RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso la accionante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se confirme la providencia de primer grado.
Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados, y se estudiarán conjuntamente por cuanto persiguen el mismo fin y acusan similar normativa.
PRIMER CARGO
Ataca la sentencia recurrida de violar directamente, por aplicación indebida, el artículo «33 de la Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 9° de la Ley 797 de 1993, artículo 7° de la ley 71 de 1988 y artículo 17 de la Ley 153 de 1887, en relación con los Decretos 813 de 1994 y 1160 de 2003, lo cual ocasionó la INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 expedido por parte del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 43, literal e), del Decreto Ley 1650 de 1977 y aprobado mediante el Decreto 758 de 1990 en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 43, último inciso, del mismo Decreto Ley».
Aduce que la lógica y finalidad de un régimen de transición «es proteger una expectativa legítima pensional que se ha construido en vigencia de unas normas que se derogan. Se busca salvaguardar un derecho en ciernes, el cual está próximo a causarse, a estructurarse, mediante la aplicación ultractiva de las disposiciones que pierden su vigencia»; que todo régimen pensional tiene tres componentes que son la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto, el cual, a su vez, se compone de dos elementos, por un lado, el porcentaje y, por otro, la base salarial también denominada ingreso base de liquidación.
Transcribe el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para colegir que, conforme a sus incisos y su parágrafo, por un lado, se contempló la vigencia del régimen de transición y, de otro, la posibilidad de la suma de semanas cotizadas con anterioridad a su vigencia, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicios como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicios, lo cual se desprende de la literalidad de la norma.
Menciona que el artículo 27 del Código Civil enseña que cuando la ley es clara no le es dado al intérprete desconocer su texto a pretexto de consultar su espíritu; que al ser el articulo 36 una unidad normativa, «todas las normas anteriores que regulen la situación de una persona que se encuentre en transición pueden ajustar las semanas cotizadas o el número de años de servicios con tiempo de servicios o semanas cotizadas en cualquier caja, entidad o empleador de derecho público o privado».
Cita los artículos 7.º, 10 y 13 literal f) de la Ley 100 de 1993, para mencionar que no puede decirse que con sumar tiempos para aplicar el tránsito de legislación en pensiones se violenta el principio de inescindibilidad, además de que la sumatoria de tiempos públicos y privados para acceder a una pensión de vejez sólo la permitió el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo «33 de la Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 9° de la Ley 797 de 1993, artículo 7° de la ley 71 de 1988 y artículo 17 de la Ley 153 de 1887, debido a la INTERPRETACION ERRÓNEA del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los Decretos 813 de 1994 y 1160 de 2003, lo cual ocasionó la INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 expedido por parte del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 43, literal e), del Decreto Ley 1650 de 1977 y aprobado mediante el Decreto 758 de 1990 en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 43, último inciso, del mismo Decreto Ley».
La recurrente alega que es beneficiaria del régimen de transición; que acredita 16 años, 6 meses y 17 días de servicios, lo cual equivale a 852 semanas cotizadas con los empleadores Coexito S. A. y Empas E.S.P., el primero de carácter privado y el segundo público; que dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a la pensión de vejez (55 años) acredita 755 semanas; que en atención al citado artículo 36, puede acudirse a la Ley 71/88 o al Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pero con la primera de estas normas no tendría posibilidad de garantizar la contingencia de la vejez, pues exige 20 años de aportes, mientras que con la segunda sí, ya que «en ninguno sus apartes se exige que las semanas cotizadas tengan que estar cotizadas con un empleador del sector privado y al Instituto de Seguro Social».
Indica que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, hace parte del conjunto normativo que regula las prestaciones económicas del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y al momento de interpretar los requisitos para acceder a la pensión de vejez en los términos de dicha disposición «se tiene que dar una integración normativa con lo establecido por el literal b) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993».
Refiere que la posición jurisprudencial que considera que no es permitido sumar tiempos públicos y privados para acceder a la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 atenta contra el principio de progresividad de los derechos sociales. Enseguida, cita el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para afirmar que éste adopta las medidas necesarias a fin de lograr progresivamente la efectividad de los derechos reconocidos en ese instrumento, como lo es el de la seguridad social.
Finalmente, menciona que «la Corte Constitucional ha permitido acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990».
RÉPLICA
Colpensiones aduce, básicamente, que los cargos adolecen de varios errores de orden técnico, los cuales hacen que no cuenten con vocación alguna de prosperidad.
Dice que aunque el segundo está orientado por la vía directa, el libelista hace alusión a diferentes aspectos que requieren de una valoración del material probatorio obrante en el expediente; que si bien el recurrente aduce que el ad quem incurrió en aplicación indebida, interpretación errónea e infracción directa frente a las normas que referencia en las proposiciones jurídicas, en la demostración no indica concretamente en qué consistieron los errores, ni argumenta cómo es que debió ser el acertado proceder del Tribunal.
Agrega que es contundente que, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, no se pueden tener en cuenta los tiempos prestados por la afiliada al servicio público que no hayan sido cancelados al ISS.
CONSIDERACIONES
En la sentencia de tutela mencionada, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que a la señora Anastasia del Carmen Orozco de González le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta para ello la sumatoria de tiempos públicos con los cotizados al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
Para arribar a esa conclusión, en síntesis, estimó que la postura de esta Sala desconoció el precedente constitucional emanado del órgano de cierre de esa jurisdicción, en la sentencia CC SU769-14 del 16 de octubre de 2014, reiterada en la T280-19, de las cuales copió apartes.
Consideró que si bien dicho criterio es propio de la autonomía e independencia judicial que gozan las autoridades judiciales en el ejercicio de sus funciones, «desconoce como el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 establece que se debe propender por la «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho», por ello, al encontrarse una duda entre la interpretación adecuada de los alcances del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era su deber aplicar el más favorable al trabajador, que correspondería al criterio establecido por la Corte Constitucional».
Añadió que, aunque en precedencia había reiterado la facultad que tienen las autoridades judiciales de separarse del precedente aplicable a un determinado caso, en la providencia censurada no se agotó la carga argumentativa necesaria para ello, comoquiera que no se expuso la existencia del criterio desarrollado por la Corte Constitucional (principio de transparencia).
Finalmente, aclaró que no dispone que la Sala de Casación Laboral necesariamente conceda la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, sino que la orden impuesta se encuentra encaminada a que se realice un estudio pormenorizado del caso conforme a las mencionadas sentencias y adopte la decisión que sea pertinente.
Así las cosas, en acatamiento a lo decidido en el citado fallo de tutela de la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de esta Corporación, se proferirá nueva decisión en sede de casación, para lo cual se tendrá en cuenta la nueva postura asumida por esta Corte en la providencia SL1981-2020 del 1.º de julio de esta anualidad, en la que se dijo:
En ese contexto, considera esta Corporación que, si bien en un preciso momento las razones que surgieron en favor de la postura que abogaba por la imposibilidad de acumular cotizaciones al ISS con tiempos laborados en el sector público no sufragados a esta entidad, eran relevantes y estaban fundamentas en raciocinios plausibles, en la actualidad, al ser contrastadas con otros argumentos han perdido peso, al punto de quedar totalmente eclipsadas.
Las razones en que se sustenta este cambio de pensamiento, son las siguientes:
1. EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES ES UN SISTEMA INSPIRADO EN EL PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD Y EN EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO COMO PARÁMETRO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PENSIÓN
La Ley 100 de 1993 tuvo como eje central la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema único, inclusivo y universal denominado «sistema general de pensiones», que permitiera la construcción de sus prestaciones a partir del concepto de trabajo.
Esta Sala ha subrayado en distintas oportunidades este objetivo de la Ley 100 de 1993 consistente en superar las fronteras impuestas por los anteriores regímenes pensionales, que coexistían dispersamente y condicionaban la validez de los tiempos laborados a situaciones tales como que hubieran sido objeto de aportes, laborados en determinados sectores o entidades, cotizados a específicos entes previsionales, entre otras, condiciones y limitaciones que en la nueva regulación se eliminaron, para, en su lugar, tomar como referente de construcción de la pensión la prestación del servicio en cuanto tal. De allí que «al suprimir estas barreras, que obstaculizaban la adquisición del derecho pensional, la L. 100/1993 se erija en un estatuto normativo inclusivo, anti clasista y unificador de regímenes pensionales, como se expresa en su art. 6.º, al prescribir que «el Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad» (CSJ SL11188-2016).
Por este motivo, el sistema le concedió validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.
En efecto, el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 señala que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. A su turno, el parágrafo 1.° del artículo 33 del mencionado estatuto de seguridad social, también le concede validez para efectos del cómputo de semanas, a los tiempos laborados como servidores públicos.
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha avanzado en una línea que aboga por darle efecto a todos los tiempos laborados para cubrir pensiones de la Ley 100 de 1993, dentro de las cuales se encuentran las del régimen de transición. Así ocurrió con la pensión de jubilación de la Ley 71 de 1998 (CSJ SL4457-2014), la orden de giro de títulos pensionales cuando el empleador, debido a su omisión, vacíos legales o falta de cobertura en un territorio, no afilió a sus trabajadores al ISS (CSJ SL14215-2017) o el cómputo en semanas del servicio militar (CSJ SL11188-2016). Todo lo anterior bajo la premisa de que a la luz de la Ley 100 de 1993, «los tiempos laborados deben tener alguna incidencia pensional, no pueden perderse sin más. Y esto no se trata de una dádiva o un acto de compasión, sino de un derecho irrenunciable, ligado a la prestación del servicio», del que se beneficia la sociedad en su conjunto (CSJ SL1140-2020).
Desde este punto de vista, se asevera que a diferencia de los regímenes anteriores, la Ley 100 de 1993 tuvo un efecto homogeneizador que se traduce en la convalidación de todos los tiempos laborados, lo cual se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, no solo porque a ellos les aplica en su plenitud las reglas del sistema general de pensiones, salvo en lo que concierne a la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto; también porque estas personas eran las que sufrían las consecuencias de la legislación preexistente, caracterizadas por la dispersión de regímenes y responsabilidades, donde algunas semanas eran desechadas o reputadas como no válidas para pensión.
2. LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN HACEN PARTE DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y, POR TANTO, A SUS BENEFICIARIOS LES APLICAN LOS PRECEPTOS NORMATIVOS QUE ORDENAN LA SUMATORIA DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS Y PRIVADOS SUFRAGADOS AL ISS, HOY COLPENSIONES
Como se dijo, la Ley 100 de 1993 tuvo como premisa fundamental la necesidad de unificar la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes, en un sistema global. Sin embargo, frente a ciertos segmentos de la población próximos a pensionarse según las reglas anteriores, la Ley 100 de 1993 instituyó en su artículo 36 un régimen de transición, el cual, sin aislarse de los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones, otorga ciertos privilegios a esas personas en tres materias puntuales: edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión, dejando claro que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley (sic)».
De esta forma, el régimen de transición no es un mundo separado o excluido de la Ley 100 de 1993, es una regulación especial englobada en la misma, a través del cual se otorga a ciertas personas la posibilidad de pensionarse con base en la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la ley anterior, quedando todo lo demás sometido al imperio de aquella normativa.
Lo anterior significa que para estas personas la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33, disposiciones que, expresamente, consagran la suma de tiempos públicos, hayan sido o no objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.
Por tanto, no hay razón alguna que justifique inaplicar las normas en cita para los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior es el del Acuerdo 049 de 1990, pues, en estricto rigor, dichas personas están afiliadas del sistema general de pensiones, conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 100 de 1993. Luego, les asiste el derecho a la portabilidad de las semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador público no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsión social.
Con otras palabras: si los beneficiarios del régimen de transición son afiliados al sistema general de pensiones y están sometidos a su regulación -salvo los tres aspectos referidos-, ello apareja como consecuencia lógica el derecho a que las directrices y principios rectores de este sistema se les aplique, de manera axiológicamente coherente, de manera integral, tal como ocurre con la posibilidad que se contabilicen en su favor todas las semanas laboradas para el otorgamiento de las prestaciones.
3. EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 ES CLARO EN QUE PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN SE DEBE TENER EN CUENTA LA SUMATORIA DEL TIEMPO DE SERVICIO PÚBLICO Y LAS SEMANAS COTIZADAS AL ISS O A ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL
Aunque la Ley 100 de 1993 es clara en que las pensiones del régimen de transición se regulan por todas las disposiciones de esa normativa (excepto los tres aspectos ya referenciados), incluido lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33 conforme se explicó a espacio, en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso ser mucho más incisivo en tal aspecto.
En efecto, en dicha disposición recalcó que «para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio».
Tal proposición normativa no puede entenderse referida a la pensión de vejez ordinaria prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como otrora lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, toda vez que está inmersa en el artículo que regula el régimen de transición. Pero, además, es equivocado concebir que un inciso incorporado en una disposición que regula temáticamente un asunto, en este caso, el régimen de transición, no se refiera a la materia reglamentada sino a otra diferente y consagrada en artículo distinto. Más aún, este precepto no es más que la expresión de coherencia del sistema de seguridad social, en cuanto reconoce el trabajo humano como pilar fundamental del sistema de protección social y, por ello, pretende darle significación en la causación de las pensiones.
4. LA LEY 100 DE 1993 PREVIÓ MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
En aras de materializar la idea de que el trabajo humano cuenta en la seguridad social, la Ley 100 de 1993 previó sendos instrumentos de financiación tales como los cálculos actuariales o las cuotas partes pensionales, que permiten portar y hacer valer las semanas de trabajo para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales. Es decir, la Ley 100 de 1993 anticipó las disfuncionalidades que podrían presentarse de tomar en cuenta todos los tiempos cotizados en el ISS o en las múltiples cajas que existían, o el tiempo laborado a empleadores que tenían a su cargo las pensiones, para lo cual instituyó mecanismos de financiación de las pensiones a través de títulos o cuotas partes, que dicho sea de paso en este caso, corresponde a 14 años, 11 meses y 19 días de servicio que se cubrirán con la última de las modalidades citadas, tal como lo dispone la ley.
Por consiguiente, el argumento de una debacle financiera se cae de su peso, ya que, se repite, el sistema prevé mecanismos eficientes de recaudo de los títulos o dineros llamados a financiar la pensión.
Rectificación jurisprudencial:
De todo lo anterior, se concluye:
(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.
(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.
(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.
(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.
(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales.
De acuerdo con los anteriores argumentos, la Corte Suprema de Justicia abandona su criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición, solo permite sumar cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS y, en su reemplazo, postula que sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en ese reglamento, contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social. En consecuencia, todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales.
En este orden, la recurrente tiene derecho a que se contabilice el tiempo cotizado a la Caja de Previsión Municipal de Sincelejo, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, conforme a las previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del cual es beneficiaria, teniendo en cuenta que nació el 21 de octubre de 1953.
En consecuencia, el ataque prospera, por lo que se casa la sentencia de 24 de abril de 2014, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.
Sin costas en el recurso extraordinario.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, a fin de resolver, en primer lugar, la apelación interpuesta por Colpensiones, relativa a que la norma aplicable a la demandante es la Ley 71 de 1988, basta con referir lo expuesto en la esfera extraordinaria para concluir que es procedente el estudio de la prestación pensional bajo los parámetros establecidos en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que, según el nuevo criterio mayoritario de la Sala, es viable la sumatoria de todos los tiempos laborados públicos o privados, para el reconocimiento de la pensión de vejez.
El juez de primer grado estimó que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1.º de mayo de 2013, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente para ese año, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre; un retroactivo a marzo de 2014 correspondiente a $10.101.000; los intereses moratorios a la tasa máxima legal a partir del 11 de agosto de 2011; y la suma de $720.097, por concepto de indexación. Así mismo, absolvió a Colfondos de todas las pretensiones de la demanda; condenó en costas a Colpensiones a favor de la demandante, tasando las agencias en derecho en la suma de $2.164.219, y a cargo de la demandante a favor de Colfondos las tasó en $1.101.000.
En el anterior contexto, a fin de resolver la consulta a favor de Colpensiones -toda vez que la demanda se presentó el 26 de junio de 2013, esto es, después de la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007-, se estudiará lo relativo al ingreso base de liquidación, el retroactivo pensional adeudado y la procedencia de los intereses moratorios e indexación.
Pues bien, conforme la historia laboral obrante en el expediente, así como los certificados de información laboral y de salario base para calcular bonos pensionales y pensiones, la actora cuenta con 942,15 semanas en toda su vida laboral, así: 97 semanas, con empleadores del sector privado, entre el 23 de junio de 1975 y el 1 de mayo de 1977 (f.º 29 a 34 cdno ppal); 768 semanas, laboradas en la Empresa Oficial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sincelejo – EMPAS E.S.P., del 20 de febrero de 1990 al 30 de diciembre de 2004, período en el que aportó al Instituto desde el 23 de noviembre de 1995 hasta el final de tal vínculo (f.º 25 a 28 cdno ppal); y 77,15 semanas, del 1 de junio de 2009 a 28 de febrero de 2013, cotizadas como independiente de manera interrumpida (f.º 29 a 34 cdno ppal).
Se evidencia entonces, que entre lo efectivamente aportado al ISS y lo cotizado a la Caja de Previsión Municipal de Sincelejo, la actora alcanzó 768 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de 55 años, esto es, entre el 21 de octubre de 1988 y el 21 de octubre de 2008. Por tanto, cumple las exigencias del citado precepto 12 del Acuerdo 049 de 1990 para tener derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, esto, a partir del 1.° de marzo de 2013, en tanto la fecha de la última cotización corresponde al ciclo de febrero de ese mismo año.
Por lo anterior, el ingreso base de liquidación se obtiene conforme al artículo 21 de la de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta los últimos 10 años de cotización, en tanto, a la entrada en vigencia de dicha normativa, a la actora le faltaban más de 10 años para reunir los requisitos pensionales, tal y como se puntualiza en el siguiente cuadro:
IBL ÚLTIMOS 10 AÑOS
AÑO
MES
DÍAS
SALARIO
IPC INICIAL
IPC FINAL
FACTOR IND.
VALOR
1996
JULIO
30
$ 177.870
21,8
78,05
3,580275229
$ 636.824
AGOSTO
30
$ 177.870
21,8
78,05
3,580275229
$ 636.824
SEPTIEMBRE
30
$ 177.870
21,8
78,05
3,580275229
$ 636.824
OCTUBRE
30
$ 177.870
21,8
78,05
3,580275229
$ 636.824
NOVIEMBRE
30
$ 177.870
21,8
78,05
3,580275229
$ 636.824
DICIEMBRE
30
$ 177.870
21,8
78,05
3,580275229
$ 636.824
1997
ENERO
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
FEBRERO
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
MARZO
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
ABRIL
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
MAYO
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
JUNIO
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
JULIO
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
AGOSTO
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
SEPTIEMBRE
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
OCTUBRE
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
NOVIEMBRE
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
DICIEMBRE
30
$ 220.258
26,52
78,05
2,94306184
$ 648.233
1998
ENERO
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
FEBRERO
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
MARZO
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
ABRIL
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
MAYO
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
JUNIO
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
JULIO
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
AGOSTO
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
SEPTIEMBRE
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
OCTUBRE
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
NOVIEMBRE
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
DICIEMBRE
30
$ 261.006
31,21
78,05
2,500801025
$ 652.724
1999
ENERO
30
$ 307.987
36,42
78,05
2,143053267
$ 660.033
FEBRERO
30
$ 307.987
36,42
78,05
2,143053267
$ 660.033
MARZO
30
$ 307.987
36,42
78,05
2,143053267
$ 660.033
ABRIL
30
$ 307.987
36,42
78,05
2,143053267
$ 660.033
MAYO
30
$ 307.987
36,42
78,05
2,143053267
$ 660.033
JUNIO
30
$ 307.987
36,42
78,05
2,143053267
$ 660.033
JULIO
30
$ 311.067
36,42
78,05
2,143053267
$ 666.633
AGOSTO
30
$ 311.067
36,42
78,05
2,143053267
$ 666.633
SEPTIEMBRE
30
$ 311.067
36,42
78,05
2,143053267
$ 666.633
OCTUBRE
30
$ 311.067
36,42
78,05
2,143053267
$ 666.633
NOVIEMBRE
30
$ 311.067
36,42
78,05
2,143053267
$ 666.633
DICIEMBRE
30
$ 311.067
36,42
78,05
2,143053267
$ 666.633
2000
ENERO
30
$ 342.889
39,79
78,05
1,961548128
$ 672.593
FEBRERO
30
$ 342.889
39,79
78,05
1,961548128
$ 672.593
MARZO
30
$ 342.889
39,79
78,05
1,961548128
$ 672.593
ABRIL
30
$ 342.889
39,79
78,05
1,961548128
$ 672.593
MAYO
30
$ 342.889
39,79
78,05
1,961548128
$ 672.593
JUNIO
30
$ 342.889
39,79
78,05
1,961548128
$ 672.593
JULIO
30
$ 394.322
39,79
78,05
1,961548128
$ 773.482
AGOSTO
30
$ 394.322
39,79
78,05
1,961548128
$ 773.482
SEPTIEMBRE
30
$ 394.322
39,79
78,05
1,961548128
$ 773.482
OCTUBRE
30
$ 394.322
39,79
78,05
1,961548128
$ 773.482
NOVIEMBRE
30
$ 394.322
39,79
78,05
1,961548128
$ 773.482
DICIEMBRE
30
$ 394.322
39,79
78,05
1,961548128
$ 773.482
2001
ENERO
30
$ 394.322
43,27
78,05
1,803790155
$ 711.274
FEBRERO
30
$ 394.322
43,27
78,05
1,803790155
$ 711.274
MARZO
30
$ 394.322
43,27
78,05
1,803790155
$ 711.274
ABRIL
30
$ 394.322
43,27
78,05
1,803790155
$ 711.274
MAYO
30
$ 394.322
43,27
78,05
1,803790155
$ 711.274
JUNIO
30
$ 394.322
43,27
78,05
1,803790155
$ 711.274
JULIO
30
$ 436.790
43,27
78,05
1,803790155
$ 787.878
AGOSTO
30
$ 436.790
43,27
78,05
1,803790155
$ 787.878
SEPTIEMBRE
30
$ 436.790
43,27
78,05
1,803790155
$ 787.878
OCTUBRE
30
$ 436.790
43,27
78,05
1,803790155
$ 787.878
NOVIEMBRE
30
$ 436.790
43,27
78,05
1,803790155
$ 787.878
DICIEMBRE
30
$ 436.790
43,27
78,05
1,803790155
$ 787.878
2002
ENERO
30
$ 436.790
46,58
78,05
1,675611851
$ 731.891
FEBRERO
30
$ 436.790
46,58
78,05
1,675611851
$ 731.891
MARZO
30
$ 436.790
46,58
78,05
1,675611851
$ 731.891
ABRIL
30
$ 436.790
46,58
78,05
1,675611851
$ 731.891
MAYO
30
$ 436.790
46,58
78,05
1,675611851
$ 731.891
JUNIO
30
$ 436.790
46,58
78,05
1,675611851
$ 731.891
JULIO
30
$ 479.421
46,58
78,05
1,675611851
$ 803.324
AGOSTO
30
$ 479.421
46,58
78,05
1,675611851
$ 803.324
SEPTIEMBRE
30
$ 479.421
46,58
78,05
1,675611851
$ 803.324
OCTUBRE
30
$ 479.421
46,58
78,05
1,675611851
$ 803.324
NOVIEMBRE
30
$ 479.421
46,58
78,05
1,675611851
$ 803.324
DICIEMBRE
30
$ 479.421
46,58
78,05
1,675611851
$ 803.324
2003
ENERO
30
$ 479.421
49,83
78,05
1,566325507
$ 750.929
FEBRERO
30
$ 479.421
49,83
78,05
1,566325507
$ 750.929
MARZO
30
$ 479.421
49,83
78,05
1,566325507
$ 750.929
ABRIL
30
$ 479.421
49,83
78,05
1,566325507
$ 750.929
MAYO
30
$ 479.421
49,83
78,05
1,566325507
$ 750.929
JUNIO
30
$ 479.421
49,83
78,05
1,566325507
$ 750.929
JULIO
30
$ 526.980
49,83
78,05
1,566325507
$ 825.422
AGOSTO
30
$ 526.980
49,83
78,05
1,566325507
$ 825.422
SEPTIEMBRE
30
$ 526.980
49,83
78,05
1,566325507
$ 825.422
OCTUBRE
30
$ 526.980
49,83
78,05
1,566325507
$ 825.422
NOVIEMBRE
30
$ 526.980
49,83
78,05
1,566325507
$ 825.422
DICIEMBRE
30
$ 526.980
49,83
78,05
1,566325507
$ 825.422
2004
ENERO
30
$ 526.980
53,07
78,05
1,470699077
$ 775.029
FEBRERO
30
$ 526.980
53,07
78,05
1,470699077
$ 775.029
MARZO
30
$ 526.980
53,07
78,05
1,470699077
$ 775.029
ABRIL
30
$ 526.980
53,07
78,05
1,470699077
$ 775.029
MAYO
30
$ 526.980
53,07
78,05
1,470699077
$ 775.029
JUNIO
30
$ 526.980
53,07
78,05
1,470699077
$ 775.029
JULIO
30
$ 571.721
53,07
78,05
1,470699077
$ 840.830
AGOSTO
30
$ 571.721
53,07
78,05
1,470699077
$ 840.830
SEPTIEMBRE
30
$ 571.721
53,07
78,05
1,470699077
$ 840.830
OCTUBRE
30
$ 571.721
53,07
78,05
1,470699077
$ 840.830
NOVIEMBRE
30
$ 571.721
53,07
78,05
1,470699077
$ 840.830
DICIEMBRE
30
$ 571.721
53,07
78,05
1,470699077
$ 840.830
2009
AGOSTO
30
$ 496.900
69,8
78,05
1,118194842
$ 555.631
SEPTIEMBRE
30
$ 496.900
69,8
78,05
1,118194842
$ 555.631
2011
JUNIO
30
$ 535.600
73,45
78,05
1,062627638
$ 569.143
JULIO
30
$ 535.600
73,45
78,05
1,062627638
$ 569.143
AGOSTO
30
$ 535.600
73,45
78,05
1,062627638
$ 569.143
OCTUBRE
30
$ 535.600
73,45
78,05
1,062627638
$ 569.143
NOVIEMBRE
30
$ 535.600
73,45
78,05
1,062627638
$ 569.143
DICIEMBRE
30
$ 535.600
73,45
78,05
1,062627638
$ 569.143
2012
ENERO
30
$ 535.600
76,19
78,05
1,024412653
$ 548.675
FEBRERO
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
MARZO
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
ABRIL
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
MAYO
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
JUNIO
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
JULIO
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
AGOSTO
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
SEPTIEMBRE
30
$ 566.700
76,19
78,05
1,024412653
$ 580.535
2013
FEBRERO
30
$ 589.500
78,05
78,05
1
$ 589.500
3600
$ 83.736.898
IBL
$ 697.807
69%
$ 481.487
SMMLV
$ 589.500
Conforme se detalló, se obtiene un IBL de $697.807, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 69%, correspondiente a 942,15 semanas de cotización, arroja una mesada pensional por valor de $481.487, la cual, por resultar inferior al salario mínimo, debe reajustarse a la suma de $589.500, equivalente al vigente para la fecha de reconocimiento de la prestación, que fue el obtenido por el juez de primer grado por lo que habrá de confirmarse el fallo de primera instancia en este aspecto.
En ese orden, al cuantificar el monto de las mesadas desde el 1.º de marzo de 2013 hasta el 31 de agosto de 2020, el valor a pagar por ese concepto es de $75.130.547, según lo refleja el siguiente cuadro:
Retroactivo pensional a partir del 1 de marzo de 2013
AÑO
V. MESADA
MESADAS
SUBTOTAL
2013
$ 589.500
12
$ 7.074.000
2014
$ 616.000
14
$ 8.624.000
2015
$ 644.350
14
$ 9.020.900
2016
$ 689.455
14
$ 9.652.370
2017
$ 737.717
14
$ 10.328.038
2018
$ 781.242
14
$ 10.937.388
2019
$ 828.116
14
$ 11.593.624
2020
$ 877.803
9
$ 7.900.227
Valor del retroactivo a 31 de agosto de 2020
$ 75.130.547
En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es de precisar que, en un nuevo análisis de su procedencia frente a pensiones adquiridas en virtud al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mediante sentencia CSJ SL1681-2020 la Corte los encontró viables, al concluir que no había razón legal alguna para excluirlos de la comprensión del art. 141 de la Ley 100 de 1993.
Por otro lado, debe señalarse que aunque tales réditos, así como la indexación de las sumas adeudadas o dejadas de percibir, se presentaron de forma principal, conforme el criterio reiterado de esta Sala, su concesión coetánea es incompatible (sentencias CSJ SL5570-2018, SL3983-2018, entre otras). Así mismo, se ha indicado que a quien beneficien tiene el derecho de optar por la que le sea más favorable cuando ambas figuras de actualización monetaria sean procedentes, como en este caso ocurre, razón por la cual, a continuación, se efectúa el correspondiente cálculo, no sin antes precisar que los intereses procederían a partir de la fecha de reconocimiento de la prestación:
Indexación
Año
Valor
IPC inicial
IPC final
Factor
Subtotal
2013
$ 7.074.000
78,05
103,8
1,33
$ 2.333.831
2014
$ 8.624.000
79,56
103,8
1,30
$ 2.627.523
2015
$ 9.020.900
82,47
103,8
1,26
$ 2.333.161
2016
$ 9.652.370
88,05
103,8
1,18
$ 1.726.574
2017
$ 10.328.038
93,11
103,8
1,11
$ 1.185.767
2018
$ 10.937.388
96,92
103,8
1,07
$ 776.406
2019
$ 11.593.624
100
103,8
1,04
$ 440.558
2020
$ 7.900.227
103,8
103,8
1,00
$ 0
Total indexación
$ 11.423.819
Intereses moratorios a partir del 1 de marzo de 2013
Tasa vigente
Mesada
Año
Días en mora
Tasa máxima
legal
Tasa diaria
Capital
Sub-total
Intereses
18,29%
MARZO
2013
2670
27,44%
0,0674%
$589.500
$1.060.490
18,29%
ABRIL
2640
27,44%
0,0674%
$589.500
$1.048.575
18,29%
MAYO
2610
27,44%
0,0674%
$589.500
$1.036.659
18,29%
JUNIO
2580
27,44%
0,0674%
$589.500
$1.024.743
18,29%
JULIO
2550
27,44%
0,0674%
$589.500
$1.012.828
18,29%
AGOSTO
2520
27,44%
0,0674%
$589.500
$1.000.912
18,29%
SEPTIEMBRE
2490
27,44%
0,0674%
$589.500
$988.996
18,29%
OCTUBRE
2460
27,44%
0,0674%
$589.500
$977.081
18,29%
NOVIEMBRE
2430
27,44%
0,0674%
$589.500
$965.165
18,29%
DICIEMBRE
2400
27,44%
0,0674%
$1.179.000
$1.906.499
18,29%
ENERO
2014
2370
27,44%
0,0674%
$616.000
$983.650
18,29%
FEBRERO
2340
27,44%
0,0674%
$616.000
$971.199
18,29%
MARZO
2310
27,44%
0,0674%
$616.000
$958.748
18,29%
ABRIL
2280
27,44%
0,0674%
$616.000
$946.296
18,29%
MAYO
2250
27,44%
0,0674%
$616.000
$933.845
18,29%
JUNIO
2220
27,44%
0,0674%
$1.232.000
$1.842.788
18,29%
JULIO
2190
27,44%
0,0674%
$616.000
$908.943
18,29%
AGOSTO
2160
27,44%
0,0674%
$616.000
$896.491
18,29%
SEPTIEMBRE
2130
27,44%
0,0674%
$616.000
$884.040
18,29%
OCTUBRE
2100
27,44%
0,0674%
$616.000
$871.589
18,29%
NOVIEMBRE
2070
27,44%
0,0674%
$616.000
$859.137
18,29%
DICIEMBRE
2040
27,44%
0,0674%
$1.232.000
$1.693.372
18,29%
ENERO
2015
2010
27,44%
0,0674%
$644.350
$872.629
18,29%
FEBRERO
1980
27,44%
0,0674%
$644.350
$859.604
18,29%
MARZO
1950
27,44%
0,0674%
$644.350
$846.580
18,29%
ABRIL
1920
27,44%
0,0674%
$644.350
$833.556
18,29%
MAYO
1890
27,44%
0,0674%
$644.350
$820.531
18,29%
JUNIO
1860
27,44%
0,0674%
$1.288.700
$1.615.014
18,29%
JULIO
1830
27,44%
0,0674%
$644.350
$794.483
18,29%
AGOSTO
1800
27,44%
0,0674%
$644.350
$781.459
18,29%
SEPTIEMBRE
1770
27,44%
0,0674%
$644.350
$768.434
18,29%
OCTUBRE
1740
27,44%
0,0674%
$644.350
$755.410
18,29%
NOVIEMBRE
1710
27,44%
0,0674%
$644.350
$742.386
18,29%
DICIEMBRE
1680
27,44%
0,0674%
$1.288.700
$1.458.723
18,29%
ENERO
2016
1650
27,44%
0,0674%
$689.455
$766.481
18,29%
FEBRERO
1620
27,44%
0,0674%
$689.455
$752.545
18,29%
MARZO
1590
27,44%
0,0674%
$689.455
$738.609
18,29%
ABRIL
1560
27,44%
0,0674%
$689.455
$724.673
18,29%
MAYO
1530
27,44%
0,0674%
$689.455
$710.737
18,29%
JUNIO
1500
27,44%
0,0674%
$1.378.910
$1.393.602
18,29%
JULIO
1470
27,44%
0,0674%
$689.455
$682.865
18,29%
AGOSTO
1440
27,44%
0,0674%
$689.455
$668.929
18,29%
SEPTIEMBRE
1410
27,44%
0,0674%
$689.455
$654.993
18,29%
OCTUBRE
1380
27,44%
0,0674%
$689.455
$641.057
18,29%
NOVIEMBRE
1350
27,44%
0,0674%
$689.455
$627.121
18,29%
DICIEMBRE
1320
27,44%
0,0674%
$1.378.910
$1.226.370
18,29%
ENERO
2017
1290
27,44%
0,0674%
$737.717
$641.196
18,29%
FEBRERO
1260
27,44%
0,0674%
$737.717
$626.285
18,29%
MARZO
1230
27,44%
0,0674%
$737.717
$611.373
18,29%
ABRIL
1200
27,44%
0,0674%
$737.717
$596.462
18,29%
MAYO
1170
27,44%
0,0674%
$737.717
$581.550
18,29%
JUNIO
1140
27,44%
0,0674%
$1.475.434
$1.133.277
18,29%
JULIO
1110
27,44%
0,0674%
$737.717
$551.727
18,29%
AGOSTO
1080
27,44%
0,0674%
$737.717
$536.816
18,29%
SEPTIEMBRE
1050
27,44%
0,0674%
$737.717
$521.904
18,29%
OCTUBRE
1020
27,44%
0,0674%
$737.717
$506.993
18,29%
NOVIEMBRE
990
27,44%
0,0674%
$737.717
$492.081
18,29%
DICIEMBRE
960
27,44%
0,0674%
$1.475.434
$954.339
18,29%
ENERO
2018
930
27,44%
0,0674%
$781.242
$489.531
18,29%
FEBRERO
900
27,44%
0,0674%
$781.242
$473.740
18,29%
MARZO
870
27,44%
0,0674%
$781.242
$457.948
18,29%
ABRIL
840
27,44%
0,0674%
$781.242
$442.157
18,29%
MAYO
810
27,44%
0,0674%
$781.242
$426.366
18,29%
JUNIO
780
27,44%
0,0674%
$1.562.484
$821.149
18,29%
JULIO
750
27,44%
0,0674%
$781.242
$394.783
18,29%
AGOSTO
720
27,44%
0,0674%
$781.242
$378.992
18,29%
SEPTIEMBRE
690
27,44%
0,0674%
$781.242
$363.200
18,29%
OCTUBRE
660
27,44%
0,0674%
$781.242
$347.409
18,29%
NOVIEMBRE
630
27,44%
0,0674%
$781.242
$331.618
18,29%
DICIEMBRE
600
27,44%
0,0674%
$1.562.484
$631.653
18,29%
ENERO
2019
570
27,44%
0,0674%
$828.116
$318.037
18,29%
FEBRERO
540
27,44%
0,0674%
$828.116
$301.298
18,29%
MARZO
510
27,44%
0,0674%
$828.116
$284.559
18,29%
ABRIL
480
27,44%
0,0674%
$828.116
$267.821
18,29%
MAYO
450
27,44%
0,0674%
$828.116
$251.082
18,29%
JUNIO
420
27,44%
0,0674%
$1.656.232
$468.686
18,29%
JULIO
390
27,44%
0,0674%
$828.116
$217.604
18,29%
AGOSTO
360
27,44%
0,0674%
$828.116
$200.865
18,29%
SEPTIEMBRE
330
27,44%
0,0674%
$828.116
$184.127
18,29%
OCTUBRE
300
27,44%
0,0674%
$828.116
$167.388
18,29%
NOVIEMBRE
270
27,44%
0,0674%
$828.116
$150.649
18,29%
DICIEMBRE
240
27,44%
0,0674%
$1.656.232
$267.821
18,29%
ENERO
2020
210
27,44%
0,0674%
$877.803
$124.202
18,29%
FEBRERO
180
27,44%
0,0674%
$877.803
$106.459
18,29%
MARZO
150
27,44%
0,0674%
$877.803
$88.716
18,29%
ABRIL
120
27,44%
0,0674%
$877.803
$70.972
18,29%
MAYO
90
27,44%
0,0674%
$877.803
$53.229
18,29%
JUNIO
60
27,44%
0,0674%
$1.755.606
$70.972
18,29%
JULIO
30
27,44%
0,0674%
$877.803
$17.743
18,29%
AGOSTO
0
27,44%
0,0674%
$877.803
$0
Total intereses moratorios a corte 31 de agosto de 2020
$61.433.615
Conforme se detalla, le es más favorable a la actora el reconocimiento de los intereses moratorios, precisándose que deben ser concedidos a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez. En tal medida, se revocará la condena impuesta por indexación.
En cuanto a la excepción de prescripción, es oportuno mencionar que si bien el derecho a demandar la ineficacia del traslado y la pensión es imprescriptible, sí lo son las mesadas pensionales no reclamadas dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, conforme lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sin embargo, en este caso ninguna mesada se extinguió, en la medida que entre la fecha de exigibilidad y la presentación de la demanda inicial no transcurrieron 3 años. Las demás excepciones planteadas se declararán no probadas, dado el resultado del proceso y lo expuesto en precedencia.
Finalmente, procede la Corte a decidir el recurso de apelación que formuló la demandante, relacionado con la fecha de causación de la prestación y la condena en costas a su cargo y en favor de Colfondos.
Con relación al primer punto, a pesar de no existir evidencia alguna de la desvinculación formal del sistema, es posible establecer que la convocante tuvo la intención de desafiliarse desde febrero de 2013, pues fue en esa data en la que realizó la última cotización y, poco después -23 de junio de 2013-, interpuso la demanda, mediante la cual solicitaba el reconocimiento de la pensión de vejez, situaciones de las cuales es viable inferir su propósito de dejar de realizar aportes al Sistema de Seguridad Social. Por esa razón, la prestación debe empezarse a pagar a partir del 1.º de marzo de 2013, punto en el que se modificará lo dispuesto por el juez de primer grado.
De otra parte, no hay lugar a modificar la imposición de costas ordenada por el a quo, por cuanto la actora nunca efectuó aportes pensionales a Colfondos, lo cual le fue informado mediante comunicación del 20 de febrero de 2012 (f.º 36 a 38 cdno ppal), por lo que efectivamente el traslado de régimen no se materializó y, por ende, no se requería declarar su nulidad, ni efectuar la convocatoria de esta demandada al proceso.
Costas a cargo de Colpensiones en la apelación, y las de primer grado como las determinó el a quo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro del proceso promovido por ANASTASIA DEL CARMEN OROZCO DE GONZÁLEZ, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia proferida el 24 de abril de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, en el sentido de que la fecha de disfrute de la pensión de vejez a favor de la demandante es a partir del 1.º de marzo de 2013, por lo que el retroactivo pensional generado a 31 de agosto de del año que avanza asciende a $75.130.547.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto, en la medida que los intereses moratorios son procedentes a partir del 1.º de marzo de 2013.
TERCERO: REVOCAR el ordinal quinto, en cuanto dispuso indexar las condenas, para, en su lugar, absolver a Colpensiones de dicho concepto.
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás.
QUINTO: Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Anastasia del Carmen Orozco de González
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías
Radicación: 71635
Magistrado Ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán
Tal como lo expuse en la sesión en la que se debatió el asunto, aunque estoy de acuerdo con la decisión de casar la sentencia impugnada en cumplimiento del fallo de tutela de 14 de julio de 2020, mediante la cual la Sala Penal del esta Corporación dejó sin efecto la sentencia CSJ SL-4027-2019 por desconocer el precedente constitucional expuesto en providencia CC SU769-2014 relativo a la procedencia de la sumatoria de tiempos públicos y privados bajo el Acuerdo 049 de 1990, considero necesario aclarar mi voto en el sentido que incluso, de manera anterior a esta decisión, mi criterio estaba en completa armonía con tal postura.
De hecho, en la determinación que hoy se invalida expuse las razones por las que me apartaba del criterio mayoritario de esa época, esto es, que sostenía la imposibilidad de tal sumatoria, en la medida que, a mi juicio, era posible contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social al amparo de dicha normativa, pues todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales, tal y como lo viene reiterando la Sala desde la sentencia CSJSL1981-2020.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada