JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Magistrado ponente
SL3583-2020
Radicación n.° 78132
Acta 32
Bogotá, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA DE JESÚS CRISTANCHO DE SÁNCHEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de febrero de 2017, en el proceso ordinario laboral que adelanta en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
La citada señora llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de obtener la pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 2013; reajustes pensionales; mesadas adicionales; intereses moratorios; ultra y extra petita y costas del proceso.
Fundamentó sus peticiones en que nació el 15 de abril de 1956, cumpliendo los 55 años de edad en el año 2011; que prestó sus servicios laborales a la empresa Exipron Ltda., entre el 1º de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1994; que dicha empleadora la afilió a la seguridad social en pensiones al Instituto de Seguros Sociales; que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años; que cotizó desde el 2 de julio de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1994 un total de 875 semanas; que el 13 de julio de 2010 se vinculó al Consorcio Prosperar y aportó como independiente a través de éste del 1º de agosto de 2010 al 31 de enero de 2013, un total de 128.57 semanas; que en agosto de 2011 consultó el reporte de semanas y le aparecían 917.86; en febrero de 2012 contaba con 939.29, y en enero de 2013 con 977.86; que durante toda su vida laboral obtuvo 1003 semanas; que solicitó la pensión de vejez ante la entidad, la cual le fue negada mediante Resolución n.º 043911 del 19 de marzo de 2013, contra la que interpuso los recursos de ley, los que una vez resueltos confirmaron la decisión primigenia; que elevó una nueva petición de estudio de la pensión, pero corrió con la misma suerte; y que en varias oportunidades requirió la corrección de su historia laboral sin obtener respuesta.
La entidad convocada a juicio, al dar respuesta a la demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la edad de la demandante, la afiliación y cotizaciones al sistema a través del Consorcio Prosperar, los reportes de semanas cotizadas y las reclamaciones y respuestas emitidas. En torno a los demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción y caducidad, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios, inexistencia de la obligación y del derecho por falta de causa y título para pedir y la genérica.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 17 de noviembre de 2016, condenó a la demandada a reconocer y pagar a la actora la pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 2013, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente; reajustes legales; 13 mesadas anuales; retroactivo pensional liquidado a 31 de octubre de 2016, en la suma de $30.353.100; y los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Declaró no probadas las excepciones propuestas por la convocada a juicio y la fustigó en costas procesales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer del proceso, en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la enjuiciada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral profirió sentencia el 21 de febrero de 2017, mediante la cual revocó la dictada por el a quo y, en su lugar, absolvió a la demandada de la totalidad de pretensiones incoadas en su contra por la demandante.
Luego de establecer como elenco normativo necesario para resolver el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 049 de 1990 y el Acto Legislativo 01 de 2005, estimó que la actora contaba con más de 35 años de edad a 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 ibídem, por lo que conservó el régimen de transición pensional regulado en su artículo 36.
De tal modo, como encontró que la demandante arribó a la edad para acceder a la pensión de vejez en el 2011, dijo que debía acreditar las 750 semanas de que trata el Acto Legislativo 01 citado, para extender el mencionado régimen hasta el año 2014.
Así, luego de analizar las historias laborales obrantes a folios 18 a 23, observó que con la empleadora Exipron Ltda. reportaba 574.14 semanas entre el 1º de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1994, sin embargo, con el reporte de semanas y la historia laboral de los folios 98 a 103, coligió que contaba con 32.14 semanas cotizadas con la referida empleadora para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 1980 y el 30 de abril de 1981, y con anotación de deuda del 1º de mayo de 1981 al 31 de diciembre de 1994, pero que como la actora confesó en el escrito de demanda que laboró para Exipron Ltda., del 1º de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1994, no podía tener en cuenta los ciclos de los años 1982 y 1983, ya que a pesar de requerir a la accionante esta no acudió a su ex empleadora ni allegó documento alguno que diera cuenta del tiempo realmente laborado para la misma, lo que le permitió concluir que incumplió con la carga de la prueba, además de inferir que por lo menos entre el 24 y 29 de septiembre de 1981 no laboró para la empresa, sino para la empleadora Ana Rita Acero de Arévalo.
Indicó que pese a existir esos tiempos en el reporte de semanas, esa situación pudo obedecer a la mora efectiva de estos o a la falta de novedad de retiro por parte de la compañía, de tal manera que ante la ausencia de prueba validó únicamente el término confesado por la señora María de Jesús Cristancho del 1º de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1994, para un total de 565.71 semanas, por lo que la actora contaba para el 29 de julio de 2005 con 866.56, extendiendo de ese modo el régimen de transición hasta el 2014.
Prosiguió con la verificación de los requisitos contenidos en el Acuerdo 049/90, para concluir que la demandante no logró acreditar 1000 semanas de cotizaciones en cualquier tiempo, puesto que comprobó solo 995.13, las que obtuvo luego de sumar las 429.42 de la historia laboral requerida de oficio (f.º 98) y las 565.71 validadas por el tiempo confesado como laborado entre el 1º de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1994, cotizaciones que consideró adeudadas por Exipron Ltda.
Señaló que la actora alcanzó 432.99 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para acceder a la pensión de vejez, por lo que tampoco cumplió con las 500 requeridas en la mencionada normativa.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se confirme la proferida en primer grado.
Con tal propósito formula un cargo, el cual fue replicado.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la causal primera de casación laboral de ser violatoria de la ley sustancial contenida en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por la vía indirecta, por errónea apreciación de la prueba.
En sustento del cargo, refiere que la infracción del Tribunal se produjo como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
Incurrió el Honorable Tribunal en error, al no contabilizar las semanas cotizadas (32.14) por el empleador EXIPRON LTDA., para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 1980 al 30 de abril de 1981, lo cual se encuentra debidamente acreditado dentro del expediente y aceptado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, lo cual se refleja en el Reporte de Semana Cotizadas en Pensiones por la demandante (folios 18 a 21, 33 a 36, 78 a 80 y 101 a 104 del expediente).
Lo anterior, al dar por no probado, estándolo:
A- Que la demandante, señora MARÍA DE JESÚS CRISTANCHO DE SÁNCHEZ, sí había cumplido con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, el cual exige para la pensión en caso de mujeres, 55 años de edad y haber cotizado mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.
B- Que a la demandante, señora MARÍA DE JESÚS CRISTANCHO DE SÁNCHEZ, sí se le debía tener en cuenta las semanas cotizadas con el empleador EXIPRON LTDA., para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 1980 y el 30 de abril de 1981 (32.14 semanas).
C- Que la demandante, señora MARÍA DE JESÚS CRISTANCHO DE SÁNCHEZ, había cotizado un total de 1.003 durante toda su vida laboral.
Como prueba erróneamente apreciada denuncia el «Reporte de semanas cotizadas en pensiones por la demandante, señora MARÍA DE JESÚS CRISTANCHO DE SÁNCHEZ (folios 18 a 21, 33 a 36, 78 a 80 y 101 a 104 del expediente).»
En desarrollo del cargo, afirma que la empresa Exipron Ltda. afilió a la demandante y canceló los aportes a la seguridad social en pensiones para los períodos del 18 de septiembre de 1980 al 30 de abril de 1981, 32.14 semanas, y del 1º de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1994, 574.14 semanas, situación demostrable con los reportes de semanas.
Asevera que el Tribunal no tuvo en cuenta las 32.14 semanas cotizadas en el citado período, aun cuando fueron aceptadas por la pasiva y no fueron discutidas durante el juicio.
Comenta que acudió a la jurisdicción ordinaria porque desde el año 2013 a la actora le desaparecieron de su historia laboral 574.14 semanas, generadas por el tiempo laborado para Exipron Ltda., entre el 1º de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1994, pero que nunca existió reparo frente a las 32.14 de los años 1980 y 1981, las que asegura fueron desconocidas por el ad quem unilateralmente y sin prueba que lo justifique.
Manifiesta que en los distintos reportes de semanas el ISS, hoy Colpensiones, siempre contabiliza las mentadas 32.14 semanas, las que, aduce, el juzgador de segundo grado se niega a reconocer, y que, de tenerlas en cuenta, así como las 574.14 que fueron retiradas del histórico de semanas, ajusta 1003, con las que acredita los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez.
RÉPLICA
La opositora señala que el ataque adolece de graves defectos de orden técnico que, en su consideración, hacen que no cuente con vocación alguna de prosperidad, ya que, dentro de la proposición jurídica del único cargo, no señala una norma de carácter sustancial, sino que, por el contrario, la hipotética violación del Tribunal de un precepto procesal (art. 61 CPTSS), por la vía indirecta y sin modalidad alguna.
Expone que la recurrente incurre en una «contracción lógica» al afirmar que el ad quem apreció erróneamente unas pruebas y, al mismo tiempo, no las tuvo en cuenta, vacío que, dice, no puede suplir la Sala de manera oficiosa.
Sostiene que el cargo no controvierte el real sustento fáctico de la sentencia impugnada, ya que considera que esta se cimentó en la confesión judicial imprimida en el libelo inaugural, para lo cual trae a colación apartes de la sentencia de esta Corporación del 20 de febrero de 2007, rad. 28501.
CONSIDERACIONES
Es preciso indicar que el cargo no constituye un modelo a seguir, en cuanto a las formas mínimas exigidas en los artículos 87 y 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues si bien invoca como vía de ataque la indirecta, clama la violación de una norma de carácter procesal, lo que es contrario a la técnica de casación laboral, a menos que se acuda a la violación medio, lo que no ocurre en esta oportunidad. Además, mezcla la apreciación errónea de unas pruebas con su no valoración, lo que resulta opuesto, ya que el colegiado no pudo interpretar erróneamente lo que no apreció.
Empero, sin atención a los mencionados errores técnicos advertidos, lo que emerge claro es que la controversia que propone la impugnante contra la sentencia de segundo grado, según se desprende del desarrollo del cargo, se contrae a la aplicación a su caso del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, puesto que, para ella, el ad quem apreció de manera equivocada los reportes de semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, lo que condujo a la violación del art. 61 del CPTSS, con lo cual, advierte la Sala, se cumple con el requisito de una adecuada proposición jurídica, en tanto se duele la censura de la indebida aplicación del artículo 12 ibídem, norma sustancial de alcance nacional.
Conforme a los mandatos legales y a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la prosperidad de una acusación dirigida por la senda indirecta, está supeditada a la demostración de un error de hecho que tenga el carácter de evidente, manifiesto u ostensible, de modo que no se trata de un yerro cualquiera o intrascendente, sino de uno que incida contundentemente y comporte el desvío del sentido de la decisión en dirección opuesta a la que se hubiera adoptado, de no presentarse el desacierto.
Es por lo anterior que esta Corte ha sido incisiva en cuanto a predicar el respeto por la libertad e independencia de la labor de juzgamiento en las instancias, en atención a lo preceptuado por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y a lo consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, de manera que solo cuando la equivocación del juez de apelaciones se exhiba irracional y desafiante del sentido común y de las reglas de la sana crítica, podrá la Corte rectificar el desafuero, en perspectiva de lograr el imperio del orden jurídico y de reparar el perjuicio irrogado al recurrente. (CSJ SL4141-2019).
Así, entonces, es menester que la Sala proceda al estudio objetivo de las pruebas censuradas por la recurrente, no obstante, desde ya debe desestimarse el argumento de que el Tribunal no tuvo en cuenta las 32.14 semanas aportadas por el periodo laborado por la demandante en Exipron Ltda., comprendido entre el 18 de septiembre de 1980 y el 31 de marzo de 1981, y que se encuentran incluidas en cada una de sus historias laborales aportadas al proceso (f.º 18 a 21, 33, 35-36, 78 a 80 y 98 a 104), puesto que se traduce en un desatino de la censura, ya que el juzgador de alzada sí las consideró en su decisión, cuando concluyó que la actora tan solo arribó a 995.13 semanas durante toda su vida laboral, precisamente porque tomó las 429.42 que registra el reporte del folio 98 (que incluye, como en las demás historias laborales obrantes en el expediente, aquellas 32.14) y las sumó a las 565.71 que calculó por el período trabajado a dicha empresa entre el 1º de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1994.
No obstante lo anterior, la Sala encuentra demostrado un error de hecho del juez de la apelación, pero por el segundo término laborado por la actora a Exipron Ltda., aquel que validó por encontrarse presuntamente en mora el tiempo transcurrido entre el 1º de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1994 y que justamente extraña la censura al ser retiradas de su historia laboral 574.71 semanas de cotización.
Lo anterior, en la medida que, tal y como lo advierte la recurrente, el término previsto entre 1984 y 1994 da cuenta de 574 semanas y así las contabilizó la pasiva en los reportes obrantes a folios 18, 19, 20 y 21 del cuaderno principal, expedidos en junio de 2010, agosto de 2011, febrero de 2012 y enero de 2013, respectivamente, las que por deuda de la empleadora fueron sustraídas posteriormente al momento de expedir las historias laborales de mayo de 2015 y febrero de 2017, folios 36 y 98.
De esa manera, si el sentenciador de segundo orden validó el lapso comprendido entre los años 1984 y 1994, correspondiente a 574 semanas, mal hizo en recalcularlas en 565.71, ya que de la simple lectura de los reportes librados por la entidad convocada a juicio (f.º 18 a 21) se desprende que esos 11 años tenidos en cuenta para pensión, se acompasan con las mencionadas 574 semanas.
En ese sentido, cumple precisar que el conteo de semanas realizado por el ISS, por las cotizaciones pensionales sufragadas con anterioridad a 1994, previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se computa teniendo en cuenta según el año fuera de 365 días o 366 si era bisiesto, por lo que fácil resulta arribar a la cantidad de 574 semanas contenidas en los documentos referidos, a razón de 11 años, como acontece en el siguiente cuadro elaborado por esta Corporación:
Desde
Hasta
Días
01/01/1984
31/12/1984
366
01/01/1985
31/12/1985
365
01/01/1986
31/12/1986
365
01/01/1987
31/12/1987
365
01/01/1988
31/12/1988
366
01/01/1989
31/12/1989
365
01/01/1990
31/12/1990
365
01/01/1991
31/12/1991
365
01/01/1992
31/12/1992
366
01/01/1993
31/12/1993
365
01/01/1994
31/12/1994
365
Total días
4018
Semanas (días/7)
574
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal dio por no probado, estándolo, que la accionante sí cumple con las 1000 semanas que requiere para verificar el derecho pensional que suplica, en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y, por ende, incurrió en el dislate fáctico que le atribuye la censura.
Por lo visto el cargo prospera.
Sin costas en casación, dada la prosperidad del recurso.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Acorde con lo asentado al resolver el recurso extraordinario, resulta viable ajustar la misma exposición de motivos para efectos de tener en cuenta para el estudio de la pensión de vejez deprecada por la actora, el cómputo de las 574 semanas por el periodo validado entre el 1º de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1994, laborado para la empleadora Exipron Ltda.
No fue objeto de controversia por parte de la pasiva que la señora María de Jesús Cristancho de Sánchez contaba para el 1º de abril de 1994 con más de 35 años de edad, razón por la que es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley de 1993.
Ahora, como cumplió los 55 años el 15 de abril de 2011, según se desprende de su registro civil de nacimiento (f.º 2), debe acreditar, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2005, un total de 750 semanas de cotización anteriores a su entrada en vigencia el 29 de julio de esa anualidad, para efectos de extender dicho régimen hasta el 2014, requisito que cumple con suficiencia al contar con 874,85 semanas para el 31 de diciembre de 1994 (f.º 98), se reitera, computando las 574 validadas en sede de casación.
Verificados entonces los presupuestos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por conservar la demandante el régimen de transición hasta el 2014, acreditar además de la edad, un total de 1003,42 semanas sufragadas en cualquier tiempo y registrar su última cotización para el 31 de enero de 2013 (f.º 98), es beneficiaria de la pensión de vejez en virtud de dicha normativa, a partir del 1º de febrero de 2013, tal y como lo coligió el a quo, así como también que su valor asciende al salario mínimo mensual legal vigente y en 13 mensualidades; lo primero porque su IBC no superan el mínimo legal, y lo segundo, por causar la prestación con posterioridad al 31 de julio de 2011 (parágrafo 6º Acto Legislativo 01/2005).
Con relación a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos resultan procedentes, en virtud de que esta Sala de la Corte ya ha discurrido en múltiples pronunciamientos que las pensiones reconocidas en los términos del Acuerdo 049 pertenecen al régimen de prima media con prestación definida y en tanto, de manera reiterada, ha precisado que el legislador contempló la procedencia de estos por el retardo en el pago de las mesadas pensionales en cabeza de la entidad obligada a reconocerlas, sin que el juzgador tenga que reparar en el comportamiento de la misma (sentencias CSJ SL4011-2019, SL1243-2019, SL5566-2018), mucho menos en este caso en el que la negativa se produjo por la omisión de cobro de los aportes adeudados por la empleadora Exipron Ltda., contando las administradoras de pensiones con plenas facultades conferidas por la ley para realizar ese recaudo. Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta el reciente criterio fijado en la sentencia CSJ SL1681-2020.
Las excepciones formuladas por la convocada a juicio no se encuentran probadas; la de prescripción por cuanto el derecho pensional surgió para la actora en febrero de 2013 y está demostrado a folio 14 que la reclamación fue resuelta mediante Resolución n.º 043911 del 19 de marzo de 2013, mientras que la demanda fue interpuesta el 26 de octubre de 2015 (f.º 52); las demás, por las mismas resultas del proceso.
Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá.
Las costas en primera instancia estarán a cargo de la demandada, en la segunda no se imponen.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 21 de febrero de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral seguido por MARÍA DE JESÚS CRISTANCHO DE SÁNCHEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -.
En sede de instancia, se CONFIRMA la decisión proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá el 17 de noviembre de 2016.
Sin costas en sede de casación. En primera instancia correrán por cuenta de la demandada y en segunda instancia no se imponen.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
centercenter00