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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL494-2020

Fecha
18 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL494-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral, del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el proceso ordinario adelantado por HECTOR ALFONSO VILLALOBOS RINCÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES. Costas en casación como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL494-2020

Magistrado ponente: Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez

18 de febrero de 2020

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado ponente

SL494-2020

Radicación n.° 79915

Acta 005

Bogotá DC, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por HÉCTOR ALFONSO VILLALOBOS RINCÓN, contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2017 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que le sigue a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

El señor Héctor Alfonso Villalobos Rincón demandó a Colpensiones, para que se le condene a reliquidar la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 20 de noviembre del 2002, con el «[...] promedio del tiempo que le hiciere falta [...]», de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, más los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Sustentó sus pretensiones en que nació el 1 de abril de 1942; que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) le reconoció una pensión de jubilación por aportes (L. 71/88), en cuantía de $2.805.299, a partir del 20 de noviembre de 2002 (Res. n.° 010508 de 2003), por ser beneficiario del régimen de transición; que mediante la Resolución n.° 023417 de 2003, confirmada por la 00117 de 2004, el ISS negó la reliquidación de la prestación reconocida; que en el 2008 el ente demandado reliquidó dicha prestación, bajo los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en una cuantía inicial de $3.019.109 y una tasa de reemplazo del 79% (Res. n.° 054947); que nuevamente pidió el reajuste de su mesada pensional, y la pasiva no accedió a ello (Resoluciones n.° 55494 de 2009 y 410878 de 2014); que desde el 29 de abril de 1968 hasta el 19 de noviembre de 2002, cotizó un total de 1329 semanas entre tiempos públicos aportados a fondos o cajas públicas y al ISS; que según lo establecido en la sentencia CC SU7692014, tiene derecho a que la demandada tenga en cuenta todo el tiempo cotizado, tanto público como privado para la reliquidación pretendida y; que elevó una nueva solicitud el 14 de diciembre de 2015, sin obtener respuesta.

Colpensiones, al responder la demanda, se opuso a las pretensiones. Aceptó el contenido de todas las resoluciones reseñadas en los hechos de la demanda. En cuanto a la aplicación de la sentencia CC SU7692014, manifestó que esto no es un hecho.

Presentó las excepciones de fondo que denominó buena fe, compensación, prescripción, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, inexistencia del derecho reclamado y de intereses moratorios e indexación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Oralidad de Bogotá, mediante sentencia del 1 de diciembre de 2016, declaró probada la excepción de inexistencia del derecho reclamado propuesta por la pasiva, y absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Decisión Laboral, del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación presentado por el demandante, confirmó lo decidido por el a quo mediante fallo proferido el 27 de septiembre de 2017.

Señaló que el problema jurídico en alzada consistía en «[...] establecer si procede la reliquidación de la pensión de vejez reconocida favor del demandante con base en lo dispuesto por el Acuerdo 049 1990».

Tuvo como hechos probados: a) que mediante la Resolución n.° 010508 del 6 de junio 2003, el ISS le reconoció al actor una pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988, por ser beneficiario del régimen de transición, en cuantía inicial de $2.805.299, con una tasa de reemplazo del 75%; b) que con la Resolución n.° 054947 de 2008 se reliquidó la prestación en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, lo que arrojó una mesada de $3.019.109, con una tasa de reemplazo del 79%.

Luego indicó:

Los anteriores hechos demostrados resultan relevantes para definir el problema jurídico planteado, y le permiten a la Sala, entrar a establecer si al demandante le resulta aplicable que la reliquidación de la pensión debe ser regulada por el Acuerdo 049 de 1990, con la inclusión de tiempos públicos y las cotizaciones realizadas al ISS, puesto que su interés, es que con base en ella se tome para el reconocimiento pensional el 90% de la tasa de reemplazo conforme lo establece el artículo 20 de la citada regulación.

Dicha posibilidad será negada por esta colegiatura, y en tal sentido se confirmará la decisión de primer grado, puesto que se considera por la Sala, que para el reconocimiento pensional contemplado el Acuerdo 049 de 1990, las cotizaciones pensionales deben realizarse de manera exclusiva con aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones tal como pasa explicarse.

La apoderada judicial, citó en sustento de sus argumentos, la sentencia SU 769 de 2014, proferida por la corte constitucional en la que se permitió la acumulación de los tiempos públicos y de cotizaciones para efectos de acceder a la pensión de vejez regulada por el Acuerdo 049 de 1990, sin embargo, esta sala de decisión se permite apartarse de sus argumentos en razón, a que las normas del extinto régimen de seguro sociales obligatorios, establecieron como mecanismo de financiación del sistema pensional, allí regulado, únicamente las cotizaciones efectivamente realizadas al mismo. Ello es así, desde el Decreto 3041 de 1966 hasta el Acuerdo 049 1990, por lo que, admitir otra posibilidad afectaría directamente la sostenibilidad financiera sistema pensional principio constitucional contempla en el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política.

Por último, esta decisión también se adopta con sujeción al criterio pacífico expuesto respecto al tema por la honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citando a modo ejemplo la sentencia proferida el 9 de octubre 2011, 13 de noviembre 2013, 22 de abril y 30 de septiembre 2015, radicadas con los números 39882, 44945, 45406 y 47427 respectivamente, criterio que se constituye en doctrina probable en los términos del artículo 4 de la ley 169 1896, que resulta de obligatorio cumplimiento y acatamiento para la jurisdicción ordinaria laboral y Por ende constituye un derrotero que debe observarse, al tenor de las sentencias también de constitucionalidad C 836 de 2001 y C 621 de 2015, que habla del precedente vinculante.

Criterio este último, el de la doctrina probable de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que comparte la decisión y en consecuencia considera que no hay lugar a realizar la imputación en la forma solicitada en la demanda, que se reitera implica el desconocimiento de las instituciones jurídicas que han regulado el sistema pensional en Colombia y de tajo cercena los demás mecanismos legislativos dispuesto para el reconocimiento de las prestaciones con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, entre ellos el de la ley 71 de 1988.

Respecto a la forma de liquidación, el juez plural indicó:

Asimismo, en segunda medida reliquidó la pensión de conformidad con lo reglado por el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, norma que resultó más favorable por permitirle aplicar una tasa de reemplazo superior tal como explicó la entidad accionada en la resolución general GNR 410848 el 26 de noviembre 2014. Por lo que se mantendrá incólume la decisión de primera instancia.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el impugnante que se case la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia «[...] se revoque totalmente la de segunda instancia [...]», y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado oportunamente.

CARGO ÚNICO

Acusó la decisión de segundo grado, de violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa los artículos 13, 15, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, 48, 53 y 230 de la Constitución Política, 12, 13, 20 y 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

Aseguró que, dada la vía escogida, se encuentra de acuerdo con las situaciones fácticas en las que se fundó la sentencia atacada, en especial las que hacían referencia a la calidad de pensionado y las inherentes al régimen de transición, pues:

[...] el punto central del derecho acá debatido es la interpretación de la Sentencia de Unificación 769 de 2014, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a través de su Sala Laboral niega la reliquidación de la pensión de vejez de mi poderdante bajo el entendido que no resulta procedente computar los tiempos públicos no cotizados al ISS para dar aplicación al Decreto 758 de 1990, es de resaltar que al efectuar la suma total de tiempos mi poderdante acumula un total de 1.329 semanas para que se le reconozca la pensión de vejez bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990 y así aplicar una tasa de reemplazo equivalente al 90% del ingreso base de liquidación de los aportes efectuados durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la pensión, razón por la cual se vulnero el principio de favorabilidad en materia laboral a mi representado, pues tanto el A quo como el Ad aseguraran sin justificación alguna ni efectuar la liquidación pertinente que la norma más favorable para el caso de mi representado resulta ser la Ley 100 de 1993 en su redacción original.

Luego reprodujo en forma parcial las sentencias CC SU769–2014, CE Sección Quinta n.° 11001–03–15–000–2016–01334–01, y 2016–036 del 28 de julio de 2016, proferida por el Juzgado Trece laboral del Circuito de Bogota, como soporte jurisprudencial de su exposición, y reiteró que le asiste derecho a que su pensión sea reliquidada en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma data, con una tasa de reemplazo del 90%.

RÉPLICA

Colpensiones señaló que el alcance de la impugnación se encuentra mal formulado, visto que:

El libelista expresa que pretende se case en su totalidad la sentencia recurrida y solicita que una vez en sede de instancia se revoque totalmente el fallo de segundo grado.

El censor no señala cuál debe ser el proceder de la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia.

Arguyó,

[...] que el ataque presenta un error de técnica. Consiste en que en el cargo el recurrente no ataca con exactitud los pilares de la providencia de segunda instancia, dado que se limita a reiterar las alegaciones que efectuó a lo largo del proceso jurídico. Confundiendo de esta forma al recurso extraordinario de casación con una tercera instancia procesal.

Explicó que para poder aplicar el contenido del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, solo se pueden tener en cuenta las semanas efectivamente cotizadas al ISS. Soportó su argumento en la sentencia CSJ SL23611, 23 ago. 2006.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero señalar que, los yerros técnicos reseñados en la réplica frente al alcance de la impugnación, no impide el estudio del recurso, pues resulta evidente que lo que se pretende en instancia es la revocatoria del fallo de primer grado, que no el de segundo, y la posterior condena de los pedimentos impetrados con el libelo gestor.

Encuentra la Sala que el proveído de alzada se fundó, en: i) en que el señor Héctor Alfonso Villalobos Rincón era beneficiario del régimen de transición, y por tal motivo se le reconoció la pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988), cuya tasa de reemplazo corresponde al 75%; ii) la pensión fue reliquidada de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, toda vez, esta liquidación era más favorable; iii) la suma de tiempos públicos y privados para aplicar el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, es inviable jurídica y jurisprudencialmente.

Por su parte, el impugnante centra su ataque en manifestar que de conformidad con la sentencia CC SU769–2014, el cómputo de aportes públicos y cotizaciones al ISS, es válido, a fin de lograr el reconocimiento, o como en este caso, la reliquidación de la pensión, con base en el acuerdo acusado.

Así las cosas, el problema jurídico en esta sede extraordinaria se contrae a determinar si es admisible la suma de tiempos públicos cotizados a fondos o cajas públicas, con los aportados al ISS, para lograr la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Ahora bien, la sentencia CC SU769 de 2014, indicó:

Para el reconocimiento de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la acumulación de los tiempos en cajas o fondos de previsión social cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social. Lo anterior, porque indistintamente de haberse realizado o no los aportes, es la entidad pública para la cual laboró el trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos.

Sin embargo, es necesario recordar que esta Corporación conserva una postura pacífica y reiterada frente a esta problemática, así en sentencias como la CSJ SL5113–2019, se ha dicho:

De igual forma, tampoco erró el sentenciador de segunda instancia, al considerar que no es posible sumar tiempos cotizados al Seguro Social y los servidos a entidades públicos (no cotizados) para completar la densidad de semanas requeridas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aun en concordancia con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto esa disposición no contempla esa acumulación de manera expresa. En sentencia CSJ SL032-2018 del 24 de enero de 2018, al respecto se indicó:

«No incurrió el sentenciador de segundo grado en error jurídico frente a las normas denunciadas, al no haber sumado, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, las semanas cotizadas al ISS con tiempos servidos al sector público, toda vez que el fallador simplemente se limitó a acoger la jurisprudencia sostenida actualmente por esta Corporación, según la cual no resulta procedente la contabilización entre aquéllas y éstos, por cuanto dicha normatividad no contempla tal posibilidad de manera expresa y, además, porque lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solamente concierne a las prestaciones contempladas en el artículo 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Social Integral»

Frente a la forma de liquidación, advierte la Sala que solo se hace mención a ello en el recurso, pero no se evidencia en el cargo, ningún argumento que contravenga lo decidido por el Tribunal en este sentido, cuando avaló la liquidación realizada por la encartada de la mano con el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues está resultaba más favorable a los intereses del pensionado.

Evidenciado que no erró el juez de alzada, fuerza concluir que el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del demandante. Se estiman las agencias en derecho en la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral, del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el proceso ordinario adelantado por HECTOR ALFONSO VILLALOBOS RINCÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

Costas en casación como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Aclara voto

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Aclara voto

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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