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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5659-2021

Fecha
20 de octubre de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5659-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 7 de junio de 2019 por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió GUILLERMINA CÁRDENAS JIMÉNEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Costas como se dijo arriba.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5659-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

20 de octubre de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5659-2021

Radicación n.° 88177

Acta 40

Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por GUILLERMINA CÁRDENAS JIMÉNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 7 de junio de 2019, en el proceso que promueve contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES

Guillermina Cárdenas Jiménez demandó a Colpensiones para que se le reconozca de forma definitiva la pensión de vejez conforme a lo señalado en el régimen de transición y, como consecuencia, se le condene al pago de las mesadas en forma retroactiva desde que adquirió el estatus pensional en el año 2011 hasta la fecha; los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, las costas del proceso y lo que se encuentra probado atendiendo las facultades ultra y extra petita.

Indicó que nació el 14 de septiembre de 1935, cuenta con 82 años de edad; elevó una primera solicitud de pensión de vejez y como se le informó que no tenía derecho se le otorgó una indemnización sustitutiva en la suma de $833.521; que por sus propios medios consiguió que sus empleadores pagaran los periodos que habían dejado de sufragar y solicitó que se iniciara el cobro coactivo por parte del ISS entre enero y abril de 2011; mediante oficio del 11 de enero de 2012, la administradora le informó que algunos de sus empleadores no presentaban afiliación ni pagos pero que se encontraban tramitando el cobro a su empleador moroso Guillermo Triana Sáchica; que debido a tales gestiones se acreditan 1027,57 semanas en su historia laboral, de ellas 778,58 lo fueron antes del 25 de julio de 2005[sic], por lo que es beneficiaria del régimen de transición.

Con base en lo anterior, radicó una nueva solicitud pensional que le fue negada por Resolución GNR 54026 del 18 de febrero de 2017, que se confirmó por Acto Administrativo SUB 47622 del 27 de abril del mismo año, con fundamento en que recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que insistió en la solicitud en el mes de mayo siguiente que también se le negó. Adujo que acudió a una acción de tutela ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá que amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de vejez, decisión que se modificó en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de la misma ciudad para conceder la protección transitoriamente mientras se tramitaba el proceso ordinario laboral; en cumplimiento a lo anterior la demandada emitió la Resolución SUB 85658 del 1 de junio de 2017 en la que otorgó la prestación; que han transcurrido más de cuatro meses desde que elevó la solicitud sin que se le hubiera pagado el retroactivo e intereses moratorios.

La Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que no se pueden incluir las semanas que se tuvieron en cuenta para la liquidación de la indemnización sustitutiva para el reconocimiento de la pensión de vejez por ser incompatibles; admitió los hechos relativos a la edad de la causante del precitado reconocimiento, los actos proferidos en sede administrativa y las decisiones adoptadas en la acción de tutela.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho, cobro de lo no debido, buena fe de Colpensiones, presunción de legalidad de los actos administrativos, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria, ni indexación o reajuste alguno, carencia de causa para demandar, prescripción, compensación, improcedencia de condena en costas y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 15 de mayo de 2019, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR que la señora GUILLERMINA CÁRDENAS JIMÉNEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 41.396.915 es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de que trata el artículo 12 de[sic] la señora […] GUILLERMINA C[Á]RDENAS JIM[É]NEZ identificada con C.C. 41.396915[sic] a partir del 01 de abril de 2011, en cuantía inicial de $535.600.oo, por 14 mensualidades al año, más los incrementos de ley, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES al pago del retroactivo pensional a favor de la señora GUILLERMINA C[Á]RDENAS JIM[É]NEZ identificada con C.C. 41.396.915 liquidado entre el 3 de febrero de 2014 y el 9 de junio de 2017, el cual asciende a la suma de $31.845.289,oo de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.

CUARTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a que descuente de la anterior suma reconocida a título de retroactivo, el valor que por concepto de indemnización sustitutiva pagó a la señora GUILLERMINA C[Á]RDENAS JIM[É]NEZ mediante resolución 006591 de 1998.

QUINTO: DECLARAR que a la demandante GUILLERMINA C[Á]RDENAS JIM[É]NEZ le asiste el derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata que[sic] el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el 3 de febrero de 2014 hasta la fecha en que se verifique el pago del retroactivo, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEXTO: AUTORIZAR a la entidad pagadora a realizar los descuentos de ley a salud, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SÉPTIMO: DECLARAR PROBADA de manera parcial la excepción de prescripción respecto de todas y cada una de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de febrero de 2014 y no probadas las demás, conforme la parte considerativa de la presente providencia.

OCTAVO: CONDENAR a la demandada al pago de las costas del proceso. Liquídense por secretaría incluyendo la suma de $1.200.000,oo como valor en que se estiman las agencias en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada y el grado jurisdiccional de consulta, mediante fallo del 7 de junio de 2019, revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, la absolvió de todas las pretensiones de la demanda e impuso costas a la actora.

Para el efecto, en lo que interesa al recurso extraordinario, indicó que le correspondía definir en primer lugar si la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en tal sentido dijo que a la entrada en vigencia de la anotada legislación la actora contaba con 58 años de edad, «por lo que en principio sería beneficiaria del régimen de transición por lo menos hasta el 31 de julio de 2010, y eventualmente hasta el 2014, debiendo proceder entonces a la verificación del régimen que le sería aplicable a efecto de establecer los requisitos y la acreditación de los mismos en el plenario».

Expuso que durante la vida laboral la accionante cotizó al régimen de prima media con prestación definida desde el 1 de enero de 1974, según se consigna en el reporte de semanas aportado a folios 127 a 130, por lo que el régimen aplicable sería el Acuerdo 049 de 1990, cuyos requisitos se establecen en el artículo 12. Luego verificó que la promotora del juicio alcanzó los 55 años de edad el 14 de septiembre de 1990 y, en cuanto a las semanas, indicó que se acreditan un total de 1027,57, de las cuales 283,71 fueron cotizadas en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad. Luego de lo anterior dijo que era necesario estudiar la incompatibilidad entre los aportes que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la indemnización sustitutiva y los realizados con posterioridad a dicho reconocimiento, con respecto a lo cual indicó:

En ese orden de ideas tenemos que el Decreto 1730 de 2001 donde se reglamentan los artículos 37, 41 y 45 de la Ley 100/93 referentes a la indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media estableció en su artículo 6 (nos remitimos a esa norma). A más de lo anterior la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral ha explicado frente al punto (nos remitimos a la sentencia SL1142, rad. 56331 del 12 de agosto de 1990, igual a la SL3990 rad. 54857 del 18 de septiembre de 2018 como alimento jurisprudencial a esta decisión).

[…] se tiene que Guillermina Cárdenas si bien para el 90 tenía acreditados los 55 años de edad exigidos por el Acuerdo 49/90 aplicable por ser beneficiaria del régimen de transición, lo cierto es que para el 15 de julio/97, fecha de solicitud de la indemnización, no contaba ni con las 500 ni con las 1000 semanas exigidas, por ende, y si bien con posterioridad al reclamo de la indemnización sustitutiva la actora pudo a través de cálculos actuariales lograr el pago de aportes de julio/97 a junio/2015, pues como se evidencia en el detalle de pagos efectuados en la historia laboral aportada por Colpensiones a folios 128 a 130, fueron cancelados en los años 2016 - 2017 y resulta que para la fecha en la que se solicitó la indemnización sustitutiva no se tenía conocimiento que el empleador Triana Sáchira Guillermo estuviera en mora de sus aportes pues hasta el periodo de junio/97 canceló a tiempo la cotización (2 de julio/97, folio 128) y se elevó la solicitud de indemnización sustitutiva el 15/07/97 como ya se anotó. Aunado a que la actora conforme a la documental adosada al plenario solo hasta el 2011 inició las acciones tendientes para el recaudo de aportes posteriores a la fecha de la solicitud de la indemnización sustitutiva (folios 19, 20, 21 y 22). En esa medida es claro que las cotizaciones que sirvieron de base para el cálculo de la indemnización sustitutiva no pueden tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de esta pensión, pues se causaron con posterioridad al reclamo de la misma, sin que en ningún error haya incurrido en su momento el ISS, pues el estudio se hizo con las cotizaciones que tenía la accionante hasta el 15 de julio de 1997 respecto de los cuales se reitera no obra prueba que los empleadores de la accionante estuvieran en mora.

Téngase en cuenta “la indemnización sustitutiva es una prestación provisional cuya recepción no impide reclamar judicialmente que se dilucide si lo que procedía era el reconocimiento o en su lugar la prestación vitalicia de vejez, sin embargo, se ha de entender que esta postura hace referencia a cuando se analiza la situación del afiliado respecto a la densidad de cotizaciones para el momento en que se hizo la solicitud de reconocimiento de los derechos a la administradora de pensiones (sentencia 35896 del 7 de julio/2009), es decir, no se puede entrar a analizar si con las causadas con posterioridad a tal solicitud se acreditan los requisitos para obtener la pensión de vejez.

En ese orden de ideas se tiene que la actora al 16 de julio/97, día siguiente a la solicitud de indemnización sustitutiva, al 31 de julio de 2010, primer límite establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005 cotizó tan solo 615.73 semanas y al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 409.16 semanas, sin (contar) las 750 exigidas en el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 1 de 2005, razón por la cual se concluye, contrario a lo referido por el juez de primer grado que en los términos del nuevo texto constitucional la demandante ya no se encuentra amparada por el régimen de transición.

Ahora bien, como lo solicitado por la parte actora, en últimas es el reconocimiento de la pensión de vejez, advirtiendo que no es beneficiaria del régimen de transición y examinado su derecho a la luz de la Ley 797 de 2003, se advierte que tampoco reúne los requisitos establecidos en la misma, en atención a que para el 14 de septiembre/92, fecha en que alcanzó los 57 años de edad, data en la que solo contaba con 283.71 semanas (folio 127), cuando las requeridas para esa época eran 1000 para quienes no eran beneficiarios del régimen de transición (art. 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), y para 2015, fecha de la última cotización tenía 1027.71 semanas siendo las requeridas 1300.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la apoderada de la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case la sentencia acusada y, «en función de instancia, se CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer la pensión de vejez a la señora GUILLERMINA CÁRDENAS JIMÉNEZ».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, frente al cual se presentó réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia «de ser violatoria de la ley sustancial en forma directa por error in judicando por interpretación errónea por desconocimiento del precedente jurisprudencial en la materia».

6.1.1. DISPOSICIONES SUSTANCIALES VIOLADAS

[…]

La interpretación errónea concretamente por la violación del artículo 33, 36 de la Ley 100 de 1993, Acuerdo 049 de 1990 y acto legislativo 01 de 2005 y demás normas concordantes para el otorgamiento de la pensión de vejez.

Denuncia el desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en las sentencias CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 41958, CSJ SL11042-2014, CSJ SL1328-2018, CSJ SL1624-2018, CSJ SL756-2018, CSJ SL055-2018, CC T-510-2017 y CC T-399-2016.

Como desarrollo del cargo expone que:

El juzgador de segunda instancia se equivoca al declarar el derecho, en la aplicación o interpretación del derecho, al desconocer el precedente jurisprudencial frente al reconocimiento de la pensión de vejez, a la indemnización sustitutiva, consagradas en normas sustanciales del bloque de constitucionalidad; en el sentido de darle un mayor valor a una norma consagrada en el art. 6 del decreto 1730 de 2001, que a la valoración la primacía de los derechos constitucionales a la seguridad social, el derecho a la pensión de vejez [l]ey 100 de 1993, acuerdo[sic] 049 de 1990 y acto legislativo[sic] 01 de 2005, la provisionalidad de la indemnización sustitutiva, al principio de legalidad (en atención a que la norma aplicada para negar la pensión de vejez esto es el art. 6 del Decreto 1730 de 2001 fue posterior a reconocimiento de la misma que se realizó en el año 1998) y sobre todo por no tener en cuenta la jurisprudencia precedente obligatorio en la materia.

[…]

Debe tenerse en cuenta por la segunda instancia que la indemnización sustitutiva tiene un carácter provisional, ya que en cualquier momento el operador judicial puede verificar si se cumplen los requisitos para la pensión de vejez, podría haber valorado que no solo se tienen las 223 semanas antes de la mora del empleador sino las 623 semanas antes del 2010, que determinaban el cumplimiento del régimen de transición y por lo tanto, las semanas superaban las 750 que señalaba el legislador para obtener su derecho.

Aunado a que para la fecha en que le fue reconocida la indemnización sustitutiva a mi representada no existía el Decreto 1730 de 2001, que fue el que sirvió de sustento al Tribunal Superior Sala Laboral para revocar la pensión de vejez y por ende en esa época no verificaba el extinto Seguro Social la mora de los empleadores, la manifestación de encontrarse en imposibilidad de seguir laborando y por ende cotizando, los requisitos de la indemnización sustitutiva que como puede verificarse en los documentos anexos al expediente pensional, ya que le fue concedido dicho recurso en el año 1998, desconociendo el principio de favorabilidad en materia laboral.

[…]

Ruégole además se tenga en cuenta que no se puede negar a un trabajador la pensión a que tiene derecho argumentando el incumplimiento del empleador en el pago de los aportes por la MORA EN EL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES PENSIONALES y se tenga en cuenta en su integridad la sentencia de tutela T-399/16 de la Corte Constitucional en un caso similar al de mi representada.

[…]

5.1.2.1.- CONCLUSIÓN

La errónea interpretación del juzgador de la segunda instancia se hubiese podido evitar si en sede de apelación se hubiese tenido en consideración que antes de la norma expresa consagrada en el art. 6 del decreto 1730 de 2001, el abultado andamiaje normativo y jurisprudencial que se ha desarrollado desde 2001 al 2019 frente a la pensión de vejez, la provisionalidad de la indemnización sustitutiva, además de un análisis pormenorizado de la indemnización sustitutiva que le fue erróneamente entregada a mi representada, que no se tuvo en cuenta por el ISS todas las semanas cotizadas violando el principio de efectividad de las cotizaciones y derecho a historia laboral completa, actualizada y unificada, que el empleador estaba en mora y se allanó a la misma, que fue perseguido el cobro coactivo y canceló los aportes adeudados, además que la señora GUILLERMINA CÁRDENAS JIMÉNEZ siguió laborando por necesidad de subsistir que determinó su permanencia en el sistema; aunado a los principios constitucionales las normas del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales, la Constitución política en especial en el art. 48 y la variada jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, ésta de carácter obligatorio por ser Corte de cierre en material laboral, obligatorios y por lo tanto su decisión se constituye en una FLAGRANTE VIOLACIÓN POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN LA MATERIA […].

VII. RÉPLICA

Señala que el cargo presenta un error técnico toda vez que en realidad está impugnando la supuesta aplicación indebida del Decreto 1730 de 2001, por lo que se debió encaminar el ataque por esa modalidad y no la interpretación errónea. En todo caso, sostiene que no se presentó transgresión alguna pues mediante la Resolución n.° 6591 de 1998 se reconoció a la actora la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de $833.521 y, posteriormente, el 3 de febrero de 2017 reclamó la pensión de vejez, la cual se le negó en los términos del artículo 6° del mencionado Decreto 1730 de 2001 que consagra la incompatibilidad de las indemnizaciones sustitutivas de vejez e invalidez con las pensiones por estos mismos riesgos, y las semanas que hubieran sido colacionadas para calcular dicha indemnización no pueden ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto. Se remitió igualmente al artículo 37 de la Ley 100 de 1993, y al 2°del Decreto 758 de 1990[sic], este último que habla de las personas excluidas del seguro de invalidez vejez y muerte, entre éstas, quienes hayan recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o invalidez por riesgo común.

Anota también que los periodos de pago en mora corresponden a tiempos de servicio posteriores al pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, momento en el que la actora manifestó la imposibilidad de seguir cotizando al sistema. Se remite a las providencias CSJ SL, 7 jul, 2009, rad. 35896, CSJ SL, 31 ene. 2012, rad. 36637, CSJ SL11042-2014, CSJ SL1328-2018, de las que concluye que solo sería posible la sumatoria de cotizaciones posteriores al reconocimiento de la indemnización sustitutiva si el solicitante demuestra la consolidación del derecho antes de su reconocimiento o cuando fue reconocida de oficio y el afiliado no la reclamó o la cobró.

En el caso indica que, en el año 1997, fecha de reconocimiento de la indemnización sustitutiva a la demandante, contaba con 421,43 semanas en total, por lo que no cumplía con los requisitos para otorgar la pensión de vejez, ni tampoco se demostró el cumplimiento de las exigencias del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por lo que la sentencia impugnada se debe mantener incólume.

VIII. CONSIDERACIONES

Los defectos endilgados a la demanda de casación por parte del opositor no están llamados a prosperar por cuanto si bien en la enunciación se ataca únicamente la interpretación errónea de los artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, y de manera genérica el Acuerdo 049 de 1990 y el Acto Legislativo 01 de 2005, lo cierto es que en el desarrollo se evidencia que la impugnante considera que el Colegiado transgredió el artículo 6° del Decreto 1730 de 2001, ya que este es posterior al reconocimiento de la indemnización sustitutiva a la demandante, y como quiera que esta última acusación no es incompatible o contradictoria con las normas inicialmente denunciadas, es posible entrar a analizar de fondo el cargo, a más que se aduce la interpretación errónea de las disposiciones mencionadas porque considera que se desconoce el precedente de la sala sobre la materia.

El Tribunal fundamentó su decisión en que la demandada no se equivocó al reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez solicitada por la demandante el 15 de junio de 1997, tal como consta en el acto administrativo 006591 del 26 de junio de 1998, por cuanto para ese momento la actora no contaba con el número mínimo de semanas para acceder a la prestación por vejez, y solicitó su reconocimiento en los términos previstos en la ley. Que los aportes correspondientes a julio de 1997 a junio de 2015 fueron sufragados en los años 2016 y 2017, por lo que a la fecha de reconocimiento de la indemnización no se tenía conocimiento de la mora que denunció la actora hasta el año 2011, luego las cotizaciones que sirvieron de base para el cálculo de la indemnización sustitutiva no pueden tenerse en cuenta para efectos de la pensión reclamada que se causaron con posterioridad a su solicitud por disposición del artículo 6° del Decreto 1730 de 2001.

La censura radica su inconformidad en que la decisión desconoce el precedente de esta Sala de Casación Laboral sobre la materia que admite la posibilidad de reconocer la pensión de vejez aun cuando se hubiera recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que no se le puede perjudicar por la mora de su empleador y que se aplicó el artículo 6° del Decreto 1730 de 2001 que no era pertinente al caso pues la indemnización sustitutiva se le reconoció antes de su vigencia.

En ese orden de ideas, debe la Sala definir si incurrió en yerro el Tribunal al resolver la situación pensional de la actora con aplicación del artículo 6° del Decreto 1730 de 2001, si es viable contabilizar las cotizaciones sufragadas por el empleador de la demandante con posterioridad al recibo de la indemnización sustitutiva y si hay lugar a aplicar una presunta mora en el pago de aportes al caso concreto.

Dada la vía jurídica utilizada por el recurrente, quedan fuera de discusión los siguientes hechos: 1) que la actora nació el 14 de septiembre de 1935; 2) recibió el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que reclamó el 15 de julio de 1997, en cuantía de $833.521 otorgada mediante la Resolución 006591 del 26 de junio de 1998; 3) que los periodos comprendidos entre el mes de julio de 1997 a marzo de 2011 fueron sufragados por su empleador Guillermo Triana Sáchica entre el 14 de julio de 2016 y el 15 de mayo de 2017, tal como da cuenta la historia laboral incorporada al proceso.

El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 dispone que las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas sufragadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los que haya cotizado el afiliado.

Debe recordarse que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es sucedánea del derecho a la pensión de vejez, es decir, que al no cumplir con los requisitos para acceder al reconocimiento de esta última, esto es, haber llegado a la edad prevista para acceder a dicha prestación, no contar con el número mínimo de semanas para tal efecto y manifestar la imposibilidad de seguir cotizando, se causa la primera. Vale la pena reiterar que el afiliado se encuentra en libertad de seguir cotizando hasta cumplir las exigencias legales, pero si opta por la indemnización procede su otorgamiento en el entendido que no cuenta con la expectativa de llegar a reunir las condiciones previstas en la ley para obtener la prestación principal (CSJ SL1419-2018).

Ahora bien, para negar la prestación el Tribunal se apoyó en el artículo 6° del Decreto 1730 de 2001, norma que si bien no estaba vigente a la fecha de reconocimiento de la indemnización sustitutiva, sí lo estaba para cuando la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el 3 de febrero de 2017, momento en el cual pidió incluir los periodos que se colacionaron para liquidar el monto de la aludida indemnización y fue con base en ella que se negó la prestación reclamada, por lo que no se advierte yerro del juzgador en ese sentido.

Vale anotar que tal disposición señala lo siguiente:

Incompatibilidad. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.

Con respecto a este asunto, esta Corporación ha enseñado que el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no impide que se reconozca la pensión de vejez, cuando para el momento de la solicitud ya se contaba con los requisitos para acceder a la prestación principal, es decir, cuando la entidad incurre en error al negarla. Así lo expresó la Corte en la providencia CSJ SL11042-2014:

2º) Superado lo anterior, se impone recordar que conforme al criterio de esta Corporación, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez, no impide la reclamación judicial de la pensión de vejez cuando el derecho pensional se había consolidado en fecha anterior a la solicitud pensional, habida cuenta que (i) la indemnización sustitutiva es una prestación subsidiaria o residual respecto de la pensión de vejez, es decir, solo procede el reconocimiento de aquella cuando la persona a pesar de tener la edad, no ha cumplido con el número mínimo de semanas y no tiene la posibilidad de seguir cotizando para el riesgo de vejez; (ii) cuando el trabajador cumple con los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, ya tiene un derecho adquirido; y (iii) el error de la administradora de pensiones que niega el derecho pensional a pesar de que el peticionario cumple con los requisitos mínimos, no puede generar beneficio alguno en su favor.

Así, por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 31 ene. 2012, rad. 36637, la Sala apuntó:

No sobra destacar que el hecho de que el Instituto demandado le hubiera reconocido y pagado equivocadamente a la demandante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no tiene incidencia alguna en frente de la constitución del derecho pensional con anterioridad a ese momento, dado que la pérdida de eficacia de las cotizaciones por vía del reconocimiento de esta clase de prerrogativas se produce siempre y cuando no se tenga el de la pensión, que es un derecho principal, pues, aparte de que éste ipso facto al cumplimiento de sus exigencias tendrá la connotación de derecho adquirido, lo cierto es que el error del administrador del sistema de riesgos no puede ser fuente de derecho alguno a su favor como para sustraerse al reconocimiento de la prestación y, obviamente, en modo alguno en desmedro del derecho pensional del cotizante o trabajador.

Posteriormente, en la sentencia CSJ SL1328-2018, la Corte consideró que, si la indemnización se reconoce de manera oficiosa por parte de la administradora y esta no es reclamada por el afiliado, no es viable impedirle la posibilidad de seguir cotizando hasta reunir los requisitos para acceder a la pensión, por lo que al no existir prueba del pago de la suma indemnizatoria no hay razón para dejar de contabilizar tales cotizaciones para resolver el derecho a la prestación por vejez.

Tal como quedó historiado, a la data del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, norma vigente a la fecha del cumplimiento de la edad por parte de la demandante, recuérdese el 14 de septiembre de 1990, no contaba con el mínimo de 500 semanas en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en cualquier época, pues para el 30 de junio de 1997 solamente tenía 223 semanas, tal como da cuenta la Resolución 006591 de 1998 y, se insiste, con la solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva la actora expresó la imposibilidad de seguir cotizando, por lo que en efecto, en ningún error incurrió el Juez Plural al negar la prestación, ni se apartó del criterio de la Sala sobre la materia.

Valga en este punto anotar, aun cuando en el cargo nada se dice al respecto, que si bien al momento de liquidar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez la demandada no tuvo en cuenta los periodos a cargo de la empleadora Elsa Acosta de Escárraga (01/01/1974 a 31/12/1976) que fueron sufragados a través del pago del cálculo actuarial el 31 de marzo de 2016 como se observa en el expediente administrativo, lo cierto es que aun con inclusión de esos tiempos para la fecha de solicitud de la aludida indemnización no se reúnen las 500 semanas que como mínimo debía acreditar la actora a la fecha del cumplimiento de la edad según las voces del art. 12 Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Aunado a lo anterior, corresponde precisar que los aportes realizados luego del reconocimiento de la indemnización sustitutiva no se pueden contabilizar, aunque posteriormente se completen los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez a fin de incluir tales periodos nuevamente para este último efecto, pues hasta ese momento el sistema asumió la prestación que le correspondía, se insiste, a solicitud de la afiliada y su expresa manifestación de no poder seguir cotizando. Si contrario a dicha expresión de voluntad, realmente la persona se mantiene en estado activo en el sistema no puede endilgarse responsabilidad alguna de la administradora en cuanto a retrotraer dicho reconocimiento ni equipararlo a un error, pues su proceder se ajustó a lo previsto en la ley.

Finalmente, en cuanto a la mora del empleador que aduce la recurrente que no puede impedir el acceso a la pensión de vejez, es un argumento que no fue utilizado por el sentenciador, por el contrario, tuvo en cuenta los periodos en mora pagados más de diez años después por Triana Sáchica Guillermo con base en los cuales estableció que no alcanzaba a reunir el mínimo exigido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, aspecto sobre el que no se planteó inconformidad alguna.

Por lo expuesto, el único cargo resulta impróspero.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante recurrente y en favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 7 de junio de 2019 por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió GUILLERMINA CÁRDENAS JIMÉNEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Costas como se dijo arriba.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Guillermina Cárdenas Jiménez

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Radicación: 88177

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Como lo anuncié en la sesión respectiva, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, discrepo de algunos de sus argumentos, como lo explico a continuación.

Nótese que la Sala se apoya en la sentencia CSJ SL1328-2018 y al respecto señala que: «si la indemnización [sustitutiva] se reconoce de manera oficiosa por parte de la administradora y esta no es reclamada por el afiliado, no es viable impedirle la posibilidad de seguir cotizando hasta reunir los requisitos para acceder a la pensión, por lo que al no existir prueba del pago de la suma indemnizatoria no hay razón para dejar de contabilizar tales cotizaciones para resolver el derecho a la prestación por vejez» (subrayo).

Si bien este argumento se mencionó de forma genérica, a mi juicio era innecesario, pues ninguno de los supuestos que allí se especifican ocurrieron en el presente asunto. En efecto, según los hechos indiscutidos en casación, la actora «2) recibió el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que reclamó el 15 de julio de 1997, en cuantía de $833.521 otorgada mediante la Resolución 006591 del 26 de junio de 1998» (destaco). Así, en vez de aludir a argumentos que bien podrían generar confunsión en el lector, hubiese bastado señalar que como en esa época de reclamo de la indemnización no había cumplido los requisitos para pensionarse por vejez, no era dable tener en cuenta las cotizaciones aportadas con posterioridad para este efecto, salvo para otros riesgos como la invalidez o la muerte. O por lo menos hubiese valido la pena agregar un párrafo aclaratorio en el que se indicara que ese precedente no aplicaba al caso concreto, para evitar contradicciones en el hilo argumentativo del fallo.

Adicionalmente, el proyecto incurre en varias contradicciones. Por ejemplo, señala que «Tal como quedó historiado, a la data del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, norma vigente a la fecha del cumplimiento de la edad por parte de la demandante, recuérdese el 14 de septiembre de 1990, no contaba con el mínimo de 500 semanas en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en cualquier época». Como puede notarse, no tiene mucho sentido anticipar en la primera premisa del párrafo una «data del cumplimiento de los requisitos», cuando estos en realidad no se alcanzaron.

La sentencia también señala que «aunque posteriormente se completen los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez a fin de incluir tales periodos nuevamente para este último efecto, pues hasta ese momento el sistema asumió la prestación que le correspondía, se insiste, a solicitud de la afiliada y su expresa manifestación de no poder seguir cotizando. Si contrario a dicha expresión de voluntad, realmente la persona se mantiene en estado activo en el sistema no puede endilgarse responsabilidad alguna de la administradora en cuanto a retrotraer dicho reconocimiento ni equipararlo a un error, pues su proceder se ajustó a lo previsto en la ley» (resalto).

A mi juicio, la expresión «aunque posteriormente se completen los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez a fin de incluir tales periodos nuevamente para este último efecto», es desafortunada porque sugiere que la afiliada puede completar los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez. Nótese que esto es contrario a la idea central del fallo que, pese a sus contradicciones, al leerlo de forma integral permite inferir que su ratio decidendi reitera que una vez una persona afiliada reciba la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no es posible continuar cotizando para el mismo riesgo.

Además, debo aclarar que cuando la Sala señala que la intención de la actora de mantenerse activa en el sistema fue contraria a su voluntad previa de solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no implica entender que una vez esto último ocurra la afiliada no tenga la posibilidad de continuar activa en el sistema a fin de cotizar para otros riesgos como el de muerte o invalidez, pues insisto, la jurisprudencia ha entendido que ello sí es válido y por ello esas cotizaciones posteriores que pretenden cubrir otros riesgos diferentes al de vejez deben tenerse en cuenta.

Por tanto, solo entendido de esta manera es que suscribo esta afirmación de la Sala, pues lo contrario se apartaría del precedente pacífico y reiterado que al respecto ha edificado la Corporación, como puede verse en la sentencia CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 37902, que adoctrinó:

Esta Sala de la Corte ha prohijado la tesis de la posibilidad de que una persona que ha recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pueda acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, en tanto se ha estimado que serían dos riesgos diferentes, pues quien recibe la aludida indemnización queda excluido de la pensión de vejez, y en consecuencia, estaría excluido del seguro social obligatorio por esa misma contingencia (Rad. 30123 del 20 de noviembre de 2007).

En los anteriores términos dejo sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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