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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3689-2021

Mesada catorce

Fecha
7 de julio de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
44 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3689-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Debe el empleador asumir por completo la mesada catorce de una pensión convencional causada antes del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando la pensión se volvió compartida con la de vejez?

  2. ¿Proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 respecto de una pensión de origen convencional?

Reglas

  1. La mesada catorce ligada a pensiones causadas antes del 29 de julio de 2005 es un derecho adquirido que el Acto Legislativo 01 de 2005 no suprime.

    «ligada a pensiones causadas con anterioridad al 29 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, para precisar que es un derecho adquirido»
  2. Cuando la pensión es compartida con la de vejez, el empleador que pagaba la mesada catorce debe asumirla en su totalidad y no solo la diferencia.

    «resultaba procedente la imposición a su cargo del pago completo de tal valor, por tratarse de un derecho adquirido»
  3. Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no proceden en pensiones que no se reconocen con sujeción a la normatividad integral de esa ley, como las de origen convencional.

    «los referidos intereses moratorios no proceden en tratándose de pensiones que no se reconocen con sujeción a la normatividad integral»

Decisión

Casa la sentencia del Tribunal solo en cuanto confirmó la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y no casa en lo demás, que mantiene la obligación de pagar íntegra la mesada catorce. Para mejor proveer ordena oficiar a la demandada sobre las sumas pagadas. Sin costas.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 28 de junio de 2019 por Sala Tercera de Decisión Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MANUEL BATISTA ZÚÑIGA contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. únicamente en cuanto confirmó la sentencia de instancia al pago de los intereses moratorios. NO CASA en lo demás. Para mejor proveer se dispone oficiar a la demandada para que allegue certificación en la que dé cuenta de las sumas pagadas al actor por concepto de mesada catorce al demandante hasta la fecha. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3689-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

7 de julio de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3689-2021

Radicación n.° 86294

Acta 25

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 28 de junio de 2019, en el proceso que instauró MANUEL BATISTA ZÚÑIGA contra la recurrente.

AUTO

Habida cuenta que la Resolución SSPD 20211000011445 de 24 de marzo de 2021, mediante la cual la Superintendencia ordenó la liquidación de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., dispuso en el literal f) del numeral 2º de la parte resolutiva de dicho acto administrativo que, «en adelante, no se podrán iniciar o continuar procesos o actuación alguna contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en liquidación, sin que se notifique personalmente al (a la) liquidador (a), so pena de nulidad», y conforme a lo previsto en el numeral 2º del artículo 41 del Código de Procedimiento laboral, se ordena por Secretaría, notificar personalmente a la agente especial de la mencionada entidad, Ángela Patricia Rojas Combariza o a quien haga sus veces, del proceso de la referencia, al correo electrónico serviciosjuridicoseca@electricaribe.co con copia al correo msuarez.est@electricaribe.co.

ANTECEDENTES

Manuel Batista Zúñiga llamó a juicio a la empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP, con el fin de que fuera condenada a reconocer la mesada catorce desde junio de 2014 en adelante, la indexación, los intereses moratorios y corrientes de cada mesada, ultra y extra petita y las costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la Electrificadora de Córdoba S.A. desde el 27 de febrero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1998; que se le reconoció pensión de jubilación mediante acta de conciliación el 30 de diciembre de ese año; que la Electrificadora del Caribe S.A. ESP asumió las pensiones a cargo de la primera citada en el año 1998, entre estas, la que se venía pagando al actor en catorce mensualidades. Que mediante la Resolución 00008347 del 21 de septiembre de 2012, el Instituto de Seguros Sociales pasó a compartir la pensión de jubilación otorgada por la empresa, quedando a cargo de esta última el mayor valor; que Colpensiones no le pagó la mesada adicional de junio, que la electrificadora dejó de remunerar desde el mes de junio de 2014; que reclamó el 9 de febrero de 2017 para que la accionada le reconociera el citado derecho como parte del mayor valor a su cargo, petición que ésta le negó. Adujo que la demandada ha realizado pagos parciales de la mesada adicional de junio, con lo que entiende que existe un reconocimiento tácito de la deuda y, finalmente, que con lo anterior se desmejora su pensión y se incumple lo pactado en el acta de conciliación.

La parte accionada, al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió el reconocimiento de la pensión a favor del actor con carácter de compartida.

En su defensa propuso las excepciones de prescripción e improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios para pensiones de origen convencional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 28 de marzo de 2019, condenó a la demandada a reconocer y pagar el 100% de la mesada catorce al actor, junto con los intereses moratorios, las costas del proceso y absolvió de lo demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Tercera de Decisión Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante fallo del 28 de junio de 2019, confirmó la providencia apelada e impuso costas a la recurrente.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Colegiado inicialmente consideró que debía decidir si el demandante tiene derecho al pago de la mesada catorce a pesar de haberse dado la compartibilidad de la pensión convencional con la de vejez a cargo de Colpensiones y si había lugar al pago de los intereses moratorios.

Se remitió al Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, que estableció la figura de la compartibilidad a partir de la fecha de su expedición, la cual estimó que se mantenía vigente por el Decreto 758 de 1990, con base en lo cual explicó que el empleador se subroga de la obligación de pagar la pensión extralegal con posterioridad al 17 de octubre de 1985, una vez que el Instituto de Seguros Sociales otorga la de vejez, quedando a su cargo únicamente el mayor valor si lo hubiere entre tales prestaciones, en caso contrario no tendrá obligación de pagar suma alguna. En el caso concreto, se remitió a la resolución por medio de la cual la administradora del régimen de prima media le reconoció la prestación de vejez al actor y entendió que a partir de ese momento la demandada solamente quedó a cargo del mayor valor con respecto a la que venía pagando.

En relación a la mesada catorce acotó que el Acto Legislativo 1 de 2005 dispuso el pago únicamente de trece mesadas al año, pero ordenó respetar los derechos adquiridos a la fecha de su vigencia y exceptuó a quienes recibieran una mesada inferior a tres salarios mínimos legales mensuales a quienes se les mantendría ese derecho hasta el 31 de julio de 2011.

Posteriormente, dijo que la Ley 100 de 1993 creó una mesada adicional conocida como mesada catorce, la cual se derogó por la reforma constitucional arriba referida, salvo para quienes ya la estuvieran recibiendo y a quienes causaron su derecho antes del 29 de julio de 2005, pero extendió el beneficio a quienes se pensionen antes del 31 de julio de 2011 siempre y cuando su mesada no supere los tres salarios mínimos. Se remitió a la sentencia 49186 del 22 de marzo de 2017, se refirió a los derechos adquiridos y, como consecuencia, reafirmó que al pensionado que hubiere causado su derecho antes del 29 de julio de 2005 no se le podía afectar su situación jurídica.

Concluye que como el actor venía recibiendo el pago de la mesada catorce, antes de la reforma constitucional, tiene el derecho adquirido a seguir percibiéndola; verificó de las pruebas incorporadas que la demandada realizó el pago parcial de la aludida mesada por lo que debe seguir reconociendo el derecho en su totalidad y, por ende, confirmó la decisión de primer grado.

En cuanto a los intereses moratorios asentó que esta Sala ha negado ese derecho; no obstante, con fundamento en la SU065-2018 de la Corte Constitucional se estableció que las entidades de seguridad social están obligadas a indemnizar a los afiliados por la no cancelación oportuna de esas pensiones. Con base en aquella y, otras decisiones de la misma Corporación, consideró procedente la condena al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el censor que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoquen las condenas y se absuelva a la demandada. En subsidio, pide que se case la sentencia en cuanto confirmó la condena al pago de intereses moratorios y, en instancia, se revoque y se absuelva por tal concepto.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales no fueron objeto de réplica y se pasan a resolver.

CARGO PRIMERO

Denuncia la violación por la vía directa y por interpretación errónea «del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2005 (artículo 48 de la C.P.); por aplicación indebida de los artículos 5º del acuerdo 029 de 1985 del ISS; 16, 17 y 18 del acuerdo 049 de 1990 también emanado del ISS (acuerdos aprobados respectivamente por los artículos 1º de los decretos 2879 de 1985 y 758 de 1990); 193, 259, 260, 467 del C.S.T.; 50 y 142 de la Ley 100 de 1993».

En la demostración del cargo afirma que la decisión del Tribunal tomó como apoyo central una posición conceptual de la Corte Constitucional sobre el sentido en que deben aplicarse las medidas incluidas en la reforma al artículo 48 de la Carta, en presencia de pensiones anteriores a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y, por ello, acude al modo de violación representado por la interpretación errónea en relación con el artículo 1º del citado acto legislativo, yerro jurídico del cual se derivó la aplicación indebida de las demás normas señaladas en la proposición jurídica, que son las que en su conjunto prevén la figura de la pensión de jubilación de orden convencional y la subrogación del riesgo de vejez, incluyendo uno de sus efectos representado por la figura de la compartibilidad de pensiones y la figura de las mesadas adicionales.

Por lo anterior propone a la Corte «[…] una nueva lectura y su consecuente comprensión, respecto de la disposición constitucional antes mencionada, pues mi mandante considera que el entendimiento que judicialmente se ha tenido de ella, no concuerda con las razones que motivaron la adopción de la reforma constitucional en cuestión, dado que el sentido del Acto Legislativo fue el de racionalizar la carga económica que representan las pensiones, tanto para los particulares que las están asumiendo como, especialmente, para el sistema General de Pensiones que es a quien en últimas le toca asumir las responsabilidades pertinentes».

Expresa que en razón al entendimiento que asumió el ad quem, la demandada, como antigua empleadora de la actora, «debe continuar pagándole la mesada 14 porque con el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones con solo 13 mesadas, el saldo de la pensión extralegal no es solamente la diferencia en el valor de las mesadas sino en el número de ellas».

Asevera que la comprensión cuyo estudio solicita impone las siguientes reflexiones:

El sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo en él al Sistema General de Pensiones, no pertenece al Estado sino a la Sociedad como ente conformado por todos los habitantes del Territorio Nacional. Por eso en el artículo 48 de la Carta claramente se señala, que los servicios que emanan de tal sistema se prestan “bajo la dirección, coordinación y control del Estado”, lo cual es muy diferente a lo que señala para el sistema de Asistencia Publica al que se refiere el artículo siguiente, para el cual sí se prevé que “son servicios a cargo del Estado” (negrillas propias).

Lo anterior, en un sistema socioeconómico tan endeble como el nuestro en el que las tasas de desempleo y de trabajo informal son tan altas y en el que la gran mayoría de los que sí tienen trabajo solo acceden al salario mínimo o a una suma máxima del doble, representa para el Sistema de Seguridad Social unos ingresos muy limitados que al final resultan insuficientes para financiar la atención adecuada de los riesgos a cuyo cubrimiento están destinados los distintos subsistemas en los que se divide la Seguridad Social.

Tal realidad es la fuente de la reforma constitucional implementada con el Acto Legislativo No. 01 de 2005 que introdujo muchas modificaciones en el universo que se había generado en torno de la atención de los riesgos de cubrimiento pensional. Esas modificaciones se dirigieron muy puntualmente a racionalizar todas las expresiones de pensiones debido a que la forma irreflexiva como se habían creado la gran mayoría de ellas, habían conducido al colapso absoluto en el sistema de financiación de las mismas.

Por eso, aunque podrían invocarse muchas más razones, se eliminó toda posibilidad de pensiones distintas a las del Sistema General de Pensiones, dado que esa era la única forma de calcular con un grado razonable de acierto, el costo que para el sistema y, de reflejo, para el presupuesto nacional, podía generar la atención de las pensiones. Recuérdese que en el artículo 53 de la Constitución se le impuso al Estado la garantía del pago de las pensiones, por lo que ante la insolvencia del sistema para el efecto (que es una realidad), el costo correspondiente afecta directamente al presupuesto con todas las consecuencias negativas para el desarrollo del país y para los programas sociales que se encuentren en ejecución.

Pero también por eso se suprimió la llamada mesada 14 surgida de un insensato fallo de la Corte Constitucional que nunca estuvo en los cálculos financieros ni del sistema ni del Estado. Prescindiendo de recordar los absurdos argumentos que sirvieron para extender a todos los pensionados esa mesada 14 (básicamente el derecho de igualdad pesimamente entendido en el contexto del artículo 142 de la ley 100 de 1993), que inicialmente fue prevista con un criterio restringido tanto en cuanto a los beneficiarios como en cuanto al tiempo de su aplicabilidad, es de anotar que esa mesada 14 fue extendida por la Corte Constitucional sin ninguna suerte de consideración respecto de los costos de la misma y como si el dinero para cubrirla habría de caer del cielo. El equilibrio financiero resulta insostenible y desequilibrante de lo planteado para la obtención de recursos, por lo que toda adición en costos impone pensar en elevar las tasas de aporte de todos los usuarios, lo cual resulta ser una medida muy delicada de imponer socialmente hablando.

En ese marco y teniendo en cuenta que gradualmente todas las pensiones habrían de ser colocadas bajo la sombrilla del Sistema General de Pensiones, el constituyente le impuso a Estado en sus distintos órganos, la garantía de la “sostenibilidad financiera” en todo lo que resultara tocante con el sistema de pensiones. Inclusive, le impuso al Estado la responsabilidad de garantizar las pensiones y al legislativo la obligación de verificar la sostenibilidad financiera de toda expresión pensional nueva.

Entonces se tiene que con el Acto Legislativo se prohibieron tanto las pensiones distintas a las del Sistema General de Pensiones como la mesada 14, esto último en relación con las pensiones superiores a tres salarios mínimos (que es el caso del demandante) y dentro de unas consideraciones cuyo análisis corresponde con lo que se viene exponiendo.

Esas condiciones especiales de pensión, que fueron proscritas en la Carta Magna, son precisamente las que distinguen la pensión que se debate en este proceso y por eso, las consideraciones sobre ella no pueden prescindir de todos los elementos conceptuales que se han señalado que, sencillamente, conducen a concluir que el mandato constitucional es el de racionalizar todos los conceptos relacionados con cualquier clase de pensión, pues aunque en el momento una de ellas pueda estar en cabeza de un particular o un ente privado, el infortunio financiero de ese ente, que no es un imposible, va a terminar en que va a ser el Sistema de Pensiones del Estado, cualquiera de ellos, el que termine con la carga pensional correspondiente.

Por eso hay que racionalizar su costo y colegir que con ello se concreta el postulado de sostenibilidad financiera. No se trata de negar un derecho sino de ubicarlo en el marco del sentido del Acto Legislativo No. 01 de 2005, para hacerlo viable y con las posibilidades de su permanencia. No hay que olvidar que ahora se discute un caso, pero que ello se multiplica por cuantas personas tengan una condición igual o superior.

Además, el Tribunal enfatiza en lo relacionado con la garantía de los derechos adquiridos en lo cual no tiene en cuenta que en relación con las mesadas el derecho se adquiere solamente con la llegada del periodo mensual al que corresponda, por lo que no puede admitirse un derecho adquirido al futuro dado que ello corresponde con la figura de la expectativa. Además, y ello es bien sabido, no pueden pregonarse derechos adquiridos que contraríen los mandatos constitucionales.

Por otro lado y con un sentido complementario, hay que distinguir entre el monto de las mesadas y el número de ellas. Sin duda, el mecanismo de compatibilidad se encuentra referido al monto de la mesada y representa que al empleador le corresponde asumir el mayor valor de la misma en el caso en el que de la pensión de vejez que reconozca el sistema, surja una mesada que signifique una suma menor a la de la pensión que se encuentra a cargo de empleador. No hay norma alguna que diga que este empleador debe reconocer también las mesadas adicionales al número de ellas que reconozca el sistema de pensiones, lo que significa que el Tribunal está imponiendo con la sentencia que ahora se impugna, una obligación pecuniaria que carece de soporte normativo, con lo cual está desoyendo el mandato del artículo 230 de la Carta.

Es probable que en el pensamiento del Tribunal se haya inmiscuido el sentido tutelar que es propio de Derecho de Trabajo, por lo que no sobra recordar que los postulados que rigen en la Ciencia de la Seguridad Social no son los de artículo 53 de la Constitución ni de los iniciales del Código Sustantivo del Trabajo. El Derecho Laboral y la Seguridad Social son ciencias distintas y muy diferentes aunque pertenezcan ambas a ámbito del Derecho Social. En relación con la Seguridad Social el criterio de favorabilidad no se aplica en relación con el individuo sino frente al Sistema cuya subsistencia representa el interés general que, bien se sabe porque así lo manda la Constitución, prima el interés particular.

CONSIDERACIONES

El Tribunal fundamentó su decisión en que el demandante tenía un derecho adquirido al pago de la mesada catorce, por cuanto su pensión se reconoció con anterioridad al Acto Legislativo 1 de 2005, y la compartibilidad de la pensión de vejez reconocida por Colpensiones impone a la demandada reconocer el mayor valor entre la suma asumida por la administradora del régimen de prima media y la que estaba a su cargo antes del reconocimiento de la prestación por esta última.

La censura radica su inconformidad en que la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 1 de 2005 se dirigió a racionalizar las expresiones de pensiones creadas de manera irreflexiva y que conducían al colapso del sistema; que la mesada catorce se suprimió porque nunca estuvo en los cálculos financieros del sistema ni del estado y que fue extendida de manera general por la Corte Constitucional, lo que afectó el equilibrio financiero del sistema. Considera que no existen derechos adquiridos sobre pagos de mesadas futuras como lo entendió el Tribunal y que el criterio de favorabilidad no se aplica en la relación del individuo con el sistema cuya subsistencia representa el interés general que prima sobre el particular.

Como el ataque se encausó por la vía directa, no existe discusión sobre los siguientes supuestos fácticos: (i) que la Empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, reconoció mediante acta de conciliación una pensión voluntaria «de las previstas en el acuerdo No. 049/90, art. 18(del I.S.S.) y el 029 de 1985», a partir del 1 de enero de 1999, con carácter compartida con la que reconozca el ISS al cumplir 60 años de edad; que mediante la Resolución 000008347 del 21 de septiembre de 2012, el Instituto de Seguros Sociales le otorgó al actor una pensión de vejez a partir del 13 de abril de 2012 en cuantía de $3.930.407, por lo que, a partir de allí, Electricaribe solamente paga el mayor valor, como da cuenta la certificación visible a folio 34.

Esta Corte en anteriores oportunidades se ha referido al tema de la llamada mesada catorce, ligada a pensiones causadas con anterioridad al 29 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, para precisar que es un derecho adquirido.

En providencia CSJ SL8296-2017, reiteró la CSJ SL17444-2014, en los siguientes términos:

Adicionalmente, el demandante no se encuentra dentro del régimen de excepción a que alude el parágrafo transitorio 6º… .

Por lo visto, es claro que no debe existir diferencia alguna en relación con la naturaleza jurídica de la pensión reconocida, para efectos del beneficio del pensionado a recibir las mesadas adicionales; de ahí que como el cargo está orientado por la vía directa, no es tema de discusión que las pensiones otorgadas a los actores son de fecha anterior a la vigencia del Acto Legislativo mencionado, por tanto les asiste el derecho a percibir la mesada adicional consagrada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.

Contrario sensu, como la prestación, en el sub lite se reconoció mucho antes de la citada modificación constitucional es patente que se debe respetar ese derecho, incluso porque en el inc. 9° del Art. 48 Superior quedó claro que en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos. Ello, en el entendido que el derecho se causó con anterioridad al 25 de junio de 2005, fecha en que entró en vigencia el mencionado Acto Legislativo, circunstancia que corrobora la documental aportada al plenario.

Razón por la cual, no se puede afectar situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores, máxime cuando como quedó dilucidado, la entidad accionada le venía reconociendo el pago de la mesada catorce hasta antes de que el I.S.S. les reconociera la pensión de vejez, luego la misma forma parte del «mayor valor» al cual por ley está obligado a asumir por efecto de la compartibilidad pensional.

Esta postura de la Sala también ha sido reiterada en diversos pronunciamientos tales como: CSJ SL13254-2015, CSJ SL7917-2015, CSJ SL11584-2015, CSJ SL7909-2015, CSJ SL4819-2015, CSJ SL2962-2018 y SL2412-2020, entre otros.

Así las cosas, se advierte que, en virtud del reconocimiento de la prestación por vejez, la demandada comenzó a pagar únicamente la diferencia a su cargo, que para el año 2013, como valor de la mesada catorce, reconoció la suma de $121.778, no obstante, debió seguir reconociéndola en su totalidad, habida cuenta que no fue asumida por el ISS.

Entonces, es palmario para la Sala que una vez operó la compartibilidad pensional, la demandada siguió pagando la mesada adicional de junio, pero de forma incompleta, al entender erradamente que la compartibilidad de las mesadas ordinarias conllevaba también la reducción de aquella, una vez fue reconocida por el ISS.

De suerte que como Colpensiones no asumió el pago de la mesada catorce en virtud de lo preceptuado por el Acto Legislativo 01 de 2005, y el empleador desde el reconocimiento de la pensión de vejez comenzó a pagar por tal concepto únicamente la diferencia entre las dos prestaciones, resultaba procedente la imposición a su cargo del pago completo de tal valor, por tratarse de un derecho adquirido.

Esta Sala en las providencias CSJ SL3720-2020 y CSJ SL2412-2020, al estudiar un caso de similares contornos, seguido contra la misma empresa acá demandada, se señaló, en la última, lo siguiente:

[…]

Luego, si bien es cierto que con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, las mesadas adicionales consagradas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 sufrieron un cambio importante, al disponerse la supresión de la mesada 14 en los siguientes términos: «las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento», para este caso ello no tiene relevancia, pues, sin discusión, la pensión de jubilación convencional le fue reconocida a la actora el 30 de octubre de 1999, es decir, antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que forzoso resulta concluir que al presentarse un mayor valor entre las dos pensiones por efectos de la compartibilidad pensional en 2007, la demandada tenía constituida la obligación de asumir el mayor valor o diferencia que surgiera entre ellas, como en efecto ocurrió con la mesada 14.

Y es que no se puede perder de vista que el acto legislativo en mención señaló que «en materia pensional se respetarían todos los derechos adquiridos», y a la fecha de su vigencia (julio 25 de 2005) la actora ya tenía consolidado y reconocido el derecho pensional de jubilación, por lo que no es de buen recibo el argumento de la recurrente cuando señala que no se puede hablar de derechos adquiridos en el caso de las mesadas pensionales sino de la figura de la expectativa, como si las mesadas fueran extrañas a la pensión misma.

Por otra parte, la censura cuestiona al Tribunal imponer una obligación pecuniaria que carece de soporte legal, sin embargo, como se puede verificar, la norma que regula la compartibilidad pensional no separa las mesadas ordinarias de las adicionales, simplemente se refiere al «mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado», es decir, si el mayor valor se produce por la mesada 14, sin lugar a dudas, esa suma la debe asumir la demandada. .

En términos similares expresó lo siguiente la Corte en la sentencia de 20 de marzo de 2013, rad. 54265:

Contrario sensu, como la prestación, en el sub lite se reconoció mucho antes de la citada modificación constitucional es patente que se debe respetar ese derecho incluso porque en el inciso 9 del artículo 48 Superior quedó claro que en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos, de allí que el Tribunal se equivocara en su interpretación y por ello el cargo resulta fundado.

Puestas en esa dimensión las cosas, el juzgador colegiado no incurrió en las equivocaciones de puro derecho que el cargo le achaca.

CARGO SEGUNDO

Se acusa la sentencia por la vía directa y por interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; por aplicación indebida del artículo 230 de la Constitución; por infracción directa del artículo 234 de la Carta Política.

Como fundamento expone que la pensión reconocida al actor se encuentra a cargo de la demandada no del sistema general previsto en la Ley 100 de 1993; y pese a que el Tribunal admite ese hecho acude a un pronunciamiento de la Corte Constitucional para privilegiarlo sobre el texto de la norma sustantiva con lo que se rebela contra aquella y viola los mandatos constitucionales invocados y la jurisprudencia de esta Sala de la Corte como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, por lo que considera que el cargo está llamado a prosperar conforme al alcance de la impugnación.

CONSIDERACIONES

El Juez Plural estimó viable el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en providencias de la Corte Constitucional, de acuerdo con las cuales las entidades de seguridad social están obligadas a indemnizar a los afiliados por la no cancelación oportuna de esas pensiones

La recurrente considera que no es procedente la imposición de tales réditos a la demandada por cuanto la prestación otorgada al actor no se encuentra dentro de las pensiones de que trata la Ley 100 de 1993.

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 dispone que «a partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago».

Ahora bien, esta Sala de la Corte, por mayoría, ha sido insistente en sostener que los referidos intereses moratorios no proceden en tratándose de pensiones que no se reconocen con sujeción a la normatividad integral (Ley 100 de 1993), pues así se colige de la lectura del artículo 141 ibidem, y si bien ha morigerado el anterior criterio en lo que tiene que ver con las pensiones legales que se otorgan en aplicación del régimen de transición (CSJ SL1681-2020), se ha mantenido inalterable en lo que tiene que ver con las pensiones de origen extra legal. Así pues, en sentencia CSJ SL, del 28 de nov. 2002, rad. 18273, reiterada en la sentencia CSJ SL, 24 ene. 2008, rad. 32002, la Sala fijó su criterio en los siguientes términos:

(...) para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C- 601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.

Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal Ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”.

Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras cosas, las sentencias CSJ SL677-2021, CSJ SL889-2021 y CSJ SL3720-2020.

Conforme a lo anotado, la Sala encuentra que el Tribunal incurrió en el yerro jurídico que se le endilga, al confirmar la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues se trata de una pensión de origen convencional y, por tanto, diferente a las reguladas por el sistema General de Pensiones.

Como consecuencia, el cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida en lo relacionado con la condena por intereses moratorios.

A fin de proferir al sentencia de instancia y dado que no reposa en el expediente la información completa de las sumas pagadas al demandante por concepto de mesada catorce hasta la fecha, pues de lo que se deriva de la certificación visible a folio 34 es que la demandada solamente pagó una parte de la mesada catorce, por lo que se dispondrá para mejor proveer, oficiar a la demandada para que allegue certificación en la que dé cuenta de las sumas pagadas al actor por concepto de mesada catorce al demandante hasta la fecha.

Una vez se reciba la información solicitada se dará traslado a la parte actora por el término de tres días, luego de lo cual se pasará nuevamente al despacho para decidir lo pertinente.

Sin costas dado el resultado del recurso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 28 de junio de 2019 por Sala Tercera de Decisión Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MANUEL BATISTA ZÚÑIGA contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. únicamente en cuanto confirmó la sentencia de instancia al pago de los intereses moratorios. NO CASA en lo demás.

Para mejor proveer se dispone oficiar a la demandada para que allegue certificación en la que dé cuenta de las sumas pagadas al actor por concepto de mesada catorce al demandante hasta la fecha.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

(Salva Voto Parcial)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

(Impedido)

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Recurso Extraordinario de Casación

Radicación n.° 86294

Referencia: Demanda promovida por MANUEL BATISTA ZÚÑIGA contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. -ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Con el acostumbrado respecto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, salvo parcialmente el voto en la sentencia que se adoptó en el proceso referenciado, toda vez que, aunque comparto el criterio de que el demandante tienen derecho a que se le reconozca y pague integralmente la mesada 14 por parte la entidad empleadora, no estoy de acuerdo con lo que se proveyó, respecto de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100/93, al sostenerse que no había lugar a ellos.

En efecto, en dicha providencia se consideró que no es viable imponer condena por dichos réditos, en tratándose de pensiones que no se reconocen con sujeción a la normatividad integral (Ley 100 de 1993), pues así se colige de la lectura del artículo 141 ibidem, y si bien ha morigerado el anterior criterio en lo que tiene que ver con las pensiones legales que se otorgan en aplicación del régimen de transición (CSJ SL1681-2020), se ha mantenido inalterable en lo que tiene que ver con las pensiones de origen extra legal.

En mi prudente juicio, tal y como de manera reiterada lo he venido sosteniendo, sí debía accederse al pedimento de la demanda ordinaria en lo relativo a tales réditos, como consecuencia del retardo en el cumplimiento de la obligación de pago de la mesada pensional a la accionante, como sucede en este caso, pues los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, proceden aún respecto de las pensiones no reguladas por esta normativa, así como en torno de las voluntarias o convencionales y los reajustes de estas, cuando el obligado incurre en mora en su pago, para lo cual basta con remitirse a los argumentos expuestos en los salvamentos como en el que se hizo en las sentencias SL4088-2018 y SL2810-2020, respecto de pensiones convencionales.

En este orden, la Corte no debió casar la determinación adoptada por el juez de apelaciones, en lo atinente a condena por los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En los anteriores términos dejo consignado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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