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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3657-2020

Pensión de vejez

Fecha
9 de septiembre de 2020
Magistrado ponente
Jorge Luis Quiroz Alemán
Citada por
70 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3657-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Pueden sumarse las semanas cotizadas al ISS con tiempos de servicio público no cotizados a esa entidad para la pensión de vejez del régimen de transición?

  2. ¿Procede conceder simultáneamente los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de la pensión de vejez?

Reglas

  1. El sistema de seguridad social reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinguir la clase de empleador ni si fueron cotizados.

    «reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios»
  2. El parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 habilita a los beneficiarios del régimen de transición a sumar tiempos públicos y privados, cotizados o no.

    «al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS»
  3. Los beneficiarios del régimen de transición se rigen por la Ley 100 de 1993 en todo lo que no sea edad, tiempo o monto de la pensión.

    «salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad»
  4. La Corte abandona el criterio según el cual el Acuerdo 049 de 1990 solo permite sumar cotizaciones hechas al ISS.

    «abandona su criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición, solo permite sumar cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS»
  5. La concesión simultánea de intereses moratorios e indexación es incompatible.

    «su concesión coetánea es incompatible (sentencias CSJ SL5570-2018, SL3983-2018, entre otras»
  6. Cuando ambas figuras de actualización son procedentes, el beneficiario tiene derecho a optar por la más favorable.

    «a quien beneficien tiene el derecho de optar por la que le sea más favorable cuando ambas figuras de actualización monetaria sean procedentes»

Decisión

CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo. En instancia fija el disfrute de la pensión desde el 1 de marzo de 2013, con retroactivo de $75.130.547, concede intereses moratorios desde esa fecha y revoca la indexación. Sin costas en el recurso extraordinario.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro del proceso promovido por ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, en el sentido de que la fecha de disfrute de la pensión de vejez a favor de la demandante es a partir del 1.º de marzo de 2013, por lo que el retroactivo pensional generado a 31 de agosto de del año que avanza asciende a $75.130.547. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto, en la medida que los intereses moratorios son procedentes a partir del 1.º de marzo de 2013. TERCERO: REVOCAR el ordinal quinto, en cuanto dispuso indexar las condenas, para, en su lugar, absolver a Colpensiones de dicho concepto. CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás. QUINTO: Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3657-2020

Magistrado ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán

9 de septiembre de 2020

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Magistrado ponente

SL3657-2020

Radicación n.° 71635

Acta 33

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020).

En cumplimiento del fallo de tutela con radicación 700013105002201300459-01 del 14 de julio de 2020, dictado por una de las Salas de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal, mediante el cual dejó sin efecto la sentencia SL4027-2019 de 14 de agosto de 2019, proferida por esta Sala de Casación, y, conforme a la orden impartida, se procede a emitir nueva decisión frente al recurso extraordinario que interpuso ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ contra la providencia del 12 de marzo de 2015, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en el proceso ordinario que la accionante adelantó contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

ANTECEDENTES

Anastasia del Carmen Orozco de González demandó a Colpensiones y a Colfondos, para que se declare la nulidad y se deje sin efecto su afiliación a esta última, efectuada el 23 de mayo de 1994, y que siempre ha estado vinculada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, por lo que conserva el régimen de transición. En consecuencia, se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocerle y pagarle retroactivamente la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 21 de octubre de 2008; las primas de que tratan los artículos 50 y 42 de la Ley 100 de 1993, así como el artículo 43 del Decreto Reglamentario 692 de 1994; la indexación de las mesadas, primas y demás emolumentos adeudados; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; las costas del proceso y agencias en derecho; y lo que se demuestre ultra y extra petita.

Fundamentó sus peticiones en que nació el 21 de octubre de 1953; que estuvo afiliada al RPMPD desde el 23 de junio de 1975 hasta el 1.° de mayo de 1977 y, posteriormente, a la Caja de Previsión Municipal de Sincelejo desde el 20 de febrero de 1990 hasta el 22 de noviembre de 1995; que por «un engaño y asalto en su buena fe» fue obligada a afiliarse a Colfondos de manera irregular el 23 de mayo de 1994, presentando multivinculación, la cual fue resuelta a favor de Colpensiones; y que el 11 de agosto de 2011 solicitó su pensión de vejez ante la precitada administradora, pero le fue resuelta de manera negativa, por considerar que había perdido el régimen de transición al haberse trasladado al fondo privado (fls. 1 a 18 cdno. ppal).

Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, únicamente aceptó la fecha de nacimiento de la demandante y la solicitud pensional. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción (fls. 48 a 52 cdno. ppal).

Colfondos S.A. también se opuso a las peticiones de la demanda y, de los supuestos fácticos, adujo que era cierto lo relacionado con la multivinculación. Propuso las excepciones de buena fe y las genéricas o que resulten probadas en el curso del proceso (fls. 65 a 73 cdno. ppal).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 24 de abril de 2014, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la demandante señora ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, a partir del día 1º de mayo de 2013, en cuantía de $589.500 suma ésta que deberá ser reajustada anualmente en la misma proporción del incremento fijado por el Gobierno Nacional para el salario mínimo legal mensual vigente, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ pensión de vejez, a partir del 1º de mayo de 2013, en cuantía igual a $589.500, y para el año 2014 ascenderá al valor de $616.000, para lo cual procederá a efectuar la correspondiente inclusión en nómina a la pensionada.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ, el valor de todas las mesadas pensionales causadas desde el 1º de mayo de 2013 y hasta marzo de 2014 incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, en cuantía de DIEZ MILLONES CIENTO UN MIL PESOS ($10.101.000) a título de retroactivo pensional.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ, intereses moratorios en la tasa máxima de interés vigente desde la fecha en que se hizo la solicitud de reconocimiento de pensión, el 11 de agosto de 2011, y hasta la fecha que se efectúe el pago de la obligación pensional.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO GONZÁLEZ por concepto de indexación, la suma de SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($720.097,00).

SEXTO: ABSOLVER a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS de todas las pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Costas a cargo de la parte demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y a favor de la demandante. Tásense la suma de DOS MILLÓNES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($2.164.219), como agencias en derecho, para que sean incluidas en la liquidación de costas que practicará la Secretaría.

OCTAVO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de COLFONDOS S.A. Tásense la suma de un millón cien mil pesos ($1.100.000), como agencias en derecho, para que sean incluidas en la liquidación de costas que practicará la Secretaría.

NOVENO: Negar las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación, prescripción y cobro de lo no debido, alegadas por la parte demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

DÉCIMO: Declarar probada la excepción de buna fe alegada por la demandada COLFODOS S.A. conforme a lo anotado en las consideraciones de este proveído. (fls. 131 a 133 cdno. ppal).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, al desatar los recursos de apelación interpuestos por el demandante y Colpensiones, mediante el fallo que se recurre en casación, revocó lo decidido en la sentencia de primer grado y condenó en costas a la demandante (fls. 21 a 24 cdno. del Tribunal y CD).

Después de realizar un recuento normativo y jurisprudencial y de precisar que la actora, al momento de entrar en vigencia la Ley 100/93, se encontraba afiliada a la Caja de Previsión Municipal de Sincelejo, desde el 20 de febrero de 1990 hasta el 22 de noviembre de 1995, tras una afiliación anterior al ISS entre el 23 de junio de 1975 y el 1.° de mayo de 1977, coligió que la norma aplicable para el caso es la Ley 71/88, por acreditarse cotizaciones tanto al ISS como a la mencionada Caja.

Al verificar las exigencias de la citada disposición, encontró que la demandante tenía 18 años y 108 días cotizados, de manera que no alcanzó a cotizar los 20 años requeridos y que no le era aplicable el Acuerdo 049/90.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo interpuso la accionante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se confirme la providencia de primer grado.

Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados, y se estudiarán conjuntamente por cuanto persiguen el mismo fin y acusan similar normativa.

PRIMER CARGO

Ataca la sentencia recurrida de violar directamente, por aplicación indebida, el artículo «33 de la Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 9° de la Ley 797 de 1993, artículo 7° de la ley 71 de 1988 y artículo 17 de la Ley 153 de 1887, en relación con los Decretos 813 de 1994 y 1160 de 2003, lo cual ocasionó la INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 expedido por parte del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 43, literal e), del Decreto Ley 1650 de 1977 y aprobado mediante el Decreto 758 de 1990 en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 43, último inciso, del mismo Decreto Ley».

Aduce que la lógica y finalidad de un régimen de transición «es proteger una expectativa legítima pensional que se ha construido en vigencia de unas normas que se derogan. Se busca salvaguardar un derecho en ciernes, el cual está próximo a causarse, a estructurarse, mediante la aplicación ultractiva de las disposiciones que pierden su vigencia»; que todo régimen pensional tiene tres componentes que son la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto, el cual, a su vez, se compone de dos elementos, por un lado, el porcentaje y, por otro, la base salarial también denominada ingreso base de liquidación.

Transcribe el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para colegir que, conforme a sus incisos y su parágrafo, por un lado, se contempló la vigencia del régimen de transición y, de otro, la posibilidad de la suma de semanas cotizadas con anterioridad a su vigencia, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicios como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicios, lo cual se desprende de la literalidad de la norma.

Menciona que el artículo 27 del Código Civil enseña que cuando la ley es clara no le es dado al intérprete desconocer su texto a pretexto de consultar su espíritu; que al ser el articulo 36 una unidad normativa, «todas las normas anteriores que regulen la situación de una persona que se encuentre en transición pueden ajustar las semanas cotizadas o el número de años de servicios con tiempo de servicios o semanas cotizadas en cualquier caja, entidad o empleador de derecho público o privado».

Cita los artículos 7.º, 10 y 13 literal f) de la Ley 100 de 1993, para mencionar que no puede decirse que con sumar tiempos para aplicar el tránsito de legislación en pensiones se violenta el principio de inescindibilidad, además de que la sumatoria de tiempos públicos y privados para acceder a una pensión de vejez sólo la permitió el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo «33 de la Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 9° de la Ley 797 de 1993, artículo 7° de la ley 71 de 1988 y artículo 17 de la Ley 153 de 1887, debido a la INTERPRETACION ERRÓNEA del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los Decretos 813 de 1994 y 1160 de 2003, lo cual ocasionó la INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 expedido por parte del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 43, literal e), del Decreto Ley 1650 de 1977 y aprobado mediante el Decreto 758 de 1990 en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 43, último inciso, del mismo Decreto Ley».

La recurrente alega que es beneficiaria del régimen de transición; que acredita 16 años, 6 meses y 17 días de servicios, lo cual equivale a 852 semanas cotizadas con los empleadores Coexito S. A. y Empas E.S.P., el primero de carácter privado y el segundo público; que dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a la pensión de vejez (55 años) acredita 755 semanas; que en atención al citado artículo 36, puede acudirse a la Ley 71/88 o al Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pero con la primera de estas normas no tendría posibilidad de garantizar la contingencia de la vejez, pues exige 20 años de aportes, mientras que con la segunda sí, ya que «en ninguno sus apartes se exige que las semanas cotizadas tengan que estar cotizadas con un empleador del sector privado y al Instituto de Seguro Social».

Indica que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, hace parte del conjunto normativo que regula las prestaciones económicas del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y al momento de interpretar los requisitos para acceder a la pensión de vejez en los términos de dicha disposición «se tiene que dar una integración normativa con lo establecido por el literal b) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993».

Refiere que la posición jurisprudencial que considera que no es permitido sumar tiempos públicos y privados para acceder a la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 atenta contra el principio de progresividad de los derechos sociales. Enseguida, cita el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para afirmar que éste adopta las medidas necesarias a fin de lograr progresivamente la efectividad de los derechos reconocidos en ese instrumento, como lo es el de la seguridad social.

Finalmente, menciona que «la Corte Constitucional ha permitido acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990».

RÉPLICA

Colpensiones aduce, básicamente, que los cargos adolecen de varios errores de orden técnico, los cuales hacen que no cuenten con vocación alguna de prosperidad.

Dice que aunque el segundo está orientado por la vía directa, el libelista hace alusión a diferentes aspectos que requieren de una valoración del material probatorio obrante en el expediente; que si bien el recurrente aduce que el ad quem incurrió en aplicación indebida, interpretación errónea e infracción directa frente a las normas que referencia en las proposiciones jurídicas, en la demostración no indica concretamente en qué consistieron los errores, ni argumenta cómo es que debió ser el acertado proceder del Tribunal.

Agrega que es contundente que, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, no se pueden tener en cuenta los tiempos prestados por la afiliada al servicio público que no hayan sido cancelados al ISS.

CONSIDERACIONES

En la sentencia de tutela mencionada, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que a la señora Anastasia del Carmen Orozco de González le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta para ello la sumatoria de tiempos públicos con los cotizados al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Para arribar a esa conclusión, en síntesis, estimó que la postura de esta Sala desconoció el precedente constitucional emanado del órgano de cierre de esa jurisdicción, en la sentencia CC SU769-14 del 16 de octubre de 2014, reiterada en la T280-19, de las cuales copió apartes.

Consideró que si bien dicho criterio es propio de la autonomía e independencia judicial que gozan las autoridades judiciales en el ejercicio de sus funciones, «desconoce como el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 establece que se debe propender por la «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho», por ello, al encontrarse una duda entre la interpretación adecuada de los alcances del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era su deber aplicar el más favorable al trabajador, que correspondería al criterio establecido por la Corte Constitucional».

Añadió que, aunque en precedencia había reiterado la facultad que tienen las autoridades judiciales de separarse del precedente aplicable a un determinado caso, en la providencia censurada no se agotó la carga argumentativa necesaria para ello, comoquiera que no se expuso la existencia del criterio desarrollado por la Corte Constitucional (principio de transparencia).

Finalmente, aclaró que no dispone que la Sala de Casación Laboral necesariamente conceda la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, sino que la orden impuesta se encuentra encaminada a que se realice un estudio pormenorizado del caso conforme a las mencionadas sentencias y adopte la decisión que sea pertinente.

Así las cosas, en acatamiento a lo decidido en el citado fallo de tutela de la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de esta Corporación, se proferirá nueva decisión en sede de casación, para lo cual se tendrá en cuenta la nueva postura asumida por esta Corte en la providencia SL1981-2020 del 1.º de julio de esta anualidad, en la que se dijo:

En ese contexto, considera esta Corporación que, si bien en un preciso momento las razones que surgieron en favor de la postura que abogaba por la imposibilidad de acumular cotizaciones al ISS con tiempos laborados en el sector público no sufragados a esta entidad, eran relevantes y estaban fundamentas en raciocinios plausibles, en la actualidad, al ser contrastadas con otros argumentos han perdido peso, al punto de quedar totalmente eclipsadas.

Las razones en que se sustenta este cambio de pensamiento, son las siguientes:

1. EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES ES UN SISTEMA INSPIRADO EN EL PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD Y EN EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO COMO PARÁMETRO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PENSIÓN

La Ley 100 de 1993 tuvo como eje central la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema único, inclusivo y universal denominado «sistema general de pensiones», que permitiera la construcción de sus prestaciones a partir del concepto de trabajo.

Esta Sala ha subrayado en distintas oportunidades este objetivo de la Ley 100 de 1993 consistente en superar las fronteras impuestas por los anteriores regímenes pensionales, que coexistían dispersamente y condicionaban la validez de los tiempos laborados a situaciones tales como que hubieran sido objeto de aportes, laborados en determinados sectores o entidades, cotizados a específicos entes previsionales, entre otras, condiciones y limitaciones que en la nueva regulación se eliminaron, para, en su lugar, tomar como referente de construcción de la pensión la prestación del servicio en cuanto tal. De allí que «al suprimir estas barreras, que obstaculizaban la adquisición del derecho pensional, la L. 100/1993 se erija en un estatuto normativo inclusivo, anti clasista y unificador de regímenes pensionales, como se expresa en su art. 6.º, al prescribir que «el Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad» (CSJ SL11188-2016).

Por este motivo, el sistema le concedió validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

En efecto, el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 señala que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. A su turno, el parágrafo 1.° del artículo 33 del mencionado estatuto de seguridad social, también le concede validez para efectos del cómputo de semanas, a los tiempos laborados como servidores públicos.

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha avanzado en una línea que aboga por darle efecto a todos los tiempos laborados para cubrir pensiones de la Ley 100 de 1993, dentro de las cuales se encuentran las del régimen de transición. Así ocurrió con la pensión de jubilación de la Ley 71 de 1998 (CSJ SL4457-2014), la orden de giro de títulos pensionales cuando el empleador, debido a su omisión, vacíos legales o falta de cobertura en un territorio, no afilió a sus trabajadores al ISS (CSJ SL14215-2017) o el cómputo en semanas del servicio militar (CSJ SL11188-2016). Todo lo anterior bajo la premisa de que a la luz de la Ley 100 de 1993, «los tiempos laborados deben tener alguna incidencia pensional, no pueden perderse sin más. Y esto no se trata de una dádiva o un acto de compasión, sino de un derecho irrenunciable, ligado a la prestación del servicio», del que se beneficia la sociedad en su conjunto (CSJ SL1140-2020).

Desde este punto de vista, se asevera que a diferencia de los regímenes anteriores, la Ley 100 de 1993 tuvo un efecto homogeneizador que se traduce en la convalidación de todos los tiempos laborados, lo cual se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, no solo porque a ellos les aplica en su plenitud las reglas del sistema general de pensiones, salvo en lo que concierne a la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto; también porque estas personas eran las que sufrían las consecuencias de la legislación preexistente, caracterizadas por la dispersión de regímenes y responsabilidades, donde algunas semanas eran desechadas o reputadas como no válidas para pensión.

2. LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN HACEN PARTE DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y, POR TANTO, A SUS BENEFICIARIOS LES APLICAN LOS PRECEPTOS NORMATIVOS QUE ORDENAN LA SUMATORIA DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS Y PRIVADOS SUFRAGADOS AL ISS, HOY COLPENSIONES

Como se dijo, la Ley 100 de 1993 tuvo como premisa fundamental la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema global. Sin embargo, frente a ciertos segmentos de la población próximos a pensionarse según las reglas anteriores, la Ley 100 de 1993 instituyó en su artículo 36 un régimen de transición, el cual, sin aislarse de los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones, otorga ciertos privilegios a esas personas en tres materias puntuales: edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión, dejando claro que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley (sic)».

De esta forma, el régimen de transición no es un mundo separado o excluido de la Ley 100 de 1993, es una regulación especial englobada en la misma, a través del cual se otorga a ciertas personas la posibilidad de pensionarse con base en la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la ley anterior, quedando todo lo demás sometido al imperio de aquella normativa.

Lo anterior significa que para estas personas la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33, disposiciones que, expresamente, consagran la suma de tiempos públicos, hayan sido o no objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

Por tanto, no hay razón alguna que justifique inaplicar las normas en cita para los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior es el del Acuerdo 049 de 1990, pues, en estricto rigor, dichas personas están afiliadas del sistema general de pensiones, conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 100 de 1993. Luego, les asiste el derecho a la portabilidad de las semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador público no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsión social.

Con otras palabras: si los beneficiarios del régimen de transición son afiliados al sistema general de pensiones y están sometidos a su regulación -salvo los tres aspectos referidos-, ello apareja como consecuencia lógica el derecho a que las directrices y principios rectores de este sistema se les aplique, de manera axiológicamente coherente, de manera integral, tal como ocurre con la posibilidad que se contabilicen en su favor todas las semanas laboradas para el otorgamiento de las prestaciones.

3. EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 ES CLARO EN QUE PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN SE DEBE TENER EN CUENTA LA SUMATORIA DEL TIEMPO DE SERVICIO PÚBLICO Y LAS SEMANAS COTIZADAS AL ISS O A ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL

Aunque la Ley 100 de 1993 es clara en que las pensiones del régimen de transición se regulan por todas las disposiciones de esa normativa (excepto los tres aspectos ya referenciados), incluido lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33 conforme se explicó a espacio, en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso ser mucho más incisivo en tal aspecto.

En efecto, en dicha disposición recalcó que «para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio».

Tal proposición normativa no puede entenderse referida a la pensión de vejez ordinaria prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como otrora lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, toda vez que está inmersa en el artículo que regula el régimen de transición. Pero, además, es equivocado concebir que un inciso incorporado en una disposición que regula temáticamente un asunto, en este caso, el régimen de transición, no se refiera a la materia reglamentada sino a otra diferente y consagrada en artículo distinto. Más aún, este precepto no es más que la expresión de coherencia del sistema de seguridad social, en cuanto reconoce el trabajo humano como pilar fundamental del sistema de protección social y, por ello, pretende darle significación en la causación de las pensiones.

4. LA LEY 100 DE 1993 PREVIÓ MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

En aras de materializar la idea de que el trabajo humano cuenta en la seguridad social, la Ley 100 de 1993 previó sendos instrumentos de financiación tales como los cálculos actuariales o las cuotas partes pensionales, que permiten portar y hacer valer las semanas de trabajo para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales. Es decir, la Ley 100 de 1993 anticipó las disfuncionalidades que podrían presentarse de tomar en cuenta todos los tiempos cotizados en el ISS o en las múltiples cajas que existían, o el tiempo laborado a empleadores que tenían a su cargo las pensiones, para lo cual instituyó mecanismos de financiación de las pensiones a través de títulos o cuotas partes, que dicho sea de paso en este caso, corresponde a 14 años, 11 meses y 19 días de servicio que se cubrirán con la última de las modalidades citadas, tal como lo dispone la ley.

Por consiguiente, el argumento de una debacle financiera se cae de su peso, ya que, se repite, el sistema prevé mecanismos eficientes de recaudo de los títulos o dineros llamados a financiar la pensión.

Rectificación jurisprudencial:

De todo lo anterior, se concluye:

(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.

(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.

(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.

(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales.

De acuerdo con los anteriores argumentos, la Corte Suprema de Justicia abandona su criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición, solo permite sumar cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS y, en su reemplazo, postula que sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en ese reglamento, contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social. En consecuencia, todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales.

En este orden, la recurrente tiene derecho a que se contabilice el tiempo cotizado a la Caja de Previsión Municipal de Sincelejo, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, conforme a las previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del cual es beneficiaria, teniendo en cuenta que nació el 21 de octubre de 1953.

En consecuencia, el ataque prospera, por lo que se casa la sentencia de 24 de abril de 2014, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.

Sin costas en el recurso extraordinario.

SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, a fin de resolver, en primer lugar, la apelación interpuesta por Colpensiones, relativa a que la norma aplicable a la demandante es la Ley 71 de 1988, basta con referir lo expuesto en la esfera extraordinaria para concluir que es procedente el estudio de la prestación pensional bajo los parámetros establecidos en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que, según el nuevo criterio mayoritario de la Sala, es viable la sumatoria de todos los tiempos laborados públicos o privados, para el reconocimiento de la pensión de vejez.

El juez de primer grado estimó que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1.º de mayo de 2013, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente para ese año, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre; un retroactivo a marzo de 2014 correspondiente a $10.101.000; los intereses moratorios a la tasa máxima legal a partir del 11 de agosto de 2011; y la suma de $720.097, por concepto de indexación. Así mismo, absolvió a Colfondos de todas las pretensiones de la demanda; condenó en costas a Colpensiones a favor de la demandante, tasando las agencias en derecho en la suma de $2.164.219, y a cargo de la demandante a favor de Colfondos las tasó en $1.101.000.

En el anterior contexto, a fin de resolver la consulta a favor de Colpensiones -toda vez que la demanda se presentó el 26 de junio de 2013, esto es, después de la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007-, se estudiará lo relativo al ingreso base de liquidación, el retroactivo pensional adeudado y la procedencia de los intereses moratorios e indexación.

Pues bien, conforme la historia laboral obrante en el expediente, así como los certificados de información laboral y de salario base para calcular bonos pensionales y pensiones, la actora cuenta con 942,15 semanas en toda su vida laboral, así: 97 semanas, con empleadores del sector privado, entre el 23 de junio de 1975 y el 1 de mayo de 1977 (f.º 29 a 34 cdno ppal); 768 semanas, laboradas en la Empresa Oficial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sincelejo – EMPAS E.S.P., del 20 de febrero de 1990 al 30 de diciembre de 2004, período en el que aportó al Instituto desde el 23 de noviembre de 1995 hasta el final de tal vínculo (f.º 25 a 28 cdno ppal); y 77,15 semanas, del 1 de junio de 2009 a 28 de febrero de 2013, cotizadas como independiente de manera interrumpida (f.º 29 a 34 cdno ppal).

Se evidencia entonces, que entre lo efectivamente aportado al ISS y lo cotizado a la Caja de Previsión Municipal de Sincelejo, la actora alcanzó 768 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de 55 años, esto es, entre el 21 de octubre de 1988 y el 21 de octubre de 2008. Por tanto, cumple las exigencias del citado precepto 12 del Acuerdo 049 de 1990 para tener derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, esto, a partir del 1.° de marzo de 2013, en tanto la fecha de la última cotización corresponde al ciclo de febrero de ese mismo año.

Por lo anterior, el ingreso base de liquidación se obtiene conforme al artículo 21 de la de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta los últimos 10 años de cotización, en tanto, a la entrada en vigencia de dicha normativa, a la actora le faltaban más de 10 años para reunir los requisitos pensionales, tal y como se puntualiza en el siguiente cuadro:

IBL ÚLTIMOS 10 AÑOS

AÑO

MES

DÍAS

SALARIO

IPC INICIAL

IPC FINAL

FACTOR IND.

VALOR

1996

JULIO

30

$ 177.870

21,8

78,05

3,580275229

$ 636.824

AGOSTO

30

$ 177.870

21,8

78,05

3,580275229

$ 636.824

SEPTIEMBRE

30

$ 177.870

21,8

78,05

3,580275229

$ 636.824

OCTUBRE

30

$ 177.870

21,8

78,05

3,580275229

$ 636.824

NOVIEMBRE

30

$ 177.870

21,8

78,05

3,580275229

$ 636.824

DICIEMBRE

30

$ 177.870

21,8

78,05

3,580275229

$ 636.824

1997

ENERO

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

FEBRERO

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

MARZO

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

ABRIL

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

MAYO

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

JUNIO

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

JULIO

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

AGOSTO

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

SEPTIEMBRE

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

OCTUBRE

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

NOVIEMBRE

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

DICIEMBRE

30

$ 220.258

26,52

78,05

2,94306184

$ 648.233

1998

ENERO

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

FEBRERO

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

MARZO

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

ABRIL

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

MAYO

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

JUNIO

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

JULIO

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

AGOSTO

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

SEPTIEMBRE

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

OCTUBRE

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

NOVIEMBRE

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

DICIEMBRE

30

$ 261.006

31,21

78,05

2,500801025

$ 652.724

1999

ENERO

30

$ 307.987

36,42

78,05

2,143053267

$ 660.033

FEBRERO

30

$ 307.987

36,42

78,05

2,143053267

$ 660.033

MARZO

30

$ 307.987

36,42

78,05

2,143053267

$ 660.033

ABRIL

30

$ 307.987

36,42

78,05

2,143053267

$ 660.033

MAYO

30

$ 307.987

36,42

78,05

2,143053267

$ 660.033

JUNIO

30

$ 307.987

36,42

78,05

2,143053267

$ 660.033

JULIO

30

$ 311.067

36,42

78,05

2,143053267

$ 666.633

AGOSTO

30

$ 311.067

36,42

78,05

2,143053267

$ 666.633

SEPTIEMBRE

30

$ 311.067

36,42

78,05

2,143053267

$ 666.633

OCTUBRE

30

$ 311.067

36,42

78,05

2,143053267

$ 666.633

NOVIEMBRE

30

$ 311.067

36,42

78,05

2,143053267

$ 666.633

DICIEMBRE

30

$ 311.067

36,42

78,05

2,143053267

$ 666.633

2000

ENERO

30

$ 342.889

39,79

78,05

1,961548128

$ 672.593

FEBRERO

30

$ 342.889

39,79

78,05

1,961548128

$ 672.593

MARZO

30

$ 342.889

39,79

78,05

1,961548128

$ 672.593

ABRIL

30

$ 342.889

39,79

78,05

1,961548128

$ 672.593

MAYO

30

$ 342.889

39,79

78,05

1,961548128

$ 672.593

JUNIO

30

$ 342.889

39,79

78,05

1,961548128

$ 672.593

JULIO

30

$ 394.322

39,79

78,05

1,961548128

$ 773.482

AGOSTO

30

$ 394.322

39,79

78,05

1,961548128

$ 773.482

SEPTIEMBRE

30

$ 394.322

39,79

78,05

1,961548128

$ 773.482

OCTUBRE

30

$ 394.322

39,79

78,05

1,961548128

$ 773.482

NOVIEMBRE

30

$ 394.322

39,79

78,05

1,961548128

$ 773.482

DICIEMBRE

30

$ 394.322

39,79

78,05

1,961548128

$ 773.482

2001

ENERO

30

$ 394.322

43,27

78,05

1,803790155

$ 711.274

FEBRERO

30

$ 394.322

43,27

78,05

1,803790155

$ 711.274

MARZO

30

$ 394.322

43,27

78,05

1,803790155

$ 711.274

ABRIL

30

$ 394.322

43,27

78,05

1,803790155

$ 711.274

MAYO

30

$ 394.322

43,27

78,05

1,803790155

$ 711.274

JUNIO

30

$ 394.322

43,27

78,05

1,803790155

$ 711.274

JULIO

30

$ 436.790

43,27

78,05

1,803790155

$ 787.878

AGOSTO

30

$ 436.790

43,27

78,05

1,803790155

$ 787.878

SEPTIEMBRE

30

$ 436.790

43,27

78,05

1,803790155

$ 787.878

OCTUBRE

30

$ 436.790

43,27

78,05

1,803790155

$ 787.878

NOVIEMBRE

30

$ 436.790

43,27

78,05

1,803790155

$ 787.878

DICIEMBRE

30

$ 436.790

43,27

78,05

1,803790155

$ 787.878

2002

ENERO

30

$ 436.790

46,58

78,05

1,675611851

$ 731.891

FEBRERO

30

$ 436.790

46,58

78,05

1,675611851

$ 731.891

MARZO

30

$ 436.790

46,58

78,05

1,675611851

$ 731.891

ABRIL

30

$ 436.790

46,58

78,05

1,675611851

$ 731.891

MAYO

30

$ 436.790

46,58

78,05

1,675611851

$ 731.891

JUNIO

30

$ 436.790

46,58

78,05

1,675611851

$ 731.891

JULIO

30

$ 479.421

46,58

78,05

1,675611851

$ 803.324

AGOSTO

30

$ 479.421

46,58

78,05

1,675611851

$ 803.324

SEPTIEMBRE

30

$ 479.421

46,58

78,05

1,675611851

$ 803.324

OCTUBRE

30

$ 479.421

46,58

78,05

1,675611851

$ 803.324

NOVIEMBRE

30

$ 479.421

46,58

78,05

1,675611851

$ 803.324

DICIEMBRE

30

$ 479.421

46,58

78,05

1,675611851

$ 803.324

2003

ENERO

30

$ 479.421

49,83

78,05

1,566325507

$ 750.929

FEBRERO

30

$ 479.421

49,83

78,05

1,566325507

$ 750.929

MARZO

30

$ 479.421

49,83

78,05

1,566325507

$ 750.929

ABRIL

30

$ 479.421

49,83

78,05

1,566325507

$ 750.929

MAYO

30

$ 479.421

49,83

78,05

1,566325507

$ 750.929

JUNIO

30

$ 479.421

49,83

78,05

1,566325507

$ 750.929

JULIO

30

$ 526.980

49,83

78,05

1,566325507

$ 825.422

AGOSTO

30

$ 526.980

49,83

78,05

1,566325507

$ 825.422

SEPTIEMBRE

30

$ 526.980

49,83

78,05

1,566325507

$ 825.422

OCTUBRE

30

$ 526.980

49,83

78,05

1,566325507

$ 825.422

NOVIEMBRE

30

$ 526.980

49,83

78,05

1,566325507

$ 825.422

DICIEMBRE

30

$ 526.980

49,83

78,05

1,566325507

$ 825.422

2004

ENERO

30

$ 526.980

53,07

78,05

1,470699077

$ 775.029

FEBRERO

30

$ 526.980

53,07

78,05

1,470699077

$ 775.029

MARZO

30

$ 526.980

53,07

78,05

1,470699077

$ 775.029

ABRIL

30

$ 526.980

53,07

78,05

1,470699077

$ 775.029

MAYO

30

$ 526.980

53,07

78,05

1,470699077

$ 775.029

JUNIO

30

$ 526.980

53,07

78,05

1,470699077

$ 775.029

JULIO

30

$ 571.721

53,07

78,05

1,470699077

$ 840.830

AGOSTO

30

$ 571.721

53,07

78,05

1,470699077

$ 840.830

SEPTIEMBRE

30

$ 571.721

53,07

78,05

1,470699077

$ 840.830

OCTUBRE

30

$ 571.721

53,07

78,05

1,470699077

$ 840.830

NOVIEMBRE

30

$ 571.721

53,07

78,05

1,470699077

$ 840.830

DICIEMBRE

30

$ 571.721

53,07

78,05

1,470699077

$ 840.830

2009

AGOSTO

30

$ 496.900

69,8

78,05

1,118194842

$ 555.631

SEPTIEMBRE

30

$ 496.900

69,8

78,05

1,118194842

$ 555.631

2011

JUNIO

30

$ 535.600

73,45

78,05

1,062627638

$ 569.143

JULIO

30

$ 535.600

73,45

78,05

1,062627638

$ 569.143

AGOSTO

30

$ 535.600

73,45

78,05

1,062627638

$ 569.143

OCTUBRE

30

$ 535.600

73,45

78,05

1,062627638

$ 569.143

NOVIEMBRE

30

$ 535.600

73,45

78,05

1,062627638

$ 569.143

DICIEMBRE

30

$ 535.600

73,45

78,05

1,062627638

$ 569.143

2012

ENERO

30

$ 535.600

76,19

78,05

1,024412653

$ 548.675

FEBRERO

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

MARZO

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

ABRIL

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

MAYO

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

JUNIO

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

JULIO

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

AGOSTO

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

SEPTIEMBRE

30

$ 566.700

76,19

78,05

1,024412653

$ 580.535

2013

FEBRERO

30

$ 589.500

78,05

78,05

1

$ 589.500

3600

$ 83.736.898

IBL

$ 697.807

69%

$ 481.487

SMMLV

$ 589.500

Conforme se detalló, se obtiene un IBL de $697.807, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 69%, correspondiente a 942,15 semanas de cotización, arroja una mesada pensional por valor de $481.487, la cual, por resultar inferior al salario mínimo, debe reajustarse a la suma de $589.500, equivalente al vigente para la fecha de reconocimiento de la prestación, que fue el obtenido por el juez de primer grado por lo que habrá de confirmarse el fallo de primera instancia en este aspecto.

En ese orden, al cuantificar el monto de las mesadas desde el 1.º de marzo de 2013 hasta el 31 de agosto de 2020, el valor a pagar por ese concepto es de $75.130.547, según lo refleja el siguiente cuadro:

Retroactivo pensional a partir del 1 de marzo de 2013

AÑO

V. MESADA

MESADAS

SUBTOTAL

2013

$ 589.500

12

$ 7.074.000

2014

$ 616.000

14

$ 8.624.000

2015

$ 644.350

14

$ 9.020.900

2016

$ 689.455

14

$ 9.652.370

2017

$ 737.717

14

$ 10.328.038

2018

$ 781.242

14

$ 10.937.388

2019

$ 828.116

14

$ 11.593.624

2020

$ 877.803

9

$ 7.900.227

Valor del retroactivo a 31 de agosto de 2020

$ 75.130.547

En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es de precisar que, en un nuevo análisis de su procedencia frente a pensiones adquiridas en virtud al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mediante sentencia CSJ SL1681-2020 la Corte los encontró viables, al concluir que no había razón legal alguna para excluirlos de la comprensión del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Por otro lado, debe señalarse que aunque tales réditos, así como la indexación de las sumas adeudadas o dejadas de percibir, se presentaron de forma principal, conforme el criterio reiterado de esta Sala, su concesión coetánea es incompatible (sentencias CSJ SL5570-2018, SL3983-2018, entre otras). Así mismo, se ha indicado que a quien beneficien tiene el derecho de optar por la que le sea más favorable cuando ambas figuras de actualización monetaria sean procedentes, como en este caso ocurre, razón por la cual, a continuación, se efectúa el correspondiente cálculo, no sin antes precisar que los intereses procederían a partir de la fecha de reconocimiento de la prestación:

Indexación

Año

Valor

IPC inicial

IPC final

Factor

Subtotal

2013

$ 7.074.000

78,05

103,8

1,33

$ 2.333.831

2014

$ 8.624.000

79,56

103,8

1,30

$ 2.627.523

2015

$ 9.020.900

82,47

103,8

1,26

$ 2.333.161

2016

$ 9.652.370

88,05

103,8

1,18

$ 1.726.574

2017

$ 10.328.038

93,11

103,8

1,11

$ 1.185.767

2018

$ 10.937.388

96,92

103,8

1,07

$ 776.406

2019

$ 11.593.624

100

103,8

1,04

$ 440.558

2020

$ 7.900.227

103,8

103,8

1,00

$ 0

Total indexación

$ 11.423.819

Intereses moratorios a partir del 1 de marzo de 2013

Tasa vigente

Mesada

Año

Días en mora

Tasa máxima
legal

Tasa diaria

Capital

Sub-total
Intereses

18,29%

MARZO

2013

2670

27,44%

0,0674%

$589.500

$1.060.490

18,29%

ABRIL

2640

27,44%

0,0674%

$589.500

$1.048.575

18,29%

MAYO

2610

27,44%

0,0674%

$589.500

$1.036.659

18,29%

JUNIO

2580

27,44%

0,0674%

$589.500

$1.024.743

18,29%

JULIO

2550

27,44%

0,0674%

$589.500

$1.012.828

18,29%

AGOSTO

2520

27,44%

0,0674%

$589.500

$1.000.912

18,29%

SEPTIEMBRE

2490

27,44%

0,0674%

$589.500

$988.996

18,29%

OCTUBRE

2460

27,44%

0,0674%

$589.500

$977.081

18,29%

NOVIEMBRE

2430

27,44%

0,0674%

$589.500

$965.165

18,29%

DICIEMBRE

2400

27,44%

0,0674%

$1.179.000

$1.906.499

18,29%

ENERO

2014

2370

27,44%

0,0674%

$616.000

$983.650

18,29%

FEBRERO

2340

27,44%

0,0674%

$616.000

$971.199

18,29%

MARZO

2310

27,44%

0,0674%

$616.000

$958.748

18,29%

ABRIL

2280

27,44%

0,0674%

$616.000

$946.296

18,29%

MAYO

2250

27,44%

0,0674%

$616.000

$933.845

18,29%

JUNIO

2220

27,44%

0,0674%

$1.232.000

$1.842.788

18,29%

JULIO

2190

27,44%

0,0674%

$616.000

$908.943

18,29%

AGOSTO

2160

27,44%

0,0674%

$616.000

$896.491

18,29%

SEPTIEMBRE

2130

27,44%

0,0674%

$616.000

$884.040

18,29%

OCTUBRE

2100

27,44%

0,0674%

$616.000

$871.589

18,29%

NOVIEMBRE

2070

27,44%

0,0674%

$616.000

$859.137

18,29%

DICIEMBRE

2040

27,44%

0,0674%

$1.232.000

$1.693.372

18,29%

ENERO

2015

2010

27,44%

0,0674%

$644.350

$872.629

18,29%

FEBRERO

1980

27,44%

0,0674%

$644.350

$859.604

18,29%

MARZO

1950

27,44%

0,0674%

$644.350

$846.580

18,29%

ABRIL

1920

27,44%

0,0674%

$644.350

$833.556

18,29%

MAYO

1890

27,44%

0,0674%

$644.350

$820.531

18,29%

JUNIO

1860

27,44%

0,0674%

$1.288.700

$1.615.014

18,29%

JULIO

1830

27,44%

0,0674%

$644.350

$794.483

18,29%

AGOSTO

1800

27,44%

0,0674%

$644.350

$781.459

18,29%

SEPTIEMBRE

1770

27,44%

0,0674%

$644.350

$768.434

18,29%

OCTUBRE

1740

27,44%

0,0674%

$644.350

$755.410

18,29%

NOVIEMBRE

1710

27,44%

0,0674%

$644.350

$742.386

18,29%

DICIEMBRE

1680

27,44%

0,0674%

$1.288.700

$1.458.723

18,29%

ENERO

2016

1650

27,44%

0,0674%

$689.455

$766.481

18,29%

FEBRERO

1620

27,44%

0,0674%

$689.455

$752.545

18,29%

MARZO

1590

27,44%

0,0674%

$689.455

$738.609

18,29%

ABRIL

1560

27,44%

0,0674%

$689.455

$724.673

18,29%

MAYO

1530

27,44%

0,0674%

$689.455

$710.737

18,29%

JUNIO

1500

27,44%

0,0674%

$1.378.910

$1.393.602

18,29%

JULIO

1470

27,44%

0,0674%

$689.455

$682.865

18,29%

AGOSTO

1440

27,44%

0,0674%

$689.455

$668.929

18,29%

SEPTIEMBRE

1410

27,44%

0,0674%

$689.455

$654.993

18,29%

OCTUBRE

1380

27,44%

0,0674%

$689.455

$641.057

18,29%

NOVIEMBRE

1350

27,44%

0,0674%

$689.455

$627.121

18,29%

DICIEMBRE

1320

27,44%

0,0674%

$1.378.910

$1.226.370

18,29%

ENERO

2017

1290

27,44%

0,0674%

$737.717

$641.196

18,29%

FEBRERO

1260

27,44%

0,0674%

$737.717

$626.285

18,29%

MARZO

1230

27,44%

0,0674%

$737.717

$611.373

18,29%

ABRIL

1200

27,44%

0,0674%

$737.717

$596.462

18,29%

MAYO

1170

27,44%

0,0674%

$737.717

$581.550

18,29%

JUNIO

1140

27,44%

0,0674%

$1.475.434

$1.133.277

18,29%

JULIO

1110

27,44%

0,0674%

$737.717

$551.727

18,29%

AGOSTO

1080

27,44%

0,0674%

$737.717

$536.816

18,29%

SEPTIEMBRE

1050

27,44%

0,0674%

$737.717

$521.904

18,29%

OCTUBRE

1020

27,44%

0,0674%

$737.717

$506.993

18,29%

NOVIEMBRE

990

27,44%

0,0674%

$737.717

$492.081

18,29%

DICIEMBRE

960

27,44%

0,0674%

$1.475.434

$954.339

18,29%

ENERO

2018

930

27,44%

0,0674%

$781.242

$489.531

18,29%

FEBRERO

900

27,44%

0,0674%

$781.242

$473.740

18,29%

MARZO

870

27,44%

0,0674%

$781.242

$457.948

18,29%

ABRIL

840

27,44%

0,0674%

$781.242

$442.157

18,29%

MAYO

810

27,44%

0,0674%

$781.242

$426.366

18,29%

JUNIO

780

27,44%

0,0674%

$1.562.484

$821.149

18,29%

JULIO

750

27,44%

0,0674%

$781.242

$394.783

18,29%

AGOSTO

720

27,44%

0,0674%

$781.242

$378.992

18,29%

SEPTIEMBRE

690

27,44%

0,0674%

$781.242

$363.200

18,29%

OCTUBRE

660

27,44%

0,0674%

$781.242

$347.409

18,29%

NOVIEMBRE

630

27,44%

0,0674%

$781.242

$331.618

18,29%

DICIEMBRE

600

27,44%

0,0674%

$1.562.484

$631.653

18,29%

ENERO

2019

570

27,44%

0,0674%

$828.116

$318.037

18,29%

FEBRERO

540

27,44%

0,0674%

$828.116

$301.298

18,29%

MARZO

510

27,44%

0,0674%

$828.116

$284.559

18,29%

ABRIL

480

27,44%

0,0674%

$828.116

$267.821

18,29%

MAYO

450

27,44%

0,0674%

$828.116

$251.082

18,29%

JUNIO

420

27,44%

0,0674%

$1.656.232

$468.686

18,29%

JULIO

390

27,44%

0,0674%

$828.116

$217.604

18,29%

AGOSTO

360

27,44%

0,0674%

$828.116

$200.865

18,29%

SEPTIEMBRE

330

27,44%

0,0674%

$828.116

$184.127

18,29%

OCTUBRE

300

27,44%

0,0674%

$828.116

$167.388

18,29%

NOVIEMBRE

270

27,44%

0,0674%

$828.116

$150.649

18,29%

DICIEMBRE

240

27,44%

0,0674%

$1.656.232

$267.821

18,29%

ENERO

2020

210

27,44%

0,0674%

$877.803

$124.202

18,29%

FEBRERO

180

27,44%

0,0674%

$877.803

$106.459

18,29%

MARZO

150

27,44%

0,0674%

$877.803

$88.716

18,29%

ABRIL

120

27,44%

0,0674%

$877.803

$70.972

18,29%

MAYO

90

27,44%

0,0674%

$877.803

$53.229

18,29%

JUNIO

60

27,44%

0,0674%

$1.755.606

$70.972

18,29%

JULIO

30

27,44%

0,0674%

$877.803

$17.743

18,29%

AGOSTO

0

27,44%

0,0674%

$877.803

$0

Total intereses moratorios a corte 31 de agosto de 2020

$61.433.615

Conforme se detalla, le es más favorable a la actora el reconocimiento de los intereses moratorios, precisándose que deben ser concedidos a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez. En tal medida, se revocará la condena impuesta por indexación.

En cuanto a la excepción de prescripción, es oportuno mencionar que si bien el derecho a demandar la ineficacia del traslado y la pensión es imprescriptible, sí lo son las mesadas pensionales no reclamadas dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, conforme lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sin embargo, en este caso ninguna mesada se extinguió, en la medida que entre la fecha de exigibilidad y la presentación de la demanda inicial no transcurrieron 3 años. Las demás excepciones planteadas se declararán no probadas, dado el resultado del proceso y lo expuesto en precedencia.

Finalmente, procede la Corte a decidir el recurso de apelación que formuló la demandante, relacionado con la fecha de causación de la prestación y la condena en costas a su cargo y en favor de Colfondos.

Con relación al primer punto, a pesar de no existir evidencia alguna de la desvinculación formal del sistema, es posible establecer que la convocante tuvo la intención de desafiliarse desde febrero de 2013, pues fue en esa data en la que realizó la última cotización y, poco después -23 de junio de 2013-, interpuso la demanda, mediante la cual solicitaba el reconocimiento de la pensión de vejez, situaciones de las cuales es viable inferir su propósito de dejar de realizar aportes al Sistema de Seguridad Social. Por esa razón, la prestación debe empezarse a pagar a partir del 1.º de marzo de 2013, punto en el que se modificará lo dispuesto por el juez de primer grado.

De otra parte, no hay lugar a modificar la imposición de costas ordenada por el a quo, por cuanto la actora nunca efectuó aportes pensionales a Colfondos, lo cual le fue informado mediante comunicación del 20 de febrero de 2012 (f.º 36 a 38 cdno ppal), por lo que efectivamente el traslado de régimen no se materializó y, por ende, no se requería declarar su nulidad, ni efectuar la convocatoria de esta demandada al proceso.

Costas a cargo de Colpensiones en la apelación, y las de primer grado como las determinó el a quo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro del proceso promovido por ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, en el sentido de que la fecha de disfrute de la pensión de vejez a favor de la demandante es a partir del 1.º de marzo de 2013, por lo que el retroactivo pensional generado a 31 de agosto de del año que avanza asciende a $75.130.547.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto, en la medida que los intereses moratorios son procedentes a partir del 1.º de marzo de 2013.

TERCERO: REVOCAR el ordinal quinto, en cuanto dispuso indexar las condenas, para, en su lugar, absolver a Colpensiones de dicho concepto.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás.

QUINTO: Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Anastasia del Carmen Orozco de González

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

Radicación: 71635

Magistrado Ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán

Tal como lo expuse en la sesión en la que se debatió el asunto, aunque estoy de acuerdo con la decisión de casar la sentencia impugnada en cumplimiento del fallo de tutela de 14 de julio de 2020, mediante la cual la Sala Penal del esta Corporación dejó sin efecto la sentencia CSJ SL-4027-2019 por desconocer el precedente constitucional expuesto en providencia CC SU769-2014 relativo a la procedencia de la sumatoria de tiempos públicos y privados bajo el Acuerdo 049 de 1990, considero necesario aclarar mi voto en el sentido que incluso, de manera anterior a esta decisión, mi criterio estaba en completa armonía con tal postura.

De hecho, en la determinación que hoy se invalida expuse las razones por las que me apartaba del criterio mayoritario de esa época, esto es, que sostenía la imposibilidad de tal sumatoria, en la medida que, a mi juicio, era posible contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social al amparo de dicha normativa, pues todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales, tal y como lo viene reiterando la Sala desde la sentencia CSJSL1981-2020.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

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