Dejando esta Honorable Corte Suprema fuera del ordenamiento jurídico la Sentencia (sic) recurrida en cuanto a lo que aquí se solicita, anulando la decisión del Tribunal.
Y así de esta manera constituyéndose previamente en sede de instancia esta Honorable Corte Suprema CASE TOTALMENTE la Sentencia (sic) recurrida tal y como aquí se solicita.
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado, así:
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los siguientes artículos:
[…] 33 de la ley (sic) 100 de 1993 parágrafo 1, articulo (sic) 36 de la ley (sic) 100 de 1993, ley (sic) 48 de 1993 artículo 40, Decreto 758 de 1990 artículo 12, articulo (sic)21 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 53, 58 y 216 de la Constitución Nacional.
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Señala que el sentenciador de segundo grado incurrió en los siguientes errores:
1. El Tribunal Superior de Bogotá aplicó la ley (sic) 48 de 1993 artículo 40 que regula el caso, pero le dio una interpretación restrictiva que no es la correcta.
2. El Tribunal Superior de Bogotá debió interpretar correctamente la norma que regulaba el caso ley (sic) 48 de 1993 articulo (sic) 40 y en su Conjunto (sic) complementándola con los artículos 33 de la ley (sic) 100 de 1993 parágrafo 1, y el artículo 36 de la misma ley para sumar el periodo laborado del 27 de Enero (sic) de 1958 al 31 de Julio (sic) de 1959 como soldado y las 978 semanas acreditadas ante el ISS y no lo hizo estando en la obligación de hacerlo.
3. El Tribunal Superior de Bogotá creó un requisito adicional que no está consagrado en la ley para contabilizar el tiempo de prestación del servicio militar, ser empleado activo de una entidad estatal y haber sido llamado a filas.
4. El Tribunal Superior de Bogotá no tuvo en cuenta el titulo (sic) pensional representado en el bono emitido por el empleador estando en la obligación de hacerlo para el cómputo de semanas cotizadas.
5. El Tribunal Superior de Bogotá considero (sic) que como el demandante ya había recibido la indemnización sustitutiva de la pensión, el tiempo laborado como soldado no podía ser contabilizado para reconocer la pensión de vejez, estando en la obligación de hacerlo.
Indica, en el desarrollo del cargo, que el régimen aplicable al caso bajo estudio es el consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo admitió la convocada a juicio en el escrito de contestación a la demanda.
Agrega que el error endilgado al tribunal consiste en que no tuvo en cuenta para el cómputo de las semanas exigidas en el régimen de transición, para el reconocimiento del derecho pensional, el tiempo de servicio laborado como soldado para el «empleador EJÉRCITO NACIONAL», entre el 27 de enero de 1958 y el 31 de julio de 1959, lo que equivale a 77 semanas de cotización.
Añade que dicho periodo debió ser tenido en cuenta aun después de que le fue reconocida la indemnización sustitutiva de la pensión, por cuanto fue un tiempo laborado con anterioridad al otorgamiento de la misma.
Manifiesta, con soporte en el literal a). del artículo 40 de la Ley 48 de 1998, que el tribunal interpretó erróneamente dicho precepto, toda vez que en el expediente «existe ‘título pensional’ emitido por el empleador bono pensional número 32693 emitido para personas incorporadas al sistema general de pensiones, derivado de su actividad laboral ejecutada cuando ejerció el cargo de soldado».
Expone que la norma en comento no exige, como lo hizo ver el sentenciador de segundo grado, demostrar que era empleado de una entidad estatal y haber sido llamado a filas.
Afirma que, al haber prestado el servicio militar obligatorio, tiene derecho a que dicho tiempo laborado le sea tenido en cuenta para acceder a la pensión de vejez del régimen de transición, el cual está representado en un bono pensional que garantiza la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, en aplicación de los principios de universalidad y eficiencia instituidos en la Ley 100 de 1993.
Explica que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, existieron varios regímenes en materia pensional, en especial al caso concreto el Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de ese mismo año, que exige como requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 60 años de edad y 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo o 500 semanas entre los 40 y 60 años de edad para los hombres, los cuales reunió, pues cumplió 60 años el 16 de agosto de 1998 y cuenta, además de las «978» semanas de cotización en el ISS, con 77 semanas más por el tiempo que prestó el servicio militar obligatorio.
Luego de transcribir extensos apartes de la sentencia proferida por la Corte Constitucional CC C-177-1998, adujo que la acumulación del tiempo de servicio militar obligatorio fue posible con la expedición de la Ley 100 de 1993, pues es permitido acumular tiempo de servicio público y privado cotizado al Instituto de Seguros Sociales.
Con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, indica que el tiempo laborado como soldado, a saber, 77 semanas, se debía contabilizar para el reconocimiento de la pensión de vejez con las 978 semanas cotizadas, las cuales fueron acreditadas el 18 de enero de 1999, según la Resolución 005828 de esa misma anualidad, lo que arroja un total de 1055 semanas, superando, como consecuencia, las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, requisitos que cumplió antes de que le fuera reconocida la indemnización sustitutiva, pagada en el año 2007.
Asevera que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que las entidades del sistema de seguridad social, como las autoridades judiciales deben acudir de manera «obligatoria» al principio de favorabilidad, en lo tocante a la interpretación de normas relacionadas con derechos pensionales, de forma tal que su omisión configuraría una vía de hecho que violaría los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social.
Sostiene que el Instituto de Seguros Sociales debe «consultar la cuota parte pensional en los términos previstos en las leyes (sic) 33 de 1985, 71 de 1988, 797 de 2003 y, para el caso que ocupa este recurso extraordinario de casación, la Ley 100 de 1993», en tanto que la normatividad permite la «acumulación de aportes hechos bajo uno y otro régimen» para la consolidación del capital necesario para el otorgamiento de la pensión y, por ende, exigir ante el Ministerio de Defensa Nacional la cuota parte correspondiente.
Por último, sostiene que el tribunal incurrió en un yerro jurídico «manifiesto y protuberante», pues a pesar que aplicó de manera «inadecuada» la norma que regula el caso, esto es, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, creó dos requisitos adicionales no contemplados en la norma e indica que dicha autoridad judicial
[…] debió aplicar de manera conjunta la Ley 100 de 1993 que contempla el régimen de transición y autoriza en el parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 el cómputo de tiempo de servicio prestado al Estado para ser computado como semanas cotizadas, y ello fue (…) así porque de su (sic) simple lectura de la ley se desprende esta afirmación.
Si el Tribunal hubiese aplicado correctamente la ley (sic) 48 de 1993 y el artículo 33 parágrafo 1 numeral d (sic) habría tenido en cuanta (sic) el tiempo laborado como soldado (…) y sumarlo con las 992 semanas indemnizadas.
RÉPLICA
El opositor aduce que el cargo formulado por la recurrente adolece de problemas de orden técnico, toda vez que el alcance de la impugnación es confuso e impreciso, dado que omite referirse a la actividad de la Sala como tribunal de instancia frente a la sentencia de primer grado, sin que el mismo pueda ser corregido de manera oficiosa por esta colegiatura y, en razón a ello, considera que el recurso no tiene vocación de prosperidad.
De igual manera, expone que el cargo formulado también presenta errores en su planteamiento, dado que pese a invocar la senda de puro derecho, en la demostración del mismo hace alusión a aspectos eminentemente fácticos propios de la vía indirecta, lo que es inadmisible, en la medida en que cada modalidad de ataque es independiente, autónoma y excluyente.
Sostiene que en el evento en que la Sala pasara por alto las deficiencias técnicas señaladas y estudiara el fondo del asunto, encontraría que la decisión del tribunal fue acertada, toda vez que no es posible sumar el tiempo prestado en el Ejército Nacional con el cotizado en el Instituto de Seguros Sociales para adquirir el derecho pensional, tal como lo establece la ley y la reiterada jurisprudencia de la Sala sobre el particular.
Además, señala que no se le puede dar efectos retroactivos al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, en tanto la vinculación del actor con el Ejército Nacional ocurrió entre el 27 de enero de 1958 y el 31 de julio de 1959. Como soporte de su afirmación citó apartes de la sentencia CSJ SL, 2 may. 2005, radicado 42383.
Por último, expone que en caso de considerarse la aplicación a este caso del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sostiene que el actor tampoco cuenta con los requisitos exigidos en el mismo a fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión deprecada.
CONSIDERACIONES
Si bien es cierto la demanda de casación no es un modelo a seguir, pues cuenta con algunos defectos de orden técnico, los mismos no impiden que la Sala entre a estudiar de fondo el libelo, pues de su lectura integral se comprende lo que pretende el recurrente, como es que se case totalmente la sentencia proferida por el sentenciador de segundo grado, en tanto confirmó la absolutoria del a quo y que, al actuar esta colegiatura en sede de instancia, se acceda a las pretensiones incoadas en la demanda inicial, en tanto que el ad quem incurrió en dos yerros manifiestos y trascendentes, a saber: (i) la interpretación errónea del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, lo que a su vez lo condujo a la infracción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues ello encuentra soporte en tanto el recurrente, en la sustentación del cargo, afirmó lo siguiente:
El Tribunal Superior de Bogotá debió interpretar correctamente la norma que regulaba el caso ley (sic) 48 de 1993 artículo 40 y en su conjunto complementándola con los artículos 33 de la ley (sic) 100 de 1993 parágrafo 1, y el artículo 36 de la misma para sumar el tiempo laborado el 27 de Enero (sic) de 1958 al 31 de Julio (sic) como soldado y las 978 semanas acreditadas ante el ISS y no lo hizo estando en la obligación de hacerlo.
Y (ii) que de manera equivocada consideró el tribunal que no podían contabilizar las 992 semanas sobre las cuales le fue liquidada la indemnización sustitutiva para acceder a la pensión de vejez pretendida.
Así las cosas, la Sala abordará el estudio de la acusación planteada bajo los parámetros expuestos en precedencia.
El sentenciador de segundo grado, para confirmar la sentencia del a quo, cimentó su decisión en dos pilares: el primero, que no era aplicable, al caso bajo estudio, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, en la medida en que el demandante no demostró que «era empleado activo de una entidad estatal y haber sido llamado a filas», situación que, en su criterio, hubiese conllevado a la suspensión del contrato laboral, evento en el cual, por disposición legal, sí procedería la contabilización de dicho término para efectos pensionales y, el segundo, que al haberle sido reconocida la indemnización sustitutiva por parte del Instituto de Seguros Sociales sobre el total de las 992 semanas cotizadas, según la Resolución 057195 de 28 de noviembre de 2007, no era posible contabilizar las mismas para reconocer la pensión de vejez, al haber sido todas ellas indemnizadas.
La Corte entra al estudio de las inconformidades en precedencia planteadas, así:
Interpretación errónea del artículo 40 de la Ley 43 de 1993 y la infracción indirecta de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 del Decreto 758 de 1990.
La inconformidad del censor radica en que el tribunal interpretó erróneamente el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, al exigirle unos supuestos de hecho que, en su criterio, no están contenidos en la citada norma, a saber, «demostrar que era empleado activo de una entidad estatal y haber sido llamado a filas» y que, en razón a ello, su contrato laboral fue suspendido.
Previo a hacer un pronunciamiento de fondo y de conformidad con la vía directa escogida por el recurrente, parte la Sala de los siguientes supuestos fácticos que están demostrados y no fueron objeto de controversia por las partes dentro de la actuación: (i) que José Vianey Bautista nació el 16 de agosto de 1938, por lo que es beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues contaba con más de 40 años de edad al 1 de abril de 1994; (ii) que mediante Resolución 005828 de 29 de marzo de 1999, se acreditó que el actor contaba, en un primer término, con 978 semanas cotizadas; (iii) así mismo, por Resolución 057195 de 28 de noviembre de 2007, se demostró que el demandante acumulaba un total de 992 semanas de cotizaciones al ISS, correspondientes al tiempo laborado en el sector privado, sobre las cuales se liquidó la indemnización sustitutiva; (iv) que prestó el servicio militar obligatorio entre el 27 de enero de 1958 y el 31 de julio de 1959, lo que equivale a 78 septenarios, y (v) que computando el tiempo de servicio prestado en el sector público y las semanas cotizadas al ISS, arroja un total de 1070 semanas.
Así, entonces, estima la Sala necesario transcribir lo dispuesto en el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, en lo pertinente:
ARTÍCULO 40. AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:
En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley.
Respecto de la hermenéutica de la norma mencionada esta colegiatura ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en distintas oportunidades, en el sentido de indicar que el tiempo de servicio militar obligatorio en materia pensional puede ser tenido en cuenta, siempre y cuando se configuren dos requisitos: el primero, que la pensión esté a cargo del Estado y, el segundo, que la prestación se cause en vigencia del citado precepto normativo. Es así como, en la sentencia CSJ SL14926-2014, que a su vez reiteró la decisión CSJ SL16079-2015, se adoctrinó lo siguiente:
En torno al tiempo de servicio militar obligatorio en materia pensional, lo que tiene dicho la Sala es que puede ser computado siempre y cuando la pensión esté a cargo del Estado y se cause en vigencia del artículo 40 de la Ley 48 de 1993. Así se ha dicho, entre otras, en las sentencias del 21 de marzo de 2012, radicación 42489, 2 de mayo de 2012, radicación 42383 y más recientemente el 30 de abril de 2014, en la sentencia SL 5661 – 2014, radicación 48270.
Teniendo en cuenta lo anterior, por el factor temporal, al haber cumplido el señor MONTOYA HERRERA los dos requisitos en vigencia de la Ley 48 de 1993, le resultaba aplicable el artículo 40 de la citada ley, pues el actor configuró su derecho a la pensión de vejez el 05 de noviembre de 2004, cuando ya la citada ley había entrado en vigor, con lo cual se puede concluir, en este primer aspecto, que no hubo una aplicación retroactiva de esta disposición.
El anterior criterio ha sido reiterado en varias oportunidades por esta Sala de la Corte, baste citar la sentencia del 2 de mayo de 2012 Rad. 42383, cuando al efecto dijo:
Ahora bien, al ser lo pretendido por el actor, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a la luz del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, para que se considere como un hecho consolidado se requiere la configuración de dos hechos, un tiempo de servicio de 20 años como servidor público, y haber llegado a la edad de 55 años, de forma tal, que hasta tanto no se reúnan aquellos el derecho está en plena formación.
“Así las cosas, al haber cumplido el actor con el segundo de ellos, en vigencia de la Ley 48 de 1993, y al cumplir la edad exigida el 19 de octubre de 2006, no considera esta Sala que se presente una indebida aplicación de dicha ley, pues ese hecho se configuró durante su vigencia, de forma tal, que al aplicarse dicha disposición, se debe tener en cuenta el tiempo que se desempeñó como soldado regular, al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, para el computo del tiempo de servicios como servidor público, bajo los criterios contenidos en la Ley 33 de 1985.
En cuanto al segundo aspecto, esto es, que la pensión esté a cargo del Estado, el hecho de que en el presente caso dicha prestación la asuma el ISS, como última entidad de previsión a la que se efectuaron los aportes, conforme al artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, no desvirtúa que el tiempo prestado por el actor como servicio militar obligatorio esté a cargo directo de la Nación, pues el artículo 11 ibidem, establece que:
ARTICULO 11. CUOTAS PARTES. todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas parte a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación.
De lo expuesto, contrario a la conclusión del tribunal, considera la Corte que es aplicable a este caso el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, dado que, en su vigencia, el señor José Vianey Bautista contaba con 60 años de edad para el 16 de agosto de 1998 y reunía 992 semanas de cotización el 18 de enero de 1999, fecha en que solicitó el reconocimiento pensional, según Resolución 005828 de esa anualidad, además de las semanas derivadas del tiempo que se desempeñó como soldado al servicio de la Nación Ministerio de Defensa Nacional entre el 27 de enero de 1958 y el 31 de julio de 1959, tiempo equivalente a 78 semanas, que se encuentra a cargo del Estado para efectos pensionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, las que deben ser efectivamente contabilizadas para el derecho pensional deprecado, lo que arroja un gran total de 1070 septenarios.
Advertido lo anterior, acorde con el precedente jurisprudencial citado, debe indicar esta colegiatura que el sentenciador de segundo grado incurrió en el yerro endilgado por la censura, toda vez que realizó una interpretación restrictiva del literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, toda vez que negó su aplicación a este caso, al considerar que el demandante no demostró, en su criterio, los presupuestos exigidos en dicha norma, a saber, que «era empleado activo de una entidad estatal» y que había «sido llamado a filas» y que, en razón a ello, su contrato laboral había sido suspendido, exigencias que en manera alguna emergen de la citada norma y, por lo mismo, son producto de una equivocada interpretación normativa.
Por otra parte, cuestiona el recurrente que el tribunal incurrió en infracción directa de los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990 y 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para efectos pensionales no tuvo en cuenta que contabilizadas las «978» semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales junto con las 78 semanas originadas del servicio militar que prestó, supera las 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo exigidas en la ley para adquirir el derecho a la pensión de vejez.
Al respecto, la Sala debe recordar que el tema planteado por el recurrente ha sido abordado en reciente oportunidad, en la que se abandonó el criterio que en otrora era imperante, en la que se estableció que de acuerdo a los mandatos constitucionales y a la defensa del derecho a la seguridad social, como garantía fundamental de los ciudadanos y, en armonía a diferentes instrumentos internacionales, era procedente para las pensiones de vejez reguladas por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas, tal lo expresado, en sentencia CSJ SL1981-2020 así:
No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.
Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador.
Este tipo de regímenes se prevé en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicación sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas legítimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de transición lo que garantiza la aplicación ultraactiva de la disposición anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador.
Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.
De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.
En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.
Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.
Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano.
La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.
En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.
En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.
Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens.
Por último, la Sala considera oportuno referirse al razonamiento del Tribunal, según el cual la sumatoria de tiempos referida crea un trato privilegiado o desigual entre quienes (i) se pensionaron en plena vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y (ii) aquellos que pueden lograrlo en virtud de ser beneficiarios del régimen de transición bajo la acumulación de tiempos públicos y privados con y sin cotización.
Al respecto, es preciso señalar que tal argumento no configura un criterio válido de comparación (patrón de igualdad o tertium comparationis), dado que las personas que se pretenden asimilar no están en la misma situación fáctica. Nótese que el primer grupo aludido obtuvo la protección del entonces vigente sistema de pensiones, mientras que los segundos pretenden acceder a un derecho pensional bajo un nuevo marco legal y constitucional.
En todo caso, es importante destacar que la Ley 100 de 1993 pretendió superar las deficiencias del anterior sistema pensional caracterizado por la baja cobertura, la fragmentación o multiplicidad de regímenes y la inequidad, para así garantizar progresivamente la cobertura de todas las contingencias que afectan las condiciones de vida de todos los habitantes del territorio nacional. En estos objetivos transitan los principios de integralidad y universalidad -preámbulo, artículos 1 a 3 de la Ley 100 de 1993, y 48 de la Constitución Política-, que son fiel desarrollo de instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y procuran la garantía progresiva de la seguridad social, como los preceptos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (C-504-2007) o el 9.º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin duda alguna, con la Ley 100 de 1993 estos mandatos fueron maximizados al permitir que más personas pudieran acceder a una pensión de vejez en condiciones de igualdad y bajo la premisa de que debían computarse las semanas cotizadas al ISS con anterioridad a la vigencia del nuevo sistema o, a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, así como los tiempos de trabajo sin aportes.
En efecto, el propósito de unicidad normativa y sistémica de la ley en comento fue ponerle fin a la injusticia de no conceder pensiones a personas que cumplían el mismo tiempo de trabajo, pero cuyo valor y eficacia frente a la generación de la protección del riesgo difería de acuerdo al segmento en el que se prestaba. Nótese que si la persona laboraba durante 500 semanas en los 20 años anteriores a la misma edad mínima pensional fijada para los hombres en la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990, solo accedía al beneficio si las cotizaba en su integridad al ISS, restricción que fue eliminada.
No se trató entonces de un privilegio otorgado por el legislador a los beneficiarios del régimen de transición, sino de darle contenido y valor al hecho de trabajar (CSJ SL14215-2017).
Por otra parte, el legislador de 1993 no concibió la aplicación retroactiva del régimen de transición en los mismos términos en que fue expedida la norma que previamente regulaba la situación pensional concreta, sino que procuró que sus efectos jurídicos rigieran en mayores y mejores condiciones de igualdad en el nuevo marco legal y constitucional.
Por tanto, si la seguridad social se pensara bajo la óptica objeto de reflexión, no podrían existir avances legislativos dirigidos a conseguir una mayor cobertura en materia de pensiones, porque entonces se configurarían tratos desiguales frente a quienes sí pudieron tener protección del sistema en un estado de cosas que, para otros, no les significaba la misma salvaguarda, lo que sería un sinsentido.
En aplicación del anterior precedente jurisprudencial, le asiste razón al recurrente en su planteamiento, por lo que su pretensión tiene vocación de prosperidad.
EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO IMPIDE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.
Al respecto, esta colegiatura, entre otras sentencias, en providencia CSJ SL, 31 ene. 2012, radicado 36637, enseñó que el reconocimiento de la indemnización sustitutiva no tiene incidencia frente al reconocimiento del derecho principal como lo es la pensión de vejez, siempre y cuando este último se haya causado antes del reconocimiento de la referida indemnización. Así se pronunció la Sala en dicha oportunidad:
No sobra destacar que el hecho de que el Instituto demandado le hubiera reconocido y pagado equivocadamente a la demandante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no tiene incidencia alguna en frente de la constitución del derecho pensional con anterioridad a ese momento, dado que la pérdida de eficacia de las cotizaciones por vía del reconocimiento de esta clase de prerrogativas se produce siempre y cuando no se tenga el de la pensión, que es un derecho principal, pues, aparte de que éste ipso facto al cumplimiento de sus exigencias tendrá la connotación de derecho adquirido, lo cierto es que el error del administrador del sistema de riesgos no puede ser fuente de derecho alguno a su favor como para sustraerse al reconocimiento de la prestación y, obviamente, en modo alguno en desmedro del derecho pensional del cotizante o trabajador.
Así las cosas, con fundamento en el citado precedente jurisprudencial, debe indicar la Corte que aunque el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la indemnización sustitutiva al demandante, según Resolución 057195 de 28 de noviembre de 2007, la cual se liquidó, se reitera, sobre 992 semanas de cotización, ello no conlleva a la pérdida del derecho a la pensión de vejez reclamada, en la medida en que para dicha data el actor había causado el periodo comprendido entre el 27 de enero de 1958 y el 31 de julio de 1959, tiempo equivalente a 78 semanas que deben ser efectivamente contabilizadas al momento de definir el derecho deprecado a la luz del régimen de transición del cual es beneficiario el demandante. Es por ello, que en caso que el demandante cumpla los presupuestos para acceder al derecho pensional, el pago de la indemnización recibida no tiene la virtualidad de desnaturalizar la prestación solicitada.
Por las razones anteriormente expuestas, resulta evidente que el tribunal incurrió en los errores endilgados y, por ello, se casará la sentencia reprochada.
Previo a resolver lo que en instancia corresponda, para mejor proveer, se dispondrá que por la Secretaría de la Sala se oficie a COLPENSIONES, para que, en el término de 8 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, remita a esta Corporación la historia laboral del demandante, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 4.871.536. Una vez se reciba por la Secretaría la historia laboral del demandante, corra traslado de la misma a las partes por el término de tres (3) días acorde con el artículo 110 del CGP en armonía con el artículo 145 del CPTSS.
Cumplido lo anterior, vuelva el proceso al Despacho, para proferir la sentencia de instancia que en derecho corresponda.
Sin costas en el recurso dada la prosperidad del cargo propuesto.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el día treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011) en el proceso que instauró JOSÉ VIANEY BAUTISTA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.
Para mejor proveer, se dispone que por la Secretaría de la Sala se oficie a COLPENSIONES, entidad que sustituyó para todo efecto de prima media al Instituto de Seguros Sociales, para que, en el término de 8 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, remita a esta Corporación la historia laboral del demandante, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 4.871.536. Una vez se reciba por la Secretaría la historia laboral del demandante, corra traslado de la misma a las partes por el término de tres (3) días acorde con el artículo 110 del CGP en armonía con el artículo 145 del CPTSS.
Cumplido lo anterior, vuelva el proceso al Despacho, para proferir la sentencia de instancia que en derecho corresponda.
Costas, como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN