CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada ponente
SL4040-2019
Radicación n.° 79319
Acta 33
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso JORGE ELADIO REALPE MUÑOZ contra la sentencia que el 7 de julio de 2017 profirió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
El citado accionante promovió demanda laboral contra Colpensiones, con el propósito de que se declare que es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se condene a dicha entidad a reconocerle la pensión de vejez conforme al Decreto 758 de 1990, a partir del 31 de diciembre de 2012, junto a las mesadas adicionales, los intereses moratorios y las costas del proceso.
En respaldo de sus pretensiones, refirió que nació el 8 de agosto de 1952; se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 28 de marzo de 1972 y realizó aportes hasta el 31 de diciembre de 2012; que cotizó un total de 1.000,71 semanas; que solicitó a la convocada el reconocimiento de la prestación que le fue negada mediante la Resolución GNR 044146 de 19 de marzo de 2013; que el 13 de agosto de 2013 interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicha decisión, los cuales no habían sido resueltos a la fecha en que interpuso la demanda (f.° 2 a 6).
Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento del accionante, el periodo en el cual estuvo afiliado, el total de semanas cotizadas, la negativa de la prestación y los recursos que interpuso en su contra. En su defensa, manifestó que el actor tiene 1.000,71 semanas de aportes en toda la vida laboral, pero no acredita 750 al 25 de julio de 2005, fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005.
Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia del derecho y cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la «innominada» (f.° 28 a 31).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
A través de fallo de 19 de marzo de 2015, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali absolvió a la demandada (f.° 35).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación que interpuso el demandante, mediante la sentencia recurrida en casación, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la decisión de primera instancia.
En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal indicó que le correspondía determinar si el demandante era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
Con ese objeto, empezó por señalar que dado que el actor nació el 8 de agosto de 1952, al 1.º de abril de 1994 contaba con 41 años de edad, razón por la cual, en principio, era beneficiario del régimen de transición; sin embargo, resaltó que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que esa transición no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, a menos que quien pretendiera beneficiarse de este tuviera al menos 750 semanas de cotizaciones a la vigencia de aquella modificación constitucional, caso en el cual se extendería «hasta el año 2014».
Para sustentar su postura, refirió que tanto esta Corporación al proferir las sentencias CSJ SL 37581, 21 nov. 2011, CSJ SL 57556, 1.° jun. 2016, CSJ SL8181-2016, CSJ SL13673-2017 y CSJ SL7040-2017, como la Corte Constitucional al dictar las providencias CC C-278-2013, CC T-475-2013, CC SU-557-2014, CC T-100-2015, CC T-014-2016, CC T-596-2016 y CC C-078-2017 han sido uniformes en cuanto a la pérdida del régimen de transición de quien no acredita 750 semanas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005.
Conforme a lo anterior, sostuvo que al 29 de julio de 2005, el apelante solo contaba con 645,57 semanas de cotización, razón por la cual su expectativa de pensionarse conforme al Acuerdo 049 de 1990 solo se mantuvo hasta el 31 de julio de 2010, momento para el cual no cumplía con los requisitos de aquella norma, pues cumplió 60 años el 8 de agosto de 2012 e, igualmente, completó el tiempo de cotizaciones requerido en diciembre de 2012.
Finalmente, consideró que el convocante tampoco cumplía con las exigencias del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues si bien tenía la edad solo reunía 1.000.71 semanas «insuficientes para acceder al derecho pensional».
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso el demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case «la sentencia 205 de julio de 2017 proferida por el honorable TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CALI – Sala Laboral revocándola y en su lugar proferir nueva sentencia accediendo a las pretensiones de la demanda».
Con tal fin, formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica, los cuales se resolverán de manera conjunta, pues a pesar de estar orientados por vías distintas, comparten similar argumentación e identidad de propósito.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa «por falta de aplicación o exclusión evidente de la norma jurídica, concretamente en los artículos: 36 de la Ley 100 de 1993; artículo 12-a-b del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990».
En la sustentación, refiere que tienen derecho a obtener la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, quienes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaran con más de 40 años si son hombres y estaban afiliados al Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual se le debe aplicar dicha norma, pues, además, reúne los requisitos en ella consagrados.
Asimismo, afirma que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014, momento en el cual ya había cumplido 60 años de edad y contaba con más de 1.000 semanas de cotización.
CARGO SEGUNDO
Ataca la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de «falta de aplicación» de los artículos «36 de la Ley 100 de 1993; artículo 12b del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990».
Aduce que el régimen de transición conservó las normas pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, conforme las cuales una persona tenía la expectativa de pensionarse, en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto.
Igualmente, explica que quien cumpla con los requisitos para ser beneficiario de la transición tiene derecho a que se le aplique la legislación anterior, sin que sea posible cambiar sus exigencias de manera «caprichosa y arbitraria».
En ese sentido, manifiesta que el Tribunal no apreció la historia laboral, en la cual se demuestra que cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición y con las precisiones consagradas en el Acuerdo 049 de 1990, es decir, 60 años de edad y 1.000.71 semanas de aportes.
CARGO TERCERO
Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de «falta de aplicación» de los artículos «29, 48 y 53 de la Carta Política».
Para soportar su ataque, plantea que el sentenciador de alzada no tuvo en cuenta que cotizó 1.000.71 semanas al Instituto de Seguros Sociales y cuenta con 60 años de edad, lo cual le permite obtener la prestación por vejez y, de esa forma, acceder al mínimo vital y llegar a la tercera edad con dignidad, pues no cuenta con ingreso alguno.
Asimismo, sostiene que erró el ad quem al considerar que perdió el régimen de transición con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, pues lo que consagra tal preceptiva es que se respetarán todos los derechos adquiridos en materia pensional.
Por otra parte, manifiesta que en sentencia CC T-473-2013, la Corte Constitucional consideró que la seguridad social es un derecho fundamental y tiene sustento en el artículo 49 de la Carta Política y los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad.
RÉPLICA CONJUNTA
Colpensiones se opone a la prosperidad de los cargos. Refiere que su planteo contiene serias deficiencias técnicas que impiden su prosperidad, entre las que destaca: (i) en la primera acusación el ataque debió dirigirse bajo la modalidad de interpretación errónea, pues la sentencia impugnada tuvo como fundamento la jurisprudencia de esta Sala y la de la Corte Constitucional, y (ii) en los cargos segundo y tercero, el censor orienta la acusación por la vía indirecta, sin embargo, en su desarrollo hace alusión a temas fácticos y jurídicos.
Igualmente, señala que si se omitieran lo yerros anteriores, la demanda tampoco prosperaría, pues esta Corporación carece de competencia para dejar de aplicar el artículo 48 Superior, toda vez que el control difuso de constitucionalidad consagrado en el artículo 4.º ibidem, se refiere a cuando existe incompatibilidad entre una norma legal y la Carta Política, pero no entre artículos de la misma Constitución o entre esta y convenios internacionales.
Adicionalmente, indica que el parágrafo 4.º transitorio fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia CC C-337-2006.
Igualmente, aduce que esta Corporación no puede iniciar la acción de inexequibilidad contra un acto legislativo, pues la misma caduca un año después de su entrada en vigencia y su ilegalidad solo puede declararse cuando altera el mandato Superior, lo cual no se produce al eliminar un régimen de transición por motivos de interés general para preservar el equilibrio fiscal de La Nación.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero advertir que el censor incurre en una imprecisión técnica, al solicitar la casación de la sentencia de alzada «revocándola», lo cual evidentemente no es posible, en razón a que una vez casada la providencia de segundo grado, esta desaparece del mundo jurídico y no es posible revocar lo que no existe.
Así mismo, comete una impropiedad al proponer el alcance de la impugnación de manera incompleta, pues no precisa qué debe hacer la Corte como Tribunal de instancia una vez case la sentencia impugnada, esto es, si confirmar, revocar o modificar la decisión del a quo.
Sin embargo, tal deficiencia es superable, por cuanto en dicho petitum el impugnante pretende que, en sede de instancia, se condene a las pretensiones de la demanda, es decir, que se revoque la sentencia absolutoria del a quo.
Ahora, si bien la demanda de casación no es un modelo a seguir, es posible identificar un problema jurídico consistente en establecer si la pertenencia al régimen de transición constituye un derecho adquirido y, por tanto, si la limitación que consagra el parágrafo transitorio 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005 es inaplicable.
Con tal objeto, la Sala comenzará por determinar si la pertenencia a un régimen de transición constituye un derecho adquirido; luego, analizará la incidencia del parágrafo 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005 en la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, finalmente, estudiará si esa reforma constitucional es regresiva a la luz de las normas internacionales, cuya vulneración se acusa.
1.- De los regímenes de transición y los derechos adquiridos
Esta Corporación ha adoctrinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional, sufran las consecuencias de una decisión arbitraria producto de la libertad de la configuración legislativa. Por tal motivo, las modificaciones al sistema jurídico que establece los criterios para acceder a beneficios pensionales, no pueden, por regla general, introducir abruptamente nuevas condiciones sin la consideración de los afilados próximos a adquirir el status de pensionados. Lo anterior, se refuerza si se tiene en cuenta que la seguridad social está catalogada como derecho fundamental según lo consagra el artículo 48 de la Constitución Política y, por su parte, el artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que impide regresiones en los estándares de protección, sin la mediación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017).
Ahora, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.° de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.
De esta forma, la citada norma previó una transición ante la vigencia del sistema general de seguridad social ya que protegió a un grupo de afiliados que por su edad o densidad de cotizaciones, tenían la posibilidad cercana de causar una pensión bajo las reglas de regímenes anteriores.
No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que «se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella» (CSJ SL4650-2017).
Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.
Según lo dicho, no puede afirmarse que el hecho de cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le otorga al afiliado un derecho adquirido, dado que esa situación corresponde a una probabilidad cierta pero eventual de consolidar un derecho bajo las condiciones que establezca determinada ley, y siempre que no se produzcan cambios en el sistema.
2.- Del parágrafo transitorio 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005, su incidencia en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y derechos adquiridos
El Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política limitó la vigencia del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de julio de 2010, pero en aras de salvaguardar las expectativas de la personas cercanas a causar una pensión por virtud de esa transición, extendió tal término hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre que al 29 de julio de 2005 contaran al menos con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios. Puntalmente la norma establece:
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
De lo anterior deriva, que quienes no causaran el derecho pensional antes del 31 de julio de 2010 se acogerían al nuevo sistema general de pensiones, a menos que cumplieran las condiciones exigidas para la prórroga de la transición.
Por consiguiente, el análisis normativo que hizo el ad quem, en virtud del cual consideró que al accionante no se le podía extender el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014 por no contar con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios al 29 de julio de 2005, es acertado, al amparo del parágrafo 4.° del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005.
Ahora bien, es preciso aclarar que no resulta viable inaplicar esta última disposición, por tratarse de una norma de rango supralegal y tampoco es viable acudir a la excepción de inconstitucionalidad por emanar directamente de la Carta Política y, además, porque esa reforma no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; antes bien, previó su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de regímenes anteriores.
Dicho de otro modo, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición, ello no implica que sus efectos sean retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respetó las situaciones consolidadas, pues dejó a salvo los derechos de quienes estructuraron un status pensional al amparo de los regímenes anteriores.
3.- El parágrafo 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005, ¿es regresivo a la luz del bloque de constitucionalidad?
De entrada, destaca esta Corporación que no es posible inaplicar el Acto Legislativo 01 de 2005 por contrariar los principios contenidos en los preceptos internacionales, pues dicha modificación reformó al artículo 48 del Constitución Política y se promulgó en el marco de las facultades que el artículo 375 de la Constitución confiere al legislador.
Por tanto, se trata de una norma reformatoria de la Constitución que adquiere el consecuente status de disposición supralegal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la Carta Superior.
Precisamente, en el ejercicio de tal potestad, en la sentencia CC C-178-2007 la Corte Constitucional analizó problemas jurídicos que tienen una relación estrecha con los planteados por el recurrente en casación.
En aquella oportunidad, se formularon los siguientes interrogantes:
• El Acto Legislativo acusado, sumado al conjunto de enmiendas a la Constitución Política adoptadas entre 1993 y el 2005 sustituyeron el orden superior inicialmente establecido?
• ¿Incurrió el Acto Legislativo 01 de 2005 en un vicio de competencia por regular temas relacionados con asuntos que, según el demandante, habían sido acordados en el ámbito de la política internacional de Colombia?
• ¿Es competente el Congreso para decidir mediante acto legislativo dentro de los dos años siguientes a la realización de un referendo, en relación con temas similares a los puestos a consideración del pueblo mediante referendo constitucional aprobatorio, cuando tales temas no fueron objeto de aprobación por incumplimiento del requisito de participación ciudadana mínima establecido para que la votación fuera jurídicamente eficaz?
Al abordarlos, dicha Corporación se inhibió para estudiarlos, puesto que, a su juicio, se trababa de problemas de fondo respecto de una norma no sustitutiva del texto constitucional.
En ese contexto, es clara la imposibilidad de inaplicar la norma que se acusa. Primero, porque esta Sala carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no sustituyó el texto de la Constitución Política.
En consecuencia, los cargos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4´000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 7 de julio de 2017 por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario laboral que JORGE ELADIO REALPE MUÑOZ adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Costas, como quedó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN