, 26 de diciembre de 2006, además, que en este caso para el tránsito legislativo el actor era cotizante inactivo y no demostró 26 semanas en el año anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, el Tribunal se revela contra la posición reiterada de esa H. Corporación, para acoger el criterio vertido en la sentencia SU 556 de 2019, y aplica la “Condición más beneficiosa con salto normativo, para acudir al Decreto 758 de 1990”, desconociendo por completo las normas sustanciales que regulan la materia.
Refiere el precedente de esta Corte respecto a la ultraactividad de la ley y las limitaciones temporales del principio de la condición más beneficiosa, entre otras, el fijado en las sentencias del 25 de enero de 2017, radicado 42462, CSJ SL2796-2020, CSJ SL3102-2020, CSJ SL3055-2020, CSJ SL3660-2020 y CSJ SL2989-2021, con lo que realiza una aplicación indebida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 para desatar el caso bajo estudio, con lo cual está infringiendo las normas que deben regular el reconocimiento de la prestación pretendida.
Acto seguido, sostiene que el precedente constitucional al que acude el sentenciador fue objeto de pronunciamiento por esta misma Corporación, que se apartó de aquél por las razones indicadas en la providencia CSJ SL1362- 2022 y concluye que la aplicación por parte del juez colegiado del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, producto de la cotización de 300 semanas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, «es contrario a derecho y viola la ley sustancial, por cuanto es equivocado concluir que las cotizaciones realizadas en un ordenamiento derogado consolida el derecho para el reconocimiento de la pensión a pesar del cambio de ordenamiento». Por lo que «al no existir una expectativa “legítima” se ha establecido que la cotización en ordenamientos anteriores genera una mera expectativa y no un derecho adquirido».
VII. RÉPLICA
En esencia, señala que no existe error alguno de la sala sentenciadora y, por el contrario, se ajusta a derecho y a la jurisprudencia que regula la materia, esto es, la sentencia CC SU 556-2019 que permite la aplicación del Decreto 758 de 1990.
Adicionalmente, solicita no casar la sentencia por adolecer la demanda de errores en la técnica y no discriminar el ataque de manera clara y razonada sobre los argumentos planteados por el tribunal «resultando de esta manera un total desenfoque de los cargos, y dejando inmutable la presunción de legalidad y acierto que trae consigo la sentencia atacada».
VIII. CONSIDERACIONES
Dado que el cargo se dirige por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna con respecto a que: i) el actor tiene dictaminada una pérdida de capacidad laboral de origen común del 74.04% que se estructuró el 22 de enero de 2016; no cumple con la densidad de semanas exigida en la Ley 860 de 2003, norma vigente para la época en la que se estructuró la invalidez, por cuanto solo acredita 20.42 semanas en el interregno comprendido entre el 22 de enero de 2016 y el mismo día y mes de 2013; para el tránsito legislativo era cotizante inactivo, no cuenta con 26 semanas en el año anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003 en comento y su última cotización data 30 de enero de 2000.
Del análisis del cargo dimana palmario que el descontento de la recurrente gravita, en estricto rigor, en que el colegiado al acudir al principio de la condición más beneficiosa, aplicó indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, al otorgar la pensión de invalidez al demandante sin el lleno de los requisitos contemplados en la disposición vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, apartándose del precedente sentado por esta Corporación sobre la materia.
En lo que respecta al reproche, la Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acompasar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plusultractiva de la ley, lo cual, por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.
Al punto, esta Corte, en sentencia CSJ SL5657-2021 al memorar la providencia CSJ SL840-2020 que a su vez recuerda lo expuesto en la CSJ SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, enseñó:
La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que, de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha.
De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016.
En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub-lite.
De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, cambiando lo que haya que cambiar, se concluye que el juzgador de alzada se equivocó, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 22 de enero de 2016, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
En efecto, el accionante no puede ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por dar efecto a la citada prerrogativa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, por lo que solo es posible diferir los efectos de esta última hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia (CSJ SL2358-2017).
Tampoco sobra indicar que, en torno a la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente la sentencia CC SU005-2018, esta Corporación, en providencia CSJ SL184-2021, adoctrinó:
La fuerza vinculante del precedente constitucional
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.
Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).
No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.
Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.
A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.
Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)
En síntesis, conforme al criterio jurisprudencial citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.
En consecuencia, y ante la inexistencia de razones diferentes y novedosas que permitan un cambio de pensamiento, habrá de casarse la sentencia, por las razones expresadas arriba.
Sin costas dada la prosperidad del recurso.
En sede de instancia, basten las anteriores consideraciones para concluir que al actor no le asiste el derecho a la pensión de invalidez con aplicación de la condición más beneficiosa, pues no procede el salto normativo entre la ley vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y tampoco cuenta con el mínimo de 50 semanas en el último trienio, como lo dispone la regla jurídica que le aplicable, lo que resulta suficiente para confirmar la decisión de primera instancia.
Sin costas en segunda instancia, las de primera a cargo de la parte vencida.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 21 de julio de 2021 por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS ALBERTO VALOYES MARÍN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en su lugar, dispone:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de junio de 2018, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
(Aclara Voto)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.° 93219
Referencia: demanda promovida por instauró CARLOS ALBERTO VALOYES MARÍN, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto lo que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso casar la sentencia condenatoria del Tribunal, sin embargo, respecto de los argumentos que se exponen en la providencia para la procedencia del principio de la condición más beneficiosa, en un lapso temporal en forma restringida, me permito hacer las siguientes precisiones:
En la presente providencia la Sala igualmente señaló, que el demandante “no puede ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por dar efecto a la citada prerrogativa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, por lo que solo es posible diferir los efectos de esta última hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia (CSJ SL2358-2017)».
Frente a dichos argumentos, debo indicar que si bien inicialmente compartí el criterio mayoritario de la Sala vertido en la sentencia CSJ SL2358 de 2017, a través de la cual se dio vigencia temporal a la Ley 100 de 1993, en el transito legislativo con la Ley 860 de 2003, esto es, el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, pese a tener en cúmulo de cotizaciones importantes, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.
No obstante lo anterior, al hacer un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean, como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.
En efecto, al analizar por ejemplo las subreglas planteadas en la providencia, como las señaladas en el numeral «3.2», de una detallada lectura, se advierte que se hacen más difíciles de cumplir en la práctica, pues en este evento, cuando el asegurado no era cotizante activo para el momento del tránsito legislativo, las 26 semanas deben de ser cotizadas en el año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, «entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002», siendo entonces un número mínimo de afiliados quienes puedan cumplir con tales exigencias.
Bajo el contexto que antecede, en mi prudente juicio, imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades, es característico de la institución jurídica en comento que « Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada»; de manera que a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a que el peticionario acredite las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al «26 de diciembre de 2003» y no como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 93219
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES vs. CARLOS ALBERTO VALOYES MARÍN
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto de casar el fallo del Tribunal y, en tal sentido, dejar en firme la sentencia que absolvió a la entidad demandada de pagar al actor la pensión de invalidez reclamada, debo aclarar mi voto en cuanto a la afirmación que en sus considerandos se hace respecto a la dimensión o valor normativo que se da al llamado precedente judicial, pues, es mi parecer, la obligatoriedad no es una característica propia de nuestra jurisprudencia, como si lo son su particularidad, uniformidad y continuidad.
En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico, de inspiración afortunadamente democrática desde sus albores independentistas, ha dado a la jurisprudencia un gran valor como elemento iluminante del quehacer judicial, por eso es que en su tarea ha sido nivelada por el constituyente como criterio auxiliar de la actividad judicial (hoy artículo 230 constitucional), pero en modo alguno traduce tal disposición que se la pueda considerar como una fuente formal de derecho en sentido estricto.
La jurisprudencia surge de las glosas judiciales a la aplicación, interpretación e integración normativas, no precede a éstas, ergo, no tiene fuerza normativa ni vinculante, pues de seguirse ese discurso fácilmente puede llegarse, a mi manera de ver y bajo el cobijo de un arbitrio judicial mal entendido democráticamente, a la arbitrariedad e inseguridad jurídicas.
Estoy de acuerdo, eso sí, en que, conforme a su funcionalidad constitucional, la jurisprudencia es, amén de un criterio auxiliar de la actividad judicial, un complemento o elemento integrador del ordenamiento jurídico, pero de allí tampoco puede derivarse un carácter vinculante u obligacional que solo le es propio al mismo ordenamiento.
En suma, el carácter disuasivo y persuasivo de la jurisprudencia, ese sí propio de nuestro régimen democrático y social de derecho, otorga a ésta, es mi opinión, una trascendental posición entre las fuentes formales del derecho y las operaciones cognitivas judiciales utilizadas en su aplicación, de suerte que, con ella se da una respuesta más idónea, justa y real a la necesidad de justicia social de la época.
Y esa la razón fundamental para que, desde antaño, las altas Cortes, para nuestro caso el Tribunal Supremo del Trabajo, dijera con todo sentido que se imponía entender «que la estabilidad de la jurisprudencia es una condición importante para la seriedad de la administración de justicia y para la confianza que en ella se tenga. Pero ello no impide que el juzgador pueda variarla cuando estime de buena fe que con ello busca un mejor entendimiento de la ley o una interpretación suya más adecuada a los hechos sociales que aspira a regular» (Resolución en investigación disciplinaria, 7 de febrero de 1995, Jurisprudencia del Trabajo, Miguel Antonio Constaín, Vol. III, pág. 170), y en otro asunto agregara que pese a su indiscutible valor doctrinario, «no es de obligatorio acatamiento para sus inferiores jerárquicos, pero su rechazo por éstos debe fundamentarse en razonamientos jurídicos que justifiquen el desacuerdo y den base a la corporación para nuevos estudios» (Auto, 30 de agosto de 1950, ibídem).
Luego, el acatamiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es un imperativo procesal, un deber del funcionario judicial, que no una obligación, y deber procesal que solo puede soslayar en tanto y en cuanto exponga las razones de su apartamiento. Dicho que con otras expresiones similares vive recordando a jueces y tribunales de la jurisdicción social esta Corporación.
En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra,
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
MAGISTRADO
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Carlos Alberto Valoyes Marín
Demandado: Colpensiones
Radicación: 93219
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto tal y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con casar la sentencia del Tribunal, dado que se equivocó al realizar una aplicación plus ultractiva de la Ley para determinar si el actor cumplía los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, así como con la decisión en sede de instancia de confirmar la sentencia del a quo, toda vez que el demandante no acreditó la densidad mínima de semanas de cotización que establece el artículo 1.º de la Ley 860 de 2003 para el reconocimiento de la citada prestación, lo cierto es que considero pertinente aclarar mi voto en cuanto a las consideraciones relativas a la posibilidad de aplicar el principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 860 de 2003.
Lo anterior, por cuanto, en mi criterio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.
En efecto, tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos. Por esto, su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contengan cambios estructurales en los esquemas que la soportan.
En esa medida, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, toda vez que ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.
En esa dirección, las leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trataron de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas; por tanto, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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