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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4318-2022

Fecha
27 de julio de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4318-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que instauró ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA contra FIDUCIARIA LA PREVISORA, exclusivamente en cuanto confirmó el monto de la condena a la indemnización por despido. En sede de instancia, se dispone: MODIFICAR los ordinales PRIMERO, TERCERO y CUARTO de la sentencia adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, el día 18 de octubre de 2018, los cuales quedarán así: PRIMERO: Declarar que entre ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA y la sociedad FIDUCIARIA LA PERVISORA [sic] S.A. existió un contrato de trabajo cuyo término presuntivo se extendía entre el 22 de marzo de 2011 y el 21 de septiembre de 2016 y cuyo último salario mensual ascendió a $13.020.287. TERCERO: Como consecuencia de ello, CONDENAR a FIDUPREVISORA S.A. a pagarle al actor la suma de $83.763.846,4, por concepto de indemnización por despido injusto de que trata el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945. CUARTO: DECLARAR que la accionada realizó un pago en exceso en la liquidación definitiva de prestaciones sociales bajo el rubro monetización aviso, el cual ascendió a la suma de $13.020.287 de manera que se ordena compensar tal valor de la suma consignada en el numeral tercero de esta providencia. Se confirma en lo demás la providencia apelada. Costas de segunda instancia a cargo de la demandada. Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4318-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

27 de julio de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4318-2022

Radicación n.° 89020

Acta 24

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 11 de diciembre de 2019, en el proceso ordinario que promovió contra la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.

I. ANTECEDENTES

Enrique Rodríguez Ahumada llamó a juicio a la Fiduciaria La Previsora S.A., con el fin de que fuera declarado que entre ellos existió un contrato de trabajo, el cual se extendió del 22 de marzo de 2011 al 8 de marzo de 2016 y fue terminado sin justa causa; adosó la condena por concepto de indemnización por despido injusto, sanción moratoria a partir del 29 de junio de 2016, además de las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que ingresó a laborar al servicio de la convocada, el 22 de marzo de 2011; el contrato de trabajo fue acordado por un término de seis (06) meses prorrogables por periodos iguales; se convino en que en el evento de no prórroga, debía verificarse un preaviso con una antelación no menor a 30 días; el salario era pagadero por mensualidades; el convenio laboral se dio por terminado, de forma unilateral, sin que se extendiera el preaviso respectivo, por lo que se verificó su prórroga hasta el 22 de septiembre de 2016; la indemnización por despido injusto era equivalente al tiempo faltante para el próximo vencimiento; el salario del accionante ascendía a $13.020.287; se agotó reclamación administrativa.

La Fiduciaria La Previsora S.A. se opuso a las pretensiones del actor y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha inicial del contrato de trabajo, el pago mensual del salario y su monto a la finalización del contrato; los restantes afirmó ser parcialmente ciertos o no serlo.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, carencia de derecho, prescripción, compensación, buena fe y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de octubre de 2018, decidió:

PRIMERO: Declarar que entre ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA y la sociedad FIDUCIARIA LA PERVISORA [sic] S.A. existió un contrato de trabajo cuyo término presuntivo se extendía entre el 22 de marzo de 2011 y el 22 de marzo de 2016 y cuyo último salario mensual ascendió a $13.020.287.

SEGUNDO: DECLARAR que dicho contrato fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., el 8 de marzo de 2016.

TERCERO: Como consecuencia de ello, CONDENAR a FIDUPREVISORA S.A. a pagarle al actor la suma de $6.076.133.93, por concepto de indemnización por despido injusto de que trata el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945.

CUARTO: DECLARAR que la accionada realizó un pago en exceso en la liquidación definitiva de prestaciones sociales bajo el rubro monetización aviso, el cual ascendió a la suma de $13.020.287 de manera que se ordena compensar de tal valor la suma de $6.076.133.93 a que ascendió la condena.

QUINTO: ABSOLVER a FIDUPREVISORA S.A. de las restantes pretensiones de la demanda incoadas en su contra por el demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al conocer del asunto por virtud de la apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2019, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas.

Consintió en que no eran objeto de debate los siguientes supuestos fácticos: (i) el demandante laboró para Fiduprevisora S. A. del 22 de marzo de 2011 al 8 de marzo de 2016, mediante contrato de trabajo de duración definida; (ii) el último cargo desempeñado fue el de Gerente Nacional de Planeación con un salario de $13.020.287; (iii) el vínculo laboral fue finalizado por decisión de la empleadora, con fundamento en las previsiones del artículo 50 del Decreto 2127 de 1945, y la cláusula cuarta del contrato; (iv) el demandante tenía la calidad de trabajador oficial.

Para dar solución a la pretensión relativa a la indemnización por terminación del vínculo laboral, acudió a los artículos 49 y 50 del Decreto 2127 de 1945, los que contienen las justas causas para terminar el contrato de un trabajador oficial por parte del empleador, así como la cláusula de reserva; adicionó lo consignado en las cláusulas tercera y cuarta del contrato de trabajo.

Con tales insumos, descendió a la documental de fecha 8 de marzo de 2016, mediante la cual se comunica la decisión del despido; de ella extractó que, el fundamento para disponer la finalización de la prestación de servicios, fue aquello plasmado en la cláusula cuarta del contrato donde las partes dispusieron que el vínculo se podría terminar con apoyo en las causales previstas, entre otras, en el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945, «quedando facultadas para finalizarlo unilateralmente en cualquier momento, mediante aviso con antelación no inferior al periodo de pago de los salario o, sin él, cancelando el salario de ese lapso, cláusula denominada de reserva».

Claro en lo anterior, acudió a la sentencia CC C-003-1998, y de ella concluyó que tal cláusula de reserva era ineficaz, dado que atentaba contra la estabilidad laboral, toda vez que permitía la terminación unilateral del contrato de trabajo, «en cualquier momento, sin necesidad de manifestar justa causa y, sin el pago de una indemnización».

Luego, memoró que la precitada cláusula fue inicialmente prevista en el artículo 8º de la Ley 6ª de 1945, norma reglamentada por el Decreto 2127 del mismo año, empero:

[…] el artículo 8º de la Ley 6ª de 1945, fue modificado por el artículo 2º de la Ley 64 de 1946-norma posterior- en que se reiteró dicha facultad, entonces, para retirar la disposición del ordenamiento jurídico es suficiente la declaratoria de inexequibilidad del artículo 2º de la Ley 64 de 1946, sin que se pueda considerar que por no existir pronunciamiento expreso sobre el artículo 50 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 en la sentencia CC C-003-1998, esta continúe vigente.

Ahora, la facultad prevista en el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945, que contiene el contrato de trabajo no permite aplicar el artículo 2.2.30.6.14 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, que reincorporó la cláusula de reserva al ordenamiento jurídico, pues, aun en gracia de discusión, el pronunciamiento de inexequibilidad que hizo la Corte Constitucional respecto a preceptos de esta naturaleza, impide aplicar la cláusula de reserva con apoyo en la excepción de inconstitucionalidad.

Infirió entonces de lo anterior, que la cláusula cuarta pluricitada era ineficaz, y como quiera había sido el fundamento del despido, este último era injustificado.

Descendió entonces a la cláusula tercera del contrato, y con ella concluyó, que la duración de este convenio había sido fijada por seis meses prorrogables por seis meses más, lo que encontró ajustado a las previsiones consignadas en la Ley 6ª de 1945, artículo 2º de la Ley 64 de 1946 y el artículo 43 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, al que dio lectura.

Luego, analizó el caso en estudio, y constató que como quiera que la empleadora comunicó al trabajador su decisión de dar por terminado el contrato de forma unilateral, a partir del 8 de marzo de 2016, este último,

no se extendió más allá del día 22 de los referidos mes y año, fecha en que finalizaba la prórroga del contrato que empezó el 22 de septiembre de 2015, con arreglo al precepto en cita, [por lo que] no se puede entender nuevamente prorrogado el contrato hasta el 22 de septiembre de 2016, como lo pretende el demandante en su censura, aun cuando las partes dispusieran un preaviso para su no continuidad con antelación a 30 días, en la cláusula tercera del contrato de trabajo, aspecto sometido a regulación legal, exigiendo la prórroga de contratos de trabajadores oficiales que se pacte por escrito o presente continuidad el servicio, en consecuencia, la indemnización por despido injusto en el asunto, procede por los salarios que faltaba para concluir la prórroga, 09 a 22 de marzo de 2016.

Con lo anterior, confirmó la decisión del a quo sobre tal particular.

Sobre la indemnización moratoria, resaltó que su imposición no era obligatoria de acuerdo con la línea de pensamiento de esta Corporación, para ello, citó en sustento el radicado 32529 del 5 de marzo de 2009. Consecuentemente, expuso que la accionada actuó de buena fe cuando, entendida de la validez de la cláusula de reserva, optó por dar finalización al contrato.

De igual manera, precisó que el juez de primer grado dio por probada la excepción de compensación, como quiera que, con la liquidación final del contrato, el accionante recibió una suma de dinero mayor a la que le correspondía por despido injusto, por lo que, con tal pago, debía entenderse cubierta esta última obligación. No impuso costas en la alzada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia del tribunal, en cuanto confirmó los ordinales primero, tercero, cuarto y quinto, para que, en sede de instancia,

MODIFIQUE el ordenamiento PRIMERO de la sentencia del a-quo declarando que el término presuntivo del contrato de trabajo que vinculó a las partes se extendió hasta el 22 de septiembre de 2016.

MODIFIQUE el ordenamiento TERCERO de la sentencia del a-quo precisando que la indemnización por despido que le adeuda FIDUPREVISORA S.A. a ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA asciende a la cantidad de $ 78'121.722.

REVOQUE el ordenamiento CUARTO de la sentencia del a-quo y, en su lugar, DECLARE que la demandada no realizó ningún pago en exceso al actor en la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales.

REVOQUE el ordenamiento QUINTO de la sentencia del a-quo y, en su lugar, CONDENE a la demandada a PAGAR a ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA la indemnización por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo a partir del 29 de junio de 2016 y hasta la fecha en que le pague la indemnización por despido.

DISPONGA sobre las costas del proceso como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.

VI. CARGO ÚNICO

Denuncia la sentencia recurrida, por la vía indirecta,

[P]or aplicación indebida de los artículos 11 de la Ley 6ª de 1945, 2° de la Ley 64 de 1946 (que sustituyó el artículo 8° de la Ley 6« de 1945), 17, 26 (9), 37, 40, 43, 47, 49, 50 y 51 del Decreto 2127 de 1945, 1° del Decreto Ley 797 de 1949, 9°, 768 y 1602 del Código Civil, 38 de la Ley 153 de 1887, 2.2.30.6.14 del Decreto 1083 de 2015 y 237 y 243 de la C.P., en relación con los artículos 4° y 19 del C.S.T.

Plantea los siguientes errores de hecho:

1° No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que la prórroga del contrato de trabajo que vinculó a las partes estaba convenida por escrito en la cláusula tercera del contrato que suscribieron.

2° No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que las partes convinieron por escrito que el contrato de trabajo que las vinculó se prorrogaría por periodos sucesivos de seis meses si, antes de su vencimiento o el de sus prórrogas, ninguna de ellas daba aviso escrito a la otra sobre su determinación de no prorrogarlo con antelación de treinta (30) días.

3° Dar por demostrado, contra la evidencia, que el contrato de trabajo que vinculó a las partes no se prorrogó más allá del 22 de marzo de 2016.

4° No dar por demostrado, estándolo fehacientemente, que el contrato de trabajo que vinculó a las partes se prorrogó automáticamente del 22 de marzo al 22 de septiembre de 2016.

5° Dar por demostrado, contra la evidencia, que la demandada le pagó al actor un mayor valor al que le correspondía como indemnización por despido injusto.

6° Dar por demostrado, contra la evidencia, que hubo buena fe en la demandada al dejar de pagarle al actor la indemnización por despido que le correspondía a la terminación del contrato.

Afirma que los precitados yerros provienen de la apreciación errónea del contrato de trabajo suscrito entre las partes, la carta de despido de fecha 8 de marzo de 2016 y la liquidación definitiva de prestaciones sociales.

Para dar desarrollo al cargo, recordó lo dicho por el fallador de segunda instancia y, con ello, le cuestionó el haber entendido que el contrato de trabajo se extendió hasta el 22 de marzo de 2016 y no hasta el 22 de septiembre de la misma anualidad. Lo anterior, por cuanto desconoció que en el documento que contiene el acuerdo laboral «las partes habían expresamente convenido la forma y plazos de su prórroga automática».

De ahí entonces que, de haberse apreciado debidamente el contrato de trabajo, el Colegiado «habría deducido que FIDUPREVISORA S. A. estaba obligada a avisarle al actor con una antelación de treinta (30) días al vencimiento de la última prórroga (22 de marzo de 2016) su determinación de no prorrogar el contrato, pues de lo contrario operaría la nueva prórroga, por otros seis (06) meses […]».

Agrega, además, que a pesar de existir ese convenio de dar un preaviso de treinta (30) días, la accionada sólo y con antelación de catorce (14) días, comunicó la decisión de terminar unilateralmente el contrato, por lo que este se prorrogó hasta el 22 de septiembre de 2016. Y tal hecho fue conocido por la accionada, quien expresamente en la carta de finalización del vínculo laboral optó por hacer uso de la cláusula de reserva y ordenar el pago de una mensualidad de salario.

Con lo antes dicho, la censura cuestiona que el tribunal tuviese por pagada la indemnización por despido injusto con el valor que se canceló por no utilización de preaviso, dado que ese pago no provino del hecho de terminación sin justa causa del contrato. Cuestiona, de igual manera, la notoria mala fe de la convocada, puesto que procedió a finalizar este último vínculo con fundamento en una cláusula que, trece años atrás, en términos muy similares había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sus palabras:

Si la ignorancia de la [l]ey no sirve de excusa (art. 9° del C. C.), menos puede servir de excusa la ignorancia de la Constitución. Una entidad oficial como la demandada jamás puede ignorar que las leyes las dicta el Congreso y las reglamenta el [g]obierno, ni puede desconocer que una vez que se deroga o se declara inexequible determinada Ley, el decreto que la haya reglamentado deja igualmente de tener vigencia. Por consiguiente, la carta de despido del demandante, al contrario de lo que dedujo el Tribunal, lo que efectivamente demuestra es la mala fe con que actuó la entidad demandada para despedir al demandante sin motivo alguno, de manera instantánea e imprevista, y para tratar de despojarlo de la indemnización que legalmente le correspondía. Trata de justificar su conducta valiéndose del descuido en que incurrió el Gobierno Nacional al expedir el Decreto Recopilatorio de Normas Reglamentarias 1083 de 2015, lejos de corresponder a una supuesta ignorancia de la Constitución y la Ley por parte de la demandada, lo que demuestra es la ostensible malicia con que procedió la FIDUPREVISORA para despedir al actor y dejar de reconocerle sus derechos.

Concluye con lo antes expuesto que, «la utilización de la inexistente cláusula de reserva para despedir a mi representado no fue, en síntesis, una ligereza o imprevisión de FIDUPREVISORA [,] [c]orrespondió a una actuación maliciosa de su parte con claros propósitos ilegales que el sentenciador acusado ingenuamente no supo ver a pesar de su evidencia».

VII. RÉPLICA

Se afirma por el opositor que la demanda predica serios defectos de técnica y de fondo que impiden su estudio.

Sobre los primeros, expone que la censura presenta una confusión sobre los distintos medios legales de terminación del contrato de trabajo, por lo que al no extractarse con claridad cuáles son los desatinos del Tribunal, no puede edificarse un error de hecho «que pueda alcanzar la condición de evidente». De manera que, «si lo que concluyó el [a]d quem es que el contrato terminó por decisión unilateral de la empleadora(despido), pues no tenía que dar ningún preaviso dado que no estaba invocando la eficacia de la expiración del plazo fijado en curso».

Agrega, además, que el cargo se anuncia por la vía indirecta, sin embargo, su sustento es la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Trabajo, por lo que ello genera una incongruencia dado que no define si la acusación es realidad jurídica o fáctica.

Con relación a los cuatro primeros dislates, expone que ellos giran en torno a la expiración del plazo pactado y la prórroga automática de este último, pero ese no fue el tema decidido por el colegiado, quien acepta el despido injustificado y la ausencia de prestación de servicios, luego de vencido el término del contrato, «argumentos de fondo que no ataca».

Finalmente, y en torno al aspecto formal del recurso, se afirma que con relación a los documentos acusados como mal apreciados, «no indica en qué parte de ellos está la distorsión o el cambio que supuestamente el tribunal les hizo, sino que presenta una interpretación amañada a sus intereses […]».

Sobre los defectos que cuestionan el estudio de fondo del cargo, reitera los referidos a la indebida construcción de este último donde no se diferencian con claridad, los conceptos de despido unilateral y prórroga automática del contrato. Memora que el tribunal sobre este último aspecto consiente en que ello no tuvo lugar, por cuanto «no se dieron las dos condiciones previstas para el efecto, el pacto por escrito y la continuidad del servicio de parte del trabajador llegada la fecha en la que se vencía la prórroga».

Finaliza al indicar, con relación al embate dirigido a cuestionar la consideración del colegiado sobre la existencia de buena fe en la convocada, que los argumentos sobre los cuales se edifica el análisis de la conducta de esta última se contraen a la validez que se extiende a un decreto compilatorio donde se prevé la posibilidad de acudir a la cláusula de reserva; de manera que, tal entendimiento, no puede pregonarse como un actuar revestido de mala fe.

VIII. CONSIDERACIONES

Sobre los reproches de orden técnico que pregona la réplica, habrá de decirse que no se encuentran llamados a prosperar, por cuanto no existe tal confusión que se pregona en la censura, entre los conceptos relativos a indemnización por despido injusto y la prórroga de un contrato que impidan el estudio de fondo del cargo; por lo que, fácil es entender del embate que, lo discutido en la acusación se contrae en que al haberse presuntamente prorrogado el contrato de trabajo, la indemnización por despido injusto que le corresponde al actor, resulta ser superior a aquella que le fue confirmada por el sentenciador al resolver la alzada.

De igual manera, se desarrolla el cuestionamiento con la identificación sobre el presunto error en que incurre la sala sentenciadora al analizar el contrato de trabajo y carta de terminación de este último. De manera que, mal puede afirmarse que no se anunció cuál es la distorsión en el análisis de tales documentales, por cuanto el cargo da cuenta de una situación diferente.

Resuelto lo anterior, al descender al caso en estudio y pese a dirigirse el cargo por la vía indirecta, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) el señor Enrique Rodríguez Ahumada prestó sus servicios a la entidad Fiduprevisora S.A. entre el 22 de marzo de 2011 al 8 de marzo de 2016; (ii) la finalización del contrato de trabajo tiene génesis en la decisión unilateral de la convocada, quien procede a ello, tras reconocer una suma igual a treinta (30) días de salario, equivalente a $13.020.287; (iii) el contrato se pactó por el término de seis (06) meses, prorrogables por seis meses más, según lo demuestra la cláusula tercera del acuerdo laboral.

El colegiado para refrendar la orden de considerar que la indemnización por despido injusto asciende a los salarios que corresponden al interregno que transcurre del 8 de marzo de 2016 al 22 del mismo mes y anualidad, acude al supuesto relativo a que en el contrato laboral, las partes no acordaron una prórroga que permitiera entender como próximo vencimiento el 22 de septiembre de 2016, así como que, el accionante no prestó sus servicios más allá de la fecha en que se comunicó la terminación del vínculo.

De esta manera, le corresponde a la Sala, el determinar si el colegiado incurrió en un error protuberante de hecho, al considerar que, del contrato de trabajo y carta de terminación, no lograba extractarse la prórroga por seis (06) meses a que hace referencia el censor, para con ello consentir en que se encuentra indebidamente calculada la indemnización por despido injusto.

Como primera medida considera la Corte necesario memorar que, se acude a la vía indirecta cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba relevante para la decisión. Tal proceder, lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes. (CSJ SL1964-2022)

También ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15.148, reiterada en la CSJ SL960-2022).

En ese horizonte y con la claridad necesaria para afirmar que el error evidente de hecho, no se traduce en cualquier divergencia que plantee el censor con relación al análisis o falta de apreciación de una prueba calificada en la casación del trabajo, al descender a aquella documental que contiene el contrato de trabajo así como la carta de despido, basta su lectura desprevenida para entender que el colegiado le extendió a tales textos, principalmente al primero de ellos, un sentido diferente a aquél que deviene de su literalidad.

En efecto, las cláusulas tercera y cuarta del precitado convenio rezan de la siguiente manera:

TERCERA: El presente contrato se entiende celebrado por seis (06) meses contados a partir del día 22 de marzo de 2011, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8º de la Ley 6/45, 2º de la Ley 64/46 y el fallo de la Corte Constitucional C-003 de enero 22 de 1998, pudiéndose prorrogar dicho plazo, por períodos iguales, si antes de su vencimiento o de sus prórrogas, ninguna de las partes contratantes, da aviso por escrito a la otra, sobre su determinación de no prorrogarlo, con antelación de treinta (30) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 64 de 1946 y a los artículos 40 y 43 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945.

CUARTA: Las partes contratantes, lo entienden y así lo acuerdan que el presente contrato podrá darse por terminado antes del plazo señalado en la cláusula tercera, además de cualquiera de las causas previstas en la Ley (Arts. 16-47-48-49 y 50 del D.R. 2127 de 1945 Y Ley 734 de 2002), y en el Reglamento Interno de Trabajo de la FIDUCIARIA […] (negrilla y subrayado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945, también enunciado en el precitado texto, es del siguiente tenor:

También podrán las partes reservarse la facultad de terminar unilateralmente cualquier contrato de trabajo, mediante aviso dado a la otra con una antelación que no podrá ser inferior al período que, de conformidad con el contrato o el reglamento interno, o con la costumbre de la región, regule los pagos del salario. Esta reserva solo será válida cuando conste por escrito, ya en el contrato individual, ya en la convención colectiva si la hay, o ya en el reglamento interno de trabajo aprobado por las autoridades del ramo, y siempre que la facultad se otorgue a ambas partes en idéntica forma. Podrá prescindirse del aviso, pagando los salarios correspondientes al mismo período.

La carta de despido, calendada 8 de marzo de 2016, plasmó:

Apreciado Enrique,

Por medio de la presente le informamos que la empresa ha decidido dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con usted el día 22 de [m]arzo de 2011, de manera unilateral con fundamento en lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato de trabajo, en el cual las partes se reservaron el derecho a terminar el contrato de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945.

"ARTICULO 50. También podrán las partes reservarse la facultad de terminar unilateralmente cualquier contrato de trabajo, mediante aviso dado a la otra con una antelación que no podrá ser inferior al período que, de conformidad con el contrato o el reglamento interno, o con la costumbre de la región, regule los pagos del salario. Esta, reserva solo será válida cuando conste por escrito, ya en el contrato individual, ya en la convención colectiva si la hay, o ya en el reglamento interno de trabajo aprobado por las autoridades del ramo y siempre que la facultad, se otorgue a ambas partes en idéntica forma. Podrá prescindirse del aviso, pagando los salarlos correspondientes al mismo período."

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda del contrato de trabajo, el periodo para realizar los pagos, del salario pactado es en forma mensual, por lo tanto, la antelación para el aviso de terminación unilateral del contrato de trabajo con base en la norma transcrita, es de treinta (30) días calendario; no obstante, la Entidad prescinde del aviso de treinta (30) días con el reconocimiento y pago de los salarios: correspondientes a treinta días.

Por lo anterior, le informamos que la decisión de terminación del contrato de trabajo a que se refiere esta comunicación tendrá efectos a partir de la finalización de la jornada laboral del día de hoy 08 de [m]arzo de 2016. De acuerdo con la determinación tomada por la empleadora, en consonancia con la buena fe que precede cada una de sus actuaciones y en aras de garantizar sus derechos laborales tal como sucedió a lo largo de toda nuestra relación laboral, le informo que las sumas correspondientes a la liquidación de su contrato de trabajo estarán a su disposición en nuestras instalaciones a partir del día 12 de Marzo de 2016 por espacio de tres días hábiles y en caso de no ser reclamadas, le serán consignadas a su favor en el banco agrario de Colombia y puestas a órdenes del juzgado laboral que se encuentre de reparto para esa fecha.

Con lo anterior, de cara a las normas que se acusan como aplicadas indebidamente en razón a la conclusión probatoria a la que arribó el sentenciador de la alzada, se advierte, al rompe, la imprecisión en que incurre cuando no analizó, en su literalidad, el convenio contractual que unía a las partes en contienda y que le acreditaban que, entre ellas existió un convenio expreso sobre la manera en que sería prorrogado el contrato, por lo que no podía avenirse a la regulación legal, dejando de lado, sin más, aquello que fue acordado por los extremos en el convenio laboral.

A la verdad, el colegiado no fue fiel al sentido natural de las palabras que se plasman en el contrato de trabajo, el que a la letra le indica que el plazo del contrato podía prorrogarse “[…]por períodos iguales, si antes de su vencimiento o de sus prórrogas, ninguna de las partes contratantes, da aviso por escrito a la otra, sobre su determinación de no prorrogarlo, con antelación de treinta (30) días”; al ser lo anterior así, como efectivamente lo es, nada distinto podía concluirse a que, como el preaviso acordado no se extendió en el término pactado- 30 días antes del vencimiento-, al acaecer ello solo hasta el 8 de marzo de 2016, pues el mismo fue prorrogado y, por ende, le corresponde al actor la indemnización que afirma en su ataque.

En línea con lo discurrido, se concluye que, al pactarse en el convenio de trabajo que su prórroga se materializaría en forma automática, en caso de no darse aviso por las partes sobre la decisión de terminación; de tal sintaxis, solo logra concluirse la corrección de aquello que plantea el embate, lo que permite modificar tanto lo previsto en el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945 como aquella disposición consignada en el artículo 51 ibídem, que a sus voces nos indica que «[f]uera de los casos a que se refieren los artículos 16, 47, 48, 49 y 50, la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono, dará derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo, además de la indemnización de perjuicios a que haya lugar».

Con lo antes expuesto, si bien se comparte la decisión de las sala sentenciadora, cuando consiente en que la potestad dispuesta en el tantas veces citado artículo 50 del Decreto 2127 de 1945 o cláusula de reserva, no se encontraba ajustado a la Constitución Política, premisa fáctica incólume en casación, pues lógico era tener el despido como injustificado y abrir paso a la indemnización antes descrita, pero en los términos previstos por las partes, ello es, en cuantía igual a «los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo», que resulta ser aquél que se prorrogó dado la ausencia de preaviso en tiempo y transcurre del 8 de marzo de 2016 al 21 de septiembre de 2016 que corresponde a 6 meses y 13 días.

Por manera que, existe un error evidente en la valoración del colegiado cuando, se itera, no atendió la literalidad del contrato suscrito entre las partes, de modo que, con tal argumentación sale avante el cargo propuesto y, por ende, sobre este aspecto, será del caso casar parcialmente la sentencia.

Ahora bien, con relación a la queja que se dirige contra el argumento al que acude el colegiado para exonerar de la sanción moratoria a la convocada a juicio, se impone afirmar que la misma posee los mismos visos de impropiedad, al edificarse su construcción en una simple discrepancia entre aquello en que consiente el Tribunal y lo considerado por el recurrente.

Sobre este particular, se recuerda que, en la casación del trabajo, es un deber insoslayable de la parte que plantea una acusación contra una conclusión probatoria vertida en una decisión judicial, el asumir y desarrollar tal reproche, con una carga argumentativa de la cual pueda consentirse, al rompe, en la indebida o falta de apreciación de una prueba, que no haberse presentado otra hubiese sido la decisión del fallador.

Pese a tal exigencia, y contrario a lo antes afirmado, en el presente asunto, el recurrente se desvía de su objetivo, puesto que se limita a realizar un alegato de instancia que no es propio del recurso extraordinario de casación, en el que no se juzga a cuál de las partes le asiste la razón, o bien definir el litigio como si se tratara de una tercera instancia. Así las cosas, no se suministran a esta Sede, contrargumentos contundentes, de cara a las aseveraciones del colegiado, para con ellos edificar un error evidente de hecho que permita el quiebre de la sentencia.

Siendo coherentes con lo discurrido, el cargo sobre este particular no se abre paso.

Sin costas en el recurso extraordinario, al haber salido parcialmente avante.

En sede de instancia, basten las anteriores consideraciones para modificar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenar a la parte convocada a cancelar al demandante, por concepto de indemnización por despido injusto el valor de $83.763.846,4, que corresponde al periodo que transcurre del 8 de marzo al 21 de septiembre de 2016 y al no ser un hecho controvertido por las partes que el valor mensual del salario es el equivalente a $13.020.287.

Sobre la excepción de compensación propuesta, se comparten las apreciaciones que fueron hechas por la primera instancia relativas a su vocación de prosperidad, ello, al encontrar acreditado el pago equivalente a 30 días de salario, el que, a pesar de provenir de una causa diferente, la demandada lo cancela en el marco de la relación de trabajo y no tiene fuente jurídica para su reconocimiento; por lo que el medio exceptivo debe ser aplicado y asciende al monto de $13.020.287.

De esta manera y con lo aquí considerado será del caso modificar los ordinales primero, tercero y cuarto de la sentencia cuestionada en los términos antes expuestos.

Las costas de segunda instancia, a cargo de la parte demandada.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que instauró ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA contra FIDUCIARIA LA PREVISORA, exclusivamente en cuanto confirmó el monto de la condena a la indemnización por despido. En sede de instancia, se dispone:

MODIFICAR los ordinales PRIMERO, TERCERO y CUARTO de la sentencia adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, el día 18 de octubre de 2018, los cuales quedarán así:

PRIMERO: Declarar que entre ENRIQUE RODRÍGUEZ AHUMADA y la sociedad FIDUCIARIA LA PERVISORA [sic] S.A. existió un contrato de trabajo cuyo término presuntivo se extendía entre el 22 de marzo de 2011 y el 21 de septiembre de 2016 y cuyo último salario mensual ascendió a $13.020.287.

TERCERO: Como consecuencia de ello, CONDENAR a FIDUPREVISORA S.A. a pagarle al actor la suma de $83.763.846,4, por concepto de indemnización por despido injusto de que trata el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945.

CUARTO: DECLARAR que la accionada realizó un pago en exceso en la liquidación definitiva de prestaciones sociales bajo el rubro monetización aviso, el cual ascendió a la suma de $13.020.287 de manera que se ordena compensar tal valor de la suma consignada en el numeral tercero de esta providencia.

Se confirma en lo demás la providencia apelada. Costas de segunda instancia a cargo de la demandada.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurrente: Enrique Rodríguez Ahumada

Demandado: Fiduprevisora S.A.

Radicación: 89020

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que aclaro mi voto, pues si bien estoy de acuerdo con la decisión, advierto necesario aclarar un aspecto, que de no hacerlo puede pasar desapercibido.

Me refiero, en particular, a la conclusión de la Sala en decisión mayoritaria según la cual el reparo que la recurrente planteó respecto a la sanción moratoria no cumple con los presupuestos formales para su estudio en casación porque no atacó las conclusiones fácticas del fallo, sino que planteó argumentos propios de un alegato de instancia.

A mi juicio, la censura no incurrió en la imprecisión técnica que señala la Sala, toda vez que para negar la sanción moratoria el Tribunal señaló que la accionada actuó de buena fe porque finalizó la relación laboral con fundamento en la validez de la cláusula de reserva convencional, la cual permitía la terminación unilateral del contrato de trabajo «en cualquier momento, sin necesidad de manifestar justa causa y, sin el pago de una indemnización».

Y al respecto la recurrente señaló que la demandada no actuó de buena fe, dado que finalizó el vínculo pese a que la norma que le dio sustento a la cláusula en mención –artículo 2.° de la Ley 64 de 1946- fue declarada inexequible por la Corte Constitucional «hace más de trece años», y si bien el Decreto 1083 de 2015 reincorporó la cláusula de reserva, considera que la declaratoria de inexequibilidad respecto a preceptos de esta naturaleza impedía aplicarla, aspecto que era de conocimiento de la demandada, «lo que demuestra la ostensible malicia con que procedió (…) para despedir[lo] y dejar de reconocerle sus derechos».

Como puede notarse, contrario a lo señalado por la Sala, es evidente que la recurrente cumplió con las exigencias formales requeridas para el estudio de la indemnización moratoria en mención, dado que atacó la conclusión fáctica del fallo y desplegó una carga argumentativa suficiente para confrontar la decisión del Tribunal y, por tal razón, considero que la Sala debió abordar el estudio de este particular aspecto.

Dejo así planteadas las razones de mi aclaración de voto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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