Ficha de la providencia
Sentencia SL3124-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL3124-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3124-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3124-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
26 de junio de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL3124-2019
Radicación n.° 63080
Acta 20
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, como sucesora procesal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 8 de marzo de 2013, dentro del proceso adelantado en su contra por ANA MARÍA MOLINA VIVAS.
ANTECEDENTES
Ana María Molina Vivas, interpuso demanda contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones (en adelante ISS), con el fin de que le fuera reconocida la sustitución de la pensión de vejez que la entidad le pagaba a Harold Martínez Caicedo, en consideración de su condición de compañera permanente con fundamento en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Como consecuencia, además, reclamó el retroactivo correspondientes, su indexación, los reajustes legales de la prestación y el pago de las costas judiciales y las agencias en derecho.
Como fundamento de sus pretensiones, en lo que interesa al recurso de casación, señaló que convivió con el pensionado durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, sucedido el día 2 de enero de 2008, y que durante ese plazo no concibieron hijos; que solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional, y que esta le fue negada por el ISS mediante la Resolución n.º 0085 de 2011, bajo el argumento de que no había cumplido los requisitos exigidos por la norma para tal fin.
Aseguró que el ISS incurrió en un error al negar la sustitución, toda vez que, al ser menor de treinta años de edad al momento de la solicitud, le era aplicable la regla establecida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, puesto que, en su opinión, cumplía con los requisitos señalados en esa disposición.
La entidad demandada contestó oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, afirmando que el reconocimiento de la prestación está condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al respecto, esto es «[…] cuando se tenga certeza absoluta del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley por parte de los beneficiarios».
En su defensa, propuso las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe, sostenibilidad financiera del sistema, prescripción y la innominada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 4 de febrero de 2013, condenó a la entidad demandada en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo LA INNOMINADA COBRO DE LO NO DEBIDO, BUENA FE POR PARTE DE LA ENTIDAD DEMANDADA, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA Y LA PRESCRIPCIÓN, formuladas por la entidad demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA EN LIQUIDACIÓN, representado legalmente por el Doctor ALEJANDRO ARTURO MEJÍA AGUDELO, o por quien haga sus veces.
SEGUNDO: CONDENAR al demandado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA EN LIQUIDACIÓN, representado legalmente por el doctor ALEJANDRO ARTURO MEJÍA AGUDELO, o por quien haga sus veces, a pagar a favor de la señora ANA MARIA MOLINA VIVAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.285.843 de Yumbo Valle, la Pensión de sobrevivientes de carácter temporal a partir del 2 de enero de 2008, sin perjuicio de los incrementos anuales y de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, la cual pagará mientras la beneficiaria viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, la beneficiaria deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión de vejez, con cargo a dicha pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente el señor HAROLD MARTINEZ CAICEDO, quien se identificaba con la C.C. 2.904.045.
TERCERO: CONDENAR al demandado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA EN LIQUIDACIÓN, representado legalmente por el doctor ALEJANDRO ARTURO MEJÍA AGUDELO, o por quien haga sus veces, al pago del retroactivo de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante ANA MARIA MOLINA VIVAS, en cuantía de $350.704.082.24, suma la cual deberá ser indexada mes a mes desde su causación hasta el momento de su pago efectivo.
CUARTO: CONDENAR al demandado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA EN LIQUIDACIÓN, representado legalmente por el doctor ALEJANDRO ARTURO MEJÍA AGUDELO, o por quien haga sus veces, al pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante señora ANA MARIA MOLINA VIVAS, en cuantía mensual de $5.415.456.46 a partir del 1 de febrero de 2013, y mientras subsistan los supuestos que le dieron origen.
A partir del mes de febrero de 2013, debe cancelarse mensualmente la pensión de sobreviviente, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, sin perjuicio de los incrementos legales y para los años subsiguientes que decrete el Gobierno Nacional con base en el IPC, mientras subsista el derecho.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Tras la apelación presentada por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante providencia del 8 de marzo de 2013, confirmó en su integridad la sentencia apelada.
En sustento de su decisión, y para lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal se concentró en el análisis de la que denominó como «prueba testimonial emanada de un tercero», para referirse a las declaraciones extrajuicio rendidas por Omar Eugenio Bastidas (f.º 19), Álvaro Hernán Llanos Ospina (f.º 20), María Daicy García y Marlene Botero de Munar (f.º 14), para concluir que se logró acreditar con suficiencia, la convivencia por un período no inferior a los 5 años entre la demandante y el pensionado fallecido. Al respecto, dijo el Tribunal (minutos 9:38 a 13:55 de la grabación de la audiencia de juzgamiento) que,
[La convivencia] se demuestra con las declaraciones notariales extrajuicio de María Daicy García y Marlene Botero de Munar, quienes dicen conocer a la actora hace 23 y 24 años, respectivamente; que les consta que convivió en unión marital de hecho de manera continua y bajo el mismo techo con el causante desde el 28 de noviembre de 2002 hasta su muerte el 2 de enero de 2008 (fl. 14). Omar Eugenio Bastidas (fl. 19), Alvaro Hernán Llanos Ospina (fl. 20) quienes dicen en sus declaraciones notariales conocer a la demandante, hace 23 años, que vivió seis años con Harold Martínez Caicedo el causante compartiendo cama y lecho (sic) bajo el mismo techo de manera continua hasta el día del fallecimiento – 2 de enero de 2008 – en el apartamento que el primero les arrendó desde el 28 de noviembre de 2002 hasta el 28 de noviembre de 2005. El segundo dice que desde hace cinco años conoce a la demandante y que ella convivió seis años con el causante sin tener hijos, que vivieron en el apartamento que les arrendó desde el 29 de noviembre de 2005 hasta el 2 de enero de 2008 (fl. 20).
Declaraciones extrajuicio que el a quo no les dio ningún mérito, a las que tampoco se refirió la apelante ni las ataca durante el proceso, ni en la impugnación, pero por ser pruebas no contradichas y estar en documentos de estirpe testimonial al decir de Carnelutti “emanados de terceros de contenido declarativo” se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite la ratificación, como lo indica el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código Procesal Laboral por vía integrativa y, en conjunto con toda la prueba por las reglas del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social portan la convicción necesaria para fundar convivencia y la condena.
Acto seguido, se refirió al valor probatorio de las declaraciones, afirmando que, si el documento que la contiene no se controvirtió solicitando su ratificación, este se apreciaría como prueba.
En apoyo de su argumento, trajo a colación lo dicho en la sentencia de Casación Laboral del 2 de marzo de 2007, radicado 27593, según la cual las declaraciones extrajuicio se asumen como documentos y se valoran de ese modo, si no se pide su ratificación (min. 15:07 audiencia Tribunal).
Cerró su argumentación, en los siguientes términos:
Para la sala ofrece credibilidad tanto las pruebas notariales como la judicial, pues son declaraciones que dan razón de su dicho y atestes porque en ambos casos los declarantes (fls. 19 y 20) fueron los arrendadores de la pareja y no hay duda de que el pensionista vivía y tenía vocación de pareja con la demandante. Queda así probada la convivencia por no menos de cinco años que exige la norma que regula la situación de la actora y la versión de la actora recibida en autos no infirma la testimonial citada [Min. 17:30 a 17:43 audiencia Tribunal]
[…]
Queda demostrado, para esta instancia, la convivencia desde el 28 de noviembre del 2002 hasta el 2 de enero de 2008, superando los cinco años que exige la norma por lo que al no ser atacados dichos puntos […] como tampoco la condena, se ha de confirmar la sentencia condenatoria [min. 18:09 a 18:30 audiencia Tribunal].
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
En su demanda, el ISS estableció el alcance de su recurso, así:
Pretende el recurso extraordinario de casación, que la H. Corte Suprema de Justicia CASE el fallo impugnado, para que una vez en sede de instancia REVOQUE el del a quo y absuelva a la entidad demandada por todo concepto. Sobre costas proveerá como corresponda.
Con tal propósito, formuló un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado.
CARGO ÚNICO
Lo formuló por la vía indirecta, en los siguientes términos:
[…] se acusa la sentencia impugnada de violar, por aplicación indebida, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cual fue modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.
La violación legal anotada se originó en errores evidentes de hecho, derivados de la equivocada valoración de unas pruebas y la no apreciación de otras.
Como errores evidentes de hecho, propuso los siguientes:
No dar por demostrado, estándolo, que la señora ANA MARÍA MOLINA VIVAS no convivió por lo menos durante cinco años en calidad de compañera permanente con el fallecido HAROLD MARTÍNEZ CAICEDO.
Dar por demostrado, contra la evidencia, que la señora ANA MARÍA MOLINA VIVAS convivió con el causante por más de 5 años.
Como pruebas no apreciadas, identificó las siguientes:
1.- Interrogatorio de parte [folio 113 C.1].
2.- Formulario Único de Afiliación e Inscripción a Salud Colmena [folio 81 C. 1].
Como pruebas erróneamente apreciadas, identificó las siguientes:
1.- Testimonio de OMAR EUGENIO BASTIDAS BASTIDAS [folio 113 C.1].
2.- Declaración bajo juramento para fines extraprocesales de ALVARO HERNAN LLANOS OSPINA [folio 12 C. 1].
3.- Declaración bajo juramento para fines extraprocesales de MARIA DAICY GARCIA y MARLENE BOTERO DE MUNAR [folio 6 C. 1].
En sustento del cargo, hizo un breve resumen de lo resuelto por el Tribunal, para afirmar que tal decisión era desacertada en la medida en que en el expediente no había
[…] material probatorio suficiente y contundente para afirmar que entre la demandante y el causante ciertamente existió una convivencia real y efectiva como compañeros sentimentales, así como tampoco hay en el acervo los elementos fácticos para comprobar que la relación entre la señora ANA MARÍA MOLINA VIVAS y el fallecido MARTÍNEZ CAICEDO estuvo atada a lazos de afecto, solidaridad y apoyo mutuo en los que se enmarca una real vida en pareja.
A continuación, puso de presente que el Tribunal ignoró el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, y que tal omisión fue la que lo llevó a confirmar la sentencia apelada, ya que de haberlo apreciado, «[…] se hubiese percatado de que la actora desconocía hechos y circunstancias de su supuesto compañero permanente, las cuales en una real y efectiva convivencia son de pleno conocimiento pleno (sic) de la pareja, más aún si se trata de una convivencia de techo, lecho y mesa de más de cinco años»
Dicho esto, se detuvo en el análisis del interrogatorio, así:
Vale la pena rescatar que la señora ANA MARÍA MOLINA VIVAS afirmo en el mencionado interrogatorio que no sabia desde cuando el señor HAROLD MARTÍNEZ CAICEDO era pensionado del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, así como tampoco tenía la información precisa de cuanto devengaba por este concepto el causante y la forma exacta como el recibía la prestación.
La actora en esa misma diligencia de interrogatorio no pudo puntualizar por falta de conocimiento las direcciones exactas de los domicilios en los cuales aparentemente convivía con el fallecido, en el primero por cerca de 3 años y en el segundo por alrededor de ese mismo periodo de tiempo. Tampoco contestó por desconocimiento la pregunta formulada por el despacho acerca de la fecha del cumpleaños del de cujus, se precisa que la señora ANA MARIA MOLINA VIVAS no recordó tan siquiera el mes o el día de dicho acontecimiento.
El no conocer la accionante la información que le fue indagada por el despacho judicial resulta sorprendente, pues eran aspectos básicos y fundamentales en la vida del fallecido y en la economía del hogar, más si se considera que supuestamente compartieron una vida en común por más de 5 años de forma continua bajo un mismo techo. Al desconocerlos la petente revela que no había una comunicación fluida y serios nudos afectivos entre ellos, y por tanto una real y efectiva convivencia.
Hizo referencia a la ausencia de valoración del documento que se encuentra en el folio 81 del cuaderno 1º del expediente, que contiene el formulario de afiliación al Sistema de Salud suscrito por el señor Martínez Caicedo, en el que la demandante no aparece, y que de dicha circunstancia se infiere la inexistencia del ánimo de establecer vínculos de compromiso, solidaridad, protección y ayuda que son propios de una relación personal con vocación de permanencia amparada por la convivencia.
Partiendo del supuesto de haber demostrado mediante las pruebas calificadas el presunto error del Tribunal, hizo referencia al testimonio de Omar Eugenio Bastidas Bastidas y a las declaraciones extrajuicio, para concluir que estos medios probatorios podían ofrecer alguna información acerca de una presunta convivencia, pero no contaban con la contundencia para demostrarla. En su sentir, la valoración de estas piezas procesales era equivocada, puesto que de estas no se podía concluir categóricamente la existencia de una convivencia en los términos exigidos para hacer procedente la sustitución pensional.
Cerró su argumento manifestando que debía considerarse el hecho de que la demandante desconocía hechos cotidianos de una relación de vida en pareja, y que en consecuencia la condena impuesta a la demandada era improcedente.
RÉPLICA
La opositora puso de presente que el ataque propuesto no podía prosperar, habida cuenta de que se centró en la valoración de un medio de prueba que no es calificado en casación, como lo es la declaración o interrogatorio de parte. Resaltó que el medio de prueba calificado es la confesión y que, revisada su declaración, no existió ninguna de este tipo.
Del mismo modo, restó valor a la formulación del cargo contra la valoración del formato de afiliación al Sistema de Salud, por cuanto el reconocimiento de la sustitución no impuso como requisito este tipo de vinculación.
CONSIDERACIONES
Para analizar el cargo, es necesario establecer el problema jurídico a resolver, consistente en verificar si el Tribunal se equivocó al determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificara el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a la procedencia de la sustitución pensional, específicamente en lo que respecta a la convivencia.
Así las cosas, debe decirse que la modalidad de impugnación en casación de lo resuelto por el Tribunal corresponde a la aplicación indebida, puesto que la norma aplicable era el citado artículo 13 de la Ley 797 de 2003; la proposición del cargo y su desarrollo son coherentes con la vía propuesta, al censurar el modo cómo el Tribunal formó su convencimiento y sustentó su decisión a partir del análisis del acervo probatorio incorporado al proceso, concretamente en cuanto tiene que ver con la valoración del interrogatorio de parte absuelto por la demandante.
En ese sentido, es conveniente precisar que, tal como lo ha establecido esta Corte, el interrogatorio de parte en sí mismo no es un medio de prueba hábil en la casación laboral, a menos que contenga una confesión. Sobre el particular, en sentencias CSJ SL2531-2019, CSJ SL2376-2019, CSJ SL1602-2019, CSJ SL1769-2019, CSJ SL1250-2019, CSJ SL1230-2019 y CSJ SL1284-2019 se ha afirmado esta doctrina. En la sentencia CSJ SL2367-2019 ya referida se dijo lo siguiente:
[…] esta prueba no puede tenerse por calificada en casación, pues tiene dicho la jurisprudencia que esa connotación únicamente se predica cuando de ella se deriva confesión en los términos del artículo 195 del CPC, aplicable a los autos por autorización expresa del precepto 145 del CPTSS, la cual ocurre cuando las declaraciones reportan consecuencias jurídicas a quien las hace o favorecen a la parte contraria.
La inconformidad de la recurrente con la sentencia impugnada se concentra, fundamentalmente, en la conducta del Tribunal respecto de la valoración del interrogatorio de parte absuelto por Ana María Molina Vivas, en la medida en que por su conducto se obtuvo una confesión provocada. Y analizado este medio de prueba invocado, se arriba a la conclusión de que, en efecto, el Tribunal incurrió en el error indicado por la recurrente, siendo el cargo procedente lo que conlleva a la casación de la sentencia impugnada.
La decisión se sustenta en las consideraciones que se exponen a continuación.
1. Acerca de la confesión como medio de prueba
La confesión, como medio de prueba, consiste en la declaración libre, que hace una persona respecto de hechos que le son propios, o que son de su conocimiento, que una vez efectuada, surte efectos adversos para el declarante, o favorables para su contraparte.
Así pues, se tiene que la confesión es una declaración, esto es, una manifestación que hace una persona respecto de unas circunstancias, y tal puede implicar la puesta en conocimiento de hechos que sean relevantes en el escenario judicial, en tanto conducentes, pertinentes y congruentes con el objeto del litigio y con la relación jurídica que subyace al proceso. En este sentido, es importante recalcar que, en tanto, declaración, la confesión no se circunscribe exclusivamente al ámbito de la aceptación de unos hechos perjudiciales para los intereses del deponente o beneficiosos para la contraparte, sino que implica la puesta en conocimiento de circunstancias de tiempo, modo y lugar, relevantes para el proceso, y que tengan vocación de afectar al declarante, como ya se dijo.
Así lo ha entendido esta Corte, cuando en sentencia CSJ SL1826-19 dispuso que,
[…] merece la pena aclara que el interrogatorio de parte es una prueba hábil en casación pero únicamente si contiene confesión judicial (CSJ SL10880-2017; CSJ SL10756-2017; CSJ SL, 30 octubre 2012, radicado 39668; CSJ SL, 29 julio 2008, radicado32044), y ésta, a su vez, consiste en las declaraciones realizadas por una parte que le genera efectos adversos o favorecen a la contraparte» (negrilla fuera de texto).
Ahora bien, esta declaración puede ser provocada o espontánea, siendo la primera aquella obtenida como resultado del interrogatorio de parte, y la segunda la contenida en otro medio de prueba o pieza procesal.
2. El contenido material del medio de prueba, en el caso en concreto
La recurrente propuso como prueba no apreciada el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, en diligencia llevada a cabo el 4 de febrero de 2013 (min. 2:23 a 15:07 de la audiencia de pruebas y juzgamiento). Por tratarse del medio de prueba de cuya valoración depende la prosperidad del recurso, se transcribe en su integridad, a continuación:
Min. 2:56 APODERADA DEMANDANTE [AD]: Señora Ana María Molina Vivas, sírvase manifestar al despacho qué edad tiene usted.
Min. 3:04 ANA MARIA MOLINA VIVAS [AM]: Veintisiete.
Min. 3:06 AD: Manifiéstele al Despacho cuanto fue el tiempo de convivencia con el señor HAROLD MARTINEZ CAICEDO [HMC]
Min. 3:14: AM: Cinco años conviví con él.
Min. 3:25 AD: ¿Procrearon hijos?
Min. 3:27 AM: No.
Min. 4:17 Juzgado [J]: Señora AM, dígale al despacho dónde conoció usted al señor HMC.
Min. 4:22 AM: Yo lo conocí por la tercera norte, yo vendía dulces, galletas, un paquete así de frito lay, puerta a puerta, y el iba en el carro, me pitó, ehh, nos relacionamos, y lo conocí, me dio la tarjeta y lo llamé y empezamos a salir. Eso fue en el 2000, yo tenía quince años y de ahí tuvimos una relación, primero una amistad y empezamos a salir como más o memos a los seis meses. Empezamos a tener una relación más allá de la amistad
Min. 5:15 J: Preguntado: dígale al despacho a que se dedicaba en vida el señor HMC
Min. 5:22 AM: Era gerente administrativo de azúcar ingenio.
Min. 5:35 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento, la fecha desde que era pensionado el señor HMC.
Min. 5:45 AM: No
Min. 5:57 J: Preguntado: dígale al despacho, durante el tiempo que usted convivió con el señor HMC ¿dónde cobraba él su pensión?
Min. 6:10 AM: Ehhh, por ba… ehh por cheque – J: ¿pero en dónde? – AM: ¿Qué dónde lo cobraba? – J: si, ¿el cheque de dónde venia? – AM: …del seguro social llegaba un …le llegaba un formato – J: Si – AM: y en la oficina él todo lo de movimientos bancarios y todo eso poco me incluía él en eso para no hacer entender ni a la familia ni a nadie que yo estaba con él, con interés, con el carro.
Min. 6:42 J: Preguntado: ¿sabe usted cuánto devengaba él como pensión?
Min. 6:45 AM: Mmmm en ese tiempo yo… (no se entiende).
Min. 6:56 J: Preguntado: dígale al despacho si usted sabe el nombre completo de pila del señor HMC.
Min. 7:04 AM: Harold Martínez Caicedo – J: ¿No tenia otro nombre? – AM: No.
Min. 7:12 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento adicionalmente el señor haber sido gerente administrativo de azúcar el ingenio, ¿si el señor HMC laboró en alguna dependencia del Municipio?
Min. 7:30 AM: No (murmullo) – J: ¿No sabe, o no laboró? – AM: No laboró! – J: ¿Usted sabe si alguna vez laboro en alguna entidad pública? – AM: Él era abogado tenido, ejercía derecho. – J: ¿pero él laboró en alguna entidad pública? – AM: Independiente.
Min. 7:47 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento si el señor HMC pertenecía a alguna cooperativa.
Min. 7:57 AM: …Mmm no. – J: ¿no sabe o no pertenecía? – AM: (guarda silencio).
Min. 8:04 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento que el señor HMC alguna vez laboró en un banco.
Min. 8:12 AM: Mmm No.- J:¿laboró o no sabe? – AM: No sé.
Min. 8:19 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento si el señor HMC alguna vez laboró en Puertos de Colombia.
Min. 8:28 AM: No sé.
Min. 8:32 J: Dentro del expediente la parte demandada manifiesta que usted no se hizo presente en la diligencia administrativa adelantada en el seguro social ¿por qué no fue a la diligencia administrativa?
Min. 8:47: Nunca fui notificada y… leí en alguna parte pero (no se entiende).
Min. 8:55 J: Preguntado: dígale al despacho ¿en qué lugar convivía usted con el señor HMC?
Min. 9:04 AM: En el barrio El Diamante. – J: ¿qué dirección? – AM: Carrera 39… Carrera 30 con 39 – 01, es que no tengo claro. No sé si se me… la dirección exacta no me acuerdo.- J: ¿siempre convivieron en el mismo sitio? – AM: No. – J: ¿dónde más convivían? – AM: Mmm en el barrio por la carrilera, por el seguro social, detrás de las oficinas del seguro social. – J: ¿qué dirección era? – AM: no lo tengo tan… no me acuerdo. – J: ¿entre qué fechas vivieron en la Carrera 30 con 39 y en que fechas vivieron por los lados del seguro social? – AM: Viví del 2002 el 28 al 2005 y después me pasé a vivir atrás del seguro social el 29 de noviembre del 2005 al… ahí convivimos como cuatro años. La fecha exacta no la tengo presente.
Min. 10:09 J: Preguntado: dígale al despacho ¿por qué usted recuerda con tanta precisión las fechas a las cuales acaba de hacer alusión?
Min. 10:18 AM: Porque son las fechas de contratos verbales. Siempre fuimos muy exactos en corresponder a la persona que nos alquilaba y las fechas y pagar y debíamos también desocupar en las fechas del contrato verbal.
Min. 10:34 J: Preguntado: dígale al despacho antes de convivir con usted el señor HMC ¿Dónde vivía él?
Min. 10:46 AM: En el ingenio. No… eso es… mmm… en las oficinas del ingenio!
Min. 11:04 J: Preguntado: dígale al despacho si usted recuerda la fecha en la que cumplía años el señor HMC.
Min. 11:11 AM: No (murmullo).
Min. 11:12 J: Preguntado: dígale al despacho si usted conoce a las señoras Maria Daicy García y Marlene Botero de Munar.
Min. 11:23 AM: Si señor – J: ¿Quiénes son? – AM: Son conocidas de familia allegadas. J: ¿y desde cuándo las conoció usted? – AM: Toda la vida.
Min. 11:41 J: Preguntado: dígale al despacho en qué fecha falleció el señor HMC.
Min. 11:53 AM: El 2 de enero. – J: ¿de qué año? – AM: del 2000… (murmullo) …no lo tengo presente.
Min. 12:13 J: Preguntado: dígale al despacho si usted conoce al señor Omar Eugenio Bastidas y al señor Álvaro Hernán Llanos.
Min. 12:20 AM: Si señor. – J: ¿Quiénes son? – AM: ¿Fueron los dos coarrendatarios? Las personas que alquilaron la vivienda.
Min. 11:41 J: Preguntado: dígale al despacho con precisión desde qué fecha convivió usted con el señor HMC.
Min. 12:40 AM: Desde el 2002. – J: ¿Qué fecha? – AM: Eh, mmm exactamente cuando alquilé el apartamento de El Diamante… del 2002 al 2000… - J: ¿qué fecha era cuando iniciaron a convivir juntos? – AM: En 2002, el 28 de noviembre…
Min. 13:05 J: Preguntado: dígale al despacho que edad tenía usted cuando comenzó la convivencia con el señor HMC.
Min. 13:15 AM: Diecisiete.
Min. 13:33 J: Preguntado: dígale al despacho, teniendo en cuenta su respuesta anterior, cuando usted se juntó a vivir con él, ¿él ya estaba pensionado o todavía estaba trabajando?
Min. 13:46 AM: Ya era pensionado, pero igual trabajaba. – J: ¿ya era pensionado e igual trabajaba? – AM: Si. – J: Explíquele al despacho. – AM: Él trabajaba ahí como gerente administrativo del ingenio pichichi, del azúcar el man (…). – J:¿y ya era pensionado de dónde? – AM: Él era pensionado del seguro social y también tenía pensión del Banco Popular.
Min. 14:16 J: Preguntado: dígale al despacho, si en vida el señor HMC tomaba algún medicamento.
Min. 14:24 AM: Si. – J: ¿qué medicamento? – AM: Tomaba para la presión, para el azúcar, y no… Tomaba una serie de medicamento aproximadamente tres medicamentos diferentes.
Min. 14:46 J: Preguntado: dígale al despacho de qué falleció el señor HMC.
Min. 14:52 AM: Le dio un paro respiratorio. – J: ¿Dónde falleció? – AM: En la clínica viedi…
Min. 15:07 J: Hasta aquí el interrogatorio de parte.
A partir de esta transcripción del interrogatorio absuelto por la demandante, se encuentra que, conforme con los requisitos exigidos por el artículo 195 Código de Procedimiento Civil, Ana María Molina Vivas manifestó, en la modalidad de confesión provocada, en la medida en que con su declaración provocada puso de manifiesto que no convivió con Harold Martínez cuando, al responder a las preguntas formuladas por el Juzgado referidas a asuntos propios de la relación cotidiana de una pareja que ha establecido una comunidad de vida con vocación de permanencia, ligada por lazos de apoyo y afecto mutuos, responde negando, como quedó demostrado con las respuestas a las preguntas que se relacionan a continuación:
[…]
Min. 5:35 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento, la fecha desde que era pensionado el señor HMC.
Min. 5:45 AM: No.
[…]
Min. 6:42 J: Preguntado: ¿sabe usted cuánto devengaba él como pensión?
Min. 6:45 AM: Mmmm en ese tiempo yo… (no se entiende).
Min. 6:56 J: Preguntado: dígale al despacho si usted sabe el nombre completo de pila del señor HMC.
Min. 7:04 AM: Harold Martínez Caicedo – J: ¿No tenia otro nombre? – AM: No.
Min. 7:12 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento adicionalmente el señor haber sido gerente administrativo de azúcar el ingenio, ¿si el señor HMC laboró en alguna dependencia del Municipio?
Min. 7:30 AM: No (murmullo) – J: ¿No sabe, o no laboró? – AM: No laboró! – J: ¿Usted sabe si alguna vez laboro en alguna entidad pública? – AM: Él era abogado tenido, ejercía derecho. – J: ¿pero él laboró en alguna entidad pública? – AM: Independiente.
Min. 7:47 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento si el señor HMC pertenecía a alguna cooperativa.
Min. 7:57 AM: …Mmm no. – J: ¿no sabe o no pertenecía? – AM: (guarda silencio).
Min. 8:04 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento que el señor HMC alguna vez laboró en un banco.
Min. 8:12 AM: Mmm No.- J:¿laboró o no sabe? – AM: No sé.
Min. 8:19 J: Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento si el señor HMC alguna vez laboró en Puertos de Colombia.
Min. 8:28 AM: No sé.
Min. 8:55 J: Preguntado: dígale al despacho ¿en qué lugar convivía usted con el señor HMC?
Min. 9:04 AM: En el barrio El Diamante. – J: ¿qué dirección? – AM: Carrera 39… Carrera 30 con 39 – 01, es que no tengo claro. No sé si se me… la dirección exacta no me acuerdo.- J: ¿siempre convivieron en el mismo sitio? – AM: No. – J: ¿dónde más convivían? – AM: Mmm en el barrio por la carrilera, por el seguro social, detrás de las oficinas del seguro social. – J: ¿qué dirección era? – AM: no lo tengo tan… no me acuerdo. – J: ¿entre qué fechas vivieron en la Carrera 30 con 39 y en que fechas vivieron por los lados del seguro social? – AM: Viví del 2002 el 28 al 2005 y después me pasé a vivir atrás del seguro social el 29 de noviembre del 2005 al… ahí convivimos como cuatro años. La fecha exacta no la tengo presente.
[…]
Min. 10:34 J: Preguntado: dígale al despacho antes de convivir con usted el señor HMC ¿Dónde vivía él?
Min. 10:46 AM: En el ingenio. No… eso es… mmm… en las oficinas del ingenio!
Min. 11:04 J: Preguntado: dígale al despacho si usted recuerda la fecha en la que cumplía años el señor HMC.
Min. 11:11 AM: No (murmullo).
[…]
Min. 11:41 J: Preguntado: dígale al despacho en qué fecha falleció el señor HMC.
Min. 11:53 AM: El 2 de enero. – J: ¿de qué año? – AM: del 2000… (murmullo) …no lo tengo presente.
Es evidente que Ana María Molina Vivas no convivía con Harold Martínez Caicedo, puesto que, al ser interrogada acerca de la inasistencia a la diligencia administrativa propia del trámite de reconocimiento de la sustitución pensional, contestó que,
Min. 8:47: Nunca fui notificada y… leí en alguna parte pero (no se entiende).
Llama la atención el hecho de que, al ser preguntada por la vivienda que ocupaba con el pensionado fallecido, la deponente se expresó en primera persona, así:
Min. 8:55 J: Preguntado: dígale al despacho ¿en qué lugar convivía usted con el señor HMC?
Min. 9:04 AM: En el barrio El Diamante. – J: ¿qué dirección? – AM: Carrera 39… Carrera 30 con 39 – 01, es que no tengo claro. No sé si se me… la dirección exacta no me acuerdo.- J: ¿siempre convivieron en el mismo sitio? – AM: No. – J: ¿dónde más convivían? – AM: Mmm en el barrio por la carrilera, por el seguro social, detrás de las oficinas del seguro social. – J: ¿qué dirección era? – AM: no lo tengo tan… no me acuerdo. – J: ¿entre qué fechas vivieron en la Carrera 30 con 39 y en que fechas vivieron por los lados del seguro social? – AM: Viví del 2002 el 28 al 2005 y después me pasé a vivir atrás del seguro social el 29 de noviembre del 2005 al… ahí convivimos como cuatro años. La fecha exacta no la tengo presente.
Y aún es más llamativo el hecho de que no supo dar fe de momentos hito de su presunta relación con el pensionado fallecido, como lo son el momento en el que inició su convivencia y la fecha del fallecimiento de su presunto compañero, cuando contestó:
Min. 11:41 J: Preguntado: dígale al despacho con precisión desde qué fecha convivió usted con el señor HMC.
Min. 12:40 AM: Desde el 2002. – J: ¿Qué fecha? – AM: Eh, mmm exactamente cuando alquilé el apartamento de El Diamante… del 2002 al 2000… - J: ¿qué fecha era cuando iniciaron a convivir juntos? – AM: En 2002, el 28 de noviembre…
[…]
Min. 11:41 J: Preguntado: dígale al despacho en qué fecha falleció el señor HMC.
Min. 11:53 AM: El 2 de enero. – J: ¿de qué año? – AM: del 2000… (murmullo) …no lo tengo presente.
3. La confesión derivada del interrogatorio absuelto por la demandante
No hay duda en que, de conformidad con lo previsto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, la prueba calificada en casación para denunciar un error de hecho es la confesión, y no el interrogatorio de parte; así las cosas, corresponde entonces determinar si en el interrogatorio de parte absuelto por Ana María Molina Vivas hay una confesión que pueda ser valorada y resulte apta en la sede extraordinaria.
El artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, vigente al momento del trámite del proceso, establece los requisitos de la confesión, como medio de prueba, así:
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.
Analizada de manera integral la declaración de parte, se observa que existe una confesión de la demandante, cuando señala que no convivió con Harold Martínez pues, como se afirmó anteriormente, al responder a la preguntas formuladas por el Juzgado referidas a asuntos propios de la vida cotidiana de una pareja, lo hace negándolas o con evasivas, tal y como quedó demostrado con las respuestas a las preguntas que tienen que ver con la fecha de cumpleaños del causante, cuándo fue pensionado, el monto de la misma, los otros trabajos que este realizó, su pertenencia a una cooperativa, las imprecisiones y dudas respecto del domicilio previo del causante y como pareja, y más aun la fecha de la muerte del señor Martínez Caicedo.
Estas manifestaciones, recaen sobre un hecho –la convivencia–, que no exige una prueba solemne, fueron espontáneas y libres, abordaron hechos personales de la deponente –como lo fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su presunta relación con el pensionado fallecido, y desde luego, le producen un efecto adverso a sus intereses, pues demuestran, mas allá de la duda razonable, el hecho principal del proceso, es decir la falta de una verdadera convivencia y el desarrollo de un proyecto de vida de la pareja.
4. Conclusión
Conforme con lo anterior, se verifica el acierto de la censura al denunciar la falta de apreciación del interrogatorio de parte absuelto por la demandante, en tanto el Tribunal simplemente ignoró la confesión contenida en el interrogatorio del parte.
En el evento en el que el Tribunal hubiese apreciado la prueba referida, su decisión habría sido la de revocar la sentencia apelada; sin embargo, tal como lo expone en su argumentación, consideró que las declaraciones extrajuicio que con tanto detalle refirió eran suficientes para formar su convencimiento al amparo del precepto contenido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y es ahí donde se materializa el error del ad quem.
Al punto, es oportuno poner de presente que el mandato del artículo 61 del estatuto procesal laboral no es patente de corso para separarse de la observancia de los principios de la necesidad de la prueba –artículo 174 Código de Procedimiento Civil– y de unidad de la prueba –artículo 187 Código de Procedimiento Civil-, ni mucho menos para separarse de la dinámica operativa del régimen jurídico que aplica y que, le impone un estándar probatorio que debe observar.
En la motivación de la sentencia impugnada es claro el error del Tribunal en el momento de fundamentar su decisión, toda vez que tomó partido por unas pruebas –las declaraciones extrajuicio-, llevando a cabo un esfuerzo argumentativo para prescindir de otros medios de prueba legal y oportunamente aportados al expediente, y que de haber sido valorados, lo habrían llevado a la decisión contraria a la que adoptó.
Respecto de las pruebas que se denuncian como mal apreciadas, sólo habrá de decirse que, respecto de su valoración es procedente lo dicho por la recurrente: a partir de las declaraciones extrajuicio referidas era imposible demostrar el factum de la convivencia que, como requisito, se exige para hacer procedente la sustitución pensional.
Ahora bien, llama la atención el hecho de que el Tribunal, incurrió en un esfuerzo argumentativo para defender la idoneidad de las declaraciones extrajuicio de Omar Eugenio Bastidas Bastidas, Álvaro Hernán Llanos Ospina, María Daicy García y Marlene Botero de Munar, las cuales, valoradas conforme con las reglas de la sana crítica, y en observancia del principio de unidad de la prueba, sólo se refieren a lugares comunes y a abstracciones, para satisfacer formalmente el requisito de la convivencia en cuanto a su existencia y su temporalidad.
Particularmente todos los declarantes vía extrajuicio coinciden en afirmar que les constaba la presunta convivencia, pero ninguno hizo referencia al Harold Martínez Caicedo, lo que indica la ausencia del pensionado en el relato de la vida cotidiana de la demandante pues cuando se trata de dar fe de la existencia de una pareja, quien hace la manifestación se refiere a los dos miembros de esta, y no a uno solo de ellos.
En adición a lo anterior, es palmaria la contradicción de las declaraciones de terceros que el Tribunal utilizó, puesto que mientras que Ana María Molina Vivas manifestó que convivio con el pensionado causante durante «cinco años» (respuesta a la pregunta formulada por el juzgado, min. 3:14 de la audiencia de práctica de pruebas y juzgamiento), Omar Eugenio Bastidas Bastidas manifestó que le constaba que la presunta pareja convivió por un lapso de seis años, (f.º 19 del cuaderno 1) y así lo resaltó el Tribunal. También llama la atención, el hecho de que todos los declarantes extrajuicio acertaron en identificar los extremos temporales de la presunta convivencia –del 28 de noviembre de 2002 al 2 de enero de 2008, para un total de cinco años, un mes y cuatro días–, mientras que la presunta compañera permanente del causante no fue capaz de tal asertividad, y al ser interrogada sobre el particular, contestó diciendo que «[…] no lo tenía presente».
Ante la existencia de un error del Tribunal por las razones anotadas, el cargo prospera.
Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad del cargo presentado.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Constituida la Sala en sede de instancia, son procedentes las siguientes consideraciones, en concordancia con lo dicho para casar la sentencia recurrida.
1. La convivencia como requisito para la sustitución pensional
El presente litigio se centró en determinar si la demandante satisfacía el requisito de la convivencia con Harold Martínez Caicedo, por un lapso no inferior a 5 años, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, a efectos de consolidar el derecho para optar por la sustitución pensional.
Acerca de la convivencia, esta Corte ha establecido que tiene lugar cuando entre las personas en relación -el pensionado fallecido y la supérstite-, existió en vida un «[…] vínculo dinámico y actuante de solidaridad y acompañamiento espiritual y económico» (CSJ SL, 10 mayo 2005, radicación 24445), sustentado en «[…] lazos afectivos, morales, de socorro y ayuda mutua» (CSJ SL 1576 -19).
La Corte, en sentencia CSJ SL1576–2019, dejó sentado que «[…] la legislación y la jurisprudencia acogen el criterio material de convivencia efectiva como elemento fundamental para determinar quienes tienen la calidad de beneficiarios», basada en «[…] muestras reales y efectivas de la continuación de la vida común».
2. El mínimo probatorio en materia de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Sistema de Seguridad Social
En el asunto que se estudia, la controversia se centró en un asunto específico, como lo es la formación del convencimiento del Tribunal, respecto de la acreditación del requisito de convivencia, si se cumplió con la función cognoscitiva de formar la convicción judicial de tal modo que no hubiera lugar a dudas razonables acerca de la verosimilitud de los supuestos que conforman el requisito en cuestión.
Para dar respuesta al interrogante, es necesario establecer el estándar probatorio aplicable al caso entendido como el nivel mínimo de convencimiento judicial, derivado de la valoración de las pruebas, que sirva para acreditar un hecho y tenerlo por cierto en un proceso judicial, para tomar una decisión respecto de las pretensiones o de las excepciones debatidas en el proceso. Así pues, en un proceso judicial, el juez formará su convencimiento al punto de encontrar demostrado el hecho en función de la disposición jurídica de la cual se derivarán los efectos.
En el presente caso, la situación jurídica que subyace al proceso, como lo es el reconocimiento de una sustitución pensional, está regida por las disposiciones positivas que constituyen el sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuya dinámica normativa es la de la causación objetiva, habida cuenta de que las prestaciones que reconoce, está condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos. Es así como las prestaciones económicas, siendo la pensión una de ellas, y la sustitución pensional una especie de aquella, sólo se causarán en la medida en que el beneficiario demuestre el cumplimiento cabal de los requisitos exigidos por la normatividad para tal efecto.
Así las cosas, en asuntos relacionados con la solicitud del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de Seguridad Social en Pensiones, como es el caso, se requerirá la satisfacción de la prueba necesaria, siendo tal aquella de cuya demostración depende la causación del efecto jurídico pretendido, de modo tal que, de no darse, no es posible la consolidación del derecho subjetivo reclamado.
Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional, el demandante deberá demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
Corolario de lo anterior, si el demandante no satisface la carga que le fija el estándar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal será la negación de la pretensión, en tanto el requisito exigido para su procedencia no se cumplió.
Del mismo modo, el juez deberá absolver en el evento en el que los medios de prueba obrantes en el expediente, valorados conforme con las reglas de la sana crítica y con observancia de los principios de unidad y comunidad de la prueba, demuestren que no se satisfizo el requisito exigido para la causación de la prestación.
Aunado a lo anterior, y en adición a las consideraciones que sirvieron de base para casar la sentencia impugnada en la forma como quedó dicho, se determina el fundamento de la decisión que en instancia corresponde, por medio de la cual se revocará en su totalidad la sentencia de primera instancia, para absolver a Colpensiones, como sustituto procesal del Instituto de Seguros Sociales, de las pretensiones de la demanda, toda vez que, como se puso de presente, la demandante no acreditó el requisito de convivencia exigido por el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para obtener el reconocimiento pensional demandando.
Costas en la primera instancia a cargo de la demandante y sin costas en la alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el ocho (8) de marzo de dos mil trece (2013), por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por ANA MARÍA MOLINA VIVAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.
Sin costas en casación.
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR en su integridad la sentencia proferida el 4 de febrero de 2013 por el Juzgado octavo Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar, ABSOLVER al Instituto de Seguros Sociales, representado por Colpensiones, de la totalidad de pretensiones formuladas en la demanda.
SEGUNDO: Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL3124-2019 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.