Ficha de la providencia
Sentencia SL4122-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4122-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4122-2020
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
9 de septiembre de 2020
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4122-2020
Radicación n.° 50150
Acta 33
Bogotá, D. C., nueve (09) de septiembre de dos mil veinte (2020).
Procede la Corte a emitir la providencia de instancia, conforme a lo ordenado en el fallo CSJ SL21088-2017, emitido por esta Corporación, dentro del proceso ordinario laboral que LUZ MARÍA ESCOBAR GALEANO promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la ESE RAFAEL URIBE URIBE.
ANTECEDENTES
La actora solicitó el reajuste de la pensión de jubilación, que le reconoció la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, para que su cuantía sea ajustada al 100% del salario promedio mensual, percibido en los últimos dos años de servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, o en su defecto, otorgar el reajuste pensional deprecado con base en el Decreto 1653 de 1977; como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago del retroactivo, los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 11 de mayo de 2009, condenó a las demandadas a reconocer la pensión de jubilación «conforme lo establece el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, conforme se dejó dicho en las consideraciones y por consiguiente reconocer el correspondiente reajuste pensional»; condenó al pago de $23.624.511 por concepto de retroactivo, la indexación y las costas.
El Tribunal, al desatar la alzada interpuesta por la parte demandada, confirmó el fallo del juzgador de primer grado.
Mediante sentencia SL21088-2017 emitida el 1º de noviembre de 2017, la Corte, al abordar el estudio del recurso de casación interpuesto por la parte accionada, resolvió casar la decisión impugnada toda vez que la accionante no era beneficiaria de las normas convencionales que estatuyen la reliquidación de la pensión, pues si bien a la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003 (26 de junio de 2003) tenía más de 20 años de servicios al I.S.S., no gozaba en esa data de 50 años de edad, habida cuenta de que los cumplió el 27 de octubre de 2004, de suerte que no se puede sostener que satisfizo los requisitos convencionales cuando tenía la calidad de trabajadora oficial, como para proteger o amparar un derecho adquirido.
Ahora bien, como de manera subsidiaria la actora pretende la reliquidación de la pensión con fundamento en el Decreto 1653 de 1977, la Sala para decidir tal pretensión y mejor proveer, en el evento que aquella súplica saliera avante, dispuso que por Secretaría se oficiara al Ministerio de Salud -Grupo entidades liquidadas- y a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de los oficios, allegara al expediente certificación en donde conste el salario mensual de base para calcular las cotizaciones (artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994) correspondiente al periodo en que laboró la señora LUZ MARÍA ESCOBAR GALEANO, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.521.728, en la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, esto es, entre el 26 de junio de 2003 y el 30 de noviembre de 2004, y en el Instituto de Seguros Sociales los comprendidos entre el 12 de julio de 1971 y el 25 de junio de 1993.
Después de varios requerimientos a la demandada con el fin de que certificara los salarios percibidos por la actora, el 19 de septiembre de 2019, allegó la totalidad de la información solicitada. Luego de correr traslado de los documentos aportados, la parte accionante no se pronunció. Por último, el despacho recibió el expediente el pasado 6 de agosto.
CONSIDERACIONES
En sede de instancia, inicialmente se advierte que al salir victorioso el recurso extraordinario cuya consecuencia necesaria es quebrar el acto jurisdiccional controvertido y, ante la decisión en este grado de negar las súplicas principales imploradas por la demandante, toda vez que, se reitera, no se acreditaron los supuestos fácticos para acceder al reajuste pensional a la luz de lo estatuido en la convención colectiva de trabajo, resultaría contra toda lógica mantener en pie el fallo en contra de la ESE RAFAEL URIBE URIBE, dada la inescindible relación jurídica que ató a las partes en contienda, la fuente u origen del derecho al reajuste pensional impetrado y, en este caso específico, la circunstancia de la indivisibilidad de la sentencia. Por lo brevemente explicado es que no es dable sostener, se insiste, en este caso en concreto, que esta decisión lesionaría los límites derivadas de la personalidad del recurso o aquel «célebre (…) estribillo de que quien no recurre se atiene a la adversidad.»
Ahora bien, como de manera subsidiaria la actora pretende la reliquidación de la pensión con fundamento en el Decreto 1653 de 1977, procede la Sala a estudiar tal pretensión, para lo cual se tendrá en consideración lo resuelto por esta Corte en sentencia CSJ SL17783-2016.
En esa providencia la Sala sostuvo que el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, reza:
El funcionario de la seguridad social que haya prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos al Instituto y llegare la edad de cincuenta y cinco años si es varón o de cincuenta si es mujer, tendrá derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación. Esta pensión equivaldrá al ciento por ciento del promedio de lo percibido en el último año de servicios.
Así las cosas, en principio, le corresponde a la Corte determinar qué calidad tuvo la accionante durante el tiempo que prestó sus servicios a las accionadas, para lo cual, resulta procedente efectuar un recuento de las disposiciones más relevantes que definieron el régimen legal de los servidores del ISS, a partir de la expedición del Decreto 1651 de 1977, que en su artículo 3, al referirse a la clasificación de los funcionarios al servicio del dicho instituto, determinó:
Art. 3º.- Funcionarios. Serán empleados de libre nombramiento y remoción, el Director General del Instituto, el Secretario General, los Subdirectores y Gerentes Seccionales de la entidad. Tales funcionarios se sujetarán a las normas generales que rigen para los funcionarios de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de la seguridad social, con excepción de las personas que cumplan las funciones relacionadas en las siguientes actividades, que serán trabajadores oficiales: Aseo, jardinería, electricidad, mecánica, cocina, celaduría, lavandería, costura, planchado, transporte.
Los funcionarios de seguridad social estarán vinculados a la administración por una relación legal y reglamentaria de naturaleza especial, […]. (Resaltado fuera del texto original).
En dicho fallo, también se enfatizó en que mediante el artículo 1º del Decreto 2148 de 1992, se modificó la naturaleza jurídica del ISS, al establecer que en adelante funcionaría como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculado al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Así, en ejercicio de las facultades que le otorgó el numeral 13 del artículo 9 ibídem, el mencionado ente adoptó sus estatutos mediante el Acuerdo 003 de 1993, en cuyo artículo 33 clasificó a sus servidores en los siguientes términos:
Art. 33.- Son empleados públicos:
1. El Presidente del Instituto;
2. El Secretario General;
3. Los Subdirectores Nacionales;
4. Los Jefes de Oficina Nacional, Seccional o Local;
5. Los Asistentes de la Dirección General;
6. Los Gerentes Seccionales;
7. Los Subgerentes Seccionales;
8. Los Secretarios Generales Seccionales;
9. Los Directores de Unidad Programática Institucional;
10. Los Directores de Unidad Programática Local;
11. Los Directores de Unidad Programática Zonal;
12. Los directores de Unidad Programática de Naturaleza Especial;
13. Los Jefes de División del Nivel Nacional, Seccional y de Unidad Programática Institucional, Local, Especial o Zonal;
14. Los Jefes de Departamento de Unidad Programática Institucional, Local, Especial o Zonal;
15. Los Jefes de Servicio de Unidad Programática Institucional, Local, Especial o Zonal;
16. Los Directores de Clínica u Hospital;
17. Los Coordinadores de Servicios Asistenciales;
18. Los Aprendices;
19. Los Capellanes, y
20. Los practicantes.
Parágrafo Transitorio. Los demás servidores del Instituto conservarán su carácter de funcionarios de la seguridad social o trabajadores oficiales, hasta tanto se adopte la estructura y la planta de personal
Por su parte, el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, prescribió que los trabajadores del ISS, mantendrían el carácter de empleados de la seguridad social, en el artículo 275 ibídem, se definió a esa entidad como una Empresa Industrial y Comercial del Estado y se señaló que «el régimen de sus cargos sería el contemplado en el Decreto 1651 de 1977.»
El artículo 1º del Decreto 1754 de 1994, refirió textualmente:
El artículo 33 del Acuerdo 003 de 1993, quedará así:
Artículo 33. Clasificación de los servidores del Instituto. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos, funcionarios de seguridad social y trabajadores oficiales.
Son empleados públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la Planta de Personal del ISS:
Presidente del Instituto, Secretario General, Vicepresidente, Gerente I, Gerente II, Gerente III, Gerente IV, Gerente V, Gerente VI, Gerente VII, Gerente VIII, Gerente IX, Gerente X, Gerente XI, Asesor y Director I y Director II.
Son Funcionarios de Seguridad Social discrecionales, las personas que desempeñen los cargos que a continuación se señalan:
Gerente Grado 38 y Gerente Grado 39, Secretario Seccional, Director Grado 38 y Grado 39, Jefe de Departamento, Subgerente, Coordinador, Jefe de Unidad, Jefe de Sección, Jefe de Grupo, Aprendiz, Capellán, Practicante, Técnico de Servicios Asistenciales Administrativos (regente de farmacia), Técnico de Servicios Administrativos (Almacenista, Administrador Hospitalario, Banca, Finanzas, Comercio, Ventas, Informática, Mercadeo), Funcionario de Auditoría, Técnico de Mantenimiento (de equipo médico y odontológico, de máquinas y equipos, mecánica, electricidad, supervisor de obra).
Igualmente son cargos discrecionales los de despachos de los empleados públicos.
Son cargos de carrera de Funcionarios de Seguridad Social los demás.
Son Trabajadores Oficiales las personas que desempeñan en el Instituto los cargos que a continuación se señalan:
Ayudante (Operador de Calderas, Operador de Máquinas, Acarreador, ascensorista, Empacador, Aseo, Cafetería, Lavandería y Ropería, Mantenimiento, Alimentación a Pacientes, Jardinero, Cocina), Conductor, Mecánico de Ambulancias y Portero. (Resaltado fuera del texto original).
Empero, la Corte Constitucional, mediante sentencia CC C-579 de 1996, declaró inexequibles, el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 2º del artículo 3º del Decreto Ley 1651 de 1977 citado. Dicha providencia estableció en su parte resolutiva que sólo produciría efectos hacia el futuro, a partir de su ejecutoria.
Finalmente, el artículo 1º del Acuerdo 145 de 1997, expedido por el Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 416 de 1997, dispuso:
Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales.
A. Son empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS:
1. Presidente del Instituto.
2. Secretario General y Seccional.
3. Vicepresidente.
4. Gerente.
5. Director.
6. Asesor.
7. Jefe de Departamento.
8. Jefe de Unidad.
9. Subgerente.
10. Coordinadores Clase I, II, III, IV y V.
11. Jefe de Sección.
12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de Servicios de Salud y Contratación de Servicios de Salud.
13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.
B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los demás cargos.
De las normas transcritas y de lo resuelto por la Corte Constitucional, en la aludida sentencia CC C 579 de 1996, que fijó sus efectos a partir de la ejecutoria de la misma, lo cual tuvo ocurrencia el 20 de noviembre de 1996, se deduce palmariamente que la demandante tuvo la calidad de funcionaria de la seguridad social, entre el 12 de julio de 1971 y el 19 de noviembre de 1996 -esto es, por espacio de más de 25 años -, pues a partir del día siguiente -y hasta el 26 de junio de 2003-, fue trabajador oficial, de acuerdo a la regla general consagrada en el inciso 2º del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968.
Entonces, como quiera que el reseñado artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, estatuyó que para efectos de obtener la pensión de jubilación especial para quienes fueron funcionarios de la seguridad social, es necesario que la trabajadora hubiera prestado 20 años de servicio en esa calidad y, como quedó visto, tal exigencia fue cumplida por la demandante, hay lugar a la reliquidación que, subsidiariamente, solicitó en el escrito generatriz de la contienda, aunado a que la promotora del proceso también es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Luego, es procedente la reliquidación de la prestación otrora reconocida, teniendo en cuenta que (i) mediante la Resolución 9905 del 18 de noviembre de 2005, se le otorgó a la actora una pensión, a partir del 1º de diciembre de 2004, en cuantía inicial de $947.395, que corresponde al 75% del promedio mensual de salarios percibidos en el último año de servicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la convención colectiva; (ii) al ser la demandante beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por contar con más de 35 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de esta normatividad, debía aplicársele el Decreto 1653 de 1977, en su calidad de servidora pública del Instituto de Seguros Sociales, exclusivamente en los aspectos de tiempo, edad y monto, y no en lo concerniente al ingreso base de liquidación, por cuanto este último ítem, se encuentra regulado por las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y, para el caso concreto, según posición mayoritaria, de manera específica por el artículo 21, pues le faltaban más de 10 años, a 1o de abril de 1994, para adquirir la pensión; y (iii) en múltiples ocasiones la Corte ha señalado que la disposición llamada a gobernar lo relacionado con los factores salariales que se deben tener como referente para calcular el ingreso base de liquidación es la vigente al momento de la causación del derecho (CSJ SL 561-2013, CSJ SL 486-2013 reiterada en la CSJ SL4870-2017), que para el caso de la pensión de jubilación de la demandante, no es otra que el Decreto 1158 de 1994 y no con los factores que se enlistan en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 (CSJ SL803-2019).
En el horizonte trazado, efectuado el cálculo de rigor se tiene que por ser más favorable el ingreso base de liquidación de los 10 últimos años frente al de toda la vida, la mesada inicial corresponde a $974.872,63, y como se le reconoció una equivalente $947.395,00, se deberá condenar a la demandada a reconocer y pagar la diferencia que, a 31 de agosto de 2020, asciende a la suma de $ 8.872.338,40, según se explica en el siguiente cuadro:
Concepto
Valor
Total de ingresos que constituyen factor salarial
$ 85.889.725,09
Días totales laborados durante toda la vida laboral
12.079
Semanas totales laboradas durante toda la vida laboral
1.725,57
Ingreso Base de Liquidación de toda la vida laboral
$540.620,86
Días totales laborados durante los últimos 10 años
3.600
Semanas totales laboradas durante los últimos 10 años
514,29
Ingreso Base de Liquidación de los últimos 10 años
$ 974.872,63
Fecha de pensión
01/12/2004
Valor de la primera mesada pensional s/n C.S.J.
$ 974.872,63
Valor de la primera mesada pensional reconocida
$ 947.395,00
Retroactivo de la diferencia pensional a 31/08/2020
$ 8.872.338,40
Es importante advertir que para determinar los ingresos base de cotización se tuvieron en cuenta los valores certificados por el Ministerio de Salud por los tiempos laborados en Instituto de Seguros Sociales y en la E.S.E. Rafael Uribe Uribe al tenor de lo establecido en el Decreto 1158 de 1994 (folios 121 a 139, 141 a 143 y 157 a 160), y ante la ausencia de reporte de ingresos por el periodo comprendido entre julio de 1971 y el 30 de junio de 1994, se asumió el salario mínimo legal vigente para dicho lapso. Igualmente, para la configuración de varias de las cifras de ingresos, a partir de 1° de julio de 1994, hubo necesidad de estimar la compilación de diferentes conceptos consignados en los reportes (por ejemplo, asignación básica, incremento servicios prestados, notas crédito por incrementos de servicio y por asignación básica, retroactiva asignación básica, retroactivo incremento servicios).
Dada las resultas del proceso se declarará no probadas las excepciones de fondo propuestas por las llamadas a juicio, incluida, desde luego, la de prescripción, comoquiera que el derecho pensional fue reconocido a partir del 1º de diciembre de 2004, la demanda se presentó el 11 de octubre de 2006 y fue notificada el 23 de octubre y 2 de noviembre siguiente.
Así las cosas, se modificará el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 15 de mayo de 2009, en el sentido de disponer que la prestación a que tiene derecho la demandante es la pensión de jubilación consagrada en el Decreto 1653 de 1977 y, por ende, la mesada inicial debe reajustarse a la suma de $974.872,63, a partir del 1º de diciembre de 2004; así las cosas, la deuda por retroactivo, a 31 de agosto de 2020, asciende a la suma de $8.872.338,40. Del monto, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994. En lo demás se confirmará el fallo apelado.
Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo de la parte vencida.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 15 de mayo de 2009, en el sentido de disponer que la prestación a que tiene derecho la demandante es la pensión de jubilación consagrada en el Decreto 1653 de 1977 y, por ende, la mesada inicial debe reajustarse a la suma de $974.872,63, a partir del 1º de diciembre de 2004 que, a 31 de agosto de 2020, asciende a la suma de $ 8.872.338,40. Del monto, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.
SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 15 de mayo de 2009.
TERCERO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurrente: Instituto de Seguros Sociales
Opositor: Luz María Escobar Galeano y ESE Rafael Uribe Uribe
Radicación: 50150
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Tal como lo expuse en la sesión en la que se debatió el asunto, aunque estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, considero necesario aclarar mi voto por las razones que expongo a continuación.
En la sentencia de casación que dio origen a esta decisión de instancia, SL21088-2017, la Sala determinó que la actora no era beneficiaria de la norma colectiva en que fundó su petición de reliquidación de la pensión –artículo 98 de la Convención Colectiva 2001-2004-, pues si bien a la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003 (26 de junio de 2003) -cuando pasó de ser trabajadora oficial a empleada pública-, tenía más de 20 años de servicios al Instituto de Seguros Sociales, no tenía 50 años de edad, en tanto los cumplió el 27 de octubre de 2004; luego, no satisfizo los requisitos convencionales cuando tenía la calidad de trabajadora oficial.
Por tal razón, en sede de instancia, a la Sala le correspondió analizar la pretensión subsidiaria relativa a la reliquidación de la pensión de la actora conforme el Decreto 1653 de 1977, para concluir válidamente que tiene derecho a la misma y, en tal sentido, modificar el fallo de primer grado.
En esa dirección, estimo pertinente aclarar que la postura inicialmente planteada, esto es, que la edad es un requisito de causación de la prestación contemplada en la citada norma convencional, varió a partir de la providencia SL 3343-2020, en la que, con fundamento en las reglas que gobiernan la hermenéutica de las normas del trabajo, la mayoría de la Sala concluyó que tal condición no constituye más que un requisito de exigencia para acceder al derecho, postura que fue reiterada en sentencia SL5116-2020.
Para arribar a tal determinación, esta Sala consideró que si bien el artículo 98 convencional alude a trabajadores oficiales, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condición, pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalización de sus contratos de trabajo, pues dicha circunstancia no desvirtúa la calidad que una vez tuvieron: la de trabajadores oficiales al servicio de la entidad que, en últimas, es lo que exige la norma referida.
Igualmente, destacó que tal derecho pensional goza de la particularidad que se concede para compensar el desgaste físico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos años de servicios; de ahí que, precisamente, el eje central de tal prestación es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral, en tanto la edad simplemente corresponde a una condición futura, connatural al ser humano.
Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala había comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, mayoritariamente precisó que, a partir de la citada decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que allí se fijó, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación.
En los anteriores términos aclaro mi voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada
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