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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3646-2022

Recurso de anulación

Fecha
27 de septiembre de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3646-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Fue oportuno el recurso de anulación presentado contra el laudo y su providencia de aclaración?

  2. ¿Procedía anular las cláusulas cuestionadas por manifiesta inequidad, extralimitación arbitral o afectación de facultades empresariales?

Reglas

  1. Bajo el Decreto 806 de 2020, la notificación personal por mensaje de datos se entiende surtida dos días hábiles después del envío y el término corre desde el día siguiente a esa notificación.

    «la notificación debía entenderse surtida dos días hábiles después, es decir, el 5 de abril, por lo que los tres días con los que contaba el sindicato para recurrir iniciaron a correr el 6 de abril»
  2. La solicitud o trámite de aclaración, adición o corrección del laudo interrumpe el término de tres días para recurrir, que se cuenta desde el día siguiente a la notificación de la decisión del remedio.

    «el remedio procesal revive la oportunidad para que se interponga dicha impugnación extraordinaria»
  3. La anulación no permite revisar la justicia o legalidad de la motivación arbitral ni revalorar pruebas, salvo inequidad manifiesta, afectación de derechos o extralimitación de competencia.

    «salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal»
  4. Los árbitros pueden fijar incrementos salariales atendiendo, entre otros factores, a la capacidad financiera, el impacto de la medida, los resultados, la inflación y la equivalencia del valor del trabajo; los referentes del mercado no son exclusivos.

    «los árbitros, en aras de ofrecer soluciones justas y equilibradas, no están obligados a consultar, necesariamente, los salarios promedio del sector o de la industria»
  5. Un comité arbitral de participación no coadministra si solo formula propuestas o recomendaciones sin decisiones vinculantes para el empleador.

    «meras sugerencias o recomendaciones»
  6. La inclusión en el laudo de obligaciones ya previstas en la ley es inane y su incorporación expresa no constituye, por sí sola, motivo de anulación.

    «la incorporación o no de aspectos que encuentran fuente en la ley es a todas luces inane pues es simple repetición vacua de lo que ya está en el ordenamiento jurídico»

Decisión

La Corte no anuló las disposiciones atacadas del laudo arbitral por ninguna de las partes y dispuso las costas conforme a la motivación.

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NO ANULAR las disposiciones atacadas del laudo arbitral del 31 de marzo de 2022, aclarado mediante providencia del 18 de abril siguiente, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA- y de la empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA-. SEGUNDO: Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3646-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

27 de septiembre de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3646-2022

Radicación n.° 93985

Acta 33

Pasto (Nariño), veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala los recursos de anulación interpuestos por los apoderados del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA- y de la empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA- contra el laudo arbitral del 31 de marzo de 2022, aclarado mediante providencia del 18 de abril siguiente, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre las partes recurrentes.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 4055 del 20 de diciembre de 2021, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA- y la empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA.

II. LAUDO ARBITRAL

El respectivo laudo arbitral fue emitido el 31 de marzo de 2022 y aclarado mediante providencia del 18 de abril siguiente.

El tribunal de arbitramento sostuvo que:

a) Eran competentes para resolver los puntos de carácter económico incluidos en el pliego de peticiones presentados por SINTRACAVASA a la empresa CAVASA, y respecto de los cuales no haya existido acuerdo alguno en la etapa de arreglo directo.

b) Tuvo en cuenta los acuerdos y desacuerdos compilados en el acta final de fecha 6 de mayo de 2019, suscrita por las partes.

c) Los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son: (i) los reconocidos en la Constitución Política, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquéllos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; (ii) los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público son irrenunciables; y respecto del empleador los que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y director de la empresa y establecimiento, y (iii) en relación con los convencionales son aquéllos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que por no haber sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo.

d) El conflicto colectivo de trabajo es un conflicto de intereses y económico, razón por la cual se aparta de los árbitros la facultad para resolver situaciones jurídicas. Por lo anterior el presente laudo será expedido en equidad y los árbitros se abstendrán de resolver conflictos netamente jurídicos pre -existentes entre las partes y/o correspondan al juez del trabajo su resolución.

e) Cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para investigar el origen, causa y naturaleza del conflicto y, pueden valerse de varias posibilidades, medidas, reglas y alternativas al decidir, teniendo en cuenta raciocinios ecuánimes que satisfagan las expectativas de las partes.

f) Las decisiones de los árbitros se basaron en el principio de equidad, teniendo en cuenta la situación financiera y/o económica de la empresa, al constatar los estados financieros 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el informe financiero a 30 de noviembre de 2021, así como, las declaraciones de renta 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

g) En sus deliberaciones de fechas 12 y 16 de marzo de 2022, conforme al Acta #04 plasmaron razonamientos matemáticos, de inflación, de impacto económico u otros por el estilo, exponiendo que el laudo no se encuentra desprovisto de un análisis contable o proyección frente al otorgamiento de los ocho (8) puntos del pliego de peticiones.

h) Para determinar el incremento salarial pueden acudir a parámetros como lo son las posibilidades financieras y económicas de la organización, el impacto de la medida, los resultados, los índices inflacionarios, la equivalencia del valor del trabajo, entre otros.

i) Estudió las sentencias para fundamentar sus decisiones, de esta Corte CSJ SL8827 2017, CSJ SL1604- 2019, CSJ SL4039- 2017, CSJ SL4478- 2020 y CSJSL 1944- 2021, entre otras.

III. RECURSO DE ANULACIÓN

Fue interpuesto por los apoderados del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA- y de la empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA-.

IV. RECURSO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA-

La organización sindical le solicita a la Corte la «NULIDAD PARCIAL» de las cláusulas sobre reconocimientos sindicales, prima de antigüedad y prima semestral extralegal de mayo. Peticiones frente a las cuales el tribunal las negó o no fueron concedidas «por razones de equidad».

La sociedad Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. -CAVASA-, se opuso a la prosperidad de la impugnación.

1. Reconocimientos sindicales

1.1 Pliego de peticiones

3. Artículo séptimo. CAVASA destinará un espacio amplio y adecuado, dotado de muebles (Escritorios, sillas, mesas de reuniones con sus respectivos asientos, tablero, etc.), y equipos tres (3) computadores y una impresora) para el funcionamiento de las oficinas de SINTRACAVASA y el desarrollo de las actividades sindicales.

1.2 Argumentos de la organización sindical

La recurrente comparte el salvamento de voto de uno de los árbitros y aduce que es importante manifestar «que otras organizaciones existentes en la empresa disfrutan de este beneficio, contando con espacios físicos, mobiliario y dotación suministrados por la empresa para el desarrollo de sus de sus actividades. (Comerciantes y Cooperativa)».

2. Prima de antigüedad

2.1 Pliego de peticiones

Artículo Décimo octavo. PRIMA DE ANTIGÜEDAD: CAVASA pagará a los trabajadores afiliados a S1NTRACAVASA y a los beneficiarios de la Convención Colectiva que surja de la negociación del presente Pliego de peticiones una PRIMA ANUAL DE ANTIGÜEDAD, que constituye factor salarial en los siguientes valores:

Por 03 años de servicio 9 días de Salario

Por 05 años de servicio 10 días de Salario

Por 06 años de servicio 12 días de Salario

Por 07 años de servicio 14 días de Salario

Por 08 años de servicio 16 días de Salario

Por 09 años de servicio 18 días de Salario

Por 10 años de servicio 21 días de Salario

Por 11 años de servicio 25 días de Salario

Por 12 años de servicio 27 días de Salario

Por 13 años de servicio 30 días de Salario

Por 14 años de servicio 33 días de Salario

Por 15 años de servicio 37 días de Salario

Por 16 años de servicio 41 días de Salario

Por 17 años de servicio 44 días de Salario

Por 18 años de servicio 47 días de Salario

Por 19 años de servicio 50 días de Salario

Por 20 años de servicio o más de 53 días de salario promedio

Parágrafo primero: Cumplidos los veinte años el trabajador seguirá recibiendo la PRIMA DE ANTIGÜEDAD por cada año adicional, en una suma equivalente a la que se paga por 20 años de servicio.

Parágrafo segundo: Para el pago de la PRIMA DE ANTIGÜEDAD a los trabajadores ya vinculados a la empresa a la firma de la convención colectiva de trabajo que surja de la negociación del presente pliego de peticiones, se tendrá en cuenta los años laborados al momento de cumplir un año más de servicio en el 2019, y el trabajador quedará ubicado en este rango e iniciará el ascenso a partir de esta fecha.

2.2 Argumentos de la organización sindical

Solicita «Revisar la cláusula décimo-octava del Pliego […] Y fundamentar, con base en las pruebas obrantes en el expediente, las razones por las cuales se niega esta solicitud, o por las cuales se otorga, con algunas modificaciones».

3.Prima semestral extralegal de mayo

3.1 Pliego de peticiones

Artículo Décimo noveno. PRIMA SEMESTRAL EXTRA LEGAL DE MAYO: CAVASA pagará a los afiliados a SINTRACAVASA y a los beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo que surja de la negociación del pliego de peticiones, el 30 de mayo de cada año, una prima semestral de 7 (siete) días de salario

Argumentos de la organización sindical

Pide «Revisar la cláusula décimo-octava del Pliego […] Y fundamentar, con base en las pruebas obrantes en el expediente, las razones por las cuales se niega esta solicitud, o por las cuales se otorga, con algunas modificaciones».

4º La Réplica del empleador

1º) Repara en cuestiones de forma por la extemporaneidad en la interposición del recurso, aduciendo que el sindicato no lo hizo dentro del término señalado en el artículo 141 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, dentro de los tres días siguientes a la notificación del laudo arbitral.

Conforme lo dispuesto por la norma, así como, lo señalado mediante los calendarios y las fechas de notificación e interposición de recursos, se hace evidente que «SINTRACAVASA interpuso el recurso al quinto (5) día hábil posterior a la fecha del vencimiento establecido por la normatividad vigente para esto». Por lo mencionado, el recurso extraordinario de anulación interpuesto por dicha organización sindical debe ser rechazado de plano en orden su extemporaneidad.

2º) Se evidencia que la petición hecha por el sindicato frente a la petición «del artículo primero del pliego de peticiones se sale completamente de la órbita de competencias del Tribunal de Arbitramento. Luego, queda incluso reiterado no solo de la jurisprudencia de la Corte que nos indica que la función de los árbitros “no es la de reiterar principios abstractos que ya se encuentran contemplados en la Constitución o en la Ley y que mal podría atribuirse la función de modificarlos”, razón por la cual es improcedente su devolución».

3º) Es improcedente el pronunciamiento por parte de la Corte, frente a la devolución de los «artículos NEGADOS por el Tribunal de Arbitramento dado que los árbitros manifestaron tener competencia y resolvieron en equidad estas peticiones, negándolas, por ende, no es procedente la solicitud del recurrente», toda vez que es reiterada la posición de la Sala en señalar bajo qué circunstancias procede una devolución a los árbitros.

4º) El tribunal de arbitramento se declaró competente para pronunciarse sobre estos puntos del pliego de peticiones, pero decidió negarlos, por ende, «es claro que el recurrente espera de manera improcedente que el Tribunal de Arbitramento reciba nuevamente el Laudo Arbitral y sea forzado a conceder las peticiones, únicamente porque no concuerda con la visión de equidad que los árbitros concibieron para el caso en concreto y que quedó plasmada en el laudo arbitral. De modo que, al devolver los artículos solicitados por SINTRACAVASA, se estaría cercenando la perspectiva en equidad del Tribunal de Arbitramento».

V. CONSIDERACIONES

1º Atinente a la extemporaneidad del recurso extraordinario de anulación

Esta sala, mediante providencia CSJ SL2694-2022, asentó que en virtud del Decreto 806 de 2020, aplicable al asunto bajo escrutinio, el laudo arbitral se entiende notificado personalmente dos días después del envió del mismo a la dirección electrónica de las partes y los términos empiezan a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

La Corporación explicó:

Al respecto cabe recordar que el artículo 460 CST establece que los laudos arbitrales sean notificados a las partes personalmente o por comunicación escrita. Así se ha sostenido en providencias CSJ AL2614-2021 y CSJ AL5762-2015:

[…] el recurso de anulación debe presentarse ante el respectivo Tribunal de Arbitramento, a través de apoderado judicial, y dentro de los tres días siguientes a la notificación del laudo arbitral por la parte interesada en proponerlo.

Para efectos de la notificación del laudo arbitral, establece el artículo 460 del CST que este se hará «a las partes personalmente o por medio de comunicación escrita». A su vez el artículo 140 del CPT y de la SS, reitera la obligación de notificar personalmente el laudo arbitral.

Y es criterio de la Sala que la providencia que debe notificarse «personalmente» a las partes es el laudo arbitral, y a partir de dicha notificación se contabiliza el término de ejecutoria, que es el tres (03) días que establece el art. 143 CPTSS, término durante el cual debe interponerse oportunamente el recurso de anulación.

Ahora bien, teniendo en cuenta las medidas adoptadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, se expidió el Decreto Legislativo 806 de 2020, «Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia», el cual estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2022, y dispuso en su artículo 8.° un régimen general para surtir las notificaciones personales en las actuaciones judiciales, de la siguiente forma:

Artículo 8. Notificaciones Personales Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

A lo anterior cabe agregar que la Corte Constitucional en sentencia CC C-420-2020, sostuvo que la notificación personal mediante mensaje de datos es una medida idónea para permitir a los interesados conocer las providencias, en tanto los correos electrónicos ofrecen seguridad y permiten probar la recepción y el envío de aquella, hecha la salvedad que el término de dos días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador «recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje».

De suerte que, para el caso, durante dicho período de crisis el laudo arbitral debió notificarse personalmente a las partes, teniéndose por efectiva la notificación una vez transcurridos los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, sin perjuicio de verificarse que el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

Entonces, si las partes, empleador y sindicato, recibieron el mensaje de datos el 1º de abril de 2022, la notificación debía entenderse surtida dos días hábiles después, es decir, el 5 de abril, por lo que los tres días con los que contaba el sindicato para recurrir iniciaron a correr el 6 de abril y culminaron el 8 de abril de 2022, de modo que, al ser enviado el recurso en esta última calenda, salta a la vista que no fue extemporáneo, siendo procedente su análisis de fondo.

Lo anterior, sin soslayar que el empleador solicitó adición del laudo arbitral por lo que, a la luz de lo adoctrinado por esta Corte en providencia CSJ AL1076-2022, que hoy se reitera, el término de los tres días para interponer el recurso de anulación contra un laudo arbitral, cuando se ha solicitado su adición, aclaración o corrección, o estas se hicieren de oficio, como ocurrió en el asunto bajo escrutinio, debe contabilizarse a partir del día siguiente en que se surta la notificación de la providencia que resolvió el remedio procesal, teniéndose por efectiva la notificación una vez transcurridos los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, y la providencia que resolvió el remedio procesal data del 18 de abril de 2022.

En ese horizonte, en los eventos en que se ha solicitado aclaración, adición o corrección de un laudo arbitral, el término para interponer el recurso de anulación se interrumpe, es decir, el remedio procesal revive la oportunidad para que se interponga dicha impugnación extraordinaria.

En definitiva, el recurso de anulación interpuesto por la organización es tempestivo.

2º Improcedencia de la NULIDAD PARCIAL del LAUDO ARBITRAL

Como se puede apreciar de la lacónica impugnación, el descontento de la organización sindical se apoya, en estricto rigor, en el salvamento de voto de unos de los árbitros que adujo, entre otras cosas, que la decisión «termina siendo notoriamente inequitativa, irrazonable e injustificada, aunado a que «se desconoció de forma flagrante la real situación económica y financiera de CAVASA».

Siendo lo precedente así, menester es recordar la vetusta línea de pensamiento de esta Corporación en cuanto a que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que se construyen sobre raciocinios íntimos, fundados en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal (CSJ SL3258-2019).

Aquí y ahora, repárese en que el tribunal de arbitramento tuvo como báculo para adoptar la decisión, entre otras razones, las siguientes: (i) «el principio de equidad, teniendo en cuenta la situación financiera y/o económica de la empresa, al constatar los Estados Financieros 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el Informe Financiero a noviembre 30 de 2021, así como, las Declaraciones de Renta 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020»; (ii) en sus deliberaciones de fechas 12 y 16 de marzo de 2022, conforme al Acta #04 plasmaron razonamientos matemáticos, de inflación, de impacto económico u otros por el estilo, exponiendo que el laudo no se encuentra desprovisto de un análisis contable o proyección frente al otorgamiento de los ocho (8) puntos del pliego de peticiones, y (iii) para determinar el incremento salarial pueden acudir a parámetros como lo son las posibilidades financieras y económicas de la organización, el impacto de la medida, los resultados, los índices inflacionarios, la equivalencia del valor del trabajo.

De suerte que fácil se exhibe que el cuerpo arbitral no solo tuvo puesta su mirada en el postulado de la equidad, sino también se guio por los principios generales contenidos en los artículos 1 y 18 del C.S.T. que establecen que la finalidad del Código Laboral es la de «lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, y que la interpretación de dicho Código, debe tener en cuenta esta finalidad», por lo que efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad y de las condiciones particulares del caso y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la anulación o devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados.

Y, es que, a decir verdad, de los argumentos expuestos en la impugnación, esto es, que se revise «la cláusula décimo-octava del Pliego […] Y fundamentar, con base en las pruebas obrantes en el expediente, las razones por las cuales se niega esta solicitud, o por las cuales se otorga, con algunas modificaciones», emerge cristalino que lo pretendido por la organización sindical es propiciar una revisión jurídica del laudo arbitral y del estudio de las pruebas, con lo que, en últimas, busca desvirtuar la mencionada medida de justicia construida por los árbitros, cuestión que, como ya se dijo, es ajena a los propósitos del recurso de anulación, pues la motivación de las decisiones de los árbitros no debe ser jurídicamente calificada (CSJ SL 3258-2019).

En el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos. Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento».

O, dicho en otras palabras, la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas (CSJ SL3349-2020).

Más todavía: por mayor esfuerzo que haga un tribunal de arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se usen para observar el resultado final (CSJ SL1944-2021, CSJ SL2360-2022 CSJ SL1794-2022, CSJ SL2192-2022).

No olvidemos que únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si el tribunal de arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017).

En esa dirección, acaso nada mejor que memorar que cuando la Corte anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento de reemplazo o remitir el expediente al tribunal, por cuanto los conflictos de intereses se resuelven en equidad, no en derecho. La competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención o el pacto colectivos o laudo arbitral vigente, o por las normas legales en vigor (sentencia de anulación CSJ SL, 27 oct. 2009, rad. 41497).

Ello porque las fórmulas construidas por los árbitros, para reflejar la salida más equilibrada y justa del conflicto colectivo, no pueden ser sujeto de un juicio de legalidad por esta Sala, para, por ejemplo, tergiversarlas, modificarlas o sencillamente imponer otra medida de justicia diferente. Ello con la salvedad de que se advierta una vulneración de derechos o facultades exclusivas de las partes, consagrados en la Constitución o la ley, se excedan los límites de la competencia de la justicia arbitral o se prohíje una solución manifiestamente inequitativa, que no puede ser meramente especulativa, sino que debe estar debidamente soportada en el proceso, casos en los cuales, vale decir, la decisión de la Corte tampoco puede ser la imposición de su propia medida de justicia, sino la anulación, o solo excepcionalmente, la modulación de las decisiones arbitrales (CSJ SL14391-2015).

Muy a tono con lo precedente, la Corte, mediante sentencia CSJ SL8157-2016, reiterada, entre otras, en las providencias CSJ SL7779-2017 y CSJ SL3325-2018, adoctrinó:

En estas condiciones, de entrada, se advierte la improcedencia de la petición del sindicato, pues debido a las competencias regladas de esta Sala, no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación dictar fallos de reemplazo o remitir el expediente al tribunal.

Es preciso recordar que la Corte termina su gestión al declarar la anulabilidad o no anulabilidad de las determinaciones del laudo, sin que sea procedente adoptar decisiones subsiguientes a estas; y, adicionalmente, la devolución del expediente al tribunal tiene lugar en aquellos eventos en que existe una omisión de los árbitros en la resolución de algunos puntos que debieron ser objeto de pronunciamiento o cuando el laudo contiene decisiones inhibitorias, razón por la cual, el debate no se sitúa en el ámbito de la validez de las decisiones arbitrales, sino de la competencia de la justicia arbitral para solucionar determinadas cuestiones.

Es más, teniendo en cuenta que la decisión de los árbitros fue expresamente desestimatoria de lo pedido en el pliego –a excepción del art. 13-, no existe un objeto anulable, es decir, una disposición o un texto normativo retirable del ordenamiento jurídico. Ahora, si en gracia de discusión se dijera que el objeto anulable es precisamente la decisión de los árbitros de negar las peticiones del pliego, ello a nada conduciría, pues de todas formas la Corte no podría entrar a emitir una decisión de reemplazo como tampoco a devolver el expediente al tribunal.

En otro orden de consideraciones, la Sala debe decir que en reiteradas oportunidades ha sostenido que, si bien los árbitros pueden tomar en consideración lo dispuesto en los pactos o convenciones colectivas preexistentes en la empresa para informar su juicio, esto no significa, como lo hace ver la recurrente, que estén irredimiblemente obligados a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o a laudar por debajo de las prerrogativas allí establecidas. Por ello, es válido que los árbitros instalen nuevos derechos o superen los consagrados en esos instrumentos cuando la equidad y la justicia en las relaciones obrero-empresariales así lo permitan, como también que los adopten total o parcialmente, con las modificaciones que estimen convenientes e, incluso, que prescindan de hacer este ejercicio de integración, ya que la remisión a esos acuerdos es potestativa más no obligatoria. (CSJ SL 53118, 4 dic. 2012, CSJ SL9347-2016, CSJ SL703-2017, CSJ SL4458-2018 y CSJ SL3491-2019, CSJ SL5693-2021).

Los derroteros trazados recomiendan que no existen razones para anular o devolver al tribunal de arbitramento, las cláusulas atacadas.

Costas a cargo del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA-, dado que el recurso de anulación que interpuso no prosperó y la empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA- presentó réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

VI. RECURSO DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA-

La empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA- pretende la anulación de lo siguiente: Incremento salarial; Comité de bienestar, y Compromiso ambiental.

Según informe secretarial, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA-, no presentó oposición.

Incremento salarial

Pliego de peticiones

Artículo décimo quinto. INCREMENTO SALARIAL. A partir del 1 de enero de 2019, CAVASA incrementará el salario a todos y cada uno de los trabajadores afiliados a SINTRACAVASA en una cuantía equivalente al índice de Precios al Consumidor (IPC) más nueve (9) puntos.

Después de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo el incremento salarial para los afiliados a SINTRACAVASA para los años siguientes será: Anualmente del IPC nacional más nueve (9) puntos, tomando como base el salario vigente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Parágrafo: Las cifras que resulten de aplicar los porcentajes de aumento salarial serán reajustadas a la centena inmediatamente superior.

Laudo arbitral

ARTICULO 15º INCREMENTO SALARIAL: A partir de la firma del presente Laudo Arbitral, la empresa CAVASA incrementará el salario a todos y cada uno de los trabajadores afiliados a SINTRACAVASA en una cuantía equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos (2.30) puntos.

Para el año 2023 la empresa CAVASA incrementará el salario a todos y cada uno de los trabajadores afiliados a SINTRACAVASA en una cuantía equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos (2.30) puntos. El incremento se realizará tomando como base el salario mínimo mensual legal vigente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Argumentos de la sociedad recurrente

Aduce que, en primera medida, se hace necesario exponerle a la Corte que el Tribunal tuvo conocimiento de que la Compañía, de manera previa a la expedición del laudo arbitral y para el año 2022, ya había efectuado los incrementos salariales de todos los trabajadores de CAVASA, entre el 6% o el 10% dependiendo el cargo de estos, por lo cual, imponerle adicional a estos incrementos, un aumento del IPC (5,62) más 2,30 puntos, es decir, 7,92, es abiertamente inequitativo y, adicionalmente, se configura en un doble pago para los beneficiarios.

Asevera que como lo ha explicado la Sala «los pagos anteriormente efectuados a los trabajadores deben ser tenidos en cuenta en el marco del Laudo Arbitral, lo cual de ninguna manera puede constituirse como un doble pago para los beneficiarios o una duplicidad frente al incremento salarial, por lo que resulta pertinente la anulación o modulación del laudo arbitral frente a esta decisión de los árbitros, pues, para el año 2022 está desconociendo los incrementos ya efectuados».

Afirma que la regulación del laudo arbitral supera ampliamente las posibilidades de la empresa, no solo porque regula incrementos incluyendo el 2022, pese a que los afilados a SINTRACAVASA recibieron efectivamente su incremento salarial, sino porque el incremento es evidentemente superior al de las posibilidades de la Compañía, puesto que dentro de su presupuesto nunca contempló tales impactos razón por la cual no lo tiene dentro de sus proyecciones, y proceder a reconocer este incremento, sin perjuicio de los incrementos ya hechos, en efecto retroactivo, podrá afectar su competencia, su permanencia.

Agrega que según el mercado este tipo de incrementos, tan evidentemente superior, «únicamente se ha pactado, es decir, es producto de las facultades de las partes, y ha quedado consignado en las convenciones colectivas, pero, no impuesto en laudos arbitrales, en la situación actual de algunas compañías, esto desatendería su situación particular y sus límites propios de acuerdo a sus presupuestos, pues, estos incrementos, solo están presentes para los sectores más robustos económicamente, como es el sector financiero, en donde los ingresos de mi representada en relación con los de la industria son totalmente diferentes».

Ahora bien, es de señalar que a la fecha la única industria que tiene incrementos previstos para el año 2022 de IPC más 2%, en miles de pesos fueron de:

1 BANCO DE BOGOTÁ: 22.724.490.896

2 BANCO POPULAR: 5.838.028.623

6- ITAÚ: 10.221.494.431

7 BANCOLOMBIA: 62.904.536.376

9 CITIBANK: 3.648.104.235

12 BANCO GNB SUDAMERIS: 2.072.872.963

Acota que, sin embargo, según el mercado este incremento tan evidentemente superior, ni siquiera se ha pactado, o impuesto en laudos arbitrales, «en la situación actual de contracción económica y esto desatendería su situación particular y sus límites propios de acuerdo a sus presupuestos, pues, este incremento de regulado [sic] en porcentajes de hasta 10,7% para el año 2022, ni siquiera es posible para los sectores más robustos de la económica como lo es el financiero, en donde los ingresos de mi representada en relación con los de la industria son totalmente diferentes», pues solo alcanzó en el año 2020 $5.743.000 de pesos en ingresos (cifras en miles de pesos) «y para el mismo periodo de cierre, las empresas que se han obligado a incrementos de esta categoría cuentan con ingresos de más de $56.379.187.361 de pesos».

Esta cifra, que se resalta de $56.379.187.361, se puede verificar en los informes que se aportan como soporte y de donde se extrae que, en el PYG acumulado en las cuentas a corte del 31 de noviembre de 2021, los ingresos operaciones (código 400.000) de los Bancos, que son a la fecha la única industria que tiene incrementos previstos superiores en el marcado que únicamente alcanzan al IPC más 2%, en miles de pesos fueron de:

1 - BANCO DE BOGOTÁ: 17.103.375.191

2 - BANCO POPULAR: 4.907.160.252

7 — BANCOLOMBIA: 56.379.187.361

13 - BBVA COLOMBIA: 34.260.870.969

23 - BANCO DE OCCIDENTE: 12.914,899,147 30 - BANCO CAJA SOCIAL S.A.: 2.151255.895 39 - BANCO DAVIVIENDA: 22.648.970.741

42 - SCOTIABANK COLPATIRIA: 9.896,130,979

53 - BANCO W S.A.: 577.996.723

54 — BANCOOMEVA: 673.245.372

55 — FINANDINA: 497.052.498

56 - BANCO FALABELLA S.A.: 1.210.026.666

57 - BANCO PICHINCHA S.A.: 477.054.812

58 — COOPCENTRAL: 96.063.882

59 - BANCO SANTANDER: 1.170.758.980

60 - BANCO MUNDO MUJER S.A.: 641.105.800

62 - MIBANCO S.A.: 320.480.108

63 - BANCO SERFINANZA S.A.: 541.092.621

Como soporte de lo dicho, anexa e informa que, «con estos cierres de estados financieros del año 2020, los incrementos salariales previstos para la industria Bancaria para vigencias 2022 y 2023 son: Ahora y como soporte de lo dicho, anexo e informo que, con estos cierres de estados financieros del año 2020, los incrementos salariales previstos para la industria Bancaria para vigencias 2022 y 2023 son»:

2022

2023

Banco Av Villas

IPC+2.30

IPC+2.5%

Banco BBVA

6.9%

IPC+2.3%

Banco Popular

IPC+2.30

IPC+2.5%

Banco ITAU

6.87%

IPC+2.3%

Bancolombia

IPC+2.5

Banco de Bogotá

IPC+2.3

IPC+2.5%

Banco Mundo Mujer

5.5%

IPC+2

Dice que es claro que un incremento en los términos regulados por el laudo arbitral recurrido es abiertamente inequitativo, pues, no tiene ingresos cercanos ni similares a la industria bancaria que se obliga a estos incrementos salariales por sus ingresos, luego, este aumento salarial impacta de manera incalculable a CAVASA, más aún, cuando los trabajadores afiliados ya recibieron los incrementos correspondientes para el año 2022.

En su sentir, el tribunal de arbitramento omitió completamente observar los argumentos expuestos por la Compañía y la realidad que corresponde al reconocimiento de los incrementos, al contrario, decidió un incremento en contra del bienestar de las finanzas de esta «y de la equidad, pues omitió validar los acuerdos colectivos que en aplicación del principio de igual se extendió a los afiliados SINTRACAVASA. Por esta razón, es dable solicitar la ANULACIÓN del artículo del Laudo Arbitral señalado».

VII. CONSIDERACIONES

Es doctrina de esta Corporación que en el recurso de anulación se confronta el fallo arbitral con la constitución, la ley o los instrumentos colectivos vigentes, y se anulan aquellos fallos arbitrales que afectan los derechos o facultades de las partes, consignados en esas normas. Dentro de esta confrontación es posible que surja con claridad y evidencia que se ha roto el equilibrio social entre empleadores y trabajadores en forma tal que ponga en peligro la estabilidad económica de la empresa o la subsistencia de los trabajadores, además, de que podría implicar la violación de normas constitucionales o legales (sentencia CSJ SL, del 5 de oct. 1982, rad. 8929). Pero en el asunto bajo escrutinio no se observa, primae facie, este último aspecto y, por ende, la Sala no encuentra razones legales ni de hecho para anular la disposición bajo examen, toda vez que, en puridad de verdad, la misma no fue adoptada a espalda de la realidad financiera de la sociedad recurrente.

Cierto. Aquí, en este caso, como se dijo, la realidad indica que el organismo arbitral fue enfático en advertir que la decisión tendría en consideración, entre otras cosas, las siguientes: (i) «el principio de equidad, teniendo en cuenta la situación financiera y/o económica de la empresa, al constatar los Estados Financieros 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el Informe Financiero a noviembre 30 de 2021, así como, las Declaraciones de Renta 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020»; (ii) en sus deliberaciones de fechas 12 y 16 de marzo de 2022, conforme al Acta #04 plasmaron razonamientos matemáticos, de inflación, de impacto económico u otros por el estilo, exponiendo que el laudo no se encuentra desprovisto de un análisis contable o proyección frente al otorgamiento de los ocho (8) puntos del pliego de peticiones, y (iii) para determinar el incremento salarial pueden acudir a parámetros como lo son las posibilidades financieras y económicas de la organización, el impacto de la medida, los resultados, los índices inflacionarios, la equivalencia del valor del trabajo, es decir, sin hesitación alguna, efectivamente estudiaron y analizaron el material persuasivo allegado por los protagonistas sociales durante el trámite arbitral y la real dimensión de la situación económica de la impugnante.

Es menester traer a colación lo explicado por la Corte en sentencia CSJ SL22028-2017, en cuanto a que dado que la negociación colectiva, y como parte de ella, ante lo infructuoso de la gestión directa de las partes, el derecho de obtener del laudo arbitral el incremento salarial, es una posibilidad que se enmarca dentro del derecho garantizado por el artículo 55 de la Constitución Política, pues es palmario que tiene un objetivo esencial: mejorar las condiciones de trabajo y, en ese contexto, no tiene razón la sociedad recurrente al indicar que los incrementos salariales solo deben ser fruto de la autocomposición de los interlocutores sociales.

Para dar respuesta a los argumentos en torno a que imponer cargas salariales que superan al sector con mayores ingresos del país, como lo es el financiero, solo basta acudir a la sentencia CSJ SL5887-2016, reiterada, entre otras, en las providencias CSJ SL1573-2021, CSJ SL2838-2022 CSJ SL1966-2022, en donde la Corte al estudiar iguales planteamientos asentó que los árbitros, en aras de ofrecer soluciones justas y equilibradas, no están obligados a consultar, necesariamente, los salarios promedio del sector o de la industria en la cual se encuentre inserta la empresa. Para tal fin, también pueden acudir a otros parámetros, igualmente válidos, como lo son las posibilidades financieras y económicas de la organización, el impacto de la medida, los resultados, los índices inflacionarios, la equivalencia del valor del trabajo.

De manera que, si bien los referentes salariales en el mercado son un factor importante para la fijación de los incrementos, no es el único, pues existen otros criterios relevantes a la hora de establecer la conveniencia de aumentar los sueldos. Por ello, su falta de utilización en un caso concreto no puede erigirse en un criterio concluyente para evaluar la justicia de la medida adoptada por los árbitros.

Por lo tanto, el incremento salarial dispuesto por el tribunal de arbitramento puede considerarse razonable y proporcionado sin que se exhiba del mencionado aumento elementos negativos que puedan afectar notoriamente en el campo económico a la sociedad recurrente.

Por último, debe quedar muy claro una cosa. El empleador tiene el respaldo legal al momento de cumplir con lo ordenado en el laudo, de tener en consideración los incrementos de salario que hubiese efectuado durante el conflicto, para no incurrir en doble incremento y no afectar el «espíritu de coordinación económica y equilibrio social».

Siendo coherentes con lo discurrido, no existe mérito alguno para anular el canon arbitral que dispuso el incremento salarial.

2. Comité de bienestar laboral

2.1 Pliego de peticiones

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: COMITÉ DE BIENESTAR LABORAL. En CAVASA funcionará un Comité de Bienestar Laboral que será el encargado de coordinar y hacer seguimiento a las siguientes actividades: Solidaridad, Bienestar Social que incluye servicio médico familiar, ayuda social, calamidad doméstica, beneficios educativos, capacitaciones y actividades recreativas y deportivas. Este Comité estará compuesto por dos representantes designados por la empresa y dos por SINTRACAVASA

2.2 Laudo arbitral

"ARTICULO 25, COMITÉ DE BIENESTAR LABORAL A partir de la firma del presente Laudo Arbitral, en la empresa CAVASA habrá un Comité de Bienestar Laboral encargado de realizar propuestas al área responsable de estructurar el programa anual de bienestar laboral del cual sean beneficiarios los trabajadores afiliados a SINTRACAVASA, y efectuar el seguimiento de la ejecución de dicho programa. El Comité estará integrado por dos (2) representantes de CAVABA y dos (2) representantes de SINTRACAVASA"

2.3 Argumentos de la sociedad recurrente

Indica que el tribunal de arbitramento excedió su competencia al pronunciarse sobre temas que sólo atañen a la administración y dirección de la compañía y que nada tienen que ver con los beneficios que en equidad pueden ser otorgados, pues la amplia jurisprudencia de esta Corte «ha mantenido que los Tribunales de Arbitramento, no se encuentran facultados para crear dichos escenarios de reunión, puesto que vulnera para los empleadores el derecho de dirección y gestión de la Empresa, por lo cual el Tribunal se debió haber declarado incompetente para haberse pronunciado respecto de la creación de un espacio de reunión para generar propuestas sobre el programa anual de bienestar laboral y su seguimiento».

Pero, además, esta regulación del laudo arbitral es indeterminada e incluso limitante de las facultades del empleador, por lo que resulta igualmente procedente su anulación.

VIII. CONSIDERACIONES

La Corte, recientemente, al responder equivalentes argumentos a los hoy expuestos por la sociedad impugnante (CSJ SL2838-2022) trajo a colación la sentencia CSJ SL2615-2020, en la cual se memoró la incompetencia arbitral para prohijar la existencia de comités que de alguna manera cercenen la libertad empresarial, bajo el entendido de que se trataría de una suerte de coadministración que, es factible convenir a través de la negociación colectiva, pero no imponer en la esfera de la heterocomposición. Ocurre, empero, que, si bien la Sala no ha modificado su doctrina al respecto, sí ha efectuado precisiones o, a lo menos, en ciertos temas, ha morigerado algunas de sus inveteradas afirmaciones, introduciendo elementos nuevos, que reflejan el correr de los tiempos y la evolución propia de instituciones del derecho del trabajo, en este caso en el campo colectivo.

También se recordó que la Corporación al reflexionar en torno al tema de los llamados comités paritarios o bipartitos, arribó a la conclusión de que los mismos surgen como una interesante forma del devenir democrático en las empresas, pues permiten la fluidez del diálogo entre empleadores y trabajadores y acercan al país al cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales especializados del mundo del derecho del trabajo. Lo anterior, sería posible en un escenario de arbitramento siempre y cuando tales comités versen sobre i) beneficios extralegales que por derecho sean de los trabajadores, y ii) no se tomen en ellos decisiones vinculantes y obligatorias para el empleador, pues de ese modo sí se vulneraría el poder de dirección empresarial.

Por cierto, la Sala, en providencia CSJ SL3491-2019, razonó:

[…] que los árbitros no tienen competencia para crear comités de cogestión, codirección o coadministración de la compañía, pues ello transgrede el principio constitucional de libertad de empresa que, a su vez, implica la facultad del empresario de organizar su negocio y dirigir las relaciones laborales. Sin embargo, también ha dicho esta Corporación que, dando aplicación al principio de participación democrática y dentro de ciertos límites, los árbitros pueden fundar comités paritarios de participación en algunos asuntos de interés de los trabajadores.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL243-2018 la Corte asentó:

“En hilo con lo dicho, no advierte la Sala que los comités bipartitos constituyan una restricción a la libertad de empresa y emprendimiento, con mayor razón si se tiene en cuenta que su actividad recae sobre beneficios extralegales que por derecho son de los trabajadores, de suerte que no es desatinado que estos participen en su gestión como directamente interesados”.

A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia C-934-04 señaló:

“Ese amplio margen de acción de los particulares trasciende hasta el ámbito laboral, de manera que los trabajadores tienen derecho a ser vinculados en la toma de decisiones que les conciernen o que de alguna manera los afecten, ya sea directa o indirectamente. La participación, entonces, surge no solo como derecho de aquellos sino como un deber de los patronos y de las autoridades que de una u otra manera tengan incidencia en el campo laboral. En esa medida, la participación conlleva a que se les otorgue a los trabajadores escenarios de discusión, de debate y se les dé la oportunidad de tomar parte en asuntos propios de la empresa y que vayan dirigidos a establecer las reglas de juego que ha de guiar la relación laboral”.

Igualmente, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en la «importancia de celebrar consultas con todas las organizaciones sindicales interesadas acerca de las cuestiones que afectan a sus intereses o a los de sus afiliados».

[1: La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones del Comité´ de Libertad Sindical / Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 6ª edición, 2018, párrafo 1521]

Vistas las explicaciones de la Corte se tiene que no hay méritos para anular la cláusula arbitral bajo estudio, toda vez que de su textura no es dable inferir que se imponga alguna forma de coadministración de la empresa, dado que lo que busca palmariamente es que el comité realice «propuestas al área responsable de estructurar el programa anual de bienestar laboral» que, al constituirse en meras sugerencias o recomendaciones, sin duda alguna, no abren paso a que el comité se inmiscuya en aspectos internos y propios de la organización empresarial, como lo cree la impugnante, y que sus decisiones tengan efectos vinculantes o, dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea, obliguen a la sociedad recurrente a acatarlas, lo que descarta de plano que se restrinja la autonomía y poder de dirección de las relaciones laborales del empresario o que la organización sindical cogestione o codirija la empresa.

En una palabra, la Corte no vislumbra imprecisión, vaguedad o contradicción que dé al traste con la validez del canon arbitral, por lo que no se anulará el canon arbitral atacado.

3.Compromiso ambiental

3.1 Pliego de peticiones

Artículo Trigésimo séptimo. COMPROMISO AMBIENTAL: SINTRACAVASA se compromete a promover, apoyar programas y proyectos sociales de carácter ambiental; CAVASA acepta dar cumplimiento a las normativas de medio ambiente y la participación comunitaria, para lo que garantizará el presupuesto que la actividad requiera, igualmente se establecerá una comisión integrada por tres (3) representantes de la Administración y tres (3) representantes de SINTRACAVASA, esta comisión actúa en representación de las partes en el tema de medio ambiente, está revistada de plenos poderes y facultades y se dará su propio reglamento de funcionamiento.

3.2. Laudo arbitral

ARTÍCULO 37º: COMPROMISO AMBIENTAL. A partir de la firma del presente Laudo Arbitral, SINTRACAVASA se compromete a promover, apoyar programas y proyectos sociales de carácter ambiental; CAVASA acepta dar cumplimiento a las normativas del medio ambiente y la de participación comunitaria, a través de actividades planeadas, aprobadas, presupuestadas y ejecutadas por el área ambiental.

3.3 Argumentos del tribunal de arbitramento

Se continúa con el Articulo #37 del pliego COMPROMISO AMBIENTAL, y después de un amplio debate sobre las competencias en estos puntos, el tribunal decide en forma UNANIME acoger en su integridad la propuesta de CAVASA página 24 del acta del 06 de mayo de 2019.

3.4 Argumentos comunes de la sociedad recurrente

Acota que el artículo del laudo arbitral citado se refiere a «una situación debidamente regulada en la Constitución y la Ley y, en ese contexto, «se sale completamente de la órbita de competencias del tribunal de arbitramento pues la función de los árbitros "no es la de reiterar principios abstractos que va se encuentran contemplados en la Constitución o en la Ley y que mal podría atribuirse la función de modificarlos", razón por la cual es procedente su anulación».

Al respecto, se hace evidente que yerra el tribunal de arbitramento «al reiterar las obligaciones legales de las que es objeto mi representada, al respecto, incluso mediante artículos de prensa se ha informado a la ciudadanía del cumplimiento de CAVABA de las normatividades ambientales».

IX. CONSIDERACIONES

Como a las claras aflora de lo expuesto por la sociedad recurrente, su descontento, en estrictez, estriba en que la obligación estatuida en el precepto arbitral encuentra venero en la Constitución y la ley y, en ese escenario, los árbitros carecían de competencia para plasmarla en el laudo arbitral.

Para dar respuesta a tal planteamiento, bien vale la pena memorar que la Sala ha delineado el criterio reiterado según el cual los árbitros tienen competencia para incorporar al laudo arbitral lo que previamente se encuentra previsto en la Constitución o la ley, según lo adoctrinado en sentencias CSJ SL3048-2021, CSJ SL817-2022, CSJ SL2694-2022, entre otras.

Ha explicado que la incorporación o no de aspectos que encuentran fuente en la ley es a todas luces inane pues es simple repetición vacua de lo que ya está en el ordenamiento jurídico. Después de todo, su falta de inclusión en un laudo arbitral no es impugnable en anulación, como tampoco lo sería su expresa incorporación, como aquí sucedió (CSJ SL3325-2018, CSJ SL5117-2020, CSJ SL1950-2021, CSJ SL2694-2022, entre muchas).

De otra parte, no hay que olvidar que el tribunal de arbitramento no hizo cosa distinta sino acoger en su integridad la propuesta formulada por la recurrente durante la etapa de arreglo directo.

En resolución, un panorama como el descrito necesariamente lleva al colofón de que no hay razones para que sea anulada la disposición arbitral atacada, en los términos solicitados por la recurrente.

Sin costas para la empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA-, dado que no hubo oposición.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO ANULAR las disposiciones atacadas del laudo arbitral del 31 de marzo de 2022, aclarado mediante providencia del 18 de abril siguiente, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA -SINTRACAVASA- y de la empresa CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. -CAVASA-.

SEGUNDO: Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.

(Salva Voto Parcial)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Empresa: Central de Abastecimientos del Valle del Cauca "SINTRACAVASA".

Sindicato: Sindicato de Trabajadores de la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca "SINTRACAVASA"

Radicación: 93985

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo el voto en cuanto a las cláusulas 7 -reconocimientos sindicales-, 18 -prima antigüedad- y 29 -prima extralegal de mayo-, que el Tribunal negó y que el sindicato solicita anular por «inequidad manifiesta». Asimismo, respecto a la cláusula 15 –incremento salarial- concedida por el Tribunal y que la empresa solicita anular por la misma razón.

En cuanto al recurso del sindicato, porque lo que procedía era rechazar su solicitud dado que ante la concesión total o parcial del punto, o ante su negativa fundada, no es posible la anulación, pues la Corte no puede emitir una decisión de reemplazo, y tampoco la devolución del expediente a los árbitros porque esto únicamente es admisible cuando el Tribunal se abstiene de resolver un punto, ya sea de forma explícita o implícita, lo que no ocurrió en este caso.

Así, bastaba indicar lo anterior para rechazar la solicitud de este interlocutor, antes que esgrimir consideraciones impertinentes sobre la inequidad manifiesta, dado que, insisto, ello en modo alguno beneficia al sindicato, pues la simple anulación cuando se niega en equidad lo pedido o se está inconforme con lo decidido por el Tribunal no le representa ningún interés porque precisamente lo que busca es que se decida nuevamente o se devuelva para que se conceda o se conceda más, para lo cual la Corte no tiene competencia.

Esto, a diferencia del beneficio que esta supuesta causal de inequidad manifiesta puede representar a la empresa, que su único y real interés cuando la alega es obtener la anulación total de la cláusula del laudo. Lo anterior precisamente me ha llevado a considerar que la inequidad manifiesta no es una causal de anulación en este recuro extraordinario, dado que su formulación puede beneficiar a la empresa pues obtendría la anulación del punto, mientras que para el sindicato ninguna utilidad se advierte pues no podría obtener un reexamen de lo pretendido ante la imposibilidad de reemplazar las funciones de equidad que se le atribuyen a los árbitros.

Para explicar este criterio, transcribo las consideraciones que la han soportado:

(...) la «inequidad» no constituye una causal de anulación. En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, he señalado que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

“En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

En esta perspectiva, la Sala debió rechazar los reparos que el sindicato fundó en una supuesta inequidad y no abordar su estudio, por lo que al respecto salvo mi voto.

Asimismo, en cuanto a las alusiones que la Sala hizo respecto a la inequidad manifiesta son inanes, pues en últimas, tal como lo expliqué, de nada serviriá elucidar si lo que negó o concedió el Tribunal fue inequitativo, dado que inevitablemente deberá mantenerse la cláusula ante la imposibilidad de dictar una decisión de reemplazo, de ahí la evidente desventaja del sindicato en la configuración de esta causal de anulación.

Por otra parte, no comparto la afirmación que realiza la Corte respecto a la cláusula 15 -incremento salarial-, según la cual «El empleador tiene el respaldo legal al momento de cumplir con lo ordenado en el laudo, de tener en consideración los incrementos de salario que hubiese efectuado durante el conflicto, para no incurrir en doble incremento».

A mi juicio, si bien el empleador puede tener en cuenta los incrementos salariales que efectuó en el curso del conflicto al momento de acatar las órdenes del laudo, ello no significa que eventualmente se configure un doble incremento, dado que en ese evento el aumento del salario es uno solo, solo que al ser superior el dispuesto por el Tribunal, corresponde a la empresa cubrir la diferencia y reconocerlo hasta el mínimo establecido en el laudo, claro está descontando el valor pagado.

Dejo así sustentado mi salvamiento de voto parcial.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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