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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL436-2021

Fecha
3 de febrero de 2021
Magistrado ponente
Jorge Luis Quiroz Aleman
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL436-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en sede de instancia, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali, el 23 de octubre de 2014 y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de BEATRIZ ARIAS ROJAS lo siguiente: a) $75.711.760 por concepto de retroactivo pensional, correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2018. De la anterior suma, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, por las razones expuestas en la parte considerativa. b) CONDENAR a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 27 noviembre de 2009, sobre las mesadas pensionales causadas entre el 3 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2018, hasta la fecha de pago efectivo. SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la llamada a juicio. TERCERO: Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL436-2021

Magistrado ponente: Jorge Luis Quiroz Aleman

3 de febrero de 2021

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

SL436-2021

Radicación n.° 73154

Acta 4

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

SENTENCIA DE INSTANCIA

Procede la Corte a proferir la decisión de instancia, dentro del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015, por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario promovido por BEATRIZ ARIAS ROJAS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Esta Corporación, mediante proveído del 16 de octubre de 2019, casó el fallo emitido por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirmó la absolución del juez de primer grado, al encontrar que se incurrió en la interpretación errónea del parágrafo 4.º del Acto Legislativo 01 de 2005, en lo referente a la densidad de aportes exigida para conservar el régimen de transición en el caso de los afiliados que consolidaron su derecho pensional antes del 31 de julio de 2010.

Para mejor proveer, se dispuso que por Secretaría se oficiara a Colpensiones para que remitiera en forma detallada los periodos cotizados para pensión, el monto de cada cotización y el salario base de cada uno de los aportes realizados desde el momento de la afiliación inicial de la demandante. Así mismo, se dispuso tener como medio de prueba e incorporar al expediente la Resolución SUB 28373 del 31 de enero de 2018, por la cual la entidad de seguridad social demandada otorgó pensión de vejez a la accionante, a partir del 1 de febrero de 2018. Cumplido lo anterior, se procede a resolver la contención, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

En sede de instancia, a la Corte le basta con remitirse a las motivaciones que condujeron a la prosperidad del recurso extraordinario de casación, para concluir que de la correcta intelección del parágrafo 4° del Acto Legislativo 01 de 2005, es dable colegir que en el caso de la demandante no devenía procedente analizar ni aplicar tal previsión para efectos de reconocer la prestación deprecada, pues resultaba ajena al presupuesto allí contemplado, por cuanto la densidad de cotizaciones exigida por ésta lo era para aquellos afiliados que pretenden la extensión de la transición más allá del 31 de julio de 2010 y hasta el 2014, y la actora causó el derecho pensional el 28 de abril de 2008, cuando cumplió la edad exigida (55 años) y contaba con más de 500 semanas de cotización.

En efecto, se itera que la recurrente nació el 28 de abril de 1953, es beneficiaria del régimen de transición y, para cuando cumplió los 55 años de edad, contaba con más de 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, generándole ello la posibilidad de acceder a la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

De acuerdo con la Resolución SUB 28373 del 31 de enero de 2018 y la historia laboral, la última cotización efectuada a su favor fue realizada como trabajadora dependiente, al servicio de Rodríguez Sánchez Yimi, para el ciclo 200809, en el que se reportó la novedad de retiro, lo cual no ocurrió en el periodo 200501 con el anterior empleador CTA Soluciones Laborales, razón por la cual la demandada reconoció la prestación sin valores por concepto de retroactivo, a partir del 1 de febrero de 2018.

Ahora bien, la Sala ha sostenido que para el disfrute de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990 se requiere el retiro o desafiliación formal del sistema, no obstante que existen situaciones especiales en las que dicho elemento se puede inferir (ver sentencia SL3657-2020, entre otras), como en este caso, del hecho de que la actora cambió de empleador y este último al final de cuentas sí la retiró, por lo que la pensión solicitada debe empezarse a pagar a partir del 1.º de octubre de 2008.

En torno al IBL, es preciso advertir que el ingreso base de cotización se realizó sobre el salario mínimo y, aunque en algunos ciclos figura un valor un poco superior, el mismo no repercute en el monto inicial, por lo que la mesada pensional siempre será inferior al mínimo, máxime teniendo en cuenta la tasa de remplazo a que alude el Acuerdo 049 de 1990, razón por la cual se deberá reajustar el valor de la prestación a ese tope, pues el artículo 35 de la Ley 100 de 1993 prohíbe pensiones de vejez o de jubilación por debajo de esa cuantía.

Ahora, para calcular el retroactivo pensional adeudado, como la entidad demandada propuso la excepción de prescripción, corresponde a la Sala ocuparse del estudio de dicho medio de defensa y, en ese orden, hay que memorar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del CPTSS, las acciones emanadas de las leyes sociales del trabajo prescriben en un término de tres años contados a partir de su exigibilidad, con la posibilidad de que se interrumpa dicho plazo mediante la reclamación escrita de una prestación o derecho debidamente determinado.

Vale la pena en este punto anotar que, cuando se trata de una prestación periódica, el lapso se debe contabilizar con respecto a cada una de las mesadas que se causen sucesivamente, existiendo la posibilidad de reclamar por cada una individual y sucesivamente.

Al revisar el expediente, se tiene que la actora solicitó su pensión de vejez el 3 de febrero de 2009 y recibió respuesta mediante Resolución n.º 005585 del 27 de marzo de 2009, notificada el 15 de mayo del mismo año, sin interponer recurso alguno contra la misma. De tal manera, el término de prescripción se interrumpió conforme lo previsto en el artículo 151 ibidem, desde el 3 de febrero de 2009 y hasta el 15 de mayo de la misma anualidad, respecto del período reclamado, el cual comprende las mesadas causadas entre el 1.° de octubre de 2008 y el 2 de febrero de 2009, quedando agotada la reclamación administrativa.

No obstante, aunque la actora estaba habilitada para acudir a la jurisdicción ordinaria lo omitió y optó por insistir en su petición en sede administrativa, a través de solicitudes radicadas el 27 de julio de 2009, el 21 de marzo y 29 de octubre de 2012, de las cuales no obra en el expediente respuesta por parte de la accionada.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que las reclamaciones elevadas por cada período pensional interrumpen por una sola vez el término prescriptivo, se advierte que al 27 de noviembre de 2013, fecha en la que se instauró la demanda ordinaria laboral, se encontraban prescritas las mesadas exigibles antes del 3 de febrero de 2009, pues entre la petición presentada en esta data y la interposición de la demanda que dio inicio al presente proceso ordinario, transcurrió un tiempo superior al trienio; sin embargo, no ocurre lo mismo en relación con las causadas posteriormente, ya que están comprendidas dentro del período que se reclamó a través de la petición del 27 de julio de 2009, la cual interrumpió y suspendió el término de prescripción hasta la presentación de la demanda, al no habérsele dado respuesta.

Asimismo, en atención a que la prestación se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011 y es inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, la demandante tiene derecho a 14 mesadas anuales, de acuerdo con el artículo 1.º, parágrafo 6.º, del Acto Legislativo 01 de 2005.

Por tanto, por concepto de retroactivo pensional correspondiente al período comprendido entre el 3 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2018 la entidad de seguridad social adeuda a la demandante la suma de $75.711.760 según se explica en el siguiente cuadro:

Retroactivo pensional a partir del 3 de febrero de 2009

Año

Valor
mesada

Mesadas

Subtotal

2009

$ 496.900

12,9

$ 6.410.010

2010

$ 515.000

14

$ 7.210.000

2011

$ 535.600

14

$ 7.498.400

2012

$ 566.700

14

$ 7.933.800

2013

$ 589.500

14

$ 8.253.000

2014

$ 616.000

14

$ 8.624.000

2015

$ 644.350

14

$ 9.020.900

2016

$ 689.455

14

$ 9.652.370

2017

$ 737.717

14

$ 10.328.038

2018

$ 781.242

1

$ 781.242

Total retroactivo

$ 75.711.760

De la anterior suma, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

En lo referente al reconocimiento de los intereses moratorios, es de señalarse que en la sentencia CSJ SL5609-2019, reiterada en la CSJ SL841-2020, la Corte adoctrinó que tales intereses «son viables cuando, en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se reconoce la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, por pertenecer ésta al régimen de prima media con prestación definida». Así mismo, mediante sentencia CSJ SL1681-2020, reiterada en la sentencia CSJ SL3657-2020, los encontró factibles frente a pensiones adquiridas en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no existir razón legal para excluirlos de la comprensión del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Pues bien, en este asunto la accionante solicitó la pensión de vejez el 27 de julio de 2009, la entidad tenía plazo hasta el 27 de noviembre de la misma anualidad para reconocer tal prestación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, se condenará a la demandada al pago de los intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 27 de noviembre de 2009, sobre las mesadas pensionales causadas entre el 3 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2018, hasta la fecha de pago efectivo.

Dadas las resultas del proceso, ninguno de los demás medios exceptivos propuestos por la pasiva tiene éxito.

Las costas en las instancias serán a cargo de la demandada.

DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en sede de instancia, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali, el 23 de octubre de 2014 y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de BEATRIZ ARIAS ROJAS lo siguiente:

a) $75.711.760 por concepto de retroactivo pensional, correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2018. De la anterior suma, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, por las razones expuestas en la parte considerativa.

b) CONDENAR a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 27 noviembre de 2009, sobre las mesadas pensionales causadas entre el 3 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2018, hasta la fecha de pago efectivo.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la llamada a juicio.

TERCERO: Costas como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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