Ficha de la providencia
Sentencia SL4047-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4047-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4047-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
5 de octubre de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4047-2022
Radicación n.° 92713
Acta 34
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintidós (2022)
La Sala decide la revisión presentada por la apoderada de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP- contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que modificó el fallo dictado el 30 de agosto de 2016 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de la misma ciudad, al interior del proceso ordinario que CARLOS JULIO ROA CASTAÑO promovió en su contra y de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL FOPEP, al que se vinculó a LA NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO- y FIDUCOLDEX.
AUTO
Téngase al doctor Mauricio Agustín Movilla Castillo, identificado con C.C. 8.714.228 y portador de la T.P. 57.397 del C.S. de la J., como apoderado de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.
I. ANTECEDENTES
Aseveró que: Roa Castaño nació el 26 de agosto de 1947 y cotizó un total de 5543 días; a través de oficio de 9 de enero de 2008, el IFI – Concesión Salinas- negó la indemnización sustitutiva pedida por aquél; luego, por Resolución n.° 006821 de 8 de abril de 2009, el Instituto de Seguros Sociales no accedió a la «pensión de jubilación y vejez» porque no acreditó «el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 del 5 de marzo de 2003»; lpor acto administrativo n.° 5891 de 24 de diciembre de 2012, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia no otorgó la pensión de jubilación convencional, «habida cuenta que no cumplió con la edad requerida con anterioridad al 31 de julio de 2010».
Precisó que, ante la negativa de la indemnización sustitutiva, el trabajador promovió proceso laboral contra Colpensiones y el Fondo de Pensiones Públicas a Nivel Nacional FOPEP; que, en primera instancia, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, en sentencia de 30 de agosto de 2016, resolvió:
1°) CONDENAR a la demandada Colpensiones al pago de la indemnización sustitutiva por las 748 semanas efectivamente laboradas y que no fueron tenidas en cuenta por el fondo al momento de realizar la liquidación de la indemnización sustitutiva, la cual asciende al valor de $32.754.576 tomándose como base semanal la cifra de $437.979 multiplicado por 748 (número de semana) por el 10% nos da la cifra antes anotada.
2°) ABSOLVER a la demandada Nación Ministerio de Comercio Industria y Turismo y a la UGPP de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
3°) CONDENAR en costas al ente demandado estableciéndose como agencias en derecho el equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4°) DECLARAR no próspera la excepción de prescripción.
5°) REMITIR el expediente para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.
Que, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por fallo de 27 de julio de 2018, determinó:
PRIMERO-. Modificar los numerales 1ro y 2do de la sentencia consultada de fecha 30 de agosto de 2016 proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, en el sentido de CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP a pagar al demandante CARLOS JULIO ROA la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, sobre los aportes correspondientes al tiempo de servicio laborado al IFI CONCESIÓN SALINAS, que van desde 16 de enero de 1975 al 30 de Julio de -1989 y que no fueron cotizados a ninguna caja o fondo del sistema de seguridad social, por valor de $4.552.056,86, el cual deberá actualizarse con base en el IPC certificado por el DANE a la fecha de su pago efectivo.
SEGUNDO. –CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.
TERCERO. - Sin costas por tratarse de un grado jurisdiccional de procedencia automática (...).
Precisó que, en virtud de ello, por auto de 19 de julio de 2019, el a quo libró mandamiento de pago y, el 19 de noviembre siguiente, ordenó seguir adelante con la ejecución.
Que, por oficio ADP 00675 de 28 de enero de 2019, esa entidad advirtió «la irregularidad del fallo», por cuanto:
En virtud de la referida condena a la UGPP es preciso establecer que esta entidad a la fecha no se ha hecho cargo o no ha recibido lo referente a la Concesión de Salinas motivo por el cual no es viable darle cumplimiento al referido fallo razón por la cual se remitirá a la Subdirección Jurídica de la entidad para que analice y desarrolle las acciones pertinentes a que haya lugar. De igual forma se remitirá por competencia al Ministerio de Comercio que es la entidad que actualmente se hace cargo de dicha concesión.
Resaltó que no tenía competencia para efectuar los pagos ordenados por las autoridades judiciales «por concepto de derechos pensionales de IFI-CONCESIÓN SALINAS, habida cuenta que a la fecha dicho fondo no ha sido recibido por aquella»; de ahí que, a su juicio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la encargada de cancelar la obligación impuesta y a favor de Carlos Julio Roa Castaño; por ende, enfatizó que «el reproche del fallo objeto de revisión no se enmarca en el derecho pensional del señor CARLOS JULIO ROA CASTAÑO, sino en la condena en contra de mi representada, pues al no existir a la fecha competencia para pagar los derechos pensionales de los trabajadores IFI-CONCESIÓN DE SALINAS, le es imposible a mi representada dar cumplimiento al fallo objeto de revisión».
Por lo expuesto, indicó que se configuraban las causales a) y b) previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues la determinación cuestionada «se obtuvo con violación al debido proceso al no condenar al MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO al pago de la indemnización sustitutiva»; asimismo, porque la condena en su contra constituía un detrimento al erario con grave afectación del interés general.
Y, solicitó:
Revocar de manera parcial la sentencia proferida el 27 de julio de 2018, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Tercera de Decisión Laboral, que modificó el fallo proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla de 30 de agosto de 2016, en el trámite del proceso ordinario laboral con radicado No.08001-31-05-012-2014-00313-00, promovido por el señor CARLOS JULIO ROA CASTAÑO, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP y OTROS, decisión que quedó ejecutoriada el 1 de agosto de 2018.
Declarar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP debe ser absuelta de pagar la indemnización sustitutiva a favor del señor CARLOS JULIO ROA CASTAÑO, sobre los aportes correspondientes al servicio laborado al IFI-CONCESIÓN SALINAS, al no tener competencia para ello.
Declarar que el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, debe ser condenada a pagar la indemnización sustitutiva a favor del señor CARLOS JULIO ROA CASTAÑO, sobre los aportes correspondientes al servicio laborado al IFI-CONCESIÓN SALINAS, al ser dicha entidad la competente del pago por concepto del reconocimiento de pensiones de los trabajadores afiliados a dicha Caja.
Ordenar al MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO a devolver a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP, las sumas pagadas por concepto indemnización sustitutiva a favor del señor CARLOS JULIO ROA CASTAÑO, en cumplimiento del fallo objeto de revisión, sumas debidamente indexadas al momento del pago.
Que se ordene el reintegro o compensación de las sumas que eventualmente se lleguen a pagar, en virtud de la condena por la indemnización sustitutiva a favor del señor CARLOS JULIO ROA CASTAÑO, sobre los aportes correspondientes al servicio laborado al IFI-CONCESIÓN SALINAS.
La revisión se presentó el 8 de febrero de 2022, fue admitida por esta Sala de la Corte, mediante providencia del 27 de abril de 2022, cuya notificación se surtió a Carlos Julio Roa Castaño mediante oficio 27434 del 19 de mayo de la misma anualidad, en los términos del artículo 8° del Decreto 806 de 2020, que no fue contestada en el término legal.
La Nación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue debidamente notificada mediante oficio nro. 27433 del 19 de mayo de 2022 y no presentó respuesta.
Posteriormente, por auto del 3 de agosto de 2022, se ordenó la notificación a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, entidad que respondió a través de apoderado judicial, en la que admitió varios de los hechos y no se opuso a la imposición de las condenas contra el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. En su favor propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Surtido el trámite de rigor, procede la Sala a emitir la respectiva sentencia que en derecho corresponda, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; este aspecto ha sido insistentemente advertido por esta Corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SL2148-2017, en la cual se estableció:
La Sala ha insistido, no obstante, en la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y, por dicha vía, ha establecido que por ese conducto no es dable volver a discutir indefinidamente los extremos de un proceso resuelto a través de una decisión ejecutoriada, o suplir los medios de impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento, sino que su finalidad concreta es la de evitar la expoliación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas dentro de un marco serio y responsable.
Por lo mismo, la Corte ha dicho que,
[…] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales… (CSJ SL, 15 abr. 2005, rad. 25761, reiterada en CSJ SL, 21 en. 2006, rad. 28263; CSJ SL, 22 abr. 2008, rad. 30517; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 31802; y CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157, entre otras).
También ha sostenido la Corte que es al juez del trabajo al que le compete ponderar razonablemente la gravedad de los vicios, omisiones o extralimitaciones contenidas en las sentencias, transacciones o conciliaciones cuestionadas, así como su apego a las causales establecidas legalmente para la revisión. En tal medida, ha señalado que:
Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez.
Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre.
Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta.
Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 48410, reiterada en CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157 y CSJ SL7107-2015).
Conforme a la línea expuesta, uno de los propósitos del legislador para establecer la revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como mecanismo excepcional, fue cubrir omisiones en la defensa judicial para evitar perjuicios sobre el erario de allí que, como se señaló, constituya una excepción al principio de cosa juzgada, todo a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y, a la vez proteger el bien común (CSJ SL2599-2021); por ello para su procedencia no requiere de la existencia de una sentencia penal (CSJ SL12910-2017).
La entidad accionante en revisión, se duele de la condena impuesta a su cargo con fundamento en que carece de legitimidad por pasiva para proceder en tal sentido dado que, la llamada a cubrir las obligaciones pensionales que recaían en el extinto IFI Concesión de Salinas, es La Nación- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- en los términos del artículo 16 del Decreto 2590 de 2003, modificado por el 1.° del Decreto 2510 de 2009.
Previamente a abordar el estudio del cuestionamiento de la recurrente, se hace necesario como primera medida determinar si es procedente en este caso la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que como se desarrollará más adelante, está prevista para los eventos en los cuales se imponga en providencias judiciales el reconocimiento de sumas periódicas de dinero o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública; lo anterior, por cuanto en la sentencia confutada se impuso condena a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, lo que hace imperativo determinar si esta prestación económica subsidiaria a cargo del sistema puede considerarse de naturaleza periódica, siendo evidente que no es una pensión.
Procedencia de la revisión sobre la condena de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Respecto a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y, si la misma constituye o no una suma periódica, a fin de determinar si es procedente en este caso la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se impone como primera medida remitirse al contenido de la disposición que es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. (Subrayas y cursiva de la Sala)
De la norma se evidencia que, además de las pensiones, esta vía extraordinaria procede sobre todo tipo de sumas periódicas que se impongan con cargo el tesoro público o a fondos de naturaleza pública, lo que nos invita a revisar la institución jurídica de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que se encuentra prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, así:
ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.
En ese sendero, el artículo 1° del Decreto 1730 de 2001, señala que dicha prestación se causa cuando se presente una de las siguientes situaciones:
a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993;
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;
d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994.
El precepto 2 de la misma norma estatuye que el reconocimiento de dicha prestación corresponde a la administradora del régimen de prima media con prestación definida a la que haya estado afiliado el trabajador o, en caso de haber sido liquidada, a la que la haya sustituido y ordena tener en cuenta todas las semanas cotizadas incluyendo las anteriores a la Ley 100 de 1993.
La Corte ha sentado frente a la mencionada prestación y apoyándose en los argumentos expuestos en la sentencia CSJ SL5659-2021, que: i) su naturaleza es sucedánea del derecho a la pensión de vejez; ii) se causa en el evento en que el afiliado no haya cotizado el mínimo de semanas exigidas y declare su imposibilidad de continuar cotizando; iii) exige llegar a la edad de reconocimiento de la pensión, y iv) su monto está previsto en la ley y equivale a un salario base de liquidación promedio salarial multiplicado por el número de semanas sufragadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes que hayan sido cotizados en nombre del afiliado. En la providencia se explicó:
El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 dispone que las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas sufragadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los que haya cotizado el afiliado.
Debe recordarse que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es sucedánea del derecho a la pensión de vejez, es decir, que al no cumplir con los requisitos para acceder al reconocimiento de esta última, esto es, haber llegado a la edad prevista para acceder a dicha prestación, no contar con el número mínimo de semanas para tal efecto y manifestar la imposibilidad de seguir cotizando, se causa la primera. Vale la pena reiterar que el afiliado se encuentra en libertad de seguir cotizando hasta cumplir las exigencias legales, pero si opta por la indemnización procede su otorgamiento en el entendido que no cuenta con la expectativa de llegar a reunir las condiciones previstas en la ley para obtener la prestación principal (CSJ SL1419-2018).
En ese orden de ideas, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, reglamentada por el Decreto 1730 de 2001, es una prestación económica a cargo del sistema general de pensiones, propia del régimen de prima media con prestación definida, que se cuantifica a partir del número de semanas cotizadas, el salario base de liquidación y las cotizaciones, que corresponde a un pago único que reemplaza o sustituye, como lo indica su nombre, el derecho principal que es precisamente la pensión de vejez.
Conviene mencionar que una prestación es periódica cuando se causa o se hace exigible con frecuencia a intervalos determinados, como acontece con el pago de las mesadas pensionales, los salarios, las primas, el auxilio de cesantía, entre otros, cuya cancelación subsiste mientras se ostente la calidad de pensionado o trabajador. Por el contrario, una indemnización es una compensación al afectado ocasionada por una privación o un daño que genera un perjuicio y, en el sistema pensional, encontró el legislador que el no acceso a la pensión, es decir, que la persona no tendrá derecho a la prestación periódica requería una forma de resarcimiento lo que se da a través de un pago único, « porque ese ingreso le permite a las personas que se encuentran en riesgo, ante la falta de una pensión, [...]» (CSJ 4559-2019) contar con unos recursos que permitan mitigar las consecuencias económicas que surgen de la vejez y el retiro laboral, lo que se materializa en la llamada indemnización sustitutiva, que reemplaza la prestación a la que no se logra acceder generalmente por no reunir los requisitos previstos en la ley, es por ello que esta se paga, por una sola vez, a quienes no se les reconoce el derecho a la pensión de vejez, a la de invalidez o a la de sobrevivientes.
Al revisar la exposición de motivos de la que posteriormente se sancionó como Ley 797 de 2003, se encuentra que el objeto de la revisión del artículo 20 (cuya numeración se mantuvo), era evitar el pago de pensiones reconocidas de manera irregular que generan un detrimento en el tesoro público, entendiéndose como tal a su causación periódica e indefinida, al menos hasta la extinción por fallecimiento de su titular o de sus beneficiarios.
En tal orden, al no ser la indemnización sustitutiva una prestación periódica, no cabe desconocer lo que de manera expresa previó el legislador, previsión legal consignada en el artículo 27 del CC, que a sus elocuentes voces impide desatender el tenor literal de un precepto legal, so pretexto de consultar su espíritu. Y es que, si el querer de este hubiese sido incluir el pago de cualquier prestación aun cuando no se tratara de una prestación periódica o una pensión, así lo hubiera dicho, pues al efecto resulta pertinente traer a colación, el vetusto aforismo «donde el legislador no distingue no le es dable al intérprete distinguir», máxime cuando este mecanismo constituye una excepción al principio de cosa juzgada, cuya extensión debe estar expresamente prevista en la ley y no admite interpretación de cualquier otra naturaleza.
Lo expuesto resulta suficiente para negar las pretensiones planteadas por la entidad recurrente, en el entendido que la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no es aplicable en el evento en que la condena impuesta a cargo del erario corresponda a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, inclusive la de invalidez o sobrevivientes al no ser dicha prestación de carácter periódico.
Nótese, finalmente, que el objeto de la revisión no es precisamente evitar el pago con cargo al erario de la indemnización sustitutiva, sino establecer a cuál de las dos entidades públicas, UGPP o La Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-, le compete su resarcimiento, lo que en últimas no tiene como propósito la protección de dineros públicos sino modificar el responsable de sufragarla.
Como consecuencia de lo anterior se declarará infundada la revisión.
Se condenará a la accionante a pagar las costas a favor del accionado. Como agencias en derecho se fijará la suma de $9.400.000, que se incluirán en la liquidación a practicar conforme lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que modificó el fallo dictado el 30 de agosto de 2016 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de la misma ciudad, al interior del proceso ordinario que promovió CARLOS JULIO ROA CASTAÑO en su contra y de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL FOPEP, LA NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO- y FIDUCOLDEX por lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar dentro del presente trámite al doctor Mauricio Agustín Movilla Castillo C.C. No. 8.714.228 de Barranquilla y T.P. 57.397 del C.S. de la J, en nombre y representación de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
TERCERO: Condenar a la accionante a pagar las costas, las que deberán ser liquidadas conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
CUARTO: Por Secretaría archívese el expediente, una vez ejecutoriada la presente providencia.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala (E)
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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