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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL423-2020

Fecha
11 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL423-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014) por la Sala Laboral del Tribunal Superior Zonal de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso adelantado por JHON ALBERTO VERGARA ORTEGA en su propio nombre y en la representación de LVVM, y por NORMA ORTEGA PÉREZ, LILIANA ROSA, INGRIS LUCÍA y JOSÉ GREGORIO VERGARA ORTEGA y YADER RAMÓN y ANA VERGARA RAMOS en contra de la sociedad BARING LTDA. y del MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL423-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

11 de febrero de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL423-2020

Radicación n.° 68906

Acta 004

Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JHON ALBERTO VERGARA ORTEGA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior Zonal de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta el 30 de mayo de 2014, dentro del proceso adelantado por él en su propio nombre y en la representación de LVVM, y por NORMA ORTEGA PÉREZ, LILIANA ROSA, INGRIS LUCÍA y JOSÉ GREGORIO VERGARA ORTEGA y YADER RAMÓN y ANA VERGARA RAMOS, en contra de la sociedad BARING LTDA. y del MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA.

ANTECEDENTES

Jhon Alberto Vergara Ortega, actuando en su propio nombre y en representación de LVVM, Norma Ortega Pérez, Liliana Rosa, Ingris Lucía y José Gregorio Vergara Ortega y Yader Ramón y Ana Vergara Ramos, demandaron a la sociedad Baring Ltda. y al Municipio de San Juan de Betulia (Sucre), con la finalidad de que se declarara que entre el primero de aquellos y la empresa demandada, existió un contrato de trabajo en virtud del cual ocurrió un accidente de trabajo con responsabilidad del empleador y solidaridad del municipio.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condenara a los demandados solidariamente a pagarles la indemnización plena de perjuicios indexada por el accidente que sufrió el trabajador el 14 de febrero de 2009 y que ocasionó su invalidez.

Como fundamento de sus peticiones señalaron que Jhon Alberto Vergara Ortega se vinculó a la sociedad Baring Ltda., contratista del municipio demandado, el 16 de diciembre de 2008 en condición de «obrero de construcción» hasta el 4 de agosto de 2010, fecha a partir de la cual la ARP Positiva le reconoció una pensión de invalidez tras el accidente de trabajo que ocurrió el 14 de febrero de 2009 cuando en el ejercicio de sus funciones, «[…] retrocedió y tropezó con un bloque, perdió el equilibrio y cayó al primer piso».

Indicaron que en aquel suceso el trabajador quedó en situación de paraplejía habiendo sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del 74.85%, lo que ocurrió por la «[…] falta de elementos de seguridad establecidos por las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, para trabajos en altura o de alto riesgo como lo son las actividades en el área de construcción» y la ausencia de una valla de seguridad que evitara la caída del trabajador.

Finalizaron indicando que su núcleo familiar dependía económicamente de él y que han padecidos graves afectaciones económicas, psicológicas y emocionales.

El Municipio de San Juan de Betulia contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Aceptó la relación contractual con la sociedad Baring Ltda., la relación laboral de esta con el demandante, el accidente que padeció y sus consecuencias, el reconocimiento de una pensión de invalidez por origen laboral y el agotamiento de la reclamación administrativa.

Aclaró que el trabajador no se encontraba realizando una labor de altura o peligrosa y que no requería el uso de arnés o equipamiento especial.

Formuló en su defensa las excepciones de «culpa exclusiva o hecho de la víctima» e inexistencia de solidaridad entre el municipio y el contratista.

La sociedad Baring Ltda. no contestó la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral Itinerante del Circuito de Corozal profirió fallo el 24 de octubre de 2013, por medio del cual condenó a la sociedad Baring Ltda. al pago en favor del trabajador demandante de los perjuicios materiales, los perjuicios morales y la indemnización por daño a la vida de relación y alteración de condiciones de existencia con ocasión del accidente de trabajo, así como el pago de los perjuicios morales en favor de LVVM y Norma Ortega Pérez, en cuantía de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada una. No hizo mención al ente territorial demandado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la sociedad Baring Ltda., conoció del asunto la Sala Laboral del Tribunal Superior Zonal de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta que, en sentencia del 30 de mayo de 2014, revocó la decisión apelada y absolvió a las demandadas de las pretensiones.

Fundó el fallo en que no estuvo «[…] comprobada la plena culpa del empleador en el accidente de trabajo». Tras encontrar probada la relación de trabajo y el accidente laboral y sus consecuencias, explicó el lineamiento jurisprudencial aplicable a la responsabilidad del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

En este sentido, señaló que de la prueba testimonial no quedó demostrado si para el momento del accidente el empleador fue omisivo en la entrega de los elementos de protección a los trabajadores en la medida en que los testigos José Montero, Remberto Ortega y Reinaldo Montes no se encontraban presentes al momento del accidente, porque no laboraban en la empresa y, éste, porque no estaba físicamente en el lugar de los hechos.

De esta manera concluyó que «[…] la culpa del empleador, se itera, no está suficientemente comprobada, luego al faltar los elementos necesarios para atribuírsele responsabilidad del accidente de trabajo del demandante, por lo que no pueden tener vocación de prosperidad las pretensiones del promotor de la Litis».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante Jhon Vergara Ortega, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, «[…] emanada del Tribunal Zonal de Descongestión de Santa Marta Sala Primera de Decisión Laboral con fecha mayo 30 del 2014 y en su lugar confirmar la sentencia de primer grado, emitida por el Juzgado Laboral Itinerante del Circuito de Corozal-Sucre con fecha 24 de Octubre (sic) del 2013».

Con tal propósito formuló un cargo por la vía indirecta, el cual tras no haber sido replicado, pasa a ser estudiado por la Corte en los estrictos términos de la acusación formulada y dentro de la competencia restringida que le asiste a esta Corporación.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «[…] 55, 56, 57, 216 del C.S.T.; 59, 60, 61, 66ª, 77 C.P.L; 177, 210 del C.P.C; 1604, 1613, por mala apreciación de la prueba».

Como errores de hecho señaló:

1. Dar por demostrado sin estarlo que al trabajador se le dieron las herramientas adecuadas para el cumplimiento de su labor, por cuanto no se pudo demostrar lo contrario-.

2. No dar por establecido, estándolo, que el accidente de trabajo que causo su paraplejia al señor JHON VERGARA ORTEGA, se produjo por culpa del empleador, al no brindarle capacitación técnica para trabajos en altura.

3. No dar por demostrado estándolo que el empleador incurrió en culpa al no contar dentro de la empresa con Reglamento Interno de Trabajo, manual de Funciones, Programa de Salud ocupacional y programa de seguridad industrial.

Inició la demostración del cargo indicando que el Tribunal cometió,

[…] error de hecho, en la mala apreciación del único medio probatorio que estimó, como fue la declaración de terceros de los señores JOSE DE JESUS MONTERO MERCHAN; REMBERTO SEGUNDO ORTEGA AVILEZ Y REINALDO RAFAEL MONTES QUIROZ, de los cuales infirió erradamente que no se pudo comprobar si el patrono entregó o no los medios de seguridad a los trabajadores; dice la corte que cuando sucede que el único medio probatorio para fundamentar una decisión, es la testimonial, muy a pesar de no ser calificada y exclusiva para casar, según el artículo 7 de la ley 16 de 1969, ha dicho la misma corte cuando se toma como el soporte para una sentencia, puede ser calificada para estudio del recurso extraordinario de revisión, de lo contrario, quedaría intocable una sentencia de tribunal cuando se fundamente en medios testimoniales.

Afirmó que como consecuencia de la indebida apreciación de las pruebas el Tribunal incurrió en dos errores, los cuales consistieron en:

Que los testigos no se encontraban en el lugar de los hechos, calificándolo como testigos de oídas, que son vagas y deben desecharse, no se pueden valorar, por cuanto las preguntas no recibieron respuestas adecuada, que no ofrecen ningún tipo de certeza a la sala, concluyendo que cuando fueron interrogados sobre la ocurrencia del accidente de trabajo, no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, ni se encontraban laborando con la sociedad, ratifica que se enteraron por otra personas, es decir, no son de trabajadores que estuvieran presentes en el sitio del accidente.

No dar por establecido, estándolo, que el accidente de trabajo que causó su paraplejia al señor JHON VERGARA ORTEGA, se produjo por culpa del empleador, al no brindarle capacitación técnica para trabajos en altura.

Explicó que las declaraciones eran de personas que realizaron la misma labor y para la misma empresa, por lo tanto, eran idóneos para afirmar que no les hicieron entrega de los elementos de seguridad mencionados.

Señaló que a través de ese medio de prueba se pudo establecer el incumplimiento del empleador en la entrega de los elementos de seguridad a los trabajadores y el perjuicio causado a los demandantes, violando de esta forma indirectamente los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1613 del Código Civil. Por lo tanto,

[…] no tiene por qué motivos exigirse de parte del Tribunal, que los testigos aprecien la ocurrencia del accidente, lo que produjo un error de hecho, por mala apreciación de los testimonios, Honorables Magistrados que decidieron realizar el estudio de pruebas aislada, a los demás medios probatorios documentales y omisiones que atribuyeron responsabilidad procesal atribuible a la parte demandada

2- Que con las anteriores declaraciones no se pudo demostrar si el patrono entregaba o no oportunamente las herramientas de seguridad industrial y en este sentido, por cuanto estos testimonios no fueran suficientes para la demostración de los supuestos de hecho alegados por el actor.

1. Dar por demostrado sin estarlo que al trabajador se le dieron las herramientas adecuadas para el cumplimiento de su labor, por cuanto no se pudo demostrar lo contrario-.

Afirmó que a lo largo del proceso no se alegó que el empleador hubiera entregado tardíamente los elementos de seguridad. Consideró que al Tribunal le faltó apreciar los demás medios probatorios, como las fotografías aportadas que señalaban la ausencia de vallas protectoras alrededor de la construcción, que hubiesen impedido la caída y el deterioro de la salud del trabajador en las circunstancias como ocurrió.

Sostuvo que no tuvo en cuenta que la demanda no fue contestada y, por lo mismo, no reconoció como ciertos los hechos de la demanda que debían ser declarados ser susceptibles de confesión, los cuales, analizados con las demás pruebas, lo llevaran a una convicción diferente.

Indicó que,

El Tribunal deformó la prueba testimonial, con la finalidad de soportar su decisión, primero toda vez que hace decir lo que no dice, es falso que sean testigos de oídas, tienen conocimiento de causa, por haber laborado en la misma labor contratada, con la misma empresa, debiendo haberse retirado uno por ausencia de medidas de seguridad, el otro declarante señala que se encontraba al otro lado donde se encontraba el accidentado y el tercero ratifica la ausencia de medidas de seguridad, declarante que fueron interrogados por las partes, no tachados, ni de falsos o de sospechosos, por lo tanto se considera que acompañados de los otros medios de pruebas que rezan en el proceso, se tuvieron la fundamentación para demostrar el incumplimiento de su deber legal de parte del empleador, el Tribunal tergiverso la finalidad de las declaraciones, cuyo objeto fue demostrar el incumplimiento del empleador en la ausencia de capacitación y provisión de los elementos de seguridad industrial, necesarios para desempeñar la labor contratada, como lo establece el articulo 177 del C.P.C, aplico indebidamente dicho artículo.

La obligación del empleador es demostrar la diligencia, como lo establece el artículo 1604 del Código Civil, pero si la parte demandada, ya sea por estrategia u otra situación, no contesta la demanda, no presenta a la representante legal para contrainterrogarla, no tacha los testimonios, no puede sacar provecho de su acostumbrada negligencia.

Con la prueba testimonial el trabajador demuestra que el empleador incumple las obligaciones especiales, teniendo en cuenta la naturaleza de la labor contratada, en el caso concreto de construcción y en altura, catalogadas como peligrosas, como se consignó en los hechos de la demanda y lo corrobora la ausencia de prueba por parte del empleador, de haber cumplido con su obligación legal.

Insistió en que el Tribunal trasladó al trabajador la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones del empleador, imponiendo a los declarantes que debían estar en el momento del accidente para indicar cuál fue el motivo que lo desencadenó, lo que constituía una petición imposible y que pasa por alto la carga dinámica de la prueba según la cual es al empleador a quien corresponde demostrar que sí cumplió con sus deberes en materia de seguridad industrial y riesgo laboral.

Finalizó indicando que el Tribunal no halló un indicio de cumplimiento del empleador de protección de sus trabajadores contra accidentes y que no se atuvo al principio de consonancia comoquiera que el mismo demandado no discutió los testimonios en su apelación.

CONSIDERACIONES

Debe comenzar por señalar la Sala que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ha reiterado con antelación que, tratándose de un recurso como el extraordinario de casación, es necesario que en su formulación se cumpla con la técnica que lo caracteriza, lo que desconoció la censura en su intervención.

En efecto, en el escrito a través del cual se impugnó la sentencia de segunda instancia, se ignoró el mandato consagrado en el citado artículo, según el cual «[…] el recurrente deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia»; ello, porque como lo señala la ley y tantas veces lo ha dicho la Corte, en sede de casación se confrontan la sentencia de segunda instancia y la ley, no las partes en litigio y sus argumentos (CSJ SL2517-2017).

No puede perderse de vista que este recurso extraordinario no le permite a la Corte juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta de que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ AL1292-2017).

En los términos analizados, la sustentación del cargo se asemeja más a un alegato propio de las instancias respectivas, que a una argumentación adecuada y concisa, donde el censor cumpla con la obligación de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurrió el Tribunal al adoptar la decisión impugnada.

La dialéctica de la casación, en síntesis, no reside en desplegar meras interpretaciones discordantes u opuestas de las del fallo de segunda instancia, sino en acreditar sus yerros (CSJ SL841-2013) y entre más demostración requiera este, menos ostensible tenderá a ser.

En el mismo sentido, evidencia la Sala que el fallo se estructuró en su totalidad sobre la información que aportaron al juicio los testimonios de José Montero, Remberto Ortega y Reinaldo Montes, probanzas que no resultan calificadas para fundar autónomamente un ataque en casación y sólo puede valorarse tras demostrarse error del fallador sobre prueba hábil (CSJ SL1189-2015).

En este sentido, si el Tribunal no hizo uso de alguna de aquellas para fundar su decisión, era deber del casacionista demostrar cuál de las que sí son calificadas en la sede extraordinaria fue completamente omitida por aquel, que tuvo que ser estudiada para conducir su juicio a una conclusión ausente de error. En otras palabras, era carga de la censura acreditar que la equivocación del Tribunal era, precisamente, rehusar el estudio de una prueba necesaria y fundamental.

Ahora bien, si fuera del caso pasar por alto los yerros de la demanda de casación que impiden su estudio y descender al análisis sobre si resultó equivocado el Tribunal cuando concluyó que el accidente de trabajo que padeció el trabajador demandante no ocurrió con culpa del empleador; habría de decirse que, de todas maneras, no se muestra irrazonable ni palmariamente equivocada su conclusión, en la medida en que se limitó a colegir que ningún medio de prueba presente en el plenario, menos aún de los testimonios escuchados, se podía tener por comprobada la culpa del empleador, según lo ordena el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

De esta forma, no equivocó su juicio cuando reconoció que las labores del trabajador no suponían un riesgo asociado al trabajo en alturas y que el hecho de que hubiera existido un accidente calificado con origen laboral, no implicaba automáticamente que existiera culpa del empleador en el siniestro que indudablemente sí tenía tal carácter.

Sobre este particular, en lo que respecta a la indemnización total y ordinaria de perjuicios derivada de la existencia de un accidente de trabajo, ha reiterado la Sala en la providencia CSJ SL17026-2016, ratificada en sentencia CSJ SL10262-2017, que una condena por aquel concepto:

[…] exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó «aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios», según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes, de modo que cuando se reclama esta indemnización ordinaria, debe el trabajador demostrar la culpa al menos leve del empleador, y a este que tuvo la diligencia y cuidados requeridos, para que quede exento de responsabilidad.

En este sentido, no basta solo con plantear el incumplimiento del empleador en las obligaciones de cuidado y protección a favor del trabajador, comoquiera que la indemnización plena de perjuicios reglada por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, «[…] no es una especie de responsabilidad objetiva como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama» pues deben estar acreditados el accidente y las circunstancias en las que ha tenido ocurrencia, y «[…] que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente» (CSJ SL, 10 marzo 2005, radicación 23656; CSJ SL10262-2017: CSJ SL10417-2017; y CSJ SL17026-2016).

Demostrados los supuestos de la responsabilidad del empleador por quien está interesado en su declaratoria, le corresponde a su turno acreditar «[…] que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores», lo que supone una suerte de inversión de la carga de la prueba, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -hoy 167 del Código General del Proceso- (CSJ SL11147-2017). Así lo ha reiterado la Sala, entre otras, en las sentencias CSJ SL17026-2016, CSJ SL7181-2015 y CSJ SL, 7 octubre 2015, radicación 49681.

Lo dicho, no supone, en todo caso, que exista una presunción de culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo (CSJ SL11086-2017), conclusión proscrita de antaño por la Sala (CSJ SL, 30 marzo 2000, radicación 13212; CSJ SL, 5 septiembre 2000, radicación 14718; y CSJ SL, 20 junio 2012, radicación 42374); sino que, a la probanza del trabajador de los hechos que dan lugar a la culpa del empleador, se sigue la necesidad de acreditar por este último que se consideró su actuación diligente. Ello, por cuanto sólo tras su culpa comprobada, se habilita la condena por indemnización plena de perjuicios (CSJ SL11826-2017 y CSJ SL11303-2017).

El reproche de la censura se ciñó exclusivamente a atribuir el error de no tener en cuenta que el empleador no demostró suficientemente su diligencia, pasando por alto que era su deber acreditar la culpa de aquel para que este desvirtuara la consecuencia adversa que estaría radicada en su cabeza. Lo contrario sería lo mismo que caer en el campo de la responsabilidad objetiva del empleador y presumir su culpa, todo lo cual no tiene cabida en el Código Sustantivo del Trabajo y en el entendimiento que la Corte ha hecho del artículo 216, como quedó dicho.

De otro lado, importa recordar por la Corte que las circunstancias que rodearon el accidente, narradas incluso en la misma demanda por el actor, son precisamente las que están cubiertas por el Régimen General de Riesgos Laborales y para demostrar la culpa del empleador se requiere acreditar que el suceso dañoso se produjo en condiciones que desbordaron ese amparo legal y objetivo, partiendo, por ejemplo, de la omisión de las medidas básicas de seguridad que le asegurarían la minimización o eliminación del riesgo al cual estaba sometido con ocasión de su trabajo, nada de lo cual se cumplió en el presente caso.

De modo que el Tribunal no hizo otra cosa sino llegar a conclusiones que se muestran ajustadas a derecho bajo el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que confiere al juzgador la posibilidad de formar libremente su convencimiento «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes»; sin someterse a una tarifa legal para la valoración de las pruebas.

La discrepancia –aún si fuere profunda- del litigante cuyas pretensiones o excepciones son desestimadas por la justicia en sede ordinaria, no supone un error que funde un cargo en casación.

Sobre este particular la Sala tuvo la oportunidad de afirmar con antelación en providencia CSJ SL, 1° febrero 2011, radicación 38336, que:

También se ha entendido que dentro del marco de libertad valorativa que el artículo 61 del ordenamiento adjetivo del trabajo le confiere, el fallador de instancia puede escoger cuáles de los elementos demostrativos incorporados al expediente le ofrecen mayor credibilidad, e incluso puede restarle todo mérito de convicción a otros, sin que ello comporte una decisión discrecional equivocada, ni arbitraria.

[…]

Dilucidar la Corte cuál de las pruebas aportadas al proceso tendría un mayor grado de convicción para el Tribunal respecto de los hechos litigiosos, desconocería la facultad de apreciar libremente las pruebas y formarse el convencimiento que tienen los falladores de instancia.

Por último, importa recordar por la Corte que una de las consecuencias de no contestar la demanda -efecto que se desata en el juicio particular y exclusivamente de la sociedad Baring Ltda.- es constituir un indicio grave (CSJ SL1985-2019), el que no resulta hábil para fundar un cargo en casación (CSJ SL2605-2019; CSJ SL3541-2019; CSJ SL10497-2017). Así lo dijo esta Corporación en providencia CSJ SL2623-2019, en la que en reiteración de la sentencia CSJ SL10497-2017, dijo que,

[…] los indicios, como las presunciones, el dictamen pericial, los testimonios y otros o eximentes o medios de prueba no son susceptibles de estudiar en la casación del trabajo por la restricción de que trata el citado artículo 7 de la Ley 16 de 1969, pues ésta restringe tal análisis a la confesión, los documentos auténticos y la inspección judicial.

Sobre ello, no sobra recordar que el indicio es un acto, circunstancia o signo, suficientemente probado, a través del cual el juez adquiere la certeza o la convicción de la presencia de un hecho relacionado con la controversia sometida a su consideración, de tal manera que, a partir de la existencia de un hecho debidamente acreditado en el proceso, el administrador de justicia infiere la existencia de otro.

Así lo ha determinado la Corte en la sentencia CSJ SL14032-2016, que recordó la CSJ SL, 8 agosto 2007, radicación 29684, según la cual «[…] el indicio es un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro hecho, o en definición más compleja, es un juicio lógico mediante el cual se aplica una regla de experiencia a un hecho conocido para llegar a otro desconocido» (CSJ SL2473-2019).

Las anteriores razones resultan suficientes para dar al traste con el cargo elevado.

Sin costas en el recurso extraordinario comoquiera que no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014) por la Sala Laboral del Tribunal Superior Zonal de Descongestión con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso adelantado por JHON ALBERTO VERGARA ORTEGA en su propio nombre y en la representación de LVVM, y por NORMA ORTEGA PÉREZ, LILIANA ROSA, INGRIS LUCÍA y JOSÉ GREGORIO VERGARA ORTEGA y YADER RAMÓN y ANA VERGARA RAMOS en contra de la sociedad BARING LTDA. y del MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL423-2020

Radicación n.° 68906

Con todo respeto por la posición mayoritaria, paso a exponer las razones que me alejan de lo decidido en el presente caso. Me explico:

La Corte, pese a leer bien el escenario inherente a la carga de la prueba en aquellos eventos en que se le imputa al empleador una actitud omisiva generadora del accidente de trabajo, que indiscutiblemente está en cabeza de este, da un giro para concluir que pese a ello, era a los accionantes (incluidos menores), quienes debían demostrar la culpa de aquel, es decir, que fue negligente frente a la responsabilidad que se le achaca, ora, que adoptó las medidas necesarias encaminadas a proteger la salud e integridad del trabajador, posición que por más, atenta con el cabal entendimiento de la carga dinámica de la prueba y, lo que esta Corporación ha enseñado al respecto, por ejemplo, lo adoctrinado en el proveído CSJ SL10262-2017, citado en la providencia sobre la que recae este salvamento de voto.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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