Ficha de la providencia
Sentencia SL3773-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3773-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3773-2021
Magistrado ponente: Luis Benedicto Herrera Diaz
11 de agosto de 2021
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado ponente
SL3773-2021
Radicación n.° 88962
Acta 30
Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 5 de febrero de 2020, dentro del proceso que instauró el hoy recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.
ANTECEDENTES
HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ presentó demanda contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con el fin de que se declarara que tiene derecho a la pensión de invalidez desde el día 11 de abril de 1993; y se condenara a la demandada a su reconocimiento y pago, así como al de las mesadas adicionales; con la respectiva corrección monetaria hasta la fecha de pago, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que se declare extra y ultra petita; y costas, incluyendo agencias en derecho.
Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C., el 5 de marzo de 2002 le calificó la invalidez con una pérdida de capacidad del 70.60%, con fecha de estructuración 11 de abril de 1993; que según el reporte de semanas, cotizó 58.29 semanas, sin embargo, dicho reporte está errado, toda vez que en la Resolución No. 08875 de 14 de junio de 1994 se estableció que cotizó 120 semanas a la fecha de estructuración.
El Ministerio de Defensa certificó que prestó sus servicios durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1984 y el 19 de marzo de 1992; que el Instituto de Seguros Sociales ISS, a través de la Resolución ya referida, le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y, en su lugar, le reconoció la indemnización sustitutiva en cuantía única de $ 326.040.
El accionante nació el 3 de enero de 1963, realizó cotizaciones al ISS desde 1992 hasta 1996 y, por solicitud del 20 de marzo de 2018, requirió el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin que a la fecha de la demanda hubiera recibido respuesta.
Al dar respuesta a la demanda, COLPENSIONES se opuso a las pretensiones del actor y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos: la fecha de nacimiento del demandante; la calificación de invalidez realizada por la Junta Regional de Calificación de Bogotá, fecha del dictamen, fecha de estructuración y porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, la certificación del Ministerio de Defensa sobre el tiempo laborado por el accionante en la Policía Nacional, la Resolución No 08875 de 14 de junio de 1994 que le negó la pensión de invalidez y le reconoció la indemnización sustitutiva; los demás los consideró no ciertos.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, inexistencia del cobro de intereses moratorios e indexación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la genérica.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 17 de octubre de 2019 (fl. 98) condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de invalidez a partir del día 1 de mayo de 1993, en cuantía de un salario mínimo legal vigente; declaró probada la excepción de prescripción respecto a las mesadas causadas entre mayo de 1993 y junio de 2018; y declaró no probadas las demás excepciones propuestas; le ordenó el pago de $14.577.970 por mesadas ordinarias y adicionales causadas entre julio de 2018 y octubre de 2019, indexadas; una mesada pensional a partir del mes de noviembre de 2019 por valor de $828.616, con los ajustes legales anuales y las mesadas adicionales de junio y diciembre; los intereses moratorios referidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de julio de 2018 y hasta la fecha en que se realice la inclusión en nómina; y le ordenó tramitar el bono pensional ante el Ministerio de Hacienda por el tiempo laborado en la Policía Nacional; condenó en costas a la demandada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 5 de febrero de 2020 (fl 107), revocó la sentencia de la primera instancia y, en sus lugar, absolvió a la demandada de las pretensiones del actor.
En lo que interesa al recurso extraordinario, en virtud del recurso de apelación presentado por las partes, el Tribunal determinó que el problema jurídico era establecer si había o no lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez, para lo cual indicó que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha señalado reiteradamente que, tratándose de la pensión de invalidez, la norma aplicable es la vigente al momento de la estructuración, y dado que en el caso examinado dicha fecha fue el 11 de abril de 1993, la disposición aplicable era el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 que establece el requisito de haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de la estructuración o 300 semanas en cualquier tiempo, con anterioridad a dicha fecha.
Advirtió que al revisar la historia laboral se evidenciaba que para el 11 de abril de 1993 el demandante no cumplía con las 300 semanas en cualquier tiempo y, respecto a las 150 semanas en los 6 años anteriores, solo contaba con 100.14 semanas, lo que dijo permitía colegir que no acreditó los requisitos para acceder a la prestación.
Indicó que si bien en la demanda se afirmó que el accionante prestó sus servicios al Ministerio de Defensa entre el 1 de septiembre de 1984 y el 19 de marzo de 1992, lo cierto era que dicho tiempo de servicio público no fue cotizado al ISS y no podía contabilizarse, de conformidad con los reglamentos de dicha entidad, pues solo procedía considerar las semanas efectivamente cotizadas al ISS, siendo ésta la posición reiterada por la Corte Suprema, entre otras, en las sentencias con radicados 65745, 70033 y 49596.
Agregó que era extraño que no existieran cotizaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa a la administradora del régimen de prima media, durante el tiempo en que el actor prestó sus servicios a la Policía Nacional, por ser éste un sistema exceptuado que no preveía las cotizaciones al otrora ISS.
Considero, además, que la decisión del juez de primera instancia, relativa a considerar el bono pensional en virtud del tiempo laborado en la Policía Nacional, traducía la suma de tiempos públicos y privados, ya que el bono pensional se constituye en capital necesario para financiar las pensiones, pero la reiterada jurisprudencia de la Corte ha señalado que no hay lugar a dicha sumatoria de tiempos, pues la misma solo se consagró a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, artículo 33, lo que se podía constatar en la sentencia bajo radicado 44796; y la ley que permitía la acumulación de tiempos públicos y privados, existente antes de la reforma de 1993, era la Ley 71 de 1988.
El Tribunal concluyó que la aplicación de la jurisprudencia permitía decidir que le asistía razón a la demandada al señalar que el actor no cumplió con los requisitos de la norma vigente al momento de la estructuración del estado de invalidez; en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la absolvió las pretensiones incoadas en su contra y se abstuvo de estudiar los demás aspectos del recurso de apelación.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia proceda a «REVOCAR la decisión del ad-quem de segundo grado, y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda inicial»
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado.
CARGO UNICO
Acusa la sentencia de violar «por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea en relación con el artículo 6o y 20° del Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049/90) y los artículos 13, literal f) y 272 de la Ley 100 de 1993; artículos 19 y 21 del C.S.T, en concordancia con los artículos «13, 46, 47, 48, y 53 de la Constitución Nacional […] lo que originó la aplicación indebida de los artículos 39 y 131 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996»
Desarrolla el cargo indicando:
«El error que se presenta es en la conclusión del Tribunal, en cuanto a que la norma, esto es, el artículo 6 del Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), que exigía haber cotizado para IVM 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época, pero en el caso en concreto, no le permite acumular tiempos públicos cotizados a otras cajas o fondos de previsión con el tiempo privado, desconociendo el precedente jurisprudencial emitido por la honorable Corte Constitucional, especialmente en las sentencias de Unificación ST 090 de 2018; SU 057 DE 2018 Y SU 769 de 2014, en las que han señalado que es posible la acumulación de tiempos públicos y privados al momento del reconocimiento de la pensión de vejez y otras prestaciones económicas como la invalidez, cuando se da aplicación al artículo 6 del Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), q para cumplir con la (sic) exigía haber cotizado para IVM 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época, en concordancia con los artículos 46, 47, 48 y 53 de la Constitución Política, 19 y 21 de la Código Sustantivo del Trabajo, bajo la condición más beneficiosa».
Señala el recurrente que la Corte Constitucional ha considerado que es deber del ISS, hoy Colpensiones, tener en cuenta los tiempos de servicios cotizados en entidades diferentes a éste, por cuanto: a) el Decreto 758 de 1990 no exige que las cotizaciones se hayan efectuado con exclusividad al ISS para acceder a la pensión de sobrevivientes; b) si bien es cierto que solo hasta la Ley 100 de 1993 se configuró una norma expresa que permite la acumulación de los tiempos de servicios--Literal f) del artículo 13 y artículo 33 de la Ley 100 de 1993--, también lo es que dicha norma, en virtud del principio de favorabilidad (53 C. N y 21 CST), es aplicable a los regímenes anteriores; c) no se afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues se debe hacer la transferencia del bono pensional correspondiente; y d) el sistema general de seguridad social es un todo y los requisitos para acceder al derecho se acreditan ante el mismo, no de manera particular ante cada una de las entidades que lo conforman, de allí que se deben tener en cuenta las cotizaciones efectuadas al sistema. Además, en la sentencia T-938/13 se indicó que no existe prohibición de la acumulación, sino que antes bien, ello permite cumplir la finalidad de la seguridad social, que es suplir los riesgos de las personas en estado de debilidad, su situación.
Indica el censor que el Tribunal negó la pensión de invalidez, en cuanto consideró que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, consagró la obligación de reconocer la pensión de invalidez, pero sobre la base de haberse sufragado las cotizaciones exclusivamente en dicha entidad, impidiendo la sumatoria con los aportes o cotizaciones efectuados a cajas de previsión o a fondos o entidades de la seguridad social en los sectores público y privado, a excepción de la pensión por aportes, que no es la controvertida, por lo que incurrió en la violación directa de la Constitución, al no ajustarse a la finalidad de su artículo 48, ni al literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, pues partió del erróneo supuesto de que la «Ley 100 se hizo exclusivamente para este administrador, discriminando las cotizaciones efectuadas a cualquier caja o administradora de pensiones».
Adicionalmente, contaba con más de 600 semanas de cotización a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993», lo que significa que superaba con creces el requisito establecido en el Decreto 758 de 1990 de haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo, pues, habiendo cotizado en diferentes regímenes, le deberían haber sido acumuladas.
Asevera que para la aplicación del Decreto 758 de 1990, la jurisprudencia ha establecido una regla de unidad para contabilizar las cotizaciones, que se suman y se acumulan como una sola, independientemente de que se hayan realizado a varias entidades, y para exigir el derecho, pues éste es exigible a la última entidad, sin fragmentarse o distinguirse entre otras. Lo anterior, en cuanto la entidad responsable de la pensión exija los bonos, realice los recobros o las compensaciones a otras entidades, por las partes que les corresponde.
Afirma que cotizó en la Policía Nacional y posteriormente en el ISS «lo que constituye una cotización única de 878.14 (sic) semanas» con anterioridad a la Ley 100 de 1993; y que, por ende, no resulta acorde con el derecho a la igualdad dejar de aplicar la normatividad más favorable por el simple hecho de que sus cotizaciones se hicieron, primero a la Policía Nacional y, posteriormente, al ISS, pues los artículos 13-f y 272 de la Ley 100 de 1993 permiten la suma de semanas, es decir, lo cotizado en el ISS y el lapso servido para empleadores públicos sin aporte a dicho instituto. En su apoyo transcribe varios pasajes de la Sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional.
Para el recurrente, al acumular los tiempos cotizados en la Policía y en el ISS, reúne el requisito de acreditar más de 300 semanas al día 11 de agosto de 1993, fecha de estructuración de la invalidez, siendo procedente el reconocimiento de la respectiva pensión.
RÉPLICA
COLPENSIONES indica que el recurrente no acredita 150 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, o 300 semanas en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que no realizó cotizaciones durante el mencionado período. Refiere el concepto de la Vicepresidencia de Operaciones del RPMD, 2017_12672083 del 29 de noviembre de 2017, que indicó que: «[…] frente a la pensión de invalidez, el Alto Tribunal, en providencia CSJ SL, rad. 445964, consideró que la posibilidad de diferir el efecto general inmediato de la Ley 860 de 2003 en el tiempo, se predica exclusivamente de aquellos afiliados que a la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento tenían una expectativa legitima de derecho y cuya invalidez se estructuró entre el 29 de diciembre de 2003 al 29 de diciembre de 2006» y menciona algunas líneas de decisión expresadas por dicha Vicepresidencia, todas ellas aplicables a quienes tuvieron fecha de estructuración de invalidez entre el 29 de diciembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2006; con base en ello, señala que existe una incompatibilidad, pues al recurrente le fue reconocida una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, lo que imposibilita el reconocimiento de la prestación.
Después de referir una sentencia de la Sala de Casación sobre la posibilidad de considerar las cotizaciones realizadas posteriormente a la fecha de estructuración de la invalidez, en virtud de la conservación de facultades funcionales y productivas, concluye que los cargos no están llamados a prosperar.
CONSIDERACIONES
No obstante que el cargo no está estructurado de la forma más adecuada, pues solicita casar la sentencia del Tribunal y al mismo tiempo, revocarla; y guarda silencio sobre lo que debe hacer la Sala con la sentencia de primer grado una vez casada la del Tribunal, por el hecho de perseguir que se acceda a las pretensiones de su demanda inicial, es posible entenderse que pretende en últimas que, una vez casado el fallo del ad quem, en sede de instancia se confirme lo que a favor de sus pretensiones decidió el juez de primer grado.
Ahora, pese a que el cargo se desarrolla principalmente a través de citas jurisprudenciales, es viable deducir que la censura concentra su inconformidad en que el ad quem desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que considera posible la acumulación de tiempos públicos y privados para el reconocimiento de la pensión de vejez y otras prestaciones, como la de invalidez, en aplicación del artículo 6 del Decreto 758 de 1990--Acuerdo 049 de 1990--.
Ello, porque acusa la sentencia de tener en cuenta, exclusivamente, las cotizaciones realizadas al ISS, impidiendo la sumatoria con los aportes o cotizaciones efectuados a cajas de previsión, o a fondos o entidades de la seguridad social en los sectores público y privado, lo que habría llevado a concluir que acreditaba más de 300 semanas al día 11 de agosto de 1993-- fecha de estructuración de la invalidez--, al acumular los tiempos servidos en la Policía Nacional y aquellos cotizados en el ISS; por lo cual afirma resultaba procedente el reconocimiento de la respectiva pensión.
Entonces, de conformidad con la vía elegida para el ataque, no existe controversia respecto a: i) la calificación de invalidez del actor, el día 5 de marzo 2002, con una pérdida de capacidad laboral del 70.60% y fecha de estructuración 11 de abril de 1993 (fls 16-19); ii) que para la fecha de estructuración de la invalidez la norma aplicable era el Acuerdo 049 de 1990, artículo 6, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; iii) que el tiempo cotizado al ISS con anterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, era de 120 semanas (fls 4, 34, 64); iv) que laboró para la Policía Nacional entre el 1 de septiembre de 1984 y el 19 de marzo de 1992 y dicha entidad no realizó aportes al sistema de prima media administrado por el entonces ISS, dada la existencia de un régimen previsional propio (fls 20-25); v) que realizó algunas cotizaciones al ISS- COLPENSIONES entre 1992 y 1996 y entre 2012 y 2013, que unidas a todas las cotizadas, arroja un total de 135,14 semanas (fls 64-66); y vi) que el actor nació el 3 de enero de 1963, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 30 años de edad (fl 15).
Corresponde entonces determinar si el ad quem, al no incluir en el total de semanas cotizadas el tiempo laborado por el recurrente en la Policía Nacional y, por ello, concluir que no acreditó 300 semanas en cualquier tiempo, ni 150 en los seis años anteriores a la estructuración de la invalidez, requisito exigido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, le dio un entendimiento equivocado a las normas propuestas por la censura o les hizo generar efectos distintos a aquellos por ellas establecidos.
Lo primero será dilucidar si, como lo sostiene la censura, en las semanas de cotización a que alude el precepto, pueden ser indistintamente consideradas aquellas efectuadas directamente al ISS o si, además, podían contemplarse los tiempos de servicio en la Policía Nacional.
Pues bien, en tratándose de normas de orden público, como lo son las de la seguridad social, a las cuales aplica la regla del artículo 16 del CST, lo procedente no es preguntarse dónde se encuentra una prohibición para tal acumulación de tiempos, sino de dónde emerge una autorización, si la hay, para proceder en tal sentido.
Para la época de vigencia de los reglamentos del ISS, ellos eran expedidos con base en la autorización impartida por los arts. 9 y 16 de la Ley 90 de 1946 y las normas que la modificaron o sustituyeron--Decreto Ley 433 de 1971, arts. 10-2 y 31 y Decreto Ley 1650 de 1977, arts. 11, 17 y 43-e--, es decir, tales actos debían sujetarse a esas normas superiores que reglaron las fuentes financieras del sistema (art. 16), cuya base descansaba sobre un trípode conformado por una contribución forzosa de los asegurados, de los patronos y del Estado que, en todo caso, téngase presente, requerían aprobación del Gobierno Nacional, entre otras razones, para asegurar la armonía con las normas superiores a las cuales estaban subordinados y a las políticas públicas sobre esas materias, en una suerte de control de tutela.
El Acuerdo 049 de 1990, expedido por el entonces Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, fue aprobado por el Decreto 758 de 1990, a efectos de ajustar dicho reglamento con el Decreto Ley 1650 de 1977, que regía el Régimen de Prima Media, elenco normativo que no incorporaba previsión alguna dirigida a la suma de tiempo cotizado en el ISS y en cajas o fondos públicos, o por el tiempo de servicios para entidades estatales con regímenes previsionales propios, como era el caso de la Policía Nacional; por ello, para efectos de los riesgos de IVM, solo se consideraban las semanas cotizadas en el ISS.
Justo es reconocer que la Corte ha rectificado su criterio respecto de la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, lo cual podría dar a pensar que mutatis mutandis --cambiando lo que hay que cambiar-- esas reflexiones podrían ser valederas para el tipo de prestación sub examine.
A ese respecto, en las sentencias CSJ SL1947-2020; CSJ SL1981-2020 y CSJ 2557-2020, expresó tal posibilidad para aquellas pensiones de vejez reconocidas merced al denominado régimen de transición, bajo las siguientes consideraciones:
«Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.
De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.
En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.
Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.
Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano.
La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.
En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.
En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad».
Como puede observarse, este desarrollo jurisprudencial debe entenderse en el contexto normativo apropiado en la medida en que existe una serie de preceptos legales que habilitan una interpretación de esta dimensión, cuyo eje medular es, como ya se mencionó, el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como el artículo 13 literal f) del mismo precepto.
Como se recuerda, la Ley 100 de 1993 comenzó su vigencia a partir de su promulgación, es decir, de su inserción en el Diario Oficial, que lo fue el CXXIX, n.° 41148 de 23 de diciembre de 1993, pero de acuerdo con el artículo 151 de ese estatuto, «El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1994».
Esto quiere decir que mientras las pensiones adquiridas a instancia del régimen de transición, en las condiciones anotadas, hacen parte integral del Sistema General de Pensiones, aquellas que no gozan de esas características no son pasibles de las mismas reglas, en tanto las situaciones que gobiernan se consolidaron en vigencia de una normativa anterior y diferente, como ocurrió en el presente caso.
Finalmente, debe quedar claro, también, que el precedente constitucional invocado por el recurrente, esto es, la sentencia CC SU-769-2014, efectuó el análisis que le permitió llegar a la conclusión de que es posible la acumulación de tiempos públicos y privados, con o sin cotización efectiva, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 del ISS, sobre el supuesto de que en ese caso el reclamante estaba amparado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
De manera que, para este caso, por no corresponder la prestación pretendida en el plenario a una acorde con estas reglas de aplicación, específicamente, no estar protegida por el régimen de transición--aplicable particularmente para la pensión de vejez--; y no cumplir el recurrente con el tiempo, ni con la edad exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no le era posible al ad quem acudir a dicha línea jurisprudencial, pues estaba excluida de tal entendimiento.
Por otra parte, si en gracia de discusión se reflexionara la posibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, por tratarse de un riesgo frente al que no opera la citada transición normativa, tampoco sería viable su adaptación, pues aquel principio contempla la preservación de las condiciones o de los requisitos establecidos en una disposición anterior, cuando ha sido sustituida por otra, siempre y cuando se hubiere cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior para cubrir tal contingencia, se advertiría, sin duda, el no cumplimiento de la condición, pues la disposición hipotéticamente aplicable sería el artículo 1. ° del Acuerdo 019 de 1984, aprobado por Decreto 232 del mismo año, que en su literal b) estableció:
«Artículo primero. El artículo 5.° del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por Decreto 3041 del mismo año quedará así:
Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que reúnan las siguientes- condiciones:
[…]
b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época».
Y, como se ha reiterado por esta Sala, la aplicación del principio no permite ir más allá, es decir, no permite acudir a cualquier normativa anterior o de manera indefinida a todo tránsito legislativo.
En tal sentido, tampoco es atinado acudir por esa línea de principio a normas posteriores a las que gobiernan la situación, esto es, para el caso, a la Ley 100 de 1993, porque no se trata de explorar hacia adelante o hacia atrás a las pertinentes cuál normativa se acomodaría al caso.
Esta línea de pensamiento también fue sostenida en la sentencia CSJ SL1884-2020, ya citada, en la cual, además, la Corte expresó las razones y motivos por los cuales se apartaba del precedente constitucional de la sentencia CC SU-005-2018 de la Corte Constitucional.
En coherencia con lo discurrido, el cargo no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente por cuanto hubo réplica. En su liquidación inclúyanse como agencias en derecho la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el cinco (05) de febrero de dos mil veinte (2020) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
Aclara voto
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Aclara voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Aclara voto
JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 88962
Acta 30
Recurso Extraordinario de Casación
Referencia: demanda promovida por HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia absolutoria del Tribunal, dado que para el reconocimiento del derecho pensional pretendido no procede la acumulación los tiempos servicios en la Policía Nacional y aquellos cotizados en el ISS, me permito aclarar mi voto en cuanto a que, en la presente providencia se memoró, la rectificación jurisprudencial de la Sala, en el sentido de considerar viable la acumulación de tiempos públicos y privados para efectos de acceder a la pensión de vejez regulada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, postura de la que me he apartado insistentemente, tal y como lo deje consignado en el salvamento de voto que efectué en la providencia CSJ SL3719-2020, en el que expuse detalladamente las razones de mi disentimiento y al que me remito para dejar sentada mi posición al respecto.
En los anteriores términos dejo consignada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado ponente
Radicación n.° 88962
HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, manifiesto que, aunque comparto la de no casar la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, me aparto de las consideraciones expuestas en relación con la posibilidad de sumar tiempos de servicio público no cotizados al ISS, hoy Colpensiones, con aportes efectuados a la entidad, con el fin de acreditar las semanas mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.
Lo anterior por cuanto considero que, tal como de manera reiterada lo había sostenido esta Corporación, la referida sumatoria resulta improcedente, toda vez que el régimen de transición remite a la legislación vigente y aplicable con anterioridad al sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993, en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de la pensión, y en el caso del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, ninguna de sus disposiciones permite la acumulación de tiempos prestados en el sector público - no cotizados al ISS, hoy Colpensiones, ni sufragados a otras entidades o cajas de previsión social, con los efectivamente cotizados al Instituto; es así que, el art. 12 del referido Acuerdo 049, establece como supuesto para la causación del derecho a la pensión de vejez, la acreditación de un mínimo de «semanas de cotización» que deben ser «pagadas» o «sufragadas» en los lapsos allí referidos, lo que por contera, en los términos expuestos, permite excluir los tiempos de servicios no cotizados a la entidad.
A ello se suma, que el mencionado Acuerdo fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios para la regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por el extinto ISS, en virtud de los aportes realizados a esa entidad, con una tasa de reemplazo y un ingreso base de liquidación que estaba de acuerdo con el funcionamiento mismo del régimen pensional, sin permitir ese tipo de acumulación de tiempos, lo cual fue previsto por el legislador en la Ley 71 de 1988, que es aplicable también en virtud del régimen de transición.
Al respecto, me remito a las consideraciones reiteradas en la sentencia CSJ SL5614-2019, y en los salvamentos de voto de las providencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020, en torno a la improcedencia de la referida sumatoria.
En los anteriores términos dejo sustentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Magistrado
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado Ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 88962
REFERENCIA: HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto toda vez que, aun cuando comparto la decisión de no casar la sentencia del Tribunal, para llegar a esa decisión se reiteró el criterio relativo a acumular tiempos de servicio con cotizaciones al ISS para otorgar prestaciones propias de esta última entidad, pues considero que con ella se quiebra una línea jurisprudencial sólida y consolidada, no se aviene al concepto de justicia que se deriva de los objetivos de universalización, eficiencia y progresividad que persigue el servicio público de la seguridad social, por las razones que a continuación paso a explicar.
Estimo que la posición mayoritaria incurre en un inadecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que la lleva a darle un alcance que no tuvo ni tiene el régimen de transición propiamente dicho. Obsérvese que este precepto no se dedica única y exclusivamente a las normas de tránsito entre la legislación derogada y la vigente, lo que conocemos como régimen de transición, sino que también hace alusión a los derechos adquiridos y a los cambios normativos ordinarios dentro del Sistema General de Pensiones. Veamos:
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Un primer ejercicio nos invita a revisar la estructura original del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta las reformas legales posteriores ni las declaratorias de inexequibilidad realizadas:
ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
De una lectura desprevenida aflora que la norma tiene diferentes objetivos de protección. Me permito revisarlos uno a uno:
Derechos Adquiridos
El inciso 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señala:
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.
Aunque técnicamente los derechos adquiridos no pueden ser modificados ni derogados por la ley posterior, por tanto, no deben hacer parte de los regímenes de transición, este inciso reafirma lo establecido en el artículo 11 del mismo marco normativo. A nuestro juicio, lo más importante es que reconoce que el derecho se adquiere con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez.
Régimen de transición
Los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36, indican:
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Estos incisos del artículo 36 regulan el régimen de transición entre la normatividad inmediatamente anterior y la nueva que configura el Sistema General de Pensiones. Dado que se trataba de integrar en un solo texto todos los esquemas pensionales de prestación definida vigentes con anterioridad al sistema general de pensiones, que no fueron exceptuados expresamente por el artículo 279, con el nuevo régimen de prima media con prestación definida, y la incompatibilidad que se genera por sus mecanismos financieros excluyentes (capitalización colectiva versus capitalización individual), la norma instituyó como renuncia voluntaria al régimen de transición el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad; pero, además, para reafirmar esta consecuencia, se estableció expresamente que la transición no se recupera por un posterior nuevo traslado al régimen de prima media.
Cambios futuros legislados para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en relación con la pensión ordinaria de vejez
El inciso 1º y el parágrafo del artículo 36, enseñan:
ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
El artículo 19 del Decreto 1650 de 1977 estableció como régimen financiero para las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes, el de prima media escalonada. De ahí, que cuando se optó por unificar los regímenes pensionales preexistentes, todos de prestación definida, en torno al esquema financiero del seguro adoptado por el Instituto de Seguros Sociales, se definió uno solo denominado «Régimen de prima media con prestación definida». Atrás quedaron los sistemas de reparto. Ello explica por qué el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, como regla general, dispuso que será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Para este régimen, prima media con prestación definida, se adoptaron las edades mínimas para acceder a la pensión fijadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de 1990, que eran de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, conforme se constata de la lectura del primigenio artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el parágrafo 4º ibidem dispuso que:
PARÁGRAFO 4º. A partir del primero (1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.
Como se infiere claramente, la norma trazó un cambio futuro en la edad de pensión, razón por la cual el legislador debió reafirmar esta situación en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues técnicamente se trata de un cambio normativo.
Pero, además siendo la norma consecuente con el parágrafo 1º del artículo 33 del texto normativo, que establece cuáles son los tiempos válidos para la pensión ordinaria de vejez del régimen de prima media, el parágrafo del artículo 36 replicó dichos tiempos válidos.
En otras palabras, el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regulan la edad y tiempos válidos de pensión que deben ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media con prestación definida, de que trata el artículo 33 de dicha normativa, dados los cambios que en las edades de pensión se establecieron para el año 2014.
En ningún caso estos preceptos regulan las edades ni los tiempos válidos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición pues, expresamente, el inciso 2º del multimencionado artículo consagró que la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Para no dejar dudas sobre ello, el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 813 de 1994, instituyó:
Artículo 3o. Beneficios. Las personas que cumplan algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1° de abril de 1994. (Subrayas mías)
Es palmario entonces, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene diferentes objetivos de protección que no deben ser confundidos, como me temo que lo fueron, y menos ser mezclados para obtener un resultado paternalista, pues ello trae como consecuencia que la política pública de pensiones, y el concepto de justicia que subyace a la misma, no brinde el resultado esperado en términos del objetivo social que se persigue.
El régimen de los seguros sociales obligatorios
En primer lugar, es patente que para tener derecho a las prestaciones del seguro social obligatorio debía existir afiliación expresa a dicho instituto.
Los artículos 13 a 16 del Decreto 1650 de 1977, señalan:
Artículo 13. De la afiliación del régimen. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes a las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.
Artículo 14. Del concepto de afiliación. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.
Artículo 15. De la reglamentación de la afiliación. Los reglamentos generales de los seguros sociales obligatorios señalarán la forma y oportunidad de la afiliación, las sanciones por el incumplimiento en efectuarla y, en todo caso, el derecho del trabajador para exigirla por sí mismo.
Artículo 16. De los beneficios y derecho habientes. Son beneficiarios de los seguros sociales obligatorios y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y de salud, las personas afiliadas al régimen y las que por su vinculación a un afiliado puedan recibir tal beneficio, según los reglamentos. Estas últimas reciben en este estatuto el nombre de derecho habientes.
La afiliación al Instituto de Seguros Sociales es entonces el instrumento que permite al ciudadano ser beneficiario de las prestaciones que este otorgaba.
El Decreto 3063 de 1989, que aprobó el reglamento en sus artículos 8 y 10, dice:
Artículo 8° AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.
Artículo 11. ASEGURADO. Se entiende por asegurado al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cumplido con los requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros Sociales Obligatorios.
Así las cosas, es totalmente cristalino que, desde siempre, pero en especial a la vigencia del sistema general de pensiones, se entiende por afiliado el que cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios y por asegurado el que ha cumplido con los requisitos de los respectivos reglamentos, básicamente, tratándose de invalidez, vejez y muerte, las semanas de cotización a dicho Instituto, no a otras entidades.
Pero quizás lo más importante es que, para el Instituto de Seguros Sociales, como arriba se advirtió, se adoptó la técnica financiera de la prima media escalonada, propia del seguro social, que exige que los afiliados se encuentren asegurados y cotizando (pagando las primas de seguro) al ente asegurador. Entonces, el pago de las prestaciones se supedita al cumplimiento estricto del deber de sufragar el aporte por las semanas de cotización exigidas (pago de la prima), reitero, al asegurador. Así, la estructura técnica establecida para el seguro social niega cualquier posibilidad de administrar pensiones en régimen de reparto simple, dado que no se trata de «acumulación de tiempos» sino de cancelar verdaderas primas de seguro, a través de los aportes mensuales para asegurar el pago de las prestaciones que se derivan de los riesgos, en este asunto específico, de la invalidez, la vejez y la muerte.
El contexto trazado se desprende, sin esfuerzo alguno, de la lectura desprevenida de las siguientes normas del acuerdo inmediatamente referido.
Artículo 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro. […]
Artículo 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado. […]
Por último, los incisos 6 y 7 del artículo 79 del mencionado acuerdo, rezan:
Los aportes para los distintos seguros se liquidarán por semanas completas en cada período mensual de aportación.
Para la liquidación de las prestaciones económicas, el Instituto adoptará los mecanismos necesarios a fin de establecer las semanas cotizadas en un período determinado.
Así es como, finalmente, se instituye en términos de semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones que ofrece el seguro social, pero en especial, el seguro de invalidez, vejez y muerte -IVM.
A guisa de ejemplo, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:
Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
De esta manera es claro que el régimen de los seguros sociales obligatorios se fundamenta en el pago de aportes para cubrir los riesgos asumidos por parte del asegurador. En caso alguno, la norma escindió o siquiera permitió que la actividad aseguradora se fraccionara entre varias aseguradoras para luego permitir la suma de tiempos cotizados entre ellas con el fin de cubrir el riesgo asumido, en este caso, la pensión de vejez.
En otras palabras, en el país, hasta 1988, no existía posibilidad alguna de tener en cuenta los tiempos de aportes o servicios al sector público para acceder a las prestaciones ofrecidas por el régimen de los seguros sociales obligatorios, ni de sumar las semanas cotizadas al ISS a los tiempos de servicios o aportes exigidos por las normas del sector público para acceder a las pensiones de jubilación vigentes.
La solución normativa: la pensión de jubilación por aportes
La imposibilidad legal de sumar los tiempos de cotización al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de aportes al sector público fue lo que dio origen a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.
Al respecto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47 del 29 de marzo de 1990, sostuvo:
a) Para resolver la cuestión planteada, la Corte debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aunque sea su parágrafo solo lo demandado, porque entre una y otra parte de aquel, existe una estrecha relación de dependencia.
En efecto, el citado artículo 7º establece la posibilidad de adquirir el derecho a la pensión de jubilación por los empleados oficiales, es decir, trabajadores oficiales y empleados públicos y por los trabajadores particulares, en el evento de que estos acrediten la acumulación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisariar o distrital, con los efectuados ante el Instituto de los Seguros Sociales; esto quiere decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, es posible acceder a la prestación jubilatoria, mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria, cuando la suma de aquellos equivalgan por 10 menos a veinte (20) años;
b) Sin embargo, dicha posibilidad jurídica de acumulación conforme a lo establecido en el citado artículo 7º, está condicionada, además, como presupuesto fundamental, al arribo a la edad de sesenta (60) años si el afiliado aportante es varón, y de cincuenta y cinco (55) si es mujer, puesto, que de no mediar dichos términos no es posible la acumulación que daría derecho a esta situación pensional especial;
c) De lo visto se colige que el trabajador vinculado por una relación laboral particular que no haya sufragado aporte o cotización alguna a una o varias entidades de previsión social, no queda cobijado por los efectos de la ley que establece la prerrogativa de la acumulación; en este mismo sentido se tiene que esta nueva disposición se restringe al ámbito de los trabajadores amparados mediante aporte o cotización por el régimen de seguridad social organizado en sustitución de los patronos, sean estos particulares u oficiales;
d) De otra parte, conviene advertir que esta nueva y especial regulación, de connotación evidentemente social, no modifica la aplicación de los regímenes ordinarios establecidos para regular la citada prestación jubilatoria, cuando a ella se tiene vocación dentro de cada sistema, particular u oficial, autónoma e independientemente considerados en cuyos casos, los presupuestos de edad y tiempo de servicios continúan siendo los que establecen las demás "normas de los regímenes actuales vigentes".
e) Por lo que hace al parágrafo cuestionado por la demanda, la Corte advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional que ordena en determinadas hipótesis la aplicación de las disposiciones ordinarias; las que continuaran rigiendo para las personas que al entrar en vigencia la Ley 71 de 1988 ya hayan cumplido ciertas condiciones de edad y de tiempo de aportes como son las de tener 50 años o más de edad para los varones y 45 años o más para las mujeres; y en todo caso que unos y otras tengan diez (10) o más años de afiliación en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, en todos los órdenes de la organización territorial. Si a la fecha de sanción de la ley estas personas ya habían arribado a estos límites de edad y de aportes no pueden acceder a la pensión de jubilación por la nueva vía de la acumulación, ni acogerse a ella;
f) Además, debe tenerse de presente que las normas de los regímenes actuales vigentes a las que hace relación la norma acusada son, principalmente, para el empleado oficial el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, y para los demás trabajadores, lo dispuesto por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias como el Decreto 2218 de 1966.
Nótese que la providencia en el literal d), a la vez que reconoce una nueva forma de acceder a la pensión, reafirma que las normas vigentes del sector público y privado que regulan las pensiones preexistentes mantienen su autonomía y especialidad.
De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-C-012 de 1994 da cuenta del nuevo tipo de derecho pensional creado por la Ley 71 de 1988, en los siguientes términos:
Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social oficial o al ISS.
En tal virtud, si como se afirmó antes, la norma en referencia creó un nuevo tipo de derecho pensional, no se puede hablar, como lo hace el demandante, de un derecho "causado", con base en la misma disposición; en otros términos, es inconcebible que el aparte de la norma acusada (parágrafo del artículo 7°), pueda violar el derecho que ella misma crea en el inciso 1°.
Así las cosas, es menester señalar que a la vigencia del Sistema General de Pensiones coexistían regímenes pensionales incompatibles entre sí, a decir: i) los regímenes del sector público, que otorgaban la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985, Ley 6 de 1945 y otros); ii) el régimen de los seguros sociales obligatorios y en caso de ausencia de subrogación de los riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo; y iii) el régimen de acumulación de aportes y cotizaciones establecido por la Ley 71 de 1988, único y excluyente que permite la sumatoria de los tiempos aportados tanto en el sector público como en el privado.
El régimen de transición y la protección de expectativas
La Ley 100 de 1993 pretendió la unificación de los esquemas pensionales anteriormente vigentes en torno a un sistema de pensiones, configurado por los regímenes pensionales de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad.
Al buscar la universalización del servicio, conforme a las necesidades económicas y sociales identificadas, unificó en un primer momento, para el régimen de prima media con prestación definida, las edades mínimas de pensión en 55 años para las mujeres y 60 años para el hombre, buscando armonizar en el año 2014 las edades mínimas de pensión para ambos regímenes en 57 años para la mujer y 62 años para los hombres.
De igual manera consagró el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización. Por razones de equilibrio en el sistema, este requerimiento fue dispuesto con desbalance en ambos regímenes; jamás se pretendió la equiparación del número de semanas de cotización para acceder a la pensión mínima, dadas las diferencias naturales de sus sistemas financieros.
El régimen de transición como vehículo, valga la redundancia de tránsito, entre la legislación anterior y la posterior, busca llevar a los ciudadanos en sus expectativas a la actual situación ordinaria creada por la nueva ley.
Sobre este punto, en aclaración de voto del expediente 47557, expliqué:
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Aquí y ahora reafirmamos que, un régimen de transición, sobre todo cuando la nueva ley establece requisitos de acceso a los derechos más exigentes, no crea nuevos derechos, al contrario, o mantiene la expectativa legítima que trae el ciudadano, no protege la mera expectativa, o, como en el caso del artículo 36 en relación con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en transición, va tornando poco a poco más exigente la forma de determinarla, llevando a los grupos de población a lo querido por la nueva ley.
En nuestro criterio el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no creó nuevos derechos ni buscó instaurar nuevas formas para acceder a ellos; al contrario, estimó que los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión de vejez serían los del régimen anterior. Y como arriba lo aduje, cada régimen precedente tiene su especificidad y autonomía, que hacen que la expectativa legítima de cada afiliado sea edificada conforme a la que venía construyendo; determinarlo de otra manera, sería no buscar la protección de una expectativa legítima, sino crear otras, que, como en el presente caso, no son acordes con el objetivo perseguido por la Ley 100 de 1993.
Se itera, el objetivo social que se busca con el régimen de transición propiamente dicho, y claramente delimitado, no es otro que el de protección de expectativas legítimas, conforme se venían desarrollando por el afiliado. Al aplicarse indebidamente la norma lo que se genera es regresividad en el sistema pensional. El principio de universalidad de la seguridad social requiere de requisitos de acceso uniformes para el grueso de la población, con ello se satisface a plenitud el principio de igualdad, dando contenido al concepto de justicia social. La Ley 100 de 1993 se implementó buscando este objetivo, por tanto, crear nuevas formas de acceso al derecho, contraviene gravemente el cometido estatal.
Como arriba lo asentamos el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no regulan el régimen de transición; solo la edad y tiempos válidos para pensión del régimen ordinario determinado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Utilizar estos apartes normativos para justificar sumatorias de tiempo en el régimen de transición es aplicarlos indebidamente pues su real propósito no fue regular el régimen de transición. Al contrario, pretender utilizar dichos apartes normativos de esta manera, resulta contradictorio toda vez que limita el verdadero alcance de las expectativas que protegen los incisos 2, 3, 4 y 5 del mencionado artículo 36.
Así las cosas, insistimos en que las pensiones en régimen de transición, basadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de ese mismo año, se construyen a partir de los aportes realizados, única y exclusivamente, al Instituto de Seguros Sociales, respetando la autonomía y especificidad de dicho estatuto pensional.
Es mi convicción que el concepto de justicia social no abarca situaciones en las cuales la medida resulta injusta para el agregado; lo aparentemente justo para el individuo cuando deviene en injusto para la sociedad, se manifiesta como un privilegio de unos pocos en detrimento de la colectividad. Considero que la posición mayoritaria actual, adoptada después de la expiración del régimen de transición, en lugar de generar progresividad en el sistema de derechos engendra regresividad.
Básicamente, la interpretación de la posición mayoritaria lleva a que a los funcionarios públicos que tenían la expectativa, única y legítima, de acceder a un monto de pensión del 75% de la base de liquidación, dada la transición de la Ley 71 de 1988, se les conduzca injusta e indebidamente a una expectativa, que jamás tuvieron, no propia del régimen de los seguros obligatorios, de acceder a una pensión con un monto del 90%, como se mostró, sumando indebidamente tiempos del sector público y del privado. Pero además, afiliados que no tenían una expectativa de acceder al derecho, v.g. afiliados que no reunieron 500 semanas de cotización al ISS, terminen beneficiándose de una prestación, sobre la cual no tenían ninguna expectativa, sumando indebidamente tiempos públicos y privados, pues, se itera, esta posibilidad fue creada, en criterio nuestro, por la indebida aplicación del marco legal, excediendo la teleología y con ello el alcance del régimen de transición.
Estas son las razones por las cuales salvo el voto.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
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