RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL5076-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5076-2019

Fecha
8 de octubre de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5076-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARCO AURELIO GARCÍA VANEGAS y MARTHA YANETH CALDERÓN CALDERÓN actuando en nombre propio y en representación de los niños GKGC y AMGC, en contra de la sociedad PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA –PLANDEPRO LTDA- y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL–. Costas como se indicó en la parte motiva de está providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5076-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

8 de octubre de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL5076-2019

Radicación n.° 68929

Acta 35

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARCO AURELIO GARCÍA VANEGAS y MARTHA YANETH CALDERÓN CALDERÓN, actuando cada uno en nombre propio y en representación de los niños GKGC y AMGC, contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2014 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso adelantado por ellos y otros, en contra de la sociedad PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA –PLANDEPRO LTDA.- y solidariamente en contra de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-.

AUTO

Se acepta la renuncia de poder de fecha 16 de enero de 2017 presentada por el apoderado de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Dr. Ramiro Rodríguez López, identificado con la tarjeta profesional número 34.009 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al memorial visible a folio 93 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 76 del Código General del Proceso.

En el mismo sentido, la Sala se abstiene de dar trámite a los memoriales presentados por Jaime Enrique Ramos Peña por el mismo extremo pasivo, en virtud de los cuales presentó poder para actuar y renunció al mismo, por cuando a la fecha no se había producido reconocimiento alguno de personería.

ANTECEDENTES

Marco Aurelio García Vanegas y Martha Yaneth Calderón Calderón, actuando cada uno en nombre propio y en representación de los niños GKGC y AMGC, presentaron demanda en contra de la sociedad Planeación y Desarrollo de Proyectos Ltda. (en adelante Plandepro Ltda.) y solidariamente en contra de la Alcaldía de Bogotá -Secretaría de Educación Distrital-, con el fin de que se declarara que el señor García Vanegas sufrió un accidente de trabajo ocurrido el 9 de octubre de 2006, mientras se encontraba laborando para Plandepro LTDA., entidad a la que se había vinculado mediante contrato a término indefinido cuya fecha de inicio fue el 24 de agosto de 2006 y culminó el 27 de diciembre de 2007.

Requirieron que se declarara que entre las demandadas se celebró un contrato de obra identificado con el n.° 058, el cual tenía como finalidad realizar el mantenimiento de las plantas físicas de los colegios en Bogotá; así mismo que se estableciera que las entidades eran solidariamente responsables del accidente que García Vanegas sufrió, en el cual Plandepro LTDA «[…] tuvo plena CULPA y actuó con total negligencia y desconocimiento de sus obligaciones como empleador, al no dotar al empleado de los elementos de protección adecuados». Pidieron que se determinara que su cónyuge e hijas tenían derecho a percibir «[…] el valor de la indemnización propia de los daños de tipo moral por el accidente que sufrió el señor GARCIA VANEGAS».

Insistieron en que se declarara que debido al accidente sufrió daños representados en perjuicios materiales, expresados a su vez en lucro cesante consolidado y futuro, al igual que perjuicios de orden moral extendidos a todo el núcleo familiar; y que se reconociera que tal suceso les generó daño tanto emocional como fisiológico.

Como consecuencia de lo anterior pretendieron que se condenara a las demandadas a cancelar, solidariamente, por perjuicios materiales un valor por «[…] total lucro cesante consolidado: $112.330.541°°, Total lucro cesante futuro $81.052.769°°, Total $193.383.310»; que se les cancelara directamente el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a cada uno de ellos y 100 SMLMV a cada una de sus hijas por concepto de daños morales; así como el pago de 200 SMLMV a todo el grupo familiar en razón de «[…] los perjuicios ocasionados por la alteración en las condiciones de existencia».

Por ultimo pidieron que se les cancelaran 200 SMLMV por los daños fisiológicos sufridos como consecuencia del accidente, y que se ordenara «[…] a pagarle a la parte demandante todas las anteriores sumas o condenas con la correspondiente indexación, intereses corrientes, intereses moratorios y reajuste para actualizar los valores».

Como fundamento de sus pretensiones señalaron que a lo largo de la relación matrimonial entre los demandantes nacieron dos hijas. Afirmaron que «[…] cuando se inicia la relación laboral con la parte demandada, el estado de salud del trabajador MARCO AURELIO GARCIA VANEGAS era óptimo y no presentaba ninguna queja, así lo prueba el examen médico legal que le practicaron antes de iniciar labores».

Recordaron que la empresa Plandepro Ltda. y la Secretaría de Educación Distrital suscribieron un contrato para el «[…] mantenimiento de aseo y limpieza de los colegios del distrito capital», en virtud del cual fue vinculado a la citada empresa mediante un contrato de trabajo a término indefinido desde el 24 de agosto de 2006 el cual finalizó el 27 de diciembre de 2007 de manera unilateral con justa causa por parte del empleador.

Afirmaron que ocupaba el cargo de «generador de aseo», en el cual cumplía con las funciones de «[…] barrer los salones cuando los niños salían de la Jornada escolar, limpiar vidrios y unas brigadas de aseo que se realizaban en todos los colegios para limpiar los tejados con el fin de evitar taponamientos en los días de invierno», en los colegios con los cuales tenía convenio la Secretaría de Educación Distrital. Informaron que inicialmente devengaba un salario mensual de $408.000 y a la fecha de terminación de su contrato la suma ascendió a $433.700. Manifestaron que mediante comunicación escrita emitida el 12 de noviembre de 2007 se le dio por terminado su vínculo laboral.

Mencionaron que el 9 de octubre de 2006 sufrió un accidente de trabajo y quedó registrado «[…] como diagnósticos definitivos “POP TORACOSTOMÍA CERRADA BILATERAL POR HEMOTÓRAX, CONTUSIÓN PULMONAR Y DIABETES MELLITUS”, según los exámenes como toracostomia bilateral a denaje cerrado, hemograma, hemocultivo, uroanalis, TAC de torax y radriografía (sic) de torax”». Anotaron que en el informe de accidente de trabajo n.° 120154 se narraron los hechos del suceso y se indicó que el actor se «“Encontraba realizando limpieza sobre los tejados, cayó de una altura de 3:50 metros”».

Insistieron en que el día del accidente no contaba con los elementos adecuados de protección que debían ser suministrados por el empleador, de manera que este incumplió con su deber de prevención y tal omisión llevó al señor García Vanegas a encontrarse «[…] postrado en una silla de ruedas, pues el accidente lo dejó parapléjico, lo que ha repercutido en su estado de ánimo y en su relación con su familia, manifestándose en perjuicios de carácter material, moral, fisiológico y en las alteraciones de las condiciones de existencias de su grupo».

Aseguraron que la Secretaría de Educación Distrital también incumplió con su obligación de vigilar que el contratista estuviera cumpliendo con las normas mínimas de salud ocupacional y que el 25 de agosto de 2007 la administradora de riesgos laborales (antes ARP hoy ARL) ARP Seguros Bolívar le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 68.05%, diagnosticándole «[…] paraplejia espástica, nivel sensitivo t6, intestino y vejiga neurogenicos (sic)».

Comentaron que «[…] para la valoración del daño se debe tener en cuenta que MARCO AURELIO GARCIA VANEGAS, nació el 1° de marzo de 1954 y que por lo tanto al momento de la ocurrencia del accidente de trabajo tenía 52 años» y que luego de este suceso tanto el como su familia sufrieron graves daños tanto materiales como inmateriales.

Finalmente, destacaron que el 18 de diciembre de 2007 presentaron reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación Distrital con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Al dar respuesta a la demanda la Secretaría de Educación Distrital se opuso a todas las pretensiones. Afirmó que no le constaban los hechos relativos a la situación familiar del trabajador y aceptó la existencia de un contrato con Plandepro Ltda. y la reclamación administrativa presentada por el actor.

Afirmó que no podía ser demandada en solidaridad por cuanto en la cláusula décima novena del contrato n.°058 se estableció que «[…] “… no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el Contratista y la Secretaría de Educación de Distrito Capital, por lo tanto no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y la Secretaría de Educación del Distrito Capital…”».

En su defensa presentó las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

Mediante auto de folio 349 se tuvo por no contestada la demanda por parte de la sociedad Plandepro Ltda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C. profirió fallo el 2 de abril de 2013 en el cual decidió absolver a las entidades demandadas.

Lo anterior debido a que,

[…] no existió culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo, pues no otra situación se puede deducir de ese hecho, de que sin existir obligación de la demandada en el suministro de elementos de seguridad propios del trabajo, se le atribuya a la misma falta de cuidado, pues éste solo puede ser endilgado al trabajador que fue víctima del accidente, quien en pleno uso de sus facultades se sometió a realizar una actividad riesgosa que atentó contra su integridad.

Ante la ausencia de culpa patronal en el accidente, resulta inane cualquier valoración tendiente a establecer los presuntos perjuicios que eventualmente hubiesen padecido los demandantes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte demandante conoció del asunto la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. que, en sentencia del 31 de marzo de 2014, confirmó la decisión del Juzgado.

El Tribunal comenzó por aclarar que no eran objeto de apelación los siguientes hechos:

[…] entre las demandadas PLANDEPRO LTDA y Bogotá D.C. –SECRETARIA DE EDUCACIÓN se celebró el contrato de obra N.° 058 del 2 de mayo del 2006 para el mantenimiento de las plantas físicas de Bogotá y que en virtud de él, la demandada PLANDEPRO LTDA contrató al señor Marco Aurelio García Vanegas mediante un contrato de trabajo por el término de duración de la obra o labor contratada, el cual se ejecutó entre el 24 de agosto de 2006 y el 27 de diciembre del 2007, lo cual se puede corroborar con el contrato individual de trabajo, la carta de terminación del contrato de trabajo y la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales.

Tampoco existe controversia en cuanto a que el demandante sufrió un accidente de trabajo el 9 de octubre del 2006 cuando laboraba para la empresa demandada PLANDEPRO LTDA, el cual fue debidamente reportado a la A.R.P. SEGUROS BOLÍVAR y que como consecuencia de éste la A.R.P. le determinó una pérdida de capacidad laboral del 68.5% lo cual le dio derecho a recibir una pensión de invalidez a partir del 21 de noviembre del 2007 con una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal vigente.

Indicó que el problema jurídico consistía en establecer si en el accidente que sufrió el actor medió culpa del empleador, lo que generaría el pago de perjuicios a su favor.

Recordó que tal figura se encontraba regulada por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y que esta misma previó el pago de una «[…] indemnización total y ordinaria por perjuicios cuando “exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional”». Estableció que el mencionado fenómeno era completamente diferente de las prestaciones a cargo del empleador, reguladas inicialmente por el derogado artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo, regladas a la fecha por las disposiciones del artículo 98 del Decreto 1295 de 1994 y demás normas concordantes.

Aclaró que el elemento de la culpa proveniente del empleador determinaba una modalidad indemnizatoria, ya que si este llegase a faltar en la presencia de un accidente de trabajo, «[…] al trabajador le asiste el derecho a recibir las prestaciones arriba mencionadas y a cargo de su empleador, si es que el riesgo no ha sido asegurado a través de una Administradora de Riesgos Profesionales, caso en el cual corresponderá a dicha entidad la asunción de la obligación indemnizatoria por vía de la subrogación del riesgo».

Por otro lado, si la culpa patronal se encontrase probada, en ese caso operaría la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador, sin embargo, la carga probatoria se encontraba en cabeza de la parte interesada en la indemnización. Apoyó su argumento en apartados de la CSJ SL, 30 de junio de 2005, radicado 22656.

Manifestó que en el presente caso, aunque era claro que el demandante sufrió un accidente de trabajo, lo cierto era que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo ordenaba que la indemnización solo podía prosperar en los casos en que demostrara que existió culpa patronal, por lo que en primer lugar debía demostrarse si el demandante tenía entre sus funciones la limpieza de tejados o que estaba en cumplimiento de una orden impartida por su empleador.

Sobre ese punto recordó que «la empresa demandada sostuvo que para esa labor no fue contratado el demandante», por el contrario, «[…] por su propia cuenta y riesgo decidió subirse al tejado del colegio a limpiarlo y que por eso al no haberlo contratado para que ejecutara dicha labor no le entregó elementos de seguridad para el trabajo en las alturas».

Estudió el contrato de trabajo celebrado entre las partes visible a folio 359, del cual consideró que no quedaba duda de que el actor fue contratado para «[…] mantener las instalaciones del cliente en perfecto orden y aseo (lavar pisos, paredes, ventanas, encerar, brillar, realizar las brigadas necesarias y los mantenimientos de acuerdo al objeto del contrato» y no lo fue para realizar trabajo en alturas como el de limpieza de tejados. Del mismo modo, encontró que no había pruebas en el expediente que permitieran establecer que el señor García Vanegas estaba cumpliendo una orden de su empleador al momento del accidente.

Indicó,

Por el contrario, la única prueba que aparece en el expediente relacionada con este tema es el testimonio del señor José Antonio Cruz, prueba que fue solicitada en el proceso por el mismo demandante, y que si bien es cierto no se pudo evacuar totalmente por lo que tuvo que ser citado nuevamente para el día 30 de agosto del 2012, fecha en la cual no asistió el testigo, por lo que se citó nuevamente para el día 11 de febrero del 2013 pero en vista que no fue posible ubicarlo se desistió de la validez las declaraciones que alcanzó a rendir ante el juez de conocimiento y no puede pretender la parte demandante que no se tenga en cuenta, ahora que su declaración no le fue favorable, por lo que tal y como lo entendió el fallador de primera instancia ese testimonio puede ser tenido en cuenta, máxime porque fue el único testigo presencial de los hechos ocurridos el día del accidente pues era el único trabajador que se encontraba con el demandante, el cual fue claro al señalar que se encontraban en el colegio realizando una brigada para lavar los vidrios y que no estaba en sus labores el barrido de tejados, además indicó que la empresa PLANDEPRO LTDA les entregó para el día del accidente limpiavidrios, jabón neutro, desengrasante, una hidrolavadora, la manguera, la escalera, el arnés, el casco y gafas, y su overol y botas. Además señaló que el señor Marco Aurelio decidió subirse a barrer el tejado a pesar de que el vigilante le dijo que no lo hiciera que eso llevaba muchos años y era peligroso, y dijo que él se subía por una columna que había y de ahí barría la escuela.

Del anterior testimonio concluyó que era claro que el actor realizó las acciones de barrido de tejado por su propia cuenta, sin siquiera colocarse los elementos de protección que le habían suministrado para cumplir con la brigada de lavado de vidrios,

[…] por lo que no se le puede exigir a la empresa demandada que hubiera dado elementos de protección o capacitación al trabajador en una actividad para la cual no fue contratado, ni la cual se le ordenó que ejecutará (sic), pues no tenía cómo prever que el demandante iba a decidir subirse a un tejado a barrer y lo cual le ocasionaría un accidente de trabajo y los posteriores perjuicios.

Precisó que el efecto de la ausencia de contestación de la demanda por parte de la empresa demandada no generaba una confesión sino un indicio grave en su contra, de modo que «[…] no es una figura a través de la cual puedan tenerse por ciertos los supuestos fácticos objeto de debate» por lo que acertó el Juzgado cuando lo descartó al revisar el testimonio allegado al proceso.

Concluyó que no había prueba que permitiera inferir que se configuró la culpa suficientemente comprobada por parte del empleador en la ocurrencia del siniestro, de manera que debía confirmarse la sentencia de primera instancia. Explicó que por lo anterior debió omitir el estudio en relación con la solidaridad de las demandadas y los perjuicios causados, y que si bien no se probó si la empresa contaba o no con un programa de salud ocupacional, lo cierto era que el accidente ocurrió por la conducta imprudente del actor.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver, de acuerdo con los términos en que fue presentado y dentro de las competencias que otorga este recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia «[…] en cuanto confirmó el fallo de primera instancia, para que en sede de instancia, se proceda a REVOCAR la sentencia dictada por el juzgado Quinto Laboral del circuito de Bogotá el dos (2) de abril de 2013».

Con tal propósito formularon un cargo, el cual tras haber sido oportunamente replicado pasa a ser estudiado por la Sala.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «[…] 228, 229 y 230 de la Carta Política; Ley 270 de 1.996; 34 y 216 del C.S.T.; Decreto 1295 de 1994; 2341 del C.C.; 60, 61 y ss. Del C.P.T. (Violación medio), artículo 177, 187, 343 y concordantes del C.P.C».

Como errores evidentes de hecho señalaron:

Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente del señor MARCO AURELIO GARCÍA de (sic) debió a no haber tenido en cuenta la advertencia de un celador sobre la fragilidad del tejado.

No dar por demostrado, estándolo que la tarea que estaba ejecutando el señor MARCO AURELIO GARCÍA era una actividad propia de su labor dentro del cargo que ejercía.

No dar por demostrado, estándolo, que el presunto celador no era superior jerárquico del señor GARCIA.

Dar por demostrado, sin estarlo que existió un celador y que el (sic) previno sobre (sic) posible accidente.

No dar por demostrado, estándolo, que el dicho parcial del señor JOSE ANTONIO CRUZ no podía ser valorado por resultar incompleto y parcializado.

No dar por demostrado, estándolo que la tarea que estaba realizando el señor MARCO AURELIO GARCÍA, al momento de sufrir el accidente de trabajo era una tarea crítica a la cual se le dio tratamiento como tal.

No dar por demostrado, estándolo, que el señor MARCO AURELIO GARCIA no tuvo supervisor cuando estaba ejecutando sus labores.

No dar por demostrado, estándolo, que las demandadas no suministraron el (sic) trabajador elementos de seguridad como arnés, el casco.

No dar por demostrado, estándolo, que las demandadas no otorgaron capacitación al trabajador para adelantar labores en altura.

No dar por demostrado, estándolo, que el sitio donde se encontraba accionante MARCO AURELIO GARCÍA no fue recibido por la sociedad contratista PLANDEPRO LTDA. y por consiguiente desconocía su estado para que sus trabajadores adelantaran labores.

No dar por demostrado, estándolo, que las demandadas no contaban con un panorama de riesgos ni con programa de salud ocupacional.

En la demostración del cargo se concentraron en explicar la incidencia que tuvo en la decisión la apreciación que el Tribunal le dio a las pruebas. Iniciaron por «El testimonio del señor JOSE ANTONIO CRUZ […] limitado y por consiguiente inexistente», que provino de las siguientes circunstancias:

-Fue llamado a declarar por ambas partes,

-Solo estuvo presente en una audiencia y con posterioridad fue renuente en su comparecencia,

-La inicial declaración y a la cual se le otorgan calidades calificadas como prueba excepcional por ser el “único” que presenció el accidente, lo cual no resulta cierto, permitió sacrificar el sagrado derecho de contradicción, pilar excepcional de un adecuado derecho a la defensa,

-Dicho testimonio fue desistido por las partes y por consiguiente, el juzgado al aceptar tal desistimiento debió otorgarle el alcance que la ley procesal le otorga, es decir, la de renunciar a un derecho como que ello es el significado de quien desiste de un acto procesal.

• A lo anterior deberá agregarse el precepto contenido por el artículo 232 del enjuiciamiento civil cuando limita la eficacia del testimonio frente a hechos que debían constar por escrito. En este punto debo detenerme para significar la inoperancia de testigos pues los actos a ejecutar debían promoverse por escrito como las órdenes, las labores a ejecutar, estado del sitio por parte del supervisor de obra o del interventor pues estamos frente a un contra administrativo regulado por el estatuto especial (ley 80 de 1.993). Fácil resulta advertir que no existía supervisor ni interventor.

Como pruebas mal valoradas o no apreciadas enunciaron los testimonios de José Antonio Cruz, Pedro Daniel Calderón, Marinela Grueso y Alexandra Avendaño; la confesión por parte del representante legal de la sociedad empleadora, el indicio grave en su contra por la no contestación de la demanda, el contrato de trabajo, el acta del comité paritario de salud ocupacional y el informe sobre el accidente de trabajo rendido por la ARL.

Comentaron que las falencias mencionadas ostentaban la categoría de nulidad, teniendo en cuenta que el principio de derecho probatorio debía cumplir con las formalidades procesales propias en su «pedimento», práctica y oportunidad. Manifestaron que la valoración probatoria debía regirse por las normas de la sana crítica sin vulnerar la integridad de la prueba, es decir, que el juzgador no podía valorar parcialmente la versión de un testigo tomando solo lo que le interesaba para efectos de su fallo.

Apoyaron su argumento en apartados de la sentencia CSJ SC, 14 de diciembre de 2001, radicado 6079. Seguidamente, anotaron que «[…] si al censor del fallo le es prohibido fundamentar su recurso con apartes especiales, igual tratamiento ha de darse al juzgador para que su fallo no aparezca con indicios de parcialidad rompiendo la igualdad que se exige en cada uno de estos». Recordaron que así como al recurrente se le exige claridad en sus argumentos a fin de destruir el planteamiento del Juzgado, igualmente debía atenderse su dicho pues no resultaba lógico ni aceptable que una decisión se tomara con expresiones «genéricas y abstractas» como las empleadas por el Tribunal «[…] cuando dijo haber revisado la prueba tanto la prueba documental como testimonial sin advertir siquiera que con ello estaba violando en forma ostensible el mandato contenido por el artículo 187 del enjuiciamiento civil vigente en cuanto debe exponer razonadamente el valor que le asigna a cada prueba». Precisaron que de esa forma se desconocieron importantes aspectos que conllevaban a que se reconociera el pago de los perjuicios causados.

Apuntaron que,

De ahí que resulte notoriamente dañino para la justicia y para la parte agraviada el hecho de deducir una presunción de culpa en el trabajador por adelantar labores no encomendadas cuando solo concurren los elementos de ocurrencia del hecho y el daño, pues el nexo causal no se puede eliminar de un tajo como quiera que siendo la regla general la de que el empleador responde objetivamente por los daños que el trabajador sufra como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, será siempre excepcional la condenación ordinaria por perjuicios y únicamente procederá cuando la enfermedad profesional o el accidente de trabajo se produzca “Por culpa comprobada del empleador”. En estos eventos, el deber de indemnizar que tiene el empleador cuando incumple su obligación contractual de evitarle daños por razón o con ocasión de su trabajo, exige como presupuesto la comprobación de su culpa, la que puede presumirse en razón de la actividad peligrosa que se desarrolle o por cualquier otro motivo. De igual manera, esta culpa comprobada del empleador debe ser suya propia y no derivada del comportamiento del trabajador que sufra el accidente o padezca la enfermedad profesional. Por tal razón, “La culpa comprobada del empleador”, es la condición exigida para que se produzca la consecuencia jurídica según la cual el empleador debe la indemnización total y ordinaria de perjuicios al trabajador que sufre el accidente de trabajo o padece la enfermedad profesional, o a sus beneficiarios en caso de muerte.

En cuanto al «“presunto celador”» que como testigo aseguró aparentemente prevenir al señor García sobre las consecuencias de su actuar, consideró que el Tribunal erró al darle valor probatorio al dicho de una persona que supuestamente adelantaba labores de celaduría y del cual no tenían certeza de su existencia. Adicionó que le resultaba sospechoso que él no hubiera sido localizado para que compareciera al proceso.

Mencionaron que era distorsionada la valoración que se le otorgó a los testigos Pedro Daniel Calderón, Marinela Grueso Castro y Alexandra Avendaño Martín, pues estos habían sido convocados para probar los perjuicios sufridos por la familia, no para establecer la ocurrencia del accidente. En ese sentido su testimonio debió ser valorado de acuerdo con la petición de la demanda y no de la manera errada en la que se hizo.

Estimaron que la confesión del representante legal de Plandepro Ltda. no fue tenida en cuenta, y que en ella se podían constatar inequívocamente los siguientes aspectos:

-No hubo capacitación porque cuando se vinculó el trabajador ya se habían celebrado.

• Ello no es eximente de responsabilidad y no es serio el argumento,

• No había supervisor de obra al momento del accidente,

-No existía interventor por parte de la SED para vigilar el cumplimiento del contrato 058,

-La demandada PLANDEPRO LTDA. No recibió las instalaciones para poder adelantar labores de mantenimiento y limpieza para prodigar a sus trabajadores sitio seguro y digno,

-No existió ninguna clase de supervisión en las labores adelantadas por el señor García,

-Al no existir supervisión no fueron revisadas ni calificadas las labores, menos eventuales riesgos de accidente y no se exigió al trabajador el uso de los elementos que al decir de la misma demandada había suministrado consistentes en arnés y casco.

Sobre el indicio grave en contra de Plandepro Ltda., mencionaron que si bien podía ser cierto que no constituyera confesión por sí solo, lo que sí resultaba cierto era que este conllevaba a que el juzgador valorara «con visos de certeza» tanto los hechos como los documentos aportados como prueba, pues el «[…] no contestar la demanda implica renunciar a etapas procesales como la tacha de documentos el pedimento de pruebas, de cuya circunstancia, necesario resulta concluir que con dicho elemento bien puede el juez proferir sentencia acogiendo las pretensiones de la demanda».

A su parecer, el contrato de trabajo indicaba que estaba adelantando una función no fijada en él, sin embargo, el argumento les resultaba desatinado dado que el mantenimiento de las instalaciones del cliente en perfecto orden y aseo incluía necesariamente los tejados. Por lo que sería infortunado tomar en contra del trabajador lo que el contrato enunciaba.

Les pareció necesario resaltar que en el documento de folio 589 se podía evidenciar que cuando se le indicó al comité paritario de salud que el trabajador estaba realizando limpieza en las canales de los tejados del colegio y la teja se rompió, se preguntó:

Esta limpieza es acaso diferente a la prevista en el contrato de trabajo?

Pero resulta más contundente el documento cuando en los compromisos adquiridos se indicó que “se prohíbe a todo el personal realizar aseo en tejas, canales o desagües sin previa autorización de la empresa…” Lo que de suyo resulta apenas lógico que la actividad antes del 12 de octubre de 2006 era de común ocurrencia. Nótese que esta prohibición solo sobrevino días después del accidente del señor García.

De ahí que respecto de accidentes de trabajo es de vital importancia su prevención … la acción contra las contingencias del trabajo debe dirigirse mas (sic) hacia la prevención del mismo, que a la reparación del daño causado. Por ello una correcta previsión de los accidentes de trabajo es de utilidad, pues una plena aplicación de las medidas de seguridad de unos elementos de trabajo en las mejores condiciones para ser utilizados, disminuyen los riesgos, lo que representa evitar pérdida de vidas Humanas o daños irreparables en el organismo, así como de índole económica, ayudándose a preservar un bienestar social de todo orden. […]

De otro lado la situación del señor MARCO AURELIO GARCIA ubicado dentro de la denominada imprudencia profesional o “acto inseguro” del trabajador al no sujetarse a la cuerda de seguridad, no usar el arnés y no colocarse el casco, así como prescindir del uso de la escalera resulta entonces un caso típico de la llamada imprudencia profesional por la doctrina laboral y más concretamente por la medicina industrial; es la familiaridad excesiva y temeraria con los riesgos propios del oficio común entre los operarios experimentados y que viene a ser característica propia de su desempeño, de acuerdo con la experiencia y la observación. Y que por lo mismo que es normal y consustancial al oficio, no exime de responsabilidad al patrono, pese a ser un factor humano de gran incidencia en los infortunios de trabajo.

Continuaron afirmando que el informe sobre el accidente de trabajo incluyó que la labor que se encontraba realizando al momento en que sucedió el siniestro hacia parte de sus funciones y se ejecutaba en cada establecimiento como parte del contrato. Por último, puntualizaron que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo fue inaplicado, «[…] – contrariamente a lo afirmado, el objeto social de las demandadas es idéntico, -La SED se beneficiaba con las labores contratadas, -El aludido contrato de suministro (058 de 2006) no indica nada diferente a buscar la ruptura de efectos laborales de los trabajadores y ello hace que la SED se (sic) responsable en forma solidaria».

RÉPLICA

Plandepro Ltda. se opuso refiriéndose a los errores de hecho señalados por los recurrentes. Sobre ellos manifestó que en ambas instancias había quedado demostrado que el señor García Vanegas por voluntad propia subió al tejado sin precaución alguna, realizando una labor para la cual no había sido contratado ni se le había ordenado ejecutarla.

Seguidamente recordó que el cargo para el que había sido contratado era el de «generador de aseo», en el que tenía como funciones «Mantener las instalaciones del cliente en perfecto orden y aseo (lavar pisos, paredes, ventanas, encerar, brillar, realizar las brigadas necesarias y los mantenimientos de acuerdo al objeto del Contrato)». Aclaró que el celador que rindió testimonio no era el superior jerárquico del actor sino el vigilante del «plantel Bellavista sede B de los Alpes», y fue este quien previno al señor García Vanegas del peligro, tal y como quedó demostrado en la prueba documental de folios 566 y siguientes.

Afirmó que en ambas instancias se valoraron en debida forma las pruebas aportadas, entre ellas la manifestación del representante legal de la empresa y la del supervisor de la brigada «[…] al rendir el informe a la Empresa de que en el momento del accidente se encontraba trasportando a los otros compañeros de trabajo a las otras sedes para cumplir con la brigada de vidrios programada ese día, interrogatorio de parte y prueba documental. (Folios 533)». Posteriormente, insistió en que la labor que se le había encomendado al actor era la de lavar vidrios, no que este ejecutara otras por su propia cuenta sobre los tejados de la institución.

Comentó que en la prueba documental visible a folios 563 a 581 quedó demostrado que la entidad sí cumplía con sus obligaciones en materia de salud ocupacional y riesgos profesionales.

En cuanto a las pruebas mal apreciadas aseguró que el Tribunal apreció en debida forma todo el material probatorio. Explicó que el testimonio de José Antonio Cruz de folios 535 a 540 fue valorado de acuerdo con la sana crítica, al igual que la carta que este dirigió a la entidad y les comentó que el accidente ocurrió mientras «[…] nos encontrábamos en una brigada de vidrios y el Señor Marcos detecto (sic) que los tejados se encontraban llenos de basura y el comentó que se subiría por el costado de la columna y el señor vigilante le dijo que no lo hiciera porque las tejas se encontraban en mal estado al igual que decidió hacerlo bajo su riesgo».

Sostuvo que no fue distorsionada la valoración de los testimonios de Pedro Daniel Calderón, Mariela Grueso Castro y Alexandra Avendaño Martín por parte del Tribunal, dado que quedó plenamente probado que no existió culpa del empleador en la ocurrencia del accidente, por el contrario, este se dio por negligencia e imprudencia del trabajador, de manera que no tenía derecho para reclamarle al empleador el resarcimiento de los perjuicios sufridos por el accidentado o sus familiares.

Anotó que el Tribunal consideró que la falta de contestación de la demanda traía consigo un indicio grave en contra del demandado, no una confesión, por lo que en este sentido la decisión del Juzgado fue acertada al descartar el indicio grave en contra de la empresa. Continúo indicando que,

Los fallos de primera y segunda instancia no solamente tuvieron en cuenta el Contrato de trabajo y del Cargo desempeñado por el señor MARCO AURELIO GARCIA VANEGAS, Y para la cual fue contratado por mi poderdante la Empresa PLANDEPRO LTDA, mediante contrato de obra, suscrito el 24 de Agosto del 2006 el de generador de aseo, conforme consta en el respectivo contrato de trabajo obrante a folio 359 y en el que aparece que fue contratado para “Mantener las instalaciones del cliente en perfecto orden y aseo (lavar pisos, paredes, ventanas, encerar, brillar, realizar las brigadas necesarias y los mantenimientos de acuerdo al objeto del Contrato” en ninguna parte aparece que tejados y bajantes.

Y si la de las brigadas entre ellas la de la lavada de vidrios labor que tenía que ejecutar el señor MARCO AURELIO GARCIA VANEGAS, en el plantel Educativo de Bellavista sede B- los Alpes, donde el juzgado de primera instancia y el Honorable Tribunal corroboró con el Testimonio del señor JOSE ANTONIO CRUZ, que se les entregó los implementos de seguridad (casco, arnés, escalera) e igualmente si la labor no era la limpieza de vidrios que (sic) objeto tendría que el día del accidente se les hubiera suministrado para la labor encomendada limpiavidrios, jabón neutro, desengrasante, hidrolavadora.

Concluyó que el recurrente pretendía revivir los alegatos que presentó en ambas instancias, lo cual resultaba improcedente dado que las presuntas fallas que adujó no estaban debidamente sustentadas, por ello solicitó que se desestimara el cargo.

La Secretaría de Educación Distrital en su escrito de oposición reiteró que el actor no fue trabajador de la institución y que tampoco fue contratado directamente por aquella mediante contrato de trabajo, dado que el personal de la entidad solo se podía vincular mediante un acto administrativo. Manifestó que las pruebas acusadas por el recurrente gozaron de la sana critica en ambas instancias.

Observó que uno de los principales reparos realizados por la parte actora radicaba en la supuesta nulidad que afectó la prueba testimonial, sin embargo, anotó que «[…] no se entiende como, se cuestiona la citada declaración y el proceder del juzgador, cuando la parte accionante en forma alguna presentó o manifestó inconformidad con la práctica de la prueba o solicitó la declaratoria de nulidad en debida forma y plenamente sustentada», de manera que no le resultó lógico que en sede de casación se presentaran argumentos al respecto, dado que era una circunstancia ajena al recurso.

Consideró necesario aclarar que de las pruebas se desprendía lo siguiente:

Que el señor MARCO AURELIO GARCIA VANEGAS no prestó sus servicios como trabajador a la SED. Dichos servicios fueron prestados a un tercero (PLANDEPRO LTDA) como consta a folio 359 del expediente, sociedad con la que si bien se celebró un contrato de Suministro De Servicios De Aseo Para Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, no es menos cierto, que no puede ser elemento determinante para probar o demostrar ni la existencia de un contrato de trabajo ni una responsabilidad de la entidad que represento por los conceptos solicitados en la demanda inicial.

El contrato de suministro citado en el literal anterior, no vincula al demandante mediante ninguna figura jurídica del orden laboral con la entidad demandada SED, máxime si se entiende que, las actividades propias del mismo no pueden entenderse como una función misional de la Secretaría y en consecuencia, no puede derivarse una solidaridad patronal que es inexistente a todas luces; tal y como aparece en el contrato 058 del 2 de mayo de 2006 el cual ya obra en el plenario.

Recuérdese además que, tampoco existió jamás sustitución patronal, entre la sociedad comercial demandada y la SED, de la cual pudiera entenderse configurada la responsabilidad que se debate en el proceso.

Citó los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, y sobre ellos comentó que los elementos para que se diera la existencia de un contrato de trabajo no se presentaban en ese caso, de manera que la entidad no tenía la obligación de responder por las pretensiones del demandante.

Apoyó su argumento en algunos apartados de las sentencias de ambas instancias, y comentó que acertaron en determinar que la institución no tenía obligación ni responsabilidad alguna respecto de lo pretendido por el actor. Resaltó que el hecho de que el accidente ocurriera dentro de sus instalaciones no generaba obligación derivada del accidente ya que como fue analizado previamente este «[…] no atendió las advertencias del guarda de seguridad que le indico que el tejado era un sitio peligroso, que al subir de manera voluntaria desplego una tarea diferente a la que estaba encomendada y que incumplió con los protocolos de seguridad para desarrollar la labor, siendo de su propia cuenta y riesgo las consecuencias».

CONSIDERACIONES

Debe comenzar por señalar la Sala que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ha reiterado con antelación que, tratándose de un recurso como el extraordinario de casación, es necesario que en su formulación se cumpla con la técnica que lo caracteriza, lo que desconoció la censura en su intervención.

En efecto, en el escrito a través del cual se impugnó la sentencia de segunda instancia, se ignoró el mandato consagrado en el citado artículo, según el cual «[…] el recurrente deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia»; ello, porque como lo señala la ley y tantas veces lo ha dicho la Corte, en sede de casación se confrontan la sentencia de segunda instancia y la ley, no las partes en litigio y sus argumentos (CSJ SL2517-2017).

No puede perderse de vista que este recurso extraordinario no le permite a la Corte juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta de que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ AL1292-2017).

En los términos analizados, la sustentación del cargo se asemeja más a un alegato propio de las instancias respectivas, que a una argumentación adecuada y concisa, donde el censor cumpla con la obligación de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurrió el Tribunal al adoptar la decisión impugnada. La dialéctica de la casación, en síntesis, no reside en desplegar meras interpretaciones discordantes u opuestas de las del fallo de segunda instancia, sino en acreditar sus yerros (CSJ SL841-2013) y entre más demostración requiera este, menos ostensible tenderá a ser.

En igual sentido observa la Sala que el recurrente indebidamente generó una mixtura de aspectos fácticos y jurídicos –a pesar de enfocar su reproche por la vía de los hechos-, dejando de lado que la Corte tiene dicho de tiempo atrás, que las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos. De ahí que su tratamiento, desarrollo y análisis deba realizarse por separado (CSJ SL13779-2017, CSJ AL4320-2017, CSJ SL8952-2017, CSJ SL9681-2017 y CSJ SL17940-2017).

En adición a lo dicho, debe aclarar la Sala que varias de las pruebas citadas por la censura como base de su ataque, resultan inhábiles en sede de casación por su naturaleza intrínsecamente testimonial, al igual, como es obvio, de las declaraciones de los testigos relacionadas en el cargo. Hacen parte de esta clasificación el acta de reunión del comité paritario de salud y el informe sobre el accidente realizado por la ARP Seguros Bolívar.

Ya ha tenido la Corte oportunidad de sentar con antelación que los elementos de juicio que se incorporan al expediente como prueba documental pero que constituyen verdaderamente un documento declarativo de terceros como los mencionados, no permiten la configuración de un error de hecho susceptible de ser estudiado en sede extraordinaria y su análisis sólo será procedente en la medida en que se demuestre error sobre una prueba que sí sea calificada.

Así lo recordó la Corporación en providencias CSJ SL, 6 marzo 2012, radicación 43422; CSJ SL, 28 octubre 2009, radicación 34899; CSJ SL, 28 octubre 2009, radicación 35421; CSJ SL, 20 octubre 2009, radicación 36230; CSJ SL, 15 septiembre 2009, radicación 35420; CSJ SL, 12 agosto 2009, radicación 36487; CSJ SL, 3 agosto 2009, radicación 35297; CSJ SL, 25 junio 2009, radicación 35740; CSJ SL, 10 junio 2009, radicación 35466; CSJ SL, 9 junio 2009, radicación 34309; CSJ SL, 28 abril 2009, radicación 35.872; CSJ SL, 31 marzo 2009, radicación 32.510; CSJ SL, 10 marzo 2009, radicación 34748 y CSJ SL, 10 junio 2008, radicación 32166, entre otras.

Particularmente en la sentencia CSJ SL, 17 marzo 2009, radicado 31484, aclaró la Corte:

[…] los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse éstos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados <…en la misma forma que los testimonios>, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del C. de P. C., no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.

En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, lo documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea.

En lo que respecta a los informes de las administradoras de riesgos laborales sobre accidentes de trabajo, en providencia CSJ SL4514-2017, reiterada en las sentencias CSJ SL17913-2017 y CSJ SL10250-2017; la Corporación recopiló la tendencia jurisprudencial consolidada sobre esta materia, así:

1º) Sobre la naturaleza probatoria del informe de investigación de accidente de trabajo de la otrora ARP.

En torno a este tema, de antaño ha precisado la Corte lo siguiente:

Sentencia CSJ SL, del 8 de jul. 2003, rad. 19749:

[…] el caso de los informes que sobre los accidentes de trabajo rinden las administradoras de riesgos profesionales (ARP), de los que la jurisprudencia ha manifestado constituyen documentos declarativos provenientes de terceros, que deben por tanto ser asimilados a un testimonio.

De ahí que en el marco de lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 16 de 1969, deviene formalmente desacertado que la acusación pretenda controvertir ante la Corte el atenimiento a la ley de la sentencia gravada únicamente desde un documento que en riguroso sentido equivale a un testimonio, que no es prueba calificada […]

En relación con el informe del accidente laboral que produjo la ARP Colmena, visible entre folios 64 y 65 del expediente, del que el cargo afirma que fue apreciado equivocadamente por el Tribunal, reitera la Corte lo que ya expresó a propósito del ataque anterior, en el sentido que más allá de si se produjo o no la ratificación que extraña el impugnante, ello carece de trascendencia en el caso, pues el documento que contiene aquel, según la jurisprudencia, es simplemente declarativo y se asimila a la prueba testimonial que, como se sabe, no es calificada y sobre ella tampoco se puede estructurar acusación en el recurso extraordinario.

b) Providencia CSJ SL17468-2014, del 30 de abr. 2014, rad. 46057:

1.1) Documento técnico de investigación elaborado por la Administradora de Riesgos Profesionales Colpatria (folios 83 a 97).

[…]

Tiene adoctrinado esta Sala que en virtud al artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, aún con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003, aplicable al proceso laboral por así permitirlo el 145 del estatuto adjetivo del trabajo y de la seguridad social, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, deben apreciarse en la misma forma que los testimonios; y como es sabido, la prueba por testigos no es una de las tres hábiles para estructurar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

[…]

d) Sentencia CSJ SL2644-2016, 2 mar. 2016, rad. 46403:

Al respecto, anota la Sala que efectivamente la aludida investigación (Folios 17 y 75), aparece suscrita por la profesional de salud ocupacional del ISS, Beatriz Elena López Arango y, por lo tanto, ese medio de convicción en realidad corresponde a un documento que proviene de un tercero, que en casación laboral recibe el mismo tratamiento de la prueba testimonial y, en consecuencia, no resulta apto dentro del recurso extraordinario para estructurar un error de hecho, conforme a la restricción contenida en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.

[…]

Es más, atinente a las actas de los comités paritarios de salud ocupacional, esta Corporación en providencia CSJ SL, 25 de jul. 2002, rad.18520, asentó:

Respecto al acta de la reunión extraordinaria del Comité Paritario de Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad de la empresa (fls. 79, 80, 81 y 82), que se denuncia como no apreciada por el Tribunal, es de advertir que dicho documento por su carácter eminentemente declarativo, de conformidad con lo señalado en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil debe ser apreciado en la misma forma que los testimonios y en esa medida no se constituye en una prueba apta para estructurar yerro fáctico manifiesto en casación del trabajo.

[…]

Por lo demás, tanto el ‘acta’ como el ‘informe’ tienen una indiscutible naturaleza de documentos declarativos, y como tal deben ser apreciados en la misma forma que los testimonios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. Indole testimonial de los referidos documentos que los hace inidóneos para estructurar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969.”

Así, aún con los errores ya mencionados, la Sala abordará el análisis que corresponde sobre las demás pruebas denunciadas por la censura, que sí ostentan el carácter de hábiles en la sede extraordinaria, en virtud de la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo y el principio de flexibilización del recurso de casación.

El problema jurídico que propone, entonces, se contrae a establecer si erró el Tribunal al concluir que el accidente de trabajo que padeció el trabajador demandante no ocurrió con culpa del empleador.

La censura criticó la valoración que hizo del contrato de trabajo, la cual calificó de insuficiente en la medida en que concluyó forzosamente que las actividades de limpieza que sí estaban previstas en el acuerdo de voluntades no incluían, de suyo, la limpieza del tejado. Sobre este particular, la Corte no advierte un error protuberante del Tribunal, en la medida en que se limitó a deducir lo que naturalmente fluía de aquel documento respecto de las funciones específicas para las que fue contratado el actor.

En este sentido, no equivocó su juicio cuando tuvo por actividades propias de la relación contractual aquellas de «[…] mantener las instalaciones del cliente en perfecto orden y aseo (lavar pisos, paredes, ventanas, encerar, brillar, realizar las brigadas necesarias y los mantenimientos de acuerdo al objeto del contrato y las demás anexas y complementarias de su cargo)»; y no aquellas que supusieran un riesgo asociado al trabajo en alturas como la manipulación de tejados, en las cuales acaeció el siniestro.

El hecho de que hubiera existido un accidente calificado con origen laboral, no implica per se que existiera culpa del empleador en el siniestro que indudablemente sí tenía tal carácter.

Sobre este particular, en lo que respecta a la indemnización total y ordinaria de perjuicios derivada de la existencia de un accidente de trabajo, ha reiterado la Sala en la providencia CSJ SL17026-2016, ratificada en sentencia CSJ SL10262-2017, que una condena por aquel concepto:

[…] exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó «aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios», según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes, de modo que cuando se reclama esta indemnización ordinaria, debe el trabajador demostrar la culpa al menos leve del empleador, y a este que tuvo la diligencia y cuidados requeridos, para que quede exento de responsabilidad.

En este sentido, no basta solo con plantear el incumplimiento del empleador en las obligaciones de cuidado y protección a favor del trabajador, comoquiera que la indemnización plena de perjuicios reglada por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, «[…] no es una especie de responsabilidad objetiva como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama» en razón a que deben estar acreditados el accidente y las circunstancias en las que ha tenido ocurrencia, y «[…] que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente» (CSJ SL, 10 marzo 2005, radicación 23656; CSJ SL10262-2017: CSJ SL10417-2017; y CSJ SL17026-2016).

Demostrados los supuestos de la responsabilidad del empleador por quien está interesado en su declaratoria, le corresponde a su turno acreditar «[…] que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores», lo que supone una suerte de inversión de la carga de la prueba, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -hoy 167 del Código General del Proceso- (CSJ SL11147-2017). Así lo ha reiterado la Sala, entre otras, en las sentencias CSJ SL17026-2016, CSJ SL7181-2015 y CSJ SL, 7 octubre 2015, radicación 49681.

Lo dicho, no supone, en todo caso, que exista una presunción de culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo (CSJ SL11086-2017), conclusión proscrita de antaño por la Sala (CSJ SL, 30 marzo 2000, radicación 13212; CSJ SL, 5 septiembre 2000, radicación 14718; y CSJ SL, 20 junio 2012, radicación 42374); sino que, a la probanza del trabajador de los hechos que dan lugar a la culpa del empleador, se sigue la necesidad de acreditar por este último que se consideró su actuación diligente. Ello, por cuanto sólo tras su culpa comprobada, se habilita la condena por indemnización plena de perjuicios (CSJ SL11826-2017 y CSJ SL11303-2017).

El reproche de la censura continuó con la crítica a la valoración del interrogatorio de parte rendido en el proceso por el representante legal de la sociedad empleadora. A este respecto, merece la pena aclarar que el interrogatorio de parte es una prueba hábil en casación, pero únicamente si contiene confesión judicial (CSJ SL10880-2017; CSJ SL10756-2017; CSJ SL, 30 octubre 2012, radicado 39668; CSJ SL, 29 julio 2008, radicado 32044), y esta, a su vez, consiste en las declaraciones realizadas por una parte que le genera efectos adversos o favorecen a la contraparte.

Pues bien, acusó la censura al Tribunal de la mala valoración de aquel, en tanto podía concluirse que el trabajador accidentado no había sido suficientemente protegido y capacitado por el empleador. Ahora, en el interrogatorio de parte manifestó:

PREGUNTA No. 6.- Sírvase informar al despacho si usted tiene conocimiento y le consta qué circunstancias rodearon el accidente de trabajo sufrido por el demandante el 9 de octubre de 2006. CONTESTÓ: El señor MARCO AURELIO estaba realizando unas brigadas de limpieza de vidrios en la sede de los Alpes – Bella Vista y decidió subirse a los techos previa prevención del celador donde le manifestó que no se subiera porque las tejas estaban podridas, él por su propio riesgo decidió subirse y se cayó.

PREGUNTA No. 7.- Sírvase precisar al despacho conforme a sus respuestas anteriores, en qué consistían las brigadas de limpieza. CONTESTÓ: Consistía en limpiar los vidrios con hidrolavadora, jabón y cepillo y estas brigadas se hacían cada cuatro meses de acuerdo al contrato suscrito por la Secretaría de Educación del Distrito.

PREGUNTA No. 8.- Sírvase informar al despacho quién le impartía órdenes al señor MARCO AURELIO. CONTESTÓ: En las brigadas de limpieza de vidrios, el señor FERNANDO TORO era el supervisor.

PREGUNTA No. 9.- Sírvase informar al despacho quién supervisaba las actividades asignadas al señor MARCO AURELIO. CONTESTÓ: El supervisor FERNANDO TORO era la persona que supervisaba las actividades del personal de la brigada de limpieza de vidrios.

PREGUNTA No. 10.- Diga cómo es cierto sí o no, que la empresa que usted representa no proporcionó elementos de protección personal al aquí demandante, para el ejercicio de sus funciones. CONTESTÓ: No es cierto, porque la empresa sí proporcionó los elementos de seguridad al señor MARCO AURELIO, como es el overol, los zapatos, el tapabocas, los guantes, los cuales están recibidos por el señor MARCO AURELIO en la hoja de vida y firmados por él, la cual reposa en el expediente.

[…]

PREGUNTA No. 12.- Diga cómo es cierto sí o no, que para el día en que ocurrió el accidente de trabajo sufrido por el demandante, el supervisor no se encontraba en el sitio donde el demandante ejecutaba sus funciones. CONTESTÓ: Sí es cierto, el señor FERNANDO TORO no se encontraba en el sitio Bella Vista, ya que él estaba dejando a otro equipo de trabajo, otro grupo, en otro colegio, estas brigadas se realizaban de a dos personas y como el colegio es tan pequeño, se dejó al señor MARCO AURELIO y a otro compañero para realizar la limpieza de los vidrios.

PREGUNTA No. 15.- Diga cómo es cierto si o no, que la empresa que usted representa no proporcionó capacitación respecto de los riesgos a los que se encontraba expuesto en el ejercicio de sus funciones asignadas al aquí demandante. CONTESTÓ: Si es cierto, la empresa no capacitó a don MARCO AURELIO, ya que él entró el 25 de agosto de 2006 y ya se habían realizado las capacitaciones a nuestro personal y don MARCO AURELIO mostró competencia en las actividades de aseo, pues en su hoja de vida nos anexó la capacitación que realizó en el SENA, las cuales estaban vigentes a la fecha de contratación.

PREGUNTA No. 16.- Diga cómo es cierto sí o no, que la empresa que usted representa no verificó que el demandante estuviera certificado para la ejecución de trabajo en altura. CONTESTÓ: Sí es cierto, la empresa no verificó la competencia en trabajo de alturas, ha (sic) que para esa labor no fue contratado.

PREGUNTA No. 17.- Diga cómo es cierto sí o no, que la empresa que usted representa no verificó que el demandante estuviera certificado para la ejecución de las actividades asignadas durante la vigencia del contrato. CONTESTÓ: Sí es cierto, la empresa no verificó la experiencia y confiamos en la buena fe del señor MARCO AURELIO, ya que su hoja de vida y las certificaciones manifestaban una experiencia en aseo y limpieza en la empresa ATESA – Aseo Técnico de la Sabana, por un tiempo aproximado a tres años, como también el señor MARCO AURELIO fue recomendado por MIGUEL pero no recuerdo el apellido, quien es una persona a quien yo aprecio mucho y manifestó la gran necesidad de trabajo que tenía el señor MARCO AURELIO.

[…]

PREGUNTA No. 19.- Diga cómo es cierto sí o no, que la empresa que usted representa no informó, no hizo partícipe del programa de salud ocupacional al aquí demandante. CONTESTÓ: Es cierto, ya que el señor MARCO AURELIO ingresó el 25 de agosto del año 2006 y la programación de las capacitaciones no coincidieron con estas fechas, pero al señor MARCO AURELIO y la personal de las brigadas de limpieza de vidrios a todo nuestro personal se le reiteraba los cuidados que debía tener, como son la protección de su nariz y boca, por ello tenía tapabocas y debían usarlo a diario, también la protección de sus manos, por ello los guantes; el uso diario de su dotación y las botas de caucho, esto para evitar que se resbalara en los pisos encerados y mojados.

PREGUNTA No. 20.- Diga cómo es cierto sí o no, que la empresa que usted representa no prohibió expresamente al demandante la ejecución de actividades de trabajo en alturas. CONTESTÓ: Sí es cierto que la empresa no prohibió el trabajo en alturas, como también es cierto que al señor MARCO AURELIO se le advirtió por parte de la celaduría de la institución que no se subiera al tejado, puesto que las tejas estaban podridas y también es cierto que las actividades para la cual el señor MARCO AURELIO fue contratado, solo era realizar el aseo y la limpieza de las ventanas, mas no de tejas ni canales ni nada que tenga que ver con subirse a los techos, como también es cierto que ni el supervisor FERNANDO TORO le ordenó expresamente que se subiera.

De las respuestas deduce la Corte que no se verifica una afirmación que verdaderamente le produzca efectos adversos o que favorezca a la contraparte en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil -hoy, artículo 191 del Código General del Proceso-, menos aún a la luz de lo que concluyó el Tribunal y que estaba en la obligación los casacionistas de derruir.

Así entonces, nada diferente a lo ya analizado con antelación por el Tribunal se aporta al juicio, en la medida en que sus respuestas ratifican que existió un accidente de trabajo que se produjo cuando accedió a la parte alta del inmueble, lo que ciertamente configuró un riesgo asociado al trabajo, pero no un accidente en el que la culpa del empleador hubiera sido determinante.

Importa aclarar por la Sala que no está en discusión que el siniestro acaeciera con ocasión del servicio, pero no es posible concluir que fue con culpa comprobada del empleador a la luz del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Las respuestas al interrogatorio de parte acusado conducen a ratificar, entonces, la existencia del accidente pero no la orden al trabajador de acceder a la parte desde la cual se desplomó causándose graves heridas, así como tampoco que aquello estuviera dentro de sus funciones ordinarias a la luz del contrato de trabajo.

En este sentido, en nada importa que la representante legal de la empresa empleadora pudiera haber aceptado que no hubo una capacitación previa individual al trabajador, comoquiera que el acto en el medio del cual ocurrió el desafortunado suceso estuvo fuera del ámbito ordinario de sus actividades y por ello no recaía en el empleador una obligación especial de capacitación o control. De hecho, los materiales que le fueron entregados al trabajador como parte de su dotación de servicio incluían aquellos que eran los requeridos para la limpieza de vidrios pero no de tejados; todo lo que en igual sentido razonó el Tribunal y que, por lo mismo, no se advierte ostensiblemente desacertado ni protuberantemente equivocado, como para dar lugar al quiebre de la sentencia.

Lo que subyace al interrogatorio de parte transcrito, en lugar de comprobar una distorsión en el entendimiento de las pruebas calificadas del expediente y una culpa comprobada del empleador en el siniestro, consolida la demostración de que hubo un evento catastrófico que generó perjuicios al núcleo familiar del fallecido pero que no estuvo mediado por la negligencia del empleador, lo que exactamente fue lo reconocido por el Tribunal.

De esta forma, no resulta entonces el interrogatorio de parte como una prueba hábil en casación comoquiera que no contiene intrínsecamente una confesión, que sí permitiera su estudio propiamente dicho.

De otro lado, tampoco incide el hecho de que en el momento de los hechos bajo estudio no se encontrara físicamente el supervisor del trabajador, comoquiera que tampoco ello alcanza a poner en duda la conclusión fáctica a la que arribó el Tribunal por diversos medios de convicción.

Lo dicho por la absolvente sobre este particular en modo alguno supuso la aceptación de su culpabilidad en el accidente, puesto que el extremo pasivo se dedicó a demostrar en las instancias que a pesar de la experticia que sí acompañaba al trabajador, las circunstancias que rodearon el accidente se produjeron por causas imputables al escenario donde prestó sus servicios y la omisión de las medidas básicas de seguridad que le asegurarían la minimización o eliminación del riesgo al cual estaba sometido con ocasión de su trabajo.

Lo atrás mencionado no puede asociarse con la asunción de la responsabilidad del empleador por haber fallado en la supervisión de la labor encomendada al trabajador, en razón a que de la forma como sucedieron los hechos, se extrae que las condiciones de trabajo al momento del siniestro no estaban bajo el control directo del empleador en la medida en que se trataba de un espacio ajeno a las instalaciones del mismo, así como que la función del trabajador era, precisamente, acudir con su cuadrilla de compañeros al cumplimiento del objeto contractual de la empresa empleadora y la Secretaría Distrital de Educación.

De allí la importancia de que el trabajador hubiere contado con una experticia suficiente para desarrollar en solitario su actividad, lejos de la protección física del empleador, lo que sí encontró demostrado el juez de segunda instancia y no logró derruir la censura.

Vale aclarar que esta Sala con antelación ha reconocido que incluso la ligereza del trabajador en el desarrollo de las funciones que le son propias, no lo hace exclusiva y excluyentemente responsable de las consecuencias adversas que se ocasionaren en virtud del trabajo realizado si el empleador no ha cumplido con los deberes mínimos de seguridad para aquel (CSJ SL15114-2017 y CSJ SL15064-2017), de lo cual se erige la relevancia del constante acompañamiento y supervisión de éste último, de forma mediata e inmediata.

Sin embargo, ello no lleva a considerar que la supervisión del empleador sobre las tareas del trabajador le imponga hacer las veces del «Gran hermano» descrito por el escritor británico Eric Arthur Blair, bajo el pseudónimo de George Orwell en la obra literaria «1984», así como tampoco que deba ampliar ilimitadamente la nómina de supervisores por encima de la de los trabajadores mismos (CSJ SL4713-2018).

La vigilancia del empresario sobre las labores subordinadas asignadas a cada colaborador, desde luego, debe ser lo suficientemente técnica y oportuna para controlar el resultado de la labor encargada al trabajador y tener la posibilidad de corregir cualquier incidente que ponga en peligro la integridad y bienestar del mismo; pero, no puede suponer la exigencia de contar con la presencia de más supervisores custodiando las condiciones de seguridad del empleo, que operarios ejecutándolo.

De conformidad con lo dicho, en el presente asunto, no resultó claro que el desafortunado accidente que afectó al trabajador Marco Aurelio García Vanegas hubiera estado precedido de negligencia del empleador, por lo que no se equivocó el Tribunal cuando declaró que no habría lugar a la asignación de responsabilidad a la sociedad demandada en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ciertamente no hizo otra cosa sino llegar a conclusiones que se muestran ajustadas a derecho bajo el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que confiere al juzgador la posibilidad de formar libremente su convencimiento «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes»; sin someterse a una tarifa legal para la valoración de las pruebas. La discrepancia –aún si fuere profunda- del litigante cuyas pretensiones o excepciones son desestimadas por la justicia en sede ordinaria, no supone per se un error que funde un cargo en casación.

Sobre este particular la Sala tuvo la oportunidad de afirmar con antelación en providencia CSJ SL, 1° febrero 2011, radicación 38336, que:

También se ha entendido que dentro del marco de libertad valorativa que el artículo 61 del ordenamiento adjetivo del trabajo le confiere, el fallador de instancia puede escoger cuáles de los elementos demostrativos incorporados al expediente le ofrecen mayor credibilidad, e incluso puede restarle todo mérito de convicción a otros, sin que ello comporte una decisión discrecional equivocada, ni arbitraria.

[…]

Dilucidar la Corte cuál de las pruebas aportadas al proceso tendría un mayor grado de convicción para el Tribunal respecto de los hechos litigiosos, desconocería la facultad de apreciar libremente las pruebas y formarse el convencimiento que tienen los falladores de instancia.

Por último, importa recordar por la Corte que una de las consecuencias de no contestar la demanda es constituir un indicio grave (CSJ SL1985-2019), el que no resulta hábil para fundar un cargo en casación (CSJ SL2605-2019; CSJ SL3541-2019; CSJ SL10497-2017). Así lo dijo esta Corporación en providencia CSJ SL2623-2019, en la que discurrió en reiteración de la sentencia CSJ SL10497-2017, que,

[…] los indicios, como las presunciones, el dictamen pericial, los testimonios y otros o eximentes o medios de prueba no son susceptibles de estudiar en la casación del trabajo por la restricción de que trata el citado artículo 7 de la Ley 16 de 1969, pues ésta restringe tal análisis a la confesión, los documentos auténticos y la inspección judicial.

En efecto, respecto del indicio, se debe recordar que es un acto, circunstancia o signo, suficientemente probado, a través del cual el juez adquiere la certeza o la convicción de la presencia de un hecho relacionado con la controversia sometida a su consideración, de tal manera que, a partir de la existencia de un hecho debidamente acreditado en el proceso, el administrador de justicia infiere la existencia de otro. Así lo ha determinado la Corte en la sentencia CSJ SL14032-2016, que recordó la CSJ SL, 8 agosto 2007, radicación 29684, según la cual «[…] el indicio es un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro hecho, o en definición más compleja, es un juicio lógico mediante el cual se aplica una regla de experiencia a un hecho conocido para llegar a otro desconocido» (CSJ SL2473-2019).

Las anteriores razones resultan suficientes para dar al traste con el cargo elevado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente y a cargo de los opositores por partes iguales, pues el recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARCO AURELIO GARCÍA VANEGAS y MARTHA YANETH CALDERÓN CALDERÓN actuando en nombre propio y en representación de los niños GKGC y AMGC, en contra de la sociedad PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA –PLANDEPRO LTDA- y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL–.

Costas como se indicó en la parte motiva de está providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL5076-2019 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.