GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
SL3242-2022
Radicación n.° 92467
Acta 40
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por GUSTAVO ENRIQUE OSIO URIBE, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintiuno (21) de octubre dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario que el recurrente le promovió a la ADMNISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
I. ANTECEDENTES
El mencionado accionante, demandó a Colpensiones, a fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990; el retroactivo, los intereses moratorios, la indexación, las costas del proceso y que lo que ultra y extra petita resulte demostrado.
En sustento de las aludidas pretensiones, señaló que nació el 29 de mayo de 1958 (sic); que inició su vida laboral en virtud de la vinculación a la BANANERA DE LA VICTORIA en 1977, razón por la cual, para el 1 de abril de 1994, contaba con más de 15 años de servicio; que para el mes de julio de 2005, contaba con una densidad de cotizaciones equivalente a las 1173.72 semanas, sufragadas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones; que el 26 de diciembre de 2018, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante Resolución Nro. SUB16916 del 22 de enero de 2019, bajo al argumento de no acreditar los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003.
La entidad convocada al proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; en cuanto a los supuestos fácticos que respaldan las reclamaciones, aceptó los relativos a la calenda de vinculación a la vida laboral, el tiempo laborado por el actor al 1 de abril de 1994, la densidad de cotizaciones sufragadas al sistema para el mes de julio de 2005, la solicitud de pensión y la negativa de esa entidad en reconocerle dicha prestación; frente al hecho restante, relativo a la calenda del natalicio del demandante dijo no ser cierto.
Propuso como excepciones las que denominó: «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PETICIÓN DE LO NO DEBIDO, PETICIÓN ANTES DE TIEMPO, INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES DE MORA DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN INDEXADA, EXCEPCIÓN INNOMINADA, DESCUENTO DEL RETROACTIVO POR SALUD».
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del veintinueve (29) de abril del dos mil diecinueve (2019), absolvió a la demandada de todas las pretensiones
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al desatar el recurso de alzada que propuso la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del veintiuno (21) de octubre dos mil veinte (2020), confirmó la de primer grado.
En lo que interesa para el recurso extraordinario de casación, el sentenciador de alzada precisó, como problema jurídico el determinar, «si el régimen de transición comporta un derecho adquirido o una expectativa legitima y si es procedente condenar al pago d la prestación reclamada».
Es así como, a fin de dilucidar el primer interrogante, precisó la diferencia existente entre conceptos tales como el derecho adquirido, las expectativas legítimas y la mera expectativa, definiciones que en armonía con lo adoctrinado en sentencia C754-04, donde se analizó la exequibilidad del artículo 4° de la Ley 860 de 2003, en cuanto permitieron establecer la aplicación aislada de dicho precedente, pero que en providencias proferidas con posterioridad por la misma corporación, se retoma la línea de pensamiento según la cual, el régimen de transición es un mecanismo de protección, que propende «que los cambios introducidos por una reforma normativa, no afectan excesivamente a quienes tienen una expectativa próxima a adquirir un derecho».
Al punto, resalta el beneficio transicional como una expectativa legitima, que tiene una persona para efectos de percibir una prestación ante el lleno de los requisitos legales, y, bajo tal panorama, las exigencias adicionadas por una norma de rango constitucional, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, no puede ser entendida como la violación de derechos de índole fundamental.
En respaldo de las anteriores consideraciones, acudió al criterio reiterado del órgano de cierre de la justicia ordinaria en materia laboral, vertido en la sentencia CSJSL4040-2019, CSJ 4602-2019, en las cuales se memoró lo adoctrinado en la CSJ4650-2017, citas doctrinales con apoyo en las cuales concluyó, que en el sub lite no se evidencia la vulneración de derechos, ni principios constitucionales al promotor, en tanto el establecimiento de un límite temporal con el fin de obtener el cumplimiento de los requisitos legales del régimen, protege « un fin legitimo sujeto a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como lo es la sostenibilidad financiera del sistema y no afecta derechos adquiridos».
Aunado a lo expuesto, adujo que la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, predica una fórmula de extinción paulatina del régimen de transición, teniendo en cuenta las expectativas legitimas de ciertos afiliados; no obstante, el derecho prestacional controvertido, se causa no solo con el número de semanas requeridas en la ley, sino también con el cumplimiento del presupuesto de la edad, parámetros cuya exigencia es concomitante a efectos de determinar la procedencia del beneficio prestacional.
En el mismo orden, enfatizó los efectos de protección derivados de la reforma constitucional memorada, en procura del amparo de los derechos adquiridos, bajo una sub regla de transición, con fundamento en el cual consideró, que si bien en principio el demandante era beneficiario del pluricitado beneficio, su vigencia solo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, data en la que pese a consolidar una densidad de cotizaciones superior a las 1000 semanas, no tenía el requisito de la edad (60 años), requerimiento que solo satisfizo, el 2 de mayo de 2018, esto es, con posterioridad al límite de vigor establecido por el lineamiento normativo memorado, y en tal medida, lo que le correspondía a efectos de obtener la prestación de vejez implorada, era el acreditar el cumplimiento de los requisitos consagrados en la Ley 797 de 2003.
Para resolver el segundo cuestionamiento planteado por el apelante, relacionado con el número de cotizaciones efectuadas, como necesarias para el financiamiento de su emolumento pensional, el juez de alzada destacó, la forma de financiación de la prestación derivada del régimen de prima media con prestación definida y, en tal sentido, adujo que «los aportes que realizan los afiliados se depositan en un fondo común, con el cual se financian las pensiones de quienes accedan a este derecho, por ende, como se indicó previamente, la reforma introducida por el Acto Legislativo procura el bienestar general sacrificando intereses particulares». Con fundamento en ello, estableció la razón que le asiste al juzgador de primer grado en la determinación adoptada e impartió la confirmación de dicho proveído.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, y en sede de instancia, revoque la de primer grado, para en su lugar, se condene a la demandada conforme a las pretensiones incoadas
Con tal propósito formula dos cargos, que merecieron réplica. Por cuestión de método, se resolverán conjuntamente las acusaciones, puesto que se dirigen bajo la misma senda de ataque, los argumentos en que se fundan son similares y tienen idéntico fin.
VI. PRIMER CARGO
Acusó la sentencia del Tribunal de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de «aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 13, 48 (modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005), 53 y 58 de la Constitución, artículos 12 y 13 del Decreto 758 de 1990 (que adoptó el Acuerdo 049 de 1990), artículos 11, 31, 141, 272 de la Ley 100 de 1993».
Para demostrar su acusación, sostiene que admite las conclusiones de orden fáctico expuestas en el fallo confutado, no obstante, difiere del alcance dado por dicho juzgador al régimen de transición como un derecho adquirido y la aplicabilidad del límite temporal establecido al mismo, bajo los lineamientos del Acto Legislativo 01 de 2005.
Al efecto, transcribe apartes de la sentencia C-789-2002, de la que refiere el régimen de transición como un derecho adquirido para las personas que ingresaron a él, por el tiempo de servicios, y bajo dicha óptica, consideró que la negación de dicha connotación, desconoce que « cuando la persona tenía el 75% o más de tiempo de servicios necesario para acceder a la pensión de vejez según las normas vigentes antes de la Ley 100 de 1993, consolida una situación subjetiva respecto del régimen de transición lo que le permite acceder a la prestación por vejez según la norma anterior sin límite en el tiempo, lo que no entendió el Tribunal en la sentencia que se ataca. Y entonces cobra importancia entender que fue la voluntad del legislado del año 1993 marcar diferencia entre los beneficiarios del régimen de transición según hayan ingresado a él por la edad o por el tiempo de servicios».
En el mismo sentido, reprodujo la Argumentación de la Corte Constitucional, vertida en sentencia C 754 de 2004, para establecer que la transición, siendo una situación jurídica concreta, no podía desconocerse para aquellas personas que tenían 15 años de servicios a abril de 1994, luego entonces, contrario a lo argumentado por el ad quem, desde dicho proveído se ha mantenido el aludido criterio, reiterado entre otras en las sentencias C1024-2004 y SU 062-2010.
Seguidamente, reprodujo la providencia CSJ rad 29907, emitida por el máximo órgano de la justicia ordinaria, que alude a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100/93, con fundamento en lo cual argumenta, el yerro del tribunal en la aplicación de dicha preceptiva, concluyendo que «la tesis del tribunal termina desconociendo la estructura que desde la Constitución se le ha dado a la seguridad social pues los principios y valores en que se funda el Estado Social de Derecho, exige la ponderación de las normas constitucionales para que su aplicación se oriente hacia el reconocimiento de derechos y no hacia su negación sin que la sostenibilidad financiera pueda oponerse cuando el derecho que se persigue está ampliamente financiado con el caudal de cotizaciones»..
Agrega por su parte, que “De haber aplicado correctamente las nomas denunciadas el tribunal no habría concluido que el demandante no cumplió con los requisitos que establece del decreto 758 de 1990 para obtener la pensión de vejez y, por el contrario, habría reconocido su derecho adquirido al régimen de transición pensional sin importar la fecha limitar establecida en el acto Legislativo 01 de 2005, revocando la sentencia del a quo y reconociendo la prestación pretendida».
VIII. LA RÉPLICA
El opositor manifiesta, la adecuada aplicación e intelección de la norma acusada, enfatizando que una interpretación contrapuesta, daría paso a convertir tales pretensiones en un mecanismo para defraudar al sistema y obtener beneficios pensionales, afectando la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, lo cual pone en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.
Lo anterior, por cuanto, bajo los derroteros normativos del Acto Legislativo 01 de 2005, se estableció como límite temporal del régimen de transición, el 31 de diciembre de 2014, data en la cual, solo era posible la aplicación del Decreto 758 de 1990, en virtud del régimen memorado, para aquellas personas que cumplieran los requisitos de edad y tiempo, bajo lo preceptuado por su parágrafo transitorio 4, norma que a su vez impuso como condición el cumplimiento de requisitos con anterioridad antes de la referida calenda, siempre y cuando el beneficiario contara con 750 semanas sufragadas a la fecha de entrada en vigencia de la reforma constitucional controvertida; de tal suerte que las personas que consolidaran los presupuestos advertidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto legislativo y antes de la fecha mencionada, podían conservar tal prerrogativa.
Finalmente, afirma la imposibilidad legal y jurídica del ad quem, a efectos de impartir condena frente al reconocimiento de la prestación deprecada en los términos del Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que el actor consolidó el requisito de la edad, solo hasta el año 2018, y la convocada, le reconoció la pensión de vejez bajo los presupuestos de Ley 100 de 1993.
VII. SEGUNDO CARGO
Atribuye a la sentencia confutada, el violar la ley sustancial, por vía directa «por interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1996 en relación con los artículos 13, 48 (modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005), 53 y 58 de la Constitución, artículos 12 y 13 del Decreto 758 de 1990 (que adoptó el Acuerdo 049 de 1990), artículos 11, 31, 141, 272 de la Ley 100 de 1993».
En su disertación, esgrime argumentos idénticos a los expuestos en el cargo precedente.
VIII. LA RÉPLICA
Afirma el opositor, que las normas denunciadas por la censura, fueron aplicadas en debida forma por el juzgador de segundo grado, y en tal medida, su demanda no está llamada a prosperar
Destaca que al no cumplir el recurrente extraordinario con los requisitos para acceder a la pensión de vejez en régimen de transición, no existe otra interpretación a la dada por el tribunal para desatar la controversia. Por ello la sentencia del Ad quem se encuentra ajustada a derecho, razón por la cual se solicita no casar el fallo confutado.
IX. CONSIDERACIONES
Dada la vía escogida en las dos acusaciones, los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal, se mantienen indemnes: (i) que el actor nació el 2 de mayo de 1958, por lo que cumplió los 60 años de edad en la misma fecha del 2018; (ii) que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (iii) que de igual forma acredita los requisitos para acceder al régimen de transición que previó el Acto Legislativo 01 de 2005, por tener más de 750 semanas cotizadas a su entrada en vigencia.
El fundamento del Tribunal para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, se cimentó en que el actor no tenía un derecho adquirido, toda vez que al 31 de diciembre de 2014, no reunía los requisitos para acceder a la pensión de vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990, en razón a la densidad de semanas acreditadas y la edad, que para ese hito era de 56 años; consideró además, que el límite temporal del beneficio transicional establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, tenía plena aplicabilidad.
Por su parte, el censor le atribuye a la decisión de segundo grado, yerros jurídicos por interpretación errónea y aplicación indebida del elenco normativo que conforma la proposición jurídica de sus ataques, argumentando que el régimen de transición es un derecho adquirido que da lugar a que se le otorgue la pensión deprecada, razón por la que no puede imponérsele un límite temporal, como fue lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005.
En este orden, la controversia que propone el recurrente, se contrae a dilucidar si el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93, es un derecho adquirido como lo sostiene el censor, frente a lo que cabe recordar, que esta Sala en múltiples oportunidades ha puntualizado, que se entiende que « hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél que ha entrado en el patrimonio de aquella», tal y como se sostuvo en las sentencias CSJ SL4650-2017 y CSJ SL7781-2017, lo que trasladado al caso de la pensión de vejez, se traduce en tener cumplidas las dos exigencias para alcanzar ese derecho, como son edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas, acorde con lo que la ley que gobierne el asunto, establezca para el caso en particular.
En ese horizonte, debe indicarse, que, si bien el actor en principio acredita los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, previstos tanto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como el consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005, lo cual no es objeto de controversia, resulta relevante tenerse en cuenta que esta última disposición modificó los alcances de esa prerrogativa transicional, estableciendo unos límites temporales al mismo.
En efecto, dicho Acto Legislativo, dispuso que la vigencia del régimen de transición, previsto en el precepto 36 de la Ley 100 de 1993, iría hasta el 31 de julio de 2010; pero de igual forma, previó la posibilidad de que quienes a la fecha en que entró a regir, tuviesen 750 semanas cotizadas o un tiempo de servicios equivalente, se les extendiera hasta el 31 de diciembre de 2014, cuyo objetivo era amparar aquellos afiliados que tenían expectativas próximas para alcanzar el derecho a la pensión de vejez.
Conforme a lo anterior, el hecho de poner un límite temporal al régimen de transición, que como su nombre lo indica, es transitorio, en manera alguna puede constituir una transgresión de derechos de los afiliados a alcanzar la pensión por vejez, dado que no fue una modificación intempestiva, sino que por el contrario, dio la oportunidad a aquellos asegurados que tenía la expectativa legitima de pensionarse en el periodo que consagró, y de acuerdo a las reglas que allí fijó, de conservar los beneficios que las normas anteriores al referido Acto Legislativo les otorgaban para acceder a esa prestación.
En punto del debate, se pronunció recientemente la Sala en la sentencia CSJSL2341-2022, y la CSJ SL2109-2018, en donde reiteró lo adoctrinado en proveído SL7040-2017, donde se asentó:
En efecto, el Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2005 --publicado el 25 de julio de 2005 en el diario oficial número 45980--, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, en su parte pertinente, dispuso:
“Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo de la Constitución Política:
«(…)
Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.
En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos».
(…)
Parágrafo 1º. (…)
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen. (Subrayado original del texto).
(…)
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación.
Salta de bulto que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 perdió su vigencia el 31 de julio de 2010. Esa fue la regla general constitucional, respecto de la cual en ningún yerro de aplicación o interpretación incurrió el Tribunal, dado que de ella nada distinto es posible concluir, pues su tenor literal no deja asomo de duda sobre su contenido.
Y la sub regla prevista como excepción a la disposición de fenecimiento del régimen de transición al 31 de julio de 2010, es una y solo una: que de la fatal fecha se exceptúan quienes al 25 de julio de 2005 --fecha de publicación de la disposición en el diario oficial-- contaren con 750 semanas de cotización, pues a ellos se les extenderá el régimen de transición hasta el año 2014 --31 de diciembre, entiende la jurisprudencia--, de manera que si alguno de los requisitos les faltare por cumplir, ese será el plazo con el que contarán para obtener el derecho pensional. (Negrillas y subrayado fuera de texto original).
[…]
La expectativa legítima pensional que debe entenderse protegió el legislador es la recogida en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la cual, sin lugar a dudas, por el mero hecho de contarse con una determinada edad se podía durante su vigencia alcanzar el derecho pensional; pero el citado Acto Legislativo fue el que dio precisión al término de vigencia del régimen de transición, dejando claro que éste fenecía el 31 de julio de 2010. Sin embargo, habilitó la fecha del 31 de julio de 2014 como término último de adquisición del derecho, pero para quienes frente a este nuevo plazo contaban al momento de su vigencia --25 de julio de 2005-- con 750 semanas de cotización.
Trasladando las consideraciones precedentes al sub examine, se tiene que aun cuando el demandante cumplía con el requisito de densidad de semanas – 750 – al 31 de julio de 2005, cuando entró en vigencia el pluricitado Acto Legislativo, lo cual dio lugar a que se le extendiera o habilitara el plazo para consolidar su derecho pensional hasta el 31 de diciembre de 2014, como fecha límite para acreditar las exigencias respectivas, es un hecho indiscutido que para esta última calenda, el afiliado tan solo contaba con 56 años de edad, dado que nació el 2 de mayo de 1958, y por ende, no puede argumentarse que tenía un derecho adquirido, como equivocadamente lo afirma el recurrente, por cuanto le faltaba uno de los presupuestos para acceder a la prestación reclamada, conforme a la normatividad que gobernaba su pensión, que exigía 60 años, luego no puede argüirse la existencia de tal derecho subjetivo en cabeza del accionante.
Ahora bien, no debe olvidarse, que el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la CN, elevó a rango constitucional la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, buscando con ello garantizar a los administrados el derecho de alcanzar una pensión, dando así prevalencia al interés general, cuyo objetivo no es otro que prever que los regímenes pensionales sean financieramente sostenibles, a fin evitar un colapso económico de los mismos, y en esa medida, surge coherente la eliminación del régimen de transición y que no se mantuviera de manera indefinida.
Sobre la sostenibilidad del sistema, la Sala en Sentencia CSJ SL, 2 may. 2012, rad. 41695, precisó: «El llamado principio de sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social fue instaurado por el Acto Legislativo número 1 de 2005, al ordenar que “Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas” (el subrayado no hace parte del texto original). Es evidente que, más que un principio, es una regla constitucional que impone al legislativo la obligación de que, cuando expida leyes que instauren o modifiquen sistemas de pensiones, sus disposiciones no atenten contra la sostenibilidad financiera de tales sistemas. Dicho con otras palabras, la Constitución prohíbe al Congreso establecer sistemas de pensiones financieramente insostenibles. Esta obligación para el órgano legislativo opera a partir de la vigencia del citado Acto Legislativo, o sea, a partir del 29 de julio de 2005».
Bajo este derrotero, resulta entonces de vital importancia el principio de la sostenibilidad del sistema pensional, y el interés general que este protege, el que en últimas debe prevalecer, sin que ello signifique desconocer el mandato de progresividad; no obstante, el mismo no es absoluto, por cuanto no puede responder a un beneficio individual sino a una colectividad, como se aseveró por esta Sala de la Corte en la sentencia CSJ SL, 23 sep. 2008, rad. 35229, en la que puntualizó:
Por último, a fin de dar respuesta a la oposición en lo referente a la progresividad, se ha de rememorar lo anotado en la sentencia de rad. N° 32765 ya citada, donde enseñó la Corte:
“… no desconoce la Sala la obligación de progresividad con que el Estado debe ofrecer la cobertura en la seguridad social, la cual como ya lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, no es un principio absoluto sino que debe estar sujeto a las posibilidades que el sistema tenga de seguir ofreciendo unas prestaciones sin que se afecte la sostenibilidad financiera del sistema. (Negrillas fuera de texto original).
“El juicio de progresividad comparando lo que ofrece la legislación nueva respecto a la anterior, no puede responder a una mera racionalidad del interés individual que se examina, sino que en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social, debe atender la dimensión colectiva de los derechos tanto de los que se reclaman hoy como de los que se deben ofrecer mañana.
“Según señalan los convenios internacionales que fundan la seguridad social, ésta debe entenderse como una economía del bienestar justa que comprenda a las generaciones presentes, pasadas y futuras. A manera de ilustración, el numeral 3° del artículo 12 del Código Iberoamericano de Seguridad Social aprobado por la Ley 516 de 1999 establece que “3. Los Estados ratificantes recomiendan una política de racionalización financiera de la Seguridad Social basada en la conexión lógica entre las diferentes funciones protectoras de ésta, la extensión de la solidaridad según sus destinatarios, y la naturaleza compensatoria o sustitutiva de rentas de sus prestaciones, que guarde la debida concordancia con las capacidades económicas del marco en que debe operar y basada en el adecuado equilibrio entre ingresos y gastos y la correspondencia, en términos globales, entre la capacidad de financiación y la protección otorgada”.
En esa medida, contrario a lo esgrimido por el censor, si bien bajo los derroteros del Acto Legislativo, se previó un régimen de transición para los afiliados que cumplieran el 75% de la densidad de cotizaciones o de tiempo de servicio, para acceder a la prestación, dicha circunstancia no da cuenta de un derecho adquirido, ello, máxime si la memorada prerrogativa, tenía como hito final el 31 de diciembre de 2014, calenda para la cual el actor no tenía consolidado su derecho pensional (cumplimiento de tiempo y edad), ostentando de tal modo, una simple expectativa, que de acuerdo con la libertad de configuración otorgada por la Constitución Política al legislador, tenía la posibilidad de ser objeto de modificación.
Cabe traer a colación aquí, lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002, en la que asentó:
Con todo, la Corte también ha sostenido que el legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado. Ello se debe a que, por encima de cualquier protección a estos intereses, prevalece su potestad configurativa, la cual le permite al legislador darle prioridad a otros intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. (Negrillas fuera de texto original).
Aun así, esta Corporación ha sostenido que cualquier tránsito legislativo debe consultar parámetros de justicia y equidad, y que, como toda actividad del Estado, está sujeta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Fuerza concluir entonces, conforme a las argumentos que preceden, que el juez de apelaciones no incurrió en las yerros jurídicos que se le endilgan, en tanto no aplicó de manera indebida, ni le imprimió una errada intelección a las disposiciones que gobernaban el caso, como tampoco le dio entendimiento errado a esa normatividad, puesto que no alteró sus elementos, y menos desvió su genuina inteligencia, siendo esa la regla general constitucional, sin que de ella pueda concluirse nada distinto, conforme a su literalidad, lo que se acompasa con la línea de pensamiento de esta Sala.
Lo anterior es suficiente para que los cargos no prosperen.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente que lo fue el actor, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.700.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintiuno (21) de octubre dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario que el recurrente GUSTAVO ENRIQUE OSIO URIBE le promovió a la ADMNISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Aclaro Voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n°92467
REFERENCIA: GUSTAVO ENRIQUE OSIO URIBE vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión, si bien comparto el fallo, me permito aclarar el voto, en torno a la naturaleza del régimen de transición.
Los cambios normativos y su tránsito
Es común en la técnica legislativa que, ante cambios normativos, se creen periodos de transición con el fin de implementarlos sin generar grandes traumatismos en el orden político, económico y social.
Son varias las razones que soportan la necesidad de estos periodos de transición, desde aquellas que se basan en necesidades pedagógicas, que tienen que ver con el suministro de información suficiente al ciudadano para el entendimiento del nuevo marco normativo, hasta las que se fundan en el establecimiento de infraestructuras esenciales para la debida ejecución de la nueva ley.
Lo cierto, empero, tratándose de derechos económicos y sociales, los regímenes de transición suelen constituirse como vehículos de protección de potenciales derechos de los habitantes del territorio nacional.
Tradicionalmente en relación con los derechos hemos aceptado la división entre la mera expectativa y derecho adquirido; no obstante, actualmente podemos realizar una división más amplia de estos momentos así: el derecho adquirido, la expectativa legítima y la expectativa simple o mera expectativa.
Normalmente aceptamos que cuando un afiliado cumple con los requisitos mínimos de acceso a un derecho, previamente instituido en la ley, se está en presencia de un derecho adquirido. Nos resulta relativamente fácil entender, desde la esfera de lo patrimonial, que cuando el derecho ingresa al patrimonio torna en uno adquirido, en tanto involucramos la teoría de la propiedad privada conforme al artículo 58 de la Constitución Política. Dicho en breve: un derecho adquirido es una situación jurídica creada y consolidada al amparo de una ley que no puede ser desconocida ni modificada por una nueva normativa.
Con arreglo a esto último, los derechos adquiridos o consolidados al amparo de una disposición anterior técnicamente no deben hacer parte de la estructura de un régimen de transición, en tanto, la nueva ley no los puede desconocer, ni desmejorar.
Ahora bien, en nuestra jurisprudencia se ha aceptado, con relativa facilidad, que las meras expectativas, al tenor del artículo 17 de la Ley 153 de 1887, no constituyen derecho contra la nueva ley que las anule o cercene. Empero, en la actualidad emergen distinciones entre la expectativa legítima o expectativa de derecho y la mera expectativa.
A tono con el contexto trazado, podemos afirmar que nos encontramos ante una expectativa legítima o expectativa de derecho cuando un ciudadano se encuentra muy próximo a cumplir con los requisitos de acceso al derecho, de forma tal que, en principio, se podría considerar injusto un cambio drástico en las reglas que rigen la situación. Así las cosas, estas personas, en virtud del principio de confianza legítima, deben ser sujetos de alguna acción protectora por parte del legislador, con el fin de garantizar que los cambios no produzcan inequidad o desigualdad.
Precisamente aquí es donde, y con el objetivo de proteger las expectativas legítimas de los ciudadanos, se impone, tal y como nos lo recuerda la Corte Constitucional en la sentencia CC-C428-09, la necesidad de contemplar un tránsito legislativo razonable y proporcional. Ello trae como consecuencia, desde luego, que la amplia libertad de configuración del Congreso de la República encuentre un límite en el principio de confianza legítima que le impide impactar «excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición».
Finalmente, de lo anterior se puede deducir con relativa facilidad que las expectativas simples o lejanas son las que mejor responden al concepto de mera expectativa; y que no existe razón alguna para que el legislador no las pueda modificar, cuando ello sea necesario para salvaguardar el orden económico y social, utilizando un amplio margen de configuración legal.
Reparemos en que los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagraron las reglas de tránsito normativo entre los múltiples esquemas pensionales anteriormente vigentes y el nuevo sistema pensional. Desafortunadamente para el país, el régimen de transición no se concentró en salvaguardar expectativas legítimas sino también expectativas lejanas o meras expectativas, creando problemas de viabilidad y sostenibilidad pensional, lo que condujo a intentar su reforma dos veces por medio de ley ordinaria y, una más, por medio de un acto legislativo, actualmente vigente.
2. El derecho al régimen de transición
Una vez consagrado el régimen de transición, en nuestro criterio, éste se torna en un derecho por parte de los ciudadanos que tienen la expectativa que les es salvaguardada total o parcialmente por la ley. Así, diferenciamos el derecho a un régimen de transición de un derecho a la prestación, en este caso, a la pensión de vejez.
Es que, desde luego, el derecho al régimen de transición, como arriba se sugirió, al originarse en el principio de confianza legítima impone el deber del Estado de no impactar excesivamente los requisitos de acceso a la prestación, bajo los cuales venían consolidando el derecho aquellos ciudadanos que tienen una expectativa legítima. Por su parte, el derecho a la pensión, como tal, dimana cuando se verifican los supuestos fácticos estatuidos en la ley para ser acreedor de la prestación.
Como tal, el derecho al régimen de transición es renunciable mientras que el derecho a la pensión que, deriva su naturaleza del derecho irrenunciable a la seguridad social, no lo es.
En efecto, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que contiene el principio de favorabilidad frente a disposiciones anteriores, reza:
ARTICULO 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.
Y el inciso 4 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagra:
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Por lo mismo, el derecho que otorga el régimen de transición no es otro que uno de acceso a la pensión bajo requisitos que, en principio, pueden ser más benéficos. En este sentido, la transición genera una opción diferente de obtener a la prestación. Así, el afiliado al sistema, al amparo de la transición, puede potencialmente, pero en condiciones de favorabilidad, gozar la pensión de vejez a través del cumplimiento de los requisitos exigidos por (i) el régimen ordinario, (ii) el régimen de transición, o (iii) el régimen de pensiones especiales creado en la ley.
El estatuto de la seguridad social, en su versión original, al crear el régimen de transición, implementó una forma de acceder a la pensión de vejez sometida al cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y monto del régimen anterior aplicable al afiliado beneficiario. Si se observa bien, el artículo 36 no previó límite de tiempo para obtener la pensión en régimen de transición. Los afiliados beneficiarios gozaban plenamente de la garantía de la prestación en cualquier momento, previo el cumplimiento de los requisitos del régimen precedente.
Es de verse que, como se explicó, la extensión ilimitada en el tiempo del régimen de transición, aunado el hecho de que se protegía a toda una generación pensional (cobertura para meras expectativas pensionales) dado que las edades que amparaban el régimen de transición eran de 35 años para las mujeres o 40 años para los hombres o 15 años de servicios o de cotización a la vigencia del sistema general de pensiones, llevó a que se intentara su limitación en el tiempo mediante sendas reformas implementadas por las Leyes 797 y 860 de 2003, que a la postre fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencias CC C-1056 de 2003 y CC C-754 de 2004, respectivamente.
Por último, el Acto Legislativo 1 de 2005 limitó en el tiempo, el derecho de acceder a la pensión bajo los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en principio hasta el 31 de Julio de 2010, salvo que el afiliado beneficiario tuviese en su haber, al 29 de julio de 2005, 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios.
Lo que realmente acontece es que el derecho de acceso a la pensión deferido por el régimen de transición quedó sometido a que la condición (el cumplimiento estricto de los requisitos de pensión exigidos en el régimen anterior del cual era beneficiario el afiliado) se cumpliera antes de las fechas de expiración instituidas en el acto legislativo.
A esta altura, entonces vale la pena preguntarse sobre la naturaleza del derecho que otorga el régimen de transición. Para ello, me permito echar mano de la definición de derecho adquirido esbozada por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de marzo de 1977 -Acta número 10- utilizada por la Corte Constitucional en sentencia CC C-168 de 1995:
[…] Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder.
Por su parte, la Corte Constitucional en reciente fallo, al resolver una demanda contra el artículo 289 de la misma ley que hoy se impugna parcialmente, expresó en relación con este tema lo siguiente:
La norma (art. 58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca.
Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia. (sent. C-529/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
Por supuesto: la Ley 100 de 1993, en su artículo 36, otorgó un derecho a un sector de la población colombiana, el cual podía ser ejercido una vez constatado el cumplimiento de los requisitos estipulados para el acceso anterior conforme al régimen pensional precedente aplicable a cada afiliado. En principio este derecho no podía ser modificado o reformado por una ley ulterior.
De hecho, así se puede inferir de lo explicado en la sentencia CC C-754 de 2004, por medio de la cual se declaró inexequible la reforma al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, realizada mediante el artículo 4 de la Ley 860 de 2003:
En otras palabras, en la Sentencia C-789 de 2002 la Corte advirtió claramente que si el cambio en la normativa del régimen de transición ocurre después de haber entrado a regir la norma y por tanto luego de haberse consolidado la situación de las personas a las que se les aplica, el mismo resulta ilegítimo.
De todo lo anterior se desprende que el Legislador al expedir la norma acusada no tuvo en cuenta que, como se explicó en la Sentencia C-789 de 2002, si bien frente a un tránsito legislativo y al régimen de transición respectivo el derecho a la pensión no es un derecho constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí existe un derecho al régimen de transición de las personas cobijadas por el mismo HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0754de2004.htm" \l "_edn94" \o "" [xciv][94]. Tampoco tuvo en cuenta que una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo consolidan una situación concreta que no se les puede menoscabar HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0754de2004.htm" \l "_edn95" \o "" [xcv][95].
Así las cosas ha de concluirse que la norma acusada, no solo resulta inexequible por los vicios de procedimiento estudiados en esta sentencia, sino que su contenido material tampoco se aviene a la Constitución.
No sobra señalar que las consideraciones anteriores no pueden interpretarse en el sentido que el Legislador no pueda establecer regímenes de transición, ni que se desvirtúe su competencia para modificar las condiciones en las cuales se puede obtener el derecho a la pensión. El Legislador debe respetar en todo caso, los principios de favorabilidad y proporcionalidad a que se hizo detallado análisis en la sentencia C-789 de 2002, de la misma manera que debe atender el trámite legislativo establecido en la Constitución, sin incurrir en los vicios que, como los identificados en esta ocasión y en la sentencia C-1056 de 2003 HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0754de2004.htm" \l "_edn96" \o "" [xcvi][96], llevan necesariamente a que la Corte en cumplimiento de su irrenunciable labor de control y de protección de la integridad de la Constitución declare la inexequibilidad de las disposiciones que no lo cumplen.
Por consecuencia, es esta argumentación la que en últimas llevó a la reforma del régimen de transición por medio del Acto Legislativo 1 de 2005, el cual, al fondo, estableció límites temporales para la extinción del derecho.
De este modo, el derecho al régimen de transición tiene la naturaleza de derecho adquirido para las personas que encajan en las situaciones de hecho del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, otra cosa es que sea renunciable o que se pueda extinguir, verbigracia, por falta de cumplimiento de la condición temporal fijada en el acto legislativo. Así como el derecho a la propiedad, siendo un derecho adquirido, se extingue por el fenómeno de la prescripción extintiva, el derecho al régimen de transición se extingue por la falta de cumplimiento efectivo de los requisitos de acceso a la pensión dentro del término ya referido.
Queda aclarado mi voto.
Fecha ut supra.
FERNANDO CASTILLO CADENA