Ficha de la providencia
Sentencia SL3172-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3172-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3172-2023
Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez
8 de noviembre de 2023
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SL3172-2023
Radicado n.° 93447
Acta 42
Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
La Corte decide el recurso extraordinario de casación que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá profirió el 3 de junio de 2020, en el trámite del proceso ordinario laboral que ROSA MARÍA RICO y JORGE ANTONIO UREÑA ESCOBAR promovieron contra la recurrente.
ANTECEDENTES
Los demandantes solicitaron que se declare que tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su hijo Alan Camilo Urueña Rico. En consecuencia, requirieron que se condene a la demandada a pagarles dicha prestación a partir del fallecimiento del causante -19 de julio de 2015-, en porcentaje equivalente al cincuenta por ciento para cada uno, así como los intereses moratorios, lo que resultare probado ultra y extra petita y las costas del proceso.
Para respaldar sus pretensiones, señalaron que procrearon a Alan Camilo y a María Paola Urueña Rico; que el primero nació el 10 de noviembre de 1990 y que «se independizó» al cumplir 17 años de edad, debido a la difícil situación económica de la familia.
Expresaron que desde hace varios años Jorge Antonio Ureña padece «discopatía lumbar crónica» y Rosa María Rico «oliartralgia sintomática en región lumbar y espondiloletesis síndrome patelofemoral», y que debido a su imposibilidad para trabajar, su hijo «siempre procuro (sic) colaborarles con gastos de alimentación, arriendo y ayudas económicas» y, a partir de 2011, les suministró mensualmente la suma de cuatrocientos mil pesos para garantizar su subsistencia. Agregaron que recibían esporádicamente ayuda de su hija María Paola.
Señalaron que los recursos que obtenían de su hijo tuvieron su origen inicialmente en «los trabajos ocasionales que desempeñaba como ensamblador en un taller» y, luego, en la remuneración que recibía como «tornero» de la empresa Tecnoperforaciones S.A., a la cual se vinculó en febrero de 2014.
Refirieron que Alan Camilo falleció el 19 de julio de 2015 en un accidente de origen común, data en la que era soltero, no tenía hijos, estaba afiliado a Porvenir S.A. y registraba un total de 73 semanas de cotización.
Por último, expresaron que el 10 de diciembre de 2015 solicitaron a Porvenir S.A. que les reconociera la pensión de sobrevivientes respectiva; no obstante, la administradora negó tal aspiración mediante oficio de 22 de julio de 2016, pues estimó que no eran dependientes económicamente del causante, dado que recibían ayuda de su otra hija -María Paola Urueña Rico- (f.° 5 y 6 primera instancia cuaderno principal).
Al contestar la demanda, Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, admitió los relativos a la calidad de afiliado del causante, al número de semanas que cotizó, la fecha de su fallecimiento y la calenda en que los demandantes solicitaron la pensión de sobrevivientes. Respecto a los demás, señaló que no le constaban y que debían ser demostrados en el proceso, e indicó que las razones que motivaron su negativa a reconocer la prestación vitalicia consistieron realmente en que:
(…) de la documental "Formulario de Solicitud por Sobrevivencia para Padres" radicado por los padres del causante, [se] pudo constatar que son los mismos padres en el acápite de "Ingresos del Núcleo Familiar" los que relacionan el ingreso de su hija y hermana del Sr. ALAN CAMILO URUEÑA RICO, lo que desvirtúa que dicho ingreso sea considerado meramente esporádico, pues lo que queda claro es que los padres del causante dependían de su hija María Paola Ureña Rico.
En lo relativo a los intereses moratorios solicitados, manifestó que:
En el hipotético evento que el Sr. Juez considerara que los demandantes si (sic) tienen derecho a acceder [a] la pensión de sobrevivientes en cuestión en calidad de beneficiarios, cabe anotar que la Corte Suprema de Justicia ya ha sido clara al indicar que, en los casos en que las Administradoras de Fondos de Pensiones definieron una prestación en aplicación rigurosa de la Ley, como es el caso que nos ocupa, y posteriormente, producto de una interpretación jurisprudencial hay lugar a variar la decisión, NO hay lugar a condena por intereses moratorios.
En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, incumplimiento de requisitos legales para acceder a la prestación económica, buena fe, compensación, prescripción y la que denominó «genérica o innominada» (f.º 116 a 125).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
A través de fallo de 16 de octubre de 2019, el Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá resolvió (f.º 177 a 178):
1.º Declarar que (…) Rosa María Rico (…) Y Jorge Antonio Urueña Escobar (…) tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de (…) Alan Camilo Urueña Rico (...), a partir del 19 de julio de 2015 en una proporción igual al 50% sobre un salario mínimo legal mensual vigente, en 13 mesadas al año (…).
2.º Condenar a (…) Porvenir S.A., a pagar a favor de Rosa María Rico (…) el retroactivo pensional causado desde el 19 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2019, por la suma de $20.132.393,00 (…) y a continuar pagando la pensión de sobrevivientes.
3.º Condenar a (…) Porvenir S.A. a pagar a favor de Jorge Antonio Urueña Escobar (…) el retroactivo pensional causado desde el 19 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2019, por la suma de $ 20.132.393,00 y a continuar pagando la pensión de sobrevivientes a partir del 1.º de octubre del año 2019.
4.º Condenar a (…) Porvenir S.A., a pagar a favor de los demandantes, el retroactivo pensional causado a partir del 1 de octubre de 2019 hasta la fecha de inclusión en nómina, en una proporción igual al 50% sobre un salario mínimo legal mensual vigente.
5.º Autorizar a (…) Porvenir S.A. a que realice los respectivos descuentos en favor del Sistema General en Salud sobre las sumas ordenadas (…) y trasladarlas a la entidad de seguridad social en salud a la que se afilien los demandantes (…).
6.º Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
7.º Condenar a (…) Porvenir S.A. en costas a favor de los demandantes (…).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de Porvenir S.A., a través de sentencia de 3 de junio de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la del a quo y condenó en costas a la recurrente (f.° 12 a 25, cuaderno segunda instancia, apelación sentencia).
En lo que interesa al recurso de casación, el ad quem dio por acreditado que Alan Camilo Urueña: (i) era hijo de los demandantes; (ii) cotizó a Porvenir S.A. desde el 17 de febrero de 2014 hasta 19 de julio de 2015, fecha en que falleció, y (ii) sufragó un total de 73,28 semanas en los tres últimos años anteriores a su fallecimiento.
Así, el Tribunal se planteó como problema jurídico el determinar si los demandantes eran beneficiarios o no de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo.
En esa dirección, determinó que la procedencia de reconocimiento y pago de la prestación debía analizarse de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en atención a que era la normativa vigente a la fecha de fallecimiento del causante.
Asimismo, anunció que, en virtud del principio de consonancia, el análisis en segundo grado se centraría en determinar:
(…) la dependencia económica de los demandantes frente al causante, además, si la ausencia del señalado aporte financiero ha desmejorado la calidad de vida de ellos, pues, en el derecho a la prestación por sobrevivencia para los progenitores, la ley concede especial relevancia a la dependencia económica al momento del óbito, procurando solventar las necesidades del familiar o familiares supérstites ante la carencia de los ingresos económicos de quien sufragaba su sostenimiento.
Luego, valoró los medios de convicción que se aportaron al proceso, específicamente los siguientes: (i) registro civil de nacimiento del causante Alan Camilo Ureña Rico; (ii) registro civil de nacimiento de María Paola Ureña Rico, hija de los demandantes; (iii) certificación laboral del causante emitida el 5 de octubre de 2015 por Tecno Perforaciones S.A.S.; (v) historia clínica de Rosa María Rico; (vi) exámenes clínicos y certificado médico de Jorge Antonio Ureña; (vii) certificados de vinculación de los demandantes al «SISBÉN»; (viii) certificados de Colpensiones y Porvenir S.A., indicativos de la calidad de «no pensionados» de los demandantes; (ix) formulario de vinculación de Alan Camilo Ureña Rico a Porvenir S.A.; (x) historial de vinculación del causante expedido por Asofondos; (xi) formulario de solicitud de pensión de sobrevivientes de fecha 23 de diciembre de 2015; (xii) interrogatorio de parte absuelto por los demandantes, y (xiii) testimonios de Inés Amparo Ureña Escobar, María Paola Ureña Rico y Wilmer Uriel Torres Monsalve.
Con fundamento en el análisis anterior, el ad quem concluyó que Alan Camilo Ureña Rico no convivía con sus padres en el momento de su deceso; sin embargo, desde 2010 les aportaba mensualmente $400.000, cifra con la cual estos solventaban sus necesidades básicas –arriendo, servicios públicos, alimentación, vestuario y medicinas-.
Asimismo, el juez plural estimó que el apoyo del causante a sus progenitores era fundamental para garantizar su mínimo vital, toda vez que su madre se dedicaba al hogar y su padre desempeñaba «trabajos ocasionales de reparaciones y pintura», que no le generaban recursos suficientes para cubrir sus gastos y los de su compañera.
Por otra parte, el Tribunal señaló que los medios de prueba revisados daban cuenta de que los demandantes recibían también recursos económicos de su hija María Paola Ureña Rico, hermana del causante, quien les aportaba la suma de $200.000 mensuales; sin embargo, indicó que tal circunstancia no desvirtuaba la dependencia económica necesaria para la obtención de la pensión de sobrevivientes, como lo consideró Porvenir S.A., en tanto:
(…) no se requiere que la subordinación financiera sea total y absoluta, vale decir, no es necesario que el ascendiente o ascendientes supérstites queden en estado de indefensión e indigencia para ser acreedores de la prestación causada por un hijo fallecido, por el contrario, el que su ayuda fuese parcial y complementaria a algunos ingresos adicionales, insuficientes para la satisfacción de sus requerimientos, da lugar al derecho que busca aminorar los perjuicios sobrevinientes con la pérdida de un ser querido, de manera que los padres al menos puedan conservar un nivel de vida digno.
En apoyo de la anterior conclusión, el juez plural citó las sentencias CSJ SL, 30 ago. 2005, rad. 25919 y CC C-111-2006.
Además, indicó que el hecho de que los actores no hubiesen sido beneficiarios del causante en el sistema de seguridad social en salud tampoco era obstáculo para la configuración de su dependencia económica, dado que: «se corroboró con los documentos aportados [que] se encontraban vinculados al SISBEN, sistema en el cual accedían en forma gratuita a todos los servicios de salud para el tratamiento de las afectaciones que padecían».
En ese contexto, concluyó que la acreditación de la dependencia económica, aunada a la demostración de los demás requisitos previstos en la Ley 797 de 2003, daba cuenta de que los actores eran beneficiarios de la prestación vitalicia solicitada y confirmó la sentencia del a quo en este aspecto.
En cuanto a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el juez plural precisó que Porvenir S.A. negó de manera injustificada la pensión a los demandantes y, por tanto, era responsable del pago de dicho concepto; por tanto, confirmó también el proveído apelado en este punto.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandada Porvenir S.A., lo concedió el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia lo admitió.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
La recurrente pretende que la Sala case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito, por la causal primera de casación formula un cargo que fue objeto de réplica.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia impugnada de infringir la ley sustancial por la vía indirecta:
(…) por la infracción directa de los artículos 167 y 221 numeral 3° del Código General del Proceso, que rigen en virtud de lo establecido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, violación de medio que llevó a la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y a la infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.
Expresa que la infracción en referencia se produjo porque el Tribunal:
(…) dio por demostrado, sin estarlo, que los señores Urueña-Rico dependían en términos económicos del difunto cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, coetánea con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de sus padres y, consecuentemente, que acredite que ese aporte, y de existir, no era la simple ayuda brindada por un buen hijo sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él, y más cuando estuvo demostrado que los progenitores contaban con otros recursos para atender su subsistencia y no quedó probado que tales dineros no fueran suficientes para hacerlo aun sin contar con alguna ayuda del occiso.
Refirió que el error de hecho señalado tuvo su origen en la apreciación indebida de: (i) la demanda, (ii) el «formulario de solicitud de pensión de sobrevivencia para padres», (iii) la confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por la demandante y (iv) los testimonios de Inés Amparo Urueña Escobar, María Paola Urueña Rico y Wilmer Uriel Torres Monsalve.
En la demostración del cargo, afirma que quien pretende beneficiarse de un derecho debe demostrar su calidad de acreedor legítimo, calidad que en el sub lite no acreditaron los promotores, pues no obra prueba que demuestre su subordinación financiera respecto del causante, ni tampoco el valor de los gastos de aquellos o que la contribución del afiliado fuese significativa para su sostenimiento; por tanto, estima que el Tribunal erró al confirmar la decisión de primer grado, sin fundamento fáctico alguno.
En apoyo de lo anterior, se refiere a las providencias CSJ SL, jul. 1.° 2015, rad. 47693, CSJ SL103-2016 y CSJ SL2797-2019, e insistió en que:
(…) desde la demanda inicial del proceso (fs.3 a 11, c.1) quedó probado mediante confesión que el fallecido vivía en forma independiente de sus padres, de manera que él tenía que cubrir sus propios gastos de manutención y cuyo monto brilla por su ausencia, con la fatal secuela de que aun sabiendo cuánto devengaba se desconoce con cuánto dinero contaba para auxiliar a sus papás, punto de partida básico para poder establecer la existencia de la indispensable sujeción monetaria de los padres frente a su descendiente (…).
En la misma perspectiva, manifiesta que en el «formulario de solicitud de sobrevivencia para padres» se confesó que la hija supérstite de los demandantes les aportaba «$644.000 mensuales», suma que les permitía satisfacer las necesidades del hogar.
Por otra parte, señala que en el interrogatorio de parte que absolvió la demandante Rosa María Rico confesó que su situación económica no cambió con ocasión del fallecimiento de su hijo, pues: «(…) entre los ingresos que conseguía su compañero en su actividad como albañil (que ciertamente no era continua) y los que recibía su hija María Paola como fruto de su trabajo, bastaban para cubrir todas las exigencias financieras de su hogar (…)».
Agrega que tal manifestación daba cuenta que «(…) en el evento de que fuera cierto que el occiso socorría con algún dinero a sus padres es claro que este no les era indispensable pues ellos disponían de los recursos propios y los de su mencionada hija María Paola para sufragarlos, al punto de que perecido el hermano en nada cambiaron las circunstancias pecuniarias de la familia».
Explica que una cosa es que los padres reciban apoyo de su hijo y otra distinta que dicha ayuda sea imprescindible para su subsistencia. Adujo que, en tal contexto, la colaboración económica que el causante brindaba a los demandantes constituía una colaboración para proveerles una vida más cómoda, pero ello no significaba que fuesen dependientes económicamente. Para respaldar tal manifestación, se refiere a la sentencia CSJ SL15116-2014.
Asevera que lo anterior demuestra el yerro fáctico del Tribunal, lo que le permite referirse a las pruebas no hábiles en casación.
En esa dirección, alude a los testimonios y expresó que Wilmer Uriel Torres Monsalve fue el único deponente que no era «pariente cercanísimo» de los demandantes; sin embargo, en su declaración fue claro al afirmar que su conocimiento sobre los hechos del proceso lo obtuvo a partir de una conversación con el causante.
En cuanto al testimonio de María Paola Ureña, menciona que esta advirtió que aportaba dinero para la manutención de sus padres, e incluso con posterioridad al fallecimiento de su hermano se encargó, con su padre, de cubrir las necesidades económicas de la familia.
Respecto a la versión de Inés Amparo Urueña Escobar, indicó que en su calidad de hermana del demandante Jorge Antonio Ureña y cuñada de Rosa María Rico:
(…) es fácil identificar su marcado interés en beneficiar su hermano y a su cuñada, resaltando que sus comentarios son totalmente contradictorios entre sí y con las versiones rendidas por los otros testigos. Por ejemplo, comenzó su reporte advirtiendo que sabía de la subvención brindada por el fallecido por conversaciones sostenidas con él cuando la visitaba pero, más adelante, [señaló] que en medio de almuerzos familiares veía a su sobrino suministrarle dinero a sus progenitores para concluir, al final de su reporte, con que eran los señores Urueña-Rico quienes iban cada cierto tiempo a donde su vástago a pedirle que les diera una plata para pagar sus gastos, prueba de que nunca constató nada y sí se inventó todo lo que dijo. Pero, de cualquier manera, sus [afirmaciones contrarias a la verdad] no logran desvanecer el hecho de que la señora Rico no apreció cambió alguno de orden económico con el deceso de su hijo, ni que su hija María Paola fuera quien realmente se hacía cargo de los gastos de su hogar o, al menos, que estaba en plan capacidad de hacerlo, como quedó bien demostrado con sus propias respuestas (…).
Así, expresa que los anteriores medios de convicción acreditaban que los proponentes tenían medios financieros propios para costear su manutención y, por tanto, gozaban de autonomía financiera respecto de su hijo Alan Camilo; además, indicaron que este último «vivía sólo y tenía que asumir sus propias erogaciones, luego mal podía destinar el 100% de su ingreso para favorecer a sus progenitores».
Por último, expone que el hecho de que un hijo asuma parte de los gastos del hogar de sus padres con el fin de «darles a estos una vida más confortable», no implica que se configure dependencia económica.
RÉPLICA
En el término respectivo, los demandantes se oponen a la prosperidad del recurso y solicitan a la Corte «no casar» la sentencia censurada por considerar que el cargo «carece de argumento y soporte probatorio por lo que no está llamado a prosperar, pues el sustento de su recurso se basa exclusivamente en consideraciones propias y no en un yerro en el que haya incurrido el juzgador de segunda instancia en el fallo atacado».
Exponen que cumplieron con la carga de acreditar que eran beneficiarios de la prestación y que el Tribunal aplicó en debida forma las disposiciones que reglamentan el acceso a la pensión de sobrevivientes, y que la discrepancia de criterio respecto de la valoración probatoria no configura la existencia de un error manifiesto de hecho, máxime cuando «ninguna de las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, fueron tachadas por la hoy recurrente en el proceso de instancia, al contrario el acervo en conjunto fue debidamente agotado con el derecho de contradicción establecido tanto en la norma procesal especial como en la general».
Por otra parte, advierten que el criterio de dependencia económica propuesto por la recurrente es sustancialmente opuesto al consagrado por la Corte Constitucional en sentencia CC C-111-2006, dado que plantea la necesidad de imponer a los padres del causante la carga de «demostrar una situación total y absoluta de desprotección económica sinónimo de miseria, abandono e indigencia, con el propósito de garantizar el reconocimiento de su derecho a la pensión de sobrevivientes», exigencia que, según lo indicó el Tribunal Constitucional en la providencia en comento:
(…) desconoc[e] que la vida del hombre en términos constitucionales, no se limita al hecho concreto de sobrevivir, sino que exige un vivir con dignidad, esto es, de acuerdo con las condiciones que le permitan sufragar -en realidad- los gastos propios de la vida, lo que no excluye la posibilidad de los padres de obtener otros recursos distintos de la citada pensión.
En la misma dirección, refieren que en el proceso se demostró que al momento del fallecimiento de su hijo dependían económicamente de él, pues desde el año 2010 les suministraba mensualmente la suma de $400.000, esto es, el 62% del salario mínimo de la época, cifra con la cual solventaban sus necesidades básicas.
Asimismo, que el apoyo que recibían de su otra hija -María Paola Urrea- no era suficiente para desvirtuar la dependencia económica, pues aquella era una ayuda complementaria y ocasional que no superaba los $200.000 pesos, y que no se trataba de un monto «significativ[o] que constituyera autosuficiencia de sus padres, pues quedó plenamente demostrado que la [hija] se encontraba estudiando en el servicio de aprendizaje SENA, para el momento de los hechos». En apoyo, citaron la sentencia CSJ SL2117-2022.
Por último, señalan que el hecho que su hijo viviera solo y tuviera sus propios gastos no le impedía sostenerlos económicamente también a ellos, dado que el salario que devengaba -$1.150.000- le permitía cubrir las necesidades de ambos hogares.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero precisar que en sede de casación no se discute que Alan Camilo Ureña Rico: (i) falleció el 19 de julio de 2015; (ii) era hijo de los demandantes; (iii) realizó 73 semanas de cotización ante Porvenir S.A., durante los tres años anteriores a su muerte, y que (iv) la norma aplicable para definir el asunto es la Ley 797 de 2003, en atención a la fecha de deceso del causante.
Así, la Sala debe dilucidar si el Tribunal incurrió en error de hecho manifiesto, al dar por demostrado que los demandantes dependían económicamente del causante.
Pues bien, el Colegiado de instancia para conceder la prestación de sobrevivientes a los actores estimó que en este asunto se acreditó el requisito de dependencia económica, toda vez que los ingresos de aquellos eran precarios e inestables, la madre atendía el hogar, el padre trabajaba de manera esporádica y ambos tenían quebrantos de salud. En ese orden, estimó que el apoyo pecuniario que el afiliado les suministraba era vital para mantener una vida en condiciones dignas. Asimismo, indicó que, si bien la hermana del afiliado contribuía con el sostenimiento de los padres, el aporte mayor lo realizaba este último.
En el anterior contexto, de entrada advierte la Corte que ninguno los planteamientos de la censura desvirtúan los pilares fácticos de la sentencia de segundo grado, toda vez que los medios de convicción que se censuran como erróneamente apreciados no dan cuenta contundentemente que los padres reclamantes eran autosuficientes económicamente y no requerían de la ayuda económica que les suministraba el afiliado fallecido, tal como se explica a continuación.
En efecto, en lo referente a la demanda, es oportuno recordar que la jurisprudencia ha admitido la estructuración de un yerro fáctico con apoyo en dicha pieza procesal si contiene confesión. Precisamente, en sentencia CSJ SL5140-2018 la Corporación indicó:
Las piezas procesales como la demanda y su contestación solo muestran las diversas posiciones asumidas por las partes en el ejercicio del derecho acción y contradicción, respectivamente, de manera que por sí solas, no sirven como medios de prueba para acreditar la veracidad de las afirmaciones allí contenidas, salvo que entrañen confesión.
No obstante, en el sub lite la recurrente no precisa claramente en qué hechos concretos del escrito inaugural reside la confesión que alega y, por otra parte, la Sala tampoco advierte en dicha pieza procesal confesión alguna relacionada con la presunta autosuficiencia económica de los proponentes que implique «consecuencias jurídicas adversas a l[os] confesante[s] o que favorezcan a la parte contraria», de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Código General del Proceso.
En lo que respecta al «formulario de solicitud por sobrevivencia para padres» suscrito por los demandantes, se aprecia que los actores allí admitieron que recibían recursos provenientes del afiliado y también, ocasionalmente, de María Paola Ureña Rico, hija suya y hermana del causante.
No obstante, también indicaron que el afiliado era quien les suministraba el mayor porcentaje para su manutención, toda vez que el salario que recibía -$1.150.000-, era cerca del doble del ingreso de su hermana -$644.000-, con lo cual, su aporte al núcleo familiar era también superior y porcentualmente más significativo y determinante en su sostenimiento que el suministrado por María Paola (f.° 142 a 144 primera instancia cuaderno principal).
Así, de dicha manifestación, lejos de desprenderse la independencia económica de los promotores o que la ayuda que recibía por parte de su hijo solo era con el fin de «darles a estos una vida más confortable», como lo consideró la censura. Por el contrario, se extrae que realmente quien suministraba el mayor ingreso a su hogar era el afiliado; por tanto, la conclusión del ad quem respecto a este medio de convicción no configura la existencia de un error de hecho.
Ahora, en cuanto al interrogatorio de parte, es oportuno señalar que dicho medio de prueba constituye prueba calificada en casación, siempre que de ella logre extraerse confesión, esto es, la manifestación por parte del declarante de hechos que le son adversos o que favorecen a la parte contraria.
En esa dirección, se advierte que el interrogatorio de parte que Rosa María Rico absolvió en el presente proceso no contiene confesión sobre su autosuficiencia económica y la de su cónyuge, de modo que tampoco puede estructurarse a partir de este medio de prueba el error de hecho denunciado.
En efecto, nótese que al contestar las preguntas formuladas, la declarante admitió que, al igual que el afiliado, su hija María Paola también les suministraba recursos a ella y su cónyuge para solventar los gastos del núcleo familiar; sin embargo, reiteró en varias ocasiones que tal auxilio se dio especialmente después del fallecimiento de su hijo, dado que, con anterioridad, su hija no tenía trabajo fijo y, además, pagaba con sus ingresos su proceso educativo en el SENA.
Por otra parte, fue precisa en señalar que su hija devengaba un salario mínimo e insistió en que si bien, «por ahí ayudaba para la casa», tal apoyo era ocasional, y en todo caso, era el causante quien les pagaba el arriendo y suministraba mensualmente una suma fija para el mantenimiento del hogar (min 1:04:56 a 1:14:44, primera instancia, audiencia de trámite).
Así, es claro que de dichas manifestaciones no es posible extraer que los accionantes fuesen independientes económicamente, como lo plantea la censura o que la ayuda que recibían de su hijo únicamente era con el fin de «darles a estos una vida más confortable».
Lo anterior, porque lo que se colige de dichos medios de prueba es que los convocantes aceptaron que no solo recibían ayuda pecuniaria del afiliado, sino también ocasionalmente, y en menos proporción, de su otra hija, circunstancia que en manera alguna desvirtúa la dependencia financiera necesaria para la causación de la pensión de sobrevivientes, tal y como lo ha señalado la Sala, entre otras en sentencia CSJ SL1931-2021, en la que indicó:
(…) sobre el requisito de la dependencia económica la jurisprudencia de manera reiterada ha establecido, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia C-111-2006 de la Corte Constitucional, que tal exigencia no puede identificarse con una sujeción total y absoluta del presunto beneficiario a los ingresos económicos que percibía el causante, de modo que no excluye la existencia de otras rentas o fuentes de recursos, propios o provenientes de terceros, pues no es necesario que se encuentre en estado de mendicidad o indigencia (CSJ SL1169-2019, CSJ SL1913-2019, CSJ SL3783-2019 y CSJ SL4167-2020). De de modo que en el proceso lo que debe acreditarse es que al momento del fallecimiento del afiliado sus padres no eran autosuficientes económicamente y que la ausencia de recursos que aquel proveía no les permitiría llevar una vida o preservar su existencia en condiciones dignas.
Ahora, es oportuno señalar que el hecho de que María Paola Ureña Rico hubiese asumido algunos de los gastos del hogar con posterioridad a la muerte del causante, no es determinante en este caso, toda vez que la dependencia económica en tanto presupuesto de la pensión de sobrevivientes se analiza al momento del deceso del afiliado o pensionado, y no después, dado que justamente la finalidad de esta prestación es reemplazar en la mayor medida posible el ingreso que en vida suministraba el fallecido y evitar que los sobrevivientes sufran un menoscabo en sus propias condiciones de vida, derivado del fallecimiento de su familiar.
En el anterior contexto, al no acreditarse un yerro fáctico manifiesto en relación con los medios probatorios calificados analizados previamente, la Corte no puede abordar el estudio de la prueba testimonial, conforme lo previsto en el artículo 7.° de la Ley 16 de 1969.
En consecuencia, el cargo no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente y en favor de los demandantes que presentaron oposición. Se fijan las agencias en derecho en la suma de diez millones seiscientos mil pesos ($10.600.000), suma que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 3 de junio de 2020, en el proceso ordinario laboral que ROSA MARÍA RICO y JORGE ANTONIO UREÑA ESCOBAR promovieron contra PORVENIR S.A.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
Aclara Voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n° 93447
REFERENCIA: ROSA MARÍA RICO y JORGE ANTONIO URUEÑA ESCOBAR vs SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:
Objeto y cobertura de la seguridad social integral.
En la sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de,
[…] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
De allí, que su diseño se integra por los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, hoy laborales, y los denominados servicios sociales complementarios, a través de los cuales se llega a la población de escasos recursos. Al respecto la sentencia referida señaló:
El sistema integral incluyó dentro del ámbito de aplicación a aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, así en el subsistema de salud que, como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población a través de planes para el efecto instituidos, en dos regímenes: el contributivo dirigido a aquellas personas con ingresos, esto es, los trabajadores y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos.
En lo tocante a los subsistemas de Riesgos Laborales y de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores, de un lado ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, y que en la actualidad incluye tanto a dependientes como a independientes.
Dado que estos subsistemas son netamente contributivos y se dirigen a la protección del trabajador, esto es, de aquel que tiene capacidad de pago atado a la fuerza laboral, se estableció como componente de la Seguridad Social Integral, los servicios sociales complementarios, focalizados a las personas de escasos recursos y que por la relevancia de los sujetos de protección en el Acto Legislativo 01 de 2005, se delegó en el legislador la posibilidad de crear beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo para la protección a ese grupo poblacional, que precisamente por presentar bajos ingresos, no lograran los requerimientos de acceso a una pensión.
La Ley 1328 de 2009, desarrolló el mandato constitucional y creó el vehículo de ahorro para la obtención de BEPS, de aquellos que, por sus condiciones de ingresos, no podían afiliarse o permanecer en el Sistema General de Pensiones, y como incentivo a dicho ahorro serían beneficiarios de un subsidio estatal, con los que, sumados, se busca primordialmente la obtención de una renta con carácter vitalicia que permita un ingreso en la vejez.
Con ello encontramos que dentro del sistema de seguridad social integral la protección a la vejez se materializa bajo diferentes pilares de acuerdo con la capacidad de ingresos de la persona; así el sistema pensional, dentro de su ámbito de aplicación personal tendrá al trabajador con capacidad de pago que le permite con su aporte contribuir a la financiación de la prestación que del mismo logre; de otro lado, a través de los denominados BEPS dirigidos a personas de escasos recursos, encuentran la manera de lograr algún ahorro, que sumado al subsidio estatal les permita principalmente algún ingreso para la vejez.
Ahora, la seguridad social no dejó de lado a las personas sin ingresos, de tal manera que, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, creó el auxilio monetario para el adulto mayor que no cuente con recursos para su ancianidad, programa que busca la ampliación del número de personas que sean beneficiarias del mismo.
Lo descrito nos permite inferir que el sistema de seguridad social integral busca la cobertura de los servicios y prestaciones que de acuerdo con la ley ofrece cada uno de los subsistemas, a los sujetos objeto de protección de manera que son complementarios para lograr la protección integral.
Pues bien, para efectos de definir qué cubre la seguridad social, es importante reconocer que su objeto se encamina a la calidad de vida a través de la cobertura integral de los riesgos citados, apuntando al bienestar individual y a la integración de la comunidad; de allí que comporta un doble contenido, social e individual. Esto nos lleva a un segundo aspecto para tener en cuenta, que es el imperativo de analizar no solo el contenido individual sino su efecto frente a lo social que comporta.
La filigrana de la seguridad social implica la integración de sus componentes y determinar el alcance de la protección según el grupo poblacional y la norma que lo cobija. De allí surge que conceptos como el mínimo vital, el umbral de pobreza - línea de pobreza y pobreza extrema- cobren un significado relevante en la definición del contenido mínimo a proteger, de manera progresiva, que permita aumentar la calidad de vida de toda la población como política de estado.
No se puede dejar de lado que, ante la existencia de escasos recursos para atender todas las necesidades de los habitantes del territorio, se deben distribuir de la manera más eficiente, para lograr en toda la población un nivel de vida adecuado. Dado que existen diferentes grupos poblacionales con distintas necesidades la seguridad social busca la superación del umbral de pobreza y frente aquellos con capacidad económica que tengan cubierta la congrua subsistencia.
Esta última comprendida en el concepto de nivel de vida adecuado se refiere a un mínimo de ingresos y condiciones del sustento básico de una persona y su familia, lo cual, si bien comporta un aspecto jurídico, posee un carácter económico, basado en la evaluación de los costos y, se insiste, las necesidades básicas de los sujetos en su ámbito de protección.
La seguridad social busca contrarrestar las consecuencias que genera la materialización de los riesgos que menoscaban la salud y la capacidad económica, mas no suplir las condiciones socioeconómicas preexistentes. Esto es, tiene un alcance resarcitorio o de superación de umbrales de pobreza más no remuneratorio y en el pilar contributivo encuentra piso de cobertura en ese mínimo vital.
Así, uno de los componentes que conforman a la protección social integral es el subsistema de pensiones, cuyo ámbito cobija a aquellas personas con trabajo dependiente o, independiente que se encuentran obligados a vincularse y aportar al mismo.
El Sistema General de Pensiones y su piso mínimo de protección.
El sistema general de pensiones, como uno de los componentes de la seguridad social integral, busca proteger a los trabajadores de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de prestaciones económicas, previó el cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para ello.
Debe resaltarse y, para continuar en la línea que se viene discurriendo que, tratándose del reconocimiento de pensiones, la Constitución de 1991 establece el piso mínimo monetario de protección al introducir que ninguna mesada pensional podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente y, por esta máxima, en el diseño del sistema, desde la obligatoriedad de afiliación y aportes se circunscribe al mismo. Por manera que, este es el referente del piso de protección en materia pensional, lo que nos lleva a validar qué cubre.
Mínimo vital y móvil - Salario Mínimo
La protección al mínimo vital como derecho fundamental de un trabajador (Art 53 C.P.) está en la definición y en el diseño del salario mínimo mensual, cuya confección se basa en reconocer que los trabajadores, además de las propias responsabilidades y necesidades individuales, deben atender las de su núcleo familiar (artículo 145 C.S.T.), Es por ello que la cobertura de este propende por garantizar un nivel mínimo de bienestar, enfocado en superar la pobreza.
Esta finalidad, contemplada en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, reafirma que la remuneración por la prestación del servicio es para cubrir las necesidades mínimas del colaborador, con especial énfasis en incluir las de su familia y, la importancia de tener en cuenta factores económicos para la fijación del salario, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada país.
Pues bien, en nuestro caso la determinación del salario mínimo general (rural y urbano) debe ser concertada, y tiene en cuenta «que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia» y para cuantificarlo deben incluirse factores como la inflación, el costo de vida, el crecimiento económico, la productividad, el nivel de empleo y las necesidades básicas para la garantía de subsistencia. Resulta indispensable buscar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad económica.
En el evento de no lograr dicha concertación, y de manera subsidiaria, la competencia de establecerlo queda en el ejecutivo que deberá obligatoriamente consultar,
[C]omo parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)».
Este artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y, la facultad subsidiaria, junto con los parámetros a consultar por el ejecutivo, fue declarado exequible en la sentencia CC C-815-1999 bajo el entendimiento que,
[E]l Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos
De lo asentado se puede extraer que las variables que se aplican para la definición del SMLMV están concebidas de tal manera que cubra las necesidades básicas del trabajador extendidas a su entorno familiar, para con ello, cumplir los cometidos estatales contenidos en la Constitución.
Con esta premisa en mente, debe ser analizado el alcance de la pensión de sobrevivientes objeto de análisis.
Pensión de sobrevivientes y su finalidad
La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial a su sostenimiento; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social
Ello es así que, el estatuto pensional determina cuáles personas del núcleo familiar del afiliado o pensionado tienen la vocación de ser beneficiarios, es decir, no cualquiera de ellos tiene tal connotación. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 47 y 74, contemplan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y/o compañero (a) permanente, a los hijos menores del causante y los mayores de edad hasta los 25 años, que dependían de aquel por razón de estudios. A falta de éstos la ley habilita que los padres supeditados económicamente puedan ser beneficiarios de la pensión y, en un siguiente orden, se establece a los hermanos inválidos con la misma relación de dependencia, mientras permanezcan las circunstancias de la invalidez.
3.1. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes
En cuanto a la protección de los padres a la luz de la Ley 100 de 1993, ha de señalarse que ha existido una evolución.
Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los progenitores eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado, por exceder la potestad reglamentaria ya que:
El art. 47 de la Ley 100 de 1993 [...] no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción[sic] con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original). CE SC, 11 abr. 2002, rad. 2361-98.
Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, condicionamiento que también fue expulsado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-111-2006, toda vez que tal exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana. En esa oportunidad explicó el Tribunal constitucional que:
[…] si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.
De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640-2014, CSJ SL9640-2014, SL8928-2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007 y CSJ SL31205-2007).
Así, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; no obstante, no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL 14539-2016, CSJ SL 4103-2016 y CSJ SL 16184 -2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia. Así fue reconocido de antaño por esta Corporación cuando al referirse a la norma que regula los beneficiarios de pensión del estatuto de seguridad social dijo en la Sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991. que «simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar». Negrilla fuera de texto.
Valga rememorar que en el mismo precedente (CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991) esta Corporación determinó:
Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legislador a través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley.
Tal como había asentado esta misma providencia, de un lado la dependencia económica conlleva el concepto de necesidad de esos padres que, al no contar con la manutención por parte del hijo(a) ven afectada su subsistencia, bajo la garantía de nivel de vida adecuado y, de otro para determinar la supeditación, no pueden incluirse familiares que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio.
3.2 Ingresos propios y Salario Mínimo
El nivel de ingresos que percibe el padre o la madre se torna relevante para establecer si es o no dependiente en el sistema pensional.
Con sustento en las líneas antecedentes y con el convencimiento de que los recursos propios del padre o madre no descartan la supeditación a lo que proporcionaba el hijo fallecido, el suscrito, en consonancia con el contenido mínimo de protección en la pensión de sobrevivientes, en el marco de aquel que ve en riesgo su mínimo vital es el sujeto de protección, se encuentra que si las fuentes de ingresos al momento del deceso equivalen a un salario mínimo, no se está en condiciones de ser considerado beneficiario.
Ello es así, por cuanto el ascendiente que cuenta con un ingreso de salario mínimo, conforme a la manera en que este es definido, encuentra recursos que le permiten su subsistencia, que es cubrir sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que promuevan un nivel de vida adecuado.
Se reitera que esta subsistencia económica, con protección constitucional y desarrollo legal, parten del derecho del trabajador a recibir una remuneración justa y equitativa que garantice las necesidades no solo de la persona que recibe el salario o ingreso, sea este dependiente o independiente, sino el de su familia. Por ende, si ya se cuenta con un piso mínimo de cobertura para tener unas condiciones de vida adecuadas, no es beneficiario, puesto que, a riesgo de fatigar, la finalidad de la prestación es hacer menos gravosa la carga económica que sus dependientes tendrían que soportar dada la supeditación al ingreso del hijo.
Aquí y ahora, surge pertinente diferenciar el nivel de vida de una persona y su familia, del concepto de dependencia mínima de subsistencia legal constitucionalmente hoy definida. Esto por cuanto el sistema pensional no entra a cubrir el estándar particular de vida que los padres del causante pudieran estar disfrutando al momento de su muerte, sino evitar que aquel que no cuenta con la cobertura de su subsistencia, se vea afectado en el núcleo duro de protección -mínimo vital y móvil- que debe ser garantizado. Es decir, la mirada de la protección es independiente de la posición o rol social es, en clave de derecho, proteger el contenido mínimo precisamente del derecho del ser humano y su dignidad. Expresado en los términos de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991:
En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento. Y como en este caso no hay discusión en que la recurrente es empleada judicial, afiliada a la seguridad social, con las prerrogativas que tal situación laboral apareja, no erró el Tribunal al considerar que su alegación de ser madre o mujer cabeza de familia no era suficiente para obtener la prestación reclamada.
3.3 Calificación de la dependencia
El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su filial, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.
La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.
Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse los medios para su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su sostenimiento económico.
Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, la Corte ya ha indicado los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia (CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019). Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.
Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676 y, que se recuerdan:
La dependencia económica debe ser:
Cierta y no presunta:
se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.
Regular y periódica:
de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.
Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:
se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.
Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente (CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021), de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante o equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, no es dable hablar de dependencia.
En consecuencia, para el suscrito, para acceder a la protección del sistema de seguridad social en pensiones, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo, parámetros bajo los cuales se determina o no la existencia de la dependencia.
En este punto es importante nuevamente parar mientes en el concepto del deber de alimentos y su procedencia conforme a la ley civil que en su artículo 411 define frente a que personas y quiénes son sus deudores, pues no puede llegarse al punto de hacer nugatoria esta regulación y trasladar tal obligación a un afiliado o pensionado que fallece sin, como paso indispensable, buscar la verdad real frente a quien se es dependiente para el sistema general de pensiones.
Así las cosas, en las presentes diligencias, se pudo ver advertir por el colegiado que, el apoyo que en vida brindaba el causante a sus padres era fundamental para garantizar su mínimo vital, el que no encontró desvirtuado por los trabajos ocasionales que realizaba su progenitor. En ese orden, la subsistencia de los padres no estaba garantizada por los ingresos familiares de este último, ni los de su señora madre; razones suficientes para compartir la decisión de no casar la sentencia cuestionada.
Finalmente, no sobra insistir en que la protección de la seguridad social no está estructurada para cubrir cuando se «ha desmejorado la calidad de vida de ella», ya que su objetivo es menguar las consecuencias económicas del que es dependiente, que ve en riesgo su mínimo vital.
La sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991, así lo reconoció cuando explicó que:
Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por el artículo 47”.
Conforme lo expuesto, dejo sentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
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