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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL409-2019

Fecha
12 de febrero de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL409-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013) por la Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARLENE ZENITH VARELA VELÁSQUEZ, TATIANA MILENA, GUIOMAR MARINA, SAJALIN ENRIQUE y OSCAR IVÁN GRANADOS VARELA contra la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA SA ESP EN LIQUIDACIÓN. Sin costas en el recurso extraordinario.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL409-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

12 de febrero de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL409-2019

Radicación n.° 65733

Acta 004

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARLENE ZENITH VARELA VELÁSQUEZ, TATIANA MILENA, GUIOMAR MARINA y SAJALIN ENRIQUE GRANADOS VARELA, contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el 28 de junio de 2013, en el proceso que ellos y OSCAR IVÁN GRANADOS VARELA le instauraron a la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA SA ESP EN LIQUIDACIÓN.

ANTECEDENTES

Marlene Zenith Varela Velásquez, Oscar Iván, Tatiana Milena, Guiomar Marina y Sajalin Enrique Granados Varela, demandaron a la Electrificadora del Magdalena SA ESP en liquidación, en adelante Electromag en liquidación, para que se declarara que el incidente que le costó la vida a Guzmán Segundo Granados Arvilla, se produjo en el trayecto de su sitio de trabajo a su residencia y por lo tanto fue un accidente laboral; en consecuencia, que se ordene a Electromag en liquidación que reconozca y pague la suma de $300.000.000 a título de indemnización por la muerte en accidente del compañero y padre de los demandantes; que se condene a la demandada a reliquidar las prestaciones con ajuste a los dispuesto en el artículo 7° de la convención colectiva de trabajo vigente para la fecha del deceso, es decir, teniendo en cuenta no solo el trabajo fijo, sino también lo que el trabajador recibía en dinero o en especie a cualquier título, reajuste que tasó en $15.000.000, y la suma de $20.000.000 «por concepto de ley cuarta 4ª de 1976».

Fundamentaron sus peticiones en que Guzmán Segundo Granados Arvilla se vinculó el 13 de agosto de 1996 como trabajador de Electromag en liquidación, donde laboró hasta el 22 de abril de 1997, día de su fallecimiento; que dicha empresa lo comisionó al municipio de Fundación, Magdalena, donde laboraba, pero como su sitio de residencia era la ciudad de Santa Marta, acostumbraba venirse todos los días en un taxi, excepto cuando le correspondía trabajar en turnos de la noche.

Narró que el 22 de abril de 1997 el señor Granados Arvilla terminó su turno a las 9:00 p. m. y a las 10 p. m. se embarcó rumbo a Santa Marta «en un vehículo de la empresa Aposmar, donde le dieron un “Chance”. Lastimosamente, media hora después, a la altura del sitio conocido como El Portón de Morán, una columna guerrillera atacó el vehículo, supuestamente porque lo confundieron con un carro del ejército, con un saldo trágico de tres (3) personas muertas, entre ellas el señor GUZMAN SEGUNDO GRANADOS ARVILLA». Seguidamente acotó que la Corte Suprema de Justicia precisó que cuando una persona se dirige de su sitio de trabajo a su residencia, y en el trayecto sufre un percance, este se considera accidente de trabajo.

Relataron que el causante hizo vida marital, en unión libre, hasta el último día de su vida, con Marlene Zenith Varela Velásquez, de donde nacieron sus hijos Oscar Iván, Tatiana Milena, Guiomar Marina y Sajalin Enrique.

Agregaron que el 5 de septiembre de 1997 Electromag reconoció la liquidación final de prestaciones sociales, cuyo monto fue cancelado a la compañera, quien consideró mal liquidada esa obligación, porque no se le reconocieron prestaciones legales y convencionales a las que tenía derecho el trabajador.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia y condiciones de la relación laboral, así como sus extremos temporales; la calidad de los demandantes de compañera e hijos del trabajador, y las circunstancias en que ocurrió la muerte del señor Granados Arvilla, aclarando que son ciertas, según un informe de prensa; precisó que expidió resolución para reconocer y cancelar prestaciones sociales, que consideró ajustada a derecho; los otros hechos los refutó.

En su defensa propuso la excepción de mérito de cobro de lo no debido.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral de Descongestión del Circuito de Santa Marta, mediante fallo del 30 de octubre de 2012, absolvió a la demandada de todas las pretensiones; impuso costas a la parte demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Regional con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante sentencia del 28 de junio de 2013, confirmó la decisión proferida por el a quo.

Para el tribunal, el problema jurídico consistió en determinar si:

[…] las circunstancias descritas en la demanda por el recurrente son hechos configurativos de un accidente de trabajo, de acuerdo con los lineamientos definidos en la Ley, y si establecido tal carácter, existe culpa patronal de la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. -ELECTROMAG- que la obligue al reconocimiento de la indemnización total por perjuicios del artículo 216 del C.S.T. […].

Recordó que la demandada dio por cierto el hecho tercero de la demanda que describe los sucesos en los cuales se produjo la muerte de Granados Arvilla, esto es, cuando una columna guerrillera atacó el vehículo de la empresa Aposmar en el que se transportaba el trabajador desde su sitio de labores hacia su residencia.

Para resolver el problema planteado dijo:

Del cardumen probatorio recaudado, prima facie, se infiere que si bien había una orden del empleador de encomendar al trabajador la realización de labores para su ejecución en el Municipio de Fundación Departamento del Magdalena, por las cuales había sido contratado inicialmente en la ciudad de Santa Marta, no es menos cierto que en desarrollo de la actuación procesal no refulge prueba alguna que lleve a la Sala al convencimiento de cómo fue pactada o definida tal comisión de trabajo, pues se duele de la escasez de material probatorio recaudado, para en tales condiciones, tener el accidente acaecido al laborante como de carácter profesional, pues los hechos se ocasionaron fuera de la jornada de trabajo y sin la aquiescencia de su empleador.

Siguiendo una línea lógica de razonamiento, cabe concluir entonces que el insuceso es de origen común y por tanto no existe cabida a la INDEMNIZACION PLENA DE PERJUICIOS que establece el art. 216 del C.S.T. el cual prevé:

"Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo"

Sin embargo, como acaba dc verse, en el sub lite, el origen del accidente donde perdió la vida el trabajador, no puede catalogarse de profesional, como lo exige la norma señalada, por lo que sería razón suficiente para denegar esta súplica; sin embargo, cabe anotar, que si aún en gracia de discusión se aceptara que el accidente fue de trabajo, igualmente habría de absolverse, como quiera que no se indica, ni tampoco infiere de los hechos de la demanda, la responsabilidad del empleador, es decir, no se indica cuáles fueron las omisiones, acciones o fallas en las incurrió la demandada y que motivaron la ocurrencia del insuceso que cobró la vida del trabajador.

[…]

En esa misma dirección es pertinente al análisis del asunto objeto de debate, la alusión a los predicamentos de la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-453 del 12 de junio de 2002, Magistrado Ponente, Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, que en el apartado que importa a la solución del problema jurídico planteado, sostiene:

"Si se advierte que el sistema de riesgos profesionales se basa en la teoría del riesgo creado, es lógico que cuando el transporte lo suministra el empleador, el accidente que se produzca se califique de profesional por cuanto en esa circunstancia se produce una especie de prolongación de la empresa, en la que el trabajador, como subordinado, está sometido a las condiciones que se le fijen para su transporte entre el sitio de trabajo y su residencia, razón por la que será el empleador el llamado a responder por los perjuicios que se llegaren a causar. Téngase en cuenta que en este caso el empleador determina y controla las condiciones en las que se realiza el transporte, es decir que puede controlar o al menos circunscribir el riesgo que crea, en tanto que cuando el trabajador se transporta por sus propios medios ninguno de estos elementos se encuentra bajo su control".

Seguidamente recordó que el Ministerio de la Protección Social expidió el concepto n.º 349337 del 22 de noviembre de 2010, en el que se expuso:

El accidente que se presente en comisión de trabajo se considera accidente laboral desde el inicio de la ejecución de orden o actividad encomendada en la cual se encuentra el desplazamiento desde la residencia del trabajador a la empresa, sede o sitio donde va a cumplir la labor encomendada por órdenes y autoridad del empleador, y la jornada laboral se inicia desde que inicia el desplazamiento de la comisión encomendada... En los accidentes de trabajo en comisión laboral no interesa que el transporte sea o no suministrado por el empleador, lo importante es que se encuentre el trabajador cumpliendo una orden y ejecutando las actividades de la comisión o tarea encomendada.

Luego razonó que no todo accidente que se presente cuando el trabajador se encuentre en cumplimiento de una comisión de trabajo puede considerarse laboral, pues para ello es indispensable que exista nexo causal entre el evento y la labor encomendada al trabajador, o que aquel sea consecuencia de esta, de donde extrajo que «el ataque subversivo contra un vehículo con distintivos de una empresa privada diferente al ente societario demandado en una carretera nacional, puede catalogarse como una causa extraña», pues se trató del hecho exclusivo de un tercero –grupo guerrillero–; agregó que la empresa demandada no podía «determinar y controlar las condiciones en las que se realizaba el transporte escogido, motu proprio, por el señor GUZMÁN SEGUNDO GRANADOS ARVILLA, por aventón de un vehículo que pasaba por el lugar, es decir, que no podía controlar o al menos circunscribir el riesgo creado, dado que el trabajador se transportaba por sus propios medios y preferencias».

El ad quem no observó actividad probatoria de parte del extremo demandante, orientada a demostrar la culpa patronal en el grado leve que le ha adjudicado la jurisprudencia de la corte, motivo por el cual confirmó la providencia apelada.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente, en su nombre y en el de sus hijos, que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y en su lugar condene:

[…] a la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.SP. EN LIQUIDACIÓN al reconocimiento y pago de todas y cada una de las pretensiones contenidas en el libelo demandatorio, incluidas las costas y agencias en derecho a cargo de la demandada; y en subsidio para que la Honorable Corporación constituida en Tribunal de Instancia REVOQUE la sentencia del Juzgado de conocimiento en su totalidad.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 9 y 10 del Decreto 1295 de 1994, en relación con los artículos 56 y 58 del Decreto 1295 de 1994, reglamentados por los Decretos 1771/94 y 1530/96; 1, 18, 22, 23, 57 numeral 8, 216 y 218 del CST.

Inició la demostración del cargo con un reproche al ad quem por haber entendido con desacierto los artículos 9 y 10 del Decreto 1295 de 1994, pues el colegiado no observó que el «asunto de marras no encaja dentro de las excepciones que trae el artículo 10 del decreto 1295 de 1994», de suerte que la muerte de Granados Arvilla debe tenerse como accidente de trabajo.

A continuación, expuso que el inciso segundo del artículo 9° ibídem indica que también es accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Enseguida dijo que el concepto «comisión» puede definirse como «la orden o facultad que un sujeto otorga a otro para que éste ejecute cierto encargo o concrete algún negocio», de donde extrajo que una comisión de trabajo a un municipio diferente de aquel en el cual reside el laborante es una orden de trabajo que abarca el desplazamiento, por disposición del empleador, lo que implica una manifestación del elemento subordinación del contrato de trabajo. En ese sentido, consideró que el percance relatado sobrevino en cumplimiento de una orden del empleador, luego fue un accidente de trabajo.

Razonó que el tribunal contrarió lo establecido en los artículos 22 y 23 del CST, respecto del elemento subordinación, por cuanto la comisión de trabajo, insistió, es una expresión de dicho elemento. Además, expuso que cuando existe comisión de trabajo, el desplazamiento del trabajador debe ser suministrado por su empleador, conforme al artículo 57 numeral 8 del mismo código, de donde extrajo que, en este caso, debe quedar entendido:

[…] que el transporte del actor, indefectiblemente, era suministrado por el empleador, dada la obligación impuesta por la norma en cita y porque la demandada aceptó, al contestar el libelo, que conocía del desplazamiento diario del trabajador entre la ciudad de Santa Marta y el Municipio de Fundación, situación que consintió sin reparo alguno, es decir, que en el presente asunto se cumple lo previsto en el inciso tercero (3°) del artículo 9 del decreto 1295/94, en el sentido que el transporte del trabajador era suministrado por el empleador.

A lo expuesto adicionó que, como el empleador aceptó que sabía de los desplazamientos diarios entre Santa Marta y Fundación, también estaba aceptando la comisión de trabajo, por lo que el ad quem se equivocó al considerar que esta no quedó demostrada, pues lo observado en el plenario indica que, como las partes acordaron que el trabajador prestaría su comisión en el municipio de Fundación, al cual se trasladaría diariamente desde su ciudad de residencia, esto es, desde Santa Marta, su empleador quedó obligado a suministrar esos gastos de desplazamiento.

También atacó la sentencia por no haber analizado el concepto del Ministerio de la Protección Social n.° 349337 de 22 de noviembre de 2010 que, según el libelista, incluye como accidente laboral aquel que ocurre en desarrollo de la comisión de trabajo y específicamente en el momento del desplazamiento desde la residencia del trabajador hacia la empresa. Citó a renglón seguido un aparte de la sentencia CSJ SL 17429, 19 feb. 2002, para decir que el tribunal, en su análisis fáctico, concluyó que el trabajador se dirigía a su lugar de residencia desde el municipio a donde fue comisionado, sin apartarse del marco de la comisión, como lo exige la jurisprudencia expuesta, de donde concluyó que el accidente fue de orden laboral.

Luego, manifestó que el tribunal estimó necesario demostrar la forma en que fue pactada o definida la comisión de trabajo, lo que no es exigencia contenida en los artículos 9 y 10 del Decreto 1295 de 1994, pues sus disposiciones son claras al definir qué se considera accidente de trabajo y cuáles son sus excepciones, de donde concluyó que el tribunal excedió sus funciones al imponer un requisito que no contemplan las normas en cita. Agregó que al reconstruir los hechos que originaron la muerte de Granados Arvilla, el juzgador de segundo grado debió analizar si la situación encajaba en la definición de accidente de trabajo o no, para lo cual no requería de las pruebas que echó de menos, sino interpretar y aplicar la ley, en observancia de los artículos 1° y 18 del CST, «transgredidos con la interpretación errónea enmarcada en la sentencia».

Otro yerro interpretativo que atribuyó al tribunal fue que en las consideraciones de la sentencia dijo que, si se aceptara que hubo accidente de trabajo, procedería la absolución porque no vislumbró la responsabilidad del empleador en la ocurrencia del suceso, lo que considera impropio, pues en su sentir «[…] la responsabilidad de demostrar que no existió culpa suya en el daño causado al trabajador en un accidente de trabajo, se encuentra en cabeza del empleador».

Continuó diciendo que en vigencia del artículo 9° del Decreto 1295 de 1994 no se introdujo el concepto de culpa, tal como lo dejó sentado esta corte en sentencia CSJ SL 17429, 19 feb. 2002.

Citó después los artículos 56 y 58 del mismo decreto, para exponer que como el empleador conocía de los desplazamientos diarios de su trabajador, debió proveer condiciones seguras para él, o por lo menos, responsabilizarse en el proceso de demostrar las condiciones que, como empleador, le impuso al trabajador para su traslado entre Santa Marta y Fundación, carga que el dador de empleo no cumplió, según lo afirmó el tribunal en la sentencia gravada.

El ataque se orientó luego hacia consideraciones sobre la carga patronal de probar la ausencia de responsabilidad y sobre el tiempo transcurrido entre la finalización del turno y la hora de la muerte del laborante, ello para insistir en que con esas circunstancias se refuerza que el accidente ocurrió en ejercicio de la labor comisionada por la empresa. También de allí desprendió que el empleador debió prevenir el riesgo laboral, creado por voluntad patronal, proporcionando el adecuado desplazamiento al trabajador, en cumplimiento de los dos últimos artículos memorados últimamente, de suerte que no encontró aceptable que haya existido culpa exclusiva de un tercero en el suceso mortal, pues la empresa conocía el riesgo de orden público, y aun así, comisionó al trabajador a Fundación, aceptando los desplazamientos diarios, sin responsabilizarse de los riesgos.

Finalmente puntualizó que como la relación fue dependiente y subordinada, el empleador debía blindar a sus trabajadores contra cualquier riesgo, lo que en este evento evidenció culpa del primero en la producción del suceso, de donde quedó establecido que el juzgador de apelaciones violó el artículo 216 del CST con su decisión, debiendo aplicar la indemnización correspondiente, conforme al artículo 218 ibídem, sin que el trabajador haya estado llamado a demostrar la culpa patronal.

CONSIDERACIONES

La sala comienza por advertir que, acorde con las normas procesales, y a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas de técnica que su planteamiento y demostración requieren, pues de no acatarse ese lineamiento el recurso extraordinario resultaría infructuoso.

Además, como en numerosas ocasiones lo ha dicho la corporación, este medio de impugnación no le otorga competencia a la corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia para establecer si el juez de apelaciones, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto.

Ahora bien, el ataque por la senda directa se da al margen de cualquier conclusión probatoria, y en este contexto, la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso de casación cuando el tribunal halla en la norma una intelección o un alcance diferente a los que contiene, o sea, cuando es equivocada la hermenéutica plasmada.

Por lo anterior, y dada la vía escogida para el ataque, no se controvierten los siguientes supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal: (i) que el empleador ordenó al trabajador la ejecución de labores en el municipio de Fundación, Magdalena, por las cuales había sido contratado inicialmente en la ciudad de Santa Marta; (ii) que no existe prueba de cómo fue pactada o definida tal comisión de trabajo; (iii) que en el curso del debate la demandada aceptó que Guzmán Segundo Granados Arvilla perdió la vida el 22 de abril de 1997, en las circunstancias narradas en el hecho tercero del libelo inaugural; (iv) que los hechos tuvieron ocasión fuera de la jornada de trabajo y sin la aquiescencia del empleador; (v) que no se indicaron ni verificaron las omisiones, acciones o fallas en las que incurrió la demandada; (vi) que el ataque subversivo en el que perdió la vida el trabajador se produjo contra un vehículo con distintivos de una empresa privada diferente a la demandada, en una carretera nacional; (vii) que ese acontecimiento ocurrió por el hecho exclusivo de un tercero –grupo guerrillero–; (viii) que el transporte de la noche del accidente mortal lo escogió, motu proprio, el laborante, en tanto que tomó un «aventón» de un vehículo que pasaba por el lugar; (ix) que el trabajador se transportaba por sus propios medios y preferencias.

En esa perspectiva, se procede a dilucidar si el tribunal incurrió en desacierto interpretativo de los artículos 9 y 10 del Decreto 1295 de 1994, que por la data de los hechos era la norma que definía el accidente de trabajo.

En el orden propuesto en el cargo, es claro que el artículo 10 de dicho decreto nunca estuvo en la base argumentativa del fallo gravado, ya que en esa providencia no existe la menor alusión a él, luego el ad quem no puede haberlo interpretado erróneamente, pues es palmario que, para desviar el sentido de una norma, esta debe ser parte de la estructura del fallo, lo que en este caso no ocurrió.

En cuanto a la acusación que recae sobre el artículo 9º ibídem, el tribunal lo citó para observar que, conforme a la definición de accidente de trabajo allí plasmada, era imperativo demostrar que la comisión laboral –cuya existencia no se discutió– fue ordenada en términos que dieran lugar a comprender que el suceso fatal constituyó un genuino accidente de esa estirpe, esto es, conforme a su inciso segundo, «[…] aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo», intelección que es atinada, pues la norma reclamaba la verificación probatoria de que el percance ocurrió en el momento en que el trabajador estaba ejecutando órdenes de su empleador, o labores autorizadas por este. Por el contrario, los hechos de la demanda indican que el trabajador Granados Arvilla ya había terminado su turno y que su deceso ocurrió fuera del lugar de trabajo, cuando no estaba bajo subordinación.

Así las cosas, mal pudo el tribunal entender erróneamente un texto legal que aplicó en su sentido obvio, pues uno de los elementos de su premisa fáctica implica verificar la existencia de órdenes e instrucciones en condiciones ajenas a las normales de trabajo, lo que en este caso se traduce en que debía establecerse si Electromag le dio indicaciones a su empleado sobre cómo debía movilizarse, o si durante sus desplazamientos estaba obligado a cumplir determinadas tareas, o a ejecutar labores inherentes a su cargo, al margen de que esos hechos ni siquiera fueron alegados en el memorial demandatorio inicial.

Al respecto, la corte considera necesario traer a colación el criterio jurisprudencial que ha fijado frente a la interpretación del inciso segundo de la citada norma, consignado en la sentencia CSJ SL, 19 feb. 2002, rad. 17429, y reiterado en la CSJ SL11152-2017, según el cual:

El inciso 2° del artículo 9° del decreto extraordinario 1295 de 1994 considera accidente de trabajo el suceso dañoso para el trabajador que ocurra durante la ejecución de una orden del empleador o en cumplimiento de una labor bajo la autoridad de él, con lo cual se desvinculó la noción de dos circunstancias accesorias: el lugar de trabajo y la jornada laboral. Es, a nivel legislativo, un avance, manejado de tiempo atrás por la jurisprudencia y la doctrina.

[…]

El caso de autos se subsume, sin duda, en la situación que describe el segundo inciso del artículo 9° del decreto citado. El trabajador fallecido se encontraba en comisión, en ciudad distinta a la de su domicilio contractual, pero en cumplimiento de una función propia de su cargo; o, como lo dice el segundo inciso citado, durante la ejecución de órdenes del empleador o de una labor bajo la autoridad de él.

[…]

Precisa la Sala, que para que el accidente pueda calificarse como de trabajo estando el empleado cumpliendo una comisión u orden del empleador fuera de su sede de trabajo, es necesario que éste no se aparte del marco obligacional de la misma.

Queda visto, –y así lo entendió el tribunal– que la norma ordenaba verificar si, al ocurrir el accidente, el servidor se encontraba ejecutando órdenes del empleador o efectuando una labor que este hubiese dispuesto, lo que no fue aducido como hecho de la demanda, ni quedó probado en el expediente, de manera que no es dable inferir, como lo quiere el recurrente, que solo por la existencia de la comisión, cualquier accidente materializado durante el desplazamiento del operario al terminar sus labores, debía considerarse como percance laboral, a pesar de que lo que sí está establecido es que el trabajador ya no estaba en su horario laboral, ni en su sitio de trabajo, pues al tenor de la jurisprudencia transcrita, para entonces era necesario tener certeza de que el trabajador no se apartó del marco obligacional de la comisión u orden, que fue lo que indagó el tribunal, sin éxito, ante la inactividad probatoria de la parte activa.

Por otro lado, el ordenamiento laboral patrio no contempla la obligación patronal de pagar el transporte al trabajador siempre que este decida residir fuera del lugar en el que desempeña sus labores, ni tampoco existe mandato legal que reglamente la manera en que debe obrar ante dicha circunstancia. Por lo demás, como en este caso se aceptó que era el trabajador quien libremente elegía el medio de transporte que lo llevaba del trabajo a su residencia, no hay lugar a imputarle responsabilidad en los hechos a Electromag en liquidación, a menos que se hubiese demostrado que había ampliado la órbita de subordinación al momento del transporte desde y hacia el sitio de trabajo, pues entender lo contrario, a título de presunción, como lo estructuró el casacionista, sería tanto como crear un nuevo elemento normativo en sede judicial, por fuera del ordenamiento legal vigente a la fecha del accidente.

En este punto vale la pena aclarar que no está explicado en el memorial demandatorio del recurso cuál es la interpretación errónea en la que incurrió el tribunal de cara al inciso tercero del artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, pues al respecto solo se planteó un argumento fáctico, consistente en que el empleador sabía de los traslados entre los aludidos municipios, por lo que al consentirlos estaba obligado a suministrar el transporte al trabajador, reflexión que, como se sabe, no tiene cabida cuando se encauza el embate por la vía del derecho.

A más de lo expuesto, si se quisiese entender que el cargo se edificó sobre la desviada intelección del inciso que consagra el accidente in itinere, no tendría éxito el embate, pues el juez de apelaciones no podría dejar de entender que en esa modalidad del accidente de trabajo el legislador impuso un condicionamiento, consistente en que el transporte debía ser suministrado por el empleador, tal como lo exige su texto, hecho que ameritaba prueba, y no como lo reclama el recurrente, quien, una vez más, por vía de presunción o de inferencia indiciaria, busca que se declare que el conocimiento de los desplazamientos entre el sitio de trabajo y la residencia, por sí solo, obligaba al suministro del transporte a cargo del empleador y que ello era suficiente para dar pie a las consecuencias indemnizatorias del caso. En cuanto a este aspecto, la corte tuvo oportunidad de pronunciarse en la providencia CSJ SL 38070, 24 feb. 2012, en la cual dijo:

En lo relacionado con el accidente de trabajo in itinere que específicamente se discute en esta controversia, prevé el artículo 1° de la Decisión 584 literal n) in fine que “Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa”.

La Corte Constitucional también entendió que los temas relativos al accidente de trabajo y enfermedad profesional no estaban excluidos de la órbita de regulación del legislador interno de cara a la normatividad de la Comunidad Andina, pues cuando declaró inexequible el artículo 9° del Decreto 1295 de 1994 que definía el accidente de trabajo mediante sentencia C-858 de 2006, dispuso que el Congreso debía expedir la ley que definiera los aspectos declarados inexequibles; y en sentencia C-1155 de 2008, donde expulsó del ordenamiento jurídico el artículo 11 del Decreto Ley 1295 de 1994 que definía enfermedad profesional, ante la solicitud del interviniente Ministerio de la Protección Social de que si se profería la decisión de inconstitucionalidad se exhortara a la aplicación del literal m) del artículo 1° de la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina, la postura de la Corte fue la de que “de acuerdo con su línea jurisprudencial, debe revivir el ordenamiento jurídico anterior con sus modificaciones, esto es en relación al concepto de enfermedad profesional. Así las cosas, la presente declaración de inexequibilidad revive el artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo”.

En el anterior orden de ideas, como al momento de la muerte del causante ocurrido el 25 de febrero de 2002, el tema del accidente de trabajo in itinere estaba regulado en la legislación interna por el artículo 9° del Decreto 1295 de 1994, era esa la norma aplicable y no el literal n) de la Decisión 584 de 2004 del Consejo Andino, máxime que esta última no había sido expedida cuando se produjo el deceso.

2.- El Tribunal en su sentencia se refirió al artículo 9° del Decreto 1295 de 1994, y aunque no abordó en forma concreta el accidente de trabajo in itinere, al haber descartado que la muerte del afiliado fuera de origen profesional ha de entenderse analizó ese aspecto a la luz de dicha preceptiva por regular el tema y encontrarse vigente, por cuanto su inexequibilidad fue pronunciada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-858 de 2006 corregida por auto 051 de 2007, y con efectos a partir del 20 de junio de 2007, es decir, mucho después de ocurrido el fallecimiento del hijo de los demandantes. Y es que el mismo Juzgador en la sentencia gravada se refirió a que el vacío normativo que se produjo respecto de la definición de accidente de trabajo fue con “posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de la mencionada normatividad”.

En ese orden de ideas se itera, la norma que regulaba controversia era el artículo 9° del Decreto 1295 de 1994, que preveía: “Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador”.

Al existir norma expresa el juzgador debía atenerse a sus mandatos, con arreglo al artículo 230 de la Constitución Política que prescribe que “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos, al imperio de la ley”. No siendo de recibo las insinuaciones del recurrente de que debió considerarse el infortunio como de origen profesional en la modalidad de accidente in itinere, con apoyo en criterios que si bien han sido expuestos por ilustres doctrinantes no tienen aquí cabida de conformidad con el mismo canon 230 superior, que prevé que la doctrina es un criterio auxiliar de la actividad judicial, lo que significa que debe ceder paso, cuando el tema está regulado por el legislador.

En consecuencia, de conformidad con el precepto que gobernaba el sub lite en nuestra legislación interna, para que se configurara accidente de trabajo in itinere era menester que el transporte de que se valiera el trabajador para desplazarse de su residencia hacia el sitio de trabajo o viceversa, fuera suministrado por el empleador, circunstancia fáctica que no fue invocada en el proceso ni mucho menos establecida en la sentencia gravada, y que de todos modos no es dable controvertir en esta acusación de puro derecho. [Negrillas fuera del texto original].

No sobra recordar que en este caso se expuso, entre los hechos de la demanda, que el transporte que tomó el trabajador la noche de su fallecimiento, lo eligió él mismo, sin injerencia ni aquiescencia por parte del empleador, lo que da al traste con el razonamiento expuesto.

También es preciso decir que, contrario a lo manifestado en el recurso, los conceptos jurídicos, como el del Ministerio de la Protección Social, que adujo el tribunal, no son atacables a través del recurso de casación, pues no se trata de normas jurídicas de orden nacional, y de naturaleza sustantiva, luego las consideraciones en torno a la eventual incorrección de su análisis no estructuran la prosperidad del cargo.

En cuanto a que el artículo 57, numeral 8º del CST sea norma aplicable al caso, para desprender de ella que durante las comisiones laborales el transporte debe ser suministrado por el empleador, baste decir que esa norma regula una situación distinta a la que se plantea aquí, pues regula el pago de los gastos que se suscitan cuando la orden de trabajo implica el cambio del lugar de habitación del trabajador a otro distinto del que fue la sede contractual, es decir, cuando el empleador, en uso del ius variandi, obliga a su trabajador a modificar su sitio de residencia. Por el contrario, en el caso de autos, lo que adujo la parte activa es que su compañero y padre no modificó su lugar de residencia, que fue la ciudad de Santa Marta, donde fue contratado para cumplir sus funciones, pero de donde nunca se trasladó para residir en Fundación, municipio al que iba a laborar, para regresar después de su turno a la capital del departamento del Magdalena.

De otra parte, para resolver el cuestionamiento propuesto por la censura relativo a que no le corresponde al extremo activo la carga de probar la culpa, o, en sus palabras, que «la carga de probar la ausencia de responsabilidad [es] del empleador», viene al punto recordar el concepto de culpa patronal que ha elaborado la sala a partir del contenido del artículo 216 del CST, norma que señala: «Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, […]».

La disposición es categórica al tener como supuesto indispensable de la indemnización plena, no solo la prueba de la existencia del accidente laboral sino que, además, la culpa del empleador debe estar suficientemente comprobada, lo que excluye que el punto sea materia de presunción, o que la carga de probar lo contrario corresponda al empleador. Sobre el tema, esta sala, en sentencia CSJ SL9355-2017, iterada en la SL2248-2018, expuso:

[…] la condena a la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 Código Sustantivo del Trabajo, debe estar precedida de la culpa suficiente del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo que su establecimiento amerita además de la demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo, la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia de su negligencia en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores (art. 56 C.S.T.).

Así mismo, ha reiterado la sala en sentencias CSJ SL17026-2016, y CSJ SL10262-2017, entre otras, que cuando se habla de la indemnización total de perjuicios, se está en el ámbito de la culpa probada:

[…] La indemnización total y ordinaria de perjuicios ocasionada por accidente de trabajo, prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó «aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios», según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes, de modo que cuando se reclama esta indemnización ordinaria, debe el trabajador demostrar la culpa al menos leve del empleador, y a este que tuvo la diligencia y cuidados requeridos, para que quede exento de responsabilidad.

Así las cosas, no le basta al trabajador con plantear el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección a cargo del empleador, para desligarse de la carga probatoria que le corresponde, porque, como lo ha precisado pacíficamente esta Sala, la indemnización plena de perjuicios reglada por el artículo 216 del CST, no es una especie de responsabilidad objetiva como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama, ello como quiera que en primer término deben estar acreditadas las circunstancias en las que ocurrió el accidente y «…que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente…»

Bajo el parámetro exhibido es evidente que el tribunal no malinterpretó el artículo 216 del CST, que regula las cargas probatorias en materia de culpa patronal, pues entendió, conforme a esa antigua jurisprudencia, que la ausencia de planteamiento fáctico, y por ende de ejercicio probatorio de parte del demandante no podía llevar a otro resultado que el absolutorio.

Lo expuesto en cuanto a este aspecto da al traste con el argumento del recurrente y, en general, con el cargo propuesto.

Sin costas en la sede extraordinaria por la falta de oposición.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013) por la Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARLENE ZENITH VARELA VELÁSQUEZ, TATIANA MILENA, GUIOMAR MARINA, SAJALIN ENRIQUE y OSCAR IVÁN GRANADOS VARELA contra la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA SA ESP EN LIQUIDACIÓN.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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