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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3089-2022

Pensión especial de jubilación

Fecha
6 de julio de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3089-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Accedía el demandante a la pensión especial de los Decretos 895 y 1651 de 1991 si dejó Ferrocarriles en 1972, antes de su liquidación?

  2. ¿Procedían la pensión sanción y la casación oficiosa?

Reglas

  1. Las pensiones especiales de los Decretos 895 y 1651 de 1991 se dirigían a empleados vinculados a Ferrocarriles durante su liquidación.

    «se concedieron para los trabajadores vinculados al servicio de los Ferrocarriles por las épocas de su liquidación»
  2. Para acceder al régimen pensional especial era necesario estar vinculado a la empresa al momento de acceder al beneficio.

    «sea condición necesaria hallarse vinculado laboralmente a la misma al momento de acceder al singular beneficio prestacional creado por ellos»
  3. La pensión sanción subsidiaria no prospera si queda incólume que el trabajador renunció y no fue despedido sin justa causa.

    «no fue despedido sin justa causa, sino que la terminación de la relación laboral fue por su renuncia»
  4. En la especialidad laboral y de seguridad social no procede la casación oficiosa; el recurrente debe atacar fundamentos de la sentencia.

    «en la especialidad laboral y de la seguridad social no se admite la casación oficiosa»

Decisión

No casa la sentencia que negó las pretensiones. La pensión especial de los Decretos 895 y 1651 de 1991 exigía vínculo con Ferrocarriles durante la liquidación; la conclusión no impugnada sobre renuncia dejó sin sustento la pensión sanción.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2020, en el proceso ordinario que promovió LESTER ANÍBAL GÁLVEZ ROBAYO contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3089-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

6 de julio de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3089-2022

Radicación n.° 90330

Acta 22

Bogotá, D. C., seis (06) de julio de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LESTER ANÍBAL GÁLVEZ ROBAYO contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2020, en el proceso ordinario que promovió contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES

Lester Aníbal Gálvez Robayo llamó a juicio al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el fin de que fuera condenado al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, debidamente indexada, contemplada en el parágrafo del artículo 7º del Decreto 895 de 1991, modificado por el artículo 3º del Decreto 1651 de 1991, en cuantía de $163.818,50, a partir del 9 de noviembre de 1998, equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en los últimos 6 meses laborados; a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado extra y ultra petita, y las costas y agencias en derecho. Subsidiariamente, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión sanción, actualizada, a la luz de lo instituido en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en concordancia con el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo; a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado extra y ultra petita, y las costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: nació el 9 de noviembre de 1943; laboró al servicio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde el 1º de septiembre de 1960 hasta el 5 de marzo de 1972, lapso durante el cual la entidad no cotizó para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte; también prestó sus servicios a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del 16 de diciembre de 1971 al 21 de septiembre de 1980, que tampoco cotizó; y agotó la reclamación administrativa.

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario; prescripción; inexistencia de las obligaciones reclamadas; falta de legitimación en la causa por pasiva, y pago.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 24 de febrero de 2020, condenó a la demandada a reconocer y pagar al actor la pensión de jubilación consagrada en el parágrafo del artículo 7º del Decreto 895 de 1991, modificado por el artículo 3º del Decreto 1651 de 1991, a partir del 9 de noviembre de 1988, en cuantía inicial de $41.603, cuyo retroactivo del 29 de enero de 2015 a 31 de enero de 2020, ascendía a la suma de $75.273.521, quedando la mesada para el año 2020 en $1.206.816; declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas causadas del 9 de noviembre de 1988 a 29 de enero de 2015; la absolvió de las restantes suplicas y le impuso costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al conocer del asunto por virtud de la apelación de la accionada y del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 30 de octubre de 2020, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la convocada al proceso. Sin costas en la alzada.

El juzgador identificó como problema jurídico determinar si resultaba procedente ordenar a la demandada reconocer y pagar al actor la pensión contemplada en el Decreto 895 de 1991.

Enseguida, y tras copiar el artículo 7º del Decreto 895 de 1991 y apartes de las sentencias CSJ SL39444-2012 y CSJ SL1343-2018, asentó que al analizar el asunto bajo escrutinio, se corrobora que el demandante laboró para el extinto Ferrocarriles Nacionales de Colombia «por el periodo comprendido del 1º de septiembre de 1960 al 5 de marzo de 1972, con interrupciones laborales del 1º de noviembre de 1965 al 30 de diciembre de 1965, del 1º de julio de 1969 al 3 de julio de 1969, del 5 de enero de 1969 al 30 y del 1º de febrero al 5 de marzo de 1969; para un total de 11 años, 2 meses y un día (Fl 6); lo que de entrada nos lleva a colegir que no solo no cumple con los 15 años de servicios aludidos en la norma como lo coligió el fallador de primera instancia y por lo que este aplicó el parágrafo 3º del Decreto 1651 de 1991»; sino que no sería dable ni siquiera acceder al derecho pensional anhelado en los términos previstos en el parágrafo 3° del Decreto 1651 de 1991, por cuanto «el demandante no trabajaba para la Empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para la calenda de la liquidación, en tanto esta se dio mediante el Decreto 1586 de 1989, vigente a partir del 18 de julio de 1989, data para la cual el promotor ya no laboraba en la entidad, como quiera que el vínculo laboral, se itera, feneció el 5 de marzo de 1972».

En lo que respecta a la súplica subsidiaria, pensión sanción, el tribunal, después de transcribir pasajes de la providencia CSJ SL898-2019, así como el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, concluyó que «aun cuando se encuentra plenamente acreditado que el actor laboró por espacio de más de 10 años y menos de 15, no existe evidencia alguna que dé cuenta de que la terminación del contrato laboral acaeció por un despido injusto, a contrario sensu, se corrobora que la finalización de la relación laboral lo fue por la renuncia del demandante, por tanto, resulta imposible acceder a esta pretensión subsidiaria».

De esta manera revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, dispuso absolver a la entidad demandada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, confirme la decisión proferida por el juez de primer grado.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que no fue replicado y pasa a decidirse.

VI. CARGO ÚNICO

Ataca la sentencia recurrida, «DE HABER QUEBRANTADO DIRECTAMENTE EN EL CONCEPTO DE INFRACCIÓN DIRECTA EN LA MODALIDAD DE INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO № 895 DE ABRIL DE 1991 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO № 1651 DE JUNIO 27 DE 1991».

Sostiene que el parágrafo del artículo 7 del Decreto 895 de 1991, modificado por el 3º del Decreto 1651 de 1991, no exige que para tener derecho a la pensión allí contemplada se deba estar vinculado a Ferrocarriles Nacionales de Colombia en el momento de la liquidación de la entidad, «es decir, lo afirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, D.C. – Sala Laboral para justificar la revocatoria de la sentencia de primera instancia que mi poderdante debió estar vinculado al momento de la liquidación de Ferrocarriles Nacional de Colombia, en una violación directa de la Ley por interpretación errónea, en razón, que trae a colación el parágrafo el artículo 7 del Decreto № 895 de abril de 1991 modificado por el artículo 3 del Decreto № 1651 de junio 27 de 1991, pero impone una carga no prevista en la normatividad, presentándose una VIOLACIÓN DIRECTA POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA por que [sic] en ninguno de sus apartes contiene la exigencia de estar vinculado a Ferrocarriles Nacional de Colombia al momento de la liquidación de esta empresa para ser beneficiario de esta pensión».

Añade que, conforme a lo anterior, acumuló un total de 19 años, 10 meses y 25 días del tiempo laborado en Ferrocarriles Nacional de Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P., por lo que cumple cabalmente los requisitos previstos en el parágrafo del artículo 3° del Decreto 1651 de junio 27 de 1991.

Explica que el estatus jurídico de pensionado fue adquirido el día 9 de noviembre de 1988, es decir, antes del 17 de julio de 1992, fecha en la cual tenía 49 años de edad y más de 15 años de servicios, por consiguiente, «tiene el derecho a reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada y determinada en el parágrafo del artículo 3 del Decreto № 1651 de junio 27 de 1991».

Además, reproduce apartes de la sentencia CSJ SL, 27 may. 2002, rad. 17559.

Finalmente, solicita que la Corte de aplicación a la casación oficiosa «de conformidad con lo previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es dable aplicar los presupuestos del inciso final del artículo 336 del CGP […]».

VIII. CONSIDERACIONES

Como se recuerda, los dos argumentos basilares de la sala sentenciadora para revocar la decisión condenatoria del juzgado de primera instancia estribaron en que: (i) el promotor del litigio laboró en la demandada «un total de 11 años, 2 meses y un día (Fl 6); lo que de entrada nos lleva a colegir que no […] cumple con los 15 años de servicios aludidos en la norma», y (ii) ni si quiera es dable acceder al derecho pensional anhelado en los términos previstos en el parágrafo 3° del Decreto 1651 de 1991, por cuanto «el demandante no trabajaba para la Empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para la calenda de la liquidación, en tanto esta se dio mediante el Decreto 1586 de 1989, vigente a partir del 18 de julio de 1989, data para la cual el promotor ya no laboraba en la entidad, como quiera que el vínculo laboral, se itera, feneció el 5 de marzo de 1972».

El descontento del recurrente con el acto jurisdiccional fustigado gravita en que el tribunal incurrió en una interpretación errónea del «parágrafo el artículo 7 del Decreto № 895 de abril de 1991 modificado por el artículo 3 del Decreto № 1651 de junio 27 de 1991», toda vez que «en ninguno de sus apartes contiene la exigencia de estar vinculado a Ferrocarriles Nacional de Colombia al momento de la liquidación de esta empresa para ser beneficiario de esta pensión».

Pues bien, esta Corte, de vetusta, en su labor constitucional de realizar un ejercicio hermenéutico de las normas sustanciales de orden nacional, adoctrinó que el genuino sentido y alcance de las normas dictadas para la liquidación de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, particularmente sobre las pensiones especiales consagradas en el Decreto 895 de 1991, el cual es también aplicable a las contempladas por el Decreto 1651 de la misma anualidad, no puede ser otro que dichas disposiciones están dirigidas exclusivamente a regular la situación de los empleados oficiales que se vieran afectados por el proceso de liquidación de la empresa oficial, estableciendo requisitos especiales y más favorables para obtener su jubilación, lo que obviamente exige que para reclamar el tratamiento preferente previsto en dichos decretos sea condición necesaria hallarse vinculado laboralmente a la misma al momento de acceder al singular beneficio prestacional creado por ellos.

A guisa de ejemplo en la sentencia CSJ SL, 2 feb. 1996, rad. 7977 de la extinta Sección Segunda de esta Sala, reiterada, entre otras, en la CSJ SL, 29 ene. 1998, rad. 10251, se razonó:

[…] El inocultable espíritu del Decreto 895 de 1991 fue el de modificar el régimen de pensiones e indemnizaciones de la persona jurídica en proceso de liquidación con la específica finalidad de facilitar el ajuste final de las cuentas de la empresa estatal; pero sin detrimento del derecho a la jubilación de quienes en ese momento le prestaban servicios, y en los casos en que por fuerza de las circunstancias no fuera dable reconocer tan vital prestación social, se buscó por lo menos atenuar los efectos desfavorables que necesariamente para ellos tenía la supresión de su fuente de trabajo. "Por este motivo, al tiempo que se autorizó a la empresa ferroviaria en liquidación para que suprimiera los empleos ocupados tanto por trabajadores oficiales como empleados públicos, en la medida en que ellos no fueran rigurosamente necesarios, a juicio de la junta liquidadora, para 'garantizar la estricta prestación del servicio público de transporte ferroviario' (Decreto Ley 1586 de 1989, artículo 4°), se creó una pensión de jubilación proporcional al tiempo laborado para aquellos empleados oficiales que el 8 de abril de 1991 --fecha en la que entró en vigencia el Decreto 895 de 1991, al ser publicado en el Diario Oficial N° 39.778--, o durante el término de liquidación de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, completaran por lo menos quince años de servicios a la empresa. Dicha pensión también cobija a aquellos otros empleados que con por lo menos diez años en la empresa completaran igual número de años de servicios continuos o discontinuos en el sector oficial el 17 de julio de 1992. La diferencia está en que los del primer grupo adquirieron el derecho a la pensión 'sin consideración a su edad', mientras que para los del segundo se les exige 'una edad superior a cincuenta (50) años'. "Esta pensión especial cobija a los empleados oficiales cuyos empleos son suprimidos; pero siempre que 'no tuvieren derecho a la pensión prevista en las leyes o convenciones vigentes o en las demás especiales que se establecen en éste o en los demás decretos sobre la liquidación', conforme textualmente lo dispuso el artículo 1 o del susodicho Decreto 895. "Por ello, y en el supuesto de que el artículo 8° no fuera lo suficientemente explícito al establecer la incompatibilidad --aunque en realidad la claridad de su tenor literal no admite interpretaciones que se aparten de la letra de la norma--, de armonizar todas las disposiciones del decreto también resultaría forzoso concluir, como lo hizo el Tribunal, que lo que se quiso, y se logró, fue permitirle al mayor número de personas que resultaban sin empleo por supresión de sus cargos que adquirieran el derecho a una pensión de jubilación proporcional a su tiempo de servicios cuando éste fuera por lo menos de quince años, causándose la pensión sin sujeción a la edad si durante todo ese lapso habían trabajado para la empresa en proceso de liquidación, y debiendo el empleado retirado contar más de 50 años de edad para el 17 de julio de 1992 en los casos en los que el tiempo de servicios requerido resultaba de sumar los prestados a diferentes entidades u organismos en el sector oficial.

Es por ello que resulta equivocada la interpretación propuesta por el recurrente, quien pretende que las pensiones creadas por los Decretos 895 y 1651 de 1991 beneficien a los empleados oficiales que a la fecha de su vigencia se hallaban desvinculados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, ya que resulta abiertamente contraria a su correcta inteligencia."

Ulteriormente, en providencia CSJ SL, 22 feb. 2001, rad. 15281, se explicó:

I) El Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 8 de la Ley 21 de 1988, dispuso la liquidación de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante el Decreto 1586 de 1989, vigente a partir del 18 de julio de 1989, y ordenó que los respectivos trámites tendrían una duración máxima de 3 años, de forma que el proceso liquidatorio debió culminar a más tardar el 18 de julio de 1992.

Igualmente, en desarrollo de dichas facultades, por Decreto 1590 de 1989, el Presidente estableció un régimen especial de pensiones e indemnizaciones para la empresa en liquidación.

Posteriormente, la Ley 50 de 1990, en su artículo 112, revistió de nuevo al Presidente de la República de facultades extraordinarias, para modificar o adicionar las normas de la Ley 21 de 1988 y de los referidos Decretos 1586 y 1590 de 1989, en lo relativo a los regímenes de pensiones, terminación de relaciones laborales, e indemnización de contratos de trabajo de Ferrocarriles Nacionales, con el propósito de facilitar el proceso de liquidación de la empresa, para lo cual el legislador especificó que el gobierno podría ampliar el régimen especial de pensiones de jubilación, manteniendo criterios de proporcionalidad en relación con los requisitos exigidos para la pensión plena e, igualmente, podría establecer un régimen indemnizatorio superior al legal o convencional previsto para los trabajadores oficiales, a fin de promover su desvinculación.

En desarrollo de estas facultades, el Presidente expidió los Decretos 895 de abril 3 de 1991 y 1651 de junio 27 de igual año. El artículo 7 del primero estableció una pensión especial de jubilación, sin consideración a la edad, para los empleados oficiales que a la fecha de vigencia del decreto o durante el término de liquidación de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia tuvieren quince o más años de servicio en la empresa. Y en el parágrafo dispuso:

“Igualmente tendrán derecho a las pensiones establecidas en el presente artículo, los empleados oficiales que hubieren prestado quince (15) años o más de servicio continuos o discontinuos en el sector oficial, diez (10) de los cuales por lo menos en la empresa, proyectados hasta el 17 de julio de 1992, y tengan una edad superior a cincuenta (50) años”.

Luego, el aludido Decreto 1651 de 1991, en su artículo 3, aumentó la cuantía de la pensión y modificó el parágrafo trascrito así:

“Igualmente tendrán derecho a las pensiones establecidas en el presente artículo, los empleados oficiales que hubieren prestado quince (15) años o más de servicios continuos o discontinuos en el sector oficial, diez (10) de los cuales por lo menos en la Empresa, proyectados hasta el 17 de julio de 1992, y que tengan una edad superior a cuarenta y cinco (45) años”.

[…]

III.) Pues bien, examinados los antecedentes legales y las normas en cuestión, en sentir de la Corte resulta atinado el criterio sentado por el ad-quem en el presente caso. En efecto, desde el punto de vista puramente textual no se remite a duda que las pensiones que contempla el artículo 7 del Decreto 895 de 1991, modificado por el artículo 3 del Decreto 1651 del mismo año, se concedieron para los trabajadores vinculados al servicio de los Ferrocarriles por las épocas de su liquidación, los cuales debían reunir los requisitos exigidos en ese periodo. Así se desprende del inciso 1 del artículo 7, en concordancia con el parágrafo del mismo canon, y ello no se alteró a raíz de la reforma introducida por el artículo 3, precepto que únicamente varió los porcentajes correspondientes a la pensión y redujo la edad exigida para la jubilación prevista en el parágrafo.

Pero adicionalmente esta conclusión se abona al advertir que los Decretos 895 y 1651 de 1991 se expidieron para facilitar la liquidación de la empresa Ferrocarriles Nacionales, según lo expresó textualmente el legislador en la Ley 50 de 1990, artículo 112, es decir, con un sentido netamente provisorio, tendiente a solucionar una problemática específica a muy corto plazo y resultaría contrario a esta finalidad que, para tiempos posteriores a la liquidación de la empresa quedaran pendientes a su cargo expectativas o situaciones jurídicas sin definición. Además, el régimen contemplado en los decretos otorgó unos privilegios jubilatorios especiales y excepcionales a raíz de un evento también extraordinario, que superaban por mucho las previsiones aplicables al conjunto de servidores públicos, de forma que las exigencias y requisitos establecidos para adquirir los derechos.

Y, recientemente, en sentencia CSJ SL2054-2022, memoró:

La especialidad de dichas pensiones estriba en que fueron concebidas para una situación muy particular, la liquidación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en la cual se quiso establecer un régimen más benévolo que no dejara desamparados a aquellos trabajadores que al momento de la liquidación no reunían los requisitos para pensionarse de conformidad con los sistemas legales asequibles al sector público (v. gr. Ley 33 de 1985 y Ley 71 de 1988) o convencionales vigentes en ese momento.

De suerte que, si el demandante laboró para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia hasta el 5 de marzo de 1972, o sea, que se retiró casi 19 años antes de la fecha en que se dictaron los decretos que consagraron la jubilación especial, resulta equivocada la interpretación propuesta por el recurrente, quien pretende que las pensiones creadas por los Decretos 895 y 1651 de 1991 beneficien a los empleados oficiales que a la fecha de su vigencia se hallaban desvinculados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, ya que resulta abiertamente contraria a su correcta inteligencia. Por ende, el fallador no incurrió en el dislate jurídico enrostrado por el recurrente.

En lo atinente a la absolución de la pretensión subsidiaria de la pensión sanción, el casacionista guardó total mutismo, por tanto, queda incólume la conclusión en torno a que el demandante no fue despedido sin justa causa, sino que la terminación de la relación laboral fue por su renuncia y, por ende, no hay lugar a acceder a la misma.

Por último, no está de más reiterar que en la espacialidad laboral y de seguridad social carece de pertinencia la casación oficiosa aludida por el recurrente en casación, precisamente por el carácter dispositivo del mismo, como se dejó por sentando en la Sentencia CSJ SL250-2020, al señalar:

Finalmente, resulta oportuno subrayar a la censura que en la especialidad laboral y de la seguridad social no se admite la casación oficiosa. De hecho, la naturaleza dispositiva y formal del recurso extraordinario riñe con tal posibilidad, pues en él se exige al interesado el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, el cual no puede obviarse para acometer un estudio oficioso, por cuanto el legislador no contempló tal posibilidad.

En armonía con lo discurrido el cargo no sale victorioso.

Sin costas, dado que no hubo oposición.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2020, en el proceso ordinario que promovió LESTER ANÍBAL GÁLVEZ ROBAYO contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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