Ficha de la providencia
Sentencia SL3171-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3171-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3171-2023
Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez
8 de noviembre de 2023
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SL3171-2023
Radicación n.° 93306
Acta 42
Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación que MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ interpuso contra la sentencia que la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 28 de junio de 2021, en el proceso ordinario laboral que la recurrente promueve contra PORVENIR S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., trámite al cual fue vinculado en calidad de litisconsorte necesario ANGILBERTO URREGO ORTIZ.
ANTECEDENTES
La citada demandante solicitó que se condenara a Porvenir S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su hijo José Gilberto Urrego Núñez, con el pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios y la indexación.
En respaldo de sus pretensiones refirió que: su hijo José Gilberto Urrego Núñez falleció el 23 de octubre de 2013; era soltero y no tuvo hijos; vivió con la demandante y sus dos hermanos en un inmueble arrendado; aportaba el dinero para el pago de los servicios públicos del hogar y velaba por la atención de las necesidades básicas de su madre en materia de alimentación, vestuario y medicinas, al igual que contribuía a la manutención de sus hermanos menores de edad.
Relató que no tiene un trabajo estable ni es beneficiaria de una pensión; que por las circunstancias anteriores dependía económicamente de su hijo José Gilberto Urrego Núñez; que reclamó a Porvenir S.A. el pago de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, esta administradora rechazó su solicitud con el argumento de que no dependía económicamente de él (f.º 61 a 75).
Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda. De sus hechos, aceptó la fecha de fallecimiento de Urrego Núñez y que le negó a la demandante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; respecto a los demás supuestos fácticos, manifestó que no le constaban o que no eran ciertos.
En su defensa, argumentó que de acuerdo con el informe de la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., la demandante no dependía económicamente de su hijo, ya que laboraba en casas de familia, percibía un auxilio estatal por su menor hijo y al sostenimiento del hogar también contribuía su pareja; además, indicó que en la casa vivían otras personas que aportaban a los gastos del hogar.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, incumplimiento de los requisitos pensionales, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y compensación. Además, solicitó la integración del litisconsorcio necesario con Angilberto Urrego Ortiz, en calidad de padre del afiliado fallecido, y llamó en garantía Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (f.º 118 a 131).
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A pidió que se declararan infundadas las peticiones de la demanda. En cuanto a los hechos en que se fundamenta, admitió que Porvenir S.A. le negó la pensión de sobrevivientes a la demandante; y respecto a los demás supuestos fácticos, manifestó que no le constaban o que no eran ciertos.
En su defensa, argumentó que la demandante no dependía económicamente de su hijo fallecido, puesto que percibía ingresos por su actividad como empleada en casas de familia, convivía en unión libre por aproximadamente 20 años con el señor José Rodolfo Huertas González, recibía un auxilio estatal de aproximadamente $300.000 por su hijo José Rodolfo Huertas Nuñez y el causante no la registró como beneficiaria en su EPS.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, incumplimiento de requisitos para acceder a la pensión, buena fe, mala fe de la demandante, ausencia de la obligación de pagar intereses de mora y la indexación, compensación, prescripción y «la genérica».
Por último, respecto al llamamiento en garantía realizado por Porvenir S.A., se opuso y formuló las excepciones de falta de cobertura en razón a que los hechos materia de litigio no están amparados por la póliza previsional de invalidez y sobrevivientes, ausencia de solidaridad, ausencia de cobertura para otras sumas diferentes a la pensión, aplicación del límite asegurado y del deducible pactado en la póliza, «otras exclusiones y garantías pactadas en la póliza», prescripción, compensación y nulidad relativa y «la genérica» (f.º 257 a 286, 376 a 381).
Al litisconsorte Angilberto Urrego Ortiz se le tuvo por no contestada la demanda (f.º 215).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 18 de febrero de 2019, condenó a Porvenir S.A. al pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 23 de octubre de 2013, con los reajustes legales y adicionales causados; ordenó a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. a cubrir la suma adicional que haga falta para el reconocimiento de la pensión y a Porvenir S.A. a indexar las sumas adeudadas; por último, declaró no probada la excepción de prescripción y condenó en costas a la administradora de fondos de pensiones (f.º 433).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y Porvenir S.A., la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 28 de junio de 2021, revocó el fallo de primera instancia y absolvió a las accionadas de las pretensiones de la demanda.
El Tribunal se fijó como problema jurídico el de determinar si la demandante demostró el requisito de la dependencia económica respecto de su hijo José Gilberto Urrego Núñez.
De manera preliminar al análisis probatorio, citó el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, según el cual son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes «a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este […]».
De esta forma, comenzó por señalar que el juez cometió una imprecisión al afirmar que la demandante fue inducida en error al suscribir el cuestionario de la aseguradora, pues «no existe una sola prueba» que así lo demuestre; al contrario, el asesor de Mapfre fue claro en manifestar que diligenció el formato a solicitud de Núñez López, quien le iba suministrando al asesor la información correspondiente, «pues no de otra forma puede explicarse que se consigne una información tan pormenorizada y exclusiva de la vida privada de la demandante y su familia». Agregó que el señor Angilberto Urrego Ortiz, padre del afiliado fallecido, estuvo presente en esa diligencia y, sin embargo, al dar su declaración en la etapa probatoria, nada refirió sobre el supuesto engaño.
Aseveró que, si en realidad la demandante consideraba que fue sometida a engaño o fuerza para consignar datos inexactos, lo pertinente era proponer la tacha de falsedad o desconocer el documento, de conformidad con los artículos 271 y 272 del Código General del Proceso.
En cuanto a las declaraciones de Aminta Buendía Culma, Fanny Oviedo Orjuela y Leonel Buitrago Casas, indicó que «no pueden tenerse en cuenta» por tratarse de testigos de oídas y además por haber incurrido dichos declarantes en «un sinnúmero de contradicciones que impiden otorgarles valor probatorio alguno».
En este panorama, refirió que «la única prueba con la que cuenta la Sala es la investigación adelantada por Mapfre (folios 331 a 345)» en la que la demandante informó que: para la fecha de fallecimiento de su hijo, éste vivía con ella y sus hermanos, con José Rodolfo Huertas Núñez (compañero permanente), Ana Mercedes Huertas González (cuñada) y Oscar Bolívar; que cuenta con «un salario de $700.000» (sic); que los gastos mensuales del grupo familiar ascendían a $2.006.000; que el aporte del causante solo iba destinado a sus gastos propios; que a los gastos del hogar contribuían la demandante con $400.000, José Rodolfo Huertas Núñez con $400.000, Ana Mercedes Huertas González con $400.000 y el señor Oscar Bolívar con $400.000; que desde el fallecimiento de su hijo percibe «una suma mensual de $560.000» (sic) por trabajos en casas de familia y $300.000 de auxilio estatal por su hijo José Rodolfo Huertas Núñez; que vive en unión libre con José Rodolfo Huertas González desde aproximadamente 20 años y que el aporte de su hijo lo destinaba al pago de alimentos y servicios.
Por lo anterior, concluyó que Núñez López no dependía económicamente de su hijo, pues éste solo contribuía a una parte de los gastos globales del hogar; además, la demandante tenía ingresos propios y convivía con José Rodolfo Huertas González, quien también ayudaba al sostenimiento de la casa.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
La recurrente pretende que la Corte case el fallo impugnado y en sede de instancia confirme la sentencia del a quo.
Con tal propósito formula dos cargos, que fueron objeto de réplica por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y Porvenir S.A.
CARGO PRIMERO
Por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, le atribuye a la sentencia impugnada la violación del literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 42, 48 y 53 de la Constitución Política, 3, 10, 46, 50 y 141 de la Ley 100 de 1993, 2 y 12 de la Ley 797 de 2003.
A criterio del recurrente, el Tribunal interpretó equivocadamente el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues a partir de la sentencia C-111 de 2006 de la Corte Constitucional no es necesario acreditar una dependencia económica total y absoluta.
Asegura que la dependencia económica no es incompatible con la circunstancia de que otros miembros de la familia contribuyan a los gastos del hogar, ni tampoco es pertinente individualizar los aportes de cada uno «como si se tratara de una empresa o actividad comercial o mercantil».
Indica que la interpretación literal del citado precepto conlleva «una interpretación restrictiva relacionada con la dependencia económica importante y significativa dentro del contexto de la familia de clase media en Colombia, sin ningún tipo de requisitos adicionales en relación con (i) el estado civil de la madre con dependencia económica, (ii) hermanos extramatrimoniales del causante en su condición de afiliado al sistema».
Refiere que la existencia de otros ingresos en el hogar e incluso el hecho de que algunos miembros de la familia perciban un salario o posean un inmueble, no eclipsa la relevancia de la contribución del causante para la atención de las necesidades básicas de los padres, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación en sentencias SL989-2022, SL440-2022, SL1604-2022, entre otras.
RÉPLICA
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. solicita que se declare infundado el cargo. Al respecto, afirma que el Tribunal en ningún momento exigió que la dependencia económica fuese total o absoluta; antes bien, absolvió de las peticiones de la demanda porque la demandante no demostró que la contribución de su hijo Urrego Núñez fuese importante o significativa para respaldar los gastos familiares.
Porvenir S.A. presenta una réplica común a ambos cargos. Con este propósito, argumenta que el Tribunal atendió los argumentos esgrimidos en la sentencia C-111 de 2006 de la Corte Constitucional, al no hallar probado que la ayuda económica del afiliado fallecido fuese determinante para el sostenimiento del hogar.
Por otra parte, plantea que la carga de la prueba de la dependencia económica de los padres respecto de su hijo fallecido la tienen los primeros, de modo que no es correcto trasladarle a la administradora la carga de acreditar que la demandante era independiente económicamente.
CONSIDERACIONES
Le corresponde a la Corte definir si el Tribunal interpretó de forma equivocada el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1994, pues a juicio del recurrente exigió a la demandante acreditar una dependencia total y absoluta.
A criterio de la Corte, en ningún pasaje de la sentencia el Tribunal requirió la prueba de una dependencia económica de esas características.
Ahora, si bien el juez plural desde un punto de vista jurídico se limitó a citar el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1994 sin referirse explícitamente al concepto de dependencia económica, ello no significa que al analizar las pruebas lo hiciera con el ánimo de buscar en ellas la demostración de una dependencia económica total y absoluta.
Nótese que los principales fundamentos de la decisión fueron fácticos y de ellos se extrae que para el Tribunal la demandante no demostró que los aportes de su hijo fueran relevantes, pues una parte de esas contribuciones estaban destinadas a sus gastos propios y otra parte de ellas -$400.000- no tenían un peso significativo en los gastos del hogar conformado por diversos miembros, quienes también contribuían a su sostenimiento por un total de $2.006.000; además, el Tribunal halló probado que la demandante tenía ingresos propios derivados de su trabajo por un valor de $700.000.
Como se puede advertir, de los argumentos de la sentencia es posible inferir que la perspectiva jurídica que asumió el Tribunal al analizar los elementos de convicción estuvo presidida de una noción de dependencia económica relativa, que no absoluta como lo indica el recurrente.
Por último, vale señalar que si bien la jurisprudencia de esta Corporación no exige, como lo afirma la recurrente, individualizar los aportes de cada uno «como si se tratara de una empresa o actividad comercial o mercantil», ello no significa que cualquier aporte configure el requisito de la dependencia económica, pues se requiere, en todo caso, que tales contribuciones sean significativas o relevantes (CSJ SL14923-2014, reiterada en SL2117-2022).
En consecuencia, el cargo es infundado.
CARGO SEGUNDO
Por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, le atribuye a la sentencia controvertida la transgresión de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 51, 52, 54, 58, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 13, 29 y 31 de la Constitución Política, 164, 165, 167, 176, 184, 191, 197, 208, 210, 220, 221, 222, 243, 250 y 260 del Código General del Proceso, «todo dentro de la perspectiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991».
Asegura que la infracción legal enunciada fue producto de los siguientes errores de hecho:
1- No dar por demostrado, estándolo, la dependencia económica de la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ respecto de su hijo el señor JOSE GILBERTO URREGO NUÑEZ (Q.E.P.D).
2- No dar por demostrado, estándolo, que los ingresos percibidos por la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ no son suficientes para que la misma se considere una persona autosuficiente económicamente.
3- No dar por demostrado, estándolo, que el aporte económico que realizaba el causante era necesario y determinante para solventar los gastos del hogar.
4- No dar por demostrado, estándolo, que la información contenida en el cuestionario de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A para padres dependientes reclamantes de pensión de sobrevivencia, contiene información incompleta e inexacta de la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ.
5- No dar por demostrado, estándolo, que la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ siempre ha convivido únicamente con sus tres hijos.
6- No dar por demostrado, estándolo, que la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ siempre ha vivido en arriendo.
7- No dar por demostrado, estándolo, que la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ, no podía trabajar por su condición de salud.
8- No dar por demostrado, estándolo, que desde el fallecimiento del causante la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ ha tenido que recurrir a ayudas económicas para poder solventar sus gastos.
9- No dar por demostrado, estándolo, que la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ en virtud del fallecimiento del señor JOSE GILBERTO URREGO NUÑEZ (Q.E.P.D) y aun cuando su condición de salud se lo impide, se ha visto obligada a trabajar por días para subsistir.
10- No dar por demostrado, estándolo, la señora MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ no recibe subsidio alguno por parte del Estado.
Afirma que el Tribunal cometió estos errores de hecho debido a la apreciación errada del «cuestionario para padres dependientes reclamantes de pensión de sobrevivencia» (f.º 331 a 346), el interrogatorio de parte de la demandante y del litisconsorte Angilberto Urrego Ortiz; asimismo, refiere que esos yerros fácticos derivaron de la falta de valoración de las declaraciones extrajuicio de los citados anteriormente y de los testimonios de Aminta Buendía Culma, Fanny Oviedo Orjuela y Leonel Buitrago Casas.
En desarrollo del cargo, asevera que Núñez López declaró en el interrogatorio de parte que la información consignada por el asesor de Mapfre es inexacta e incompleta, pues no detalla la totalidad de los gastos del afiliado dirigidos a la manutención de su madre, además que la circunstancia de que en el hogar convivan más personas no excluye la dependencia económica. Agrega que Angilberto Urrego Ortiz no refirió nada sobre el particular debido a que el abogado de Mapfre no le formuló ninguna pregunta.
Señala que el Tribunal «no le otorgó el valor probatorio que le correspondía» a las declaraciones extraproceso de los mencionados y en las cuales se menciona que Urrego Núñez garantizaba la subsistencia económica de su madre.
En cuanto al «cuestionario para padres dependientes reclamantes de pensión de sobrevivencia» (f.º 331 a 346), destaca que fue valorado inadecuadamente por el Tribunal, dado que en este documento la demandante precisa que su hijo sufragaba los servicios públicos y la alimentación de la familia, y que por ello a partir de su fallecimiento tuvo que empezar a laborar en casas de familia por días, lo que le generaba unos ingresos de $560.000. En tal sentido, considera que de este medio probatorio no podía inferirse su independencia económica, puesto que no especifica que sus ingresos fuesen considerables y permanentes, al punto que el dinero percibido por su trabajo no asciende al salario mínimo legal mensual vigente.
Por otra parte, asegura que, aunque en este documento se precisa que el afiliado tenía gastos propios por $355.000, también aportaba a los gastos familiares un monto de $355.000, de manera que el hecho de que «tuviera gastos propios no desdibuja la indispensable colaboración que realizaba en el hogar».
Indica que, con el propósito de acreditar los yerros atribuidos al fallo, es necesario analizar los interrogatorios de parte y testimonios, «por tener íntima relación con las pruebas calificadas denunciadas como mal apreciadas por el ad quem».
Así, acude a los interrogatorios de parte de la demandante y de Angilberto Urrego Ortiz, al igual que a los testimonios de Aminta Buendía Culma, Fanny Oviedo Orjuela y Leonel Buitrago Casas para intentar demostrar que: el afiliado fallecido si bien habitaba con otras personas, lo cierto es que convivía únicamente con su madre y hermanos, de modo que los gastos no eran compartidos entre todos los miembros del hogar como lo dedujo el Tribunal; los $560.000 que percibe la actora provienen de sus labores por días en casas de familia, trabajo que se vio obligada a realizar tras el fallecimiento de su hijo, y los 300.000 de auxilio estatal son un subsidio en favor de su hijo menor, justificado por el hecho de que «el Estado le pagaba la ruta para llevarlo al colegio, teniéndose que resaltar que, el mismo, fue otorgado cuando falleció el causante»; y aunque el señor José Rodolfo Huertas González residía en la misma casa, lo era en una habitación diferente.
Por último, reseña los testimonios a fin de señalar que tales declaraciones no eran de oídas como lo afirmó el Tribunal, pues a todos les consta la dependencia económica de la demandante respecto a su hijo.
RÉPLICA
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. se opone al éxito del cargo. Con este fin, hace un recuento de cada uno de los elementos de convicción mencionados por el recurrente, para concluir que el Tribunal no incurrió en los errores enrostrados en el cargo, dado que ninguna de esas pruebas acredita la subordinación económica de la demandante respecto a su hijo Urrego Núñez.
Porvenir S.A. presentó una réplica común a ambos cargos en los términos reseñados al analizar el cargo primero.
CONSIDERACIONES
Le corresponde a la Corte dilucidar en este caso si está acreditada la dependencia económica de la demandante respecto a su hijo Urrego Núñez.
Dada la orientación fáctica del cargo, la Corte empezará por analizar las pruebas calificadas, pues solo si se demuestra un error en su apreciación es posible emprender el estudio de las pruebas no hábiles en casación -testimonios y declaraciones de las partes-.
Cuestionario para padres dependientes reclamantes de pensión de sobrevivencia (f.º 331 a 346)
La demandante pretende demostrar que su afirmación según la cual recibía $560.000 mensuales por su trabajo en casas de familia fue tomada fuera de contexto, pues estos ingresos derivaron de su trabajo luego de la muerte de su hijo y no de manera anterior a este suceso; asimismo, refiere que los $350.000 que percibe de auxilio estatal son en favor exclusivamente de su hijo y no de ella.
Al analizar este cuestionario, la Corte advierte que si bien es cierto que la demandante en el marco de las preguntas dirigidas a indagar su situación económica «a partir del fallecimiento de su hijo» refirió tener ingresos por $560.000, lo que en principio sugiere que al momento de la muerte de Urrego Núñez no tenía ingresos propios, también lo es que, en el mismo formulario, al interrogársele sobre su salario mensual a la data del fallecimiento de su hijo, indicó que percibía $700.000. Lo anterior significa que, contrario a lo que ella afirma, sí contaba con rentas derivadas de su trabajo al momento del deceso del causante.
En cuanto al argumento de la recurrente de que su hijo si bien aportaba $355.000 para sus gastos propios, también contribuía con $355.000 para los gastos comunes del hogar (alimentos y servicios), advierte la Corte que ciertamente este dato está consignado en el cuestionario. Sin embargo, este elemento fáctico no fue ajeno al Tribunal; antes bien, lo tuvo en cuenta precisamente para afirmar que el aporte de Urrego Núñez no era significativo o relevante respecto a los gastos comunes del hogar, razonamiento que a juicio de la Sala no es equivocado.
En efecto, en el formulario se consignó que al total de los gastos del grupo familiar -$2.006.000- también contribuían en montos superiores otros miembros, así: María Zully Núñez López (demandante y madre del fallecido) con $400.000; José Rodolfo Huertas González (compañero permanente de la demandante) con $400.000; Ana Mercedes Huertas González (cuñada de la demandante) con $400.000, y Oscar Bolívar (compañero permanente de Ana Mercedes Huertas) con $400.000.
De lo anterior es plausible deducir que aunque Urrego Núñez contribuía a una proporción de los gastos totales del grupo familiar, no puede aseverarse con absoluta claridad que su supresión pusiera en riesgo la satisfacción de las necesidades básicas de su madre o la colocara en un estado de vulnerabilidad económica en función de su nivel de vida, dado el aporte que también hacían otras personas.
Interrogatorios de parte de la demandante y Angilberto Urrego Ortiz
Los interrogatorios de parte son prueba calificada en casación solo si de ellos puede desprenderse una confesión (art. 7 L. 16/69), lo que supone una declaración que «verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria» (núm. 2., art. 191 CGP).
En este caso, las afirmaciones que Núñez López hizo al absolver el interrogatorio de parte solo la benefician a ella, de manera que no pueden ser tenidas en cuenta como confesión; igual ha de decirse de las declaraciones de Angilberto Urrego Ortiz, en la medida que solo benefician su aspiración de que la demandante acceda a la pensión de sobrevivientes y por lo mismo no tienen el efecto de perjudicarla a ella.
En consecuencia, al no existir confesión, no es procedente el estudio de estas pruebas.
Declaraciones extrajuicio y testimonios
De acuerdo con el artículo 7.º de la Ley 16 de 1969, los testimonios no son prueba calificada en casación, de modo que no es admisible su estudio a menos que se acredite un error de hecho con una prueba calificada, lo que no aconteció. Igual ocurre con las declaraciones extraproceso, las cuales en su contenido se asimilan a los testimonios o declaraciones de terceros y, en esa medida, no es procedente su análisis.
En estas circunstancias, el cargo es infundado.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $5.300.000 en favor de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y Porvenir S.A., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo preceptuado en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de junio de 2021 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que MARÍA ZULLY NUÑEZ LÓPEZ promovió contra PORVENIR S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., trámite al cual fue vinculado en calidad de litisconsorte necesario ANGILBERTO URREGO ORTIZ.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
Aclara Voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n° 93306
REFERENCIA: MARÍA ZULLY NÚÑEZ LÓPEZ vs SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:
Objeto y cobertura de la seguridad social integral.
En la sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de,
[…] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
De allí, que su diseño se integra por los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, hoy laborales, y los denominados servicios sociales complementarios, a través de los cuales se llega a la población de escasos recursos. Al respecto la sentencia referida señaló:
El sistema integral incluyó dentro del ámbito de aplicación a aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, así en el subsistema de salud que, como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población a través de planes para el efecto instituidos, en dos regímenes: el contributivo dirigido a aquellas personas con ingresos, esto es, los trabajadores y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos.
En lo tocante a los subsistemas de Riesgos Laborales y de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores, de un lado ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, y que en la actualidad incluye tanto a dependientes como a independientes.
Dado que estos subsistemas son netamente contributivos y se dirigen a la protección del trabajador, esto es, de aquel que tiene capacidad de pago atado a la fuerza laboral, se estableció como componente de la Seguridad Social Integral, los servicios sociales complementarios, focalizados a las personas de escasos recursos y que por la relevancia de los sujetos de protección en el Acto Legislativo 01 de 2005, se delegó en el legislador la posibilidad de crear beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo para la protección a ese grupo poblacional, que precisamente por presentar bajos ingresos, no lograran los requerimientos de acceso a una pensión.
La Ley 1328 de 2009, desarrolló el mandato constitucional y creó el vehículo de ahorro para la obtención de BEPS, de aquellos que, por sus condiciones de ingresos, no podían afiliarse o permanecer en el Sistema General de Pensiones, y como incentivo a dicho ahorro serían beneficiarios de un subsidio estatal, con los que, sumados, se busca primordialmente la obtención de una renta con carácter vitalicia que permita un ingreso en la vejez.
Con ello encontramos que dentro del sistema de seguridad social integral la protección a la vejez se materializa bajo diferentes pilares de acuerdo con la capacidad de ingresos de la persona; así el sistema pensional, dentro de su ámbito de aplicación personal tendrá al trabajador con capacidad de pago que le permite con su aporte contribuir a la financiación de la prestación que del mismo logre; de otro lado, a través de los denominados BEPS dirigidos a personas de escasos recursos, encuentran la manera de lograr algún ahorro, que sumado al subsidio estatal les permita principalmente algún ingreso para la vejez.
Ahora, la seguridad social no dejó de lado a las personas sin ingresos, de tal manera que, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, creó el auxilio monetario para el adulto mayor que no cuente con recursos para su ancianidad, programa que busca la ampliación del número de personas que sean beneficiarias del mismo.
Lo descrito nos permite inferir que el sistema de seguridad social integral busca la cobertura de los servicios y prestaciones que de acuerdo con la ley ofrece cada uno de los subsistemas, a los sujetos objeto de protección de manera que son complementarios para lograr la protección integral.
Pues bien, para efectos de definir qué cubre la seguridad social, es importante reconocer que su objeto se encamina a la calidad de vida a través de la cobertura integral de los riesgos citados, apuntando al bienestar individual y a la integración de la comunidad; de allí que comporta un doble contenido, social e individual. Esto nos lleva a un segundo aspecto para tener en cuenta, que es el imperativo de analizar no solo el contenido individual sino su efecto frente a lo social que comporta.
La filigrana de la seguridad social implica la integración de sus componentes y determinar el alcance de la protección según el grupo poblacional y la norma que lo cobija. De allí surge que conceptos como el mínimo vital, el umbral de pobreza - línea de pobreza y pobreza extrema- cobren un significado relevante en la definición del contenido mínimo a proteger, de manera progresiva, que permita aumentar la calidad de vida de toda la población como política de estado.
No se puede dejar de lado que, ante la existencia de escasos recursos para atender todas las necesidades de los habitantes del territorio, se deben distribuir de la manera más eficiente, para lograr en toda la población un nivel de vida adecuado. Dado que existen diferentes grupos poblacionales con distintas necesidades la seguridad social busca la superación del umbral de pobreza y frente aquellos con capacidad económica que tengan cubierta la congrua subsistencia.
Esta última comprendida en el concepto de nivel de vida adecuado se refiere a un mínimo de ingresos y condiciones del sustento básico de una persona y su familia, lo cual, si bien comporta un aspecto jurídico, posee un carácter económico, basado en la evaluación de los costos y, se insiste, las necesidades básicas de los sujetos en su ámbito de protección.
La seguridad social busca contrarrestar las consecuencias que genera la materialización de los riesgos que menoscaban la salud y la capacidad económica, mas no suplir las condiciones socioeconómicas preexistentes. Esto es, tiene un alcance resarcitorio o de superación de umbrales de pobreza más no remuneratorio y en el pilar contributivo encuentra piso de cobertura en ese mínimo vital.
Así, uno de los componentes que conforman a la protección social integral es el subsistema de pensiones, cuyo ámbito cobija a aquellas personas con trabajo dependiente o, independiente que se encuentran obligados a vincularse y aportar al mismo.
El Sistema General de Pensiones y su piso mínimo de protección.
El sistema general de pensiones, como uno de los componentes de la seguridad social integral, busca proteger a los trabajadores de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de prestaciones económicas, previó el cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para ello.
Debe resaltarse y, para continuar en la línea que se viene discurriendo que, tratándose del reconocimiento de pensiones, la Constitución de 1991 establece el piso mínimo monetario de protección al introducir que ninguna mesada pensional podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente y, por esta máxima, en el diseño del sistema, desde la obligatoriedad de afiliación y aportes se circunscribe al mismo. Por manera que, este es el referente del piso de protección en materia pensional, lo que nos lleva a validar qué cubre.
Mínimo vital y móvil - Salario Mínimo
La protección al mínimo vital como derecho fundamental de un trabajador (Art 53 C.P.) está en la definición y en el diseño del salario mínimo mensual, cuya confección se basa en reconocer que los trabajadores, además de las propias responsabilidades y necesidades individuales, deben atender las de su núcleo familiar (artículo 145 C.S.T.), Es por ello que la cobertura de este propende por garantizar un nivel mínimo de bienestar, enfocado en superar la pobreza.
Esta finalidad, contemplada en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, reafirma que la remuneración por la prestación del servicio es para cubrir las necesidades mínimas del colaborador, con especial énfasis en incluir las de su familia y, la importancia de tener en cuenta factores económicos para la fijación del salario, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada país.
Pues bien, en nuestro caso la determinación del salario mínimo general (rural y urbano) debe ser concertada, y tiene en cuenta «que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia» y para cuantificarlo deben incluirse factores como la inflación, el costo de vida, el crecimiento económico, la productividad, el nivel de empleo y las necesidades básicas para la garantía de subsistencia. Resulta indispensable buscar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad económica.
En el evento de no lograr dicha concertación, y de manera subsidiaria, la competencia de establecerlo queda en el ejecutivo que deberá obligatoriamente consultar,
[C]omo parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)».
Este artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y, la facultad subsidiaria, junto con los parámetros a consultar por el ejecutivo, fue declarado exequible en la sentencia CC C-815-1999 bajo el entendimiento que,
[E]l Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos
De lo asentado se puede extraer que las variables que se aplican para la definición del SMLMV están concebidas de tal manera que cubra las necesidades básicas del trabajador extendidas a su entorno familiar, para con ello, cumplir los cometidos estatales contenidos en la Constitución.
Con esta premisa en mente, debe ser analizado el alcance de la pensión de sobrevivientes objeto de análisis.
Pensión de sobrevivientes y su finalidad
La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial a su sostenimiento; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social
Ello es así que, el estatuto pensional determina cuáles personas del núcleo familiar del afiliado o pensionado tienen la vocación de ser beneficiarios, es decir, no cualquiera de ellos tiene tal connotación. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 47 y 74, contemplan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y/o compañero (a) permanente, a los hijos menores del causante y los mayores de edad hasta los 25 años, que dependían de aquel por razón de estudios. A falta de éstos la ley habilita que los padres supeditados económicamente puedan ser beneficiarios de la pensión y, en un siguiente orden, se establece a los hermanos inválidos con la misma relación de dependencia, mientras permanezcan las circunstancias de la invalidez.
3.1. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes
En cuanto a la protección de los padres a la luz de la Ley 100 de 1993, ha de señalarse que ha existido una evolución.
Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los progenitores eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado, por exceder la potestad reglamentaria ya que:
El art. 47 de la Ley 100 de 1993 [...] no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción[sic] con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original). CE SC, 11 abr. 2002, rad. 2361-98.
Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, condicionamiento que también fue expulsado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-111-2006, toda vez que tal exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana. En esa oportunidad explicó el Tribunal constitucional que:
[…] si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.
De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640-2014, CSJ SL9640-2014, SL8928-2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007 y CSJ SL31205-2007).
Así, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; no obstante, no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL 14539-2016, CSJ SL 4103-2016 y CSJ SL 16184 -2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia. Así fue reconocido de antaño por esta Corporación cuando al referirse a la norma que regula los beneficiarios de pensión del estatuto de seguridad social dijo en la Sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991. que «simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar». Negrilla fuera de texto.
Valga rememorar que en el mismo precedente (CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991) esta Corporación determinó:
Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legislador a través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley.
Tal como había asentado esta providencia, de un lado la dependencia económica conlleva el concepto de necesidad de esos padres que, al no contar con la manutención por parte del hijo(a) ven afectada su subsistencia, bajo la garantía de nivel de vida adecuado y, de otro para determinar la supeditación, no pueden incluirse familiares que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio.
3.2 Ingresos propios y Salario Mínimo
El nivel de ingresos que percibe el padre o la madre se torna relevante para establecer si es o no dependiente en el sistema pensional.
Con sustento en las líneas antecedentes y con el convencimiento de que los recursos propios del padre o madre no descartan la supeditación a lo que proporcionaba el hijo fallecido, el suscrito, en consonancia con el contenido mínimo de protección en la pensión de sobrevivientes, en el marco de aquel que ve en riesgo su mínimo vital es el sujeto de protección, se encuentra que si las fuentes de ingresos al momento del deceso equivalen a un salario mínimo, no se está en condiciones de ser considerado beneficiario.
Ello es así, por cuanto el ascendiente que cuenta con un ingreso de salario mínimo, conforme a la manera en que este es definido, encuentra recursos que le permiten su subsistencia, que es cubrir sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que promuevan un nivel de vida adecuado.
Se reitera que esta subsistencia económica, con protección constitucional y desarrollo legal, parten del derecho del trabajador a recibir una remuneración justa y equitativa que garantice las necesidades no solo de la persona que recibe el salario o ingreso, sea este dependiente o independiente, sino el de su familia. Por ende, si ya se cuenta con un piso mínimo de cobertura para tener unas condiciones de vida adecuadas, no es beneficiario, puesto que, a riesgo de fatigar, la finalidad de la prestación es hacer menos gravosa la carga económica que sus dependientes tendrían que soportar dada la supeditación al ingreso del hijo.
Aquí y ahora, surge pertinente diferenciar el nivel de vida de una persona y su familia, del concepto de dependencia mínima de subsistencia legal constitucionalmente hoy definida. Esto por cuanto el sistema pensional no entra a cubrir el estándar particular de vida que los padres del causante pudieran estar disfrutando al momento de su muerte, sino evitar que aquel que no cuenta con la cobertura de su subsistencia, se vea afectado en el núcleo duro de protección -mínimo vital y móvil- que debe ser garantizado. Es decir, la mirada de la protección es independiente de la posición o rol social es, en clave de derecho, proteger el contenido mínimo precisamente del derecho del ser humano y su dignidad. Expresado en los términos de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991:
En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento. Y como en este caso no hay discusión en que la recurrente es empleada judicial, afiliada a la seguridad social, con las prerrogativas que tal situación laboral apareja, no erró el Tribunal al considerar que su alegación de ser madre o mujer cabeza de familia no era suficiente para obtener la prestación reclamada.
3.3 Calificación de la dependencia
El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su filial, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.
La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.
Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse los medios para su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su sostenimiento económico.
Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, la Corte ya ha indicado los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia (CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019). Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.
Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676 y, que se recuerdan:
La dependencia económica debe ser:
Cierta y no presunta:
se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.
Regular y periódica:
de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.
Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:
se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.
Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente (CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021), de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante o equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, no es dable hablar de dependencia.
En consecuencia, para el suscrito, para acceder a la protección del sistema de seguridad social en pensiones, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo, parámetros bajo los cuales se determina o no la existencia de la dependencia.
En este punto es importante nuevamente parar mientes en el concepto del deber de alimentos y su procedencia conforme a la ley civil que en su artículo 411 define frente a que personas y quiénes son sus deudores, pues no puede llegarse al punto de hacer nugatoria esta regulación y trasladar tal obligación a un afiliado o pensionado que fallece sin, como paso indispensable, buscar la verdad real frente a quien se es dependiente para el sistema general de pensiones.
Así las cosas, en las presentes diligencias, se pudo ver advertir por el colegiado que, la demandante no dependía económicamente de su hijo, puesto que éste último solo contribuía con un aporte a los gastos globales del hogar; además de constatar que, tenía ingresos propios y la persona con quien convivía aportaba de igual manera al sostenimiento del hogar. En ese orden, la subsistencia de la madre estaba garantizada; razones suficientes para compartir la decisión de no casar la sentencia cuestionada.
Finalmente, no sobra insistir en que la protección de la seguridad social no está estructurada para cubrir cuando se «ha desmejorado la calidad de vida de ella», ya que su objetivo es menguar las consecuencias económicas del que es dependiente, que ve en riesgo su mínimo vital.
La sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991, así lo reconoció cuando explicó que:
Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por el artículo 47”.
Conforme lo expuesto, dejo sentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
FERNANDO CASTILLO CADENA
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