FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL5012-2021
Radicación n.° 86294
Acta 40
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
Procede la Corte a proferir la decisión de instancia dentro del trámite del recurso extraordinario de casación que resultó próspero interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2019, por la Sala Tercera de Decisión Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en el proceso ordinario que promovió en su contra MANUEL BATISTA ZÚÑIGA.
I. ANTECEDENTES
Esta Corporación, mediante sentencia SL3689-2021 del 7 de julio de 2021, casó el fallo impugnado, únicamente en cuanto confirmó la sentencia de instancia al pago de los intereses moratorios.
Reclama el demandante el reconocimiento y pago de la mesada catorce desde junio de 2014 en adelante, la indexación, los intereses moratorios y corrientes de cada mesada, ultra y extra petita, y las costas y agencias en derecho.
La demandada se opuso al considerar que no le correspondía asumir la totalidad del pago de la mesada reclamada en la demanda y, en su defensa, propuso las excepciones de prescripción e improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios para pensiones de origen convencional.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 28 de marzo de 2019, condenó a la demandada a reconocer y pagar el 100% de la mesada catorce del actor, junto con los intereses moratorios, las costas del proceso y absolvió de lo demás.
La Sala Tercera de Decisión Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Montería, mediante fallo del 28 de junio de 2019, confirmó la providencia apelada e impuso costas a la recurrente.
Como se dijo, esta Sala, mediante la sentencia SL3689-2021, quebró la anterior sentencia única y exclusivamente en cuanto confirmó la decisión de primera instancia al pago de los intereses moratorios y, para mejor proveer, ordenó oficiar a la demandada para que certificara las sumas pagadas por concepto de mesada catorce a fin de determinar el valor actualizado a pagar.
II. CONSIDERACIONES
En sede de instancia, a la Corte le basta remitirse a las motivaciones que condujeron a la prosperidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada, para concluir que no es procedente imponer el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el no pago de las mesadas correspondientes a una pensión de origen convencional.
Foneca allegó la correspondiente certificación que obra en el expediente digital, la cual fue puesta en conocimiento de las partes sin que se hubiera emitido pronunciamiento alguno sobre su contenido.
En ese orden, a partir de la aludida información se obtiene la siguiente suma a pagar por concepto de mesadas adicionales adeudadas y su correspondiente indexación:
Evolución histórica de las diferencias pensionales:
Año
Mesada Electricaribe calculada
CSJ
(A)
Mesada ISS
(B)
Valor pagado por mesada adicional
certificado por Fiduprevisora (C)
Diferencia pensional (mesada adicional) a cargo de Electricaribe
(A - C)
2012
$4.195.888
$3.930.407
$0
0
2013
$4.298.268
$4.026.309
$121.778
$4.176.490
2014
$4.381.654
$4.104.419
$124.142
$4.257.512
2015
$4.542.023
$4.254.641
$128.686
$4.413.337
2016
$4.849.518
$4.542.680
$137.400
$4.712.118
2017
$5.128.365
$4.803.884
$145.301
$4.983.064
2018
$5.338.115
$5.000.363
$151.246
$5.186.869
2019
$5.507.867
$5.159.375
$156.056
$5.351.811
2020
$5.717.166
$5.355.431
$161.988
$5.555.178
2021
$5.809.212
$5.441.653
$164.598
$5.644.614
Diferencia e indexación en la mesada 14:
En ese orden de ideas, en los términos del inciso 2° del artículo 283 del CGP, aplicable por remisión del precepto 145 del CPTSS, se determina un valor a pagar por concepto de mesadas adicionales hasta el año 2021 de $44.280.992, según las operaciones realizadas, cuya indexación al 30 de septiembre de 2021 asciende a $7.067.144, sin perjuicio que sean actualizadas hasta la fecha en que se efectúe el pago total de la obligación pensional.
Periodo
Valor adeudado por Electricaribe
Indexación
Mesada 14 de 2013
$4.176.490
$1.590.317
Mesada 14 de 2014
$4.257.512
$1.461.254
Mesada 14 de 2015
$4.413.337
$1.264.283
Mesada 14 de 2016
$4.712.118
$869.710
Mesada 14 de 2017
$4.983.064
$693.372
Mesada 14 de 2018
$5.186.869
$538.482
Mesada 14 de 2019
$5.351.811
$360.053
Mesada 14 de 2020
$5.555.178
$246.085
Mesada 14 de 2021
$5.644.614
$43.588
Total
$44.280.992
$7.067.144
Aquí y ahora, se reitera, y aún a riesgo de fatigar, que el único motivo por el cual de casó el acto jurisdiccional del juzgador de segundo grado fue la imposición de los intereses moratorios, por lo que se mantiene incólume lo concerniente a los demás aspectos de la decisión, incluyendo el pago de las diferencias y mesadas adicionales, tal como se discriminó en precedencia.
Sin costas en la alzada dada la prosperidad parcial del recurso de apelación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería en cuanto impuso el pago de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por mesada catorce al actor para, en su lugar, ABSOLVER por ese concepto y, en su defecto, concretar la condena al pago de las mesadas adicionales hasta el 30 de junio de 2021 a la suma de $44.280.992, cuya indexación al 30 de septiembre de 2021 asciende a $7.067.144, sin perjuicio de que sean actualizadas hasta la fecha en que se efectúe el pago total de la obligación pensional.
Sin costas en la alzada.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Salva Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
IMPEDIDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 86294
Sentencia de instancia
Recurso Extraordinario de Casación
Referencia: demanda promovida por MANUEL BATISTA ZÚÑIGA contra el ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me aparto de la postura tomada en el presente proveído, en tanto, sostuvo que, «no es procedente imponer el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el no pago de las mesadas correspondientes a una pensión de origen convencional».
Pues bien, el principal argumento que ha venido sostenido la Sala para negar el reconocimiento de los mencionados emolumentos en tratándose de pensiones convencionales, radica en que los mismos, solo resultan procedentes frente a una prestación reconocida con sustento en el régimen general de pensiones implementado por la Ley 100 de 1993 o, en virtud del transito legislativo establecido en su artículo 36, posición de la que me apartó por las razones que paso a exponer a continuación
1. Recientemente en la sentencia CSJ SL1681-2020, esta Sala de la Corte dio paso a modificar su postura frente a los intereses moratorios, y en ese sentido se señaló: «Con lo anterior, la Sala abandona su criterio jurisprudencial anterior y, en su lugar, postula que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones».
Para arribar a la aludida tesis la Corte dejó establecido que «el pago oportuno de las mesadas pensionales es un derecho universal de los pensionados», de manera que no hay lugar a establecer diferencia alguna frente a ningún tipo de pensión.
2. El artículo 53 de la Constitución Política, estableció el mandato para el Estado de garantizar el derecho al pago oportuno de las pensiones; por su parte el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, constituyó un avance legal de la orden contenida en la referida norma constitucional y dispuso que a partir del 1º de enero de 1994, se debía reconocer y cancelar al pensionado con respecto del cual se haya incurrido en mora en el pago de su prestación, además del valor debido, la tasa máxima de interés moratorio vigente hasta el momento en que se le diera cumplimiento a tal obligación.
Mandatos que, además constituyen la manifestación de esa especial protección de la que gozan los pensionados, y que buscan garantizarles un ingreso periódico a un grupo de personas que ven disminuida su capacidad laboral por diferentes circunstancias, para satisfacer sus necesidades básicas y a su vez obtener una remuneración mínima, vital y móvil que les permita su subsistencia.
Bajo ese panorama y los postulados de un Estado Social de Derecho, es que precisamente la Corte Constitucional en sentencia CC C -367 de 1995, señaló que: «No puede concebirse, entonces, a la luz de los actuales principios y preceptos superiores, la posibilidad de que las pensiones pagadas de manera tardía no generen interés moratorio alguno, con el natural deterioro de los ingresos de los pensionados en términos reales »; en ese mismo sentido, la referida providencia indicó: «Además, ninguna razón justificaría que los pensionados, casi en su mayoría personas de la tercera edad cuyo único ingreso es generalmente la pensión, tuvieran que soportar, sin ser adecuadamente resarcidos, los perjuicios causados por la mora y adicionalmente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el incumplimiento de las entidades correspondientes».
Resulta claro entonces que, el artículo 53 de la Constitución Política, no restringió el derecho al pago oportuno exclusivamente a las pensiones reconocidas en vigencia de la Ley 100 de 1993 o a aquellas de origen legal, lo que es apenas obvio, pues todos los pensionados sin distinción alguna pueden sufrir el detrimento derivado de la tardanza en el pago de su prestación, de manera que deben tener la posibilidad sin diferencia alguna de acudir al mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico en desarrollo del mandato constitucional en comento para resarcir el perjuicio sufrido.
3. Debe recordarse, que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, fue demandado por considerarse que vulneró el derecho fundamental a la igualdad de aquellas personas que obtuvieron su derecho pensional en vigencia de leyes anteriores a Ley 100 de 1993, ya que a juicio del entonces demandante los excluyó del reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se ocasionarían en el evento en el cual sus mesadas pensionales le fuesen pagadas de manera atrasada o tardía, planteamiento frente al cual la Corte Constitucional mediante sentencia CC C-601 de 2000, indicó que una adecuada comprensión de dicha preceptiva, consistía en entender que:
(…) a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo, de suerte que si ésta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, ésta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.
En ese mismo sentido, en la referida providencia se puso de presente que:
De otra parte, la Corte debe advertir que los pensionados siempre han tenido derecho al pago de intereses de mora cuando las mesadas correspondientes les han sido canceladas de manera atrasada; por lo tanto, el derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora a los que hace referencia la norma en comento, es un derecho de todos los pensionados, […].
Y más recientemente, esa misma Corporación, en la sentencia CC SU-065 de 2018, al hacer un análisis sobre la procedencia de los intereses moratorios, sostuvo la obligatoriedad que tienen quienes estén encargados del reconocimiento y pago de pensiones de otorgar dichos réditos, sin que para nada importe si la prestación que los genera haya sido con fundamento en la Ley 100 de 1993, o normas anteriores; puntualmente sostuvo:
6.3.2.3. Así las cosas, la postura asumida por la Corte Constitucional, en sede de control abstracto y concreto, indica que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular. Inclusive, ello sucede con independencia de que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo 53 Superior.
Los anteriores planteamientos fueron admitidos recientemente en la sentencia de esta Sala ya memorada, en la que igualmente se dejó precisado, que no existía una razón objetiva y razonable para dar un trato diferenciado dentro de los pensionados que se encuentran afectados por una misma circunstancia, como lo es la tardanza en el pago de la mesada pensional, cuyo resarcimiento a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se previó en la forma establecida en su artículo 141.
4. Lo advertido, denota entonces que el reconocimiento de intereses moratorios no puede circunscribirse a las pensiones reconocidas únicamente con posterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 o las de origen legal, pues lo cierto es que una misma situación de hecho como es la tardanza en el pago de la prestación, amerita una consecuencia jurídica idéntica, como es en este caso, la procedencia los intereses moratorios.
5. Aunado a lo dicho en precedencia, debe destacarse que la mora no solo constituye un simple retardo, una dilación o tardanza en el cumplimiento de una obligación, sino una conducta contraria al derecho social que trae como consecuencia la indemnización, que no es otra cosa que la monetización de la garantía prestacional insatisfecha, y que en materia de pensiones a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993, fue graduada con severidad por el legislador en el artículo 141, al imponer el pago de la tasa máxima de interés moratorio vigente, que surge de manera inmediata, sin miramientos o análisis de responsabilidad de buena fe, de las características de su cumplimiento o de alguna otra circunstancia extraña; y ello es así, porque no puede olvidarse que en casos como el presente, la obligación incumplida no es cualquiera, sino aquella relativa al pago de las sumas periódicas a las que tiene derecho el pensionado, quien merece una especial protección como quedó visto en párrafos precedentes.
6. Finalmente, no debe olvidarse que el derecho cumple una función sistémica relacionada con establecer las hipótesis de comportamiento aceptadas por la sociedad, y que en relación con las obligaciones sociales por su impacto dentro nuestro conglomerado, se espera con mayor razón que sean cumplidas de buena fe, por lo que quienes no lo hacen deben resarcir los daños irrogados. De ahí que los intereses moratorios también buscan prevenir el incumplimiento, en aspecto tan esencial como el pago de las pensiones, y con ello disuadir una conducta contraria a la naturaleza que con ellas se protege.
Es por lo ya indicado, que me aparto de la decisión de la Sala de considerar que ante la mora en el pago de las pensiones convencionales no procede la condena por concepto de intereses moratorios
En los anteriores términos dejo consignado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado